Por Nacho Saffarano | Foto de Santiago Filipuzzi

La derecha social tiene que anotarse su primer triunfo contundente durante la gestión de Alberto Fernández. En diez días lograron instalar una serie de mentiras y estigmas hacia la población carcelaria que logró homogeneizar a un colectivo mucho más amplio que el de los convocantes. Esa derecha social -que es inorgánica, que no tiene una representación partidaria única, que es policlasista, que actúa en redes sociales, en medios de comunicación, en el Poder Legislativo- fue la que le dejó la cancha despejada a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para emitir un vergonzoso fallo ayer. Allí se deja sin efecto la resolución del Tribunal de Casación por el que se les permitía a los jueces de primera instancia, dependiendo de una gran cantidad de situaciones, otorgarles la libertad domiciliaria a pacientes de riesgo.

El fallo de la Corte es solo otro ladrillo en la pared. Ninguna persona sensata puede sorprenderse por la falta de sensibilidad de ese reducto burócrata, alejado históricamente de los intereses de las y los más desprotegidos. Ahora bien, lo que preocupa aún más es el retrógrado accionar del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, Axel Kicillof -secundado por el Ministro de Justicia Julio Alak y por el militar Ministro de Seguridad, Sergio Berni – hizo declaraciones dignas de su antecesora María Eugenia Vidal. Además de mentir sobre los alcances que tenía el fallo de Violini en Casación (“no nos gusta la liberación de presos acusados de delitos graves”), se sumó a todo el coro punitivista que afloró en los últimos días, legitimando a quienes sin eufemismos, quieren que los presos se mueran en las cárceles. Más vergonzoso aún resulta el anuncio de la creación de 1350 plazas penitenciarias nuevas, en una Provincia que tiene 25.000 detenidos más que los que puede albergar.

Esta crisis penitenciaria y del sistema penal abre una serie de debates de los cuales no podemos escapar. Es imposible no asociar estos cacerolazos y la respuesta del poder político a lo sucedido en el año 2004. El asesinato de Axel Blumberg fue la antesala para que se apruebe un bloque de leyes punitivas, de endurecimiento de las penas, que en nada ayudaron a cambiar ciertas conductas sociales, sino que solo sirvieron para instalar un uso desmedido de la prisión preventiva y del aumento de las tasas carcelarias. Fue un trámite exprés en el Congreso, momento en el cual el Frente Para la Victoria tenía mayorías. La nota repetitiva fue desoír a todos los expertos sobre la cuestión criminal para dejarse llevar a ciegas por un reclamo social que pedía venganza y mano dura. No está de más recordar que el petitorio de las marchas de justicia por A.B., y que luego funcionó como anteproyecto de ley, fue elaborado por Roberto Durrieu, quien ofició como subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla.

Ese trámite exprés -despojado de debate, sancionado al calor del reclamo-, es una de las características principales de lo que llamamos “populismo punitivo”. Elena Larrauri, criminóloga española, enumera una serie de cuestiones distintivas de ésta corriente penal, que podemos resumir de la siguiente manera:

1 – Despolitización de la delincuencia, reduciéndola a actos individuales de “sujetos desviados”. Estos se construyen como enemigos públicos de las mayorías que viven en paz, sin molestar a nadie. Y a la delincuencia y los delincuentes, se los combate con cárcel y castigo. No importa si es efectiva o no para la reinserción social, lo que importa es el encierro y la actividad disciplinadora.

2 – Uso electoralista de la “lucha contra el delito y la inseguridad”. Sergio Massa para principiantes. Se monta a través del discurso de seguridad toda la estrategia para ganar las elecciones, intentando conectar con los miedos de una porción de la sociedad que puede no ser mayoritaria, pero que es hábil para transversalizar sus preocupaciones prioritarias.

En este sentido, el populismo punitivo puede servir para ganar elecciones pero también para consolidar proyectos de gobierno y construir hegemonía propia. Esta es una cara que no podemos obviar en este momento. Fueron públicas las manifestaciones de diversos intendentes del conurbano, integrantes del Frente de Todos, que le exigieron a Kicillof que mueva fichas para evitar la liberación de detenidos; porque su propia base social creía que la convivencia vecinal con violadores y asesinos era inmediata. Se perdió aquí una enorme oportunidad pedagógica para explicar los alcances del fallo, para concientizar sobre el problema sanitario global que implica el contagio de Covid-19 entre detenidos, para intentar sembrar una semilla de restauración entre tantas odas al castigo y el dolor.

3 – Instrumentalización de las víctimas y sus dolores. El populismo punitivista les expropia a las víctimas de los delitos la posibilidad de tener una postura conciliadora, de perdón a quienes la ofendieron. Usufructa el dolor ajeno para convertirlo en la cara visible de las diferentes políticas represivas. Esa extracción del dolor se utiliza para construir una imagen homogénea de las víctimas, para pasearlas por televisión a fin de reforzar la construcción del sujeto peligroso; pero también se las manipula para desplazar a quienes trabajan, estudian y militan las cuestiones penales, construyéndolas como legitimadas exclusivas a la hora de pensar las políticas criminales.

En el uso espurio que hacen de las víctimas, los partidarios del populismo punitivo no se preocupan por la contención afectiva y psicológica de ellas, lo cual debería ser lo primero a atender a quien sufre un delito violento. Una plataforma penal democrática implica acompañar a la víctima desde el primer momento, desligándola de toda la tramitación burocrática, ofreciéndole esa contención necesaria para poder comenzar el duelo necesario.

¿Por qué detenernos en estas explicaciones sobre el populismo punitivo? Porque es la forma que ha adoptado el gobierno de Kicillof para afrontar la crisis carcelaria. Porque se sumaron a la ola reaccionaria, en vez de intentar ganar políticamente; porque falsearon sobre el contenido jurídico de una resolución para justificar una posición política; porque desoyeron a los especialistas sobre el tema ante el temor de que un sector social rechace esta orientación.

Si la designación de Sergio Berni era un pésimo antecedente para imaginar la política criminal del gobierno bonaerense, esta crisis no vino más que a afirmar la continuidad de un modelo penal que trasciende gobiernos y partidos políticos.

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En las últimas horas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cual se avaló el uso de las neopicanas Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana.

Faltan pocas semanas para un nuevo 24 de marzo que, sin dudas, no será uno más. Son 40 años de aquel golpe de Estado cívico, militar y clerical, el más brutal y sanguinario de la historia. Y realmente es lamentable que frente a una fecha tan trascendental, donde contaremos con la presencia del terrorista más famoso del mundo en la actualidad, Barak Obama, el máximo tribunal de justicia, la que responde a los poderosos, no estuvo ni lento ni perezoso y mediante un fallo autorizó el uso de las neopicanas taser X26, en esta versión mejorada y moderna de lo que fueron aquellos métodos de tortura entre el año 1976 y 1983.

En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) expresó su “repudio ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que eligió desentenderse en la causa ´Taser´, avalando que la Policía Metropolitana pueda torturar a las personas que transiten por la ciudad de Buenos Aires”.

El año pasado, ante la insistencia de la justicia porteña por impulsar esta medida, ya se denunciaba el avasallamiento constitucional. A su vez, se remarcaba otro de los problemas que existió en esta oportunidad. “Sorprende, asimismo, que la Corte haya dado a conocer el fallo a su agencia de noticias antes que a las partes”.

Que decida la corte

El pasado 9 de abril, el ODH junto al Defensor General de la Ciudad, Dr. Horacio Corti, presentaron un recurso extraordinario contra el permiso para que la Policía Metropolitana utilice las neopicanas.

Contemplando el contexto y la triste historia de nuestro país, el comunicado destacaba que “la presentación del ODH ante la Corte fue acompañada por diferentes organizaciones que se presentaron como Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), hecho que reforzaba la necesidad de un amplio tratamiento de los argumentos por parte del Máximo Tribunal. Amnistía Internacional, La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Agrupación HIJOS, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), el CEPRODH, la Asociación Americana de Juristas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros organismos habían solicitado que su voz sea escuchada. El oscurantista fallo de la Corte prefirió el silencio”.

Más recursos para la represión

No hay ninguna novedad si decimos que la vieja pero siempre utilizada metodología de la represión como mecanismo de contención por parte de los malos gobiernos frente a los reclamos del pueblo, goza de una vigencia y legitimidad como hace mucho no pasaba. Los miles de despidos del sector público y privado con sus correspondientes reclamos y movilizaciones no han tenido, en la mayoría de los casos, más respuestas que los palos y las balas de goma. Luchas ganadas o perdidas, puestos de trabajo recuperados y no, la represión siempre existió.

En esta faceta triste de nuestra historia, donde también en Democracia se persigue, desaparece y mata, los primeros meses de este año no hicieron más que acentuar y profundizar brutalmente estas metodologías.

El comunicado del ODH afirma: “Desde el Observatorio seguimos sosteniendo que es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. Las Taser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, hecho corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional”.

Con este panorama, donde todos los mecanismos legales ya han tomado partido por los verdugos del pueblo trabajador, es que sea hace necesaria la organización como herramienta indispensable de las y los de abajo.

El informe culmina asegurando que “ante este fallo vergonzoso, al haber agotado las instancias judiciales en el país sin que se haya hecho Justicia, analizaremos los pasos a seguir para hacer valer nuestros derechos ante las instancias interamericanas correspondientes, a fin de poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. No podemos permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina. Desde el ODH seguiremos exigiendo ´Picanas, ¡Nunca Más!´”.

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