Por Vivian Palmbaum

Dícese de resistir: tolerar, aguantar, soportar, sufrir, encajar oponerse, rechazar, rehusar, negarse, rebatir, impugnar, desafiar, plantarse, rebelarse y la lista podría extenderse.

Más de 500 años llevan en resistencia los pueblos que preexistieron a la conquista y creación de los Estados nación. Somos Pacha mama, agua, tierra y sol, así lo viven las diferentes comunidades que encuentran su identidad en comunión con la tierra.  A pesar de estar reconocidos en nuestra Constitución Nacional continúan siendo maltratados, despojados, esclavizados y asesinados por la codicia que se alza desde la conquista y colonización de estas tierras.

Frente al Congreso, a pesar del hostigamiento de la Policía de la Ciudad, se realizó este encuentro. Para finalizar cada comunidad hizo oír sus palabras, “cuando muera el agua, muere la vida, decía un delegado de la comunidad kolla, mientras que una voz del pueblo quechua expresaba también la solidaridad con otros pueblos del mundo, “queremos decirle al rey que no necesitamos sus disculpas, que seguiremos la resistencia y que viva la resistencia palestina”, otra voz del pueblo kolla continuó, “nuestra temible arma es nuestro poncho, nuestro sombrero, la hoja de coca, esas son nuestras armas de lucha, porque los hijos de Abya Yala estamos firmes” entre otras expresiones que también se escucharon.

La resistencia cotidiana de entramados comunitarios en cada territorio, en esta oportunidad se dio cita, para visibilizar con cantos y bailes que finalizó con la marcha de la resistencia. A cada paso los sikuris, emblemas de las comunidades, fueron haciéndose oír en la caminata multicolor por el centro de la ciudad, con bombos y cantos, …cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, para resguardar una esencia que es semilla y es coraje que está dentro nuestro…

La memoria es el presente, de avasallamiento de los territorios ancestrales, de la represión continuada que desconoce otra cultura que no sea de la apropiación y el usufructo. El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) es hoy el nuevo nombre que da continuidad a este sistema de explotación que no reconoce límites para atentar contra la reproducción de la vida porque sin agua, sin tierra y sin sol no somos. Es esta cosmovisión del buen vivir que se resguarda desde cada tierra y por ello se cobra las vidas de quienes resisten. Cada 12 de octubre no hay nada que festejar sino mostrar la resistencia con el optimismo de la tierra que hace nacer algo nuevo con la introducción de la semilla. 

Foto: Colectiva Luan | Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

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Técnicamente, el RIGI implica la creación de un ámbito extraordinario de grandes privilegios para actores
y sectores económicos muy acotados y selectos, y que ya de por sí ostentan una clara posición dominante
de mercado y condiciones objetivas de incidencia no-democrática sobre las decisiones estatales. La
fórmula es: más incentivos para una mayor concentración (económica y de poder).

Producto de la “división internacional del trabajo heredada” desde la Colonia, los sectores económicos
más poderosos son los históricamente vinculados a la explotación de las riquezas naturales de nuestra
geografía. Desde los cueros, el tasajo y la lana a la soja transgénica, la minería a gran escala y los
hidrocarburos no convencionales, del siglo XIX al siglo XXI, la economía del país se ha estructurado sobre
cuadrículas mono-exportadoras de materias primas sujetas al control económico, comercial, tecnológico
y financiero de grandes capitales transnacionales. Los grandes beneficiarios del RIGI son esas mismas
grandes corporaciones del agronegocio, la minería y los hidrocarburos con posiciones oligopólicas en el
mercado mundial y más aún en el interno. Hablamos de tres sectores que concentran el 90 % de las
exportaciones y que están bajo el control de las 200 firmas más grandes que operan en el país; entre ellas, las 50 primeras controlan el 70 % de los saldos comerciales (Cantamutto y Schorr, 2021).

El extractivismo no es una categoría apenas “ambientalista”; es un concepto ecológico-político. Alude a un patrón de poder basado en la concentración oligárquica del control y la capacidad de disposición sobre las energías vitales (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad y fuerza de trabajo) de poblaciones y territorios. Los efectos del extractivismo no sólo tienen que ver con la degradación sistemática de los ecosistemas (que son la base indispensable de la vida); conlleva gravosas consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas. El extractivismo está en la raíz estructural del histórico déficit democrático de nuestra sociedad. Por definición, a mayor concentración de poder, menos democracia. A mayores privilegios, menos derechos.

La (i)racionalidad económica: dólares para hoy; fuga y más deuda para mañana.

Los únicos argumentos esgrimidos para justificar la imposición del RIGI remiten a la doble “necesidad y
urgencia”: de dólares (para pagar las obligaciones externas) y de ingresos fiscales (para presuntamente
controlar la inflación). Esto último raya en lo absurdo y menosprecia la inteligencia de la ciudadanía: lo
que el RIGI de hecho va a crear es un fabuloso entorno de rentabilidad extraordinaria garantizada por la
ecuación fiscal de privilegio que el Estado concede a “grandes inversionistas”. Con esa ecuación, a mayor
actividad económica, no sólo tendremos menos ingresos fiscales en general, sino también mayor
inequidad tributaria: los más grandes pagarán (mucho) menos y el peso fiscal del aparato burocrático
recaerá sobre el resto de la sociedad; y, más que proporcionalmente, sobre los sectores de consumos
básicos.

Ya los subsidios y exenciones fiscales que usufructúan mineras, petroleras y empresas del complejo agro-exportador son inadmisibles y, en lugar de quitarlos, el RIGI viene a ampliarlos. Sólo lo que el Estado dejó de percibir por las exenciones fiscales impuestas por la Ley de Inversiones Mineras fue de 14.563 millones de pesos en el 2022; 28.852 millones en el 2023, y 55.560 millones, según la previsión presupuestaria oficial para el 2024.

La “necesidad de divisas” tampoco es un argumento sostenible. El RIGI extiende y garantiza los
mecanismos de transferencia de divisas que disponen los grandes exportadores: no sólo les otorga la libre disponibilidad de divisas de sus exportaciones (20 % en el primer año; 40 % en el segundo y 100 % en el tercero) sino que deja abierta la puerta para la evasión fiscal y transferencia de excedentes a través de operaciones intra-firma, como los casos de pagos de intereses por créditos que las empresas toman de
sus propias casas matrices y los casos de sobre-facturación de importaciones y/o subfacturación de
exportaciones. Esto es (o debería serlo) ampliamente conocido por los legisladores de la Provincia de
Catamarca, con el antecedente flagrante de evasión fiscal y fuga de capitales comprobada por la AFIP y la Justicia respecto a la Minera Livent (8 millones de dólares en 2018/2019 y más de 13,5 millones de dólares en 2022/2023).

En definitiva, los dólares que ingresen hoy por los “incentivos” del RIGI serán los que alimenten la fuga, la escasez de divisas y la deuda externa de mañana. El ciclo de ingreso especulativo de capitales, crecimiento con endeudamiento, crisis de Balanza de Pagos y nuevas concesiones para realimentar la expansión de la frontera extractivista con nuevos umbrales de concentración económica y pauperización social, es lo que resume la historia de la deuda externa y los flujos de capitales, desde la dictadura a estos cuarenta años de democracia.

Desmantelamiento del tejido productivo y polarización social

La economía política del extractivismo no sólo involucra una espiral de concentración económica. Supone
también una escalada creciente de sobre-simplificación y uniformización de la diversidad biológica, sociocultural y económica de los territorios para reconfigurarlos como grandes plataformas monoculturales de exportación de materias primas. La reprimarización de la matriz productiva y socioterritorial del país fue de la mano del desmantelamiento de las capacidades tecnológicas productivas endógenas, el correlativo deterioro cuantitativo y cualitativo de empleos y salarios; por tanto, de niveles crecientes de fragmentación laboral, dispersión salarial, precarización y pauperización generalizada de la fuerza de trabajo.

A medida que la riqueza geográfica y sociocultural del país se fue transformando en un desierto de soja,
“open pits” y “triángulos del litio”, fracking y gasoductos, el deterioro productivo se convierte en fractura
social. La reprimarizacion de la economía implica un crecimiento estructural de las brechas de desigualdad entre estratos sociales. La concentración económica se traduce en una estructura de clases con minorías cada vez más selectas y cerradas en privilegios patrimoniales de un lado, y, del otro, amplias mayorías libradas a las fuerzas de mercado de la precariedad, la informalidad y salarios por debajo de la línea de pobreza.

Hace más de setenta años -desde Prebisch y Germani, Frank, Cardoso, Furtado, Quijano y una larga y
diversa lista de investigaciones clásicas-, las ciencias sociales latinoamericanas han revelado que el
crecimiento primario-exportador significa el desarrollo del subdesarrollo. Esperar en el siglo XXI que una
fórmula del siglo XIX produzca resultados diferentes, es de una necedad absoluta. Insistir en el “derrame”
no es un argumento que se pueda sostener de buena fe. Una vez más, en Catamarca pasó Alumbrera y la pobreza quedó. Quedó también el open pit, el dique de colas y unos pocos que se enriquecieron espuriamente. La pobreza estructural quedó. Y se profundizó.

No es verdad que las únicas que se benefician con el RIGI son las grandes empresas transnacionales,
aunque sí es cierto que son las principales ganadoras. Junto a ellas, los serviles grupos de poder internos
que hacen sus negocios con tercerizaciones, intermediaciones comerciales, legislativas y políticas,
especulaciones inmobiliarias y financieras, y otros servicios anexos, son también beneficiarios del régimen de privilegios. Por eso, en última instancia, también votan por su sanción.

La ecuación política del RIGI: privilegios para inversores, desprotección para las poblaciones

De Martínez de Hoz a Milei, asistimos a una drástica reconfiguración oligárquica de la sociedad argentina. Cada nueva oleada de transferencia estatal de privilegios a sectores privados ha significado concomitantemente la degradación del sistema republicano de justicia y gobierno. Eso alimenta una crisis crónica de representatividad y el vaciamiento de la legitimidad política. El sistema político se muestra crecientemente incapaz de ofrecer y construir un rumbo histórico, democrático y viable como Nación.

La expansión y profundización de la frontera extractivista está asfixiando las aspiraciones y condiciones
más elementales de una sociedad democrática. No sólo explica el ciclo de endeudamiento y pauperización. Se trata de la “captura del Estado” por parte de actores y sectores dominantes con capacidad de meta-regulación y hasta poder de veto sobre las políticas públicas (Schorr, 2023). En esa escalada, el RIGI constituye un paso extremo hacia la radicalización del déficit democrático. El blindaje de privilegios de los “inversores” tiene como contracara el desmantelamiento de los derechos constitucionales más elementales. Estamos ante un nuevo régimen político de facto, que subordina la ciudadanía al imperio del “inversor”.

El blindaje de privilegios para inversores incluye la renuncia de la propia potestad legislativa para el propio Estado y la denegación de la competencia federal de las provincias. Supone incluso, la propia renuncia a los fueros judiciales propios. Ninguna ley, ni nacional ni provincial podría contradecir ni interferir con las concesiones otorgadas por el RIGI (Art. 163 del Proyecto de Ley Bases). Ningún juez ni fuero del sistema judicial del país podría juzgar o intervenir sobre los titulares beneficiarios del RIGI; cualquier demanda se debe plantear ante instancias de Arbitraje Internacional (CIADI) (Art. 219). Por fin, el RIGI otorga a los inversores prioridad sobre la propia población respecto al suministro, transporte y procesamiento de los insumos para sus proyectos, lo que incluye agua, energía, infraestructuras, servicios públicos, etc. (Art. 191). Se trata, por tanto, de un régimen de transferencias no sólo de riquezas financieras, sino ya de impunidad y de poder de disposición sobre los territorios.

Espiral extractivista y deriva neocolonial

En un mundo atravesado por múltiples tensiones y soterradas confrontaciones geoeconómicas y geopolíticas, donde grandes capitales y grandes potencias se disputan lo que para ellos son “recursos
estratégicos” frente a las múltiples dimensiones de la crisis material, económica y social de un planeta esquilmado, las élites que nos gobiernan han socavado al extremo las bases materiales de la soberanía
política.

La espiral extractivista seguida por la economía argentina desde la dictadura hasta nuestros días, nos ha convertido en un país crecientemente dependiente, vulnerable y a la deriva, sujeto a los intereses de
grandes potencias y grandes conglomerados corporativos del capital. En ese curso, el RIGI representa un
salto de escala extremo y temerario: de Menem a Milei, la entrega fue de la dilapidación y desguace del
capital público vía privatizaciones, a la lisa y llana entrega del territorio como la base más fundamental
del patrimonio público común.

Ante un mundo asediado por las amenazas de guerras por “recursos”, frente a escenarios de crisis
energética y alimentaria, de escasez hídrica, de minerales y de nutrientes, las exorbitantes cuotas de
poder concedidos a los “inversores” para disponer a su antojo de los bienes territoriales del país, nos
coloca en una situación de dependencia y vulnerabilidad extrema; en el umbral de la propia inviabilidad
como país.

Necedad extractivista y ceguera financiera frente al valor de lo real

Por último, pero en primer orden de gravedad: la férrea continuidad del modelo extractivista ha
acentuado la devastación ecológica de los territorios, los procesos de retracción y erosión de la
sociobiodiversidad, y las dinámicas de contaminación, desplazamiento y conflictividad socioambiental.
En un contexto en el que las alteraciones de los equilibrios biosféricos están dando pasos a crecientes y
sucesivos eventos catastróficos y de colapsos locales y regionales, donde la lógica de “explotación de
recursos” está sobrepasando los límites planetarios de bioseguridad humana, el RIGI viene a intensificar
y acelerar la destrucción de territorios habitados. Coloca al país como una zona liberada para el saqueo,
la explotación y la contaminación a gran escala. Mientras la geografía del país se convierte en plataforma
de transferencia de subsidios ecológicos hacia grandes potencias, las poblaciones locales quedan
absolutamente desprotegidas y a merced de “los inversores” (FARN, 2024).

Lo que precisamos es justamente todo lo contrario: cambiar de rumbo radicalmente y re-orientar las
economías hacia el resguardo y el sustento de las poblaciones. La explotación con exclusivos criterios de rentabilidad financiera de los bienes naturales que sustentan la vida (aguas, fuentes de energía, diversidad biológica y genética, minerales, bosques) va absolutamente a contramano del rumbo geológico que -como país y como especie- debiéramos seguir ante el estado crítico de la vida terráquea.

¿Cuánto vale un río, un humedal, en una provincia árida, en tiempos de crisis climática y calentamiento
global? La necedad extractivista ni se lo pregunta. Su ceguera financiera les impide ver el valor de lo real. Su cortoplacismo es socialmente suicida. ¿Cuánto vale un río? No es apenas una pregunta retórica. El presidente Milei ha dicho que, hoy por hoy, no vale nada; y aunque no tenga razón, está en lo cierto. En
una provincia como la nuestra, la transnacional Livent ha secado impunemente una vega principal del río
Trapiche, fundamental para les habitantes de Antofagasta; no sólo eso, continúa operando y ha ampliado
su explotación. ¿Cuánto vale un río?, es una pregunta que revela la desnudez jurídica de las poblaciones;
la vida al desamparo de los nuevos territorios a ser sacrificados en el altar del “progreso”.

* Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur. (IRES, CONICET-UNCA)

Referencias:

Cantamutto, F. y Schorr, M. (2021) “Argentina: las aporías del neodesarrollismo”. https://nuso.org/articulo/argentina-las-aporias-del-neodesarrollismo/
Schorr, M. (2023) “Democracia, economía y captura del Estado”. https://nuso.org/articulo/308-democracia-economia-captura-del-estado/
FARN (2024) “Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente”. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/FARN_RIGI.pdf

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Por Victoria Fernández Almeida* | Fotos: Susi Maresca **

Tanto el proceso de reforma, como la Ley institucionalizan el saqueo y el extractivismo, refuerzan y doblan la apuesta sobre el andamiaje jurídico que se consolidó en los 90 con la modificación del código minero y las leyes mineras. 

El 2023 marcó la vida institucional de la provincia de Jujuy, se desarrolló un proceso de Reforma Constitucional que fue ampliamente denunciado y objetado, por sectores gremiales, indígenas, por mujeres, disidencias y población en general. Las instancias de participación fueron restringidas a sectores afines al oficialismo y fueron meramente declarativas. De manera reiterada se votó en las sesiones de comisiones de que no se diera voz a quienes se acercaban “por una cuestión de tiempos”, alegando que dar espacio para que se manifiesten sólo retrasaría los tiempos de sesión de la convencional. 

Cumplieron con un marco mínimo de legalidad que suele ser una práctica de los gobiernos de tinte autoritario, justificar decisiones políticas con marcos legales que no han sido consensuados democráticamente. Tenían una Ley de necesidad de reforma, tuvieron elecciones de convencionales constituyentes y una convencional sesionando, pero sin un pueblo que avale esta reconfiguración del texto constitucional, siendo claros signos de prácticas antidemocráticas. Durante los dos mandatos el oficialismo jujeño construyó marcos institucionales que fueron el sostén de estas decisiones. 

En el marco del texto constitucional reformado debemos poner especial atención a las reformas introducidas que impactan en lo ambiental. Es diversa y de alguna forma explican ciertos movimientos y acuerdos que está haciendo el gobierno de la provincia de Jujuy actualmente. Señalamos dos puntos para analizar con atención: 

Primero se modificó el artículo 22, titulado de Derecho al ambiente , en el mismo se elimina el inc. 2 que antes disponía como una obligación del estado provincial “eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello que de algún modo afecte o pudiere afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad”, al cual reemplazó por el actual artículo 22 que si bien consagra el derecho de todos los habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de cuidarlo y protegerlo, ya no menciona la obligación de evitar el daño ambiental sino sólo que él mismo “genera la obligación de recomponer, reparar e indemnizar, según lo establezca la ley” (nuevo art. 22 inc. 2).

Esto en la práctica implicaría la omisión por parte del estado provincial de medidas tendientes a prevenir daños ambientales derivados de diversas actividades y un ir en contra de lo dispuesto en la normativa nacional, tanto del artículo 41 de la Constitución Nacional como de lo consagrado en la Ley General del Ambiente. 

Esta modificación da por sentado un daño y solo dispone las obligaciones luego de producido el daño, cuando sabemos que ciertos daños ambientales no pueden ser reparados, recompuestos y que no hay indemnización que cubra los costos de estos. Pensemos en las zonas de la quebrada en Jujuy, que sufre estrés hídrico, y cuando un acuífero que provee agua a las poblaciones se seca, la recomposición de ese acuífero puede demorar la vida de una persona: no hay indemnización que pague semejante daño. 

En el mismo artículo señala que “El Estado impulsa vínculos cooperativos con la sociedad y con los sectores público, privado y académico para fortalecer abordajes que promuevan el derecho a un ambiente sano y equilibrado, favoreciendo la gobernanza ambiental multinivel, intersectorial y multidisciplinaria” (nuevo artículo 22, inc 5 y 6), estas disposiciones, en este contexto donde la consulta libre, previa e informada y el consentimiento no son garantizados de manera plena, resulta un peligro para las comunidades indígenas locales. Estamos frente a un entramado que busca no sólo garantizar los minerales para las empresas sino que también el manejo del agua. 

Estas modificaciones no son casuales ya que entró en escena en las últimas semanas Mekorot empresa pública israelí de agua, la cual se presenta como empresa líder mundial y que ha posicionado a Israel como potencia hídrica en la OCDE. “El agua es nuestro negocio” dice en la presentación de su página web. 

En cuanto a la incorporación del CAPÍTULO QUINTO denominado NUEVAS DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, aquí se incorpora el artículo 68 que ratifica el dominio de los recursos naturales contenido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, y no solo menciona sobre el aprovechamiento sostenible sino sobre el aprovechamiento económico de esos recursos. Esto sumado a lo contenido en el artículo 69 sobre energías renovables, algo que a todas luces puede resultar necesario en el actual contexto de crisis climática, también puede ser un andamiaje para garantizar el saqueo y la apertura indiscriminada de empresas que depredan los bienes comunes, siendo el estado provincial un granate de estas políticas pro mercado. 

Podemos decir entonces que la reforma constitucionalizó a nivel local el extractivismo, porque estando en Jujuy sabemos que cuando hablamos de recursos naturales y estratégicos nos estamos refiriendo exclusivamente al litio. Aquel mineral que se presenta como un eslabón necesario para transicionar hacia energías renovable y abandonar los combustibles fósiles, en los territorios en su mayoría comunitarios donde se encuentra, su extracción deja innumerables daños, no solo ambientales, sino humanos, ya que volviendo al ejemplo anterior, en una zona de stress hídrico cuando las fuentes que proveen agua se sequen, las poblaciones tendrán que migrar a otras zonas de la provincia.

Muchos análisis se han hecho de la ley bases y del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) y de las implicancias ambientales de esta apertura indiscriminada a grandes empresas. Este régimen promueve la institucionalización del extractivismo, redoblando la apuesta de la normativa nacional sancionada en los 90, transformaciones legislativas que por un lado, limitan la capacidad del Estado para explotar minerales a partir de la modificación del artículo 9 del Código de Minería, y por otro a partir de la actualización de la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 se equiparan los inversionistas nacionales y extranjeros. Por otro lado con la Reforma Constitucional Nacional en 1994, y la incorporación del artículo 124 mediante el cual se determina que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Ante esto nos preguntamos, ¿Es La Rioja la próxima provincia en reforzar andamiajes jurídicos extractivos a través del actual procesos de reforma constitucional que está llevando adelante? ¿Es el reconocimiento del derecho humano al agua una garantía para para todas, o solo para las grandes inversiones?

* Coordinadora del área DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales) de ANDHES. Abogada, investigadora becaria del CONICET

**Proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: voces del agua”

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Por Susi Maresca y Camila Parodi desde Catamarca *

Llegar al Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, no es nada fácil. Además de los 647 kilómetros que lo distancian de la capital de Catamarca y sus más de 4000 metros de altura, la minería de litio intenta convertirlo en un territorio oculto. Nueve empresas extranjeras se desplazan libremente por la zona para ejecutar diferentes proyectos de exploración y explotación del «oro blanco». Se trata de uno de los vectores energéticos más codiciados por los países del Norte Global que, como la mayoría de las actividades extractivistas, tiene su lado oculto.

El salar ocupa más de 600 kilómetros cuadrados y cuenta con una larga historia de familias que lo habitan desde antaño. Se trata de un territorio que fue heredado por al menos seis generaciones que integran la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. De hecho el nombre fue creado por el bisabuelo de quien hoy es cacique de la comunidad, Román Guitián. “El hombre muerto” refiere a una tumba encontrada en el medio del salar a principios del siglo XX cuando la familia se asentó con sus animales. Hoy, el cementerio ancestral se encuentra intervenido por una de las tantas rutas alternativas que las empresas mineras trazaron sobre el territorio.

Nos acercamos al salar tras el llamado que la comunidad le hizo a la Asamblea PUCARA (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), una organización que nuclea a las diferentes asambleas territoriales y que las acompaña en sus denuncias. Allí, la familia Condorí está preocupada. Denuncia cómo la empresa Livent continúa avanzando sobre sus tierras. A finales de 2022, la única hermana mujer de la familia falleció por un cáncer que se presentó de manera abrupta y sin que obtuvieran explicaciones claras de parte del hospital. Si bien las causas no están esclarecidas, su muerte despertó una nueva alarma en la familia: “Ya no es con la tierra, ahora se están metiendo con la vida”, se lamentan.

Un lugar oculto

La familia Condorí ya había denunciado años atrás la seca de la vega del río Trapiche que rodea su casa. Allí Livent improvisó un dique para tomar el agua y redirigirla a la planta utilizando unos 650 mil metros cúbicos de agua por hora. “Al secar la vega, nos quedamos con menos animales; eso ya está perdido”, denuncia Camilo. Ahora deben caminar más de diez kilómetros para alimentarlos. Acotan algo más: la empresa también colocó portones y candados para prohibir la circulación de manera libre por sus propias tierras. 

Desde hace cuatro años Camilo siente malestar. Tiene recaídas, problemas cardíacos y la irritación de sus ojos es permanente. Aun así, no imagina la vida en otro lugar. “Ni siquiera elige bajar a la villa cuando llega el tiempo de las heladas”, aclara su hermano.

Tanto las obras de vialidad como la construcción de las instituciones de la zona son realizadas de manera “conjunta” entre el Estado local y Livent a través de fideicomisos.  La ruta provincial 43 funciona como un corredor de camiones, máquinas y camionetas al ritmo de una autopista. Incluso cuentan con una pista de aterrizaje de uso cotidiano para el personal. Buscan “la optimización del trabajo”. Como parte de la estrategia, otorgan una “beca” de entre 6 mil y 20 mil pesos. Según las organizaciones, es un intento para “silenciar” a las familias que necesitan del dinero al perder sus recursos económicos de tierras y animales tras la falta de agua en la zona.

Si bien el litio es removido en el yacimiento y luego direccionado a la planta de producción de carbonato de litio, los residuos químicos desechados en la planta del salar viajan 450 kilómetros hacia General Güemes (Salta), donde funciona la planta procesadora.

La producción del cloruro de litio (utilizado por ejemplo en la fabricación de baterías eléctricas recargables) emplea el uso de químicos como el ácido clorhídrico y la soda cáustica que junto a sus desechos son trasladados dentro de barriles en camiones que atraviesan los caminos sinuosos del salar. “Deben ser muy peligrosos porque los usan con guantes y trajes especiales”, explica uno de los puesteros que vive a metros de la planta.

El día previo a la visita, un camión volcó a 15 kilómetros del yacimiento. Produjo un derrame de al menos 20 mil litros de un ácido aún no esclarecido. “El agua nunca fue de este color –remarca el cacique Román Guitián–. Durante las mañanas tiene vapor, por eso decimos que está contaminada”.

Ya seca la vega del Trapiche, la empresa pretende continuar con un acueducto por el río Los Patos, de mayor caudal. Patricia Marconi, bióloga integrante de la Fundación Yuchán y del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, explica: “Los Patos es una cuenca particularmente importante ya que tiene la mayor biodiversidad que podemos encontrar en la zona alto andina por encima de los 3500 metros en la provincia de Catamarca. Tiene un extraordinario valor porque hay todo un conjunto de humedales asociados al Salar del Hombre Muerto donde la subcuenca del río Los Patos es importantísima. Se trata del río más caudaloso e importante del altiplano de Catamarca”.

El actual camino donde se traza el proyecto del acueducto (por el que se planea extraer millones de litros de agua por día) es sobre la huella que utilizaba la comunidad para pescar y buscar los animales. “Allí vivieron mis ancestros toda la vida, son más de cinco generaciones habitando el mismo territorio”, explica Guitián.

Hay “efectos colaterales” no previstos por las autoridades. Desde que comenzó la minería de litio en el salar, se redujeron y degeneraron las truchas del río: “Ya no son las mismas de antes –agrega Guitián–, ahora tienen menos sabor y son más chicas, incluso se han perdido algunas de las especies como la trucha salmonada que casi no hay más”.

Los verdaderos oasis del Altiplano

El del Hombre Muerto, como cualquiera de los salares altoandinos, funciona como un humedal para el sostenimiento de la vida de la puna, ya que conserva el agua de manera subterránea. En palabras de Patricia Marconi, bióloga integrante del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos, son “ecosistemas muy particulares ya que se encuentran en una transición entre terrestres y acuáticos”.

«Los humedales son los verdaderos oasis del altiplano y de ellos depende toda la forma de vida”, acota. Por la particularidad del altiplano, “este tipo de cuencas están cerradas, ya que confluyen todas las aguas que escurren o que se infiltran desde los niveles subterráneos”.

En los ambientes del Altiplano, el agua que sale por evaporación del sistema natural es 9 veces más que el agua que se precipita. “El agua se va concentrando, evaporando y depositando en las sales. Los salares pueden inundarse en los períodos de lluvias, así como concentrarse en una costra blanca y dura durante el invierno”. En el caso de la minería de litio, denuncia que se realiza directamente sobre este tipo de humedales porque de ellos depende la existencia de acuíferos para la extracción de la salmuera: “la minería de litio insume entre 300 mil y 500 mil metros cúbicos anuales por tonelada de litio producido. Son volúmenes enormes que, en el caso del Altiplano, provienen fundamentalmente de agua subterránea y se trata de un recurso no renovable”.

Suyay: un espacio cultural de resistencia

Elizabeth Mamaní y Patricia Reynoso integran la Comunidad originaria Atacameños del Altiplano. Juntas crearon un espacio cultural orientado al turismo. Suyay, que significa “esperanza”, surgió tras una experiencia sostenida de cortes de ruta «en contra del desastre, la sequía y la destrucción ambiental que empezamos a ver en nuestro territorio”, explica Elizabeth.

Por participar de los cortes, Patricia Reynoso fue acusada y sumariada en su trabajo como docente de educación física. La sacaron del cargo y le quitaron el sueldo justo antes del comienzo de la pandemia.

Señalada por gran parte del pueblo que trabajaba para la minera y el gobierno, sintió el impulso de crear Suyay: “Nos unió el dolor”, recuerda Elizabeth quien hoy disfruta de cocinar platos regionales y combinar los diferentes alimentos de la puna. “Por llevar ese título de  ‘antimineras’ nadie nos quería alquilar”, recuerdan. Finalmente, ya con lugar, Suyay en un lugar de referencia donde trabajan al menos diez jóvenes, en su mayoría mujeres, y reciben a decenas de turistas por semana. “Suyay es una forma de resistencia. Entre el plato que se sirve y la receta que se comparte con el turismo, encontramos una forma de hablar de la lucha contra la minera; lo que pasa en los salares, que de afuera no se ve, y la importancia de defender nuestros territorios. Sobre todo, el agua”.

* Publicada originalmente en Tiempo Argentino

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Los impactos ambientales negativos más frecuentes, y que según las organizaciones constituyen un patrón de los proyectos chinos, son la contaminación del agua y el aire, los incumplimientos de la consulta previa y libre de los pueblos indígenas, así como la respuesta represiva a las comunidades que protestan.

Por David Tarazona *

Las empresas chinas invirtieron cerca de 172 000 millones de dólares en América Latina entre 2010 y 2016, según una investigación académica. Además, han construido 200 proyectos de infraestructura en veinte países de la región. Estas cifras aumentarán en los próximos años si se cumplen las proyecciones que estiman que para 2035 se duplique el comercio entre el país asiático y la región latinoamericana, de acuerdo con los datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

Estos resultados son solo una cara de la moneda. El otro lado muestra cómo varias empresas de capital chino no respetan los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos, de acuerdo con el informe “China: derechos humanos y actividades empresariales en América Latina”, publicado en febrero de 2023 por un colectivo de organizaciones no gubernamentales.

Estas organizaciones realizaron el informe para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuviera conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales que provocan algunos de los proyectos chinos que se establecen en América Latina, en el marco de una revisión periódica que hace el organismo internacional a los firmantes del tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos China, con el objetivo de dar recomendaciones en materia de derechos humanos.

Aunque el comité de la ONU no tiene herramientas para castigar a China o los demás países, sí puede generar una discusión constructiva para que las naciones acojan de manera voluntaria las sugerencias. De hecho, en su sesión de marzo de 2023, este organismo emitió sus más recientes recomendaciones al país asiático. Entre estas, le pidió a este país garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior, como exigían las organizaciones que realizaron el informe sobre las actividades empresariales chinas en América Latina.

Las organizaciones que elaboraron el documento —entre ellas la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)— hallaron poco más de una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países, entre estos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.

Uno de los hallazgos del informe es que los proyectos analizados afectan el medio ambiente. “Estos proyectos están en ecosistemas frágiles, como los son las zonas de humedales Ramsar, en áreas protegidas claves para la sostenibilidad del clima global o declaradas zonas patrimonio de la UNESCO”, denuncia Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de incidencia en Amazon Watch, una de las organizaciones miembro del CICDHA firmante del informe.

CICDHA y las demás organizaciones seleccionaron los casos después de un monitoreo de más de cinco años de las inversiones chinas en la región. Su informe se nutre, sobre todo, de las denuncias de comunidades afectadas.

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Afectaciones a pueblos indígenas y daños ambientales

El análisis realizado por las organizaciones encontró que los proyectos han tenido un impacto negativo en ecosistemas frágiles. Tres proyectos impactan a la Amazonía, tres a áreas protegidas y uno a un sitio patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Todos los proyectos presentan un impacto significativo en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, como resultado de la deforestación y la contaminación del aire y del agua, lo que compromete la soberanía alimentaria y el acceso al agua de comunidades aledañas y pueblos indígenas”, dice el informe.

De los tres proyectos desarrollados en Ecuador, dos son mineros y uno de hidrocarburos. Todos están en la cuenca amazónica de este país. Según el informe, “solo el proyecto minero Mirador impacta al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran 4000 especies de plantas y hasta 400 especies de algas”. Por ejemplo, en el proyecto Mirador —operado por la compañía china Tongguan con financiación de seis bancos chinos— se deforestaron, al menos, 1300 hectáreas, según el informe.

Sofía Jarrín Hidalgo comentó que los tres proyectos chinos en la Amazonía ecuatoriana tienen problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado. Por ejemplo, al pueblo shuar arutam, a fines de 2022 la Corte Constitucional le reconoció la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto minero de cobre San Carlos-Panantza —desarrollado por la china Tongguan con dineros de, al menos, cinco bancos chinos, incluido el Banco de Desarrollo de China— ordenando dejar sin efecto la licencia ambiental. “Pese a eso, el gobierno ecuatoriano sigue promoviendo el proyecto en publicidad radial a nivel local y promoviendo espacios de socialización”, dijo Jarrín Hidalgo.

El informe también resalta que hay proyectos de capital chino desarrollados en áreas protegidas. Uno de estos espacios es la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador —que cuenta con categoría de protección ambiental Ramsar— impactada por el proyecto campo petrolero Ishpingo, el cual  “se sitúa en un humedal de importancia mundial, con 1500 especies de plantas, 600 de aves y 178 de mamíferos”, incluyendo algunos amenazados como el manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y delfines de río o toninas (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Allí, además, habitan los pueblos indígenas cofán, kichwa, huaorani, shuar, secoyas y sionas.

Otros proyectos que, según el informe, afectan especies de flora y fauna protegidas son la planta de procesamiento de salmón Dumestre de la firma china Joyvio en Chile, y la hidroeléctrica Santa Cruz, en Argentina —adjudicada a un consorcio que incluye a la china China Gezhouba Group Company Ltd y financiada por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercio de China y el Banco de China—  así como la hidroeléctrica Ivirizu, en Bolivia.

Sobre la hidroeléctrica Ivirizu, operada por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd, Mongabay Latam habló con Franco Albarracin, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización que participó del informe. “El proyecto afectará varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. Se estima la existencia de más de 3000 especies de plantas, de las cuales solo 614 han sido registradas en la zona. Entre las más notables están los bosques de queñua (Polylepis), huaycha (Weinmannia boliviana) y nogal (Juglans)”, dice Albarracin.

Y agrega que “la deforestación (proyectada) de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre”. En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores, entre los que destacan el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) el venado andino (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca) y el gato andino (Leopardus jacobita). También hay más de 700 diferentes tipos de aves. La especie en mayor peligro de extinción es la rana yuracare (Telmatobius yuracare).

Además, denuncia que las vías del proyecto han fomentado el ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco y las comunidades indígenas de la zona. También denuncia que la empresa Sinohydro, encargada del proyecto, subcontrata a 120 de los trabajadores y que la compañía no entrega información a la comunidad.

El informe también menciona los campos petroleros Junín y Ayacucho, en Venezuela, al considerar que afectan un humedal y al río Orinoco. Estos campos hacen parte del proyecto Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco operados por la compañía China National

Petroleum Corporation con financiación del Banco de Desarrollo de China. El reporte también habla de un proyecto minero en Buriticá, Colombia, que afecta el bosque seco tropical en la región del río Cauca, zona que ya ha perdido 66 % de sus bosques entre 1957 y 1986.

El agua ha sido uno de los recursos más impactados, según el documento. “En el caso del mega complejo industrial de la Planta Dumestre, en Chile, se redujo la disponibilidad de agua para comunidades vecinas en 12 000 litros; en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) dichas restricciones han generado protestas”, describe.

El recurso hídrico ha sido contaminado en seis casos, según la denuncia de las organizaciones. Por ejemplo, el proyecto minero Buriticá en Colombia —de la empresa china Zijin-Continental Group— está generando un vertimiento de aguas servidas y está usando cianuro, de acuerdo al informe.

El proyecto Orinoco en Venezuela ha tenido derrames petroleros, mientras que el sistema de drenaje y vertimiento de depósitos en la mina Toromocho en Perú —de la compañía Aluminum Corporation of China con dineros del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China— también afecta la calidad del agua, dice la investigación.

Además, las organizaciones alertan del riesgo de derrame de contaminantes en caso de ruptura del proyecto minero Mirador en Ecuador.

Las organizaciones ISHR y CICDHA mencionan el caso de la planta Dumestre en Chile por contaminación del agua con desechos de antibióticos y residuos, así como el del proyecto hidroeléctrico São Manuel en Brasil —operado por un consorcio de empresas públicas y privadas, entre ellas la China Three Gorges y con financiación del Banco de Desarrollo de China— que afecta fuentes de agua. Adicionalmente, denuncian la contaminación del aire ocasionada por proyectos ubicados en Colombia, Chile y Perú.

Raphaël Viana David, responsable de incidencia para China y América Latina en el International Service for Human Rights, además de ser uno de los autores del reporte comentó este hallazgo. “Hay afectaciones al derecho al agua y a la soberanía alimentaria. Hay casos de contaminación del aire, del agua, lo que implica afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Representa una amenaza a las fuentes tradicionales de alimentación, en particular de pueblos indígenas. Pueden poner en riesgo a especies en peligro de extinción y sus ecosistemas”, dice Viana.

El informe además halló que en once de los proyectos “se evidencian abusos de pueblos indígenas, los cuales carecieron de procesos de consulta adecuados que garantizaran su consentimiento libre, previo e informado (…) Los desalojos forzosos y la restricción de acceso a vivienda y la destrucción de la tierra y territorio de los pueblos indígena han afectado negativamente su salud mental individual y colectiva y han debilitado fuertemente su tejido comunitario y organización sociocultural”.

Uno de los casos es el de las 1200 familias del pueblo shuar arutam, distribuidas en 47 comunidades, impactadas por el proyecto minero San Carlos-Panantza, en Ecuador, que denuncian no haber sido consultados de manera diligente. El proyecto petrolero Ishpingo en Ecuador —operado por la compañía China National Petroleum Corporation— y la hidroeléctrica São Manuel en Brasil podrían generar un contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Ecuador, los pueblos aislados relativamente cercanos al proyecto son los Tagaeri y los Taromenane, según el informe. El caso ecuatoriano está siendo evaluado por  “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad del caso y posible etnocidio”, se señala en el documento.

“Hay un sistemático irrespeto con los derechos de las comunidades locales e indígenas”, complementa Marco Gandarillas, responsable de fortalecimiento de capacidades de la organización no gubernamental Latinoamérica Sustentable. Gandarillas también resalta que los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa están siendo incompletos.

La responsabilidad del Estado chino

Los investigadores del informe consultados por Mongabay Latam también reclaman que los proyectos están generando represión contra las comunidades afectadas. En algunos proyectos “hay convenios con empresas de seguridad que afectan los derechos de asociación y protesta de las comunidades”, dice Gandarillas. “Pese a la intención de las comunidades y las organizaciones, sólo ha sido posible establecer espacios de diálogo esporádicos con las empresas chinas”, agrega. También asegura que es común que ni el Estado chino, ni las compañías respondan a las comunicaciones de las personas afectadas o las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.

¿Pero quiénes desarrollan los proyectos cuestionados? Trece de estos son operados por once empresas o consorcios chinos y ocho son financiados por bancos del país asiático. Las empresas responsables de los proyectos cuestionados incluyen nombres como Sinohydro Corporation Ltd, en el caso de la hidroeléctrica Ivirizu en Bolivia; y la China National Petroleum Corporation (CNPC), con financiación del Banco de Desarrollo de China, en el proyecto petrolero Orinoco en Venezuela.

En China es frecuente que las empresas sean de capital estatal. Entre los financiadores están el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Banco EXIM), el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, todos propiedad del Estado chino.

Para los analistas, el Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos humanos fuera de su territorio. “El Estado chino tiene una gran responsabilidad. La mayor parte de las empresas son de propiedad estatal, semiestatal o han tenido apoyo financiero de entidades estatales chinas”, señala Gandarillas.

Viana agrega que “es claro que China también tiene obligaciones extraterritoriales en casos en los que el gobierno tiene la obligación de asegurarse que los actores que están bajo su jurisdicción no cometan abusos de derechos humanos, porque eso implicaría un incumplimiento con las obligaciones del Estado. Para nosotros estos casos constituyen incumplimientos a sus obligaciones extraterritoriales bajo el derecho internacional”.

Sofía Jarrín, por su parte, considera que es necesario que se establezcan mecanismos eficaces de seguimiento y control de la actividad empresarial, particularmente donde existen denuncias previas de abuso corporativo. “Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, en virtud de sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”.

Por ahora, celebran que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya entregado al país asiático en marzo de 2023 recomendaciones similares a las del colectivo de ONG sobre una mejor debida diligencia en los proyectos chinos en el extranjero. “Este comité ha dado un paso histórico para exigir mayor responsabilidad de China con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos en sus proyectos de inversión y financiamiento en el mundo. Esperamos que este país se comprometa con la implementación de las recomendaciones del comité DESC”, dice Gandarillas.

* Publicado originalmente por Mongabay Latam.

Mongabay Latam buscó conocer la posición de las compañías chinas mencionadas en este artículo a raíz de los hallazgos del informe, pero al cierre de esta publicación no se recibió su respuesta.

Imagen principal: Bosque del Parque Nacional Yasuní. Este lugar megadiverso en fauna y flora está ubicado en Pastaza y Orellana. Foto de José Schreckinger. Según un informe de ONG este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

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