Con movilizaciones y ruidazos se expresó la población en distinas ciudades del país contra tarifazos y la inflación más alta de los últimos 27 años.

La inflación no es noticia

El INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. A principios de año, el macrismo había pronosticado una suba de precios del 10%. El aumento de precios está lejos de detenerse y las consultoras privadas aseguran que enero tendrá un aumento del índice de precios de 2,5%. La suba está vinculada a los tarifazos que el Gobierno autorizó para los primeros meses del año.

Para el mes de diciembre los aumentos más fuertes fueron en los rubros Comunicación (7,7%), por subas de telefonía móvil,  y Salud (5,2%), por incrementos autorizados en las cuotas de prepagas y en medicamentos.

Sin embargo para  los diarios La Nación y Clarín esta noticia resultó poco relevante ya que fue volcada en las páginas 14 y 10, respectivamente. El diario Clarín titulaba: “La inflación aflojó en diciembre a 2,6%”.

La Ley de Presupuesto estima para el 2019 una inflación del 23%, pese a lo cual las y los economistas, según el relevamiento de expectativas del mercado del BCRA, esperan que llegue al 28,7%.

Atrás quedó el augurio de las autoridades del Banco Central, que auguraban una inflación de un dígito en 2019, en una conferencia de prensa allá por fines del 2017. Ni hablar que en la campaña de 2015 el presidente Mauricio Macri prometió que la inflación “sería lo más fácil del mundo de resolver”.

Rosario dice Basta de Tarifazos

Una multitud participó en Rosario de la Marcha de las Antorchas contra los aumentos de tarifas. La movilización, convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que contó también con la presencia de muchos ciudadanos de a pie, partió desde la sede de la ANSES,  en La Rioja y Sarmiento, y finalizó en la Plaza San Martín donde se leyó un documento que advierte que el incremento tarifario forma parte de “un brutal ajuste que no es producto de tormenta alguna sino de decisiones premeditadas”.

La Marcha de las Antorchas se realizó en el marco del plan de lucha nacional que comenzó la semana pasada en Buenos Aires, continuará el próximo jueves en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y cerrará el 7 de febrero en Mendoza. En ese contexto, organizaciones sociales, políticas, barriales y de consumidores, coparon el centro de Rosario. La multitud portaba pancartas que exigían “basta de tarifazos, despidos y ajustes”, “si pagamos no comemos”, “luz, gas y agua no son negocios, son derechos” y “la patria está de duelo”. Un volante que repartían los organizadores precisaba que “entre diciembre de 2015 y enero de 2019, los salarios y las jubilaciones subieron un 110 % promedio, mientras que el agua subió un 350 %, la luz 750 %, el gas 3700 % y el transporte un 300 %. ¡Calculá cuánto perdiste!”. Pasadas las 18.30hs., y bajo una bandera que decía “Rosario dice No Al Tarifazo”, miles de personas comenzaron a movilizarse y a poco de andar se escuchó fuerte el canto contra el presidente Macri.  La movilización también estuvo integrada por distintos gremios y organizaciones como:  Coad, HIJOS, Feser, Municipales, Siprus, Peajes, Comercio, Dragado y Balizamiento, Judiciales, Sadop, La Bancaria, Amsafé Rosario, Sitratel.

Un documento fue leído en la Plaza San Martín por las dirigentes Stella Hernández del Sindicato de Prensa; Yamile Baclini de Municipales; Claudia Indiviglia de 21F y Nancy Santamaría de la Multisectorial contra los tarifazos. Dijeron que “trabajadores públicos y privados, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios y empresarias, universitarios y universitarias, profesionales, estudiantes, docentes, clubes, fabricas recuperadas, sindicatos, movimientos sociales, pymes, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidoras, y espacios políticos, reunidos en Rosario decimos Basta de Tarifazos”.

El ex triunviro de la CGT y secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Juan Carlos Schmid,  también estuvo presente en la movilización en rechazo al aumento de tarifas en los servicios públicos convocada por el Frente Sindical por el Modelo Nacional (FRESIMONA) en Rosario.

Schmid expresó que “hay condiciones para lanzar un nuevo paro general, pero la fragmentación sindical y política dificulta su concreción”. Para concluir afirmó que “el creciente reclamo de los trabajadores en la calle debe tener una traducción en el proceso electoral, con el cambio de la política económica”.

Movilizaciones contra los tarifazos 

El pasado viernes 18, por cuarta semana consecutiva, se convocó a un #Ruidazo contra la suba de tarifas. El mismo tuvo eco en distintas esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y otras  localidades del país.

Miles de personas volvieron a reclamar contra las subas en los servicios públicos esenciales como la luz, el gas y el transporte.

La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas se sumó al Ruidazo en  Acoyte y Rivadavia para protestar contra el cierre de 14 escuelas nocturnas que dispuso el gobierno de Rodríguez Larreta, en la CABA.

Paro y quite de colaboración

Mientras tanto, los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizaron tareas en reclamo de “un definitivo acuerdo paritario”, informó el secretario de prensa de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Ricardo Sironi.

Los delegados y delegadas gremiales decidieron profundizar el quite de colaboración y no realizar horas extras, y ratificaron la huelga general para el miércoles pasado, luego de varias acciones de protesta que llevan adelante desde hace semanas, en reclamo de “una mejora salarial”.

“Las empresas se niegan a efectuar la recomposición de los haberes convenida en la paritaria de 2018, por lo que la Asamblea General de representantes y la conducción de la Apsee ratificaron la huelga general”, señaló a la prensa, mediante un comunicado, el titular de la organización, Carlos Minucci.

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Trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Cueroflex ocuparon a principios de julio el Ministerio de Energía para protestar contra los tarifazos. La decisión fue acompañada por la Corriente Federal de Trabajadores, la Federación Gráfica, la Federación de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados y el gremio de Curtidores, entre otras organizaciones sindicales y sociales. Marcha dialogó con Andrés Ruggeri, del Programa Facultad Abierta, sobre la situación crítica de las fábricas recuperadas.  

Permanecieron unas horas en el hall. Las autoridades se comprometieron a evitar los cortes de luz y gas en las fábricas recuperadas y cooperativas. Con esa promesa se levantó la protesta. ¿Qué podés comentar sobre esta situación que atraviesan las fábricas recuperadas y cooperativas?

Esa fue una medida que se tomó entre varias organizaciones. Cueroflex fue la que más trabajadores aportó porque es una de las más complicadas por el tarifazo. Pero es una situación que afecta a todas las empresas recuperadas, sobre todo las industriales que tienen altos costos energéticos. Hay una situación que no sólo es para las recuperadas, para las Pymes también, en general para toda la economía que no es especulativa ni exportadora. Son estos altísimos costos que está generando el tarifazo que viene implementando el gobierno desde que asumió y que compromete la actividad productiva del país. La diferencia con las fábricas recuperadas es que tienen la capacidad de movilizarse y visibilizar el reclamo.

Hay cierta desesperación porque la situación está llegando al límite en muchas fábricas. Esta nueva vieja gestión, porque la política es la misma, solo cambiaron algunos personajes, tuvo que abrir un poco la negativa férrea que venían teniendo hasta ahora donde no había nada que negociar. Esta vez prometieron suspender los cortes, aunque no sé exactamente si se avanzó en la promesa de discutir una tarifa diferenciada para las recuperadas.

Los aumentos de gas y electricidad impactan fuertemente, como vos bien decís, no solamente a las empresas recuperadas por sus trabajadores sino también a las pequeñas y medianas empresas. Mencionaste dos temas, la tarifa diferencial y la suspensión de los cortes. ¿Hay alguna otra medida que exijan las recuperadas? No solamente en referencia al tema energético, sino de conjunto.

Hay varias. Inclusive con el tema energético hay otra medida más que es el congelamiento de las deudas. Porque lo que está provocando mayores problemas es que se va acumulando deuda. Por ejemplo, Cueroflex tiene una deuda de casi 9 millones de pesos entre gas y luz y todos los meses le llega un millón más. La deuda sube exponencialmente, puede no cortarse el suministro pero la deuda se acumula. Lo que se está intentando es aguantar hasta que cambie la situación política, hasta que cambie el gobierno. Evitar el cierre por causa de esta situación. Pero después hay muchas otras, un pedido histórico como es la Ley de Expropiación.

Algo se resolvió favorablemente en Santa Fe.

En Santa Fe y en otras provincias un poco más insólitas en este sentido porque no se caracterizan por tener empresas recuperadas, como son La Rioja y San Luis, donde hay una decisión política de los gobiernos de avanzar en las expropiaciones y en darle las fábricas que van cerrando a cooperativas de trabajadores. Hay casos nuevos en esas provincias.

¿Ha habido cierre de empresas recuperadas por estas razones que estamos comentando?

Sí. Hubo algunos cierres. Estamos por sacar un nuevo informe y una de las cosas que más nos llaman la atención es una cantidad importante de fábricas que si bien siguen en manos de los trabajadores, están trabajando con muy bajo nivel de producción o directamente están paradas. Una de las causas son las tarifas impagables.

Dos ejemplos. Una es Inimbó que es una textil de Resistencia, Chaco, una de las primeras recuperadas en 1993 que está prácticamente sin trabajar y otra en Santa Fe, Vitrofin, una fábrica de cristalería fina con vidrio soplado que no pueden prender los hornos siendo prácticamente todo el costo que tienen. De hecho hace dos o tres semanas se hizo una gran actividad para recaudar dinero, una cena solidaria en Rosario para ayudar a Vitrofin. Es una situación que se está expandiendo y hay pérdida de puestos de trabajo porque la gente se empieza a ir de las cooperativas.

Es lo que está pasando en Neuquén con Zanón.

Zanón acumula una deuda infernal, de millones de pesos.

Se han ido muchos trabajadores. Están también las problemáticas que tienen que ver con la Justicia. En el caso de La Toma, y en el caso de una de las cerámicas recuperadas de Neuquén, el Bauen también.

Sí. El Bauen tiene una deuda de agua muy importante.

Estuviste bastante tiempo fuera del país, viajaste a Sudáfrica ¿Cómo marcha la organización de los congresos regionales de fábricas recuperadas?

Se están organizando en este momento los tres que se vienen armando como regionales, el de Sudamérica va a ser a principios de noviembre en Chile, del 1 al 3 en Santiago. El comité local ya está funcionando, ahora estamos por empezar la convocatoria a nivel regional.

El otro que viene con fuerza es el de América del Norte, impulsado por el cambio de gobierno que va a haber en México. Se va a hacer del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de México en las instalaciones de la nueva cooperativa que se armó con el sindicato mexicano de electricistas que es la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro.

Un sindicato de mucha tradición de lucha.

Y que vivieron una situación terrible cuando Felipe Calderón, el Presidente anterior a Peña Nieto que llegó al poder por fraude contra López Obrador en 2006, cerró directamente la empresa de energía estatal de la ciudad de México que era donde estaban prácticamente todos los afiliados al sindicato. Una situación de mucha lucha que finalmente llevó a la formación de esta cooperativa. Y en ese encuentro de América del Norte se está desarrollando con mayor activismo la zona de EE UU y Canadá. Hay un foro de izquierda que se hace todos los años en Nueva York donde hubo una mesa especial para tratar el tema de la economía de los trabajadores y especialmente para la organización de nuestra red que tuvo bastante repercusión, así que creo que va a haber un salto importante de esa regional.

La regional europea viene con un poco más de retraso, hubo dificultad de los compañeros de Rimaflou, que eran los que iban a organizar, después dijeron que no y ahora retomaron la responsabilidad de organizar el tercer encuentro regional que va a ser en Milán entre marzo y abril del próximo año.

¿Alguna novedad de Sudáfrica?

Estuve hablando con compañeros, di algunas charlas respecto de este tema. Está un poco verde la organización de una región en África, pero se está empezando a mover. En realidad yo estuve haciendo otro trabajo allá, en Angola y Namibia. En Sudáfrica también hubo un cambio de gobierno al estilo Dilma Rousseff, una especie de golpe parlamentario, asumió otro Presidente, hubo una huelga general muy grande y empieza a haber un clima de lucha obrera.

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En el Congreso Nacional se aprobó la ley para congelar las tarifas, lo que promovió el veto presidencial, que ya estaba anticipado. Al mismo tiempo que esta semana se realiza la Marcha Federal que hoy confluye en la CABA, que visibiliza la gravedad de la emergencia social. En un escenario con blindaje mediático a Macri, promoción de la fuerzas armadas en la seguridad interior y otros detalles.

Pasadas las 3 de la mañana los senadores aprobaron la ley que congelaba las tarifas. Todos los intentos de frenarla hasta última hora fracasaron y ayer a la mañana se confirmó el veto de Macri. La primer conferencia de prensa, con periodistas de Salta y sin preguntas disonantes fue el mejor blindaje mediático para que el presidente vuelva al relato de Duran Barba. Lo que dejó claro el gobierno es que el gradualismo se terminó y que habrá un endurecimiento del ajuste y de la represión a las protestas. Ante esto, cobra fuerza la multitudinaria marcha federal que se expresará hoy en Plaza de Mayo para rechazar de manera contundente el modelo que está destruyendo la economía de todo un pueblo.

Los costos políticos que podría haber evitado

Las conversaciones con gobernadores, la presión a los senadores, los diversos intentos de posponer el tratamiento de la ley o proponer una ley alternativa a la que llegaba con media sanción de diputados cayeron en saco roto cuando el presidente Macri dejo un mensaje grabado donde llamaba al peronismo a “ser responsable” y no seguir “las locuras de Cristina Fernández de Kirchner”. Los intentos por volver a polarizar al conjunto de la sociedad en una identidad K/anti K le jugaron en contra y varios senadores dieron vuelta su voto.

Más allá del discurso del oficialismo que calificó a la ley como irresponsable e inconstitucional, el veto de Macri tiene un costo político importante ya que ha sido criticado por gran parte de la sociedad que hoy debe afrontar nuevos aumentos de transporte, naftas, alimentos que se suman a las tarifas impagables y que está generando una asfixia en la economía de miles de familias en todo el país.

Si las tarifas de energía, gas y agua ya están por fuera de las posibilidades económicas de las mayorías populares, sumar a eso los aumentos en los alquileres y los productos de la canasta básica marca un escenario de emergencia económica que puede agravarse más con el condicionamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la profundización del ajuste.

Salir de las cuerdas.

Paradojas de la vida. Mientras la Agencia estatal de noticias Telam realizaba un paro y un acto con presencia de gran parte de los referentes del mundo social, sindical y político para solidarizarse con los periodistas censurados y despedidos por escribir un cable que no fue del agrado de la dirección, Macri daba la primer conferencia de prensa tras vetar la ley anti tarifazos. El presidente, alimentando el relato de pluralidad de voces, permitía una conferencia de prensa en la provincia de Salta, con 5 o 6 preguntas que parecían hechas por la gente de prensa de Cambiemos reforzando el blindaje mediático y permitiendo que Macri volviera a su relato duranbarbista.

“Nuestro objetivo es crecer y generar oportunidades”, “Hay que seguir haciendo lo que hay que hacer para construir futuro”,  “estamos avanzando en la dirección correcta para cada día vivir mejor”, “cuantas más herramientas, más futuro construimos”, “lo bien que estamos trabajando juntos”.

Luego de una decisión que gran parte de la sociedad rechaza (las encuestas expresan la caída de la imagen presidencial y el rechazo al veto de la ley antitarifazo), Macri decidió redoblar la apuesta: dejó claro que el “cambio avanza” y que no hay puntos medios.

“Este es el camino que nos va a llevar al futuro que necesitamos. No podemos dar mensajes contradictorios. O entendimos cuál es el camino o no lo entendimos. Y este gobierno lo entendió, Cambiemos lo entendió y esperamos mostrar que la mayoría lo entendió que esto fue una caída, un lapsus”.

El cambio que avanza

El nuevo vallado en la Plaza de Mayo, la decisión de que las fuerzas armadas colaboren en materia de seguridad interior, el imponente operativo de seguridad de la policía de la Ciudad en el día de anteayer y los palos mientras se negociaba liberar un carril en una jornada de ollas populares previa a la Marcha Federal, entre otros puntos, marcan la decisión del gobierno de responder con represión y no con diálogo a los crecientes y masivos reclamos populares.

El modelo económico y las medidas que va a profundizar el gobierno de Macri con la muerte del gradualismo afectan y castigan a gran parte de la población. Ya no se trata ni siquiera de ganarle con los salarios a la inflación o perder conquistas y derechos adquiridos; la imagen de cientos de jóvenes desocupados haciendo fila en la Rural para conseguir un empleo en la Expo Joven o los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre si era justo llenar la provincia de universidades públicas “cuando nadie que nace en la pobreza llega a la universidad” hablan de un desprecio por el pueblo trabajador y una decisión del macrismo de generar una derrota histórica y disciplinar a los sectores populares que están en lucha, para que el miedo paralice a quienes quieran levantar su voz frente al ajuste.

Los despidos que siguen llegando al Hospital Posadas, la decisión de profundizar la persecución a los delegados y delegadas del Subte y el Premetro, la represión en el INTI y en Cresta Roja son sólo ejemplos de la decisión del macrismo de ir por todo. “El Cambio” precisa dejar afuera a cientos de miles de personas, empujarlas por debajo de la línea de la pobreza y que no haya resistencia. Pero entre los errores que comete, está el de subestimar a un pueblo organizado.

El poder lo tiene la gente

Al criticar a los senadores, Macri dijo: “Que no se equivoquen, el poder lo tiene la gente”.

Lo que parece no querer ver es que la frase también le aplica a él. El 25 de mayo, feriado, millones de personas salieron a la calle para expresar su descontento. El blindaje mediático operó para que no apareciera en las tapas de los diarios y que, siguiendo la polarización preferida del presidente, cuando se hablara del tema se lo denominara “la marcha K”. Miles de personas volvieron a salir a la calle en todo el país en la Marcha federal educativa. En ese caso, los dardos fueron para los gremios docentes, con el blanco preferido de Vidal, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Hoy será el turno de los movimientos sociales. La CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha vienen tejiendo en todo el país y con todos los sectores sociales el acompañamiento a esta marcha. Será multitudinaria. Será expresión de la bronca. Será expresión de unidad en rechazo al programa económico del gobierno y a la vuelta al FMI.

Pero lo que está en juego es más que eso. Se trata de lograr que realmente el gobierno no infrinja una derrota histórica al movimiento popular y que se puedan frenar las medidas de mayor ajuste que están por venir. Para eso se precisa mayor unidad. La unidad, siempre deseable, no debe confundirse con subordinación a un proyecto de oposición política que encabecen los mismos de siempre. Pero tampoco pueda cegar el sectarismo y la delimitación, como única política y resguardo. Las organizaciones gremiales, sociales, políticas tienen una responsabilidad importante: hacer todos los esfuerzos para que realmente se logre frenar el ajuste del gobierno, organizar la bronca para que no volvamos al fondo. El proyecto del FMI termina con muerte, ajuste y represión. El pueblo argentina ya lo vivió. Y el poder de la gente puede hacer historia.

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En la semana más inquietante para el gobierno en materia económica con el retorno al FMI incluido, la oposición debatió un control a los tarifazos en medio de una masiva movilización popular que enfrenta el ajuste de Cambiemos.

El segundo semestre macrista copado por grandes inversiones, crecimiento y bienestar social, se ha transformado hace tiempo en el fraude más cínico de los últimos años. Pérdida masiva de puestos de trabajo, ajuste al conjunto de la población mientras se exime de cargas impositivas al sector agrario y minero, inflación, devaluación. Estos, entre otros tantos conceptos, han sido los catalizadores de las políticas del gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri y la CEOcracia.

Aunque la situación se venía agudizando continuamente, el estado de coma orgánico se hace más presente que nunca. Y es que esta semana detonó una receta sin cocción: la Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional (FMI). En los días previos había caído la bolsa de comerció que alcanzo un acumulado en 2018 del 13 por ciento, el Banco Nación suspendía los prestamos a tasa fija, la tasa de interés alcanzaba el 40 por ciento y el dólar superaba techos históricos minuto a minuto. La ecuación daba un resultado brutal.

Este desenlace no puede ser tomado por sorpresa. La gestión macrista asumió el gobierno pensando en una liberalización total del mercado, sin contemplar la crisis económica internacional abierta en 2008 y las transformaciones profundas llevadas adelante por la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, aplicando proteccionismo a la producción, la importación y la exportación, y subiendo la tasa de interés para que la bicicleta financiera ponga dolares en tierras imperiales.

Ante este panorama, los empresarios que detentan el poder del Estado argentino no tuvieron astucia alguna más que transferir los costos de la deuda y el déficit fiscal a la clase trabajadora por medio de impuestos, recortes, techos salariales y despidos en los sectores productivos y de servicio especialmente.

El ajuste llega al Congreso

La jornada de ayer no fue una más. Convocada por el oficialismo, se llevó a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados que se dividió en dos partes: por la mañana, Cambiemos presentó los proyectos de ley de Financiamiento Productivo y de Defensa de la Competencia, ambas aprobadas con un apoyo importante del peronismo y el massismo. Antes de la discusión y la veloz aprobación de estos proyectos, el Diputado Nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás Del Caño, pidió el apartamiento del reglamento para votar una manifestación de rechazo al acuerdo entre el gobierno y el FMI. El pedido no prosperó, porque la “oposición responsable” en acompañar las leyes del ajuste, con el PJ y el Frente Renovador a la cabeza, no acompañaron.

Por la tarde se inició el debate por el proyecto de ley para limitar las subas tarifarias que, entre sus principales características, cuenta con un cálculo variable según los salarios, que automáticamente impediría la constante suba impositiva frente a la media salarial que cierra paritarias a la baja y pierde poder de compra de cara la inflación.

Pasadas las 23.30 hs, el proyecto obtuvo media sanción al ser aprobado con 133 votos afirmativos, 94 en contra y 3 abstenciones. Es importante recordar que el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó que de prosperar el proyecto tanto en Diputados como en Senadores, el presidente Mauricio Macri lo vetaría.

Se organiza la resistencia

A lo largo de toda la jornada, miles de personas nucleadas en organizaciones y partidos políticos, así como también ciudadanos y ciudadanas afectadas por la situación económica, se congregaron frente al Congreso para rechazar el aumento de tarifas así como también el acuerdo con el FMI, que no solo rememora las peores crisis sociales de nuestro país sino que también a mostrado sus peores facetas al intervenir en situaciones económicas adversas como la de Grecia. La única garantía es que no puede traer ninguna salida saludable para el conjunto de la población.

Leandro Nuñez, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), aseguró que “Una vez más salimos a la calle para seguir resistiendo. Los y las trabajadoras de la economía popular en los barrios ya lo venimos haciendo prácticamente desde que asumió Cambiemos, intentando cada día construir la unidad más amplia para golpear más fuerte”.

Frente al Congreso, desde organizaciones sociales como el propio FPDS, el FOL, Correpi, centrales sindicales y llegando a diversos partidos políticos tanto del kirchnerismo como de la izquierda, se mostraron resistiendo el ajuste del gobierno de Cambiemos.

Nuñez sentenció que “Esta nueva medida y la forma de imponer por decreto las cosas, cada día nos demuestra que poco le importa la democracia y que el neoliberalismo solo le llena el bolsillos a unos pocos, a los ricos”.

Por su parte, Hernán “Vasco” Izurieta, Delegado General de ATE Trabajo y referente de Poder Popular, aseguró que “El gobierno de Mauricio Macri se encuentra atravesando una crisis muy aguda que lo empuja cada vez más a seguir profundizando un ajuste brutal sobre la clase trabajadora. La política de tarifazos, de despidos y de endeudamiento, ha llevado a este nuevo acuerdo con el FMI que es un salto de calidad en esa crisis que va a profundizar, sin lugar a dudas, las dificultades y los problemas ahora presentes”.

Conociendo las recetas del organismo crediticio internacional y enmarcado en la decadente economía del país, Izurieta sentenció que “Necesitamos desde los trabajadores y trabajadoras parar esta política a través de la movilización, en las calles y con organización independiente, peleando aquí y ahora para frenar este paquete de medidas. Si no frenamos el ajuste en 2018, no hay 2019 que valga para ningún sector del campo popular”.

El proyecto pasa a Senadores. El campo de disputa se mantiene abierto.

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Cuando los empresarios se juntaron en la UIA a hacer un balance de lo obtenido, un abogado bromeó, mientras disfrutaban de un cafecito: “¿Qué querés? Si dejamos pasar lo de Mauricio, la esclavitud no va a llegar nunca…” (se oyen risas). Citado por Ignacio Zuleta en Clarín (27/11).

Este miércoles el Senado dio media sanción a la Reforma Previsional. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) elaborado por Horacio Fernández y Claudio Lozano titulado “La reforma previsional de Macri”, concluye que “estamos en presencia de una actualización trimestral que atrasa un semestre condenando a las jubilaciones a retrasarse sistemáticamente en seis meses respecto a la evolución de los precios.

La garantía de un haber equivalente al 82% del salario mínimo resulta totalmente insuficiente dado lo reducido del monto y de la aclaración oficial de que no cubriría siquiera a la totalidad de los jubilados.

La propuesta de “extensión voluntaria” de la edad laboral resulta una clara extorsión sobre aquéllos que hoy alcancen las condiciones de jubilarse. Esta propuesta va en línea con los objetivos expresados de que salarios y jubilaciones más los tarifazos, sean las variables de ajuste de las cuentas públicas en un cuadro donde las reformas tributarias que se plantean resignan recursos en favor de los grupos empresarios”.

Movilizaciones obreras

Con un multitudinario acto la Corriente Federal, el moyanismo, las CTAs, organizaciones sociales y el sindicalismo clasista de izquierda dijeron no al paquete de reformas del Gobierno.

Unas 100.000 personas participaron del acto realizado frente al Congreso de la Nación para exigirles a los legisladores que no acompañen la batería de reformas impulsadas desde la Casa Rosada, rechazaron las reformas laboral, tributaria y previsional y reclamaron además al triunvirato que conduce la CGT que se sume a la lucha contra estas reformas.

Cta Autónoma; SiPreBA; Federación de Aceiteros; Sutna; Sitraic; Ctep; Barrios de Pie; CCC; Polo Obrero; Ademys; Unión Ferroviaria Seccional Oeste, entre otras organizaciones, convocan el 6 de diciembre a una gran Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrarán a las 15:30 en el Congreso de la Nación para marchar a Plaza de Mayo donde realizarán un acto.

En un comunicado dirigido a la opinión pública señalan que: “El paquete de ‘reformas’ impulsado por el gobierno forma parte de un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados por los trabajadores desde hace más de un siglo”.

Y continúa: “Esta ofensiva no se limita al campo de las relaciones laborales y también incluye una modificación confiscatoria de la Ley de movilidad jubilatoria y la posible eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y estatales provinciales, una reforma educativa que subordina la escuela y la Universidad a las necesidades de los empresarios y la implementación de una Cobertura Única de Salud que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública. A ello se suman una escalada de impuestazos, tarifazos y brutal endeudamiento externo que no harán más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.

Para aplicar este ‘plan’ el gobierno teje un pacto implícito con los gobernadores, diputados y senadores que le responden y especialmente con el ‘sindicalismo empresario’. Rechazamos cualquier negociación en curso a espalda de los trabajadores”.

Desde las 0:00 horas del viernes 1° de diciembre la Cicop (médicos bonaerenses) realizó un paro de 24 horas. La medida de fuerza incluyó una movilización del Obelisco al Ministerio de Salud nacional contra las propuestas de reformas que impulsan desde Nación, como la Cobertura Universal de Salud (CUS), la que consideran “la privatización del Sistema Público de Salud que ya es universal, que ya existe y que será más desfinanciado día a día de prosperar el proyecto oficial, incrementando la desprotección del sector más vulnerable de la sociedad”.

Por su parte, los Trabajadores de PepsiCo de la planta de Florida realizaron el jueves una protesta en la fábrica de la multinacional ubicada en Mar del Plata. Volantearon y reclamaron por los 600 puestos de trabajo que perdieron en junio pasado.

El delegado Camilo Mones contó que “no hubo incidentes, sólo hicimos una volanteada en reclamo de nuestras fuentes laborales y en solidaridad con los 700 trabajadores que están desempeñándose aquí en Mar del Plata debido a que ellos también realizaron una medida de fuerza hace un mes por la suba de los ritmos de producción y la precarización de las condiciones laborales”, indicó.

El gremialista explicó que la producción “aumentó desde el cierre de la planta de Florida bajo las peores condiciones para los trabajadores de Mar del Plata, de los cuales unos 300 están con contratos de entre seis meses y un año”, especificó Mones.

En el marco de una jornada de paro, una importante movilización de docentes se trasladó por las calles de la capital de Tierra del Fuego. Acompañados por otros sectores gremiales y sociales, las y los trabajadores se manifestaron bajo la consigna “NO AL DESPIDO DE DOCENTES FUEGUINOS”. La Casa de Gobierno volvió a estar vallada y con fuerte presencia policial.

La jornada finalizó con un acto, donde hicieron uso de la palabra varios dirigentes gremiales, cerrando Horacio Catena, Secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, exonerado por la Gobernadora Rosana Bertone.

Reprimen brutalmente a trabajadores de ATE

Desde la filial del sindicato estatal de Neuquén reportaron al menos tres heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en el marco de una protesta de empleados de la salud en el centro de la ciudad.

Policía metropolitana, provincial y del GEOP utilizaron balas de goma y plomo para dispersar la movilización, según denuncian desde la filial local de ATE.

Tras el operativo ordenado por el gobernador Omar Gutiérrez se decidió en asamblea ir a paro y movilización de todas las organizaciones para el viernes 1° de diciembre.

La policía desalojó a quienes se movilizaban hacia la Legislatura contra del acuerdo YPF-Chevrón. El director del Hospital Castro Rendón de Neuquén confirmó que el docente Rodrigo Barreiro ingresó con una herida de bala de plomo en el tórax, por lo cual tuvo que ser intervenido de urgencia, estando ahora fuera de gravedad.

El diputado provincial por el partido Unión Popular, Raúl Dobrusin, justificó la violencia policial contra los manifestantes sosteniendo que la bala con la que fue herido de gravedad el docente es “una bala especial, ni de goma ni de plomo”, según aseguró en el medio de las deliberaciones en la Legislatura neuquina. Esto choca contra la versión que fue difundida de manera oficial desde el hospital donde fue intervenido y donde se encuentra internado el docente.

Asimismo, se denunció la detención durante los hechos del fotógrafo Paulo Tejeda, del medio 8300web, y que el fotógrafo Luis García, del diario Río Negro, recibió un escopetazo en la cabeza y perdigonazos, por lo cual perdió la conciencia y fue internado. La Asociación de periodistas también denunció que otro fotógrafo del mismo diario, Leonardo Petricio, fue hospitalizado con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

También detuvieron a tres personas. Según informaron desde la Multisectorial se trata de Paulo Tejeda, integrante de la cooperativa 8300, Soledad Martínez, docente, y Ana Moreno, del PTS. La movilización fue numerosa, estimándose la participación de 5.000 personas.

Además, hace una semana que los trabajadores tercerizados que prestan servicios de limpieza, maestranza y seguridad en los hospitales de la zona, llevan adelante un paro en reclamo por la revisión de los pliegos de licitación.

Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, el Secretario General del sindicato, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, manifestó: “Queremos expresar, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, nuestro absoluto repudio a la brutal represión que la Policía de la Provincia de Neuquén ha desatado sobre los trabajadores estatales. Queremos también expresar la solidaridad plena con la lucha que vienen desarrollando los trabajadores de la Salud y todos los trabajadores estatales en defensa de sus legítimos derechos. Queremos expresar también nuestra absoluta preocupación por el estado de salud de los compañeros heridos, algunos de los cuales están con graves heridas”.

“Vamos a enviarle una carta de repudio y de exigencia de esclarecimiento inmediato de los hechos al Gobernador Gutiérrez, de esa provincia”, apuntó Godoy, que además dijo: “La brutalidad de la represión de las fuerzas policiales solamente se explica si existe un aval o un respaldo de parte del Gobernador y de las autoridades políticas de ese Estado provincial. Por lo tanto, exigimos el inmediato cese de la represión, el esclarecimiento inmediato de los hechos y la asunción total de las responsabilidades para con la salud de los trabajadores y trabajadoras que han sido heridos”.

“Además, exigimos que se genere de inmediato un espacio de diálogo que permita atender los justos reclamos de los trabajadores y que se le dé solución al conflicto por vía de respuestas a esas justas demandas, y no por la vía de la represión brutal y asesina que han desatado”, cerró el dirigente nacional de ATE.

Salarios

El 17% con cláusula gatillo. Ese es el porcentaje máximo que el Gobierno está dispuesto a negociar para aumentar los salarios de todos los empleados públicos del país en 2018. Incluyendo, especialmente, a las y los docentes. Pero además sería el nivel que el Ejecutivo pretende que haya de aumento salarial en el sector privado durante las paritarias que comenzarán a negociarse en los primeros días de marzo.

En septiembre los salarios registraron una suba nominal de 1,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este incremento se ubicaría por debajo de la inflación informada por el organismo para ese mes, que llegó a 1,9%.

No obstante, en el acumulado del año hasta septiembre los salarios estarían registrando una mejora en términos reales de acuerdo al Indec. Esto se debe a que los salarios acumulan un incremento nominal de 22,3% respecto de diciembre. En igual lapso, la suba de precios llegó a 17,6%. Esta mejora coyuntural se debe a que en los últimos meses (desde mayo) la estadística computa los incrementos pactados en paritarias, que se concentran mayormente en estos meses.

En lo que resta del año, los aumentos salariales pautados son menores. Al mismo tiempo, ya se viene registrando una aceleración en el aumento de precios, y con los tarifazos de noviembre y diciembre la perspectiva es de aumentos de precios todavía mayores. Por lo tanto, no puede descartarse que los salarios concluyan el año con incrementos nominales inferiores a los de los precios. Esto significaría una pérdida de poder adquisitivo.

En promedio, los salarios siguen hoy varios puntos porcentuales por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2015, cuando asumió Macri y aplicó medidas que dañaron fuertemente el poder adquisitivo de los asalariados.

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A pocas semanas de las elecciones generales, el gobierno apunta a consolidarse en el marco de políticas regresivas.

El gobierno de Cambiemos salió fortalecido de las PASO, pues -de repetir la performance en octubre- se ubicaría como primera minoría en el Congreso y habría logrado expandir su alcance en las provincias, de la mano de variopintas alianzas. Todo esto en un contexto de persistente confrontación social: ya fue un éxito como no-derrota. Esta evaluación se sostiene incluso con el resultado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que el kirchnerismo blando busca estructurar bajo su liderazgo al resto del peronismo y a algunas fuerzas de centro-izquierda. El gobierno leyó esta situación con júbilo, pues le permite pensar en la continuidad de su proyecto político regresivo. Esto no era un dato antes de agosto, y constituye una novedad: según parece, el “gradualismo” del ajuste, criticado por la derecha más rancia, ha servido para ganar cierta gobernabilidad.

El mejor paralelo histórico disponible para comprender la actual deriva es el menemismo (1989-1999). Al igual que entonces, el candidato ganó con una fuerte dosis de demagogia y en el gobierno lleva adelante un proyecto social regresivo, de carácter neoliberal, todo esto logrado dentro del régimen democrático-procedimental, es decir, sin recurrir a una dictadura. Ahora bien, sobre este paralelo general, es necesario buscar precisiones que lo distingan. Lo que sigue son apenas notas preliminares en este sentido.

Proyecto pensado

En primer lugar, es importante remarcar que Cambiemos no asume en el contexto de una crisis previa. Cualquier indicador de recesión de 2015 no se compara con la larga década de estancamiento y los brotes de hiperinflación que cerraron los ’80. El miedo y la angustia del pasado inmediato no sirven de extorsión para validar cualquier medida. La denuncia de la corrupción ligada al gobierno previo tiene patas cortas, porque el actual gabinete está muy complicado. Por solo referir algunas manchas ilustres, están los Panamá Papers, Braun negociando precios minoristas con su propio tío, Aranguren y equipo aplicando un tarifazo que favorece los negocios de las empresas donde trabajaban o eran accionistas, Caputo y el equipo del ministerio de Finanzas colocando deuda a través de sus bancos, Macri condonándose a sí mismo la deuda del correo o subiendo los peajes a su propia concesionaria. La corrupción como potestad kirchnerista solo se sostiene por el blindaje mediático.

El segundo punto es que este proyecto -a diferencia de los ’90- no se da en el marco de una euforia global de reformas. El contexto actual es de una larga crisis irresuelta, que estalló en 2008 y mantiene al mundo creciendo poco, y la falta de un orden global consolidado bajo un claro liderazgo (como ejerció EEUU en aquella década). Las potencias apoyaron inicialmente a Macri, pues lo veían como la cabeza de playa de un “giro a la derecha” por la vía democrática (el voto, al menos) en la región. Pero esto no trasuntó en mayores concreciones materiales, debido por un lado a las dificultades para avanzar en el “giro” regional (derrota de Lasso en Ecuador, estancamiento de la situación venezolana), y por otro a las propias crisis de los países centrales (UE aún lidiando el Brexit y EUA con permanente cuestionamiento al gobierno).

Un tercer punto es que, aunque la agenda de reformas neoliberales es semejante, tiene el problema de que la mayoría de ellas ya fueron hechas, y solo escasamente revertidas. Esto hace que no haya un “golpe de efecto” de las reformas: no hay regalos tentadores, como el conjunto de las empresas públicas, que sirva para atraer la inversión y validar el modelo. Esto no significa que no existan negocios posibles (tenencias accionarias en manos de ANSES, rutas aéreas, etc.), sino que no alcanzan para mostrar contundencia. La liberalización de la cuenta capital y la apertura comercial fueron un hecho en el primer mes de gobierno, desmontando de un plumazo los escasos controles establecidos.

Los cuatro ejes de reformas económicas por los que el gobierno busca avanzar son la flexibilización laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria y la agenda internacional del libre comercio (en rigor, la consolidación del derecho corporativo). De allí el apremio por firmar TLCs (hasta ahora esquivos) y lograr ser sede de negociaciones multilaterales (OMC en diciembre y G20 en 2018). Los 4 ejes están ya en marcha, debatiéndose tras bambalinas o incluso públicamente.

De conjunto, el gobierno no ha logrado inflingir todas las derrotas que esperaba sobre las clases populares, aunque ha tenido algunos éxitos. Entre otros, se puede mencionar que -gracias a la inflación- redujo en términos reales los salarios, las prestaciones sociales (AUH) y las jubilaciones, precarizó algunos convenios laborales (automotrices, petroleros, construcción), logró un recorte en el sistema de ciencia y técnica, hizo realidad el absurdo blanqueo de capitales (que benefició al propio staff de gobierno), el pago a los fondos buitres, el tarifazo (aunque en cuotas, en lugar de ser súbito como buscaban), y ha desmontado o amenazado con hacerlo algunos programas sociales (quita de remedios en PAMI, los subsidios a discapacitados o las becas a universitarios/as, por ejemplo). En este sentido, se despega de la contundente derrota inflingida por Menem en sus primeros años de gobierno.

Habiendo realizado una parte sustancial del ajuste en 2016, el gobierno ha puesto en marcha un esfuerzo de obra pública para impulsar el pequeño rebote económico en año eleccionario. Los sectores más beneficiados por la política económica, como el agro o la minería, se muestran incapaces de traccionar al conjunto del PBI y menos aún la contratación de fuerza de trabajo. Pero todo esto alcanza para dilatar el debate, promoviendo la idea de una recuperación en ciernes (los “brotes verdes”), mientras pasan las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, todo este tenue rebote y las finanzas públicas está dependiendo directamente de la toma de deuda.

Vale señalar que hay una parte de la sociedad que está avalando este rumbo, que incluso se ha movilizado expresándolo en abril de este año. Algunos son presa de engaños de la posverdad, y otros solo confundidos por el bombardeo de desinformaciones, pero también hay una parte que avala con conciencia lo que se hace. Por la vía que fuera, el gobierno ha sistemáticamente instalado algunos elementos ideológico-políticos de la derecha, incluyendo la relativización del Terrorismo de Estado (en boca de ministros, secretarios e incluso el propio presidente), o el culto a la individualidad como garantía de éxito (bajo el discurso del emprendedorismo). Asimismo, se ha aprovechado muy bien del legado consumista de los ’90, para que una parte de la población se sienta a gusto con poder comprar más bienes importados o viajar más asiduamente al exterior (ninguna de ambas cosas era imposible antes). El apoyo del conservadurismo tradicional y el poder económico, claro, lo damos por descontado. Señalar estos rasgos de una minoría social favorable al gobierno no equivale a pronunciarse por una supuesta hegemonía.

El punto de resistencia

El cuarto punto es, justamente, que la experiencia histórica está disponible, y por eso mismo una parte importante del pueblo sabe de qué se trata esto, y no se deja engañar por consignas vacías. En este sentido, el acuerdo con la burocracia sindical ha resultado insuficiente, viéndose desbordado más a menudo de lo que gustaría.

Desde su inicio, Cambiemos apareció como una opción menos conciliadora, menos hegemónica, de las fracciones del capital concentrado menos dispuestas a hacer concesiones. Es una expresión político-partidaria de la confrontación del 2008. Por ese motivo, la deriva represiva era un rasgo previsible. El protocolo anti-piquetes, el encarcelamiento ilegítimo de dirigentes sociales (con la figura central de Milagro Sala) y la represión en Cresta Roja fueron hitos inaugurales, consolidada este año con la cruzada contra los docentes, el desalojo de PepsiCo y los sistemáticos hostigamientos a comunidades ubicadas en torno a territorios con recursos valiosos (en especial, por hidrocarburos, litio y soja). En este último caso se enmarca la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero el sentido mismo de esta deriva es garantizar un cierto orden, que incluya (sin limitarse a) algunos buenos negocios y un horizonte de previsibilidad (el “clima de negocios”). La movilización sostenida, el uso de diversas redes sociales y medios alternativos para difundir información veraz, la militancia en los lugares de trabajo y en las calles, han mostrado que gran parte del pueblo no está dispuesta a tolerar este rumbo. Y que no acepta además la falsa polarización que reduce todo acto de resistencia a un “complot” kirchnerista: en la acción de resistencia convergen las más variadas fuerzas populares y de izquierda. El poder económico detectó esto, y de hecho ha publicado un comunicado sobre el caso Maldonado pidiendo pronta resolución: comprende que continuar este rumbo está generando más riesgos que garantías.

El gobierno enfrenta en octubre el desafío de consolidarse en la política institucional, para poder avanzar con su agenda de reformas regresivas. Por suerte, la política no se reduce a los votos, y es posible que las formas de resistencia hasta ahora desplegadas pongan coto a la ofensiva oficial. Por supuesto, mejor aún sería avanzar más allá de la resistencia al ajuste.

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En los últimos días salieron a la luz los nuevos dietazos que se asignó la casta gobernante. Mientras, aumenta el número de pobres en el país y el salario promedio queda absorbido entre la inflación y los tarifazos. El abismo como horizonte social.

Cuando a una persona se le consulta por la “economía”, la respuesta se refiere, en general, a su economía en particular. Y entonces, todos y todas vamos a coincidir más o menos en decir que la inflación aprieta, el ajuste tarifario condiciona y el salario (incluso los más onerosos que hay entre la clase trabajadora) se limita. Sin embargo, la situación es más compleja aún.

Un gremio triunfador

Quien lea estas líneas sentirá envidia por el gremio que representa a la casta gobernante. Mientras en la televisión se sacan los ojos para proclamarse representantes del pueblo (y vemos cómo esto va en aumento en años electorales), esta semana la Cámara de Diputados de la Nación dio una nueva muestra del resguardo y alianza de clase al aprobarse un aumento de aproximadamente 30 mil pesos en concepto de representación y gastos, acompañado por todos los bloques políticos a excepción del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Pero esto no se da de manera aislada: las y los legisladores nacionales ya contaban con un aumento salarial del 10 por ciento asignado en marzo y otro que se espera para el mes de septiembre.

Cuando hablamos de este vergonzoso aumento, nos referimos a personas que tiene salarios que oscilan los $130.000. Entre ellos, están las y los oficialistas -que reclaman paciencia frente al ajuste- y la oposición, acompañadores seriales que no se han rehusado a la medida, mientras hablan de situación difícil para las y los trabajadores cuando tienen un micrófono por delante.

Hay algo que debemos reconocerle a los garantes de la pobreza y es su coherencia enriquecedora. No solamente por lo antes mencionado, sino porque al mismo tiempo que el poder legislativo se aprueba el dietazo, el Poder Judicial -que está representado por los jueces del 2 x 1 a favor de los genocidas- continuó su escalada “paritaria” y así los integrantes de la Corte Suprema de Justicia alcanzarán el modesto salario de $300.000, mientras que los jueces de primera instancia quedarán limitados a un total de tan sólo $160.000.

Pero el gremio de los gobernantes no se olvida del Poder Ejecutivo. Aunque esta semana aún no consiguieron ningún aumento, los salarios de los máximos representantes ya rondan los $200.000. Así, mientras las y los Ministros están ganando cifras apenas superiores a $180.000, el presidente de la República, Mauricio Macri, alcanza los $210.000. Incluso el negacionista y ex ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, que fue enviado a Alemania vaya a saber uno para qué, a las y los argentinos nos costará $200.000 por mes, más una carga única de casi ¡40 mil dólares! Está claro que, para ellos y ellas, el tope salariar del %20 es gratificante.

Consejo del salario

El próximo 27 de junio se llevará adelante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Allí, el gobierno, el empesariado y la burocracia sindical tratarán de fijar el nuevo piso salarial a partir de la variable del famoso %20. Si esto es así, el salario mínimo en nuestro país será de alrededor de $9.500.

Pero para que el círculo de enriquecimiento funcione, necesariamente debe haber más actores en escena: además de las formidables ganancias de los gobernantes, están los sindicalistas burócratas como Héctor Daer o Carlos Acuña , del triunvirato de la CGT, que cobran más de $200.000. Salarios llamativos si lo vemos desde el ojo de las y los trabajadores reales. ¿Serán ese triunvirato, entonces, el que discute las paritarias de los funcionarios?

Finalmente nos encontramos con el sector empresario; el mismo que hoy goza de regalos impositivos y que en algunos sectores vienen teniendo ganancias galácticas. Por supuesto, no hablamos de los pequeños y medianos que, junto a las y los trabajadores, vienen salvando al país de la quiebra gracias a las cargas que se pagan en concepto de IVA y tarifas esencialmente.

¿Qué pasa con las y los trabajadores?

El país de sueños cumplidos y maravillas en el que viven algunos está en las antípodas del que vive la mayoría de las personas. Y eso que hablamos de la misma tierra. De acuerdo con el último informe de la UCA, en la Argentina hay más de 8 millones de pobres, la mayoría de ellos en situación de hambruna.

A pesar de que el propio INDEC estipuló que para no encontrarse bajo la línea de pobreza se necesitan al menos $13.000 por mes, el salario mínimo que impulsa el gobierno apenas supera los $9.000. Esto sin contemplar que la canasta familiar ronda los $23.000 sin sumarle gastos de alquiler, situación por la que atraviesa la mayoría de las y los ciudadanos.

Todo este trajín de cifras tiene el objetivo de poner sobre la mesa la inviabilidad de un modelo económico que detonará por la puerta social. Las mismas personas que exigen paciencia y esfuerzo a los millones de pobres e indigentes, a las y los trabajadores precarizados, a las y los jubilados con jubilaciones congeladas y escasez de medicamentos, son quienes ganan cifras millonarias por año.

No solamente se enriquecen a costa de sus salarios de película, sino que mientras ajustan tarifas a salarios de por sí enflaquecidos, quitan cargas impositivas para los sectores que históricamente ganaron a costa del sudor de la mayoría de la población.

El país se endeuda de a miles de millones y las ganancias se concentran en un reducto cada vez más reducido mientras los puestos de trabajo se pierden, los negocios cierran porque no hay consumo (es una cuenta escolar saber que si no hay trabajo, no hay salario y, por tanto, no hay consumo) y la gente cae masivamente en la pobreza. El panorama demuestra que no hay productividad para sortear la deuda interna y externa que se está generando. Por otro lado, el cooperativismo se muestra cada vez más como una alternativa real, aunque sufre los mismos embates por parte del Estado, que no genera condiciones de producción o paga salarios que distan mucho del mínimo necesario para vivir.

La situación tiende a ser más grave de lo que aparenta. Sobre todo por el panorama que se avizora en cuanto al futuro. Todo nos hace pensar que serán varias las generaciones que sufrirán las consecuencias y que deberán reanimar a un organismo en agonía. Pero en este presente, y en este, el país del nunca jamás, el cinismo es un arma de destrucción y el abismo el horizonte social que se le ofrece a la clase trabajadora.

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Un análisis sobre el presente y futuro en materia de energía para nuestro país. La elevada tarifa del gas que afecta a usuarios y favorece a las empresas bajo la lupa atenta de un especialista en la materia.

Se ha iniciado en la Argentina un nuevo ciclo de creciente mercantilización de la energía. En este sentido, realizar un balance de las transformaciones del mercado del gas durante el gobierno de Macri contribuiría en prevenir y alertar a los sectores populares sobre este fenómeno. Ya que, por medio de diversas resoluciones, el ministro Aranguren no sólo llevó a cabo transformaciones cuantitativas de aumentos de tarifas y precios, sino que también trastocó las reglas de juego del mercado de gas en detrimento de los usuarios y a favor de las empresas.

Las transformaciones del segmento residencial en el mercado de gas son un claro ejemplo de mercantilización, y se le agrega una serie de características inéditas en su regulación. La Resolución 212/2016 E establece ajustes semestrales del precio de gas de este segmento, y tiene como meta pasar de 1,6 U$S/MMBTU a 6,8 para octubre de 2019. Este último valor corresponde al precio de importación del Gas Natural Licuado de octubre de 2016. De esta forma, se constituirá a este último como precio de referencia del mercado.

Al mismo tiempo, el precio del gas producido internamente se encuentra en claro ascenso desde los tarifazos de marzo, llegando a 3,53 U$S/MMBTU en junio.  Si sumamos los subsidios del Plan Gas I y II este se eleva a 4,72 U$S/MMBTU. El precio del gas natural más barato en el mercado proviene de la importación de Bolivia, que asciende a 3,94 U$S/MMBTU.

Por lo tanto, se escogió como valor de referencia de mercado al precio más caro: el Gas Natural Licuado de importación. Esto se debe a que el Ministro piensa el mercado con el manual de microeconomía neoclásica en la mano; es decir, en términos de cuánto cuesta agregar una unidad adicional de gas al mercado. Desde ya, las empresas petroleras se aprovechan de esta situación ya que percibirán un precio cada vez mayor. Además, este arreglo institucional iguala en condiciones de precios el valor agregado de una actividad extractiva, con la mayor industrialización que incorpora la producción de Gas Natural Licuado en sus países de origen.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación.

El precio del gas en la boleta posee dos características que deberán ser corregidas en cada uno de los ajustes semestrales. Por un lado, se encuentra en dólares. Por lo tanto, todo ajuste en el tipo de cambio deberá ser reflejado en aumentos al usuario. Por otro lado, el precio del Gas Natural Licuado forma parte de un mercado competitivo a nivel mundial. Es decir, su precio oscila dependiendo las fuerzas de mercado. Tales movimientos también repercutirán en la boleta. El hecho de alcanzar los 6,8 U$S/MMBTU comprende un escenario hipotético que no se encuentra fijo. Por ejemplo, en abril de 2014 el precio del Gas Natural Licuado se encontraba en 18 U$S/MMBTU, unas casi tres veces más caro que en la actualidad. Además, hay que tener en cuenta que su precio se encuentra en alza desde junio de 2016.  Seguramente, el ajuste semestral de abril de 2017 cargará con un aumento en dólares mayor al previsto en octubre de 2016.

Equilibrio fiscal sobre la base del desequilibrio social

El principal objetivo del gobierno de Mauricio Macri consiste en disminuir el gasto estatal. Por ello, el Ministerio de Energía y Minería acredita una baja nominal del 17,9% en sus partidas en el presupuesto de 2017, ubicando a tal ministerio con el mayor recorte de la cartera.

Esto se debe a que el segmento residencial de gas se encuentra co-financiado tanto por el Estado Nacional como por los usuarios. El aporte del Estado nace del diferencial de precios entre el precio del gas importado y el precio del gas en boca de pozo. Es decir, la empresa estatal ENARSA adquiere gas importado a un precio superior al cual es inyectado en el punto de ingreso del sistema de transporte (PIST).

En consecuencia, el gobierno de Macri busca quitar este co-financiamiento, al dejar que el mercado sea solventado únicamente por los usuarios. Este plan de gobierno se llevará a cabo en el momento en que los precios internos (PIST) se igualen con el precio de importación del Gas Natural Licuado en 2019.

Sin embargo, no todos los subsidios del Ministerio se encuentran a la baja. Los planes Gas I y II, constituidos por los subsidios a las petroleras con el fin de aumentar la producción, crecieron un 62% en materia presupuestaria, y pasaron de $8.733 mil millones en 2016 a $14.182 mil millones en 2017.

Boletas explosivas

Realicemos un ejercicio práctico. Comparemos los cuadros tarifarios y de precios de 2015 con la nueva actualización de octubre de 2016. Para ello, tomemos el consumo promedio anual de un/a neuquino/a, que ascendía en 2015 a 3.672m³. La pregunta sería: ¿cuánto deberá abonar nuestro/a neuquino/a promedio anualmente con la nueva actualización de octubre de 2016 en comparación con el cuadro de tarifas de 2015? La respuesta: su factura anual ascendió de $744 a $8.857.

Los segmentos de la cadena más explosivos se encuentran constituidos por el precio del gas de las petroleras con un aumento de 1.204% (de $278 a $3.623). Le sigue el aumento de 1.061% (de $446 a $5.174) a las distribuidoras, y muy por detrás se encuentran las transportistas con un aumento de 188% (de $21 a $61).

 Fuente: Elaboración propia con datos de ENARGAS

Cabe aclarar y resaltar varias cosas. En primer lugar, los $8.857 representan más de dos tercios del ingreso de una familia para no ser considerada pobre. Es decir, las empresas del mercado de gas se quedarán con dos tercios de uno de los doce ingresos de una familia que roza la pobreza. Este escenario inaugurará un nuevo concepto en la Argentina: la pobreza energética.

En segundo lugar, tal importe no se ha hecho sentir ya que rige a partir de octubre. En este sentido, en el año 2017 se prevén aumentos en los meses de abril y octubre en el precio de gas, así como actualizaciones en las tarifas. Por lo tanto, tal cifra quedará prontamente desactualizada.

Por último, se encuentra en vigencia la Resolución 99/2016 del Ministerio de Energía la cual establece topes de 400% en los aumentos de la factura de gas al consumidor residencial. Desde ya, desconocemos cómo se aplicarán tales topes y cómo se distribuirán al interior de la cadena.

* Lic. en Economía, Doctorando en Desarrollo Económico, Becario del CONICET, miembro de la Sociedad de Economía Crítica y de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental.

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Ya se cumplió el año desde las elecciones y nos acercamos al primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Las excusas sobre la necesidad de tiempos para poder evaluar ya han perdido toda validez y podemos retomar los balances de conjunto.

La devaluación y tarifazo fueron un contrasentido en una política que decía combatir la inflación, pues en lugar de reducirla, la aceleraron, casi duplicando las ya grandes subas de 2015. En la disputa contra esta suba de precios, el gobierno procedió a una apertura generalizada de la economía, tanto en el comercio como en la cuenta financiera de la balanza de pagos. El creciente ingreso de mercancías importadas funciona como límite al aumento de precios, al competir con producción local, para placer del consumidor y miseria del trabajador. La suba de los costos de la energía quitó más competitividad, favoreciendo el cierre de empresas y los despidos.

Sin casi ningún control para los movimientos de capital, el ministerio de Hacienda coordinó con el Banco Central la suba de las tasas de interés para mantener los recursos en el país. Las tasas pagadas por este último organismo, tras llegar al 38% anual, se estabilizaron en los últimos meses por encima del 25%. Pero esta suba no solo intenta evitar una corrida cambiaria: también tiene por finalidad cubrir el mayor déficit fiscal. Para cubrirlo, el gobierno debió emitir más deuda (la cifra roza los 40.000 millones de dólares solo para el Estado nacional) y el Banco Central emitir más pesos. Para quitar estos pesos de la economía –que identifican erróneamente como fuente de inflación- emiten LEBACs, que prometen los jugosos rendimientos recién referidos. Esto ha favorecido la multiplicación de la bicicleta financiera, pues desde febrero a esta parte la devaluación del peso apenas superó el 10%: cada dólar ingresado, cambiado a pesos, que compró LEBAC, obtuvo al vencimiento rendimientos en dólares del 10 al 21%. Esto produjo que la masa total de LEBAC superara ya la base monetaria, y el 84% de las mismas tiene una duración menor a tres meses. Es decir, están disponibles para iniciar una corrida de un momento a otro. Con semejantes tasas de interés, la inversión productiva está paralizada.

Estos son apenas algunos de los rasgos centrales de la política económica del gobierno de Cambiemos, que se presentaron como problemas desde el primer momento: no era necesario esperar a ver lo que ocurría.

Algunos resultados

La falta de inversiones y la caída del consumo provocaron una caída del nivel de actividad, que rondará el 3% para todo el año. Hasta el momento no se visualiza ninguna reanimación de la inversión, ni local ni externa, lo que pone dudas sobre las expectativas. El consumo se ve particularmente afectado por la caída del salario real. El sector mejor pago, el de quienes se emplean en condiciones formales en el sector privado, sufrió una caída del orden del 6,4%. Quienes trabajan en el sector público o en el sector privado bajo formas informales han tenido mayores caídas de su poder adquisitivo. Los aumentos dispuestos en asignaciones familiares y jubilaciones han quedado retrasados respecto de la inflación, que supera el 44% en octubre.

Para septiembre, la construcción cayó más de un 11% (según el Indicador Sintético de Actividad de Construcción, del propio INDEC) y la industria más de un 7%. Las ventas minoristas se retrajeron un 8,2% en agosto según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y por encima del 15% en los supermercados, según mide el INDEC. La misma CAME denunció el cierre de 6.300 comercios en los primeros 8 meses del año. Se trata de los tres sectores de actividad (construcción, industria y comercio) que han perdido mayor participación en el PBI, cayendo por encima del nivel general de actividad. Esto es de gran importancia porque se trata de los tres sectores de mayor capacidad de creación de empleo.

Vale resaltar que al mismo tiempo, son la agricultura, ganadería y las finanzas los sectores que menos afectados se ven por el escenario general, creciendo en el marco de una recesión nacional. El sector financiero, en particular, viene mostrando sistemáticas ganancias ligadas a lo que se conoce como “bicicleta financiera”, a través de la compra de títulos públicos que pagan altas tasas de interés. Este sector cobra tan bien con esta bicicleta, que no tiene incentivos a prestar para financiar ninguna inversión.

Hasta septiembre de 2016, el Centro de Economía Política Argentina contabilizó 213.166 despidos, un tercio de los cuales fue responsabilidad del sector público. No debe extrañar entonces que entre despidos y caída del salario, la pobreza haya aumentado. Según cifras oficiales del INDEC, el 32,2% de la población es pobre. Entre menores de 14 años, la cifra empeora: más del 47% vive en la pobreza, casi 3 millones de niños y niñas. Aún peor, el 6,3% es indigente, es decir, no puede cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación, valuadas en cerca de $5.000 mensuales para una familia tipo. Como quiera que se mida, la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos meses.

Estos son algunos resultados preliminares de la gestión de Cambiemos, datos para un balance sobre este feroz ataque a las clases populares y trabajadoras.

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El programa económico de Cambiemos se consolida. Ganadores y perdedores de este modelo, cada vez más expuestos.

La caracterización del programa económico de Cambiemos es una tarea relevante. No se trata sólo de conocer las voluntades de personeros ministeriales, sino de identificar fuerzas sociales en disputa, buscando propiciar ciertos proyectos de sociedad en detrimento de otros. No existe tal cosa como que todos ganen: siempre alguien cede, retrocede, sufre. Y sin embargo, para poder ganar elecciones los partidos deben lograr presentar proyectos particulares como si fueran de toda la sociedad. El problema de la hegemonía implica desentrañar cuál es la fracción de clase que está logrando generalizar sus propuestas como las de la nación. Aunque en los hechos unos pocos estén sacando provecho, Cambiemos ganó prometiendo una mejor Argentina para todos. Mostrar quiénes son esos pocos y cómo lo hacen es central para proponer cambios políticos.

¿Quiénes ganan?

Ha sido ya probado que las devaluaciones y las reducciones de retenciones a las exportaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a mejorar la rentabilidad en los sectores primarios y los industriales procesadores de materias primas. Estas mejoras implicaron fuertes subas en los precios de los alimentos, con el consecuente deterioro de los salarios. El capital minero también se favoreció por estas medidas, a las que se sumaron las subas de los precios locales de los hidrocarburos, con un sendero plurianual de alza que garantiza jugosas rentabilidades.

Las subas de precios se complementaron con un tarifazo, subiendo los precios de agua, transporte, gas y luz. Y aunque la resistencia social lo ha demorado en parte, se encuentra en plena marcha, estando previstos nuevos aumentos el año entrante. La suba de los servicios públicos está en curso, alimentando ganancias sectoriales a la vez que erosiona la competitividad sistémica de la economía, al elevar los costos de producción de otros bienes. Este tarifazo ha golpeado a los hogares y también al conjunto del entramado pyme.

Un elemento complementario de lo anterior fue la mayor desregulación del comercio exterior, lo que en un mundo desbordado de productos sin demanda, opera como un yunque sobre el empresariado menos competitivo. Al tercer trimestre de este año, las importaciones de bienes de consumo y de autos crecieron (9% y 28% más que en 2015, respectivamente), desplazando producción nacional en muchos rubros fabriles. Sólo los capitales de mayor productividad pueden sobrellevar esta apertura: aquellos ya referidos, organizados en torno a los recursos naturales. No en vano Macri ha reiterado su intención de firmar tratados de libre comercio, hasta ahora esquivos, en busca de consolidar su promesa de volver a la Argentina el “supermercado” del mundo.

Esta agenda se completó con la intensa gira de promesas al empresariado, con hitos en Davos, el G-20 de Pekín, el mini-Davos de Buenos Aires y el reciente coloquio de IDEA. En todos los casos, presumiendo previsibilidad y garantías para tentar una lluvia de inversiones que se resiste a llegar. Las pocas inversiones en marcha parecen alinearse con las ventajas provistas por los recursos naturales del país. El balance comercial argentino, consolidando la tendencia de los años previos, reposa de manera cada vez más evidente sobre estos sectores. Cumplido el tercer trimestre de 2016, las exportaciones primarias son las únicas que muestran alzas (14% mayores a igual período del año anterior). Una de las principales diferencias con el régimen previo es que ahora ese incremento aporta menos recursos a las arcas del fisco y al balance externo.

Otro de los grandes ganadores del programa de Cambiemos es el capital financiero, responsable de proveer recursos para que las cuentas fiscales y externas tengan al menos un cierre contable. La toma de más de 35.000 millones de dólares por parte del Estado nacional en lo que va del año ha financiado gastos corrientes y salidas de recursos por diversas vías (pagos de deuda, fuga de capitales, remisión de utilidades, importaciones industriales, turismo). Para el presupuesto 2017, el gobierno apuesta a redirigir esta ruleta de deuda hacia la obra pública, único bastión posible de reanimación económica en un año electoral. La asociación con los gobernadores es clave en este proyecto, repartiendo la carga financiera y emitiendo a tasas de interés que superan el 7%, e incluso el 9% para algunas provincias.

La estrella del mercado

Los negocios financieros están en franca expansión. La “estrella” del mercado es la operatoria en Letras del Banco Central, que tras alcanzar el 38% anual en pesos durante el primer trimestre, se sostienen desde hace dos meses por encima del 25%. El plazo medio de maduración de esas Letras ronda el mes y medio, ocasionando grandes costos de renovación periódica, y permitiendo grandes ganancias en lo que la jerga denomina “carry-trade”, es decir bicicleta financiera lisa y llana. La eliminación de trabas en la cuenta financiera y de capitales ha facilitado las operaciones de negocios a través de las fronteras: el ingreso de dólares, que se cambian a pesos, se colocan a cortos plazos con elevados rendimientos, y se retiran a moneda fuerte otra vez, sin ningún efecto positivo para el país. El uso de las LEBAC para sostener el precio del dólar estable, o levemente a la baja, favorece esta mecánica especulativa, garantizando que los rindes no se vean afectados por una devaluación (en una línea similar juega la toma de deuda externa).

Este es el esquema básico que representa una auténtica coalición social. La información del INDEC sobre la composición del valor agregado bruto a fines del primer semestre del año es elocuente. Entre las actividades que entre 2015 y 2016 aumentaron su incidencia en el conjunto de la economía (las ganadoras) sobresalen rubros procesadores de materias primas (agricultura, ganadería, explotación pesquera y de minas y canteras), la intermediación financiera y los servicios públicos.

Entre las actividades perdedoras se destacan la industria, la construcción y el comercio, todas importantes generadoras de puestos de trabajo. No es de extrañar que la destrucción de empleo haya sido la norma del primer año del gobierno macrista y clave para sostener una caída del salario real en torno al 10% y promover diferentes esquemas de flexibilización laboral.

Actividades económicas que avanzan/retroceden en términos de su incidencia en el valor agregado bruto (VAB) total*, II Trim. 2015/2016 (en porcentajes y ptos. porcentuales)

* Según datos del VAB a precios corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

¿En dónde estamos?

En un panorama industrial crítico, que se expresa en fuertes caídas en el valor agregado sectorial y en que es la actividad que más pierde en términos de su incidencia relativa, también se reconocen evoluciones dispares. Entre las ramas que mejoran su posicionamiento se cuentan muchas industrias altamente concentradas (caucho y plástico, química, alimentos, automotriz), lo que contrasta con el perfil más pyme de las que retroceden (indumentaria, muebles, madera y derivados, bienes de capital, metalmecánica).

La inconsistencia temporal de este esquema de políticas es palmaria. Con una inflación acelerada, el empresariado ha perdido la competitividad ganada con las devaluaciones, y exige nuevos ajustes que, de concretarse, incrementarán los precios. Para subir la productividad se pretende tentar a la inversión productiva pero al mismo tiempo se suben los costos de los insumos y servicios, sosteniendo una tasa de interés muy elevada. Así, la formación de capital no sólo no llega, sino que en lo que va del año se retrajo más del 4%. La sostenida recesión continúa expulsando fuerza de trabajo, lo que agrava un cuadro social por demás complejo. Esta imprevisibilidad es detectada por los inversores, que priorizan la colocación de sus fondos en inversiones cortoplacistas. En el plano productivo, los sectores primarios son incapaces de traccionar al conjunto de la actividad económica.

El problema es aún mayor en el centro mismo del negocio financiero. A nivel interno es difícil saber hasta qué punto el Banco Central podrá continuar renovando mensualmente las LEBAC. Esta masa de recursos ya superó la base monetaria y constituye una auténtica bomba de tiempo, disponible para correr velozmente contra el peso ante la menor señal de mal tiempo. La quita de controles en la balanza de pagos facilita que estos fondos realicen estas maniobras especulativas. Se añade que a nivel externo, la seguidilla del Brexit y la victoria de Trump parecen asegurar un inminente aumento de las tasas de interés de referencia, y un complementario aumento del riesgo país. La salida de fondos hacia los países centrales pondría en peligro la renovación de deuda para la Argentina.

Los límites del planteo económico del macrismo (con sus ganadores y sus perdedores) se hace cada día más evidente.

* Investigadores CONICET/IDAES-UNSAM y SEC.

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