La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

Ver nota relacionada: El subte B, en riesgo para pasajeros y trabajadores

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 El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Ya fueron retiradas 3 formaciones por contener asbesto y otras 10 se encuentran bajo revisión. Son 18 coches CAF 5000 que tienen asbesto en un componente eléctrico. Estos vagones circulaban desde 2013 cuando se compraron 36. Pero se sospecha que los CAF 6000 también podrían contenerlo ya que en España el material fue encontrado en uno de los coches. Sbase compró 84 coches CAF 6000, de los cuales circulan 60 que conforman 10 trenes.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP, señaló: “Los CAF 5000 eran chatarra y los 6000 no se usaban en España. No se fabrican más repuestos para esos coches”.

Agrega Dellecarbonara: “Desde 2003 hay un decreto que permite que las empresas no cumplan con el plan de mantenimiento que ordenan los manuales de los trenes. Cada 350.000 kilómetros hay que sacarlos de circulación, desarmarlos y reemplazar las piezas gastadas. Pero eso no se está haciendo”. Desde Sbase afirman que se realizan cada 600.000 kilómetros.

El asbesto fue prohibido por el Ministerio de Salud nacional en 2003. Pero como se lo utilizó durante décadas como aislante, sigue presente en muchos lugares. En el caso de la Línea B, según Sbase, está en componentes eléctricos que no están en contacto con los pasajeros. Hace 10 años, una investigación del INTI lo detectó en el 15 % de las muestras tomadas en 30 edificios de la Capital Federal y Conurbano.

SBASE anunció la creación de una comisión conformada por representantes de la empresa estatal, Metrovías, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud para descartar que los CAF 6000 tengan asbesto entre sus componentes.

En la última sesión de la Legislatura Porteña el diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano reclamó que la Legislatura sea parte de la revisión de los vagones que realizará la Subsecretaría de Trabajo.

Esta comisión deberá hacer una inspección exhaustiva, en las partes fijas y móviles, y sacar un censo del amianto, incluido el que posiblemente esté ya libre, en el aire o en los suelos.

Hacer un plan de desamiantado integral, con fecha de terminación y presupuesto.

Montar una querella criminal contra el Metro de Madrid ya que el delito es un atentado doloso y continuado contra la salud pública y de los trabajadores.

Pero no lo menos importante, es el atender especialmente a los trabajadores y usuarios expuestos.

De allí que la huelga del pasado 13 de marzo fue acertada a pesar de la complicación a miles de personas ya que sacó a la luz este verdadero crimen social al que son expuestos diariamente los trabajadores y usuarios. Una situación que la empresa y el gobierno porteño mantuvieron oculta.

El caso del Metro de Madrid

En una reciente publicación de rebelión.org, “A propósito del metro de Madrid. Con la exposición al amianto no hay dosis mínima segura” podemos leer que:

La peligrosidad del amianto no es solo por su reconocido carácter cancerígeno y por suponer más de la mitad de todos los tumores ocupacionales, sino porque cualquier dosis, de cualquier tipo de fibras, puede causar un mesotelioma a los 40 años de esa fatídica exposición. Esta propiedad del mineral la hace alarmante, por eso las administraciones, empresas e interesados claman contra las “alarmas sociales” y de forma continua tratan de calmar al personal. Advierten que: “si no se maneja ni perturba, no hay fibras al ambiente y no hay peligro” (sic).

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó en 2002, “Lecciones tardías de alertas tempranas: el principio de cautela, 1896-2000”. Allí se puede leer, en su página 4, que la primera alerta temprana clara y verosímil acerca de los daños a la salud que podría causar el amianto se produjo nada menos que en 1898. Solo cien años después se empezó a prohibir el amianto en algunos países.

En cuanto a formas, tamaños de los distintos minerales y de los distintos tipos de fibra (crocidolita, amosita, crisotilo, etc.), las afirmaciones de un relevante miembro de la International Agency for Research on Cancer (IARC), nos quitan todas las dudas. Sostiene que:

“Todavía hay controversias sobre hasta qué punto hay diferencias en la potencia de las diferentes formas de amianto (por ejemplo, el crisotilo opuesto a los anfíbolos) y los diferentes tamaños (fibras largas y cortas). Sin embargo, estos asuntos no alteran la conclusión fundamental de que la evidencia epidemiológica indica que TODAS LAS FORMAS Y TAMAÑOS DE FIBRAS DE AMIANTO COMERCIAL SON CANCERÍGENAS PARA LOS SERES HUMANOS”. (Kurt Straif. “Update of the scientific evidence on asbestos and cancer” IARC. Asturias, 17 March 2011).

El gerente del metro de Madrid, se defiende diciendo que: la sola presencia no supone un “riesgo para nadie”, sino “solo” cuando una manipulación provoca su “inhalación”. A continuación, se despacha diciendo que retirar el amianto de las estaciones costaría bastante más que la de los trenes (unos 100 millones de euros); se deduce pues que los lugares de los usuarios están ahítos de amianto, hasta al menos en más de 30 estaciones. Estas estaciones subterráneas son de difícil evacuación de fibras sólidas, por pequeñas que sean. Más bien permanecen revoloteando en el recinto sin descanso pues son indestructibles. Muchos usuarios han tenido a su disposición millones, quizás billones, de dosis mínimas. Si se pudiese hacer un seguimiento de las ingentes exposiciones al mineral, no cabe duda de que saldrían a relucir (de antes y en el futuro), cantidades de enfermos por el amianto en usuarios del metro.

Como se está viendo, a medida que pasa el tiempo y los responsables están cada vez más atrapados en sus mentiras, primero aparece en los vagones y máquinas, después en las cocheras, más tarde en las escaleras mecánicas, al fin en los techos y bóvedas de estaciones.

Desde 1977 la IARC ya dice oficialmente que todo tipo de amianto es cancerígeno seguro para los humanos (de tipo 1), y que no hay dosis mínima segura. En Turín tuvo lugar la causa criminal contra los dos magnates del amianto en el mundo, Stephan Schmidheiny y el barón De Cartier, por una demanda de 3.000 muertos y afectados por sus fábricas en Casale Monferrato, en el norte de Italia. La fábrica cerró en 1986, el amianto se prohibió en Italia en 1993, y el hecho de estar permitido en la época que la fábrica estaba abierta no libró a los encausados de un juicio penal, que en primera y segunda instancia fue condenatorio (16 y 18 años, respectivamente).

Queda pendiente el asunto de los expuestos, y más tarde posibles afectados, por enfermedades graves y menos graves. Hay que tener en cuenta los períodos de latencia que median entre la exposición y la incidencia de las enfermedades del amianto, que están, por término medio, entre 20 años para la asbestosis y el cáncer de pulmón y de 40 años para el mesotelioma. Los pocos casos conocidos actuales se deben a exposiciones pasadas. Quedan muchos futuros enfermos que atender y muchos otros que indemnizar. Si tomamos los datos de la tesis reciente (2015) de la Dra. Carmen Diego, relativa a las enfermedades causadas en los astilleros de El Ferrol, de un total de 681 trabajadores investigados, el 71% padecen o han padecido algún tipo de enfermedad derivada de su exposición al amianto, de ellos más del 7% (50) son casos graves.

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Mientras el presidente promociona su año de gestión, las y los trabajadores agudizan su precarización.

En enero, el Presidente empezaba su gestión con una aprobación del 78%. A un año de gobierno, la aprobación es de 51% (con 42% de desaprobación), pero tan solo un 19% considera que la situación económica es buena, según Diego Reynoso, director de Ipsos Public Affairs. Este profesor de la Universidad de San Andrés que viene midiendo diferentes aspectos de la satisfacción política bajo el ISPI (Indicadores de satisfacción política institucional) señala que la calificación promedio de la satisfacción con el Ejecutivo fue de 4,5, muy por debajo de la autocalificación del presidente.

Matías Kruger: ¿accidente o crónica de una muerte anunciada?

Bajaremos a la H y aún sin haberlo conocido,
lo extrañaremos en los vagones,
en las escaleras, en los andenes,
lo extrañaremos y exigiremos justicia,
no queremos más muertes obreras.

“Ante la muerte de Matías Kruger”

Luigi Morris

En horas de la madrugada del miércoles, el joven Matías Kruger de 25 años, falleció electrocutado en el Taller Colonia de la línea H de subterráneos. Es la sexta muerte en el subte en 5 años.

Este nuevo crimen ocurrió a menos de 24 horas de realizada la audiencia de la que participó una delegación de la AGTSYP en la Subsecretaría de Trabajo, junto a representantes de la empresa que se opusieron a la implementación del protocolo de seguridad para trabajos con alta tensión, elaborado por las y los delegados y trabajadores de los talleres, y atacaron a los representantes gremiales en boca del gerente de RR.HH de Metrovías, Marcelo Graciano, quien afirmó: “Ustedes se cuelgan de los muertos”.

De esta forma, la patronal continúa responsabilizando a los trabajadores del subte por los accidentes y muertes, a pesar de que se encuentran imputados seis directivos que deberán presentarse a indagatoria por la causa del homicidio de Diego Martínez, ocurrido en el 2012.

La resistencia de la empresa en aplicar el protocolo de seguridad sobre trabajos con alta tensión coloca a Metrovías como la principal responsable de una nueva muerte. El lucro empresarial ha convertido al subte en un lugar de alta siniestralidad.

Esto sucede mientras el gobierno macrista, responsable del control del subte, impulsa una reforma de ART que va a aumentar la precariedad de la seguridad laboral.

El día anterior, Nelson Ruiz, de 37 años, padre de dos hijos menores de edad, oriundo de Santiago del Estero, empleado tercerizado de la firma Herso-Ferromel SA, fue atropellado por una formación de tren mientras realizaba tareas de mantenimiento de vías.

Esto no fue causa de un accidente, ni mucho menos la consecuencia del “error humano”. Para esto hay procedimientos que rigen la corrida de trenes y el trabajo de mantenimiento de forma segura, tanto para usuarios como para trabajadores. El tema es que no se cumplen.

La cuadrilla no contaba con pitero (personal a cargo de avisar si viene un tren) y esta es solo una muestra más de las condiciones en las que trabajan cientos de trabajadoras y trabajadores tercerizados en el ferrocarril.

Mientras, los que tendrían que estar defendiendo sus intereses, la Unión Ferroviaria, sigue mirando para otro lado.

A pesar de la Emergencia no cede la movilización de las organizaciones sociales

A pesar de la polémica desatada durante las últimas semanas, a raíz de la “paz social” que implicaba el acuerdo entre algunas organizaciones sociales y el Gobierno, la iniciativa contó con una abrumadora mayoría en Diputados llegando a 227 votos a favor. El diputado Alfredo Olmedo fue el único en votar en contra mientras los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron. El Frente para la Victoria acompañó la votación, a pesar de las denuncias de “tregua” que partieron desde los dirigentes de ese espacio tras la información que dio a conocer el periodista Horacio Verbitsky.

De esta manera, se declara la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019, creándose el “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario” (CEPSSC) que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El ente estará conformado por tres representantes de las organizaciones sociales y tres representantes del Estado (uno del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social y uno del Ministerio de Hacienda) y será el encargado de trabajar en la “progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario”, según indica el texto aprobado.

A su vez, también se crea el “Registro Nacional de la Economía Popular” (Renatrep), el cual será el encargado de censar la cantidad de trabajadores y organizaciones que conforman la “economía popular”.

El proyecto, además, atribuye al jefe de Gabinete la facultad de destinar un adicional de hasta $30.000 millones para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales durante los tres años que estima el proyecto.

No obstante, una importante movilización se realizó el miércoles en Resistencia, capital de Chaco, hasta la Gobernación. Luego se dirigió al Ministerio de Desarrollo Social para finalizar frente a la residencia del Gobernador. Las demandas de la multitud movilizada, calculada en unos 3.000 manifestantes, fueron por la crítica situación que vive una gran parte de los habitantes por falta de trabajo o subocupación y por la difícil situación a la que los somete el gobierno provincial, que ha disminuido los magros Planes sociales que venían percibiendo. Mientras, en la CABA, referentes y miembros de la Corriente gremial Mesa 19 y 20 de la CTEP, se movilizaron hasta la Casa de la Provincia, para demandar la urgente respuesta a las organizaciones chaqueñas.

Siete manifestantes fueron detenidos el jueves a la noche en la ciudad de Córdoba en una manifestación de organizaciones sociales durante un acto del gobernador cordobés Juan Schiaretti. Además, unas 20 personas resultaron heridas.

Las organizaciones reclamaban asistencia social para las Fiestas y contra el cierre de comedores populares, cuando se desató la represión policial. Los detenidos fueron identificados como Franco Gigena, Yan Milla, Rodrigo Bracamonte (17 años), Mario Bracamonte, Cristian Ismael Donayre y Maximiliano Rubén Maita, quienes se encontraban detenidos en la Comisaría Cuarta en Parque Sarmiento, indicaron voceros del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quienes realizaron la manifestación conjuntamente con el MTR y Barrios de Pie, entre otros.

La Federación de Organizaciones de Base (FOB) se movilizó el miércoles a los Supermercados Carrefour de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Avellaneda en demanda de productos navideños y alimentos para pasar las fiestas.

Con un corte en Callao y Corrientes el martes pasado y movilizaciones simultáneas en Córdoba, Río Negro y Buenos Aires, el Frente Popular Darío Santillán desarrolló una jornada de lucha por la implementación del Plan Argentina Trabaja para todo el territorio nacional.

Con cortes, marchas y movilizaciones en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Misiones, Mendoza, San Juan, Córdoba y Mar del Plata, el Polo Obrero realizo una jornada Nacional de Lucha “contra el ajuste y la tregua”.

En el enorme piquete que cortó por la mitad la Capital, más de 3.500 desocupados y trabajadores precarizados y precarizadas del Polo Obrero desplegaron un enorme cartel de más de 30 metros que decía “NINGUNA TREGUA AL GOBIERNO AJUSTADOR. TRABAJO GENUINO. BASTA DE PRECARIZACIN LABORAL”.

Bloqueo oficial a La Bancaria

El Ministerio de Trabajo decidió no homologar el entendimiento del sindicato bancario con las dos cámaras mayoritarias de la actividad, Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (públicos, privados y cooperativos nacionales), que incluyó un bono de fin de año de entre 8 y 12 mil pesos, un 4% de aumento salarial a partir del 1º de enero y otros montos como “compensación remuneratoria” de aplicación a partir de los primeros días del año que viene.

El argumento del Ministro Jorge Triaca para no avalar ese entendimiento pasa por la necesidad del Ejecutivo de impedir cualquier pacto entre empresarios y sindicatos que pudiese ser interpretado como una reapertura de paritarias.

La negativa de Trabajo disparó una protesta del sindicato, que a partir del lunes realizó asambleas en las tres últimas horas de atención al público, sobre todo los nucleados en ABA, que representa la banca de capital extranjero. Esa entidad y la de los bancos especializados (ABE, la banca “de segundo piso”) son las que restan acordar con el sindicato y que el miércoles tuvieron una reunión para intentar un acercamiento en las posiciones. ABA eligió recostarse sobre el endurecimiento de Triaca para diferir un acuerdo.

Sergio Palazzo confirmó que ante el fracaso de las negociaciones el jueves 15 habrá un paro total de actividades por 24 horas.

Paritarias en la provincia de Buenos Aires

El lunes 5 de diciembre se produjo una nueva reunión de la Paritaria General del Estado.

El encuentro tenía como motivo central las respuestas de los gremios participantes a la propuesta que formulara el Gobierno en la paritaria anterior. Respondieron aceptando la oferta de lo que resta de 2016 y todo el 2017 UPCN, FEGEPBA (que incluye a Salud Pública, AERI y APOC, entre otros) y SOEME. Rechazaron la propuesta CICOP, ATE, AEMOPBA, AJAMOP y Empleados de Casinos, entre otros. Por mayoría (66 % a 33 %) se aceptó la proposición del Gobierno.

La gobernadora firmó un 2,9% para el último tramo de 2016, una bonificación en diciembre y un 18% en cuatro cuotas para todo 2017.

Los delegados paritarios de CICOP plantearon la insuficiencia de la oferta salarial, el rechazo a cerrar la paritaria para todo 2017, el intento del Gobierno de suprimir de manera concreta la paritaria general con el propósito de asegurarse gobernabilidad en un año electoral y el cuestionamiento a que un eventual aumento se defina a través de un mecanismo controlado por el oficialismo (Índice de Precios al Consumidor del INDEC). También demandaron nuevamente la convocatoria a la Paritaria de la Ley 10.471 y el urgente abordaje de las cuestiones previsionales pendientes.

El titular de ATE expresó su disconformidad al retirarse del recinto: “Expresamos la dignidad de miles de estatales”, publicó en su cuenta de Twitter. “Cerraron la paritaria pero no la lucha”, agregó.

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Entrevista a Enrique Rosito, Secretario de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Desde el mes diciembre, y ante la suba de precios por la devaluación, reclaman un bono compensatorio. Por la falta de respuesta, resolvieron efectuar un paro este jueves 7 de enero.

La situación de constante inflación a la que asistimos en las últimas semanas puso sobre la mesa la necesidad de que el conjunto de las y los trabajadores puedan percibir un bono de fin de año o un doble aguinaldo. Los subterráneos no son la excepción. En un año que fue intenso por la lucha de la personería gremial, la tercerización, donde recientemente se destacó el caso de los trabajadores de seguridad, Enrique Rosito de AGTSyP nos explica la situación las demandas en la actualidad.

– ¿Están reclamando el pago de un bono compensatorio de 10 mil pesos?

– Eso es lo que hemos solicitado en base a las asambleas que se hicieron en los puestos de trabajo, y para paliar un poco los aumentos brutales que tuvieron los alimentos de primera necesidad, en las ultimas semanas del 2015 y previendo un poco los tarifazos que se anunciaron públicamente desde el gobierno. Entonces de esa manera, tratamos de proteger un poco los bolsillos de los trabajadores del subte.

– Para sentarse a negociar, suena fuerte el número.

– Nuestro pedido es ese. Corresponde a la empresa Metrovias y Sbase hacer la contrapropuesta. El mayor problema es que se efectuaron dos reuniones, convocadas por la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, pero no hubo otra propuesta. Ni de mil pesos, ni dos mil pesos, ni de nada. Nos pone mal porque se atendieron las demandas de los empresarios y se descuidaron las de los trabajadores.

– ¿Ante esa posición de la empresa analizan alguna medida?

– Los compañeros lo tomaron como una burla. Esto genero mucho enojo, porque están ninguneando las necesidades de los trabajadores. Por eso mismo, frente a la reunión que vamos a tener este miércoles 6 de enero entre las partes, los compañeros ya están firmes y han votado en un plenario de delegados que de no haber una respuesta satisfactoria el jueves por la mañana haremos alguna medida fuerza.

– ¿Un paro parcial para este jueves 7 de diciembre?

– Exactamente, por eso ya lo vamos anunciando, no queremos que esto sea sorpresivo. No nos gustaría tener que afectar a los usuarios que necesitan cotidianamente el subte y el premetro, pero no nos están dejando muchas alternativas.

– ¿Qué tipo de respuesta satisfactoria?

– Y alguna propuesta económica que sea razonable, que se pueda bajar al plenario de delegados para que los compañeros la acepten. Tampoco una propuesta de 500 o mil pesos, porque eso sería considerado una falta de respeto. Pero al menos que haya algún tipo de voluntad para negociar, una muestra de generosidad frente a esta situación que afecta a todos los trabajadores Nosotros entendemos que la Ciudad de Buenos Aires dispone de los fondos necesarios. Metrovías es una empresa rentable, no hace mucho más que ver la cotización en la bolsa, es una empresa que puede hacer frente a un tipo de ayuda económica para los trabajadores que están bajo su orbita.

*Entrevista realizada para el programa de radio “La Patria Transpirada” por Am750.

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