Por Santiago Garbarino y Ayelén Césare

Recorridos con escuelas, caminatas, movilizaciones y artistas en solidaridad con la reserva ecológica son parte de las múltiples iniciativas que se vienen llevando a cabo hace años en defensa de los humedales. 

El 2 de febrero de este año desde el espacio No a La Entrega de la Costa se ha denunciado que “Frente a la autopista Buenos Aires-La Plata, al lado del polideportivo de la UNQ y como fondo el CEAMSE se está llevando adelante un relleno descomunal, donde se dice que se ubicaría el barrio cerrado Praderas del Plata”. Sin embargo, esto no es lo único que han evidenciado los vecinos, continúan “Seguimos el recorrido y nos encontramos con un nuevo relleno y cerramiento realizado durante el periodo del aislamiento obligatorio por COVID 19, entre el histórico Sendero de los Papeleros y la descarga de efluentes industriales de la papelera Smurfit Kappa. Se dice que ese espacio el Club Don Bosco lo utilizará como  estacionamiento de sus vehículos. Sacaron gran cantidad de especies de árboles nativos para el estacionamiento”.

Las denuncias sobre las acciones que van en contra de la defensa de los humedales del conurbano bonaerense no son nuevas. Ya desde 2008 que vecinos y vecinas vienen alertando ante la construcción de un megaproyecto inmobiliario denominado “Nueva Costa del Plata” de la mano del grupo Techint. Desde distintos espacios surge la preocupación sobre el impacto ante la destrucción de los humedales como así también la irregularidad de la posesión de las tierras por parte del grupo Techint durante la última dictadura militar a través del CEAMSE.

Sin embargo, la cuenca Cuenca del Río de la Plata desde el delta de Tigre hasta el comienzo de la Bahía Samborombón ha tenido conflictos similares donde la urbanización de obra pública y privada modifican el ecosistema. Un ejemplo es lo ocurrido en Hudson donde las y los vecinos se vienen autoconvocando también en defensa de la reserva natural.

Si bien es conocida la problemática de contaminación del Río de La Plata, la falta de protección de la reserva natural se vuelve una preocupación ante la alteración del medio ambiente. Para ejemplificar esta situación con la instalación del proyecto Nueva Costa del Plata es necesario elevar la cota de la costa a 6 metros de altura. Esto no solo tiene implicancias en la destrucción de los humedales y el bosque nativo, sino que también acarrea consecuencias como mayores inundaciones producto del relleno del territorio. Desde el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata se viene alertando sobre los diversos factores que repercuten ante la desaparición de los humedales. Entre ellos los eventos hidrológicos extremos vinculados con la variabilidad y el cambio climático, la alteración de la biodiversidad y los corredores biológicos, la provocación de mayores inundaciones, entre otras.

Por parte de los distintos activistas se encuentra una doble problemática ante la defensa de estos espacios verdes tan necesarios para la humanidad. Por un lado, el desconocimiento por parte de la población del impacto, beneficio y riqueza medioambiental de estos ecosistemas y por otro lado la falta de reglamentación y cuidado por parte del Estado. Es por ello que las acciones que se realizan desde los distintos espacios son tanto de visibilización y reconocimientos de estos pulmones verdes en las diversas localidades como de la defensa ante proyectos que abonan a su destrucción.

En medio de un contexto donde el cambio climático y las catástrofes naturales están a la orden del día se vuelve más que necesario seguir visibilizando estas situaciones que aún no encuentran respuestas en la actualidad. Ya desde la ONU se viene alertando que solo en el último siglo se han destruido la mitad de nuestros humedales.

Hoy en día la organización vecinal viene siendo una respuesta ante la falta de políticas públicas en defensa de la reserva natural. Si bien se tomaron medidas necesarias para la preservación y cuidado del medioambiente como la ley de educación ambiental, es necesario que avance el postergado proyecto de ley de humedales y que de una respuesta a tiempo antes que sea demasiado tarde. 

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Desde tempranas horas del martes, trabajadoras y trabajadores de la vía pública del barrio de Once, fueron objeto de un operativo de desalojo con una violenta represión por parte de las fuerzas de inseguridad que representan al Estado.

Mercaderías confiscadas y el impedimento de trabajar. Feriantes, manteros y vendedores ambulantes se movilizaron para responder a los palos y ocuparon las calles para reclamar por su derecho al trabajo. También fueron reprimidos trabajadores y trabajadoras de los medios de prensa, que cubrían la noticia.

Hace casi un año, trabajadores y trabajadoras de la vía pública fueron desalojados y reprimidos en la calle Avellaneda, del barrio de Flores. Con promesas de relocalización que nunca se cumplieron, estas personas aún esperan una solución por parte del gobierno ciudadano. Una estrategia de gran contenido mediático que estigmatiza a estos trabajadores pobres, que sostienen la economía popular, por fuera de toda formalidad. En su gran mayoría comercializan mercaderías que responden a una producción industrial, de la cual ellos son el último eslabón. Sin embargo el sentido común instala la responsabilidad en el comercio hormiga, informal, que sostiene esas producciones industriales cuyo beneficio va a parar al bolsillo de los empresarios, que ni siquiera son sospechados por este accionar, que evade impuestos a gran escala, que no declara sus ingresos y que implica una red de comercialización informal, una mafia, que lucra no solo con el hambre de las clases populares, sino también con otro modo de subsistencia.

Medios masivos serviles

Mientras tanto los medios masivos se ocupan de legitimar los argumentos, esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad con ayuda de los comerciantes, que culpabilizan a estos trabajadores de la economía popular porque ocupan el espacio público, no pagan impuestos, no tienen autorización para trabajar y son parte de una mafia. Todo ello los hace responsables de la falta de ventas en los comercios de la zona. Una construcción discursiva que oculta el beneficio para los grandes empresarios textiles, que alimentan circuitos de informalidad para comercializar y a la vez invisibiliza la responsabilidad que tienen las actuales políticas económicas en la disminución del consumo, que los afecta.

Al mismo tiempo

Un operativo ejecutado en defensa del espacio público e instrumentado brutalmente por la Policía de la Ciudad golpeó a mujeres, jóvenes y persiguió incluso a trabajadores discapacitados cuyo único modo de ganarse la vida es la venta callejera. Curiosamente no interviene el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que los perseguidos son trabajadoras y trabajadores en condiciones de gran vulnerabilidad social. Poco antes de finalizar el año el gobierno nacional junto con el Congreso Nacional reconoció la Emergencia Social por la situación de los sectores más frágiles de la sociedad.

Al mismo tiempo que se reprimen a los trabajadores más informales, se ejecuta otra operación discursiva desde las políticas del gobierno nacional. La flexibilización laboral está en marcha. Esa que fuera anunciada desde el minuto cero de este gobierno, cuando desde el diario La Nación se anunciaba que era alto el costo laboral argentino. El Secretario de Empleo y ex directivo de Techint, Miguel Ángel Ponte, enunció esta semana que “la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia” a lo que agregó que es como “comer y descomer” con una metáfora alimenticia de dudosa veracidad, para alguien que no debe haber tenido dificultades para acceder a la ingesta diaria. El funcionario hacía alusión a la implementación de pasantías laborales favorecidas desde la cartera laboral, lo que en la práctica implica la flexibilización del mercado laboral, cuyos salarios van a la baja. Esto se acompaña de políticas de Estado que buscan reducir los aportes y contribuciones patronales que sostienen el sistema previsional. Es decir favorecen una vez más a los grandes grupos económicos.

Al mismo tiempo los diarios titulan “Macri firma convenio de Vaca Muerta y logra la primera flexibilización laboral” (El Cronista). Un acuerdo que suscribe el presidente Mauricio Macri y sus ministros con el acuerdo del secretario general del Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquen y La Pampa, Guillermo Pereyra y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. La flexibilización laboral con la complicidad escandalosa de los representantes de las y los trabajadores que benefician a las petroleras.

Al mismo tiempo, se implementa la complicidad del aparato judicial, que a través de uno de sus jueces acaba de deportar a un joven con la hipótesis de implicación en un asesinato, que aún no ha llegado a juicio, contrariando la presunción de inocencia que consagra nuestro derecho.

¿Qué relación tiene esto con los vendedores desalojados?

Mientras los medios, cómplices históricos, ponen el foco en perseguir a las personas que buscan un miserable sustento diario, con extensas jornadas laborales soportando las inclemencias climáticas, se oculta que no parece haber otra posibilidad de alcanzar otro modo de ganarse la vida. Emergencia social, creciente desocupación, junto con la flexibilización laboral muestran el trazado de un ajuste que está en marcha, un ajuste feroz para una gran mayoría, que solo cierra con represión. Así también lo muestran los episodios que están sucediendo en nuestra Patagonia, donde se instrumenta la represión de estado para permitir la entregan de territorios y cursos de agua que benefician a grandes grupos económicos

La sociedad busca un chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar por sus males. En general estas hipótesis se dirigen a la representación del extranjero, el negro, el pobre, los jóvenes, es decir el diferente, que se convierte en una amenaza. Un discurso legitimado desde las usinas del pensamiento más xenófobo, tal como lo expresa de manera brutal el discurso de Trump y que cotidianamente circula en el sentido común más instalado: inmigrantes, extranjeros, de otras religiones, una amenaza a la integridad de los estados nacionales. Un discurso que se dirige a encontrar siempre un culpable en el más débil.

La cuestión de las y los vendedores callejeros aún no encuentra solución, la de la entrega de nuestros intereses soberanos a los grandes grupos económicos tampoco, pero mientras tanto el pueblo se organiza, se moviliza y lucha. “Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino” tal es lo que consagra nuestra Constitución Nacional, al mismo tiempo en su artículo 14 bis garantiza el derecho al trabajo.

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Asambleas, paros y movilizaciones, la estrategia de de los sectores obreros antiburocraticos para enfrentar el ajuste macrista.

Hace un año el macrismo eliminaba retenciones agrarias y mineras, a bienes personales y devaluaba. Estas medidas, apoyadas por la oposición política, derivaron en la caída del salario real, baja del consumo y despidos. Recién en abril, la CGT amagó con el apoyo a una Ley antidespidos vetada por Macri sin consecuencias políticas. Durante el 2º mandato de CFK impulsó 5 paros nacionales por la eliminación de Ganancias para la 4ª categoría. Ahora se embarca en la discusión de un proyecto que no contempla esa alternativa en ninguna de sus variantes, a pesar de las promesas de campaña de todos los candidatos. El argumento: elevar el mínimo no imponible provocaría un descalabro en la economía capitalista argentina desfinanciando a las provincias y paralizando la obra pública. El debate sobre ganancias desnuda que el sistema necesita el despojo de las y los trabajadores para funcionar.

El lunes pasado Paolo Rocca de Techint apareció en el programa Odisea Argentina que se emite por TN. Allí sostuvo: “El país no puede aceptar más conflictos entre gobierno y oposición. Necesitamos asegurar la gobernabilidad”. Y remachó la Cámara Argentina de la Construcción en una solicitada al día siguiente: “La media sanción, por la Honorable Cámara de Diputados, de un proyecto alternativo al propuesto por el Poder Ejecutivo resultaría, de convertirse en ley, un escollo al desarrollo del país”.

Sin embargo, los sindicatos del transporte anunciaron la paralización de los servicios el lunes 19. Se trata de una advertencia a la administración de Mauricio Macri para eximir del tributo los pagos de viáticos y horas extras.
La Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) dio a conocer un cronograma de asambleas pautado para hoy, que en los hechos implicará, de concretarse, la ausencia de servicios de colectivos, trenes, aeronáuticos y de camiones durante toda la jornada, anticipó Omar Maturano, adjunto de la organización y jefe del sindicato de maquinistas ferroviarios, La Fraternidad.

En el Ejecutivo opinaron que las medidas de fuerza anunciadas “son paros encubiertos para condicionar la negociación” que comenzó el viernes con la conducción de la CGT y que tendrá un segundo paso desde el mediodía de hoy.

También logró desactivar el paro bancario. La Asociación Bancaria confirmó que, tras las negociaciones del viernes, todas las entidades financieras, incluidas las extranjeras, abonarán a los trabajadores entre el 23 y 30 de este mes la compensación salarial 2016 exigida por el gremio.

Las conversaciones con la ABA (bancos privados extranjeros) y el Banco Central continuarán en el marco de una nueva audiencia, convocada por Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo, para el próximo jueves, para ultimar detalles del “cumplimiento integral del acuerdo”, señalaron en un comunicado de prensa.

La Bancaria había suspendido “provisoriamente” el paro del jueves para asistir a la audiencia convocada por Trabajo el viernes y por la proximidad de “las fiestas de fin de año y la cantidad de jubilados y titulares de asignaciones que acuden a las entidades en ese período”.

Paritarias y bono de fin de año

Los maestros nucleados en el Frente Gremial Docente bonaerense se movilizarán el miércoles a la Casa de la Provincia, en la ciudad de Buenos Aires para reclamar al gobierno provincial la reapertura de la paritaria salarial.

El Frente, que integran AMET, FEB, Sadop, Suteba y UDA, reclama además un incremento del presupuesto educativo para el año próximo, la eliminación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, cobertura de cargos y aumento en los cupos de los comedores escolares, entre otros reclamos.

En otro orden, tras la reunión convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los representantes de las federaciones universitarias denunciaron en conferencia de prensa la responsabilidad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación de no ofrecer respuestas a ninguno de los reclamos del sector. En este marco, el año cierra en tensión y se compromete el inicio del ciclo lectivo 2017.

A través de un comunicado de prensa la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) se declaró en “estado de alerta y movilización ante la negativa de la Patronal a reabrir las negociaciones paritarias y a conceder un bono de fin de año para compensar los efectos de una inflación que ha esmerilado nuestro poder adquisitivo“.

Las paritarias de los Agentes de Propaganda Médica vencieron el 31 de Julio. Lejos de intentar conciliar entre las partes, el Ministerio de Trabajo se habría sumado como un integrante más de la patronal farmacéutica para exigir a la parte gremial que ceda sus derechos adquiridos y que se violen las leyes de profesionalidad que regulan la actividad.

En la Alimentación finalmente la Cámara empresaria decidió “sugerir” a las empresas que otorguen $ 2.000 en cuotas hasta abril. La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) en un comunicado publicado el lunes pasado denuncia esta situación y convoca a un acampe el día 21 de diciembre para reclamar por un bono de $ 6.000, luego de semanas de negociaciones sin convocar a asambleas ni medidas de lucha.

Sin embargo, en Pepsico Snacks planta Florida se votó en asambleas hace tiempo la necesidad de un bono equivalente a 100 horas de trabajo lo que significarían $ 8.000 pesos y la posibilidad abierta de tomar medidas. Finalmente se aceptó por mayoría la oferta de la empresa de $ 6.000 pesos a pagar en dos cuotas en enero y febrero.

En medio de conflictos entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras tras la muerte de un operario, los metrodelegados del subte consiguieron un bono de fin de año que venían reclamando hace semanas.

Más allá de los reclamos por mayor seguridad que continúan, el acuerdo rubricado establece un pago de 5 mil pesos en diciembre para todos los empleados del subterráneo y dos cuotas variables de acuerdo a la categoría que arrancan en $3.000 con los haberes de enero y febrero.

Al acuerdo se llega tras las negociaciones que comenzaron hace unas semanas cuando el gremio exigía la reapertura de la paritaria por un adicional de 15%, para sumarlo al 32% pactado en junio.

Asimismo, la AGTSYP y el Personal Aeronáutico, que forman parte de la CTA liderada por Hugo Yasky, anunciaron para hoy la realización de “asambleas sorpresivas” hasta el mediodía, en consonancia con las medidas del resto de gremios del transporte.

Empleo

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio a conocer un informe que indica que más de la mitad de los trabajadores tiene problemas de empleo: el 30,7% tiene empleos pero sin vinculación con la seguridad social; el 18% está subocupado en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad y/o participa de programas de empleo; y el 9,9% está desocupado.

Asimismo, el informe señala que casi uno de cada tres trabajadores perdió el empleo durante 2016, dando cuenta de una gran inestabilidad: el 27,7% de los asalariados mayores de 18 años aseguró haber estado desocupado al menos una vez durante el último año.

El mercado de trabajo registrado volvió a mostrar en el último mes un mayor índice de cesantías de personal que un año atrás, y también en comparación con octubre.

Así surge del informe mensual de la consultora Tendencias Económicas que dirige el economista José Luis Blanco, que dio cuenta de que en noviembre “los despidos crecieron 7 veces frente a igual mes de 2015: alcanzaron a 9.252 trabajadores, principalmente del sector privado, destacándose los registrados en las industrias frutícola, textil, curtiembres y calzados, electrodomésticos, frigoríficos, petróleo, metalurgia, construcción transporte, prensa y comercio”.

Las denuncias sindicales corroboran que las bajas de personal del último mes se concentraron en los fruticultores del Valle Medio, y en las industrias de la construcción, metalúrgica, textiles y cuero.

El relevamiento se nutre de las denuncias sindicales publicadas por los principales diarios de la Capital Federal y del Interior del país, detectó un aumento de las desvinculaciones de personal de casi 8.000 personas en comparación con un año antes, y de unas 3.900 respecto de los registros de octubre.

Recuperadas

Los y las trabajadoras de las empresas recuperadas se movilizaron para llevar adelante sus reclamos por trabajo, por la expropiación de Madygraf, por la renovación tecnológica de Zanón, contra los tarifazos, por la equiparación del PTA con el subsidio REPRO de las empresas privadas, por el acceso al crédito y subsidios y por un bono de fin de año.

Con el ya tradicional “cuadernazo” -distribución gratuita de cuadernos escolares-, comenzó el corte que realizaron en la mañana del jueves sobre la 9 de Julio. Más de 500 trabajadores, jóvenes, mujeres y estudiantes se movilizaron en defensa de las gestiones obreras.

Por la tarde, el Ministerio de Desarrollo Social, en una reunión donde participó Myriam Bregman junto a trabajadores de Zanón y Madygraf, se comprometió a entregar a las fábricas recuperadas cajas navideñas y juguetes para los hijos de los trabajadores, gestionar el cobro de la AUH y subsidios importantes para las fábricas a través del INAES.

Anuncian movilización a Plaza de Mayo

El viernes se realizó en la sede de Ademys una conferencia de prensa donde sindicatos, agrupaciones clasistas y organizaciones de izquierda anunciaron que el próximo martes 20 de diciembre, desafiarán la tregua de la CGT y movilizarán a Plaza de Mayo a partir de las 17:00.

“La CGT está frente a una nueva entregada. Después de permitir los más de 250.000 despidos entre los trabajadores en blanco y las políticas de ajuste que han llevado a un crecimiento inusitado de la pobreza e indigencia, producto de la precariedad laboral, ahora se aprestan a entregar el reclamo de la anulación de Ganancias en los salarios y acordar con el Congreso mantener esta confiscación a los trabajadores. El 20, a quince años del Argentinazo, contra la tregua de la CGT, llevaremos a Plaza de Mayo los reclamos de los trabajadores y el pueblo”, sostuvo Alejandro Crespo, Secretario general del Sindicato del neumático (SUTNA).

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Frente al ajuste sobre las y los trabajadores que profundizó el gobierno de Macri, el panorama del sector metalúrgico luego de las paritarias insuficientes que cerró la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Es sabido a eta altura, que la devaluación, los tarifazos y la suba de precios internos provocados en estos seis mees del gobierno de Cambiemos acentúan la incidencia de la pobreza y el hambre. En tanto, la pérdida salarial provoca una caída en el consumo popular (4,8% en el primer trimestre) y en la producción de bienes de consumo masivo.

En este marco la UOM, como la mayoría de los sindicatos, cerró paritarias a la baja. El sector metalúrgico cerró su acuerdo el 10 de mayo, en un 33% (en tres cómodas cuotas), y que se hará efectivo plenamente recién en marzo de 2017. Así, este acuerdo queda lejos de la inflación interanual que de mayo a mayo supera el 40%.

Rama 21

Este acuerdo fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación el 17 de mayo, menos la denominada Rama 21 “Siderurgia” (Acindar, Siderca y Siderar), agrupadas en la CAA (Cámara Argentina del Acero). Por esta negativa, los trabajadores siderúrgicos tienen congelados sus salarios desde julio de 2015.

Esta estrategia empresarial de los grandes grupos económicos (hecho que la UOM viene cediendo hace años) termina dividiendo en la negociación salarial a los trabajadores metalúrgicos. El conflicto que obligó a la UOM a iniciar un plan de lucha se relaciona con que, pasados dos meses, los grandes grupos se niegan a reconocer el aumento salarial en los básicos de convenio y luego trasladar los mismos porcentajes al salario conformado, lo que venía ocurriendo desde que se reabrió la paritaria en 2004. Así, este acuerdo se trasladaba a las diferentes Plantas para la discusión, dado que en general las voces son diferentes. Demás está decir que sin negociación del conformado, hay un impacto negativo en los salarios de los trabajadores.

Lágrimas de cocodrilo

En este contexto, los grandes grupos que componen la CAA argumentan la situación de baja producción, crisis, apertura de importaciones, etc., y señalan que Siderca opera en alrededor de un 30% de su capacidad y afronta 2.300 suspensiones rotativas hasta el año venidero; mientras que Acindar lo hace al 50% de su capacidad, con suspensiones rotativas hasta marzo de 2017. En tanto que Siderar ronda alrededor del 80-85% de su capacidad.

El sector siderúrgico está controlado por dos grandes corporaciones Acindar: por el grupo Arcelor Mittal (principal productor de acero del mundo) y el grupo Techint (Tenaris y Ternium) principal Holding industrial del país. El grupo Techint se orientó a través de TenarisSiderca como proveedor de materiales de infraestructura para la industria petrolera (fundamentalmente tubos sin costura), y desarrolló una fuerte estrategia de inserción internacional que hoy, efectivamente, redujo la producción producto de la caída del precio del barril del petróleo. Por otro lado, TerniumSiderar se especializó en la fabricación de laminados en frío y caliente. También en productos de alto valor agregado como aceros recubiertos, galvanizados, pintados y estañados. En tanto, Acindar se orientó a la producción de materiales para la construcción y para el sector agropecuario.

Pero en este desarrollo lo que ocultan es que en los últimos años vienen presentando tasas de ganancia extraordinarias, muy superiores a otras acerías en el mundo. Durante este último período, la productividad sectorial creció alrededor de un 20 por ciento de la mano de una intensificación y precarización del uso del trabajo (reducción de personal, tercerización de distintas áreas de producción y servicios, etc.).

Techint es claramente quien marca el paso. Este grupo, que siempre dependió del Estado, que se expandió fuertemente con la privatización de Somisa (fábrica que prácticamente regalaron), que se endeudó durante la dictadura y fue una de las más favorecidas cuando los militares –con Cavallo en el Banco Central– estatizaron la deuda de las grandes empresas, desaparecía delegados y trabajadores luchadores; en la década de 1980 se benefició con la “promoción industrial” y recibió distintos tipos de prebendas; y hasta con el gobierno de Kirchner fue el grupo que más aprovechó los proyectos de inversión que estaban destinados, supuestamente, para las pequeñas industria (en sólo dos proyectos recibió 137 millones a bajo interés para invertir). De esta forma, se fue transformando en una multinacional con fuertes inversiones en todo el mundo.

Pero este avance del monopolio tiene otra cara: la precarización laboral. En Somisa eran necesarias 12 horas hombres para producir una tonelada de acero líquido, y hoy lo realizan con solo 3 horas hombres. Pero, además, antes esas horas hombres eran de personal de planta permanente con todos los beneficios, hoy en las siete plantas de Ternium Siderar trabajan 10.000 trabajadores de los cuales 5.000 son de planta permanente con todos los beneficios y mejores salarios, y la otra mitad son tercerizados, divididos en más de 20 empresas, con salarios que promedian la mitad de un efectivo, en peores condiciones de seguridad e higiene (de los últimos 10 accidentes fatales, el 80% eran tercerizados), etc.

Sindicatos y negocios

La vieja dirigencia de la UOM cedió, desde hace tiempo, a los planteos de los grandes grupos siderúrgicos. Un ejemplo es que aceptó la negociación por Rama como un primer paso de un nuevo convenio colectivo del sector, que es un viejo anhelo de las patronales.

Hace años que los dirigentes están más preocupados por los negocios que por las condiciones de trabajo y el salario de las bases metalúrgicas; o por los fondos de las obras sociales y –como se los viene investigando desde la justicia– el reparto de los fondos del seguro de sepelio. Esos mismos dirigentes son los que en la última paritaria acordaron un monto para “capacitación” de $ 532 por cada trabajador, esté o no afiliado al sindicato. De esto se deduce que sus desvelos pasan por otro lado, en todas las seccionales del conficto: Campana, La Plata, Quilmes, Morón, La Matanza, San Nicolás y Villa Constitución. Esta situación alcanza también a los nuevos referentes del gremio, como el caso de Abel Furlán de la seccional Campana, que en lugar de reclamar por los despidos y suspensiones de efectivos y tercerizados, se ocupó de defender la entrada de acero desde China.

Plan de Lucha

Ante la presencia de dirigentes más preocupados por sus negocios que por la situación de los trabajadores, y la negativa patronal, se dio comienzo a un plan de lucha. Comenzó con una movilización de delegados e instalación de una carpa frente al edificio de Techint en Retiro los pasados 15 y 16 de unio; y continúa esta semana, con bloqueos en la puerta de Siderar, Siderca y Acindar y un paro de 24 horas y movilización al edificio Catalinas en Retiro el martes de la próxima semana.

Queda claro que no quieren el protagonismo a las bases. Pero el cerco que los dirigentes quieren imponer, se empieza a romper: se realizan asambleas y los trabajadores exigen tomar medidas más contundentes. Así se impulsan acciones más democráticas y organizadas por los propios trabajadores, involucrados en el desarrollo de la lucha y del trabajo cotidiano.

*Obrero metalúrgico

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El lunes 25 de abril, 15 obreros fueron despedidos de la planta de Tenaris-Siat de Valentín Alsina. Sin aviso, echaron a trabajadores con entre 10 y 30 años de servicio. El cronista, obrero de Siderar, relata los pormenores de aquel día y de la lucha que decidieron dar contra Techint para lograr la reincorporación.

El 25 de abril, todavía de madrugada, en el barrio obrero de Valentín Alsina, la mochila pesada de lunes era cargada por los trabajadores que se acercaban a la fábrica. Allí enseguida se presentía en el aire que algo andaba mal… Una escribana, con papeles en la mano y apostada en la puerta de Tenaris-Siat mostraba una lista con los 15 obreros que serían despedidos ese día. No había causa alguna, eran obreros con muchos años de antigüedad y muy calificados (todos tenían entre 11 y 32 años de servicio). Pero era evidente que esa lista era claramente una persecución gremial, porque muchos de esos 15 trabajadores habían sido delegados e integrantes de alguna Junta Interna, o por lo menos se habían candidateado para serlo.

Entonces, adentro de la fábrica una voz empezó a escucharse fuerte: “Si dejamos que los echen a ellos, después vienen por todos nosotros”; y la asamblea fue contundente: “¡Paro!”.

La delegación Lanús del Ministerio de Trabajo llamó rápidamente a una audiencia conciliatoria para el día martes. Los trabajadores, en solidaridad con sus pares de la zona, recibieron el calor compañero en aquella fría mañana. La comitiva a la que se sumaron de la UOM Avellaneda junto con delegados de la fábrica y un paro de la producción abrieron el camino para que se dictara la conciliación obligatoria, con todos los compañeros adentro y cumpliendo sus tareas habituales.

Fue un paso adelante. La unidad y la decisión se hicieron sentir. Pero los trabajadores despedidos, saben que no pueden bajar la guardia, que el triunfo es temporal. No se abrieron aún canales de negociación y estos metalúrgicos despedidos tampoco comprenden mucho porqué Techint –como uno de los holdings industriales monopólicos de nuestro país–, se comprometió con el gobierno nacional a no despedir personal durante los próximos noventa días cuando ya les cursaron telegramas de despido.

Pero sabemos que no es la primera vez que las promesas de esta gran patronal quedan en saco roto. Sobre todo cuando quieren utilizar a los trabajadores para peleas que les son completamente ajenas: el mismo lunes que se produjeron los despidos, uno de los gerentes de Tenaris Siderca (del mismo grupo Techint) grabó un video en la puerta de la Planta ubicada en Campana en el que argumentaba acerca de los diferentes problemas que enfrentara el grupo si no logran ser parte de los gasoductos de la Provincia de Córdoba, que son financiados por China y con la posibilidad concreta de que los tubos (que en el país son fabricados por Techint) sean traídos de aquel territorio.

El hilo por lo más delgado

Techint viene argumentando que los despidos son producto de la “caída de la actividad ligada a la falta de inversiones en la construcción de gasoductos”. Esto no es cierto: la planta de Siat-Tenaris-Techint de Valentín Alsina fabrica tubos para la industria gasífera, y soportó que durante muchos años los ritmos de producción variaran de acuerdo con los proyectos de obra pública. Incluso hubo períodos donde la baja en la producción fue acordada en planta, con suspensiones rotativas con el 85% del salario, que en los últimos 15 años evitaron despidos.

Pero lo paradójico es que en los últimos tiempos los niveles de producción fueron los mejores de la última década, ya que se terminaron de producir los caños con costura para la primera y segunda etapa del importante Gasoducto del NOA, y se preparaban (con instalación de nuevas líneas de producción) para encarar la tercera etapa del mismo.

Por eso estos despidos son, por un lado, un chantaje a intereses ajenos a los trabajadores; y por otro, una persecución sindical a compañeros que en estos largos años han mostrado estar siempre del lado de los trabajadores, luchando por el salario, las condiciones de trabajo y la libertad y democracia sindical. En tiempos donde las acciones del gobierno nacional parecen ser una excusa para despedir a quienes no les conviene tener en su planta, un sólo grito se escucha en las fábricas, calles y lugares de trabajo: “¡Todos adentro!”. Y en este caso, se hace concreto por los 15 obreros despedidos, que esperan su reincoporación.

*Obrero de Siderar, Haedo.

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A contramano de los pronunciamientos de la burocracia sindical, el viernes la izquierda salió a las calles, en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para hoy organizaciones sindicales, sociales y políticas convocan a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.

Las tres CGT avanzaron el viernes en el proceso de reunificación sindical y el primer resultado de esa señal fue una advertencia a Mauricio Macri: durante un plenario conjunto realizado en la sede de Azopardo 802, le exigieron el pago urgente de una compensación en los salarios, jubilaciones y subsidios para evitar el deterioro causado por la devaluación.
Sin embargo, el encuentro que contó con la presencia de 140 organizaciones gremiales (sólo faltaron los ultrakirchneristas como Antonio Caló) no resolvió ninguna medida de fuerza, a pesar que el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tomó distancia del reclamo al señalar que es una discusión que corresponde “a cada sector” y no al Poder Ejecutivo, aunque aclaró que “si hay acuerdo entre las partes” el Gobierno lo homologará.

La izquierda marchó a 14 años del 19 y 20 de diciembre de 2001

El viernes se realizó la marcha convocada por organizaciones de izquierda a 14 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre cuya denuncia principal fue contra el ajuste que está implementando el gobierno macrista contra los trabajadores.

La cita fue a las 16:00 en el Congreso para marchar hasta la Plaza de Mayo. Participaron el PTS, PO, Izquierda Socialista, la CCC, Nuevo MAS, MST, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Los trabajadores de Cresta Roja fueron parte de la cabecera de la marcha, llevando su reclamo contra el intento de cierre por parte de la patronal.

El documento leído en la plaza afirmaba que “desde esta tribuna llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a desarrollar la más amplia unidad de acción para enfrentar el ajuste en curso y las políticas de entrega del gobierno de Macri”.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas marcharán el martes contra el ajuste

En la tarde del jueves, la sede de la CTA, en la calle Lima, fue el lugar elegido por diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a una movilización cuyo eje central es la exigencia de un bono de fin de año, pero que además denuncia el ajuste en curso.

La conferencia de prensa llamó a movilizarse a Plaza de Mayo el próximo martes 22 desde las 17:00. La convocatoria partirá desde la esquina de Belgrano y 9 de Julio. Los convocantes hicieron además una fuerte denuncia de la política que está llevando adelante el gobierno.

La conferencia resolvió enviar una carta a Mauricio Macri para exigir que “se arbitren los medios necesarios a los fines que se abone un Bono extraordinario antes de fin de año a los trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y AUH con carácter urgente y reparador”.

El lunes 14, un conjunto de organizaciones obreras, sociales y políticas se manifestaron contra el Pacto Social que impulsa la Unión Industrial Argentina (UIA), bajo el nombre de acuerdo económico y social. Norberto Señor, de la Corriente Política Sindical Rompiendo Cadenas, una de las impulsoras de la protesta junto con obreros ferroviarios de Haedo, aceiteros de Capital, estatales de Lomas de Zamora y Almirante Brown, docentes de ADEMYS y AGD–UBA, cooperativistas de AGTCAP y las Comisiones Internas de Pilkington y Felfort, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, consideró que “cuando ellos hablan de un Pacto Social, supuestamente para contener precios, y salarios, de lo que verdaderamente están hablando, es que mientras ya han remarcado los precios en un 20%, un 30%, mientras se preparan para volver a remarcarlos en una devaluación que nos van a tirar por la cabeza, es evidente que el Pacto que quieren es que las burocracias sindicales les garanticen que no haya medidas de lucha”.

Techint dio marcha atrás y reincorporó a los 190 despedidos

La siderúrgica Tenaris Siderca anuló la decisión y anunció que no tomará medidas contra el personal durante los próximos seis meses. El dirigente sindical Antonio Caló señaló que la empresa “reconoció que no era necesario despedir”.

Sin embargo, el acta firmada en el Ministerio de Trabajo contempla que los trabajadores, para ser reincorporados, tienen que firmar el consentimiento de trasladarse a un sector especial de “servicios generales” con la consecuente pérdida de adicionales, lo que rebajaría el salario al 60%. Al llegar a la fábrica recibieron un chantaje brutal: o aceptan la flexibilidad laboral o siguen despedidos. Luego de ingresar a la planta y ser obligados a la firma del acta, se les informó además que quedaban suspendidos hasta el 9 de enero.

Por si esto fuera poco, la empresa va a despedir a unos 200 obreros que trabajan suspendidos de manera rotativa para la contratista COMAU, cuyo contrato finaliza a fin de este mes y algunas de las tareas que ellos realizaban estaban siendo cubiertas por trabajadores de planta. Ahora las harían los “reincorporados” bajo la legalidad del acta que les obligaron a firmar. Al mismo tiempo, se abre una “mesa de diálogo” para discutir las condiciones de trabajo en los sectores que quedarán con menos trabajadores. La empresa ya anticipó que quiere que los que quedan, hagan el mismo trabajo que hacían antes de los traslados. Un negocio redondo para la patronal: se ahorra todo lo que gastaba en una contratista dejando 200 en la calle, cubre ese trabajo con los 189 “reinstalados” y quiere obligar a los demás a hacer el mismo trabajo con menos obreros.

Los despidos generaron la reacción autoorganizada de cientos de trabajadores que con familiares y vecinos se movilizaron por las calles de Campana en una demostración de la voluntad de lucha de las bases. Los trabajadores se volverán a concentrar en los cambios de turno. Su intención es mantenerse organizados y seguir la pelea para volver a sus puestos de trabajo.

Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a uno de los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses.

Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, que vende los pollos “Cresta Roja”, pero criticó el corte que los trabajadores realizaron en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El viernes 11, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio. El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no piensa destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarán las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de Cristina Kirchner. A la par de que Macri le acaba de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quiere arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.

El gobierno pretende imponer un “protocolo de protesta social”

Las protestas y los cortes que los trabajadores de Cresta Roja y Siderca realizaron el viernes sacaron a la luz la agenda macrista para “la protesta social”.

El día anterior el Consejo de Seguridad Interior, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, había pedido al presidente Macri que decrete la “Emergencia en Seguridad” en todo el país.

En línea con esta política, en la tarde del viernes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que desde el Gobierno se está trabajando junto a la Justicia en un “protocolo de protesta social” para que los reclamos en la vía pública sean “previsibles” y se permita “la libre circulación” de autos, camiones y colectivos.

El macrismo intentará aplicar a nivel nacional lo que fue una constante en la Ciudad de Buenos Aires. De muestra basta un botón: el jueves pasado, militarizaron la estación Lacroze de subterráneos, ante la interrupción del servicio de la Línea B que realizaron los trabajadores tercerizados para reclamar frente a casi 30 despidos.

También los trabajadores de Ademys repudiaron la presencia policial en la sede del sindicato durante la asamblea que se llevó a cabo el viernes 11. Cuando el oficial de la Policía Federal fue consultado por su presencia, les informó que había sido “mandado” porque la asamblea iba a discutir la nueva situación política y las medidas a seguir en la lucha en defensa de la educación pública.

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El jueves, Paolo Rocca, CEO y presidente el holding más grande de la Argentina, estuvo junto a María Eugenia Vidal en el lujoso hotel Sheraton. Al día siguiente, temprano, el poderoso empresario compartió un acto con el presidente Mauricio Macri. En el medio, entre un encuentro y otro, el grupo Techint decidió despedir a casi 200 trabajadores de su planta Siderca, en Campana. En las últimas horas trascendió que fueron reincorporados por un periodo de seis meses.

El jueves

A Paolo Rocca se lo vio de buen humor en Parque Norte, en la cumbre de los industriales, después de los anuncios del presidente Mauricio Macri sobre el fin de los impuestos a las exportaciones. Mucho más contento se lo pudo ver luego de la conferencia de prensa del Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quién notificó la devaluación y levantó el denominado cepo al dólar. En un clima de celebración por las recientes medidas económicas, el jueves 17 de diciembre el titular de Techint y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal compartieron el cierre del Seminario ProPymes que se desarrolló en el hotel Sheraton, y que también contó con la asistencia de Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Metalurgica.

En esa cita de lujo, Rocca habló durante 15 minutos y Vidal lo escuchó atentamente. Con un acertado oportunismo, el orador le dedicó unos párrafos a “la transformación de la provincia de Buenos Aires”, la cual “nunca ha sido administrada con seriedad”, apostó por el “cambio de ciclo político” y profetizó “nosotros no pedimos plata. Nosotros queremos gestión”. De yapa, como si fuera un candidato en campaña, se metió con “el tema de la seguridad, importantísimo para nosotros”. Ante un auditorio colmado, con esas definiciones se lució el segundo hombre más rico de la Argentina, con un gigantesco patrimonio familiar de US$ 3.600 millones que dio a conocer el reciente ranking de la revista Forbes.

En síntesis, en el discurso de Rocca hubo elogios al PRO, críticas al PJ y quejas por el descalabró financiero local e internacional al advertir que “no es un momento fácil”. No dijo nada de nada sobre los telegramas de despidos, ni de la inseguridad por la falta continuidad de laboral o la dificultad por la pérdida del poder adquisitivo y la suba de los precios por el impacto de la devaluación.

El conflicto laboral en Techint se agudizó ese mismo día, en el arranque del turno de las 5 de mañana y de las 13 horas, cuando a un total 189 trabajadores se les impidió el acceso a la planta de Siderca en la ciudad de Campana, donde se fabrican tubos sin costura para la industria del petróleo. Algunos de los operarios afectados tienen entre diez y treinta años de antigüedad en la planta. Temen porque saben que puede incrementarse la lista de sancionados. La empresa pretende reducir el salario de los suspendidos del 80 al 60 por ciento del sueldo normal. Ante la gravedad del problema se recurrió intervenir al Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca. También intervino el nuevo Secretario de Empleo, Miguel Ponte. Casualmente, Ponte es un ex gerente de Recursos Humanos de Techint.

El viernes

Con el problema sindical desatado, los metalúrgicos resolvieron cortar la Avenida Callao, en las inmediaciones del Congreso. En ese mismo momento, Rocca se mostró con Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El viernes 18 de diciembre se realizó la inauguración de las estaciones Córdoba y Las Heras de la Línea H de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. El actual mandatario largó unas palabras ante la prensa desde los andenes. Lo hizo escoltado por Paolo Rocca, con quien viajó entre las estaciones Córdoba a Las Heras. “Quiero felicitar, más allá del atraso, a ‘Tekin’ (Techint) y Dycasa”, deslizó Macri. El reproche no afectó a nadie. Más allá de la mención por los retrasos, en la gestión de Cambiemos una foto vale mucho más que mil palabras.

Mientras esa imagen se replicaba por todo el país, se iniciaban las negociaciones para reincorporar a los 189 despedidos. Al caer la tarde, finalizó el encuentro y se logró un acuerdo. Está previsto que reintegren a todos los operarios a sus lugares de trabajo. De todas formas, no se puede descartar un escenario complejo para un futuro inmediato. “Por seis meses, tenemos paz en la planta”, sintetizó, con cierta esperanza, Antonio Caló de la UOM. El pasado mes de abril se labró un acta de suspensión para el total de la plantilla de la fábrica de 2800 personas, que afectó de forma rotativa a unos 500 empleados, a quienes se reconocía el 80 por ciento del salario. En octubre, la situación se prolongó por dos meses hasta que venció el sábado último. Ahora, se volvió a sellar otro convenio, que no garantiza estabilidad, solo extenderá la incertidumbre, frente a un escenario de ajustes empujará al movimiento obrero a afrontar nuevos desafíos.

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Ayer hubo una numerosa manifestación contra el “pacto social” que pretende el gobierno de Mauricio Macri con la UIA. Las y los trabajadores se van reuniendo en encuentros y medidas ante un fin de año que se perfila sin aumentos y con aguinaldos en duda.

Ayer, un importante conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas manifestaron su repudio frente a la Unión Industrial Argentina (UIA), rechazando el intento de armar un nuevo “pacto social” en la Argentina. La concentración se realizó a las 10 en el Obelisco, para luego movilizarse a la sede de la UIA. Denunciaron que el acuerdo económico y social entre la UIA, la burocracia sindical y el Gobierno de Macri representará más ajuste para las y los trabajadores. Esa alianza tomará forma en la conferencia anual de la organización patronal en Parque Norte, que contará con la presencia de Mauricio Macri, varios ministros de su gabinete, además de Guy Ryder, el Director General de la OIT.

Entre los organismos convocantes a la jornada de lucha se encontraron el sindicato Aceitero de Capital, la Unión Ferroviaria Seccional Haedo, las Seccionales Lomas y Brown-Perón de ATE y de la CTA, Comisiones Internas como las de Pilkington y Felfort, la AGTCAP (Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativistas Autogestivxs y
Precarizadxs), diversas agrupaciones, corrientes sindicales y partidos políticos de izquierda.

Al respecto, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, adelantó que una de las piezas clave de su programa económico sería un acuerdo económico. “Vamos a plantear a mediados de enero un acuerdo amplio entre sindicatos y empresas en el que haya tres partes en la mesa y cada una tendrá que poner lo suyo para que se coordine de la mejor manera posible”, afirmó.

El “acuerdo económico y social” legalizaría el aumento de precios, pero pondría un cepo al salario en vísperas de las paritarias. La suba del mínimo no imponible sobre ganancias en marzo sería presentada como parte del acuerdo.

Este tema fue motivo de idas y vueltas. Fue Mauricio Macri, en el programa de Mirtha Legrand del sábado 5 a la noche, quien señaló que “lamentablemente, no creo que lleguemos al aguinaldo y lo vamos a instrumentar desde enero”. En sintonía, Jorge Triaca, el flamante Ministro de Trabajo, destacó que plantearán una solución para Ganancias “a partir de 2016”.

Sólo 48 horas después pegaron un giro y, a través de un comunicado de prensa, Mauricio Macri informó que “todos aquellos asalariados en relación de dependencia cuyos ingresos brutos sean inferiores al nuevo Mínimo No Imponible de 30.000 pesos que propondremos se fije por ley, estarán exentos de tributar ganancias en el Medio Aguinaldo que recibirán en los próximos días”.

Se interpreta que este cambio de postura se debió a la reacción negativa que provocó entre los gremios y un sector de trabajadores la inicial desmentida de Macri, rubricada por Triaca.

Si bien no se informó el alcance de la medida, sobre más de un millón de empleados y varios miles de jubilados y autónomos, se estima que el anuncio alcanzaría a unos 200.000 o 300.000 trabajadores.

Techint: rebajas salariales y despidos

A pesar la megadevaluación adelantada por Alfonso Prat Gay, que facilitará la reducción de los salarios en dólares, Siderca quiere modificar el convenio que afecta con suspensiones rotativas a entre 400 y 600 trabajadores que permanecen fuera del lugar de trabajo con el 80% del salario normal. El convenio data de abril, se renovó en octubre por dos meses más y venció esta semana. Para renovarlo en la actualidad, la empresa quiere pagar solo el 60% del salario. En caso de no alcanzar un acuerdo, Techint tendría la intensión de desprenderse del 20% de su plantilla en Siderca.

El escenario de fondo es el empeoramiento de la condiciones del mercado internacional del petróleo, que motivó que la empresa funcionara al 30% de su capacidad de producción.

Sin embargo, en el último balance anual presentado ante la CNV, Tenaris (una de cuyas fábricas es Siderca) registró ganancias a nivel global en 2014 por 1.181 millones de dólares. En 2013 el monto fue de 1.574 millones de dólares y en 2012, de 1.701 millones. Recién en los primeros nueve meses de 2015 los números arrojan una pérdida de 29 millones de dólares.

Preparando la resistencia al ajuste

El sábado pasado, en la gráfica sin patrones MadyGraf (ex Donnelley), 800 activistas de la Zona Norte, participaron del encuentro convocado por comisiones internas, delegados combativos y activistas antiburocráticos.

Fueron invitados a dar testimonio de sus luchas las y los trabajadores de Cresta Roja, que están en un duro conflicto por la defensa de 5.000 puestos de trabajo y el lunes harán asambleas para votar nuevas medidas de lucha, de La Litoraleña y Alejandro Vilca, el delegado municipal de San Salvador de Jujuy que acaba de ser expulsado del sindicato SEOM que conduce Carlos “el Perro” Santillán y fuera apoyado por cientos de pronunciamientos. Una delegación del Partido Obrero intervino.

Una de las discusiones que recorrió el día fue la necesidad de preparar un gran encuentro nacional de trabajadores de todo el país que permita coordinar las luchas y la resistencia al ajuste por venir.

El pasado 28 de noviembre, la Agrupación Víctor Choque, ATE Desde Abajo, ATE De Base y estatales de Rompiendo Cadenas, debatieron sobre la situación del sindicato luego de las elecciones y la coyuntura nacional. Algunas de sus conclusiones fueron rechazar la campaña de desprestigio de sus tareas cotidianas lanzada por corporaciones mediáticas, ex candidatos presidenciales y el presidente Mauricio Macri.

La situación de extendida precarización contractual, especialmente en el Estado Nacional, deja a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que facturan como monotributistas, bajo una modalidad fraudulenta, sin ninguna certidumbre sobre su continuidad laboral. Tampoco la tienen quienes se encuentran en modalidades transitorias y ven renovarse sus contratos año a año.

Es el caso de las y los trabajadores del Ministerio de Economía que el jueves, mediante un comunicado, salieron al cruce de informaciones sobre el supuesto ingreso de militantes a organismos públicos: “Lo que para la campaña mediática es el ingreso de miles de militantes al empleo público, se trata en realidad de concursos para el acceso a planta permanente de estatales que hace muchos años (algunos hasta 30 años o más) esperan la posibilidad de acceder a la estabilidad laboral o a una re-categorización. Seguimos peleando por el pase a planta permanente de todos los que continuamos precarizados, como los informáticos que hace más de un año vienen exigiendo la mejora de su condición contractual para acabar con el fraude laboral. A la vez, exigimos la inmediata renovación de todos los contratos de compañeras y compañeros que no cuentan con estabilidad laboral”.

Varios gremios presionan por plus salarial de fin de año

En los principales gremios del sector privado, la aceleración de los aumentos de precios en las últimas semanas, multiplicó los reclamos sindicales por hacerse del pago de suplementos de fin de año.
Hasta ahora está acordado el pago de un plus salarial, de entre $ 1.500 y $ 2.200, para los trabajadores/as de edificio nucleados en la Fateryh. Otro que logró el beneficio fue el sindicato de Peajes, que pactó con las concesionarias un bono de $ 6.800.

La Federación de trabajadores/as de la industria aceitera elevó a los directivos de la cámara empresaria del sector, el pedido de un suplemento de $ 16.000, que surge de aplicar el aumento de convenio del 36% al plus del año pasado ($ 11.750).

Hugo Moyano, solicitó a las autoridades de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) el pago de una bonificación de $ 8.000 para los 200.000 choferes de la actividad.

A su vez, Antonio Caló anunció que el próximo martes reunirá al Consejo Directivo de su gremio para definir el reclamo que elevarán a las cámaras de la industria metalúrgica.

También el gremio de trabajadores de la industria de la alimentación pidió un plus salarial de entre $ 2.500 y $ 5.000, según el tamaño de las fábricas.

En tanto, la conducción nacional de ATE cumplió la semana pasada con un paro y movilización en reclamo de la estabilidad de los trabajadores estatales y el pago de un adicional de fin de año de $ 5.000, similar al que solicitaron a diversos gobernadores los gremios de estatales provinciales.

Comenzaron las negociaciones con los gremios docentes

Los dirigentes de CTERA Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López, entre otros, se reunieron con el flamante Ministro de Educación, Esteban Bullrich.

La misma actitud parece perseguir la gobernadora Vidal, quién anunció que “la semana que viene comenzarán las mesas de negociación con los gremios docentes provinciales, SUTEBA, FEB y UDOCBA”. Las seccionales de SUTEBA opositoras, dirigidas por la Lista Multicolor, exigirán asambleas a Baradel y la dirección del SUTEBA, prepararse para enfrentar los planes de Vidal y que el ajuste no caiga sobre los trabajadores.

El pliego de exigencias contempla el doble aguinaldo o un bono de $ 5.000 a fin de año, la reapertura de paritarias libres y sin techo y la realización de asambleas y plenarios provinciales y nacionales de delegados con mandato, entre otras reivindicaciones.

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