Una nueva tragedia en un taller textil clandestino se cobró la vida de una niña de 11 años. Necesidad, explotación laboral y desamparo una política de estado.

Crimen social

El domingo pasado una niña de 11 años murió en el incendio de un taller textil en la Ciudad de Buenos Aires. La casa se incendió con varias personas adentro, por una falla presuntamente eléctrica.  La madre intentó rescatar a sus hijos e hijas,  pero la voracidad del fuego no la dejó.

En la Ciudad de Buenos Aires,  gobernada por Horacio Rodríguez Larreta,  siguen funcionando talleres textiles precarios. Algunos familiares, otros “cooperativos” y otros directamente dependientes de las grandes marcas.  La mayoría de esas familias son migrantes y realizan  trabajo clandestino para conocidas marcas, como el caso de Cheeky, la cadena de indumentaria infantil propiedad de Juliana Awada, esposa del presidente Mauricio Macri.

Entre los hechos mas resonantes está el incendio de la calle Luis Viale, donde murieron cinco niños y una joven embarazada en 2006. En 2015 le siguió otro incendio en Flores, donde murieron Rodrigo y Rolando, dos nenes de 7 y 10 años. Ante el impacto de esos hechos, y el reclamo de distintas organizaciones, se han reducido en la Ciudad la cantidad de talleres clandestinos. Sin embargo el trabajo y la explotación clandestina de trabajadoras y trabajadores migrantes  continúa. Una parte se ha trasladado a la Provincia de Buenos Aires, mientras otra  “oculta” en la gran Ciudad.

Estas condiciones de trabajo migrante y clandestino creció en el gobierno anterior y hoy siguen siendo las mismas, con responsabilidad de las y los empresarios y del Estado.

Se trata de otro crimen social del capitalismo: las brutales condiciones en que viven y trabajan millones de familias trabajadoras las condena a morir en tragedias como esta.

“Basta de asesinatos laborales” presentará su informe anual sobre asesinatos laborales en Argentina 2018. La cita será el próximo viernes 14 de diciembre, desde las 18:00, en Ademys, Solís 823, CABA.

Se despidió Triaca

El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, escribió una carta de despedida al personal de la cartera laboral, recordó sus orígenes como funcionario menemista y destacó los “hitos” de su gestión. Aunque será recordado por el trabajo en negro, el nepotismo, la modificación del sistema de ART y el ataque al salario.

En su carta, Triaca asegura que “al inicio de la gestión, el presidente nos encomendó la responsabilidad de ser parte de la generación de un cambio que deje una huella y mejore la vida de los argentinos”. Sin embargo, la huella de sus tres años está marcada por marcharse con un desempleo del 9,1 %, las paritarias a la baja, denuncias por tener empleadas sin registrar, fraudes millonarios a través del desvío de fondos de organizaciones sindicales intervenidas por su cartera como el SOMU o Vigiladores privados. También quedará su huella de nepotismo y transparencia cero, después de trascender la lista de familiares ubicados en cargos públicos entre los que se encuentra su esposa, sus dos hermanas y su cuñado.

También será recordado por ser un orgulloso impulsor y defensor de las modificaciones al Sistema de Riesgos del Trabajo, la ley 27.348 a la cual también hace una destacada referencia en su carta de despedida. Gracias a esas modificaciones se ufana de haber dotado al sistema de “mayor estabilidad” y de “disminuir la litigiosidad”, lo que no es otra cosa que un mayor beneficio para los empresarios a costa de la salud y muerte de los trabajadores.

Paro y movilización por Lucía

El miércoles, 5 de diciembre, se llevó a cabo un paro nacional de mujeres con movilización para reclamar justicia por Lucía Pérez y todas las víctimas de femicidios. El reclamo está puesto sobre la justicia patriarcal que en un fallo sin perspectiva de género absolvió a los acusados por el femicidio de Lucía (encontrándolos culpables por venta de drogas).

En todas las ciudades del país, el movimiento feminista,  de mujeres, lesbianas, gays, travestis, trans, se movilizó reclamando justicia. En la Ciudad de Buenos Aires, de Tribunales a Plaza de Mayo, miles engrosaron la columna encabezada por el colectivo “Ni Una Menos”.

Siguiendo los datos relevados por el Observatorio “Ahora sí que nos ven” durante la gestión de Mauricio Macri, desde diciembre del 2015 a noviembre del 2018, se registró un total de 895 femicidios. En lo que va del año se registraron 260 femicidios.

Los datos reflejan una realidad que el gobierno no está dispuesto a afrontar, muy por el contrario, continúa recortando presupuesto para campañas, subsidios y planes para las víctimas de violencia de género. Los fondos que se destinan para erradicar la violencia son mínimos y las consecuencias son letales: una mujer es asesinada cada 30 horas.

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Entrevistamos a Jerónimo de Justicia por las víctimas de Luis Viale.

-En la primera semana de agosto hicieron una conferencia de prensa.

-Fue una conferencia de prensa para reinstalar el tema porque la causa no está yendo bien. Hicimos una presentación a la Cámara de Apelaciones, buscando que un Juzgado de apelaciones revierta la decisión del juez de no procesar a los dueños de las marcas.

El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, se investigó a los dueños de las marcas para los que trabajaba el taller, se los dejó en libertad y el juicio finalmente se hizo 10 años después.

Se llevó a juicio a los encargados del taller y se los condenó a 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre. Ese mismo juzgado que condenó a los encargados del taller ordenó volver a investigar a los dueños de las marcas porque durante el juicio surgieron más pruebas de su vinculación con el delito.

El problema fue cuando se sorteó la causa porque la investigación cayó al mismo fiscal y al mismo juez que ya los habían investigado y que tardaron un año y medio en empezar a hacer algo con la causa. Finalmente la fiscal hizo muy poco. Ignoró toda la evidencia presentada por la querella, tanto la fiscal como el juez y, finalmente, dictó un fallo diciendo que no había mérito para procesar a los dueños de las marcas pero tampoco para sobreseerlos, es decir, que la fiscal tenía que seguir investigando.

El problema es que la investigación está en un punto muerto, porque la fiscal no está llamando a declarar a los trabajadores, por ejemplo, que son los que durante el juicio declararon que veían a los dueños de las marcas permanentemente en el taller. La fiscal tampoco está teniendo en cuenta la información que le presentamos, entre otras, los nombres de las marcas con fotos en el taller, fotos de los jeans de esas marcas en el taller. La Fiscal buscó esas marcas y no las encontró, pero no las encontró porque las escribió mal. Nosotros habíamos presentado la información con los nombres de las marcas muy claramente.

Hasta ahora el trabajo de la fiscal ha sido muy deficiente, el juez también parece tener una decisión tomada. Por eso se apeló esta decisión del juez pidiéndole a un Juzgado de apelaciones que procese a los dueños de las marcas. El juzgado no dio a lugar, dijo que siga todo como está, pero que la Fiscal preste atención a las pruebas presentadas por la querella.

Las fiscalías están sobrepasadas de trabajo, queremos creer que hay algo de esto, pero creemos que la fiscal tiene que poner más voluntad para ver cómo fueron los hechos. Porque en este caso tenemos muy clara la vinculación de los dueños de las marcas con el taller. La habilitación del local estaba a cargo de ellos y luego se produjo el incendio.

-Estamos hablando de la Fiscal Betina Botta y el Juez Baños del juzgado Nº 27 y de los empresarios Daniel Fischberg y Jaime Gueiler. Me gustaría que nos recordaras los hechos que motivaron este juicio.

-El incendio se produjo porque había 64 personas viviendo en un taller de costura. En la planta baja estaba el taller y en el primer piso había 64 personas viviendo. Cuarenta eran trabajadores y el resto eran sus hijos. Se produce el incendio por un recalentamiento. Las familias vivían en espacios de 2×2 separados por maderas o telas, había cables colgando tanto donde estaban las máquinas como en el piso de arriba. Y una instalación eléctrica que era evidente que iba a llevar a un problema de este tipo.

La negligencia era absoluta por parte de los encargados del taller y de los dueños de las marcas por no inspeccionar, ya que están obligados a inspeccionar a los talleres a los cuales subcontratan, tanto Fischberg y Geiler como todas las marcas que subcontratan. Hubo un recalentamiento en un cable en donde había un televisor enchufado, comenzó un incendio, algunos pudieron bajar y hubo 5 chicos y una mujer de 25 años que no pudieron salir. Esto fue el 30 de marzo de 2006 y desde entonces todos los años se conmemora este aniversario frente al taller con algunas actividades.

“El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control”

-Este tipo de producción, en estas condiciones ¿es normal? ¿Qué tipo de control ejerce el gobierno de la ciudad de Buenos Aires?

-El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ejerce ningún control en absoluto. Está absolutamente ausente y cada vez más. Durante el mes siguiente al incendio hubo una oleada de inspecciones y se cerraron alrededor de 100 talleres. Más allá de las inspecciones, que tampoco son una solución absoluta, hay que ver cómo se producen. La Policía generalmente trata a los trabajadores como si fueran delincuentes, los hacen tirarse al piso, ha habido denuncias de trabajadores a quienes la misma Policía le roba los celulares o plata durante las inspecciones.

Entonces, hay que revisar cómo se hacen esas inspecciones, porque al funcionar de esta manera los trabajadores ven a las autoridades argentinas como un problema, no como alguien que va a ayudarlos y a explicarles que tienen derecho a regularizar su situación laboral, a trabajar 8 horas, a resolver su situación migratoria y, sin embargo, la Policía no hace eso, los maltrata, entonces el trabajador ve en el patrón a un defensor de su derecho de trabajo y del lugar donde está viviendo. Lo único que hace el Gobierno de la ciudad es eso.

En la subsecretaría de Trabajo hay una división de Trabajo a domicilio que es la que regula y tiene que llevar un registro de los trabajadores a domicilio e inspeccionar los talleres. Hay una ley que establece que cuando una vivienda es alquilada para producir por encargo de un tercero, entra en la categoría de trabajo a domicilio y tiene una regulación específica que busca dar una protección mayor a los trabajadores que la ley laboral más grande, que abarca todo el abanico, que es la Ley de Contrato de Trabajo. O sea que este sector tiene una ley específica para proteger mejor a los trabajadores Entopero no se aplica. Y el órgano de aplicación es el Gobierno de la Ciudad, pero también el gobierno nacional y la justicia.

-¿Podemos cuantificar este tipo de talleres?

-Es muy difícil. En algún momento se habló de 5.000 talleres en toda la Ciudad. Desde ya que está el taller verdaderamente familiar, de una pareja o una mujer que trabaja en su casa, o que algún familiar directo va a ayudarle y le pagan en las condiciones que corresponde hasta, por ejemplo, en Villa Celina, donde hay talleres muy grandes donde se trabaja en terribles condiciones, no encerrados, pero sí en condiciones peores que las del sudeste asiático.

Yo tengo más o menos cuantificados los trabajadores que trabajan en talleres que llamaría clandestinos, aquéllos que si cae una inspección hay que cerrarlos inmediatamente porque hay riesgo de vida, son talleres donde hay gente viviendo y hay cables colgando o la propiedad se está por derrumbar, etc. Tengo calculados alrededor de 50.000 trabajadores de indumentaria en esas condiciones, en las que hay riesgo permanente de vida, estamos contando las horas para que se vuelva a producir algo como lo de Luis Viale y no se está actuando al respecto.

-¿Cómo sigue esto?

-Desde la Campaña vamos a intentar contactar a la Fiscal porque tenemos mucha preocupación y hemos participado mucho en el juicio. Creemos poder aportarle algo a la fiscalía. Hay algunos que saben bastante del tema de la reducción a la servidumbre y de la regulación entre fábrica, taller y trabajadores, entonces hay mucho para aportar, material escrito, documentos técnicos que pueden ayudar a entender mejor esta cuestión que a veces puede ser compleja. Esperamos que la Fiscal nos reciba para poder acercarle estas pruebas y que puedan llegar a una decisión que sea realmente justa.

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En marzo de 2006, un incendio en un taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale terminó con la vida de 6 personas, cinco de ellas menores de edad. Marcha dialogó con Jerónimo, miembro de la Campaña Justicia Por las Víctimas del Taller Textil de Viale, sobre el avance de la causa en la Justicia.

Ya habían sido condenados a 13 años de prisión los encargados del taller, por reducción a la servidumbre de las 64 personas que vivían en el lugar. Allí se produjo un incendio, donde el 30 de marzo murieron 5 niños y una joven embarazada de 25 años. Esa condena llegó luego de más de 10 años.

Ahora ha avanzado la causa sobre los dueños de las marcas.

Esto fue por indicación del mismo juzgado que condenó a los encargados del taller. A partir de lo mal que venía la causa y lo que se tardó en condenar a los procesados hicimos una campaña de Justicia por las víctimas de Luis Viale y desde allí pedíamos que se juzgue a los encargados del taller, que se haga el juicio, se los condene y además se vincule a los dueños de la marca que son incluso más responsables que los encargados porque eran los beneficiarios últimos de esta cadena de explotación.

Como suele ocurrir, las marcas son las principales beneficiarias, por más que los encargados de los talleres sean los que aplican en forma directa la explotación, lo hacen muchas veces porque las marcas no pagan lo suficiente como para que ellos puedan pagar los salarios que corresponden.

No quiero con esto justificar a los encargados, que también son responsables, pero no son los principales beneficiarios ni los principales responsables. Entonces el Tribunal Nº 5 de la Ciudad, cuando condenó a los encargados del taller, instruyó a la justicia a sortear la causa y a seguir investigando la responsabilidad de los dueños del taller y de la marca.

La particularidad de este caso es que los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller eran tres y los dueños del taller son los mismos, el taller trabajaba exclusivamente para ellos, que tienen la fábrica a la vuelta de Luis Viale al 1200. Además eran los dueños de la propiedad donde funcionaba el taller e iban a visitarlo, como consta en las declaraciones de los testigos, incluso en las de los imputados, en el juicio que se hizo y en el que se condenó a los encargados.

Los mismos encargados decían que los dueños iban al taller a ver cómo estaban las cosas. La vinculación es muy directa. Si en este juicio no se logra condenar a las marcas, va a ser muy difícil que en los demás casos se haga. Por eso es un juicio clave. Además de ser junto con la causa Páez, la muerte de dos chicos en abril de 2015, los casos más graves, que llevaron a la muerte de personas.

Tengo entendido que se tomó declaración indagatoria a los acusados, que son Alberto Fischberg y Jaime Geiler.

Así es, se les tomó declaración indagatoria a mediados de marzo. No sabemos aún porque las indagatorias son procesos muy secretos, ni siquiera la querella sabe si en efecto declararon o reclamaron su derecho a no declarar.

La importancia de estas indagaciones era que a partir de ahí y con las pruebas que presentó la querella y la fiscal Betina Botta, que ha hecho un trabajo muy pobre y muy lento y no le puso la dedicación al caso que merecía ni mucho menos, el juez Alberto Baños va a decidir si procesa a los dueños de las marcas, si dice que todavía no hay suficientes pruebas y pide más o si directamente los sobresee. Podría llegarse al sobreseimiento, lo cual sería muy grave.

¿Hay alguna otra novedad sobre la causa?

No. Porque está en manos del juez Baños y de la fiscal Botta, que no han hecho absolutamente nada. El juez Baños dijo hace un año que no llamaba a indagatoria porque no encontraba a uno de los acusados. Lo encontramos nosotros por internet. En distintas páginas web encontramos información sobre sus direcciones y a partir de eso el juez pidió al Banco en el que el acusado tenía una cuenta, que le informara el domicilio y finalmente lo encontró. Tuvimos que activar nosotros para apoyar a la querella y que finalmente tomen indagatoria. Tardaron dos años en hacerlo.

Entiendo que la justicia está sobrepasada, es muy conocido que las fiscalías tienen muy pocos recursos, pero lo cierto es que la fiscal ha hecho un trabajo muy pobre. Es la misma que en su momento investigó a los dueños de la marca y no presentó las pruebas que le proveyó la querella. Recordemos que después del incendio se investigó la posible responsabilidad de los dueños de las marcas y este mismo juez, Alberto Baños, los sobreseyó; entonces se continuó con la investigación sobre los encargados del taller.

Ahora, cuando se sorteó la causa volvió a caer en el mismo juzgado con esta misma fiscal y vuelven a hacer un trabajo que indicaría que va a terminar en un sobreseimiento, a menos que haya suficiente presión de parte de la campaña. Los medios de comunicación tienen que dedicarle a este caso el tiempo que merece. Es un caso testigo y clave, que va a sentar jurisprudencia para los juicios contra las más de 100 marcas denunciadas que hay por explotación de migrantes en talleres clandestinos.

Entre ellas la marca de nuestra primera dama, Juliana Awada.

Las tres marcas de este caso no son conocidas pero en el caso de Awada están Cheeky junto con las otras dos marcas que tiene que son Como quieres que te quiera y una más (Pâtisserie). Hay una lista muy larga de marcas que está en la página web de La Alameda que fue la encargada de la mayoría de las denuncias y también hay otras tantas hechas por la AFIP en los últimos años. Está Adidas incluso que después limpió su cadena productiva. Pero está lleno de marcas de ropa de moda de mujer. Recomendaría que miren la lista en la página de La Alameda porque habría que evitar comprar esas marcas.

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El jueves pasado se realizó una marcha que dio comienzo en el taller de Páez 2796, donde murieron Rodrigo y Rolando, y siguió hasta el taller Luis Viale (donde en 2006, también por un incendio, murieron 6 personas). Las organizaciones convocantes, CTA, Simbiosis Cultural, UTE, Escuelita La Pampa y miembros de la Cazona de Flores, acompañaron a la familia en su pedido de justicia.

Uno de los oradores fue Esteban Mur, papá de los chicos muertos, quien reclamó al Gobierno de la Ciudad que “abra las puertas a los hermanos costureros, porque ellos quieren trabajar mejor. El gobierno les cierra las puertas para blanquear los talleres con altas cuotas que no les permiten estar en blanco, y por esto hay muchos talleres clandestinos. Por esto se necesita una ley que favorezca a los costureros para que no se los rebaje a unos salarios muy baratos como los que hoy tienen”.

También Juan, de Simbiosis Cultural, tomó la palabra después y desde la asamblea invitaron a no estigmatizar, como hacen los medios masivos desde hace nueve años, luego de las muertes en el taller de la calle Luis Viale. Proponen abrir el taller para empezar a complejizar la situación y poder entender lo que pasa en los talleres y a partir de ahí, “junto con las compañeras y compañeros bolivianos que trabajamos en esos lugares, poder encontrar soluciones para todos. Para salir de la mirada victimista y legalista que lo único que logra es que cuando se cierra un taller se mude a otro lugar. Entender que no es un problema sólo de los bolivianos sino de toda la sociedad. Entender que no es un problema del Gobierno de la Ciudad solamente, sino también del Gobierno nacional y de todas las marcas y de todas las instituciones que están para controlar esas marcas”.

La convocatoria es a la asamblea de los sábados a las 15hs en la Cazona de Flores. “Se nos están muriendo las wawas, algo tenemos que cambiar como colectividad boliviana y como sociedad en general”, cerró Mur.

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Después de la trágica muerte de dos niños en un taller clandestino en Flores, las líneas que siguen reflejan que, penosamente, no se trata de una anomalía, sino del modo de funcionamiento de la industria textil en la periferia.

La vivienda en la que fueron encontrados Rolando, de 5 años y Rodrigo, de 10, oficiaba, además de hogar, de taller textil clandestino. ¿Qué significa esto? Significa que la familia de Esteban Mur, el padre de los niños, habitaba apiñada en el mismo lugar donde trabajaban. Hacinados, sin ventilación ni higiene, cinco personas cumplían jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, confeccionando prendas de vestir para un empresario. Al precio de 5 a 6 pesos por prenda, lograban obtener hasta 700 pesos por día: de ahí debían salir los pagos de alquiler y luz (un costo importante en esta actividad), y el resto se repartía entre los cinco. Los niños vivían en ese lugar porque era la única forma de costear el alquiler, y de estar cerca de una escuela a la que pudieran asistir. De hecho, según el relato del padre, la comunidad escolar fue la que se movilizó en apoyo con mayor rapidez: ninguna autoridad lo hizo.

Mur señaló que desde hace 15 años trabaja en esta situación de absoluta precariedad, lo que sirve de muestra para ejemplificar el carácter estructural de la actividad. La falta de oportunidades de trabajo formal es la norma: cerca de un tercio de los trabajadores en el sector privado continúan carentes de acceso a las condiciones de legalidad que la ley establece como obligatorias. El desempleo, aunque se redujo de valores insólitos, se encuentra estable por encima del 7% de la población económicamente activa desde 2007 a esta parte. Es decir, el mercado laboral ha demostrado su incapacidad de ocupar la fuerza de trabajo, y más aún, de hacerlo en condiciones dignas.

Trabajo superexplotado

El taller clandestino es más que una situación personal de ocupación. Tiene un rol específico en el sistema de acumulación.

Se trata de una forma de trabajo típica de la etapa de formación del capitalismo industrial en los países centrales, cuando campesinos elaboraban artesanalmente mercancías para compensar su creciente empobrecimiento. El trabajo desde el hogar y el pago a destajo ahorraban a los capitalistas costos de supervisión y de acondicionamiento del lugar de trabajo. Así comenzó la revolución industrial, de la mano, justamente, de la producción textil. Esta forma de organizar el trabajo fue paulatinamente desplazada con la emergencia de la gran fábrica, la imagen arquetípica de la industria moderna.

Hace ya un tiempo que la periodista Naomí Klein registró extensamente cómo se reorganizó el proceso de trabajo en el mundo, y fue particularmente enfática respecto de la industria textil. En su libro No logo llamó la atención sobre el hecho de que las empresas mundialmente más conocidas de la rama en cuestión no producían ningún artículo por sí mismas. Estas marcas líderes se enfocaban en el marketing y el diseño, tareas realizadas en los países centrales, y dejaban la producción material a un conjunto gigantesco de fábricas en la periferia global. Estas fábricas empleaban personas sin las garantías del mundo “desarrollado”, abaratando el producto y agrandando así el margen de ganancia para la empresa dueña de la marca. Se multiplicaron entonces las plantas en Asia y América Latina, que terminaron proveyendo de fuerza de trabajo barata al mundo.

Pero más aún, gracias a las reformas estructurales que permiten el outsourcing –el abastecimiento externo– incluso estas empresas de la periferia pueden subcontratar tareas en emprendimientos más pequeños, más difíciles de registrar. Aquí es donde vuelven a aparecer los talleres de hacinamiento para la producción textil: el eslabón más débil de una larga cadena de producción, que no pocas veces termina en el glamour de las pasarelas internacionales. Los talleres clandestinos no son una anomalía: son la forma misma de organizar el proceso de trabajo en el mundo. Se trata de una rama industrial de elevada integración global.

Las ganancias de las economías centrales se sostienen en el empobrecimiento de los países dependientes. La relación es de mutua implicancia.

Argentina para armar

La industria textil en la Argentina emplea unas 400.000 personas, de las cuales el sindicato de la confección sólo tiene registradas unas 30.000. Del resto no sabemos si tiene protección legal alguna. La Alameda ha denunciado la existencia de unos 3.000 talleres clandestinos sólo en la zona sur de Buenos Aires, lo que constituye un gigantesco contingente de personas integradas a la ciudad como habitantes de segunda o tercera: ni siquiera se puede afirmar que sean ciudadanos en esta condiciones, pues su situación se acerca a la esclavitud moderna. No en vano suelen aprovecharse de trabajadores inmigrantes, para explotar su condición de indefensión.

La misma fundación estima que cerca de un 78% de la indumentaria usada en la Argentina se produce en estos talleres. Las denuncias ante las autoridades caen en el vacío. Tanto pequeños negocios como grandes marcas se abastecen en esta cadena. Para estas últimas, los vínculos directos pueden ser un problema (como se le hiciera claro a Juliana Awada, esposa del candidato Macri), por lo que no pocas veces aprovechan grandes ferias como La Salada para abastecerse.

La expansión de la industria durante el kirchnerismo no ha escapado a estas tendencias. Apoyada en ventajas obtenidas del procesamiento de recursos naturales abundantes, han crecido la industria de alimentos y bebidas o la química y petroquímica. La industria textil debe competir globalmente, sin esa ventaja, y por eso ha perdido participación en la industria durante esta década. Y por eso presiona una y otra vez por devaluaciones que la protejan de la competencia global: uno de sus conocidos lobistas es Ignacio de Mendiguren, Ministro de Producción de Duhalde y hoy diputado por el Frente Renovador. En los últimos dos años, la industria ha caído, reforzando esta presión: para emplear, se requiere abaratar salarios. Y si la inflación no es mecanismo suficiente, la clandestinidad seguramente lo sea.

La muerte de Rolando y Rodrigo tiene responsables directos en las autoridades de la Ciudad que no se encargaron de inspeccionar, pero también en el gobierno nacional, por la incapacidad de modificar la estructura económica de explotación y el lugar periférico del país. No hay excusas.

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La muerte de dos niños en talleres clandestinos es tratada como una tragedia que no ocurriría si el trabajo fuera normal y estuviera regulado. Una vez más, la rima infantil de “el gran bonete” es la mejor muestra de la realidad.

Tragedia y drama surgen indefectiblemente al leer las maneras en que se abordan  estos sucesos. Se habla de la  falta de reglamentación. Tratan el hecho, tantos los medios como los políticos del orden, como si fuera excepcional, aislando la muerte de dos niños en el barrio de Flores en un incendio, en un taller clandestino, como algo fuera de regla. El barrio está lleno de talleres clandestinos, donde las inspecciones no son inexistentes: son cómplices de su funcionamiento. Sí, no es la primera vez que mueren niños en estos talleres, hijas e hijos de trabajadores textiles bolivianos súperexplotados que pagan carísimo emigrar en busca de mejorar un poco, y solo un poco, sus condiciones de vida.

Sus muertes, las quemaduras de sus padres internados en el Hospital Álvarez, las muertes anteriores –como el incendio de otro taller en el 2006 en Caballito, donde murieron cuatro niños y dos adultos, con la causa a punto de ser cerrada por el siempre funcional poder judicial– no son más que ejemplos del entramado cómplice de la industria textil por un lado, y todo el aparato de apoyo estatal cómplice por otro.

Plantear que la solución es un Estado presente es no tomar en cuenta su rol como garante del orden instituido, y que atraviesa los gobiernos de manera transversal: el Gobierno de CABA es cómplice de los talleres clandestinos en el Bajo Flores, el gobierno nacional lo es al manejar la feria de La Salada, con mafias, punteros, barras de clubes y policía incluidos, con asesinatos como conexiones en el juego y la lucha de intereses. Los talleres clandestinos no son más el primer eslabón de una cadena fundamental, la que sostiene la propio sistema donde lo único significativo es maximizar la ganancia, y sí nos llevamos muertos, cómo pasa todo el tiempo, que no se note: los pobres son poco visibles, no ocupan más que una par de recuadros de una página secundaria de un periódico, unas palabras sueltas de un discurso con amarillo o azul de fondo. En definitiva, los muertos son siempre los mismos.

Y son los mismos quienes empiezan a reunirse y a pedir justicia, y a luchar por sus trabajos. Ayer se realizó una asamblea en la Cazona de Flores, con trabajadoras y trabajadores, vecinas y vecinos del barrio para discutir la problemática.

La cámara de Marcha estuvo ahí para registrar esas voces que quieren ser escuchadas, que quieren que no se olvide y menos, que se repita. “Este trabajo queda invisibilizado o estigmatizado mediáticamente y por las grandes marcas. O impensado cuando sólo se lo etiqueta como “trabajo esclavo”. No se trata sólo de víctimas. Sino de trabajadores migrantes que construyen su derecho a la ciudad e impulsan activamente la economía local. Es necesario abrir públicamente esta discusión y construir formas de autodefensa y organización”, es una de las frases que rescatamos.

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