Por Eduardo Giordano*

La mayor parte de ellas son producto del ensañamiento de los paramilitares y las fuerzas armadas que los apoyan en las zonas rurales y del interior del país. Sin embargo, los días 9 y 10 de septiembre presenciamos una masacre de jóvenes en Bogotá perpetrada por la fuerza pública durante las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, torturado por la Policía Colombiana un día antes a la vista de todos.

Nuevas masacres y crímenes políticos

Cada masacre o asesinato político es una tragedia con nombre propio, que además desestructura todo el entorno social del campesino, indígena, joven estudiante, transexual o líder político asesinado. Por eso en muchas crónicas de estos días que denuncian los asesinatos de civiles perpetrados por acción u omisión del Estado se reportan las identidades de los fallecidos, para recordarlos por sus nombres. En la crónica de cada masacre se busca visibilizar a quienes quedan doblemente sepultados, bajo las balas de la represión y también entre las cifras de muertos.

En las primeras tres semanas de septiembre se reportaron, entre otras, las siguientes masacres:

El 4 de septiembre se comunicó la masacre de cuatro personas no identificadas, trasladadas junto a un río para fusilarlas en el tranquilo municipio turístico de Buesaco, Nariño. Es la quinta masacre en menos de un mes en este departamento. Al día siguiente, el 5 de septiembre, las autoridades del departamento del Cauca confirmaron que tres hombres habían sido asesinados en la zona rural del departamento de Tambo. Los cuerpos aparecieron con las manos amarradas, tirados en un camino y con heridas de bala. En el mismo municipio hubo una masacre de seis personas dos semanas antes.

El 8 de septiembre se alcanzó un nuevo récord del horror, al reportarse cuatro masacres en solo 24 horas, con un saldo de 14 muertos: cinco personas acribilladas en un billar en el municipio de Zaragoza, en Antioquia (cuatro mineros y el dueño del billar), presuntamente por los paramilitares del Clan del Golfo; tres personas masacradas en el sur del departamento de Bolívar, donde pocos días antes también fue asesinado un dirigente de las extintas FARC; otras cuatro personas, incluido un menor de edad, fueron asesinadas en el Carmen de Bolívar por hombres vestidos de negro que dispararon indiscriminadamente; y la cuarta masacre se produjo dos días antes en la región del Magdalena Medio, involucró a una mujer venezolana embarazada y dejó herida a una tercera persona que finalmente falleció este día.

El 15 de septiembre se comunica una nueva masacre de tres personas, otra vez en el departamento de Antioquia, en el municipio de Cáceres, días después de que en esa región se produjeran desplazamientos forzados por la presencia de grupos armados ilegales. Antioquia, la retaguardia del ex presidente Uribe, que antes fue su gobernador, es la región que acumula más terror colectivo en lo que va de año: 14 de las 61 masacres reconocidas hasta ahora en 2020 se produjeron en este departamento.

El 20 de septiembre se comunicaron dos nuevas masacres, la primera de siete personas fallecidas y numerosos heridos en el municipio de Buenos Aires, Cauca, perpetrada por un grupo armado que arrojó granadas en una gallera (donde se realizan las riñas de gallos) y fusiló con armas largas a los presentes. La otra masacre fue el asesinato de cuatro personas en Mosquera, una ciudad del litoral pacífico en el departamento de Nariño, donde también se suma el asesinato de una mujer de un cabildo indígena. En cada uno de estos departamentos es la octava masacre del año 2020.

Óscar Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías para defensores de Derechos Humanos, no tiene dudas de que los grupos paramilitares son los autores de las masacres. Este líder social declara: “Creemos que esos fenómenos de violencia se deben al recrudecimiento, al fomento y a la avanzada de grupos paramilitares en el territorio. Esos grupos siguen copando el territorio del departamento y generando miedo y zozobra entre la población. Siguen controlando vastas zonas y es como si el Estado les estuviera cediendo grandes porciones territoriales para que ese control sea ejercido.”

En la misma línea se manifiesta en Bruselas la ONG Acción Colombia (Oidhaco), que en un comunicado publicado el 2 de septiembre recuerda: “Las masacres se han usado históricamente para infundir el miedo en la población civil y facilitar el despojo y apropiación de tierras”. Añade que los departamentos más afectados por las masacres son también los que sufren mayores desplazamientos masivos.

Alcanzar la consideración de masacre requiere sumar al menos tres víctimas mortales. A estas hay que añadir el goteo constante de asesinatos de líderes sociales, como el del líder indígena y docente Juan Pablo Prado, reconocido por su papel de liderazgo en las movilizaciones indígenas en el Cauca, asesinado el 4 de septiembre en Tumaco, departamento de Nariño. Este es el último de los 205 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en lo que va de 2020, según reporta Indepaz. Forman parte de los ya más de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

El abandono de las comunidades indígenas es catastrófico. Hasta la propia OEA, con su talante favorable al gobierno de Duque, advirtió en enero de este año que si el gobierno no se sienta a dialogar con las comunidades indígenas solo se seguirán “apilando cadáveres”.

La masacre de jóvenes en Bogotá

Los excesos represivos de las fuerzas de seguridad colombianas no se castigan, más bien se premian, como se hizo sistemáticamente con los cerca de 5.000 civiles ejecutados por el ejército como falsos positivos. La policía, que está regida por la jurisdicción militar, no tiene miedo a las consecuencias de sus actos.

Esta vez la primera chispa se encendió la noche del 8 de septiembre, cuando la policía avasalló, humilló y torturó hasta la muerte a Javier Ordóñez, un abogado detenido por comprar cerveza, incumpliendo las restricciones de pandemia. Aunque Ordóñez no opuso resistencia y se ofreció a pagar la multa, lo trataron primero como si fuera un criminal y luego lo torturaron hasta darle muerte.ⁱⁱ Su asesinato con sevicia provocó un levantamiento popular en Bogotá que se saldó con otros 13 muertos por disparos policiales y más de 400 heridos. Hubo 75 heridos de bala. Las protestas se prolongaron durante dos noches y se focalizaron en los destacamentos policiales. Los manifestantes enfurecidos incendiaron 72 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Colombiana.

Las imágenes difundidas en redes sociales y recopiladas por algún canal de televisión no dejan dudas sobre la brutalidad policial al reprimir las manifestaciones: policías corriendo y disparando varias veces su pistola como si persiguieran criminales, policías rematando a personas inertes con un tiro de gracia, policías arropando a un individuo sin uniforme que dispara a otra persona a quemarropa, policías ensañándose con ciclistas y transeúntes que pasaban por ahí, o pateando en la cabeza a manifestantes que ya están derribados en el suelo y posiblemente muertos, detención y tortura en un CAI de una joven defensora de derechos humanos, etc.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien algunos responsabilizan también por su inacción al comienzo de la revuelta, hizo un llamado a la ciudadanía a “mantener la serenidad y no usar violencia” e invitó a la Policía a “ceñirse al ejercicio legítimo de sus funciones”. La responsabilidad que recae sobre sus espaldas es enorme, ya que constitucionalmente la Alcaldía es la responsable directa de la policía en la ciudad.ⁱⁱⁱ Claudia López reveló después que esa noche estuvo en el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital con el director de la Policía Metropolitana, en coordinación con el ministro de Defensa, que estaba en el PMU nacional. Desde esa posición de control no se vio ningún disparo policial contra los manifestantes. La alcaldesa se enteró después, al ver las imágenes que circularon por las redes sociales. Una semana más tarde, aunque mantenía cierta ambigüedad al calificar de “vándalos” a los manifestantes más enfurecidos, se pronunciaba de manera contundente sobre la policía: “La semana pasada, decenas de policías desconocieron la Constitución, los protocolos de su institución y las instrucciones de la Alcaldía. Reconocerlo es necesario para corregirlo. Por eso deben retirarse del servicio.”

La institución policial no comparte esta perspectiva. Un alto cargo policial, el general Hoover Penilla, responde así a la pregunta de quién ordenó a los policías disparar a la multitud: “Los policías no necesitamos que alguien nos ordene hacer uso de las armas. Nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos, y respondemos individualmente. Para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano. O sea que aquí no hay que preguntar quién ordenó. […] Aquí no se está desobedeciendo a nadie.”

Esta reivindicación de la libertad individual del policía para tirotear a los manifestantes fue ratificada ante el Senado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en sesión plenaria del 15 de septiembre. Aunque el ministro admitió para asombro de todos que “unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético”, en seguida respaldó a “un muy distinguido general que dijo ‘a nosotros nadie nos ordena’. […] Es el policía el que toma la decisión de accionar el arma de dotación […] y si cometió un error, responderá ante las autoridades”.^iv

¿Qué ocurre cuando la sumatoria de errores induce a pensar que estos no son tales, y despierta la sospecha de que existe un patrón sistemático de erradicación de la protesta a sangre y fuego? El gobierno de Duque y la Policía se esfuerzan por presentar una imagen terrible de los manifestantes, a quienes tildan de guerrilleros, vándalos, terroristas… El general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Bogotá, enfatiza que no se reprimió una manifestación de protesta sino “un hecho vandálico, delincuencial”. ¿Cómo explicaría el comandante que tantas personas ajenas a la manifestación hayan perdido la vida o sufrido heridas de balas ‘perdidas’ de la policía?

El propio ministro de Defensa, máxima autoridad sobre los cuerpos de seguridad, condena y estigmatiza a los manifestantes en un tuit estilo telegrama: “Llama la atención patrón delincuencial de autores materiales destrucción e incitadores. Colombia tiene derecho a conocer nombres de responsables de violencia, vandalismo y terrorismo y de quienes hayan incitado ataques a infraestructura de seguridad.” Desde esta mirada conspirativa sobre los participantes en las protestas difícilmente se pueda deslindar la responsabilidad de los policías que asesinaron a manifestantes y a algunos transeúntes que pasaban por ahí.

Las imágenes de policías disparando a quemarropa, o pateando con saña a personas inertes, explican por sí mismas las causas de la radicalización de la protesta. Se quiso presentar el asesinato de Javier Ordóñez como un caso aislado, fruto de dos manzanas podridas dentro del cuerpo policial, pero durante las dos noches de manifestaciones que se sucedieron se pudo documentar hasta el hastío que la represión a balazos es una práctica policial generalizada.

Diez días después de la masacre de los 13 jóvenes en Bogotá, 150 policías admitieron haber usado armas de fuego para reprimir la protesta. Todos ellos seguían ocupando sus puestos en las comisarías de Bogotá. El resultado de la investigación final, en manos de la propia policía, será consecuente con la interpretación oficial que define a los manifestantes como “responsables de violencia, vandalismo y terrorismo” siguiendo un “patrón delincuencial”. En un macabro paralelismo con el número de víctimas mortales, la policía de Bogotá junto con la Alcaldía desplegó carteles de “Se busca” de 13 personas a las que se acusa de haber liderado “los actos vandálicos” del 9 y 10 de septiembre.

Sin embargo, el argumento del vandalismo y la infiltración de guerrilleros disidentes no cuela ni siquiera para las élites políticas y mediáticas tradicionales, que consideran lo ocurrido como “un hecho trágico que acaba con el Estado de derecho después de que policías dispararon en contra de los ciudadanos”. Así lo manifiesta por ejemplo el senador Roy Barreras, ex negociador por parte del gobierno en las conversaciones con las FARC, y explica que esas dos noches “la policía no enloqueció”, actuó en consonancia con su “adoctrinamiento del enemigo interno”, porque el gobierno ha creado un discurso en el que la persona que opina distinto es un eventual enemigo.

La periodista Sara Tufano aclara un poco más esta idea en un tuit: “Decir que estamos viviendo una fuerte polarización es falso. No se trata de una lucha entre dos polos opuestos, se trata de un gobierno que quiere destruir la débil democracia colombiana y unas mayorías que tratan de impedir esa destrucción. No hay polarización, hay resistencia.”

La singularidad de la Policía colombiana

En Colombia no están bien delimitadas las fronteras entre fuerzas armadas y cuerpos de seguridad interior. La Policía Nacional de Colombia depende del Ministerio de Defensa y está dirigida por un general y sus mandos intermedios son cargos de rango militar. A esta confusión de roles se suma la existencia de cuerpos anexos de seguridad interior, como el temido Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la UNP, etc.

La mayor parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos policiales quedan impunes. Un ejemplo que se ha constituido en un símbolo de las protestas es el caso de Dilan Cruz, víctima mortal de disparos policiales durante las manifestaciones de noviembre de 2019. El proceso judicial aún no ha comenzado porque casi un año después no se ha podido establecer el juez competente. A estos vericuetos jurídicos se suma la barrera que supone la policía como institución, que pone todas las trabas posibles a las investigaciones. Los procesos a policías por excederse en el ejercicio de sus funciones casi siempre quedan en manos de la jurisdicción militar.

Por otra parte, una división de la policía colombiana presta auxilio directo a los carteles de la droga, custodiando su seguridad de manera institucional. A comienzos de septiembre se supo que un cuerpo de seguridad que depende directamente del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha empleado algunos de sus efectivos en custodiar actividades criminales de paramilitares y narcotraficantes. Tal es el caso del capo del grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, más conocido como “Los Pachenca”, que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la región de la costa caribeña. El capo de esta organización criminal, Quiroga Alias 5-5, fue capturado recientemente cuando estaba protegido por tres escoltas oficiales y una camioneta blindada suministrada por el Estado. Gozaba de estos beneficios por su condición de ex paramilitar de las AUC integrado al proceso de paz. La Fiscalía lo acusa ahora por delitos cometidos durante los últimos 12 años, mientras el presidente Iván Duque anuncia su captura con bombos y platillos: “En una operación meticulosa de inteligencia y de acción operativa, fue capturado hoy alias ‘5-5’, máximo cabecilla de ‘Los Pachenca’, asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”.

La operación de propaganda de Duque queda desmentida por las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad, Analtraseg, quien denunció que el Estado conocía las actuaciones delictivas de este individuo y lo protegía: “Tres hombres armados, con chalecos antibalas, y una camioneta blindada del Estado estaban a su cargo. Este señor estaba delinquiendo en esa zona, había asumido el mando de una organización delincuencial con protección del Estado”, declaró el representante sindical de la policía a los medios de comunicación.^v

En la Velatón realizada el 16 de septiembre en Barcelona por la masacre de Bogotá, una joven manifestante tomó el micrófono y expresó un sentir compartido entre personas de su generación: “La policía no necesita reformarse, la policía necesita desaparecer”, exclamó. Aunque a algunos les pueda parecer que esta es una expresión extrema, hay mucho de cierto en el grito de esta muchacha, a juzgar por la experiencia de otros países que pasaron por el terrorismo de Estado. Véase si no el caso de los carabineros de Chile, o el de una parte de la policía argentina que nunca fue realmente removida y hace pocos días cercó la residencia presidencial como medida de presión para reclamar aumentos de sueldo, en una trama presuntamente golpista.

Héctor Riveros, un político tradicional que fue negociador por el gobierno en el acuerdo de paz con las FARC, dice en una entrevista: “La Policía de Colombia está en mora de crear un cuerpo para excesos de convivencia”. […] “Todos los casos [de abusos policiales] siguen unos patrones comunes, hay que poner remedio creando un cuerpo de formación exclusiva para atender problemas de convivencia o de seguridad ciudadana”. Esta idea se aproxima a la exigencia ciudadana de disolver la estructura de la policía actual y en particular los comandos del Esmad.

Finalmente, en una decisión histórica adoptada el 22 de septiembre, el poder judicial ha empezado a acotar los abusos de la fuerza pública y del poder ejecutivo. En efecto, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sobre la solicitud de tutela interpuesta por varios organismos de derechos humanos respecto el accionar de las fuerzas policiales, en particular del Esmad, en las jornadas de protesta y movilización social en Colombia. Respecto del Esmad, el alto tribunal sentencia que “sus actividades no controladas representan una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión”. La Corte Suprema ordenó al Ministerio de Defensa que en 48 horas haga un acto de pedir excusas públicas por los excesos cometidos por los integrantes de dichos escuadrones en todo el país durante el paro nacional de noviembre de 2019, en el que murió el joven Dilan Cruz. Además, entre otros resguardos exigió a la policía que se suspenda el uso de escopetas calibre 12 -como la que causó la muerte de Dilan- y ordenó remitir todo el expediente de este caso a la Procuraduría y la Fiscalía para que inicien las investigaciones pertinentes.^vi

Involución democrática y concentración de poder

En el plano político institucional, aparte del notorio incumplimiento de los acuerdos de paz, se observa un gran deterioro de la vida política y de la legitimidad democrática. El gobierno de Iván Duque ha copado los principales órganos de control del país: la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, colocando al frente a ex funcionarios uribistas o allegados a su partido. Así mismo, durante la pandemia el presidente Iván Duque gobierna por decreto, también en aquellas cuestiones de fondo que requerirían legislación del Parlamento. En los primeros tres meses de crisis sanitaria “expidió 164 decretos, de los cuales solo 11 se relacionan directamente con el sistema de salud”.^vii

Esta gran concentración de poder del ejecutivo, que además cuenta con mayoría parlamentaria, puede pasar más o menos desapercibida al no existir una figura presidencial ‘fuerte’. Duque responde a las interpelaciones lanzando balones fuera y suele poner cara de póker ante situaciones incómodas. Por ejemplo, cuando visitó Samaniego después de la masacre, desfilando con sus custodios entre una población enfurecida que repudiaba su política al grito de ‘¡Nos faltan nueve, no estamos todos!’ El presidente contestaba levantando el puño, como si la cosa no fuera con él, y acabó prometiendo miserablemente la construcción de un estadio en compensación. A pesar del descontrol en el que ha sumido al país, cada vez más desgarrado por la violencia política y estructural, Duque pretende mantener la ficción de que todo va bien, con una expresión imperturbable en sus alocuciones diarias en televisión explicando la evolución de la epidemia y aconsejando a la gente.

Mientras tanto, Álvaro Uribe sigue ejerciendo el mando desde su prisión domiciliaria en una de sus fincas y da las instrucciones al gobierno desde su cuenta de tuiter: “Mejor toque de queda del Gobierno Nacional, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales”, trinaba tras la masacre de jóvenes manifestantes en Bogotá.

¿Suspender a Colombia como socio de la OTAN?

El mismo día en que la policía abrió fuego contra la juventud en Bogotá, la ex congresista Piedad Córdoba le envió una carta al Secretario General de la OTAN, Jens Stolenberg, denunciando las masacres de los últimos meses y pidiendo la suspensión del estatuto de Colombia como socio de la alianza militar. Esta ex candidata presidencial quiso promover el desmantelamiento de grupos paramilitares y sufrió la violencia en carne propia. En 1999 fue secuestrada por orden del jefe paramilitar de las AUC, Carlos Castaño, y posteriormente sufrió dos atentados. Uno de sus principales asesores políticos, Jaime Gómez Velázquez, desapareció en Bogotá en 2006, fue torturado, asesinado y descuartizado. Había intervenido como co-redactor del contraproyecto de Justicia y Paz para miembros de grupos Paramilitares, en el que se reclamaba que se impusieran confesiones y condenas a los autores intelectuales de las masacres, entre otras medidas que modificaban el proyecto original del gobierno de Álvaro Uribe.

Piedad Córdoba escribe a Jens Stolenberg pidiéndole que tramite “la suspensión inmediata de Colombia como país socio” de la OTAN por “violar los derechos humanos y no contar con una línea de mando responsable con capacidad real para impedir el plan de matanzas que se está consumando en amplias zonas del país”.

Fundamentada la demanda en cuatro folios, la autora de la misiva concluye: “La OTAN no puede mirar para otro lado mientras que con su anuencia, asistencia o indiferencia se puede estar desarrollando una estrategia de genocidio por razones étnicas, sociales, políticas y económicas.”^viii

Es ilustrativo recordar ahora que el general Hoover Penilla, constituido en vocero de sus pares, afirmó que la policía colombiana puede disparar a la población sin recibir ninguna orden de hacerlo. Para justificar su actuación asegura que los protocolos que se siguen están avalados por los socios internacionales de Colombia, los países que le brindan ayuda y entrenamiento militar. “Todos los organismos de control a nivel internacional y nacional nos hacen las verificaciones”, declaró. La OTAN es el principal organismo internacional que “verifica” las prácticas aberrantes de las fuerzas represivas colombianas.

Terrorismo de Estado y condena internacional

En general se asume que el terrorismo de Estado es la represión de las fuerzas armadas o de grupos paramilitares contra la propia población bajo regímenes dictatoriales, como los que imperaron en los años 1970 en el Cono Sur americano. Y no siempre es así. En Argentina, por ejemplo, el terrorismo de Estado no empezó con la dictadura de Jorge Rafael Videla sino mucho antes, bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, inductora de la macabra Triple A. Actualmente varios países formalmente democráticos, como es el caso de Turquía o Israel, ejercen el terrorismo estatal contra los habitantes de una parte del territorio que reclaman sus propios derechos democráticos.

El jurista argentino Ernesto Garzón define el terrorismo de Estado como “un sistema político cuya regla de reconocimiento permite o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.”

Esta definición no distingue entre sistema político democrático y dictadura, y sin embargo es muy precisa. El jurista Garzón especifica las formas en que el Estado ejerce el terror sobre los habitantes del territorio: “Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”

Esto es precisamente lo que ocurre en Colombia y por supuesto no es algo nuevo. El exterminio de la Unión Patriótica y el caso de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ durante el gobierno de Uribe son antecedentes muy claros. En Colombia se da la particularidad de que el terrorismo de Estado no lo ejerce formalmente una dictadura, sino un gobierno elegido en las urnas, con una amplia base social y con muchos ingredientes de corte fascista, como el odio visceral a quienes disputan su autoridad y compiten por el poder, y su empeño en exterminarlos físicamente.

Ante esta grave situación, el mundo empieza a desperezarse. Naciones Unidas condena los hechos, pero no muestra interés en investigarlos. En su boletín informativo del 16 de septiembre, la noticia estrella era la investigación de una Misión de la ONU sobre Venezuela. Sin haber visitado el país, se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, en línea con lo expresado en julio por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”. Más allá de la veracidad o no de estas afirmaciones, que no se han podido contrastar in situ, la difusión de este paquete acusatorio precisamente ahora funciona como cortina de humo para encubrir la inhibición del organismo internacional frente a la violencia paramilitar y policial en Colombia, donde su posición en defensa de los derechos humanos es mucho más tibia.

La Unión Europea, que es garante del acuerdo de paz en Colombia, se pronunció con cierta ambigüedad a través del Alto Representante, el socialista español Josep Borell, quien lamentó la muerte de Javier Ordóñez “y la violencia subsiguiente”. Si bien denuncia la represión policial y reclama una investigación, su rechazo a los supuestos actos de “vandalismo y violencia” callejera parece abonar la tesis de que los manifestantes no actuaban en ejercicio de la legítima protesta.

Es inexplicable el silencio del Parlamento Europeo, que en 2016 se pronunció por unanimidad -de sus 751 miembros- a favor del proceso de paz. Salvo por la iniciativa de algunos parlamentarios, como la del representante del bloque de la izquierda Miguel Urbán, quien denuncia que “la violencia política en el país es espeluznante” y pide una resolución del Parlamento, en general predomina el discurso que sostiene al régimen autoritario de Duque. Por ejemplo, en boca de la eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV), vicepresidenta de la delegación para las relaciones con los países andinos: “Hay que renovar el fondo fiduciario para continuar con los programas de desarrollo de la paz. Colombia necesita apoyo y una llamada a la calma”. Objetemos que, en las actuales circunstancias, aumentar la ayuda al gobierno no es aumentar la ayuda al pueblo colombiano, no favorece de ningún modo la paz y en cambio vuelve cómplices a los representantes europeos por premiar el uso de la fuerza. ¿Sabe realmente la eurodiputada cómo avanzan esos “programas de desarrollo de la paz” a los que se refiere? Unos pocos datos bastarán. A tres años de la firma de la paz con las FARC, solo se ha concretado el 4 % del gasto establecido en el Plan Macro de Implementación del Acuerdo Final, mientras que apenas un 3,4 % de los recursos de cooperación internacional se destinaron al punto 3, referido al Fin del Conflicto y que incluye las medidas de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil con garantías de seguridad.^ix

Otras instituciones están adoptando posiciones más comprometidas con la lucha por la paz en Colombia. El gobierno autónomo catalán, que a través de diversos organismos mantiene vínculos de cooperación con el departamento de Nariño, emitió el 16 de septiembre un comunicado condenatorio de la escalada de violencia y de los asesinatos de líderes sociales. La Generalitat suscribe aquí el comunicado publicado por la Taula (Mesa) Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, integrada por una treintena de organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro. En dicho comunicado la Taula condena las masacres “en un contexto de elevada persistencia de estructuras paramilitares”, exige investigaciones exhaustivas e independientes.

Esta entidad coordina las acciones de protesta que se realizan en estos días en Catalunya, algunas de ellas muy llamativas, ya que suelen ir acompañadas de música y performance: el 5 de septiembre se convocó una Velatón ante el Consulado de Colombia en Barcelona,^x el 16 de septiembre hubo una manifestación muy concurrida en la Rambla del Raval^xi y el 21 de septiembre, coincidiendo con la jornada de Duelo y protesta en Colombia, se convocó otra concentración en Plaza Sant Jaume, delante del gobierno catalán.

El reclamo por la paz en Colombia se extendió también por América Latina. En Argentina la solidaridad con el pueblo colombiano se expresó a través de un manifiesto firmado por un centenar de intelectuales, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, comenzando por las Madres de Plaza de Mayo. Los firmantes repudian enérgicamente “las acusaciones contra movimientos sociales” y aseguran que “los únicos incitadores a la violencia son las fuerzas policiales y el narcoestado de Duque”. También se manifestaron los colombianos residentes en la ciudad de Buenos Aires ante el consulado de Colombia, que fue completamente vallada por la policía para impedir que se acercasen.^xii

En Chile hubo una concentración el 12 de septiembre ante la embajada de Colombia en Santiago convocada por el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH). Esta institución difundió un comunicado condenando “la masacre que está sufriendo el pueblo colombiano, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía y la pasividad con que el gobierno de Iván Duque enfrenta estas graves violaciones de derechos humanos”.

*Publicada originalmente en alainet

Notas

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Por Luz Ailín Báez | Foto de Colectiva Fotografía a Pedal

“El 19 a la noche se hace una vigilia esperando el 20. A esa vigilia llega gente de todo el país, hay diferentes actividades. Pero el 19 de julio a las 12 de la noche no había pasado en Libertador, porque el primer apagón fue en la noche del 20”. Con esas palabras iniciaba su relato Oscar Alfaro, sobreviviente de la “Noche del Apagón”, la operación represiva que sucedió entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en las localidades de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar, en la que fueron secuestradas alrededor de 400 personas. 33 siguen desaparecidas.

“Terminamos de cenar, eran las 22.30. Estábamos viendo la tele, cuando de repente escuchamos unos golpes en la puerta, que deben haber sido unas patadas porque la puerta se abre de par en par. Nosotros estábamos en la galería y desde ahí vemos que entran uniformados con armas. Yo instintivamente quiero irme para el fondo, pero en el fondo ya había uniformados con armas largas, estábamos rodeados. Hasta ahí estaban todas las luces prendidas. Era una especie de allanamiento, yo estaba con mis hermanos, mi padre, mi madre. Entraron repartiendo golpes a todos, de manera indiscriminada, con malos tratos, insultos, entrando como bestias a los cuartos. Nos preguntaban ‘¿Dónde están las armas de este hijo de puta?’. Mi madre tratando de cuidar a mi hermano menor, mis dos padres siendo golpeados en el piso…”.

Oscar tenía 21 años y sus hermanos 23 y 14. El tono pausado y sereno de Oscar, jujeño de 65 años, contrasta con los hechos que narra que nos llevan a aquella noche donde inició el operativo:

“En ese momento estaba trabajando como maestro, era recibido de la escuela Normal de Libertador. Estuve estudiando en Tucumán, pero allá por la actividad política y estudiantil que hacía era buscado, perseguido y tuve que venirme a Ledesma. A mi hermano Luis (el mayor), a mí y a 5 compañeros ya nos habían detenido en junio del ‘76 en un operativo del Ejército. En ese momento, por todo lo que pasé, tenía la idea de que ya no iba a volver a mi casa. Mi idea era irme del país, lo quería convencer a mi hermano y a mi compañera para irnos, como estaban haciendo muchos compañeros hacia Venezuela o México, pero no pude convencerlos. Ahí justo sucede lo del 20 de julio”.

Oscar se la veía venir. Militaba en el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán. “Ahí ya sabíamos de compañeros que empezaban a desaparecer desde el 75. A mí me fueron a buscar dos veces, dos veces estuve detenido. Ahí ya mi seguridad era insostenible”.

Por eso, decidió volverse a Ledesma. En el pueblo ya se sabía la militancia que tenía dentro del Partido Socialista. “Teníamos gente trabajando en los sindicatos, compañeros que iban y venían a mi casa, yo hablaba con trabajadores del Ingenio Ledesma. Cuando a mi me sacan de mi casa, me suben a una camioneta con el logo del Ingenio Ledesma. Además, venían acompañando otros autos. Es más, la persona que estaba a cargo del operativo es uno de los que me había detenido en junio. Mi madre insistía en que no me lleven pero él la calmaba diciéndole ‘va a la comisaría y ya lo traemos de regreso’.  Lo último que veo es el logo de la camioneta, porque ni bien me sacan me pegan un culatazo en la cabeza y caigo de bruces y me tiran adentro”.

“Esto no era al azar, no eran dos o tres loquitos que andaban combatiendo comunistas. Fue un plan sistemático, el terrorismo de Estado fue algo sistemático. La prueba es que cuando me llevan van parando y subiendo a otras personas en el camino, como a Johnny Vargas Orozco. En ese momento yo no sabían quiénes eran, estaba vendado, estaba siendo golpeado. Yo pensaba que iba a ir para Jujuy pero pegó la vuelta para el Ingenio. Paramos en la comisaría del Ingenio. En ese momento el pueblo pertenecía a la empresa. Cuando para la camioneta, me bajan y escucho que dicen ‘a esos hijos de puta llévenlos abajo’. Ya tenían una lista, ya sabían quién era quién y qué iba a hacer con cada uno. Eso es terrorismo de Estado, eso estaba planificado. Me llevaron al destacamento de la gendarmería nacional”.

La participación civil-empresarial en la dictadura

“El pueblo pertenecía a la empresa”, dijo Alfaro. Repasemos un poco la historia del Grupo Ledesma:

En 1911, el Ingenio que desde 1908 se llamaba “Compañía Azucarera Ledesma”, fue comprado por el ingeniero alemán Enrique Wollmann. Él tuvo una sola hija, Paullette, que se casó con el ingeniero Herminio Arrieta. Luego del fallecimiento de Wollmann, Herminio Arrieta se hizo cargo del Ingenio, en 1928. El nombre de Carlos Pedro Blaquier, esposo de Nelly Arrieta, hija de Herminio, aparece ligado a la empresa recién en 1970, al llegar a la presidencia del Ingenio ese año, después de la muerte de su suegro.

El Grupo Ledesma detalla en su web, el Código de Ética mediante el cual se rigen:

“Somos respetados por la forma en que hacemos negocios, por nuestros esquemas de producción, por la manera en que pensamos y actuamos. Contamos con un renombre que nos enorgullece como organización. Nuestro liderazgo se basa en nuestra Cultura de Empresa. Nuestros Principios y Valores definen nuestra filosofía y son los pilares de nuestro accionar empresario, ellos se anteponen a cualquier acción y prevalecen en todo momento”.

Principios y valores que se tornan dudosos al observar sus orígenes. Según Viviana Conti, investigadora del CONICET por la Universidad de Jujuy, en su investigación titulada Mano de obra indígena en los ingenios de Jujuy a principios de siglo, ya en las primeras décadas del siglo XX los empresarios jujeños de la caña de azúcar se apoyaron en el sometimiento de los pueblos originarios para lograr un rápido crecimiento, más allá de los inconvenientes suscitados por la Primera Guerra Mundial.

El panorama para sus trabajadores y trabajadoras no ha cambiado mucho desde ese entonces: Según información oficial de la empresa, actualmente el Grupo Ledesma emplea a “cerca de 7.000 personas que en su mayoría trabajan en Jujuy, provincia en la que nació Ledesma y donde tenemos 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de nuestra principal materia prima: la caña de azúcar”. A pesar del 40% de desocupación de dicha provincia que señala el INDEC, la empresa declaró, en 2018, ganancias por 277 millones de pesos en la zafra e invirtió 8 millones de dólares en la ampliación de la planta de jugo y una máquina para la extracción de aceites esenciales. En 2019 invirtió 12.500 millones de dólares en equipamiento del campo e infraestructura de la fábrica azucarera, y en el 2020 tenía prevista una inversión de 4 millones de dólares más en tecnificación de la fábrica de papel para exportación a Estados Unidos y Europa. Un dato no menor es que la empresa, propiedad de la familia Blaquier, no tributa ni un solo peso en la Municipalidad de Libertador, donde se encuentra emplazado su complejo agroindustrial.

Pero volvamos al relato de Oscar. Habían pasado varias horas desde su detención violenta:

“Ya había sucedido el primer apagón y empieza a llegar un montón de gente detenida. Escucho que golpean gente de un lado, de otro lado. De la casa nos sacan a mí y a mi hermano Luis, pero cuando nos sacan de la gendarmería ya había gente esperándonos en las camionetas, en los camiones, con listas, con nombres. De ahí nos llevan directamente a Guerrero, al Centro Clandestino de Detención y Exterminio Guerrero. Cuando nos sacan de Guerrero nos llevan a Gorriti, que para nosotros era el paraíso comparado con lo que vivimos ahí. De ahí nos llevan a la Unidad 9 de La Plata en un avión Hércules”. Los mismos utilizados durante los vuelos de la muerte.

Recién en ese momento su padre pudo contactar a Amnistía y la Cruz Roja. “Ellos nos toman como refugiados, lo cual para mí fue como tener la mitad de mi vida garantizada porque estaba blanqueado”, relata Oscar.

“A mi hermano lo liberan primero pero yo seguía detenido. Un mes antes de salir me llevan a distintos lugares que yo no sabía donde eran, te agarraban, te sacaban, te hacían simulacros de ejecución. Luego hablando con compañeros me doy cuenta que estuve en algunos centros clandestinos, como Devoto. Mi último lugar es la central de policía. Ahí estuve 4 o 5 días y de ahí salgo con todos los papeles directamente al avión. Recién en el avión me sacan las esposas. Esto era julio de 1978. 

Oscar y su hermano pudieron reencontrarse en Noruega, único país que les dio asilo político. Alfaro vivió exiliado hasta 1990, año en que regresó a la Argentina. A partir de ese momento comenzó su militancia en Madres Jujuy y en Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

-—En 2012 decías: “La Justicia es lenta pero llega. A nosotros nos tardó bastante pero pareciera que llegó. Hay policías presos y ahora estamos con las indagatorias a Lemos y Blaquier”. Dos años después, Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y su ex administrador Alberto Lemos fueron procesados por delitos de lesa humanidad. Al año siguiente, Blaquier quedó desvinculado por “falta de mérito”, según la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Seguís pensando igual?

—Nosotros militamos por Memoria, Verdad y Justicia. Dentro de Verdad está el involucramiento de la pata empresarial. Cuando yo estaba detenido, era gente de la empresa quienes recibían los reclamos de mi padre y mi madre, de la gente que pedía por sus hijos detenidos. Eran ellos los que decidían si salían o no salían. El Ingenio Ledesma era la empresa que estaba en medio de toda esta represión, fueron parte de esto. Tenían las listas, tenían los nombres, van a la comisaría y a la gendarmería que están dentro de ellos, algunos compañeros estuvieron detenidos dentro del Ingenio. La complicidad empresarial no me convence a mí, más que complicidad fueron parte muy activa. Incluso desde antes. Ahora se está llevando adelante el juicio. La causa lleva el nombre de Burgos, porque era el nombre de la primera carpeta, nosotros la llamamos Causa Blaquier o Noche del Apagón. Ahí fue la primera vez que di mi testimonio en juicio. Como militante de madres y familiares, estamos haciendo juicios a todos, a partir de 2003, 2004 empezamos a acelerar todo. Desde el primer momento empezamos a visibilizar la empresa Ledesma como parte activa de la represión. En el 2015 armamos una carpa en Buenos Aires, frente a Tribunales, reclamando el juzgamiento de los empresarios. Tuvimos el apoyo de todos los organismos del NOA, de Buenos Aires, pidiendo que se aceleren los juicios y que no haya impunidad para la empresa Ledesma. Cuando tuve la posibilidad de dar testimonio lo dije. Nuestro trabajo no es solo la justicia sino la conciencia, que la gente los condene.

—Los Blaquier hoy vuelven a ser noticia porque exponen a los empleados del Ingenio a la pandemia sin tomar los recaudos necesarios.

—Los hechos históricos más sobresalientes son los que marcan aprendizajes en la sociedad. Cuando nosotros juzgamos a los genocidas es para que al próximo que se le ocurra hacer lo mismo lo piense dos veces. Cuando ahora algún militar esté pensando en dar un golpe, va a pensar en que lo pueden juzgar y condenar. Ese aprendizaje es el que va marcando los hechos históricos, el avance social, las conquistas democráticas. El Nunca Más por el que nosotros peleamos tiene ese sentido de decir “esto no tiene que pasar nunca más”. Porque la mentalidad que ellos tienen es muy difícil cambiarla, se creen dueños de la vida, de las personas. Tuvimos gobiernos que hambrean a la gente, quitaron hospitales, escuelas. Que la gente muera de hambre no les pesa. Yo no era una luz, no tenía una ideología muy marcada. En la militancia de los 70 éramos compañeros que teníamos un poquito de sensibilidad y que veíamos que había gente que moría desnutrida. En Ledesma cuando tenía 16 o 17 años, había capataces que con caballo y látigo hacían trabajar a la gente. Eso es lo que te lleva a reaccionar, a pensar que esto no puede pasar, pero esa mentalidad medieval, esa mentalidad de la oligarquía sigue siendo la misma. A Ledesma no le valen los trabajadores, nunca le valieron, incluso antes los trataban como esclavos. Ahora sigue siendo lo mismo, solo que ahora sus esclavos tienen plasma, tienen celulares y quizá alguno tenga un autito o una moto, pero la visión que tienen es la misma, ellos solo quieren ganar, ganar y ganar. Y si para hacer eso tienen que dar golpes y desaparecer gente lo hacen, cuando se les da la oportunidad lo hacen. Y ahora si se contagian no les importa, les importa seguir vendiendo, seguir ganando.

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A principios de este año el Área de Derechos Humanos de Banfield comenzó una campaña para recolectar información sobre socixs desaparecidxs. La búsqueda culmina, aunque esto es una utopía ya que ninguna búsqueda que tenga que ver con el terrorismo de estado termina, con la restitución de la condición de socix a detenedidxs, desaparecidxs y víctimas del terrorismo de estado.

El acto se realizará en el Espacio Banfileño, en el Estadio Florencio Sola. Habrá una charla a cargo de Nora Cortiñas, Lita Boitano y Taty Almeida. Además de la presencia de los familiares de quienes se encuentran desaparecidxs. También asistirá el periodista Ezequiel Fernandez Moores y representantes de otros clubes.

– Contale a la gente como fue todo este trayecto, todo este recorrido hasta lo que se va a cristalizar el próximo día jueves.

– Es la cristalización de un  trabajo que ya lleva un período muy grande. Primero empezamos como Colectivo de Banfield por los Derechos Humanos y después ya directamente como área de Derechos Humanos del club. A principio de año lanzamos una campaña para que todos aquellos que conocieran o supieran de socixs que se encuentren desaparecidxs o hayan sido víctimas del terrorismo de estado, se acerquen a aportar información. La campaña dio sus resultados y se acercaron once familias. De esta manera Banfield va a ser el primer club en Argentina en re-asociar a estos detenidxs desparecidxs.

Lo cual generó una conmoción en todo el arco del fútbol y fuera del mismo. Al punto tal de que Estudiantes de La Plata está con un proyecto similar y otros clubes como River y San Lorenzo están trabajando en lo mismo. Este jueves va haber varios representantes de otros clubes de Argentina en el acto porque lo han tomado como ejemplo. Atentos a que se cometió un error administrativo e histórico al haberlxs dado de baja. Con lo cual el club lo va a resolver, con la reforma del estatuto, creado una categoría que es la del “Socio detenido desaparecido”.

-¿Suponían con todo el grupo de trabajo del Área de Derechos Humanos qué se iba a lograr lo que se logró?

– No. Banfield es una caja de Pandora. Cada caso es una gran historia. Desde una mujer que nos llama desde Córdoba y nos cuenta que su cuñada estaba secuestrada en el Pozo de Quilmes y se entera de que a otra desaparecida la trasladaban a una cárcel legal, en este caso a Devoto, y que ella con los hilos de remera de sus compañeras de cautiverio bordó una trenza verde y blanca, se la da a esta mujer y le pide que la lleve como señal de que ella estaba viva. A nosotros nos cuentan esta historia y la verdad es que no podíamos creer. Si lo que puede significar Banfield para nosotrxs en nuestras vidas, para alguien que está secuestrada en una situación desaparecida, que haya usado a Banfield para demostrar que estaba viva. Otra historia es la de Roberto Matthews que se nos acerca la familia y nos dice que es el sobrino de uno de los campeones del ’20. O el caso de Ventura que era hijo de un ex presidente del club. O enterarnos que otro desaparecido, Raúl Ceci, era jugador de Banfield de las inferiores.

Cada historia es desgarradora.  Y cada historia está fuertemente vinculada al club, al barrio. Y es importante saber por qué esa gente dejó de venir a la cancha, porque esa gente dejó de transitar por los pasillos del club, de participar de las actividades. Otro caso es de un desaparecido que era jugador de vóley del club. Y no es porque se murieron o porque renunciaron a su condición de banfileños, sino porque fueron víctimas de algo atroz que ocurrió en este país.

-La restitución de los carnet es algo que tiene que ver no solo con una cuestión administrativa, sino que tiene que ver con, la memoria, la justicia y el respeto.

– Absolutamente. Y somos ejemplo no solo en Argentina, sino a nivel internacional. A nosotros nos han llamado de radios de Europa diciendo “¿Ustedes se dan cuenta que están cambiando la historia del derecho administrativo de Argentina?” O que un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de América, mande saludos al club Banfield y felicite por lo que se está haciendo. Creo que no se llega a tomar dimensión del camino que marca Banfield, que está claro que lo van a tener que hacer todos los clubes. No por obligación, sino porque se dan cuenta que evidentemente el yerro que se cometió en todas las instituciones fue muy grande.

Entrevista realizada en el programa de radio Todo Banfield de AM Estación Quince Cincuenta. Publicada originalmente en Lástima a nadie, maestro.

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Por Flor Arias y Canela Alvarez

Mirá la entrevista aquí: https://youtu.be/wUQ8HPY7kZI

Crónica completa aquí:

Es sábado por la tarde y la luz es perfecta para comenzar a filmar. Soledad espera en la vereda atenta y tranquila. Nos indica el acceso al lugar donde reside durante su estadía en Salta (ya que vive en España), atraviesa el portón y encara por un jardín verde y cuidado. Se sienta, su pelo es canoso, su sonrisa es medida y su tono de voz es muy cálido y pausado.

Una vez adentro extrae fotocopias con manuscritos de un folio. Son las cartas que su padre, Pablo Outes, le envió a ella, sus hermanos y a su abuela durante su prisión en Villa Las Rosas. Saca una carta al azar y es justo una que le envió a ella. Sin avisar comienza a leer: “Mi soledad querida, por cierto, la única soledad que quiero en el mundo sos vos. Tu hermana me comentó las razones por las cuales no pudiste venir a la visita, estás disculpada”, interrumpe la lectura y recuerda las razones por las cuales Pablo Outes le envió esa carta. “Es que esa semana estaba con la menstruación, y cuando estabas así no podías entrar, ni pasar por los cacheos, o manoseos mejor dicho, todo hubiera sido tan fácil con la existencia de los tampones y de esas cosas que hay ahora”, afirma y continúa su lectura hasta que llega a un momento donde su padre le explicaba que alguien le daría dinero para su viaje de egresados ya que por el año 76, Soledad estaba finalizando la secundaria.

“No quería que nos falte nada, quería que hagamos una vida normal, que podamos hacer lo que todos nuestros compañeros de bachillerato hacían. Una persona no puede estar presa en la cárcel con la angustia de no saber cómo viven los hijos, no solo sus hijos si no todos los hijos”. Durante el repaso por esas cartas, Soledad cambia de estados de ánimo, pero nunca pierde entereza y recuerda a Pablo como alguien que salía a comprar zapatos y volvía con las manos vacías porque le había regalado el par de calzados recién comprado a alguien que los necesitaba.

Pablo Outes tenía 48 años en julio del 76. Soledad en ese momento tenía 16 años, su hermana 14 y el menor alrededor de 8 años. Es decir, habían transitado juntos una infancia y gran parte de la adolescencia. Soledad recuerda que ya ocurrían cosas que alertaban a la familia de que algo podía llegar a pasar. También hace hincapié en que no se sabían las causas de la detención de su padre. “Fue encarcelado sin motivo, al momento de su detención no había una sentencia, no era como ahora que en 24 horas tienen la obligación de informarte los motivos por las cuales un familiar es demorado o detenido”.

“Los traslados eran parte de las torturas, de hecho una carta de mi padre decía que creía que estar en Rawson porque había gaviotas, mi padre se recorrió todos los penales del país. Con mi hermana lo visitamos siempre que pudimos cuando estuvo aquí en Villa las Rosas. Recuerdo perfectamente ese laberinto y que de las dos horas de visita hasta que pasábamos los controles y llegábamos no nos quedaba mucho tiempo. Estudiábamos de memoria los diarios para contarles a los internos que estaba pasando afuera, compartíamos mate, le llevábamos cigarrillos y estampillas para que pudiera seguir en contacto”.

Cuando se empezaron a oír versiones del fusilamiento en Palomitas, Soledad y su hermana no podían ver a su padre – ya que supuestamente lo habían trasladado-. El 25 de mayo fue la última visita que tuvieron los presos políticos de Villa Las Rosas. “Empezamos a preguntar a diputados nacionales, al médico de la cárcel, al capellán que era un cura y nadie sabía nada. Cuando pasaron los días, me enteré de todo porque lo publicaron los diarios, yo estaba en el viaje de egresados en Carlos Paz, así que la noticia la recibí acompañada de mis compañeros de colegio”.

Pablo Eliseo Outes militaba en el FRP y sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela. De regreso, el 2 de Noviembre de 1975, se presentó ante la Policía Federal a las 2.30 de la madrugada, en compañía de Ricardo Lona.

La investigación sobre el operativo de Palomitas da cuenta que se realizó con la participación de la policía provincial que apoyó la acción del robo de los vehículos que luego aparecieron incendiados y con resto de cuerpos en la escena. También tendrían la colaboración de personal penitenciario a cargo de Braulio Pérez que obscurecería el penal y permitiría el despliegue de militares sin insignias que los cargaron en un camión. Una operación combinada dirigida por el ejército al mando del capitán Hugo Cesar Espeche, con colaboración de la policía provincial y federal, el servicio penitenciario y tránsito.

Al llegar al paraje Palomitas los once presos políticos fueron obligados a descender del camión en que viajaban. Puestos en hilera frente a los alambrados de una finca que da a la ruta fueron ejecutados. A Outes le dispararon con una Itaka en el pecho a menos de un metro y medio de distancia, lo que impidió que las municiones se desperdigaran. La saña los animó a vaciar los cargadores de sus armas sobre el cuerpo de todas las víctimas. Circula una versión que dice que Pablo Outes antes de morir expresó que sus hijos no olvidarían este hecho y que vengarían su muerte.

Luego del fusilamiento Soledad emprende un exilio a España y recuerda que en sus últimos días en el país nadie se les acercaba a acompañarlos en el duelo o a brindarle apoyo. “Al mes del fusilamiento nos entregaron un ataúd cerrado con órdenes expresas de no abrirlo y de no denunciarlo, tuvimos un velorio muy íntimo y soportamos comentarios como ´algo habrán hecho´”.

En el repaso de su historia y de las cartas, Soledad propone recordar: “hay que recordar, en nuestro caso, porque lo haremos toda la vida y no podemos evitarlo. Y para que nunca más a ningún hijo le falte su padre de esta forma, para que nunca más un preso le falten cigarrillos, papel o estampillas, para que nunca más ajusticien a una persona de esa forma y sin una causa, para que nunca más trasladen a un preso lejos de su familia. Pero también hay que recordar para que se haga justicia y porque creo que de esta forma Argentina limpiará los cimientos una vez que se haga justicia, vamos a poder crecer con cimientos libres y sanos”.

Este 6 de julio se cumplen 43 años de la Masacre de Palomitas por lo que se realizará un acto en el paraje “Palomitas” sobre la ruta 34 donde familiares, amigos y militantes de derechos humanos homenajearán a las víctimas de este fusilamiento ocurrido durante el terrorismo de Estado. Se trata de 11 presos políticos cuyos nombres son: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Outes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger y Alberto Simón Zavarnsky.

La justicia a destiempo y sin memoria

Ricardo Lona aguarda en prisión domiciliaria el avance de los juicios donde fue considerado como partícipe necesario en los homicidios doblemente calificados de 11 presos políticos durante la denominada Masacre de Las Palomitas. En sus procesos el tribunal consideró acreditado que Lona “contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que los hechos aquí descriptos como delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores durante largos años” (sic).

La impunidad del momento le permitió al ex Juez Lona actuar “violando su posición de garante impuesta por la ley escrita” e “impuso un agravamiento del riesgo superlativo sobre el bien jurídico que él debía garantizar y proteger, la vida de los detenidos a su cargo, sobre los cuales su misión de juez le imponía obligaciones incumplidas que trajeron las consecuencias previsibles”.

Ya fueron varios los pedidos de los organismos de derechos humanos para que se aceleren los procesos de juzgamiento al ex juez Ricardo Lona. El juicio por la causa Palomitas aún no tiene fecha de inicio. En tanto, se espera que el caso por la causa Lona Ragone sea retomado el próximo 6 de agosto.

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Por Vivian Palmbaum / 

A pocos metros de la Casa Rosada, frente al Monumento a Belgrano, se recordaron los 42 años de la primera ronda, cuando las Madres se encontraron por primera vez para reclamar por la aparición de sus hijos e hijas. Se convirtieron desde entonces en protagonistas y símbolo de resistencia y coraje, en emblema para otras luchas en el mundo. Allí en ese mismo lugar, se realizó la conmemoración de este aniversario. Encabezaron la actividad Mirta Baraballe, Elia Espen y Nora Cortiñas, parte de esas mujeres que se enfrentaron a la dictadura ese 30 de abril de 1977.

Elia Espen es una de esas mujeres que se plantaron frente a la tiranía. Recordó: “los milicos nos decían circulen, circulen, y gracias a ellos comenzamos a circular”. “Acá estamos como una familia indestructible”, afirmó Mirta Baraballe, después de encontrarse cada jueves para marchar. Elia recordó a las Madres que ya no están y que “se fueron de este mundo sin poder saber nada de sus hijos (e hijas). Yo tuve la suerte de poder declarar”. “Aún recuerdo las palabras de mi hijo: Mamá, me repetía, no hay que abandonar la lucha”, rememoró Elia Espen, mientras expresaba que las y los jóvenes son el reemplazo en la búsqueda de la verdad. “No abandonen la lucha, por la memoria hay que seguir peleándola, las nuevas generaciones tienen que saber qué es lo que pasó y tiene que quedar en la historia semejante genocidio, son 30.000 que les quede a todos en la cabeza”.

Nora Cortiñas también recordó que tenían alrededor de 40 años de edad cuando tuvieron que salir a buscar a sus hijos e hijas. Apenas llegaba del Juicio por la Contraofensiva, mostró la actualidad de las luchas por la memoria, “escuchar a las hijas de los que no están, reivindicar a sus padres y a sus madres, que solo los conocieron por el relato de sus compañeros y compañeras. También fue enfática al expresar, “nosotras pedimos que se abran los archivos, queremos saber que pasó con las y los desparecidos. Ahora para confundirnos trajeron esos archivos de EE.UU. que hay 45 mil fojas. Te inundan de datos que no son los que buscamos, queremos saber qué pasó con cada uno de las y los desaparecidos, queremos que los jóvenes recuperen su identidad y en eso seguimos”.

La memoria hoy

“Ayer fue la máxima entrega de nuestro país, de la República, es lo más miserable, refiriéndose a la deuda externa y la entrega de la soberanía. Nos dicen que las Madres no tenemos que hablar de la deuda externa o de la política económica, como si Gustavo, mi hijo, o la hija de Mirta o Elia no tuvieran que ver con lo que fue el manejo de la deuda externa”, afirmó Nora Cortiñas. “Entonces es cuando una dice ´sí, me voy a meter´.  Sin embargo tiene que ver, esa entrega, con los sueños de los desaparecidos y las desaparecidas, de todos nosotros. Es un país para todos ustedes, no es un país entregado”, agregó.

A pocos metros, en el otro extremo de Plaza de Mayo, terminaba el acto de las centrales obreras, luego de un día de paro general convocado por el Frente Sindical y ambas CTA. Nora Cortiñas expresó, “No tenemos que tener miedo de hablar nosotras de política y economía, porque la política económica es terrorista, porque lleva la tristeza y la muerte y lleva a la destrucción del país. Es terrorista”.

Genocidio histórico 

Durante el acto que conmemoró los 42 años de lucha de Madres, también habló un integrante de la agrupación de familiares, “venimos luchando contra la impunidad de los genocidas y están pasando cosas muy graves”, en relación a lo que sucede en el ámbito judicial con las causas judiciales ligadas al terrorismo de Estado. “El juicio ESMA es un festival de domiciliarias y libertades. En esta cuarta parte del juicio, que se está desarrollando, el viernes el Tribunal dejó en libertad a uno de los acusados, Ferrari alias Pantera, un alto jefe de la inteligencia naval, que no será juzgado y se están entregando domiciliarias a varios imputados”. Además, hizo un llamado a acompañar con presencia efectiva los juicios, que es la única manera de ejercer algún tipo de presión, “los presionamos si salen en los diarios o si tenemos mayor presencia en los tribunales”, porque los jueces no quieren que se visibilice este accionar. “Necesitamos hacernos presentes en el tribunal para poder hacer presión, los invito, les pido ayuda para que estemos todos el lunes 6 a las 10 hs. en Comodoro Py para protestar por las libertades a estos genocidas”.

Una larga noche que a partir de marzo de 1976 puso a funcionar la maquinaria del terrorismo de Estado, con un aparato de alianzas entre civiles, militares y el clero para perseguir a quienes pudieran ser un obstáculo para implantar el neoliberalismo en nuestro país. Fueron 30 mil detenidas y detenidos desaparecidos, miles quienes pasaron por situaciones de detenciones forzadas seguidas de tortura. Se estima que unas 400 personas aún desconocen su identidad, porque fueron secuestradas y entregadas en el marco de un siniestro plan de entrega de niñas y niños.

Han pasado 42 años desde que las Madres se animaron a visibilizar una situación que fue sistemáticamente silenciada con la complicidad de una propaganda que le dio legitimidad desde los medios dominantes. Las complicidades civiles, eclesiales y mediáticas nunca fueron juzgadas, salvo unos pocos casos aislados. Hoy vuelven. La represión a la protesta social, la amenaza y detención política a opositores/ as, la persecución a trabajadores/ as, la estigmatización de sindicalistas, el aval del gobierno al gatillo fácil y a la justicia por mano propia, la transferencia de recursos a los bloques dominantes, la apropiación de la tierra, son solo algunas de las acciones que retornan desde ese triste pasado.

Tal como decía Osvaldo Bayer, este fenómeno hunde sus raíces en lo más profundo de la historia argentina, y por extensión de América Latina, la persecución del “otro” originario para apropiarse de los territorios para los grandes terratenientes. Eso está en la base de una historia que se repite. Primero conquista y colonización, luego la concentración de tierras en manos de la oligarquía terrateniente. “El Terrorismo de Estado de la década del setenta no haría sino potenciar hasta niveles desconocidos la violencia congénita del Estado”, fue una de las afirmaciones que no se cansó de repetir don Osvaldo.

“Teníamos alrededor de cuarenta años cuando tuvimos que empezar”, , afirmó Nora Cortiñas.

Hoy el tiempo parece aliado a una justicia que no termina de resolver las responsabilidades de genocidas y asesinos, en el contexto de la actual administración de un gobierno negacionista, que avala a represores. Muchos de los genocidas mueren impunes, porque no se han establecido sus responsabilidades. A 42 años de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, las Madres siguen diciendo: ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes!.

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