Por Mynor Alonzo* / Foto: RUDA

De lejos, las elecciones en Guatemala se ven sombrías e inútiles. Un proceso electoral en donde se impide la participación a 3 candidatos de diferentes corrientes ideológicas por no pertenecer al pacto político hegemónico está lejos de ser democrático. Bajo este contexto, ¿qué sentido tiene votar? Si las elecciones presidenciales parecen un baile en donde sólo candidatos “permitidos” están invitados.

De cerca, los matices y las resistencias se hacen notar. El pacto político que controla Guatemala no es tan sólido como se ve desde afuera, mientras más atención ponemos a lo local, más palpables son las luchas que se niegan a claudicar.

Las reglas y el contexto del baile electoral

En 2023 se está realizando el décimo evento electoral nacional desde que entró en vigencia la actual constitución en Guatemala. En las elecciones participan 30 partidos políticos, la papeleta presidencial tendrá 22 candidatos para elegir y, según las encuestas, ningún candidato o candidata obtendrá más del 25% de votos emitidos, por lo que es segura una segunda vuelta electoral.

El pacto de poder hegemónico en el país tiene el control de los tres poderes del Estado, además tiene intimidada a la prensa y ha criminalizado a un gran número de activistas y fiscales que han hecho oposición al régimen durante los últimos años; aun así, el pacto de gobierno no es tan sólido como aparenta. Más bien es una alianza pragmática, flexible y con muchas contradicciones internas.

La corrupción y la impunidad es lo que mantiene unida la maquinaria de poder del pacto de gobierno, pero cada cierto tiempo, las partes se separan y miden sus fuerzas entre sí para reconfigurar su funcionamiento. Eso es lo que representan las actuales elecciones en Guatemala.

Para evitar sorpresas mientras los partidos que integran el pacto se disputan el poder, le cierran la opción a candidaturas presidenciales que tienen posibilidad real de ganarle las elecciones a las opciones “permitidas”. En el baile electoral solo participan los candidatos de los partidos hegemónicos y los candidatos de oposición que no tienen una opción real de ganar.

En medio de este control casi absoluto que se percibe en las elecciones nacionales, surgen destellos de luz cuando se analizan las elecciones locales.

Las luchas inclaudicables

Además de la presidencia, en las elecciones de Guatemala se disputan las 160 diputaciones al congreso y los gobiernos de 340 municipalidades, es allí en donde se nota la importante lucha que mantienen las organizaciones comunitarias y movimientos sociales.

Uno de los rasgos a notar en las actuales elecciones es el aumento en la participación electoral de organizaciones sociales que mantienen luchas comunitarias, indígenas, campesinas, de mujeres, de diversidad sexual, estudiantiles y en la defensa del territorio contra industrias extractivas.

Éstas candidaturas afrontan un contexto en extremo difícil ya que disputan el poder con recursos económicos mínimos, enfrentan campañas millonarias financiadas con dinero de la corrupción y el narcotráfico, y son fiscalizadas por autoridades electorales que aplican la normativa a detalle a los candidatos anti sistema, pero son sumamente permisibles con los candidatos del pacto de gobierno.

Sandra Morán, lideresa histórica del movimiento de mujeres, ex diputada al congreso de Guatemala y actual candidata a diputada por el partido Winaq, reflexionaba en una entrevista que percibe un cambio entre la primera vez que se postuló como legisladora en 2015 y su actual candidatura. En 2015, la organización a la que pertenecía le expulsó cuando decidió postularse; sin embargo, ahora puede notar que más organizaciones están buscando espacio a través de las elecciones para mejorar sus condiciones de lucha.

En cuanto a los gobiernos municipales, existen candidaturas de distintas formas, experiencias y tamaños. La mayoría de organizaciones sociales que he entrevistado indican participar en alguno de los cuatro partidos políticos que se definen como izquierda o progresistas.

Sumando la participación de estos cuatro partidos, se contabilizan 338 candidaturas municipales; lamentablemente, de estas únicamente 14 son candidaturas de alianza entre dos o más partidos. En muchos casos, incluso los 4 partidos tienen candidatos en el mismo municipio, lo cual divide el voto y diluye la posibilidad de las organizaciones de acceder al poder local.

Las candidaturas a las que se les percibe más probabilidad de ganar gobiernos municipales son las que han construido alianzas entre partidos o entre liderazgos locales. El municipio de Ixcán, ubicado al norte del departamento de Quiche es muestra de ello.

En la municipalidad de Ixcán, históricamente la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- ha tenido una importante cuota de poder; sin embargo, durante las últimas dos elecciones ha sido derrotada por uno de los partidos del pacto de gobierno que basa su campaña en el clientelismo político. Para éstas elecciones, URNG Ixcán formó una coalición con el Movimiento Semilla, lo cual ha aumentado la esperanza de lograr recuperar la alcaldía de su municipio.

URNG Ixcán aglutina a líderes y lideresas de comunidades retornadas y/o ex combatientes del conflicto armado interno, mientras que Semilla es un partido relativamente nuevo que apenas participa en su segunda elección y aglutina personas de las zonas urbanas, en muchos casos con estudios universitarios.

Las diferencias entre las identidades de los partidos es lo que más dificulta la articulación, pero son estas mismas diferencias las que brindan grandes fortalezas electorales cuando las alianzas se concretan.

En medio de este escenario electoral tan oscuro, las organizaciones de izquierda y progresistas en Guatemala parecen tener claro que la lucha democrática se debe dar con fuerza, pero para tener posibilidades verdaderas de romper el “baile de los permitidos” se debe trabajar con esmero en articular a los reprimidos.

*Integrante del grupo FOCO, un colectivo de investigadores sociales con el que hemos entrevistado a docenas de líderes y lideresas guatemaltecas para entender su contexto de lucha y cómo afrontan el actual proceso electoral 2023. El artículo está basado en las entrevistas realizadas durante las investigaciones.

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Por María Eugenia Waldhüter | Foto: Nelton Rivera. Prensa Comunitaria

El domingo más de 9 millones de personas en Guatemala están habilitadas para elegir el binomio que llevará adelante la presidencia los próximos 4 años y sucederá en el cargo al actual presidente, Alejandro Giammattei. Además, se elegirán cargos para los municipios, representantes para el Congreso de la República, y para el Parlamento Centroamericano. 

Thelma Cabrera, lideresa del pueblo Maya Mam y diregenta del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), se presentó por primera vez como candidata a la presidencia de Guatemala en 2019. El objetivo era llevar a la presidencia las demandas y luchas postergadas de los pueblos. Para sorpresa de la maquinaria electoral, Cabrera quedó en cuarto lugar logrando una amplia representación en tres distritos. En 2022 junto al ex Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas,  por mandato popular se presentaron como binomio presidencial para 2023. Sin embargo, mediante operaciones judiciales y políticas se les impidió disputar las elecciones. Desde el exilio en el País Vasco, Jordán Rodas conversó con Marcha sobre la legitimidad de estas elecciones en un escenario de autoritarismo que caracteriza a Guatemala. 

El ex fiscal anticorrupción de Guatemala, Francisco Sandóval, afirmó que el fraude en las elecciones se inició a partir de la financiación ilícita de las campañas y de la exclusión de fórmulas presidenciales como la que impulsaron con Thelma Cabrera. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Sandoval en cuanto a la legitimidad de las próximas elecciones del 25 de junio? 

Fuimos los primeros que planteamos que el fraude ya se había consumado, eso fue el 27 de enero mismo cuando fuimos notificados por parte del Registro de Ciudadanos, que es una instancia del Tribunal Supremo Electoral, que el propio Estado nos bloqueaba desde un inicio nuestra participación por el MLP. El Movimiento nos había proclamado el pasado 28 de diciembre, como candidata a presidenta Thelma Cabrera, lideresa Maya Mam, que hace cuatro años quedó en cuarto lugar, y a mi, Jordán Rodas, que surgió dentro de los últimos cinco años como Defensor del Pueblo, Procurador de Derechos Humanos y rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública que tenemos.

Agotamos todas las instancias legales, coincidimos con Thelma en Washington donde tuvimos una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana que se pronunció oportunamente recordando a los magistrados de las Cortes que el artículo 23 del Pacto de San José dice claramente que el derecho político, el derecho humano de ser electo no se puede restringir por una simple denuncia, tiene que haber una sentencia firme para bloquearlo. Pero sabemos que la justicia está cooptada en el país, prueba de ello es que la Corte Suprema de Justicia ya va a cumplir 4 años y tuvo que haber sido renovada, al igual que las Salas de Apelaciones; los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que tienen serios conflictos de intereses. También hay magistrados incluidos en la “Lista Engels” que es un mecanismo de sanción por corrupción que tiene Estados Unidos. El Tribunal Supremo Electoral es el más cuestionado de toda la historia democrática. Entonces, qué imparcialidad y qué objetividad puede haber.

También se realizaron dos exclusiones más de binomios, aunque son diferentes, porque a nosotros el propio Estado nos bloqueó, mientras que a los otros fue a partir de recursos de partidos entre sí. Ambos habían sido inscritos, tanto (Roberto) Arzú como (Carlos) Pineda. Hay que recordar que el sistema político de Guatemala es muy clientelar, corrupto, son máquinas electorales, son empresas que cada cuatro años se ponen en funcionamiento para llegar al poder, no son entidades democráticas. Como decía Juan Francisco Sandoval, el financiamiento electoral ilícito es el cáncer de todos los males de nuestra democracia. Ya lo dijo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su momento cuando estuvo a cargo de Iván Velázquez Gómez, hoy ministro de Defensa del gobierno de Colombia, quien hizo una investigación exhaustiva.

La corrupción ha corroído todo el sistema democrático en el país, es un problema estructural, sumamos la desigualdad,  también la discriminación y el racismo hacia pueblos originarios, mujeres y personas de la diversidad sexual. Ese es el contexto en el cual el próximo domingo, 25 de junio, tendremos elecciones generales.

Jordán Rodas

¿Qué argumentos da este Estado cooptado para impedir la candidatura de Thelma Cabrera y Jordán Rodas?

Argumento legal, no hay. Ellos indicaron que mi sucesor, el nuevo Procurador de Derechos Humanos, sea un instrumento del “pacto de corruptos” o la alianza criminal, que son los sectores políticos y económicos que tienen cooptada la institucionalidad del país. Lo último que quedaba independiente era la Procuraduría de Derechos Humanos, pero vienen y ponen a Alejandro Córdova y hay que hacer memoria histórica: este personaje es funesto para la democracia y ahora fue utilizado para poner una denuncia espuria en mi contra. Se la pedí dos veces para ejercer mi debido derecho de defensa por acceso a la información y me la negó dos veces. Presenté una denuncia y el Ministerio Público dice que no hay delito, cuando es un delito la negación de información pública. El 6 de enero, a pocos días después que fuimos proclamados, pone la denuncia el 19 de enero. La Contraloría General de Cuentas con el Tribunal Supremo firman un convenio, en base a una circular que emite el secretario del Tribunal Supremo Electoral sin que conste un acuerdo del órgano colegiado. Así crearon un mecanismo donde decían que la constancia temporal para verificar que no haya denuncias tenía que pasar por la Contraloría General de Cuentas. Verificando eso, el 21 presentamos la papelería legal, mi finiquito que es esta constancia que pide la ley, y el 27 la rechazan diciendo que hay una denuncia y aparece en el registro. Esto es tan absurdo. Sigo sin poder ejercer mi derecho y el caso ya fue declarado bajo reserva en el juzgado que está conduciendo la denuncia y esto permite cualquier resolución sin que yo pueda hacer uso del derecho a la defensa y tuvo como consecuencia final que no nos hayan inscrito como binomio presidencial. Planteamos un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral, ahí fue por mayoría, cuatro votos a uno, solo una magistrada dijo que el derecho humano no se podía restringir. Pusimos un amparo ante la Corte Suprema, que no hizo lugar al recurso; después ante la Corte de Constitucionalidad y pues ahí, cerramos el ciclo. Ahora, mi intención es plantearlo como un caso ante la Comisión Interamericana (CIDH) y después a la Corte Interamericana para que se sienten precedentes.

Se hará justicia tarde, pero quedará precedente. Hoy por hoy tenemos el impedimento, yo tendría que estar en Guatemala en la campaña porque teníamos muchas posibilidades. Pienso en el cuarto lugar de Thelma Cabrera hace cuatro años más lo que podría impulsar la incorporación de los pueblos ladinos o mestizos, eran para capitalizar el voto de descontento, de hartazgo de la población que ya no quiere más de lo mismo, y éramos la única opción real de un cambio verdadero. Lo demás es más de lo mismo y las postura de propuestas de partidos progresistas o de izquierda son muy débiles. Y tengo que reconocer con tristeza que también prevaleció mucho el racismo y el machismo que imposibilitaron un esfuerzo colectivo.

¿La fórmula Cabrera-Rodas representaba una amenaza al modelo de Estado y de poder consolidado en Guatemala?

Sí, era una esperanza para la mayoría de la población una opción distinta. Y era algo similar a lo que pasó en Colombia, pero ahí era Petro- Francia y aquí era Thelma- Jordán, la mujer cabeza de la fórmula. Y yo muy orgulloso de ser el complemento del binomio presidencial, y realmente era una propuesta disruptiva porque en Guatemala los pueblos originarios son una parte muy importante de la población, pero han sido invisibilizados, discriminados pues, prácticamente es como si no existieran.

Entonces, nos tenían miedo porque, lógicamente, no íbamos a plegarnos a sus intereses, no obedecemos a los dueños de la finca, porque hay que mencionar que Guatemala es una dictadura corporativa, porque también juega un papel importante del sector empresarial organizado y ellos son los que cada cuatro años siguen manejando las marionetas, cambia el rostro pero garantizando sus privilegios. Cambia todo para que no cambie nada. Y por eso les daba pavor, porque yo había probado en los cinco años como Procurador una independencia plena, porque la ley dice que no estoy sujeto como Procurador a ningún organismo del Estado, pese a que el Procurador es comisionado del Congreso pero no es subordinado. Eso a veces cuesta que comprendan algunos legisladores y alguna parte de la población.

Mencionabas recién que buena parte de la sociedad todavía manifiesta rasgos machistas, racistas y vimos que hay una especie de moda electoral que busca imitar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, como si Guatemala fuera un calco de su país vecino. ¿Te parece que estas propuestas pueden tener alcance en la población guatemalteca? 

Bueno, yo me resisto a pensar eso, trato de ser optimista, aunque soy consciente que Guatemala tiene muy poca cultura política en términos generales, la política funciona de manera muy clientelar, los partidos básicamente garantizan negocios, corrupción con el sector privado haciendo obra pública, contratando bienes y suministros y la población, pues, aspira a un trabajo. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Y tenemos también el rol de los medios de comunicación, la televisión abierta, está monopolizada y la gente generalmente habla de lo que oye en la radio, de lo que ven la tele, de lo que leen la prensa y han asfixiado, incluso a medios de prensa independientes. Hoy, lamentablemente, tenemos ya una sentencia histórica para mal, José Rubén Zamora, director de “El Periódico”, fue condenado a seis años de prisión, y eso realmente es un mensaje muy duro para la prensa independiente, porque si le pasa eso a un periodista reconocido nacional e internacionalmente, que le puede pasar a los pequeños. Imagínate, limitan derechos políticos y la prensa está atemorizada, ya no es una democracia, estamos ante una dictadura. Y los partidos conservadores apuestan a reflejarse, a que la gente lo vea como una posibilidad de ser el salvavidas vía un régimen autoritario como el de Bukele, un dictador que ahora apuesta a la reelección pese a que la Constitución misma se lo prohíbe, pero tengo que reconocer, hay que ser objetivos, tiene un respaldo popular importante, se ha sabido vender bien como marketing, violando los derechos humanos. Los patrones de las dictaduras en Latinoamerica se van copiando, se van emulando y se van copiando. La comunidad internacional ha sido demasiado light para mi gusto, porque tiene los mecanismos necesarios para imponer sanciones más severas, para no cooperar con gobiernos corruptos como el de Guatemala. Eso lamentablemente está pasando y lo hemos dicho en Washington, lo hemos dicho en Bruselas.

Si bien hay una cercanía y hay patrones que se replican en América Latina, como señalabas, tampoco la situación de Guatemala puede leerse como un calco de El Salvador. ¿Estas propuestas no son más bien un síntoma de la falta de propuestas de estas fuerzas políticas? 

Es que no hay propuestas sólidas profundas, incluso en algunos partidos progresistas una de sus ofertas es construir cárceles, cuando yo pienso que tendríamos que apostar a la educación. Porque se criminaliza muchas veces a los jóvenes, y yo estoy de acuerdo con que todo el peso de la ley caiga sobre los jóvenes que delinquen, pero paralelamente hay que darles educación, capacitación, recreación. Pero ya esa idea de mano dura, ha fracasado. Y tu lo dices bien, las condiciones son distintas, estamos a la par de El Salvador, pero la situación varía mucho porque el liderazgo, el reconocimiento de la población, sea cual sea, no es el mismo al de Bukele.

Giammattei, que impulsa a Manuel Conde, me preocupa mucho esta candidatura. Ojalá también me equivoque porque han convencido, entre comillas, con mucho apoyo a alcaldes, También hay muchos cuestionamientos de la empresa que va a hacerse cargo del traslado de los votos. Entonces, yo sí tengo mis dudas, ojalá que no hagan un fraude escandaloso para impulsar en una segunda vuelta potencial a Manuel Conde porque también sería una persona antiderechos humanos, es un alfil de Alejandro Giammattei y del sector privado organizado.

Varias personas con las que conversamos nos comentaron que se tuvieron que ir de Guatemala por hostigamiento, amenazas y persecución. Tu caso es un ejemplo de eso. ¿Te parece que esta política de exilio forzoso se incrementa en Guatemala?

Sí, es una nueva diáspora que lamentablemente se está dando. Yo con mucho gusto estoy aquí contigo conversando, pero no fue mi decisión voluntaria después de terminar mi mandato estar fuera del país. Yo estoy en el País Vasco, España, tomé distancia física, salí en agosto del 2022, pero regresé el 27 de diciembre para ser proclamado el 28 y luego salir inmediatamente previendo cualquier tipo represalia legal. Incluso por mi integridad yo tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2017, cuando ahí comenzó mi distanciamiento con el status quo por haber planteado un amparo ante la decisión del payaso que tuvimos de presidente Jimmy Morales, que declaró non grato y ordenó la exclusión de Iván Velásquez. Yo tuve la triste experiencia de acompañar a Juan Francisco Sandoval a la frontera con El Salvador, con el apoyo muy importante del embajador de Suecia, en su momento, para garantizar su vida y su seguridad. También he visto como otros operadores de justicia, como Érika Aifán, como Miguel Ángel Gálvez han tenido que salir del país y casos como Virginia La Parra, está detenida igual que otros operadores de justicia. Entonces, ante eso, uno tiene que ser realista y hoy por hoy no están las condiciones para que muchas personas estemos en Guatemala, lamentablemente. 

¿Qué podemos esperar para el próximo 25? 

Yo pienso que a partir de ahí se va a saber la conformación del Congreso de la República, que va a ser importante también, si es que no hay una aplanadora conservadora. Y lo de la presidencia, pues, tampoco es que vaya a cambiar mucho, no aspiro yo ser muy optimista con que ahí va estar la solución. Al contrario, se puede radicalizar esta veta autoritaria, y a partir del 25 lo que espero, siendo optimista, es que las personas, las fuerzas políticas, los sectores sociales, progresistas, tendríamos que dar una lectura crítica, reflexiva, a los resultados. Porque tenemos que tener una estrategia a corto, mediano y largo plazo como suceda para no caer en un pantano de autoritarismo de cierre de espacios, de más persecución a defensoras y defensores de Derechos Humanos, a más referentes de los pueblos indígenas, a más operadores de justicia criminalizados o perseguidos. Entonces, ante eso, vale la pena hacer un acto de madurez, dejar los egos a un lado y tener una visión de país, yo a eso apuesto. 

¿El MLP presenta candidatos o candidatas para el Congreso? 

Sí, se presenta candidatos al Congreso a República. En Guatemala hay dos formas de llegar al Congreso, por lista nacional o por departamentos o provincias, digamos, como en el caso de ustedes. Y también hay elecciones en los 340 municipios a corporaciones municipales, que son los gobiernos locales integrados por alcaldes, síndicos y concejales. También se elige al Parlamento Centroamericano, que es una mala copia del Parlamento Europeo que, básicamente, sirve como refugio para impunidad a los expresidentes, como se lo vió a Jimmy Morales, ahí va a estar corriendo Alejandro Giammattei para tener la inmunidad para tomar posesión inmediatamente después de abandonar el cargo como presidente y ser un diputado de Parlamento Centroamericana.

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Por Laura Salomé Canteros / Foto: Juan Rosales para RUDA

El próximo 25 de junio habrá elecciones generales, presidenciales y legislativas, para definir qué fuerza política seguirá oprimiendo a los pueblos que habitan Guatemala. Con la proscripción de Thelma Cabrera del MLP y las escasas chances de disputar para el movimiento Winaq- Semilla; los comicios serán en un contexto de continuidad de la represión cultural, del saqueo del débil Estado por sucesivos gobiernos de corruptos y un poder judicial afín, de racismo estructural y violencia patriarcal contra mujeres y LGBTTIQ+, desigualdad, migración forzada y el exilio de referentes populares.

Para quienes resisten fronteras adentro del país, la persecución del Estado y a la libertad de expresión es cotidiana. De hecho, mañana, 14 de junio, comienza uno de los juicios más relevantes: el del Estado de Guatemala contra Nanci Chiriz Sinto, joven maya kaqchikel, Defensora de Derechos Humanos y activista social, detenida el 24 de noviembre de 2021 en un despliegue desmesurado de fuerzas policiales debido a su participación en la manifestación tres días antes, en la que miles de personas llegaron a la ciudad a repudiar los actos de corrupción por parte del Gobierno y el Congreso.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público la acusa del delito de “depredación de bienes culturales”, por unas supuestas pintadas en la fachada del Congreso. En junio de 2022, el Juzgado Duodécimo especializado en estos delitos, presidido por la jueza Wendy Coloma dictó la suspensión de su proceso penal. Sin embargo, la Fiscalía, junto a los querellantes del Congreso y la Procuraduría General de la Nación, presentó un recurso para retraer el juicio a su etapa intermedia y desde entonces Nanci es citada a comparecer ante la llamada justicia.

Qué pasó el 21 de noviembre de 2020

“El gobierno hace un mal uso del derecho penal para criminalizar la organización política, individual y partidaria”, afirmó Nanci Sinto en diciembre de 2021, apenas conoció que el Estado de Guatemala la acusaba tras participar de una protesta social. Se refería al gobierno del antiderechos Alejandro Giammattei, que termina su mandato que inició en enero de 2020, con un 75% de desaprobación hacia su gestión. “El sistema de justicia es clave para cumplir con la orden de criminalizar del Estado”, reflexionó Sinto, y agregó que en su caso “no cuentan con los fundamentos”.

Junto a Nanci Sinto fue detenido otro referente social, Juan Francisco Monroy, y ambos enfrentan un proceso por el delito de “depredación de bienes culturales”. Contra Nanci resolvieron en primer momento, arresto domiciliario, la prohibición de salir del país y el pago de una caución. O sea, una condena antes del juicio. Por eso, tras popularizarse la persecución, en las calles y las redes comenzó la solidaridad.

El 21N de 2020, “Giammatei hizo uso de la fuerza pública”, recordó contundente Nanci al repasar los hechos que ese día la llevaron a ejercer su derecho a la protesta y posteriormente a la legítima defensa. Ese día, la Defensora fue agredida por las fuerzas policiales que hicieron abuso de sus funciones públicas en nombre del Estado, hecho que fue admitido por la Fiscalía en audiencias pasadas. “En Guatemala, no importa si eres víctima, siguen vulnerando tus derechos”, afirmó Nanci, quien fue golpeada por la policía que ejerció abuso de poder y tuvo que ser ayudada para poder incorporarse.

“La lectura social que hago tras mi detención es que la idea de los poderes es silenciar. En Guatemala, las élites trabajan con el temor, con sostener el miedo”, reflexionó más allá de lo subjetivo de su situación; y habló de un cambio desde 2015 a esta parte, en las formas de manifestación popular: “Se empezaron a dejar de lado los símbolos patrios, la bandera celeste y blanca, a la hora de salir a la calle para hablar de plurinacionalidad”. También contó que percibe una ruptura con “el Estado criollo, paternalista, colonialista, racista y patriarcal”, y la construcción de nuevas legitimidades. “Desde el gobierno de Jimmy Morales y sin las instancias de fiscalización internacionales, la institucionalidad fue perdiendo legitimidad y además hubo grupos críticos, sobre todo con las élites que se acomodan en el gobierno y el Congreso”, dijo.

“Se está haciendo un mal uso del derecho penal”

Para Esteban Celada, abogado defensor de Nanci Sinto, la persecución del Estado de Guatemala contra la referente maya kaqchikel “es un caso de criminalización porque se está haciendo un mal uso del derecho penal”. Es que la defensa técnica de Nanci presentó seis amparos ante la justiciapor violación a los derechos fundamentales de: defensa, debido proceso, juez imparcial, recurso sencillo y efectivo, no admisión de pruebas y la no resolución de las peticiones de la defensa en la audiencia intermedia.

“La situación actual de Nanci es que está sujeta a proceso penal por el delito de depredación de bienes culturales, que tiene prevista una pena de prisión de seis a nueve años”, confirmó el abogado. “Es una situación preocupante, porque trunca su proyecto de vida”, agregó Celada en referencia a la gravedad de la situación.

“Se le atribuye haber hecho una pintada, y por eso esta persecución que consideramos ejemplificante y una forma de criminalización a las garantías fundamentales de expresión, libertad de manifestación y de asociación”, sostuvo el abogado, quien consideró que este proceso judicial es “para infundir temor en cuanto a manifestaciones de cara al proceso electoral que va a vivir Guatemala”.

“Lo que está intentando el Estado es que no haya voces que reclamen sus derechos ni cuestionen los actos arbitrarios que está haciendo el Gobierno”, referenció el defensor de Nanci. “Nos parece sumamente preocupante el hecho de que hayan escogido precisamente estas fechas para llevar a cabo el debate oral y público, además de que el delito de por sí contiene penas sumamente excesivas y desproporcionales”.

Nanci, otra de nuestras defensoras

Nanci advirtió sobre la situación en Guatemala en los últimos años: “la agenda de DDHH retrocedió y por eso, hubo una interpelación al sistema. El gobierno no garantizó vidas dignas y ni que hablar cómo fue el manejo de la pandemia, muchas personas perdieron a sus seres queridos por la negligencia y la corrupción del gobierno”. Y reflexionó, “se vivieron un cúmulo de frustraciones que hizo que desde 2015 y sin las instancias de fiscalización internacionales, las personas ya no salieran a manifestar con los símbolos patrios y perdieran credibilidad en el Estado” y agregó una demanda histórica de las comunidades: “queremos un Estado plurinacional”.

Nanci quiere denunciar que “tenía claridad jurídica” al momento de su detención, porque sabe que es inocente de los cargos de los que se la acusa y así se la escucha al narrar la arbitrariedad. Es que además de ser comunicadora estudia Derecho. “Me preparé para ese momento, tenía la esperanza de que no llegara, pero llegó”, contó. “Lamentablemente las herramientas que la cooperación internacional le otorgó al Estado para perseguir al narcotráfico las usan en la construcción del enemigo interno”. Y no casualmente la persecución del poder judicial se aplica contra Defensoras de los territorios y los DDHH; mujeres indígenas que están alejadas de los centros urbanos.

Se la escuchó profunda y atenta al proceso individual y colectivo que le tocó en puerta. Nanci repasó su trayectoria: aportó en el espacio de juventudes del ex presidente Alvaro Colom (2008- 2012) y luego militó en el Winaq, el movimiento y partido político indigenista y de izquierdas fundado por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú con actual representación parlamentaria y una candidatura presidencial. “Luego trabajé en el acceso a la justicia y la defensa de los DDHH de mujeres indígenas y en la recuperación del espacio público a través del arte”, contó.

“A partir de lo que pasó, desde el 24N -día de su detención-, pude ver el reconocimiento al trabajo con las comunidades”, dijo, y admitió que es una situación que, a pesar de las consecuencias, “me pone muy feliz”. Al responder sobre la situación de las mujeres mayas, la Defensora habló sobre los cuerpos y los territorios militarizados: “A partir de la pandemia, se ejerció el control del Estado en mayor medida sobre las comunidades y la militarización con la excusa de las medidas sanitarias y las consecuencias para las mujeres fue la violencia sexual, además del saqueo de los territorios y la naturaleza”.

Nanci reflexionó también sobre las opciones electorales y lo difícil que es sortear la diversidad étnica, identitaria y también política de las comunidades y los movimientos en Guatemala. “El CODECA ha dado una batalla muy ardua y los costos han sido altos; muchos hombres y mujeres han sido criminalizados y asesinados por su militancia”, reflexionó. “Recién en 2015 se logró una apertura en reconocer los procesos de los movimientos con la inscripción de la candidatura de Thelma Cabrera y tras la conformación del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)”. “Se juega mucho en las próximas elecciones”, afirmó, y tiene certeza que los grupos económicos están asustados por las opciones que se están levantando desde los movimientos.

“Es importante que los pueblos puedan acuerpar y defender estos proyectos políticos”, expresó Nanci en relación a las pocas opciones populares en Guatemala, algo que incluye al Winaq como camino hacia el Estado plurinacional que la historia merece. La referente, reflexiona que cuando la criminalización golpea a una de nosotras, a los círculos cercanos, a las amigas y las compañeras, “se siente acompañada y sabe que somos muchas en eso”. Y agregó que no hace falta que nos conozcamos para sentirlo: “Hay una solidaridad genuina que nos hace acompañar a otras. El amor de mis amigas, la ternura radical es lo que me hace seguir luchando”. Y así seguirá.

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Thelma Cabrera es una lideresa indígena Mam con 3 décadas de formación política. Participó en la dirigencia del Comité de Organización Campesina (Codeca) por más de cinco años. En 2023, buscará, por segunda vez, la presidencia de la República de Guatemala con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el ala política de esta organización. 

Por Kristhal Figueroa *

Hace 52 años, en las tierras templadas de El Asintal, Retalhuleu, nació Thelma Cabrera. Creció en el sector Norte del municipio, en una propiedad con una porción de tierra para sembrar. Todos los días, después de la escuela, la ahora presidenciable se encargaba de secar los granos de café cosechados junto a su hermana. Su madre, mientras tanto, trabajaba cortando café en una finca cercana. 

Cabrera estudió en la escuela hasta sexto primaria. Después, continuó trabajando en el campo en El Asintal. Se casó con Basilo Sánchez Trieles y juntos se dedicaron a cultivar maíz y ajonjolí. Tuvo dos hijos, Edvin y Abel, y dos hijas, Victoria y Dalila.

Su formación política se remonta a 1993, cuando se unió a Codeca, poco tiempo después de que su esposo lo hiciera. Thelma cuenta que lo hizo porque las mujeres de la comunidad se habían organizado y la designaron como su representante. Años después, en el 2009 y 2010, fue electa como secretaria y vicepresidenta de la Junta Directiva de esa organización. 

Desde que comenzó su gestión, Thelma se esforzó por fortalecer la organización de las mujeres. Trabajó en la Coordinadora de la Mujer  y gestionó talleres sobre derechos humanos, género y participación política. Impulsó también la expansión del Programa de Mujeres y las bases sociales del movimiento. 

Fueron también las mujeres quienes propusieron a Thelma como presidenta de Codeca en 2010. Ganaron estas elecciones, al igual que los siguientes cinco períodos, hasta el 2019. En ese año, Codeca decidió participar en las elecciones generales con el propósito de que las voces y necesidades de los pueblos indígenas y movimientos sociales fueran escuchados en la política partidista. Lo hicieron por medio de su ala política: el MLP.

En Asamblea Nacional en 2019, el MLP eligió a Cabrera como su candidata a la presidencia de la República durante las primeras elecciones en las que participarían. Su rostro apareció en pancartas acompañado del texto #ElijoDignidad, las cuales fueron realizadas por artistas sin fines de lucro. 

En las elecciones del 2019, el MLP obtuvo el cuarto lugar y ganó tres distritos electorales, alcanzando más de 450 mil votos. Después de esto, el movimiento se fortaleció aún más. En 2022 y por segunda vez, Cabrera fue electa en asamblea general del MLP como candidata a la presidencia. Pero el recorrido para inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha sido fácil. 

El TSE se niega a inscribir al binomio del MLP 

El MLP declaró a Thelma como su candidata a la presidencia para las elecciones del 2023 en la asamblea general celebrada en Santo Domingo Suchitepéquez, el 28 de diciembre del 2022. Ahí, también fue declarado Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos, como candidato a la vicepresidencia. 

El 28 de enero, el TSE declaró no procedente la inscripción del binomio presidencial del MLP. Esto bajo el argumento de que, al corroborar la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) de Rodas, se comprobó que existen dos reparos en la Contraloría General de Cuentas. Ante ello, el exprocurador señaló en un tweet: “Cualquier requisito adicional no se encuentra en ley, no puede ser invocado para evitar mi candidatura y violentar mi derecho a ser electo. La existencia de denuncias espurias no es impedimento para ser inscrito. Al revisar el QR de mi finiquito no registra ninguna denuncia.”

Según la politóloga Gabriela Carrera, la Ley Electoral y de Partidos Políticos no establece cómo proceder en caso de que el candidato sea denunciado después de presentar su finiquito, como sucedió con Rodas. Entonces, la decisión (de inscribirlo o no) queda en manos de quien conoce el caso: los magistrados del TSE. “Es una situación complicada de interpretación de la ley”, señaló. 

Las denuncias presentadas en contra de Rodas tienen la intención de frenar la candidatura del binomio del MLP, explicó la politóloga. Pero buscan, también, dañar la imagen del exprocurador ante la opinión pública. Estas acciones fueron, según Carrera, una “estrategia magistral”.

El MLP califica a la decisión del TSE como arbitraria, ilegal e injusta. “En realidad buscan negar la posibilidad de que los pueblos elijan o tomen decisiones sobre su próximo gobierno. Es una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas”, comentó Leiria Vay, integrante del partido. 

El 30 de enero, el MLP presentó un recurso de nulidad, el cual también debía ser resuelto por el pleno de magistrados del TSE. Tres días después, simpatizantes del partido realizaron un plantón frente a dicha entidad para exigir que inscribieran a sus candidatos. Sin embargo, la resolución del tribunal se mantuvo: la inscripción es improcedente. 

El derecho a participar 

“Ahora al MLP le queda luchar por su derecho constitucional y de primera orden de elegir y ser electo”, indicó Gabriela Carrera. Las denuncias presentadas en contra de Rodas son de tipo administrativo, por lo que no deberían incidir en su participación en las elecciones generales. Según la politóloga, es fundamental que el caso sea conocido por la opinión pública y la opinión internacional. 

Gabriela Carrera considera que el TSE está funcionando como un peón estratégico para ahogar las únicas alternativas progresistas en el país. Señaló que la institución responde a intereses gremiales y de partidos políticos en específico. Esto “lastima profundamente la institucionalidad electoral en un momento de poca confianza de la población guatemalteca”, explicó.

El MLP interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Posteriormente, también puede hacerlo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). “Sabemos que en Guatemala están cooptadas las instancias, pero agotaremos lo que corresponda”, manifestó Vay. 

Según Leiria Vay, el MLP también presentará denuncias ante mecanismos internacionales. El 10 de febrero, Jordán Rodas y Thelma Cabrera se reunirán con la secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No podemos sufrir una vulneración a nuestro derecho humano a ser electos”, explicó el exprocurador en un video compartido en redes sociales. Plantearán que existió una vulneración al artículo 23 del Pacto de San José, el cual establece que todas las personas tienen el derecho de votar y ser electo en elecciones periódicas auténticas. 

“Será el pueblo quien tomará la decisión de qué hacer en el marco de las movilizaciones. Como MLP, seguiremos en el proceso legal ante las instancias de justicia. Ella serán las responsables y el pueblo será quien tome la  decisión con base a estas resoluciones”, finalizó Vay. 

* Publicado originalmente por Ruda Gt

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Desde su casa en el Sur de Guatemala, Thelma Cabrera conversó con nosotrxs sobre la situación actual de “GuateMaya” , como ella misma le llama, tras el paro plurinacional. Un nombre que más que un juego de palabras da cuenta de la composición de una sociedad en que en un alto porcentaje de la población se identifica como Mayas, Garífunas, Xincas y Croeles o afrodescendientes. 

Thelma es defensora de los derechos humanos y de la Madre Tierra e integra la Dirección Política del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). En 2019, fue candidata presidencial por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), en donde quedó cuarta en primera vuelta.

Entre demandas históricas; la lucha contra el racismo estructural; una corrupción sistémica y las consecuencias de un año y medio de pandemia, llevaron a los pueblos de Guatemala nuevamente a las calles.

¿Qué hay más allá del pedido de renuncia del presidente Alejandro Giammattei?

La organización y el llamado a una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional ponen en el centro el debate urgente hacia un estado Plurinacional y una democracia de y para los pueblos. 

– ¿Cómo se lee el actual contexto y cuál es el lugar que ocupan las comunidades y los pueblos indígenas en esta coyuntura?

Guatemala siempre ha estado en crisis, siempre ha sido cooptada por el poder económico. Por eso los pueblos originarios siempre alzamos nuestras voces y tenemos nuestra propuesta. Creemos que hay un problema estructural, un problema de raíz donde los impactos son la corrupción. Entonces, como pueblo, nos organizamos para poder construir el poder del pueblo, para poder levantar al pueblo en la defensa de sus derechos.

Como pueblo hemos sido excluidos, discriminados, explotados, empobrecidos. A raíz de eso, nuestras luchas son diarias en la organización comunitaria. Asambleariamente, tomamos la decisión de autoconvocarnos a este Paro Plurinacional que se dio el 9 de agosto. Pero también, para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas teníamos que pronunciarnos. Nuestras acciones las planificamos en este contexto, no podemos quedarnos en exigir la renuncia del gobierno y la investigación de la fiscal. Nuestra propuesta va más encaminada hacia el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y también exigir un gobierno transitorio para que convoque a este proceso. Esa es la mirada que los pueblos originarios estamos teniendo en Guatemala.

– ¿Por qué se está pidiendo la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei? 

En el 2019 fueron las elecciones aquí en Guatemala. Como lo evidenciamos en su momento, es un gobierno fruto del fraude. Es un gobierno de los criollos. Es un Estado fallido donde no se atienden las demandas de la población. Por esta razón es que los pueblos; y no solo CODECA, porque también hay otros movimientos que se sumaron al paro y que también luchan, solo que como CODECA tenemos claro el camino, que no podemos quedarnos solo en la renuncia. Planteamos un proceso de Asamblea Constituyente, que los pueblos seamos representados a través de un Estado Plurinacional, con autonomía y representación de todos los pueblos que habitamos Guatemala.

– Actualmente, en Chile y Perú hay un proceso constituyente plurinacional, ¿cómo podemos leer la demanda en Guatemala a partir de este contexto regional? 

La problemática del sistema capitalista neoliberal es a nivel de nuestros pueblos. No desconocemos lo que está pasando en el sur de Latinoamérica, algo que también se está dando en Guatemala. Por eso, los pueblos nos levantamos frente a un sistema que nos oprime y que nos excluye, nos explota, asesina y encarcela. Entonces, el contexto a nivel internacional, la demanda de los pueblos originarios que plantean sus demandas, construyen sus propios procesos y direccionan sus propios caminos para liberarnos de este monstruo que tanto daño nos hace como pueblo.

– ¿Qué significa para usted haberse presentado como candidata presidencial?

Es un ejemplo de lo que pasa en los pueblos del Abya Yala, de que tenemos que asumir ese reto. No es que sea nuestro gusto estar en esos espacios pero si los pueblos no levantamos la cabeza, si vamos a mantenernos en la opresión en la humillación y que cuando participamos, tenemos que despertar de nuestra realidad, asumir esos retos, porque los pueblos nos están delegando en esa trinchera de lucha. Felicito a la hermana que ahora está ante el pueblo como una representación (por Francia Márquez). Animo a las demás defensoras y defensores, hay un enemigo que es el sistema capitalista que nos oprime.

Somos los pueblos quienes estamos sufriendo esa esclavitud, hombres, mujeres, la juventud que es nuestra fuerza combativa. Ese reto, esa representación en las elecciones pasadas demuestra que son los pueblos los que van a decidir qué camino seguir. Pero mi tarea es seguir empujando ese proceso como defensora de DDHH, de la Madretierra, de la tierra, del agua, del territorio, de la vida. Es nuestra responsabilidad defenderla cuando estamos en los diferentes espacios y por eso asumimos ese reto. Los pueblos tenemos que romper esos cercos mediáticos que nos ha puesto el patrón y por eso tenemos que asumir. 

– Durante la elección de 2019, la juventud se sumó a hacer campaña. Hoy, ¿cómo ve la organización y el estado de ese proyecto político para el que participó?

Para los pueblos en Guatemaya fue una gran experiencia. No es un partido más, es un Instrumento Político que nace desde los pueblos a raíz de la exclusión que enfrentamos. Asumimos construir para plantear nuestra agenda, un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, que desglosamos en 14 ejes temáticos y que ahora en el caminar ha sumado más propuestas desde el sentir de la resistencia de nuestros pueblos y llegamos a alcanzar ya 20 temas en este contexto en que planteamos que hay un Estado país corrompido. No queremos parches, tenemos que construir nuestra propia casa entre todas, para todas y con todas. Planteamos dentro del corazón de estos ejes temáticos, cuestiones como bienes comunes; principios éticos; derechos colectivos de los pueblos; sistema de seguridad y de justicia; comunicación; y tierra, agua y territorio.

En la Constitución Política de Guatemala, los pueblos no existimos; solo en algunos Artículos, pero eso no es la participación originaria. También, en este sistema de los criollos, el funcionario está saqueando el dinero del pueblo, dice que es un salario pero es un robo, una estafa a la población. Por eso, planteamos la rebaja del salario: no más de 5 salarios mínimos según lo que establece el código del trabajo. También planteamos lo que es la revocatoria de mandato para que un funcionario pueda demostrar su lealtad, su capacidad de conciencia; renunciar a esos privilegios, quitar ese escudo que tienen los que ahora están robando con la corbata puesta y no van a la cárcel aunque estén denunciados por corrupción; al contrario, a quienes encarcelan es a los Defensores y Defensoras de la Madretierra. Dentro del sistema político hay mucho que profundizar. 

En Guatemala hay una revuelta. Los asesinatos de Defensores y Defensoras han quedado en la impunidad; el sistema de justicia está cooptado, está corrompido; entonces, dentro de nuestra propuesta está que los jueces sean electos por voto popular porque esa es la razón de que estemos en una convulsión social. Como movimiento tenemos en claro que no podemos quedarnos en la renuncia (de Giammattei), sino que queremos plantear un proceso de Asamblea Constituyente para escribir un nuevo contrato social donde los pueblos originarios existamos. Por eso, hicimos un Paro Plurinacional en 52 puntos del país; esa es la fuerza de los pueblos cuando nos autoconvocamos ante este sistema.

Foto: Prensa Comunitaria

– ¿Cuál es la situación de las Defensoras y los Defensores de los territorios?

En mi caso, la persecución se manifiesta a partir de la estigmatización de las luchas, de la criminalización; por ejemplo, los medios corporativos de la oligarquía venden mentiras a la población tildándonos como terroristas, como criminales. Aparte, hay también Defensores y Defensoras que han sido encarcelados sin pruebas y por eso han salido; también hay otros que han sido ligados bajo procesos negando sus derechos, otros que están en las cárceles. Pero también hay Defensores que están siendo citados en los tribunales, en la defensa y recuperación de los bienes y servicios que han sido privatizados; como la energía eléctrica que las empresas transnacionales están saqueando en nuestro territorio.

También puedo hablar de los 21 asesinatos solo en 2018 de CODECA; por ejemplo, el de Luis Marroquín (2018) que ha quedado en la impunidad, o el de Dominga Ramos (2020). Hay una gran persecución como Defensores y Defensoras y también hacia mi persona. Tenemos claro nuestras luchas, que somos perseguidos porque estamos tocando intereses del poder económico. Como pueblos exigimos y estamos del lado de la justicia y no nos rendimos. Aquí el gobierno y sus instituciones manda a la policía a incitar la violencia en las comunidades en resistencia y recuperación, y allí violentan los derechos de los niños y las niñas, de las mujeres. Esa violencia ha violado los derechos de salud en los hospitales, dejando a comunidades enteras en la oscuridad durante muchos años, meses y días.

– Desde CODECA, desde el MLP: ¿Cuál es el camino a seguir?

Seguir organizando y formando al pueblo en Guatemala, que como pueblo sigamos despertando al pueblo y comunicar de forma intercultural, crear nuestras propias cuentas en redes sociales, estar en los medios alternativos de los pueblos; nos queda formación, organización, movilización y plantear la propuesta de Asamblea Constituyente. Escribir una nueva Constitución Política de Guatemala con los pueblos originarios, esa sería la medicina para este mal; la articulación que se puede hacer desde la lucha y las resistencias y no desde la que plantea el patrón. Nuestra propuesta es un cambio estructural para la construcción del Estado Plurinacional en Guatemala.

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Por Gladys Olmestead* desde Guatemala | Foto: No Ficción Gt

En Guatemala se libra una nueva batalla contra la corrupción. Los esfuerzos anticorrupción que quedaron tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2019, recibieron un nuevo golpe el pasado viernes 23 de julio: Ese día, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, removió de su cargo a Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI).

Juan Francisco Sandoval tiene 38 años y cuenta con una carrera de 18 años en el Ministerio Público; los últimos seis los fungió como Fiscal especial contra la impunidad. Ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra la corrupción. El pasado febrero recibió el premio “campeón anticorrupción” que el Departamento de Estado de los Estado Unidos entrega a 12 personas en el mundo.

Desde su nombramiento como jefe de la FECI en 2015, Sandoval ha presentado casos sobre corrupción gubernamental que han resultado en funcionarios y exfuncionarios presos y ligados a procesos penales. Uno de ellos es el de expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron durante su mandato y se encuentran presos y ligados a juicios penales señalados de enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero, entre otros.

El exfiscal es considerado una pieza clave en los últimos años de la lucha contra la corrupción en Guatemala, mientras formaba parte del equipo de la exfiscal general (2014-2018) Thelma Aldana y el excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, reconocido abogado colombiano.

El equipo de fiscales dirigido por Sandoval era uno de los últimos bastiones que quedaron de la extinta CICIG, un organismo internacional de las Naciones Unidas instalado en Guatemala para combatir la impunidad y corrupción, y para fortalecer al Ministerio Público. La FECI de Sandoval era la personificación de ese fortalecimiento, y su salida podría afectar el curso de al menos 200 expedientes.

Según declaraciones en conferencia de prensa brindada por el mismo Juan Francisco Sandoval, el día de su salida del Ministerio Público y de Guatemala hacia El Salvador, país en el que se exilió, los casos que su fiscalía investigaba involucran a allegados al partido de gobierno, Vamos, a diputados del Congreso y a magistrados de las cortes de justicia.

Un fiscal incómodo para el gobierno

Según el comunicado público del viernes 23 de julio, la fiscal general, Consuelo Porras, tomó la decisión de nombrar a Carla Isidra Valenzuela Elías como nueva jefa de la FECI. La destitución de Sandoval se justifica por supuestos «abusos y frecuentes atropellos» a la institucionalidad de la entidad y “vejámenes” de los que asegura Porras fue víctima. Así como una “inminente falta de confianza” entre ambos.

Sin embargo, dentro del despido de Juan Francisco Sandoval se han señalado anomalías. Debido a que el exfiscal llegó al cargo de jefe de la FECI por su carrera profesional dentro del Ministerio Público, la Ley Orgánica de la institución establece que los fiscales de carrera no pueden ser destituidos sin un proceso disciplinario, luego de que se compruebe una falta grave. Por lo que la “confianza” no sería un motivo válido, y Sandoval asegura que nunca se le comunicó sobre algún procedimiento en su contra, ni se le escuchó antes de removerle del cargo.

En entrevista con El Faro, el exjefe de la FECI reveló que Consuelo Porras no se comunicó personalmente con él para despedirlo. Hasta las 6pm del domingo, 25 de julio, la Fiscal General no ha justificado su decisión de sacar a uno de sus mejores fiscales, y de los más respaldados por los socios internacionales del Ministerio Público

Existen posturas, como las de extrabajadores de CICIG y la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, que califican la acción de Porras como ilegal. Juan Francisco Sandoval confirmó a su salida que él impugnará esta decisión de removerlo de su cargo sin el debido proceso.

Dentro de los verdaderos motivos para sacarlo del Ministerio Público, Sandoval expuso en su última rueda de prensa que, desde la llegada de Consuelo Porras a la jefatura de la fiscalía, la independencia de la FECI fue disminuyendo. Además de que su trabajo se convirtió en incómodo para funcionarios del actual Gobierno encabezado por Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el exfuncionario anticorrupción, la Fiscal General detuvo investigaciones de alto impacto sobre jueces, diputados y otras autoridades mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, «retraso» de procesos y «agilizar lo que le conviene».

Sandoval incluso reveló que no considera que esas investigaciones prosperen, porque la jefa del Ministerio Público mantiene una “amistad” con el presidente Giammattei y varios funcionarios bajo investigación de la FECI. Y señaló a ambos de posible obstrucción de la justicia, siendo su despido una consecuencia de esta complicidad.

Rumbo al exilio

Juan Francisco Sandoval abandonó el país la madrugada del sábado 24 de julio –inmediatamente después de brindar la conferencia de prensa– por la frontera terrestre Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador, con destino final desconocido. Sandoval es el quinto operador de justicia en menos de tres años que ha abandonado el país a causa de las investigaciones que realizó.

La Procuraduría de la Derechos Humanos (PDH), bajo el liderazgo de Jordán Rodas Andrade, acompañó al exjefe de la FECI desde su salida del MP hasta la frontera con el país vecino. El último acto público de Sandoval se realizó desde las instalaciones de la PDH.

Jordán Rodas Andrade declaró que la decisión de sacar al exfiscal se tomó como medida para “resguardar” su vida integridad, ante posible persecución judicial y criminalización en su contra como represalia por sus declaraciones y su trabajo anticorrupción.

Ante los señalamientos de Sandoval sobre posible complicidad entre Porras y Giammattei, tanto el MP como el Gobierno de Guatemala se pronunciaron el sábado 24 de julio.

La fiscalía no emitió un comunicado, pero respondió a medios de comunicación que la institución es “respetuosa de la opinión de las personas». Si (Juan Francisco Sandoval) tiene alguna inconformidad puede hacerlo a través de la vía legal correspondiente, ante los órganos jurisdiccionales competentes”.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala compartió un pronunciamiento con el que “rechaza categóricamente” lo declarado por Sandoval sobre “supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente”.  Y solicitó una “indagación de mérito” para demostrar si lo que dijo el exfiscal es verdad. Además aseguraron que Alejandro Giammattei es “respetuoso de la independencia que la ley le otorga al Ministerio Público”.

Reacciones de diferentes sectores ante el despido de Sandoval no se han hecho esperar y ya se registran pronunciamientos de la comunidad internacional, sociedad civil, movimientos estudiantiles, el sector empresarial y religioso como: congregaciones católica de diferentes partes del país, el Consejo Nacional Empresarial, autoridades indígenas y de diferentes pueblos mayas, organizaciones internacionales como Impunity Watch, Abogados Sin Fronteras-Canadá y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y asociaciones estudiantiles de la Universidad Rafael Landívar (URL).

También hubo pronunciamientos de bloque legislativos de Guatemala y de representantes nacionales y estadounidenses, así como de funcionarios como Samantha Power directora de USAID (por sus siglas en inglés) y Juan González asistente especial del presidente John Biden.

La mayoría de las reacciones y pronunciamientos coinciden en el reconocimiento a la labor de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI, en las anomalías alrededor del despido en el MP y en el retroceso de la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

Y la consecuencia social más tangible ante la noticia de la salida de Sandoval, fue una serie de convocatorias ciudadanas para protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público en contra de la fiscal Consuelo Porras y frente a la PDH, a favor de Juan Franciso Sandoval el viernes 23 de julio. Y un seguimiento el 24 de julio, de nuevo frente al MP y una movilización posterior a la Plaza Central para manifestarse también en contra del Gobierno de Guatemala.

Detonan protestas

En las manifestaciones del fin de semana, se pudo observar un malestar generalizado ante la destitución de Juan Francisco Sandoval, sus declaraciones que señalan a funcionarios de corrupción y el manejo de la pandemia por el coronavirus. Y se identificó una petición casi universal: la renuncia de Alejandro Giammattei y de Consuelo Porras.

Aunque no fue una manifestación multitudinaria –con aproximadamente 2 mil personas presentes en su punto más alto– como las registradas en 2015 y 2016, ha sido la convocatoria más grande del año en contra de la corrupción y el actuar de funcionarios públicos. Y se espera que continúen las acciones de rechazo y descontento en los próximos días con un llamado de autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca llamando a un paro nacional la próxima semana. Con el objetivo de continuar exigiendo la renuncia de los dos funcionarios: Porras y Giammattei.

*original en Divergentes (Guatemala)

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Por Raúl Palencia 

El domingo 11 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Los comicios se caracterizaron por un 61% de abstencionismo, casi el mismo número que participó en la primera vuelta pero que parecía tener esperanzas en fuerzas políticas menos conservadoras y con propuestas que salieran del discurso común y acartonado. La presidencia la definió un 47,2% del padrón de guatemaltecos y guatemaltecas que acudió a las urnas. Alejandro Giammattei fue electo presidente por el 57% de los votos, es decir 1.907.696 de los más de 17 millones que integran el país, lo cual lo define como jefe de estado para los próximos 4 años.

Tanto Giammattei como Sandra Torres se disputaron un público en común, el voto conservador. Ambos candidatos y sus partidos, enfocaron su estrategia electoral en pelear el voto indeciso de quien quiere apenas ciertos cambios en el país con un histórico racismo, clasismo y patriarcado que se expresan en la realidad concreta en un país donde la mayorìa de la población es indígena. En Guatemala el 60% de la población está debajo de la línea de pobreza y el 12% sufre de analfabetismo. Además se encuentra en el primer lugar en Latinoamérica y sexto en el mundo en desnutrición severa en la población infantil.

Pese a la presión desde Washington por una 2da vuelta que ya se había definido desde el 16 de junio, ninguna de las causas estructurales que actualmente son el resultado palpable de un estado corrompido por los poderosos capitales empresariales, el poder militar y el narcotráfico, van a ser siquiera reformadas en nombre del “progreso”.

Cómo ganó y quién es el nuevo presidente

La diferencia de votos entre los candidatos es de 520,641, es decir un 15,9%. Una distancia aplastante en términos porcentuales pero que en votos refleja que Gianmmetti ganó con un 23,40% del total del padrón electoral inscripto. Es decir que este resultado lo definió un 6,38% de las personas que podían votar en toda Guatemala. Este nivel de participación sobrepasa por muy poco al de las elecciones de 1995, año previo a la firma de los Acuerdos de Paz que ponía fin a 36 años de conflicto armado en el territorio centroamericano.

El restante 42% de los votos se los llevó Sandra Torres, candidata por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE). Partido de centro fundado en 2002 que en las últimas contiendas electorales encabezadas por Sandra no ha podido pasar el techo del 1,3 millones de votos. Es la tercera elección en la que Sandra pretende disputar la presidencia, si tomamos en cuenta la del 2011 en donde un fallo de la Corte de lo Constitucional no validó su divorcio del ex presidente Álvaro Colom impidiendo presentarse como candidata. Luego, en el 2015 logró entrar a la contienda pero nuevamente en la segunda vuelta perdió contra Jimmy Morales (el presidente saliente), acumulando el mismo número de votos. La imposibilidad de superar ese número parece estar en la misma candidata, quien está siendo investigada por la CICIG de financiar ilícitamente su campaña de 2015. Esto la coloca en una impopularidad irremontable, sobre todo si tomamos en cuenta el avance del discurso anticorrupción y su manejo para inmunizar candidatos.

El electo presidente, Giammattei, ganó con una estrategia que marca la tendencia de las elecciones de la región. Al igual que en el país vecino, El Salvador, los discursos y las estrategias que caracterizaron estos triunfos son similares. Lo primero es mostrar una cara “renovada” de la política. Primero, el partido VAMOS es un partido recién fundado. Según Giorgio Bruni secretario del partido, el 85% está compuesto por jóvenes. Aunque se complet con militares retirados, empresarios tradicionales y algunos técnicos. El discurso que acompañó es el de una amplia participación de distintos sectores, buscando dejar a fuera a “la vieja política”. En este armado participó una parte de SEMILLA, el movimiento político progresista que impulsaba la candidatura de Thelma Aldana. Lo segundo tiene que ver con sus relaciones internacionales, llevando un diálogo directo con Trump buscan hacer un lobby de campaña para las próximas elecciones en Estados Unidos, en donde el actual presidente pretende una reelección. Esto en el discurso busca acompañar la “crisis migratoria” negociando escasas oportunidades para la numerosa población centroamericana que vive en el país del norte del continente e invisibilizando la realidad de esta población migrante la cual está siendo cruelmente perseguida, encerrada, torturada y deportada a sus países de origen. El tercero tiene que ver con la corrupción, tema en el cual Guatemala ya tiene una experiencia caminada y también saboteada por intereses de Estados Unidos y sectores parásitos del Estado, sin embargo Gianmmettei dice que creará una nueva CICIG con cooperación bilateral y no multilateral, señalando como la principal falencia de la anterior comisión creada por la ONU.

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Continuidad y profundización del dominio de EE.UU. en la región

El próximo 14 de enero del 2020 el Estado de Guatemala comenzará una transición de gobierno amena dando continuidad al pacto de corruptos que caracteriza esta etapa en el país. Entre el 2008 hasta el 2018 el Estado se vio reformado por una limpieza judicial de las facciones más poderosas y retrógradas del país, ganando reconocimiento internacional al llevar al banco de los acusados el genocida militar Efraín Ríos Mont y al sacar de la presidencia, enjuiciar y encarcelar al militar retirado, Otto Pérez Molina en el 2015 gracias a las fuertes y multitudinarias manifestaciones.

Entre el 2016 y el 2018, la CICIG llevaba a juicio por corrupción a 650 poderosos enquistados en estructuras del Estado. El 3 de septiembre de este año se termina el mandato de la CICIG y el recién electo ya declaró que no lo renovará, lo cual nos da muestra que las estructuras viciadas del Estado, las que generan enormes desigualdades, estarán intactas.

En Centroamérica la misoginia de lo mandatarios, la ostentación del poder político por parte del sexo masculino, de raza blanca y de familias tradicionalmente adineradas siguen gobernando sus Estados. A esto se le suma la reciente reacción conservadora global de parte de los fundamentalismos religiosos. En la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos y que paradójicamente más depende de los países poderosos y sus políticas internacionales, se logra colocar en el gobierno a presidentes con alto nivel de sumisión a estos poderes pero bajo nivel de representación y legitimidad social.

Estas elecciones no dejan solo un nuevo presidente sino que ponen en jaque el gobierno de los poderes y los sistemas tradicionales de construcción de los Estados capitalistas que dejan afuera y destinan a la miseria a las mayorías originarias. Sin embargo, hay un mensaje que subyace y que debe ser escuchado tras este proceso eleccionario: Giammattei no será, por más que intente engañarles, quien liderará estos pueblos. Porque a la corrupción se la combate y la población está en pie. Por eso, a fuerza de llamar a Paros, protestas urbanas, piquetes rurales, construcción desde abajo, reafirmación de la identidad plurinacional y denuncias de los asesinatos de defensores/ as de derechos humanos ante la prensa internacional, será Thelma Cabrera, la primera candidata indígena en la historia de ese país -junto al surgimiento de nuevos actores políticos aliados-, quien liderará la dignidad y la esperanza para toda Guatemala.

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Por David Toro para Prensa Comunitaria

Thelma Cabrera es una mujer Maya Mam de 49 años. Pasó su niñez trabajando en el campo en el municipio de El Asintal, Retalhuleu. La realidad le permitió darse cuenta de la explotación y desigualdad que existía en los campos del sur de Guatemala. Fue así como comenzó a sentir la necesidad de pelear por sus derechos. En 1992 se incorporó al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y en la actualidad es uno de los rostros visibles de este movimiento. Es candidata a la presidencia con un instrumento político nuevo. Desde su creación han sufrido asesinatos y la criminalización de sus líderes. Cabrera junto al Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) propone nacionalizar la energía eléctrica y buscará reformar el Estado, que asegura solo representa a la élite del país.

Thelma Cabrera creció en época de guerra, recuerda que durante su niñez fue afectada psicológicamente porque aparecían muchos muertos en las cuadras y carreteras cercanas a su casa en El Asintal. Sus padres no le permitían salir después de las 6:00 p.m. por el peligro que representaba, “cuando crecí me di cuenta de que a algunos los mataron y a otros nos inculcaron el terror”.

Thelma solo pudo estudiar hasta sexto primaria porque tenía que trabajar. Su formación política la desarrolló en las luchas sociales. Cuenta que desde sus inicios en 1992 se dedicó a la defensa de la naturaleza y el territorio. Dirigió la red de mujeres de Codeca durante sus primeros años de participación y desde el 2010 hasta el 2019 ha encabezado la junta directiva de esta organización campesina que se resiste a la privatización de la energía eléctrica propiciada por la empresa distribuidora Energuate.

La privatización de este bien fue en 1996 cuando Álvaro Arzú era presidente y los altos costos de la energía fueron notables a partir del año 2000. Esta defensa les ha costado muchos detractores, persecuciones penales e incluso asesinatos El hijo de Cabrera fue implicado por Energuate en un caso de robo de energía eléctrica hace algunos años, pero fue absuelto por falta de pruebas.

¿Cómo surge el Movimiento por la liberación de los Pueblos (MLP)?

El MLP surge desde las entrañas de más de 597 comunidades que vivimos en carne propia la criminalización. Fue formado en el 2016 por más de mil 500 personas con trayectoria de lucha. No somos un partido politiquero de esos que surgen cada cuatro años. Nosotros mismos debemos ser los organizadores, comunicadores y promotores de la fundación del Estado plurinacional, que es nuestro objetivo central.

¿Cómo financia su campaña política el MLP?

Cada integrante aporta su granito de arena, si va a una actividad del partido, cada uno cubre su pasaje, lleva su banderín, arma su propio pedazo de tela, ese es su aporte. Así sobrevivimos porque sentimos que el partido es de nosotros.

¿Usted considera que el MLP es un partido de izquierda?

Yo no me puedo llenar la boca diciendo que soy de izquierda, porque lo que va a ver el pueblo son mis acciones, en que luchas estoy involucrada. En el MLP, nosotros definimos que nuestra ideología como antineoliberal, anticolonial. Entonces mis acciones deben mostrar de qué lado estoy.

¿Qué diferencia han hecho las izquierdas en el Congreso?

Nada, es nulo. Por eso a mí me da pena decir que soy de izquierda, porque hay supuestos izquierda en Guatemala, es complicado hablar de eso.

Su primer paso en la política fue con URNG-MAÍZ ¿Cómo fue esa experiencia?

Hay experiencias que uno no quisiera recordar, a veces las personas se podrían enojar con uno por decir lo que piensa. Cuando se fundó Codeca vimos que la URNG era la única opción para participar e ir construyendo ideas. Pero ese partido tiene dueño, las puertas no se pueden abrir. Yo proponía la participación como lo hago en el MLP, pero nos expulsaron del partido en una asamblea general hace algunos años, cuando estaba como secretario general Ángel Sánchez. Pensaban que queríamos tomar la dirección del partido, pero cuando estamos en un espacio político estamos para proponer no para ir a mandar.

¿Por qué buscar la nacionalización de la energía eléctrica y cómo lo haría si gana las elecciones?

Después de que se dio la privatización la gente comenzó a sentir el alto costo de la energía, nosotros como Codeca no teníamos cómo acompañar esa demanda. Entendimos que el acceso a la energía es un derecho y la lucha nace de nuestros hermanos de San Marcos. Investigamos porque de lo contrario tendríamos que regresar al candil o la candela. Porque los ricos no iban a perdonar un solo centavo, pusimos memoriales gobierno tras gobierno, nunca respondieron a las demandas que hacíamos denunciando a la empresa (Energuate). Porque nos estaba saqueando, por eso basados en el artículo 44 y 45 de la Constitución decidimos declararnos en resistencia, porque ni siquiera hay trabajo ni salarios dignos ¿cómo íbamos a mantener a una empresa?

Hemos designado candidatos al Congreso porque el primer paso es revisar los convenios y contratos con las empresas, tenemos que hacer un estudio técnico para entender cómo se dio la privatización. Es importante ganar plazas en el Congreso porque el tema de los costos de la energía es una convulsión social que todos los guatemaltecos lo sentimos, y es un tema que se debe atender de urgencia nacional. Sabemos que en cuatro años no podemos darle la vuelta a todos los problemas estructurales pero es importante iniciar ya.

¿Ustedes consideran que han sido criminalizados?

Desde el inicio de la lucha la empresa (Energuate) nos ha criminalizado y asesinado, porque algunos líderes han investigado sobre derechos laborales. Cuando resistimos a la privatización aumentó la cantidad de presos políticos y asesinados. Hemos sido secuestrado y en ocasiones han encarcelado a nuestros líderes sin fundamentos ni órdenes de captura.

Un ejemplo claro que vivimos de la agudización de la criminalización fue en Chiantla, cuando nuestro defensor Mauro Vay y la compañera Blanca Julia Ajtún, estuvieron tres meses en la cárcel acusados de robo de energía. La empresa y los medios de comunicación nos acusan, pero ninguna de sus acusaciones ha procedido en los tribunales. En el caso de Mauro Vay la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoció que existió una detención arbitraria.

En ninguno de los casos de criminalización la empresa ha podido probar sus acusaciones, incluso nuestra compañera Vicenta Jerónimo quedó absuelta y ahora participa como candidata al listado nacional del Congreso. Todo se ha tratado de una estigmatización a nuestra lucha por parte de los medios de comunicación a servicio de las empresas privadas.

¿Por qué buscan impulsar una Asamblea Plurinacional Constituyente?

Hoy lo que tenemos es un Estado unitario, en donde los que gobiernan son los criollos y poderosos de corbata, que justifican que hay una democracia, pero realmente no existe. El MLP plantea el Estado Plurinacional con la participación de todos los pueblos mayas, xinca, garífuna y mestizo. queremos la inclusión de los idiomas, culturas e identidad, que sea un Estado donde nos sintamos representados.

¿Qué opina sobre la Cicig?

Hizo un buen trabajo, no puedo decir que todo lo que hicieron sea malo. Pero es un proyecto que fue impuesto por Estados Unidos y respondió a ciertos intereses particulares. No podemos ignorar que el mismo Ministerio Público de la señora Thelma Aldana, que trabajó en estos casos de corrupción, impulsó políticas de criminalización en contra de defensores de derechos humanos, no solo de Codeca, también de los pescadores de El Estor y líderes comunitarios de Huehuetenango. No hizo nada por investigar por el asesinato de Luis Marroquin, 09 de mayo 2018.

Es necesario el trabajo de CICIG, pero el problema es de estructura. Para hacerle frente a la corrupción yo propongo renunciar al derecho de antejuicio que la Constitución otorga a presidentes, diputados, alcaldes y magistrados y al secreto bancario para poder rendir cuentas y tener un gobierno transparente.

¿Ha sido objeto de ataques racistas durante la campaña?

Cuando yo acepté la candidatura tenía claro a quienes iba a enfrentar. En una sociedad machista patriarcal impuesto por el sistema, sabía que tenía que enfrentar esas consecuencias tan solo por mi humildad. En redes sociales veo comentarios que dicen que me falta capacidad y formación, pero eso no me afecta, me fortalece, porque debo seguir con mi formación. Yo acepto que no fui a una academia, pero soy trabajadora del campo, conozco las necesidades de los territorios olvidados y empobrecidos. Los ataques son parte de este contexto y por medio de mis luchas puedo demostrar que soy una persona reconocida que he andado en las calles en momentos difíciles de mi pueblo y he dado la cara, nunca me niego a hablar la verdad en cualquier espacio.

Thelma Cabrera recibió su acreditación como candidata hace dos semanas, luego de que el TSE rechazó un recurso de nulidad interpuesto en su contra por el abogado independiente Rafael Briz Méndez. La participación de Cabrera es histórica pues ninguna otra mujer maya mam proveniente de las luchas sociales había competido por la presidencia. Según las encuestas más recientes previo a publicar esta entrevista Cabrera está lejos de los punteros, pero con una intención de voto del 2% que ha crecido conforme pasan las semanas.

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