El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados.

RENABAP

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas,  arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina”.

No hay un mapa en el que figuren las villas y asentamientos de la Argentina, tal como lo expresan: “somos una mancha”. Y agrega que “Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.)  y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. Un reconocimiento en donde los sectores populares se sienten reconocidos como ciudadanos, tal como ellos expresan “aunque no tengamos el título de propiedad”. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país.

En el Decreto  se prevé la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial. Sin duda que de concretarse es una conquista cuya contracara es la incorporación territorial al mercado del suelo, formal y voraz. La posesión certificada podría permitir transacciones de manera más formal y las disputas que de ello se derivan, que hasta ahora quedaban en la total informalidad.

Antecedentes

En noviembre de 2016 se publicaba un relevamiento realizado por la Ong TECHO, que había impulsado la Jefatura de Gabinete de la Nación y que arrojaba como dato que 1 de cada 10 personas vive en un asentamiento informal.

Un relevamiento que parece preliminar al total que parece haberse alcanzado en este mes de mayo de 2017. Tal como se expresa en el Decreto: “existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Con este instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, se expresa la necesidad de solucionar el déficit habitacional que favorece las condiciones precarias de vida de las personas”.

Una expresión que no se condice con las políticas públicas que cotidianamente empobrecen a la población a la vez que hay sectores que se enriquecen exponencialmente. Mientras muchos pierden pocos ganan, parece la ecuación matemática del momento.

Detrás de escena

Mientras se anuncia esta conquista de los sectores populares y el gobierno nacional intenta mostrar su iniciativa hacia ellos, en un año electoral el portal del Banco Mundial puede hacernos inferir otras conclusiones.

Tal como puede leerse, las políticas públicas no están impulsadas por el gobierno sino que están promovidas por el financiamiento del Banco Mundial. Así parece indicarlo un documento que está fechado el 27 de febrero de 2017, en Washington. En él se afirma lo siguiente: Más de 110.000 personas en Argentina se beneficiarán del acceso a viviendas económicas y de la transformación de barriadas urbanas gracias a dos nuevos proyectos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Con unos US$400 millones, los dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

A nivel nacional, el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda mejorará el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia).Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. El proyecto comenzará a ser implementado en cinco grandes áreas metropolitanas (Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy – Palpalá y Mar del Plata-Batán). Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

Casualmente el relevamiento del mes de noviembre 2016,  presentado por Techo y difundido por el gobierno nacional, arrojaba cifras para las áreas para las cuales el Banco Mundial dará su financiamiento.

No se puede desconocer que el FMI trabaja en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional lo expresa con gran claridad: “El personal técnico del FMI y del Banco colabora estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política económica relevantes para ambas instituciones. A menudo realizan paralelamente misiones a los países, en las que participan funcionarios de ambas instituciones. La evaluación que realiza el FMI acerca de la situación económica general de un país y de su política económica se utiliza como referencia cuando el Banco considera posibles reformas o proyectos de desarrollo. Análogamente, cuando el FMI asesora acerca de la política económica tiene en cuenta asimismo la asesoría del Banco en materia de reformas estructurales y sectoriales”.

Las políticas de endeudamiento y transferencia de recursos al sector financiero global,  en las que avanza la actual gestión de Cambiemos, necesita argumentos sostenibles que lo permitan. El estado de creciente necesidad de los sectores populares y más pobres necesita de políticas activas que los tomen en cuenta. La creación del Registro de Barrios Populares, es una real necesidad  que, de concretarse, garantizará la estabilidad, aunque sea con precarias condiciones de habitabilidad que amenazan con empeorar.

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Esta semana la Asociación Civil TECHO presentó los resultados de un Relevamiento de Asentamientos Informales de 2016.

El evento se realizó en el Salón de Los Pasos Perdidos del Congreso Nacional ante funcionarios de gobierno, académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, referentes comunitarios y voluntarios. El relevamiento se realizó sobre 11 territorios de nuestro país y arrojó datos que parecieran cuantificar una situación que no cuenta con datos oficiales certeros, que provengan de algún sector gubernamental.

1 de cada 10 personas viven en asentamientos informales según el relevamiento, y este sin dudas fue el título mediático para presentar la cuestión. Sin embargo analizando un poco más de cerca el trabajo efectuado, se desprenden algunas cuestiones que no son tan claramente exhibidas.

Los datos

Tal como lo indica la gacetilla de TECHO, el informe comprende la georreferenciación y caracterización de villas y asentamientos relevados en las provincias de Buenos Aires; Córdoba; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gran Corrientes; Gran Resistencia, parte de la provincia de Misiones (Departamento Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente); Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul, Cutral-Có y Arroyito; Alto Valle de Río Negro; parte de la provincia de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal); el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.

Del informe se desprende que existen al menos, 2.432 asentamientos, en los 11 territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias. Tomando en cuenta la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país.

Este informe da cuenta aún de como se componen necesidades como: acceso a los servicios básicos como recolección de residuos, servicios de electricidad, cloacas, inundabilidad, acceso al agua potable, entre otras necesidades mínimas para vivir.

TECHO

TECHO se presenta en la web enunciando que es una organización social presente en Latinoamérica y el Caribe, que busca superar la situación de pobreza en la que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Con objetivos precisos como superar la pobreza y construir una sociedad más justa. Esta acción se lleva adelante en 19 países de la región a través de un trabajo en los lugares más carenciados con voluntarios. Es necesario destacar que su estatuto legal en Argentina es de Asociación Civil.

Las fuentes de financiamiento provienen mayoritariamente de grupos empresarios, junto con aportes privados individuales y el trabajo de una enorme cantidad de voluntarios atraídos por las nobles intenciones.  Entre los aportantes se destacan importantes empresas regionales y locales, que se presentan como socios estratégicos y alianzas corporativas. Al mismo tiempo esta organización suscribe convenios con los gobiernos, organismos y organizaciones asociadas, que financian sus investigaciones. Todo esto está a simple vista en la web.

En septiembre de 2016 se suscribió un Convenio de Cooperación con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina y la Asociación Civil Techo para el relevamiento de asentamientos informales, firmado por el Lic. Mario Eugenio Quintana. Los detalles figuran de manera incompleta, a pesar de sus intenciones de transparencia. En el mismo convenio dícese entre sus objetivos: ayudar a la implementación de políticas sociales para las poblaciones más vulnerables. Es decir que el presente relevamiento tendría incidencia en la construcción de políticas y la asignación presupuestaria para las mismas. De esto podría desprenderse alguna conexión entre un título estridente y mediático como el de: 1 de cada 10 personas vive en asentamientos informales.

Caso testigo: Chile

En abril de 2009 se publica una importante denuncia en Chile, que salió titulada en un portal de noticias sobre América Latina: ¿Un techo o una máscara para el país?

Allí se dice literalmente: “¿Cuál es el negocio de un techo para Chile? … la lavandería de la imagen pública de los evasores y elusores de impuestos, de los destructores del medio ambiente y de los explotadores varios. Financian sus actividades caritativas con los aportes directos  o con nuestros impuestos pero nunca con el de las “altruistas” empresas auspiciadoras. Pero además un techo para Chile recluta a miles de incautos y crea multitudinarios cuadros en la filosofía de la caridad teledirigida. Las mineras que se llevan los no renovables recursos colaboran activamente. En la página de un techo para Chile ni se ruborizan por agradecer a Barrick Gold quien seguramente deduce del ínfimo royalty (3%) sus donaciones. Millones de dólares en vez que ir al erario fiscal, más otros miles de millones que nunca llegan gracias a las relaciones públicas que hacen estas empresas con nuestro propio dinero, van a parar a un techo para Chile quien gestiona a las hordas de niñitos ricos que juegan a ser solidarios”.

Lo que no se dice

Una periodista de la revista Crisis, en noviembre de 2013, describe lo que construye TECHO: “un rectángulo de madera de pino de tres metros por seis, más ancho que un container del puerto, sin aislante térmico en las paredes y el piso, sin electricidad, sin baño, sin cocina y con un costo final  que equivalía (en ese momento) a un Fiat 147 modelo 91. Tal es la propuesta de esta Asociación Civil para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en   asentamientos, de los 19 países en donde construyen en la región. No queda claro quién paga por esto, aunque en el video institucional de los 10 años se muestra alianzas con empresas y hasta con organismos como UNICEF”.

Vivienda Digna, más que un TECHO

En el contexto de las políticas del gobierno de la alianza Cambiemos, no parece nada extraño la asociación entre empresas privadas como modelo de gestión de las políticas públicas. Tan solo la semana pasada en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada se desarrollo el evento: “El rol del empresario en el Desarrollo Argentino” que impulsó el Consejo de la Producción. Desde el minuto cero de la asunción de Cambiemos quedó claro que el modelo a seguir es el que prioriza las ganancias empresarias que derramará en creación de empleos y beneficios para la población. Un modelo que hasta ahora se traduce en un fracaso absoluto, con disminución del empleo, el poder adquisitivo, la actividad productiva y el creciente empobrecimiento de amplios sectores de la población.

En contraposición con el modelo TECHO, de asistencia a los sectores más vulnerables, la semana pasada se presentó un proyecto de ley, impulsado por un conjunto de organizaciones sociales y territoriales que vienen trabajando desde hace más de 10 años en el tema.  Con una Jornada de Debate se presentó en el Congreso  el proyecto de LEY NACIONAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL Y AUTOGESTIONARIA DEL HABITAT SOCIAL, que cuenta con el apoyo de varios legisladores nacionales. Allí se presentaron las diversas experiencias y maneras de autogestionar el hábitat de distintos colectivos que han logrado alcanzar la vivienda a través de la gestión cooperativa y otras experiencias que están en desarrollo, sobretodo en la CABA, que cuenta con una ley como la N° 341 que facilita el acceso a las organizaciones para acceder a fondos públicos.

Entonces mientras las organizaciones gestionan y luchan para nacionalizar una ley que les facilite el acceso al HABITAT, el gobierno nacional mantiene otro tipo de propuestas: o casillas de madera, de gestión solidaria y financiada por fondos de dudosa procedencia o el mercado inmobiliario inaccesible para los sectores populares.  1 de cada 10 personas vive en asentamientos informales, un titulo que favorece algunos intereses que no parecen ser los del pueblo.

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