La audiencia del próximo 12 de mayo será clave para definir su situación judicial. Mientras tanto, desde el Lof Pillán Mawiza —comunidad donde vivía Vic— insisten: su detención fue un castigo ejemplificador, sin pruebas, y forma parte de una estrategia más amplia de criminalización a quienes defienden los territorios frente al avance del extractivismo. 

Por Camila Parodi | Fotos: Lizbeth Hernández

Cobertura colaborativa de Marcha, Latfem y Kaja Negra.

Una causa sin pruebas y una libertad condicionada

Desde el primer momento, la comunidad mapuche y los equipos de defensa sostuvieron que la causa contra Vic fue armada. Durante las audiencias se evidenció la falta de pruebas: no hay testigos, ni imágenes, ni evidencia material que la vincule con el incendio forestal por el que fue acusada. La fiscalía, sin embargo, mantiene la imputación y promueve un relato sustentado en supuestos, prejuicios y construcciones mediáticas. Uno de los elementos centrales de la acusación fue el hecho de que Vic conducía una camioneta blanca, pero informes periciales posteriores demostraron que el vehículo sospechoso no era de ese color, ni del modelo mencionado, ni coincidía con las características señaladas.

A pesar de estas contradicciones, el proceso judicial sigue abierto. La audiencia del 8 de abril, que revisó las medidas cautelares, se realizó a puertas cerradas. No se permitió el ingreso a integrantes del lof, ni a medios de comunicación ni a organismos de derechos humanos. La comunidad lo denunció públicamente como un acto de opacidad judicial. Allí, el juez resolvió otorgarle la libertad condicional, pero bajo restricciones que impiden a Vic retornar a su hogar en territorio comunitario. La fiscalía sostiene que está en curso una investigación por “asociación ilícita”, figura jurídica históricamente utilizada para criminalizar la organización colectiva.

Desde el Lof afirman: “A nuestra lamngen le han armado una causa carente de pruebas, por el contrario, desde la primera audiencia ha podido demostrar con pruebas categóricas y objetivas que es inocente, pero aun así estuvo en prisión preventiva, luego domiciliaria, y ahora se encuentra con libertad condicional”. Desde el territorio insisten que la fiscalía “está empecinada en culpar a Vic” ya que, hasta la fecha, “no cuentan con imágenes, testigos, ni nada que demuestre que es culpable”. Sin embargo, denuncian, “desde el Ministerio de Seguridad sacaron un video exponiendo casas, rostros y dando por hecho su culpabilidad sin prueba alguna.”

Represión, montaje y estigmatización como herramientas del poder

La historia de Vic no es una excepción, sino parte de una política sostenida de criminalización al pueblo mapuche de manera histórica. Las comunidades vienen denunciando hace años el uso de causas armadas, operativos mediáticos y campañas de odio para justificar la represión. El discurso que las vincula con el “terrorismo” se ha convertido en sentido común institucional, y permite acciones estatales de alta intensidad sin cuestionamiento social ni judicial.

“Creemos que este es un mensaje aleccionador del Estado argentino contra el pueblo mapuche, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Desean demostrar de lo que son capaces cuando hay proyectos extractivistas detrás. No hay límites para su violencia y arbitrariedad para despojarnos de los territorios y dárselos a las empresas”, señalaron desde el Lof Pillán Mawiza. La figura de Vic, como activista acompañante de procesos de recuperación territorial, fue utilizada para enviar un mensaje a quienes defienden la Mapu.

En este contexto, la campaña mediática no fue menor. La cobertura de algunas empresas de comunicación replicó sin cuestionamientos las versiones oficiales, reforzando una narrativa estigmatizante y racista. Desde la comunidad sostienen que se montó una operación propagandística “llena de odio racista y misógino, aleccionadora para quienes se acercan y se comprometen con la defensa de la tierra y con nosotres”.

Territorio y extractivismo: detrás de la represión, los negocios

Las comunidades mapuche no dudan en vincular esta avanzada represiva con el avance de proyectos extractivos. En cada territorio allanado existe un interés económico o empresarial identificado: turismo, rutas nacionales, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, plantas de tratamiento de residuos. En el caso de la comunidad Pillán Mawiza, el conflicto se vincula con un proyecto hidroeléctrico sobre el río Carrenleufú. Pocos días después de la detención de Vic, el gobernador, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Mekorot, empresa estatal israelí, para la gestión del agua en Chubut.

“Nos quieren dispersos, con causas, encarcelades, para así poder avanzar sobre nuestros territorios”, afirman desde el Lof. “Vemos que hace unos años, como siempre ha sucedido en el Puel Mapu, se criminaliza y persigue a las comunidades que están defendiendo su derecho a vivir la espiritualidad y la identidad, lo que requiere de un territorio sano”. El vínculo entre criminalización y extractivismo es directo: “Semanas después de los allanamientos y detención de Vic, el gobernador firma un acuerdo por el cual el agua dulce corre peligro, ya que esa empresa israelí administraría el agua. Se irá privatizando tanto las fuentes como los reservorios”.

Este modelo no es nuevo: forma parte de un patrón regional que busca desarticular la resistencia territorial a través del miedo, la judicialización y la represión estatal y paraestatal. La militarización de los territorios, a través del Comando Unificado, ha profundizado esa lógica. “Las consecuencias son la militarización, los desalojos violentos, la negación al diálogo, la derogación de las pocas leyes que nos resguardan como naciones indígenas”, remarcan desde la comunidad.

Mujeres, diversidades y organización en contextos de persecución

El impacto de la persecución se hace sentir con especial crudeza en las mujeres y diversidades que sostienen la defensa de los territorios desde una mirada de cuidado y vida comunitaria. La detención de una lamngen, su aislamiento forzado, la vigilancia constante y la amenaza latente cambian por completo la cotidianeidad de las comunidades. “Este contexto nos deja una alerta constante, porque así como le inventan una causa a una persona, todas corremos peligro. A su vez, los derechos humanos están en riesgo a diario, qué nos queda a nosotres en los territorios, ¿a dónde podemos ir a denunciar?”

El relato de los allanamientos da cuenta de un uso desmedido de la fuerza. El allanamiento en el Lof Pillán Mawiza fue muy violento. Desde la comunidad denuncian que en el lugar había niñeces y un anciano. Duró 10 horas aproximadamente, más de 100 efectivos de distintas fuerzas: “Estuvimos totalmente incomunicados, aislados y secuestrados en nuestras propias casas”. Este nivel de violencia institucional no sólo busca obtener información o evidencia (que no existía), sino desestructurar los lazos organizativos.

“El hecho de que una de nuestras lamngen esté detenida a 100 km transforma el día a día. Desde enero el Lof está siendo vigilado, y nosotres investigades por la fiscalía de Esquel”, señalan. Por ese motivo, explican, el juez no permite el retorno de Vic a su hogar. La persecución ya no se reduce al Estado, se articula con grupos civiles racistas, paramilitares o contratados por empresas: “Ya no se trata solo de cuidarnos del Estado represor, sino también del crimen organizado. Nos amenazan civiles contratados por empresas y terratenientes”.

Absueltas y organizadas: el futuro de la resistencia

Desde el 8 de abril, la campaña por la libertad de Vic cambió su consigna: #AbsoluciónParaVicYa. La comunidad reconoce la importancia de haber conseguido su salida de prisión, pero advierte que no está libre. La vigilancia continúa, la causa sigue abierta, y la amenaza es permanente. “Pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel”, sostienen en su último comunicado.

Las comunidades mapuche exigen que se visibilice el montaje y que se entienda la persecución en su contexto: “Pedimos que la ciudadanía vea claramente cómo se relaciona esta persecución con los avances extractivistas sobre los territorios”. El acompañamiento a la lucha territorial no puede ser criminalizado. La solidaridad no es delito.

El 12 de mayo se realizará una nueva audiencia. Será una instancia clave para exigir justicia y para denunciar la utilización del aparato judicial como herramienta de represión política y racial. Desde las comunidades llaman a estar alertas, a acompañar, a difundir y a visibilizar que la defensa de la Mapu es una lucha común.

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En el marco al día Nacional de los Derechos de niños, niñas y adolescentes se realizan en Bueno Aires distintas acciones para colocar a la niñez en la agenda política.

El 27 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. Se trata de la conmemoración de la sanción de la Ley N° 23.849 que aprobó en el derecho interno la Convención sobre los Derechos del Niño que a su vez sentó las bases para el actual sistema de promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en la Argentina.

Con este cambio de paradigma se colocó la subjetividad de la niñez en el centro de las decisiones que les competen, nombrandola como sujeto de derecho. En contraposición de la antigua ley conocida como ley de agote o de patronato donde el “menor” no tenia agencia hasta los 18 años.

Si bien se trata de una fecha importante para reivindicar, en lo concreto de la política pública pocas y la vida cotidiana son las instancias donde la niñez ocupa un lugar protagonico sobre sus derechos. En ese sentido, diversas acciones se realizaran en distintos puntos de la capital y provincia de Buenos Aires con el objetivo de dar cuenta de la situación de la niñez en el actual contexto. Marcha diálogo con las distintas experiencias.

En esta entrega, Clarisa Gambera es trabajadora de niñez en la Ciudad de Buenos Aires y es integrante de la Cta Autónoma desde la que hace parte de Niñez y Territorio. Conversamos con ella sobre la reciente fecha.

Luchar por los derechos de los pibes y las pibas no puede ser aislado de la lucha de los pueblos por la dignidad de la vida

En relación al 27 septiembre es una fecha que tenemos que usar para llamar la atención respecto de la discrepancia entre las leyes que tenemos en la Argentina y lo que viven los chicos y las chicas en la vida real. Desde el ’89 adherimos a la convención y lo ratificamos en el ’90 con la ley 26.061. Es parte de la ley que los y las pibas son sujetos plenos de derecho y que los Estados deben desarrollar políticas públicas que garanticen su desarrollo y bienestar

-¿Es posible esto en contextos de pobreza desocupación represión precariedad?

-No, en nuestro país asistimos a un proceso que, ahora se profundiza, de infantilización de la pobreza. Los hogares más pobres son aquellos que tienen población de menos de 17 años. Otro aspecto de este fenómeno es que la pobreza infantil se expresa de manera territorializada en los territorios más pobres donde a los y las pibas se le vulneran más derechos.

Si pensamos en hábitat casi la mitad de los chicos de nuestro país viven en hogares con hacinamiento. Uno de cada tres está por debajo de la línea de pobreza. Tenemos 1 millón 300 mil pibes y pibas en situación de indigencia, que quiere decir q apenas puede alimentarse. Estamos así otra vez en un contextos de hambre.

La pobreza afecta casi al 50% de los chicos y las chicas pero esta tasa trepa al 85% cuando viven en un hogar donde la jefa o jefe de familia está desocupada/o. Imagínense entonces a medida que avanzan los despidos que situación tenemos.

-¿Cuál es la situación de los territorios más postergados?

-En los barrios más pobres donde retroceden las políticas públicas porque se ajusta el déficit achicando el Estado retrocede educación, salud, niñez, juventud. Todas áreas estratégicas para hacer efectivo los derechos de los y las pibas.

Se suma ahora el narcotráfico que se instaló en nuestros barrios como así también la trata que es parte de la vida cotidiana en muchos barrios pobres. Allí las fuerzas de seguridad regulan la vida de las y los pibes y a veces liberan las zonas o se las reparten con el crimen organizado donde siempre los pibes y las pibas son la carne de cañón, la mano de obra, los cuerpos dados en sacrificio, los cuerpos que se consumen.

-Y también las y los influye en la construcción de subjetividad…

-El discurso del odio del estigma que ubica a las y los pibes como el chico expiatorios del malestar social creciente esto se traduce en represión estatal y linchamiento social. También en indiferencia por parte de una sociedad q les da las espalda. En esto también retrocedemos respecto de lo que significó, al menos al momento de empezar a diseñar políticas públicas la convención y la ley 26.061. Vale decir que también en aquel momento el proceso de neoliberalismo nos ponía frente a frente con cientos de pibes y pibas en la calle que eran las y los hijos de las y los trabajadores que sobraban en ese modelo. Pero se imaginaba un desarrollo de políticas públicas que podría restituir derechos, la realidad se impuso mostrando que sin derechos sociales económicos y culturales difícil q se estén garantizando los derechos de los niños y niñas.

-¿Cuál es su mirada como organizaciones con eje en niñez?

-Nos queda claro que luchar por los derechos de las y los pibes no puede ser aislado de la lucha de los pueblos por la dignidad de la vida. Si hablamos de desocupación ya dijimos que impacta directamente, si se cierran hospitales la población más vulnerables son ellos/as y las/os viejos/as. Cuando la escuela se cae a pedazos también los más vulnerados en sus derechos. La educación y la salud son las políticas públicas de mayor universalidad en nuestro país para los chicos y las chicas y son las que este modelo evalúa como costo.

Respecto de las políticas de Niñez siempre precarias y con un desarrollo desigual a nivel nacional ahora atraviesan situaciones de emergencia edilicia, de recursos y con trabajadorxs con sueldos cercanos a la pobreza en muchos casos.

-¿Cuales son las respuestas de las organizaciones ante tanta hostilidad cotidiana?

-Las organizaciones nos encontramos tejemos redes territoriales porque lxs barrios están en disputa. Y también porque estamos en un escenario represivo es tiempo de doctrina Chocobar en la Argentina crece el presupuesto de seguridad y baja el de educación cultura y niñez salud. La Ministra de seguridad patricia Bulrich celebra la muerte y la promueve. Por eso, en los territorios sorteamos las internas, los personalismos, las miserias electoralista porque en la trinchera somos siempre los mismos y nos necesitamos.

-¿Hay puntos de encuentro entre las organizaciones de niñez más allá del territorial?

-En relación a construir una instancia superadora que nos permita irrumpir en la escena pública con las y los pibes nos falta, venimos ensayando estrategias y vamos juntando los pedacitos, somos miles en todo el país, educadores y educadoras populares pibxs organizados, trabajadores y trabajadoras de Niñez, espacios comunitarios que abren sus puertas a niñas y niños los que tenemos que reconocernos.

En ese sentido, nos organizamos como podemos ante la necesidad. Tratando de dar respuesta a la urgencia pero también en ese camino creando e imaginando esa Niñez digna de la que hablamos. Nos organizamos haciendo política pública popular. En nuestro caso ensanchando las organizaciones de trabajadores y trabajadoras para que la niñez sea parte de la agenda porque esos pibes y pinas son nuestros hijos/as.

-¿Qué lugar ocupan los pibes y las pibas en esa lucha?

-Buscamos e inventamos los formatos de participación y protagonismo en cada espacio de niñez. Apostamos a que se nos vea, que se vea y se escuche a las y los pibes. Está difícil estamos en tiempos de humanidad rota y crueldad por eso proponemos la ternura como acción política, aunque suene ingenuo.

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Hace pocos días se conocieron los datos de Unicef respecto de la situación de las niñas y niños de nuestro país. El relevamiento arrojan como resultado: 5,6 millones de niñas y niños pobres en la Argentina. Un dato cuyas cifras se ven encarnados cotidianamente en los barrios populares.

Como respuesta, el gobierno nacional de Cambiemos y sus aliados del massismo, con la reinstalación del discurso punitivista busca criminalizar la pobreza. En cada territorio se responde con organización para resistir la ausencia de políticas públicas que le den alguna otra respuesta a las situaciones cotidianas que les toca atravesar a pibas y pibes desde tan pequeños.

Un intento por reflejar los números de las infancias de la pobreza, con cifras destinadas a causar un impacto en los lectores, mientras las políticas de Estado están ausentes para dar contención y modificar una realidad que se vive cotidianamente en los barrios. Criminalizar la infancia pobre, renovando el impulso a la iniciativa de la baja en la edad de imputabilidad, se acopla a las políticas que en la ciudad de Buenos Aires han dejado a más de 11 mil pibas y pibes sin vacantes para la escuela primaria, con importantes cifras de deserción en la escuela media. Estas son algunas de las más notorias políticas de disciplinamiento que se intentan instalar.

A los pocos días de aparecer estas cifras, la vicepresidenta Gabriela Michetti reimpulsó la consideración de la baja en edad de imputabilidad, como si esa fuese la única respuesta desde el Estado a las privaciones y miserias cotidianas que padecen los sectores populares y que afectan el futuro de pibas y pibes de nuestra tierra.

Mirá quien habla: Unicef

En el informe titulado: Bienestar y Pobreza de niñas, niños y adolescentes en Argentina, de abril de 2016, se da cuenta de algunas consideraciones iniciales. En lo formal en el año 2005 se sancionó en nuestro país la ley 26.061 de PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, a pesar de ello y tal como lo expresa Unicef: “los niños todavía experimentan brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características socioeconómicas y laborales de sus hogares”.

El Estado Mundial de la Infancia de 2005 sentó el precedente para el enfoque de Unicef sobre la pobreza infantil: “Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad”. Esta conceptualización va más allá de la noción material tradicional de la pobreza y es intrínsecamente multidimensional. La comprensión de los efectos combinados producto de múltiples privaciones puede ayudar a identificar las causas subyacentes de la inequidad en los resultados en el desarrollo de los niños, además de la red de programas y servicios requeridos en la respuesta. Esto les permite a los responsables de políticas identificar a los niños (y niñas) que están privados de poder satisfacer numerosas necesidades básicas y puede facilitar el desarrollo de respuestas políticas globales e integradas.

Merece una mención destacada el hecho que un organismo reconocido como Unicef publique informes sin el necesario reconocimiento del género, al publicar informes con un sesgo deliberadamente masculino.

Una realidad

En cada uno de los barrios populares (y no solamente allí) que se refleja en el Registro de barrios populares nuestras niñas y niños sufren situaciones que los afectan directamente. Hoy el incremento sustancial de la pobreza se refleja en el aumento en los diferentes comedores populares que se ven desbordados de asistentes.

La renuente asignación de recursos a la educación, como una política de estado, afecta directamente a aquellas y aquellos para los cuales es el único recurso. Con docentes que han sido instalados en la campaña mediática como exclusivos responsables de sostener la educación pública (de la cual el estado nacional parece desentenderse). Al mismo tiempo se produce la desarticulación de los programas y espacios de contención destinados a niñas, niños y jóvenes, que el estado ha decidido discontinuar, mientras que se subsidian escuelas privadas y proyectos de ONGs que lucran con los pobres.

La criminalización y estigmatización de la pobreza afectan a nuestras niñas y niños con las políticas represivas que los castigan, tal el caso de los gendarmes, policías o fuerzas de la prefectura que los acosan y persiguen con total impunidad. Solamente ayer se conoció la noticia que en Zabaleta (Barracas) los hermanos de Kevin, el nene de 9 años asesinado por una bala de la Prefectura, habían sido amenazados por estas fuerzas de la inseguridad. En barrios del conurbano bonaerense, como Longchamps, desde hace mucho tiempo que las pibas y pibes de las barriadas trabajaban los fines de semana, para el mercado esclavo textil, por una mísera remuneración, que ya no existe. También, desde muy temprana edad, son reclutados y reclutadas en los barrios como mano de obra barata para otros servicios: defender los negocios de las fuerzas de seguridad o de los narcos, que ya están instalados como un estado paralelo en algunos barrios del conurbano bonaerense.

Sin infancia no hay futuro

Frente al desamparo en los barrios se producen otro tipo de respuestas que parten de la organización de espacios destinados a alojar, contener, asistir y poner el esfuerzo para que nuestras pibas y pibes sientan que no todo está perdido, porque sin infancia no hay futuro.

Organizaciones barriales, culturales, sociales y deportivas, en barrios, villas y asentamientos, desde hace años vienen construyendo espacios donde la infancia encuentre un lugar de participación, para mostrarse con sus propias fortalezas, fantasías y deseos más allá de las duras condiciones que le ofrece la vida cotidiana.

Una misma información generó repercusiones en los medios gráficos. Mientras se titulaba en La Nación: Según Unicef, hay 5,6 millones de niños pobres en la Argentina, para Pagina 12 mereció: Casi la mitad de los niños son pobres y para el diario Clarín: En 5 años creció en 1,5 millón la cantidad de chicos pobres. Coincidir para mostrar los datos de la pobreza que afectan a los pibas y pibes de los barrios, si bien las fuentes de información fueron distintas, mientras para los dos primeros fueron datos que arroja Unicef, para Clarín la fuente la encuentran en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Con diferente origen, los datos reflejados muestran los números de la inequidad e injusticia que afectan a nuestro futuro.

La abstracción numérica de una realidad (5,6 millones de pibas y pibes pobres) que en la experiencia de la vida cotidiana se traduce en múltiples situaciones de desamparo. Unos fríos números detrás de los cuales hay miles y miles de pequeñas y pequeños. Una cifra casi escandalosa, que publicada en medios como La Nación, parecen destinadas a lavar las conciencias, mientras por otro lado se demandan medidas punitivas y políticas económicas que producen creciente empobrecimiento de los sectores más vulnerables. Mantener la pobreza es la posibilidad y excusa para los estados de gestionar créditos frente a los organismos multilaterales de crédito, tal como asistimos en la actualidad. Mientras tanto, y desde hace muchos años con organización y participación popular se intenta, en cada barrio, proteger a quienes sin duda constituyen nuestro futuro.

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Entrevista a Tamara Perelmuter, miembro de la Multisectorial “No a la ley Monsanto de semillas”, sobre el debate para modificar la Ley de semillas en la Comisión de Agricultura de Diputados.

-Este debate comenzó con la realización de una jornada de carácter informativo, en la cual expusieron un representante del Ministerio de Agroindustria que presentó el proyecto oficialista, integrantes del INTA, la Asociación de semilleros argentinos, la Sociedad Rural y la CRA. Continúa con la intervención de diversas organizaciones entre las que se encuentra tu Multisectorial. ¿Qué van a plantear allí?

-El planteo es el mismo que venimos haciendo en todas las intervenciones que tuvimos como Multisectorial. En primer lugar y en relación concretamente al debate actual, pedimos a través de Mesa de entrada en el Congreso que dado que es un tema muy relevante, porque tiene que ver con la discusión de las semillas que son el primer eslabón de la cadena alimentaria, nos parece que es un debate que no puede darse a puertas cerradas en el Congreso y mucho menos solo en la Comisión de Agricultura. Por lo tanto, estamos pidiendo en primer lugar la realización de audiencias públicas, que no se están realizando porque las jornadas informativas no son lo que se entiende como tales. Lo que pedimos es que se respete la Ley de medio ambiente que contempla la realización de audiencias públicas para la sanción de leyes que tienen que ver con ese tema.

Nosotros entendemos que el debate de semillas debería estar dándose también en la Comisión de medio ambiente. Por eso pedimos la realización de audiencias públicas que contemplen todas las aristas del debate y no solo una discusión de renta, que es lo que se está dando. Además, que participen todos los actores que se sientan involucrados con el debate.

En segundo lugar, pedimos que dado que es un tema que tiene impacto directo en las comunidades indígenas y campesinas, se respete el artículo 69º de la OIT que dice que cuando haya algún tipo de política que afecte a las comunidades se realice una consulta previa.

-No por casualidad se llaman “Multisectorial no a la ley Monsanto de semillas”.

-En primer lugar nuestro planteo tiene que ver con una posición más metodológica en cuanto hacia donde se está llevando el debate. Ahora, en segundo lugar, nosotros tenemos una definición que tiene que ver con que la Ley actual no se modifique, por lo tanto, nuestra intervención va a tener que ver con especificar los puntos que para nosotros son problemáticos tanto de la ley existente, porque no creemos que sea buena per se porque privatiza a las semillas, pero todavía tiene algunas grietas por las cuales se pueden intercambiar semillas de manera libre que es el pedido que tenemos respecto a este tema. La modificación de la ley, sobre todo en los términos en los que esta propuesta, enmarcado en un debate general de los agronegocios, avanza mucho más en la mercantilización de las semillas, y fundamentalmente las transgénicas. Lo que vamos a hacer es justificar cuáles son los puntos que hacen que hoy digamos no a la ley Monsanto de semillas.

Guardar semillas para sembrar es una práctica milenaria

-¿Podés señalar algunos de esos cuestionamientos?

-En primer lugar en relación al punto nodal del debate, que es la discusión del uso propio que tiene que ver con la posibilidad que tienen los productores de guardar parte de sus semillas para volverlas a sembrar sin tener que pagar regalías por eso, a nosotros nos parece que es una práctica milenaria que es constitutiva al ser productor-agricultor, que siempre los agricultores han llevado adelante esta práctica y creemos que esto se tiene que entender como un derecho y no como una excepción como se está intentando plantear en la ley.

Para nosotros la discusión del uso propio es irrenunciable en tanto es un derecho constitutivo de la cultura de los agricultores. Los principales perjudicados son los productores que tienen que ver con otro tipo de producción que no es la hegemónica, que es la campesina, indígena, la familiar donde esta práctica es constitutiva.

Por otro lado, nos parece que la contracara de este debate es el aumento en la criminalización de los productores y, por lo tanto, las sanciones y la penalización, porque la creación de registros y de marca un límite entre la ilegalidad y la legalidad, entonces empieza a poner a todos los productores que hacen uso propio de sus semillas como ilegales, como piratas. Nos parece inadmisible, hay ejemplos varios, tanto en América Latina como en el mundo de qué implica aumentar el poder de policía, los controles y, por lo tanto, aumentar la criminalización de los productores.

-¿Qué expectativa tienen en cuanto a que se logre algún tipo de modificación al respecto?

-El debate sigue trabado, en la sesión del martes 15 de noviembre hubo posturas muy fuertes y encontradas de las entidades que representan las empresas y las entidades que representan a los productores, sobre todo las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que fue muy dura con las empresas. Todo indica que este año el debate está trabado.

-De hecho no ha pasado a sesiones extraordinarias.

-No, y entendemos que no da el tiempo para que esto pase, dado que debería tener dictamen de comisión y ni siquiera hay planteada una reunión. Todo indica que este año se va a terminar sin definir la nueva ley lo que a nosotros nos da tiempo para seguir construyendo nuestros argumentos y seguir sumando voluntades. De todas maneras, la decisión del gobierno es muy fuerte en la definición de que si no es este año será el que viene. Hay casi unanimidad entre la mayoría de los actores de modificar la ley, de una u otra forma, todos los proyectos apuntan a una voluntad de modificar la ley.

Para nosotros no está dicha la última palabra, hay ejemplos varios en América Latina donde se lograron revertir estos procesos, además venimos de la experiencia de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba donde lograron que Monsanto se retire. Nosotros vamos a seguir dando debate y pelea hasta último momento. También entendemos que las semillas son el corazón del modelo de los agronegocios y por eso es importante estar ahí e insistir en que esta ley no pase.

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Como parte del 3^er Encuentro de Tierras, vecinos de tomas de Córdoba capital y alrededores voltearon el muro del barrio privado Manantiales para denunciar la discriminación y la falta de tierras bajo la consigna: “Tierra y Libertad”.

El colectivo 60 deja la avenida Fuerza Aérea Argentina y se interna por los barrios al límite de la circunvalación Agustín Tosco que rodea la ciudad de Córdoba. Las calles empiezan a perder su nombre, abundan los descampados y esa sensación de abandono del Estado que puebla las periferias urbanas del país. El recorrido termina y las gentes descienden cerca de una plazoleta sobre la calle Estocolmo, una de las intersecciones de la dirección del predio donde se realiza el 3er Encuentro Provincial de Luchas por la Tierra, organizado por el Encuentro de Organizaciones (EO). El comunicado dice: “A quienes ocupan tierra para vivir y para producir, a quienes se organizan por la auto-urbanización y la auto-gestión territorial, a quienes resisten los intereses inmobiliarios por el agua, los bosques y la vida, y a quienes enfrentan los intereses del agronegocio luchando contra las fumigaciones, el avance de la agricultura intensiva y promoviendo la producción de alimentos sanos… Nos encontraremos con la convicción que nuestros andares son parte de un mismo camino: la organización, resistencia y lucha por Tierra para la Vida Digna, contra el despojo, la contaminación, la expulsión y la muerte que nos ofrecen los de arriba”.

Un monumental cartel de cemento anuncia el Parque Las Rosas, que salvo una vereda rota y edificios municipales que continúan la imagen de abandono, no muestra más que yuyos crecidos y basura desperdigada. ¿La calle Pasteur? “Ni idea”, responden un grupo de adolescentes mientras se refrescan con una manguera. “Allaaá al final de todo creo”, especula una doña en la puerta de una tienda. Dos carreros ranchando en una esquina saludan efusivos y responden: “¿Viene para el encuentro? Los muchachos del EO están allá donde está el auto blanco, frente a la montaña de tierra”. En los márgenes de los márgenes un grupo de militantes se resguarda del sol en un improvisado tinglado de media sombra. Frenar el viento es otra cosa. El “Chaco” pala en mano siembra los árboles que trajeron los cumpas de Punilla. “A ver si pa la próxima tenemos sombra natural”, dice Facundo, uno de los organizadores del evento. Las comisiones se reúnen al costado de los escasos ranchos de material por regiones y también preocupaciones o aprendizajes en común. Los problemas y soluciones con respecto el agua, la seguridad, la comunicación, la autogestión de huertas y criaderos de pollos, el trabajo en red, la construcción en adobe…Salen los choris y empanadas vegetarianas, y una birrita que el Flaco rescata de uno de los kioscos cercanos.

“Nosotros estamos hace un año, pero la organización nació cinco meses antes. Nos asesoramos. Esto era un basural y el terreno estaba a nombre de una empresa fantasma. Éramos quince familias, pero al momento de tomar se sumaron otras setenta. Dijimos: pucha que cantidad de gente hay con la necesidad de la tierra. Hoy en día somos veintidós familias que estamos viviendo en un terreno amplio, tenemos para hacer la huerta, tener los animales, hay compañeros que trabajan con el carro y pueden tener sus caballos. Lo primero que hicimos fue la escuelita que es de material y ahí hacíamos la guardia, pasábamos toda la noche. Y como el juez dictó la medida de no innovar tuvimos que hacer los ranchos de palo y nailon. Entraba la policía, los desarmaba, tenemos 40 compañeros imputados por usurpación y otros 10, además, por desobediencia a la autoridad. Pero si no hacemos esto, no tenemos donde vivir. Hoy en día hay tres casas de material porque dijimos: si le vamos a dar bolilla a la justicia vamos a vivir en una carpa y no es vida. Así que de apoco fuimos entrando los materiales”, cuenta Cari, vecina del barrio. Y agrega con respecto al encuentro: “Es muy fuerte para nosotros que somos una toma urbana. Saber que no estamos solos, no somos los únicos. Nos sentimos acompañados. Porque nosotros estamos rodeados por un countrie, por gente de clase media, que te manda la policía, que te discrimina porque vivís en un ranchito, somos negros, delincuentes. No solo tenemos que luchar con que no tenemos tierra, sino con la discriminación de la gente”.

Además de vecinos de Córdoba, hay otros de los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, cerca de la capital. Zonas que frente al avance inmobiliario han comenzado a verse amenazados de desalojo por diferentes empresarios que cuentan con la misma legalidad que ellos, pero que sin embargo, a costa de contactos y dineros, con la complicidad de gobiernos municipales, fiscales, jueces y la policía, planean megaproyectos de torres y countries con el consecuente desmonte, desvío de los ríos, aumento de la basura y otros males urbanos. La experiencia en Sierras Chicas es conmovedora. Las organizaciones denuncian que las inundaciones que años tras años desalojan muchos de los barrios son una consecuencia directa del desmonte y la falta de planificación. Frente a la catástrofe, los intendentes no han tenido mejor idea que convocar a la Gendarmería Nacional para frenar supuestos saqueos y de paso militarizar la región frente a la movilización popular. Esto sumado a proyectos de canteras, mineras, embotelladoras de agua, campos de soja y otros emprendimientos extractivistas.

Yanina vecina del Barrio Comechingones en Cuesta Blanca, cerca de Villa Carlos Paz, describe su situación: “Hace cuatro años que estamos habitando nuestras tierras y venimos con un proyecto de barrio bastante lindo. Tenemos un terreno comunitario donde nos reunimos los días martes y tenemos proyectos de construir una biblioteca popular y una cisterna de recolección de agua de lluvia. La ocupación de tierra no es delito. Estamos buscando una mejor forma de vida, la construcción de nuestras viviendas con nuestras propias manos. Somos parte del Encuentro de Tierras porque aquí nos apoyamos y compartimos ideas, sueños y es donde nos sentimos fuertes y unidos, porque esto individualmente no se puede llevar acabo”. Hace algunos meses la policía entró al barrio a desalojar, se llevaron presos a varios compañeros, incluyendo una madre con su niña. Uno de ellos Emanuel Carrizo, quedó encarcelado y tuvieron que salir a marchar para que quede libre. Además del apoyo popular, la ayuda del EO y el Encuentro de Tierras a través de sus abogados y canales de comunicación fue vital para lograr su liberación. “Queremos que nos dejen vivir tranquilos, criar a nuestros hijos en ese lugar hermoso en medio del monte que elegimos para vivir”, se esperanza Yanina.

Después del plenario se hace la mística (una ofrenda a la Pachamama, canciones y un “abrazo caracol”) y se planifica la “acción”. La cosa es más o menos así: Muchos de los vecinos de la toma del Parque Las Rosas nacieron, vivieron o se criaron en histórica villa de Las Siete Alcantarillas, que fue desalojada, supuestamente, por ser terreno inundable. El gobierno, además del monumental arco de cemento, construyó un plan de viviendas que fue insuficiente. Hoy un muro inconstitucionalmente construido por la empresa EDISUR, separa a los vecinos de sus antiguas tierras. Allí hoy se levanta un barrio privado Manantiales Sunset. La misión: derribar el muro.

“Es toda una adrenalina, una fuerza de poder caminar por entremedio de los barrios de clase media, el barrio de donde nos sacaron, donde vivíamos y teníamos nuestros animales y espacio, y pasamos a vivir en una casa que nos dio el gobierno y no entramos. Poder pasar este muro y decir: nosotros podemos caminar acá es como volver a nuestros barrio, porque esas tierras donde hoy hay asfalto, grandes casas y seguridad, eran nuestras tierras”, aclara Cari.

Media centena de militantes se forma sobre la calle de tierra. El Flaco y otros compañeros están a cargo de la seguridad. “¿Necesitan más gente?”, le pregunto. “No, solamente compañeros que puedan mantener la calma en caso de que se arme bardo con la policía”.

Una mocosa de no más de un metro con calzas apretadas y unas botas rosas de guerrera levanta el megáfono y grita: “Alerta”. Los compañeros responden “Alerta, alerta, alerta que camina, el pueblo organizado por América Latina”. Del medio centenar de militantes una buena parte son niños y mujeres. ¿En serio piensan tumbar el muro de un countrie y meterse adentro?, me pregunto un poco escéptico. Casi en un acto de sincronicidad Sergio me responde: “Faltó mucha gente, la agenda está muy cargada a fin de año. Ahora nos acostumbramos a ser muchos en las acciones, pero al principio en el EO éramos tres gatos locos yendo a un supermercado encapuchados a pedir alimentos. Es como la revolución de Fidel Castro, a veces pones una decena de delirantes en un barco y funciona”.

La columna avanza por el barrio entre calles de tierras y mucha basura, bordeamos el muro de bloques de cemento. Del otro lado amplios parquizados, elegantes mansiones, carros de policía y calles impecablemente asfaltadas. Un par de compañeros encapuchados comienzan a darle al muro con las mazas. Al rato cunde la impaciencia y unos veinte compañeros empiezan a empujar (incluyendo a Yanina que me entrega su bandera de whipala y se lanza sobre el muro). !Lo logramos! ¿Y ahora? Un par pasan adentro, miran pa todos lados. Los vecinos no lo pueden creer. A un par de cuadras hay un patrullero. Avanza, retrocede, avanza, retrocede. No entienden nada.

“¡Vamos compañeros, ordenados, en fila! ¡A ver los encargados de seguridad, y los que van a parlamentar con la policía!”

Entramos al predio, cortamos el tránsito y nos encaminamos hacia una verde pradera con arroyuelo y una especie de acueducto de ladrillo. Del otro lado del arroyuelo la empresa desarrolla un festival para posibles compradores. Hay gazebos con almohadones, cerveza tirada y un escenario con una banda. Los nuevos vecinos y los organizadores de la empresa inmobiliaria miran azorados. Un grupo de compañeros avanza sobre el acueducto y cuelga bien alto la bandera que dice “Tierra y Libertad”. Otros pintan con aerosol la consigna en las paredes. Comienzan los cánticos, las denuncias por megáfono, decenas de risas. Me prendo un pucho, hay un pelado de traje impecable, gafas oscuras y chicharra en la oreja que empieza a dar órdenes por un handy, un pibe del otro lado del arroyo observa todo con cara de: que bien que la pasan estos jipies, un señor mayor me mira con la vista totalmente perdida. Cuando vuelve a tierra me aclara: “yo vivía acá”.

En pocos minutos somos rodeados por la policía y un organizador del evento se acerca a parlamentar. Los diálogos son realmente delirantes. Los cumpas cargan con esa picardía cordobesa y hasta les hacen reconocer que ese muro que tumbamos no está nada bien. Se comprometen a establecer un canal de diálogo con los barrios del otro lado del muro. Volvemos con sana algarabía y hasta algún canto alusivo a la policía. ¿Un mosquito picando un elefante? Puede ser. Pero de repente el horizontes es más amplió, el sol cae redondo y a mí se me hace que los pechos, los corazones, están bien henchiditos.

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Se multiplican los abusos policiales en barrios marginales y los ataques fascistas a locales partidarios de izquierda y kirchneristas. Este cambio de clima, ¿se explica solamente desde la llegada de la derecha al poder ejecutivo?

Durante los últimos diez días varias noticias alarmantes llegaron desde diferentes puntos del país. Claro que las más impactantes y graves tienen que ver con la ola creciente de femicidos que se expande por el país, no casualmente tras el histórico y masivo Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, la semana pasada. Pero también dentro de este clima enrarecido de vulneración de derechos, se destacan una serie de hechos que si bien no han cobrado la plana mayor de los diarios de tirada masiva, sí dan cuenta de un escenario preocupante en la base de la sociedad: los reiterados abusos policiales y los repetidos ataques neonazis a locales partidarios.

Las fuerzas de inseguridad

Cualquier persona que mínimamente se preocupa en informarse acerca de la violencia institucional en nuestro país, sabe perfectamente que los abusos policiales y de las diferentes fuerzas de seguridad sobre la población, no son una novedad. Además de los informes de diversos organismos que denuncian los abusos institucionales, como el CELS y la CORREPI, existieron casos puntuales en donde tanto la gendarmería como las diversas policías mostraron que su lugar en el territorio está más asociado a controlar y amedrentar a la población pobre (y principalmente jóven), que a garantizar la seguridad y la paz social; solamente por mencionar un caso, en febrero de 2015 en la localidad bonaerense de Lanús, un gendarme violó a una niña de 15 años.

No obstante, desde 2016, y gobierno de Cambiemos mediante, el clima de hostilidades de las fuerzas de seguridad hacia la población pobre parece haberse exacerbado. Por un lado, es importante destacar la casi inutilidad jurídica y penal de la mayoría de los operativos de control de personas de modo rutinario: el periodista y titular del CELS, Horacio Verbitsky una semana atrás en Página/12 mostró que el 99,7% de los requisados y en muchos casos maltratados, resultaron insospechados de cualquier delito. Es decir que solamente el 0,3% de quienes son atrapados en los operativos de control callejeros terminó por ser detenido, en todos casos por delitos comunes y menores.

Pero a la inutilidad de estos actos en términos jurídicos, se le contrapone la utilidad que estas fuerzas policiales le asignan en cuanto al disciplinamiento de la sociedad. Este disciplinamiento, además, parece ser cada vez más feroz y desmedido, si tomamos los casos de la murga baleada a escopetazos a principio de años en el Bajo Flores, o las torturas a Iván y Ezequiel de la villa 21-24 por parte de la prefectura la semana pasada.

Si bien estos últimos días cobró visibilidad en los medios la violencia policial a raíz de esta situación, estos casos no son aislados. Varias organizaciones culturales, sociales y políticas nucleadas en la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional (ROCVI) de Villa 21-24 vienen denunciando la frecuencia con la que este tipo de hechos sucede en el barrio. Incluso han denunciado que las diferentes fuerzas de seguridad que actúan allí realizan tareas de inteligencia y hostigamiento sobre las organizaciones. Esta Red realizará, mañana, martes 18 de octubre a las 14 horas una conferencia de prensa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde exigen el cese de las torturas, persecuciones, hostigamientos y taras de inteligencia sobre vecinos y organizaciones llevadas a cabo por todas las fuerzas represivas que conviven en el barrio: Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía Metropolitana.

Por su parte, la activa movilización popular que acompañó a La Garganta Poderosa, organización a la que pertenecen los chicos torturados, y que desarrolla un trabajo de base cotidiano en el barrio, logró separar a 7 prefectos involucrados; esto demuestra que donde existe construcción colectiva y territorial genuina, las arbitrariedades institucionales pueden ser contrarrestadas.

Rebrotes neofascistas

Tampoco es una novedad la existencia de grupúsculos neonazis en nuestro país. Siempre han existido y son incontables los casos de ataques aislados a judíos, gays y/o militantes de izquierda. Sin embargo, es notorio cómo desde diciembre de 2015 existe una ola de ataques frontales de parte de estos grupos contra personas y locales partidarios. Tras la balacera a un local de Nuevo Encuentro en Capital Federal, cuyo responsable se encuentra prófugo en Estados Unidos y resultó ser aportante económico a la campaña electoral de Cambiemos, Mar del Plata y La Plata han sido dos ciudades tristemente célebres a causa de estos repetidos ataques.

Claro que Mar del Plata presenta un escenario particular: en diciembre asumió el intendente Carlos Arroyo, de Cambiemos, connotado conservador que ha llegado a declarar que los vecinos eran felices durante la última dictadura militar. Tal vez este aval desde el ejecutivo local contribuyó a los ataques contra indigentes, trans, gays y miembros de minorías en general, que se repiten en la ciudad balnearia noche tras noche.

En agosto pasado, dos locales de La Cámpora fueron atacados, el primero en Villa Urquiza y con bombas molotov, y el segundo en Ramos Mejía con balas de plomo. Más recientemente, en La Plata y mientras concluía el ENM en Rosario, un local de la agrupación feminista Pan y Rosas, fue atacado por la organización fascista Vanguardia Nacionalista, quien pintó en las paredes la consigna: “abortistas asesinas”.

Este breve repaso de ataques fascistas y neonazis a organizaciones feministas, políticas y activistas gays, muestra que evidentemente estos agrupamientos se sienten con impunidad como para perpetrar sus abusos, los cuales implican un retroceso grave en cuanto a la cultura democrática en nuestro país.

Cambió el gobierno, ¿cambió también la sociedad?

Fue dicho. Ni las violencias institucionales, ni los ataques fascistas son una novedad de 2016, aunque también parece innegable que han tenido un recrudecimiento este año. Es así que nos preguntamos: ¿es posible que la línea política general que emana desde los poderes políticos contribuya a generar este clima? Claro que sería fácil establecer una relación directa entre las posiciones de derecha de Mauricio Macri y los ataques fascistas, no obstante, ¿funciona del todo así la reacción social?

Si tomamos en cuenta que Macri hizo campaña prometiendo ‘unir a los argentinos’, lo primero que deberíamos concluir es que dicha promesa está lejos de volverse realidad. De hecho la confrontación ideológica y política, como lo demuestran estos ataques, y el clima político que se percibe en debates en la vía pública y en los medios de comunicación, está igual o más polarizado que los años anteriores, incluso sin calendario electoral mediando dichos debates.

Pero por otro lado, las declaraciones del presidente sobre el accionar por ‘mano propia’ –en el caso del homicida de Zárate que mató a una persona que intentó robarle– refirieron que debía ‘estar tranquilo en su casa con la familia’, o que relativizó la cantidad de desaparecidos durante la dictadura; la recepción de un grupo neonazi en la Casa Rosada por parte del gobierno, o del propio ministro de justicia Germán Garavano, quien recibió a abogados de represores en la ex ESMA y, en fin, un sinnúmero de declaraciones y gestos políticos desde el poder central, pueden coadyuvar a alentar las acciones individuales o grupales de estos grupos fascistas.

Si se constata que en tan pocos meses el clima político ha cambiado tanto, también esto nos indica que gran parte del acumulado político en materia de derechos humanos que nuestra sociedad parecía haberse granjeado, puede también ser susceptible de cambios bruscos. Esto marca que ninguna política de Estado, ni ningún gobierno implica cambios ‘irreversibles’, como curiosamente una agrupación kirchneristas denominó a uno de sus más importantes actos políticos años atrás.

Lo único que parece irreversible es que donde existe construcción colectiva, y poder popular acumulado en las densas tramas de la sociedad, tanto a los gobiernos como a los sectores reaccionarios de la sociedad, les será más difícil avanzar.

*Militante del Frente Popular Darío Santillán

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La necesidad y la dificultad de acceso al hábitat para los sectores populares se hicieron presentes con dos actividades que se realizaron este fin de semana. Por una parte se hizo el lanzamiento de la campaña: “Por una Ciudad más Justa” mientras al mismo tiempo se desarrollaba el Encuentro de Cooperativas de la Ley 341: “Hacia la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat”.

En el Centro Cultural “Vuela el Pez” se realizó el lanzamiento de la campaña: “Por una ciudad más Justa” que busca visibilizar la grave crisis habitacional y estructural que vive la Ciudad de Buenos Aires, e intenta construir propuestas para que la misma sea un lugar más justo para desarrollar la vida. En ese encuentro participaron representantes de organizaciones ligadas a la gestión de la vivienda en el ámbito de la ciudad, y académicos que trabajan el tema.

El sábado por la mañana, se realizó una recorrida por algunas cooperativas, que concluyó con la visita a la experiencia de construcción autogestiva el barrio de La Boca: la Cooperativa de Vivienda Los Pibes (CO.VIL.PI.) una obra finalizada y ocupada por las familias cooperativistas. Al finalizar, en el Paseo de la Economía Popular Martín “Oso” Cisneros, se compartió un almuerzo comunitario. Con debate, presentación de experiencias y necesidades, y una asamblea plenaria donde los participantes concluyeron una intensa jornada de trabajo.

Las cooperativas de vivienda que se nuclean en la Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVHIP) han decidido impulsar una ley de Producción Social y Autogestiva Social del Hábitat, que implica tomar la ley 341 del ámbito de la Ciudad e impulsarla a nivel nacional, porque permite la gestión de la vivienda para las cooperativas y organizaciones.

Del encuentro que impulsa la Producción Social del Hábitat, participaron representantes de distintas cooperativas de vivienda de la ciudad y del conurbano bonaerense, organizaciones sociales y territoriales. También se sumaron legisladores nacionales del Frente Para la Victoria y del Movimiento Evita, que integran la Comisión de Vivienda y que acompañan la iniciativa de las organizaciones sociales, para promover su tratamiento. También estuvieron presentes representantes del sector académico, ligados a la Universidad de Avellaneda. Una agenda de encuentros semanales en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, que finalizará el día 3 de octubre, en la semana mundial del hábitat, con la presentación del proyecto de Ley, para que sea tratado en el Congreso Nacional.

La ley en la Ciudad

El primero de octubre de 1996, la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires sanciono la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su capítulo Quinto reconoce el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado y por ello determina: “1. Resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspiciar la incorporación de los inmuebles ociosos, promover los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”.

Actualidad materia de políticas de vivienda

Recientemente, en la Legislatura de la Ciudad se aprobó la creación de la Villa Olímpica, en el barrio de Villa Lugano. Destinado a construir la residencia de los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Esto implica la venta de 36 hectáreas del Parque de la Ciudad. Mientras las villas de la Ciudad aguardan en las peores condiciones la tan prometida urbanización, que nunca llega.

Las políticas públicas que implementa el gobierno nacional en relación a la vivienda, se han privatizado excluyendo a los sectores menos favorecidos. El 31 de agosto finalizó la inscripción en la nueva versión del PROCREAR, de la era Macri: PROCREAR Casa Propia. Si durante la anterior gestión del ejecutivo nacional, hubo facilidades en el acceso al crédito -que favoreció a la especulación con el valor de la tierra-, la actual versión Cambiemos se ha refinado aún más, tendiendo un cerco que deja afuera definitivamente a los sectores populares. El 1º de septiembre en la página del PROCREAR se publicó la firma de un convenio de la ANSES con 14 bancos privados, que se suman a la gestión de los créditos que se promueven a nivel nacional, como política de vivienda desde el estado nacional. Durante el acto, el director ejecutivo de ANSES, Basavilbaso, se dirigió a la banca para expresar: “Es una gran alegría contar con ustedes para resolver uno de los grandes problemas del país: el déficit habitacional. Venimos trabajando mucho y no queremos inventar nada, queremos tomar experiencias de otros países como el sistema chileno y el de Costa Rica, que son un buen ejemplo y funcionan”. Las palabras del funcionario aluden a sistemas que favorecen explícitamente la desigualdad, sin oportunidades para quienes no dispongan de un ingreso mínimo de $13.620. Lo anunciado en la página es que el 31 de agosto finalizó la inscripción al PROCREAR Solución Casa Propia en las que 113.838 personas se anotaron vía web para obtener un crédito hipotecario y comprar una vivienda. De ese total, 68.113 personas se encuentran en el grupo que tiene ingresos entre $13.620 y $20.430 y las 45.725 restantes tienen ingresos mensuales de entre $20.430 y $27.240.

Conclusiones

El Encuentro de Cooperativas, que se realizó en La Boca, finalizó con la definición – el intercambio de experiencias- de darle forma e impulsar un proyecto de ley que se componga de las voces de la diversidad del sector popular. Esta propuesta se espera que sea una respuesta, lo más adecuada posible, a necesidades y demandas diferentes que confluyan en la producción social del hábitat. Quienes promueven estos debates entienden el hábitat como mucho más que un techo, y explican que es una necesidad que aumenta de manera creciente, al mismo tiempo que las políticas de Estado se ausentan de las urgencias y necesidades de los sectores populares, trabajadores y más desfavorecidos. Al mismo tiempo se multiplica la represión y criminalización de la protesta social, de los sectores que demanda por su subsistencia.

El Encuentro de Cooperativas continuará con otras citas posteriores y finalizarán el 3 de octubre con la presentación del proyecto de Ley, con urgencia por una vida digna, que permita el acceso a los derechos consagrados por la Constitución Nacional “para todos los ciudadanos del mundo que habitan el suelo argentino”.

Notas relacionadas: Encuentro de la SELVIHP: Construir otro hábitat, debatir y profundizar la autogestión

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En el día de ayer se esperaba la indagatoria de 4 militantes del Frente Popular Darío Santillán, sobre los cuales recae una imputación de “coacción agravada”, producto -según el municipio de Cipolletti- de manifestaciones realizadas a principio de año pidiendo comida para abastecer los comedores comunitarios. Se realizaron movilizaciones en varias provincias bajo la consigna “Protestar no es delito” para rechazar la acusación.

Al llegar al juzgado, en la localidad de Cipolletti, los militantes fueron informados de que la jueza se tomó días de licencia, por lo que no pudieron declarar. Sin embargo, lograron mantener una entrevista con el fiscal que instruye en la causa, Martín Pezzetta, para reclamarle que no se criminalice a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos. A esta causa se suma otra por amenazas a otros tres militantes. Allí el diputado Raúl Godoy, la abogada Victoria Naffa y Sabino López -uno de los imputados y referente del Frente Santillán- dialogaron con el fiscal para rechazar las acusaciones a los militantes y se reprogramó la audiencia para el próximo 8 de septiembre.

Los cargos que recaen sobre los 7 luchadores sociales son considerados delitos penales por la legislación argentina y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, a dos meses de registrarse la primera citación poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo persecución política a las 7 personas acusadas. Además, los militantes denunciaron que desde Acción Social se dieron datos para imputar a los imputados, violando datos públicos para armar la causa judicial  que pesa sobre los integrantes del FPDS.

En Chaco, Rio Negro y en Capital Federal diversas organizaciones populares se movilizaron para repudiar el proceso impulsado por el Intendente PRO de Cipolletti, Anibal Tortoriello, contra estos militantes sociales. También realizaron una conferencia de prensa en la entrada de los Tribunales locales donde enfatizaron la importancia de repudiar y denunciar estas persecuciones y armados de causas, frente a algo tan legítimo como el derecho a la protesta para pedir alimentos. En la Capital Federal  se movilizaron a la Casa de la provincia de Rio Negro y cortaron la esquina de Tucumán y Riobamba para visibilizar la denuncia de judicialización de la protesta.

Bajo el título de “Luchar por comida NO es delito”, organizaciones sociales, políticas, de trabajadorxs, y estudiantiles emitieron un comunicado donde declaraban que “Las denuncias e imputaciones que siguen llegando con el pasar de los días marcan un precedente muy grave en términos de disciplinamiento a lxs luchadorxs. Y se dan en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el municipio PRO de la ciudad, a través de sus políticas focalizadas. De esta manera, están depositando en cada uno/a de los trabajadorxs la responsabilidad de que ‘si no hay para comer es culpa de lxs propios trabajadorxs’, sin hacerse cargo de generar políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y proveer de alimentos a quienes nos organizamos y trabajamos para sostener los comedores comunitarios a los que cada vez son más las familias que se acercan arrojados por la falta de trabajo, la inflación y los tarifazos”.

Sabino López, referente del Frente Darío Santillán y uno de los que recibió la notificación con la acusación de “coacción agravada” denunció la persecución: “Como organización realizamos movilizaciones y cortes para denunciar que había un desabastecimiento de las copas de leche y que se estaba incumplimiento con la entrega de alimentos en los comedores. Hubo cortes en el Ministerio de Acción Social, en la municipalidad para rechazar el incumplimiento de la promesa de resolver la situación, ya que a fines de marzo aún no había ninguna repuesta”.

Luego de esos reclamos y de que comenzara a regularizarse la situación llegaron las acusaciones judiciales. “No se puede entender sobre qué actos se realiza tremenda acusación de amenazas y coacción, ya que lo único que buscábamos eran instancias de dialogo, y exigir promesas incumplidas por los funcionarios públicos, a través de cortes y manifestaciones, como manera de reclamar legítimamente por nuestros derechos”, reflexiona Sabino en relación al proceso que están viviendo.

Inicialmente no había claridad sobre qué hechos estaban siendo juzgados por que las acusaciones fueron emitidas en el comienzo de la feria judicial de Río Negro -entre el 11 y el 22 de julio-, “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López al respecto, y agrega que “no es tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas, la Doctora Victoria Naffa, estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua en marzo pasado, al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil, que terminó con la vida del joven Pablo Vera.

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El Tugurio es un lugar poblado continuamente de caminantes y de interesados en conocer a Osvaldo, un hombre que a sus 89 años continúa firme y sin frenos a la hora de escribir y dejar en claro lo que piensa. Pueblos originarios, Macri, campesinos, Hebe,  y las asambleas populares.

Una esquina del barrio de Belgrano, nada normal para la zona: Un gran mural con los colores de la bandera de los pueblos originarios (Whipala), una gran frase que se hace imposible no leer justo arriba de la puerta de entrada dice “Nuestros Paisanos los indios”. Ahí está “El Tugurio”, nombre que fue inspirado por el escritor y amigo de Bayer, Osvaldo Soriano.

El sol era un factor que ayudaba para el sábado de la cita con el escritor de “La Patagonia Rebelde”, “Rebeldía y Esperanza” y “Los Anarquistas Expropiadores”, entre otros. La puerta se abre y al fondo en su jardín entre cientos de plantas y libros está nuestro entrevistado de lujo. Nos acomodamos, se prendió el grabador y comenzó la entrevista.

La vida de Bayer siempre fue marcada por las resistencias de los pueblos indígenas. La más reciente fue la de monumento a la Mujer Originaria, una iniciativa del historiador junto al escultor Andres Zerneri. Las donaciones para esta iniciativa llego a sumar 200 mil llaves. En las últimas horas los artistas que forman parte de este proyecto recibieron la notificación que advierte una fecha límite de diez días para desalojar su lugar de trabajo en la Ex ESMA, por lo cual el monumento corre peligro de poder concretarse.

¿Cómo ve el sistema de propiedad anterior a la conquista y el de ahora?

Los indígenas nunca tuvieron un sentido de la propiedad, ocuparon esas tierras porque les pareció algo natural, están para eso, ellos vivían en ellas pero sin sentirlas como propiedad propia de ellos. Defendían el lugar de residencia, esa es la diferencia con los españoles y después los argentinos que eran los que les quitaban las tierras.

¿Cuál fue el Tratamiento de los gobernantes argentinos a los habitantes pre existentes de nuestra tierra?

El pueblo argentino se portó muy mal con los pueblos originarios, no les llevó el apoyo ni el reconocimiento, es impresionante eso. Pese a que decimos ved el trono a la noble igualdad en el himno nacional argentino, sinceramente siempre se le negó todo derecho. En la década del 20’ Rivadavia hace la primera expedición contra los pueblos indígenas sacándolos de sus tierras algo que después seguirá con lo de Roca.

¿Cómo se caracteriza la etapa actual de los pueblos indígenas?

Nunca se les reconoció nada y sigue sin reconocérsele nada, se los sigue persiguiendo subjetivamente. No se les reconoce ningún derecho por ser indígenas. Yo defiendo la situación de autodefensa de los movimientos campesinos, porque así lo necesitan para poder protegerse. Ellos tienen los mismos derechos que el resto de los pobladores. Ellos tienen que hacer valer sus derechos y los vamos a defender siempre.

¿Cómo está la situación con la familia Martínez de Hoz y la acusación hacia su persona?

Nosotros estamos en guerra con él. Me iniciaron juicio porque yo los acusé a ellos de falsear la historia, pero no tuvieron éxito y la justicia rechazó todo eso. En primera instancia tiene su juicio perdido.

¿Qué momento histórico ve en la historia Argentina como antecedente más duro en los pueblos originarios?

El de Roca, es feroz, todo lo que hizo fue de una criminalidad increíble. Hay que darla a conocer. Para Roca a los indios hay que exterminarlos, es el enemigo, no hay otra solución para Roca. Avellaneda lo ayuda mucho, queda en la oscuridad, pero es el que empuja la campaña del desierto. Hay que traer esta campaña del desierto al debate público (44 millones hectáreas y 1894 familias son las que reciben esas hectáreas que son los de la Sociedad Rural, Roca recibió 60 mil)

¿Qué reacción ve del pueblo ante las medidas del gobierno actual?

Tenemos que salir a la calle siempre y actuar. Tenemos ya un movimiento y no hay que permitir que se haga todo en contra de lo que siempre luchamos, que es la igualdad. Él puede avanzar, pero nosotros vamos a estar en contra y de la vereda de enfrente. Con Macri vamos a tener tiempos muy difíciles. No importa, hay que estar preparados y así lo estamos. No vamos a dar ni un paso atrás.

Vamos a ir en retroceso y el pueblo no se moviliza todavía. El pueblo va a decir basta. El desenlace de este gobierno va a terminar peor que en el del 2001. Si no salimos a la calle ellos van a hacer todo lo que se les dé la gana. No hay que dejar avanzar a la derecha.

Lo electoral a futuro hay que trabajarlo muy bien, esto debe ser con el pueblo en general de la mano de las asambleas populares, con la gente en la calle, como siempre la hacemos en la plaza Roca (Diagonal Sur y Perú, lugar de encuentro para debatir de forma asamblearia). De ahí van a surgir nuevos dirigentes, de la base. Este hombre siempre va a tomar decisiones para la derecha.

¿Qué opina sobre la situación vivida hace pocos días por Hebe de Bonafini?

Son cosas privadas de ella, siempre actuó privadamente sin tener en cuenta la solidaridad de los organismos de Derechos Humanos, que se defienda. Nosotros estamos observando atentos lo que va a pasar, nos causa extrañeza.

Me parece muy bien que la haya acompañado toda la gente en la plaza. Nosotros vamos a estar con Hebe y la vamos a acompañar, pero sin tratar de influirle en nada.

¿Cómo ve a los organismos de Derechos Humanos en la época que se viene, con una realidad que debería encontrarlos juntos?

No debe haber divisiones y tenemos que unirnos finalmente, yo lo creo posible y lo busco. Hay que seguir siempre buscando la unidad. Hay que respetar a los que saben hablar bien, pero la dirección se toma entre todos.

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Hoy, desde las 14 horas, organizaciones convocadas en la Multisectorial contra la Ley de Semillas, se concentrarán en el Ministerio de Agroindustria de la Nación para denunciar que el proyecto de ley de semillas anunciado por el ministro Ricardo Buryaile corresponde a un nuevo retroceso para la Soberanía Alimentaria en nuestro país. Carlos Vicente* es integrante de GRAIN, organización internacional que apoya a los movimientos campesinos en sus sistemas alimentarios, y es una de las personas más capacitadas para poder entender que puede pasar con la ley de semillas.

En la entrevista explicó todo lo que significaría que esta ley sea promulgada por el Congreso de la Nación. Patentar las semillas y patentar la vida. La propiedad intelectual de las semillas. El rol de los movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión Kirchnerista y lo que pasa hoy con “Cambiemos”. El riesgo de formar parte de la Alianza del Pacifico. El mercado de las semillas y las multinacionales.

¿Cómo es el manejo del mercado de semillas?

Las leyes de semillas no son más que una faceta del control de las semillas por las corporaciones. En hechos concretos, en las últimas dos décadas, ocurrió una gran concentración del mercado, con lo cual hoy seis empresas (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, Dow y Basf) controlan el 60 % del marcado de semillas en el mundo. El futuro más cercano marca que de las seis van a quedar tres porque está habiendo fusiones. Por ejemplo, Syngenta estaba por ser comprado por Monsanto pero se rechazó la compra; ChemChina –de las grandes empresas químicas del estado Chino– compro Syngenta y Bayer le está ofreciendo más de 60 mil millones de dólares para quedarse con Monsanto y están en plena negociación. En el siglo xx la humanidad perdió casi el 75 % de las semillas agrícolas que desarrollamos por diez mil años. Las semillas son todas campesinas.

El maíz es una creación de los pueblos originarios de mesoamerica, no existe un maíz silvestre, no es que lo adaptaron. Las mujeres de un pastito que se llama Teocintle crearon el maíz. Ninguna semilla que produzca una multinacional tiene un origen que no sea campesino, ninguna empresa invento una semilla agrícola: las tomaron y las homogeneizaron y las registraron. En el siglo XX a causa de este modelo industrial se perdió la tres cuarta parte de las semillas. La situación a nivel global es muy crítica: hay un contexto de control corporativo y en pocas manos y el derecho de propiedad intelectual juega un rol clave dentro de este dominio corporativo

¿Cómo entendemos la propiedad intelectual de las semillas?

En los diez mil años de agricultura a nadie se le ocurrió nunca decir esta semilla es monopolio mío. Las empresas familiares hasta los años 60 producían las semillas, las vendían y la multiplicaban. Vendían lo que producían.

Hace unos 60 años las corporaciones, de la mano de la revolución verde y este proceso de industrialización de la agricultura, deciden que las semillas campesinas son poco productivas y construyen un discurso alrededor de las semillas y dicen que van a producir semillas mejoradas e inventan el derecho de obtentor. Así como está el derecho de autor para que el que registra una canción o un libro, ellos crean el derecho de obtentor y le dan forma a través de las leyes de semillas que establecen que alguien que obtiene las semillas “mejoradas” es alguien que obtuvo esa semilla, se desconoce los diez mil años de historia de esa semilla por un cambio que le introducen para hacerla diferente al resto. Al demostrar que es diferente, homogénea, estable y que no se haya visto antes, –algo que es relativo porque esa semilla se trajo de algún pueblo originario de la puna y ese indígena no la registró seguramente–, se le otorga por ley el monopolio sobre la semilla. Esa persona la registra como propia, empieza a producir y cualquiera que quisiera utilizar esa semilla se la tendrían que comprar a él exclusivamente y pegarle regalías por esa semilla.

El comprador de esa semilla no puede comercializarla ni compartirla ni entregarla a otro porque fue comprada con derecho de obtentor. Basado en la ley de semillas que tenemos que es de 1973 podemos guardar semillas, pero no podemos regárselas a un vecino porque estas cometiendo un delito. La ley impide el intercambio, el regalo y la venta de la semilla. Esto es monstruoso.

¿Qué es UPOV y que significa para esta ley?

La Unión Para la Protección de Obtenciones Vegetales, depende de Naciones Unidas dentro de las instituciones de propiedad intelectual y crea las normas para que se apliquen en los países. Crearon primero una norma que se llama UPOV 78 que está basada más que nada en el derecho de obtentor de la ley argentina y da un monopolio de 15 años sobre esa semilla, no es una patente. Con la presión de las corporaciones y de Estados Unidos las normas creadas por UPOV fueron cada vez más restrictivas, en el 91 se creó UPOV 91 que fue mucho más restrictiva, desde ahí no se permite guardar más semillas. Si compre semilla de maíz y la quiero volver a sembrar tengo que pedir autorización a quien me la vendió o pagarle sus regalías.

Las leyes de semillas nuevas estaban basadas todas en UPOV 91, el proyecto que se viene en breve del Ministro de Agricultura Buryarle estará seguramente basada en UPOV 91. La intención de UPOV es entregar el control completo de las semillas a las corporaciones, dos de las cosas que señala: por un lado, abre las puertas para que toda nuestra biodiversidad tenga derecho de obtentor, compras la semilla que descubriste, la registras y tenes el monopolio de esa semilla –esto en general lo hacen las empresas–. Lo otro es la fuerte penalización, al infringir la ley de regalar el maíz a tu vecino te pueden juzgar penalmente. Al vecino le puede caer la empresa con fuerzas privadas y decomisarle las semillas y hasta detenerlo inclusive, es una locura total. En España actualmente hay nueve agricultores que siembran trigo que están siendo perseguidos judicialmente y penalmente porque están usando semillas de trigo que tenían certificado.

¿Cómo es en Argentina el control de las semillas?

En Argentina es muy difícil el control, acá hay un ejemplo como el de la bolsa blanca que es el principal mercado ilegal de semillas con la soja transgénica. Esta soja, con Monsanto a la cabeza, permitió que esto circule por conveniencia propia y se vendió ilegalmente a Paraguay, de 1996 al 2003. Los primeros siete años Monsanto dejó a la libre circulación. Se llama bolsa blanca porque no tiene etiqueta. La introducción de esta soja fue ilegal en Brasil y en Paraguay luego la introducción de la siembra masiva fue legalizada en ambos países y se siembra legalmente los transgénicos. Ahí aparece Monsanto para cobrar las regalías.

En el 2012 Cristina Fernández de Kirchner en el Consejo de las Américas informa que tras un acuerdo con Monsanto lograron que esta empresa vuelva a invertir en la Argentina y que se fuera a construir la planta de Malvinas Argentinas.En agosto del 2012 se anuncia la aprobación de la nueva soja intacta. A su vez también se hace la promesa a la multinacional de que se modificaría la ley de semillas antes de fin de año. La intención estaba en tener una penalización del uso propio y la persecución de los productores sojeros, abriendo las puertas al control de toda la biodiversidad de la Argentina.

¿Cuál fue el rol de los movimientos campesinos y la Secretaria de Agricultura Familiar en la gestión del kirchnerismo?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la gestión anterior se iba a promulgar la misma ley de terror que se quiere promulgar ahora o que quieren intentar. Siempre el Ministerio de agricultura fue el del agronegocio. La secretaria de Agricultura Familiar, como lo fue el Ministerio de desarrollo Agrario en Brasil es parte de las luchas de las organizaciones campesinas por tener un reconocimiento a sus luchas y un apoyo presente del Estado. El Gobierno de turno sea el kirchenerismo o el macrismo hay un estado nacional que tiene una responsabilidad.

Uno de los grandes errores de Pérsico (Secretario de Agricultura Familiar) fue decir en ese momento que había que buscar la compatibilidad de la agricultura familiar con el monocultivo industrial. Como postura ideológica es irreal, no existe forma de compatibilizarlo. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) siguió su lucha en los territorios, tuvo muertos en 2012, 2013 y 2014 y sigue sufriendo los embates de la empresa Manaos hasta el día de hoy. Todos los días en el campo se expulsan campesinos a causa del avance del agronegocio. Fue un error gravísimo no plantear las cosas sin frenar el avance del monocultivo.

Con el tema de la ley de semillas Pérsico marcó su oposición a la ley y esto fue un factor importante. La ley no la paramos solo en la calle, hubo muchas actividades públicas pero también hubo conflictos de intereses dentro del Ministerio de Agricultura para que la ley no salga. En la actualidad, en el Ministerio de Agroindustria están todos a favor de esta ley.

¿Cómo se organizan hoy los movimientos campesinos y las organizaciones ambientales ante el avance de la ley?

Como primer paso es un planteo para que el Ministerio de Agricultura antes de hacer algún envío al Congreso haga pública la ley y se ponga a debate público y además no es un debate con los campesinos e indígenas es una cuestión de toda la ciudadanía. El control de la semilla es el control del sistema alimentario.

Hay muchos sectores del massismo, del Frente Para la Victoria y del PJ que seguramente van a apoyar el proyecto. El massismo, el Presidente de la comisión de agricultura, Alegre, presentó un proyecto de ley que repite el UPOP 91.

En los 90 a partir del invento de los transgénicos, además del control tecnológico de las semillas transgénicas significó que las empresas comenzaran a pedir patentes de estas. Se empezó a avanzar por el derecho de obtentor y por las patentes de las semillas. Es un proceso interesante, Monsanto en el 95 pide la patente y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual se lo denegó. Monsanto apelo y en diciembre del último año se le rechazó el pedido patente y una vez más Monsanto apeló y actualmente el pedido está en la Corte Suprema de Justicia que decidirá si Monsanto puede o no tener la patente de la soja transgénica.

Con Fernando Cabaleiro de “Naturaleza de Derechos” estamos trabando para presentarnos en la justicia pidiendo ser amigos del tribunal (Amicus Curiae) en el cual aportamos con todas las organizaciones que quieran argumentos a favor de que no se le otorgue la patente a Monsanto y es histórico si lo permiten porque podríamos evitar que la vida sea patentada.

Hoy están las corporaciones produciendo alimentos orgánicos y varias de las semilleras mundiales tienen, en muchos países, abierta la venta de semillas orgánicas donde las venden. El planteo de la agroecología es justamente por delante de lo orgánico: no es solo producir sin químicos sino también producir en contacto con el ecosistema, en un mercado de comercio justo ir recreando un sistema distinto de producción y comercialización. Por ejemplo la organización CLOC Vía Campesina adopta hace muchos años una política para ellos de producción agroecológica de base campesina. Partiendo de los conocimientos de los propios campesinos.

¿Qué rol juegan los Tratados de Libre Comercio hoy en la política argentina?

Argentina en los últimos dos meses ingresa como observador de la Alianza del Pacifico integrada por México, Colombia, Perú y Chile. La Alianza del Pacifico definió, la semana pasada, un trámite abreviado de patentes lo que significa que si una corporación tiene una patente en un país y hace un trámite acelerado en una oficina del mismo, sin demasiados tramites se aplican en los cuatro países. Si Argentina ingresa en la Alianza del pacifico y se rechazara la soja de Monsanto al estar dentro de la Alianza y se le diera la patente en México solo con un trámite estaríamos obligados a aceptarla.

*Forma parte del Consejo Editorial de Biodiversidad, sustento y culturas. Es miembro del grupo argentino Acción por la Biodiversidad y su página electrónica www.biodiversidadla.org.

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