Hoy se reúne el Comité Central en el histórico edificio de Azopardo. Mientras, el gobierno aumentó los subsidios… a las petroleras.

“En mi gobierno los trabajadores no pagarán impuesto a las Ganancias”. Los dichos de Mauricio Macri en campaña electoral han mutado a “ir modificando las escalas de manera gradual porque no tenemos recursos para resolverlo en uno o dos años”, según aseguró días atrás Alfonso Prat Gay. La frase predispuso muy mal a los gremios que definirán el viernes si van o no a un paro general.

Hoy, cuando se reúna el Comité Central Confederal en el salón Felipe Vallese del histórico edificio de la calle Azopardo, no habrá más lugar para especulaciones. La CGT tendrá que fijar una posición más allá de lo discursivo frente a la negativa sistemática del gobierno de no atender los distintos reclamos expresados por las centrales obreras.
Si bien la posición mayoritaria es la de convocar a un paro general con movilización, aún la decisión no está tomada. Desde los sectores del sindicalismo más cercanos al gobierno esperan algún gesto del oficialismo que les permita imponer su postura de postergar las acciones concretas.
La postura expresada por los ceos internacionales y nacionales en el “Mini Davos” como Paolo Rocca, CEO de Techint, declarando que “hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos” y los detalles del proyecto que enviará el Ejecutivo al Congreso para modificar el Impuesto a las Ganancias terminaron con la paciencia de algunos de los popes sindicales. “No nos dejan otra que ir al paro. No nos tiraron un centro”, confesó uno de los hombres que dentro del Comité Ejecutivo se alinea con el ex secretario General, Hugo Moyano.
Por otra parte, el secretario general del gremio de maquinistas de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, salió a diferenciarse de los que reclaman a viva voz un paro general contra Macri, al plantear que esa medida se deberá adoptar solo “si no se llega a un consenso” con el Gobierno.

Maturano estimó que el viernes, en el encuentro de los dirigentes de la CGT, algunos sectores “van a plantear una medida de protesta y confrontar con el Gobierno”, mientras que “otros dirán de llamar a un acuerdo social o nacional donde se sienten todas las partes de la sociedad y buscar un camino acorde con la paz social, sin conflictos”, frente a lo cual anticipó que su sector se inclinará por la búsqueda de “consenso en el acuerdo social”.

Subsidios para quienes más ganan

Al productor local se le pagará un costo por encima del precio de producción, es decir, se subsidia a las petroleras que extraen y venden el gas con plata de los consumidores al tomar como referencia el precio más caro, lo que cuesta importar el gas por barco y regasificarlo en tierra (U$S 6.80 x BTU) que representa solo el 10% del consumo nacional. Es el valor aproximado de la operación más cara realizada este año. Se trata del GNL que proveyó una filial de Royal Dutch Shell.

Según la exposición que hizo en la Audiencia Pública (AP) un directivo de YPF, el costo de producción está por debajo de U$S 2 x BTU. El promedio pagado en 2015 por los usuarios fue de U$S 2.50 x BTU (dato que brindó el propio Aranguren en la AP). La demanda se abastece en un 70% con gas local.

Una investigación del Instituto de Energía Raúl Scalabrini Ortiz (IESO) señala que promediando los precios del gas producido localmente y el importado se llega a un precio consolidado de U$S 3.01, no de U$S 6.80, lo que representa un sobrecosto de U$S 3.700 millones aproximadamente.

A esto se suman los U$S 4.000 millones por transferencias al sector por la vía del precio del barril de petróleo más alto que el valor de importación (unos U$S 20 por arriba de los U$S 45 que cotiza en el mercado internacional).

En medio de una caída de los precios de la energía en el mundo, los precios de Argentina aumentan garantizando ganancias extraordinarias a las petroleras. No por casualidad tras la AP las acciones gasíferas treparon hasta el 10%.

El primer aumento estará por arriba del 200% promedio con posteriores ajustes semestrales y la tarifa quedará dolarizada. Lo dijo Aranguren en el foro empresario desarrollado en el CCK: “Queremos que decida el sector”, es decir, YPF, Total Austral, PAE, Petrobras Argentina y Tecpetrol, que reúnen el 78% del mercado de gas natural.

Mientras tanto, en lugar del 500% que pensaba aplicar -y que la Corte Suprema no objetó-, al aumento para los usuarios comerciales, estaría más cerca del 250%.

La situación en los comercios e industrias fue puesta en la mesa de negociación, aceptando el Gobierno el pedido de las provincias y los intendentes como una muestra de flexibilidad.

Otro reclamo de los defensores del pueblo y la mayoría de los casi 400 expositores fue que un hogar receptor de tarifa social en un servicio (luz), pueda acceder al beneficio en gas y agua.

Paran docentes y profesionales de la salud

El martes se reunió el Plenario de Secretarios Generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y ante la grave situación que tienen a varias provincias en conflictos y la negativa del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de reabrir las paritarias; y la amenaza al régimen previsional docente, resolvió convocar al Paro Nacional Docente el 27 de Septiembre con concentración a las 10.30 hs. frente al Congreso de la Nación y movilización al Ministerio de Educación de la Nación.

El jueves pasado sesionó en la sede central de CONADU el Plenario de Secretarios Generales. Tras varias horas de debate, las 26 asociaciones de base presentes sintetizaron un plan de acción, en el marco del pedido de reapertura de paritarias, que incluye realizar dos nuevas Jornadas Nacionales de Protesta y Difusión: el jueves 22 de septiembre -con actividades variadas en los distintos gremios- y otra el martes 27 de septiembre que finalizará con una movilización al Ministerio de Educación y Deportes.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) rechazó el jueves pasado los 158 pesos de aumento que ofreció en paritarias el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y ratificó el primer paro de 48 horas, que realizará los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre y que serán la quinta y sexta jornada de medida de fuerza desde el comienzo de un “plan de lucha” que ya cumplió con cuatro paros de 24 horas.

Conflictos en transporte

“Hoy (lunes 19) tenemos 20 coches disponibles de cada cabecera, es decir, 40 coches de un total de 344”, afirmó Esteban Simonetta, delegado de los trabajadores de la Línea 60 de colectivos. Agregó que “nunca se hizo un paro, sino que se abandonaron las tareas a partir de la irresponsabilidad patronal tras la muerte del mecánico Daniel Ramallo”.

“No creo que lleguemos a funcionar completos para el martes, sino recién miércoles o jueves”, dijo Simonetta, quien informó que las autoridades del Ministerio de Trabajo se habían comprometido a que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo realizara una revisión técnica de todas las unidades antes de volver a funcionar.

Si bien la intención era retomar el servicio el viernes pasado tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, los colectivos “no estaban en condiciones porque no hubo revisión técnica”, señalaron fuentes sindicales, por lo que la primera unidad partió recién el sábado a las 8:15.

La medida que comenzó hace casi dos semanas tras la muerte de un trabajador en un taller de la empresa en Barracas, hace que apenas circulen dos ramales y solo 120 de los 344 colectivos. La línea 60 volvería a funcionar con normalidad recién hoy el jueves 22.

Por otra parte, los vuelos de cabotaje e internacionales de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral permanecieron cancelados el viernes pasado por el paro que iniciaron los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en reclamo de mejoras salariales.

La empresa privada de correos OCA que ocupa 7.800 trabajadores es administrada y gestionada desde el martes 13 por los trabajadores jerárquicos, luego de un conflicto que se prolongó durante algo más de una semana y que incluyó cortes de calles y bloqueos en demanda del pago de salarios adeudados.

Finalmente, Hugo Moyano pagó los salarios de los choferes, bajo el compromiso de la empresa de reembolsar el monto en un plazo de 30 días.

Cuadernazo por la expropiación de Donnelley

El jueves a las 11:00 los trabajadores de la cooperativa gráfica Madygraf (ex-Donnelley) realizarán una concentración frente a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, donde repartirán 10.000 mil cuadernos escolares producidos en la gráfica bajo control obrero con el fin de exigirle a la Cámara de Diputados que apruebe el Proyecto de ley de expropiación de esta fábrica, el cual le permitirá evitar que se pierdan 200 puestos de trabajo.

Los trabajadores de la gráfica, ubicada en la localidad de Garín en Escobar, alquilan el predio donde funcionan sus instalaciones al juzgado de la quiebra. El próximo 30 de octubre se vence el contrato de alquiler y la Justicia no ha dado señales para su renovación. De no renovarse el contrato, el establecimiento iría a remate y los trabajadores perderían sus puestos de trabajo. Lograr la aprobación de esta Ley permitirá conservarlos.

Recordemos que el 11 de agosto de 2014 los directivos de RR Donnelley Argentina S. A., luego de huir del país, cerraron el establecimiento y presentaron su propio pedido de quiebra, quedando despedidos más de 400 trabajadores.

Hieren a trabajador con bala de plomo

Luis Bastidas, trabajador y delegado de UPCN del Ministerio de Desarrollo Social, está internado tras ser baleado por un policía mientras manifestaba por mejoras salariales. El hecho sucedió el miércoles por la mañana en las puertas del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la provincia de Neuquén.

Bastidas podría haber sido un nuevo Carlos Fuentealba, el docente neuquino asesinado por un policía en el 2007, ya que la bala ingresó por su pecho cerca del corazón.

Distintos gremios estatales, como ATE-CTA, ATEN (docentes), SEJUN (judiciales) y ADUNC (docentes universitarios), y el Sindicato Ceramista de Neuquén, realizarán un paro el jueves 22 y se movilizarán conjuntamente hasta la Casa de Gobierno en repudio al accionar policial.

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La baja internacional del precio del petróleo disparó un conflicto sindical en la provincia de Chubut. Los intereses en juego fueron intencionalmente confundidos por los actores involucrados. Lo que sigue es un intento por clarificarlos.

Las empresas que extraen petróleo en la Argentina no cobran el barril según el precio internacional que, redondeando, bajó de 100 a 30 dólares el barril, sino que reciben un precio más elevado, que en el caso de la cuenca neuquina es de 67,50 dólares. Chubut produce un petróleo pesado (escalante) del que solo el 40 % se destina al mercado interno. Por este, las empresas reciben 54,90 dólares por barril.

¿Quién paga esa diferencia? Todos los argentinos, de manera directa cuando llenamos el tanque o, de manera indirecta, a través de los costos de la totalidad de lo que consumimos, ya que todas las cadenas de valor contemplan derivados del petróleo.

Todos aportamos para que las empresas reciban por su producción de 56 a 67 dólares, cuando el libre mercado, que esas mismas empresas pregonan cuando les conviene, dicta que deben recibir entre 20 y 30 dólares. Ahora bien, ¿acaso estas empresas no ganan con el precio de mercado? El costo de extracción del barril se calcula que ronda los 12 dólares de promedio en la Argentina. Según ese valor, estas empresas recibirían una tasa de ganancia del 100% –una ganancia extraordinariamente alta, mucho más de la que tiene la mayoría de las empresas del país–. Con subsidios, esta tasa de ganancia se eleva a un disparatado 500%. Todos donamos caritativamente una parte de nuestros ingresos, no para que estas empresas puedan operar o para que no despidan trabajadores, sino para que empresarios multimillonarios ganen cifras siderales. Extraño altruismo.

¿Por qué el conflicto se disparó en Chubut?

El conflicto surgió por el  60 % del petróleo que se extrae en Chubut y que se destina a la exportación. Por esa fracción, las empresas no recibían subsidios y cobraban según la cotización internacional del crudo. Descontados impuestos y regalías, se quedaban con 20 dólares por barril. 8 más que su costo de extracción, pero una ganancia muy pequeña para empresarios parasitarios, acostumbrados a operar en nichos donde pueden abusar de su posición dominante.

¿Cómo respondieron a esto las empresas? Recortaron gastos y echaron trabajadores. Para reincorporarlos exigieron que el precio del petróleo que produce Chubut para exportación tuviera un piso similar al petróleo para consumo interno. Traducido, lo que pidieron es que todos los argentinos subsidiemos a estas empresas para que en lugar de recibir de 20 a 30 dólares por barril exportado reciban 56 dólares.

 ¿Cómo terminó el conflicto?

El gobierno nacional aportó 250 millones de dólares y el provincial 40, para otorgar un subsidio de 10 dólares por barril, durante 6 meses [1].

¿A quién estamos subsidiando y qué es lo que estamos pagando? Los argentinos, todos, pagamos 290 millones de dólares –4060 millones de pesos–  para sacar de la tierra un petróleo que no consumiremos y que mejor sería dejarlo momentáneamente allí abajo. La empresa se embolsará 40 dólares y nosotros habremos pagado10 dólares para, al cabo de los 6 meses que dura el acuerdo, perder 17,4 millones de barriles de petróleo, la materia prima superestratégica del mundo por la cual Estados Unidos hace guerras, devasta países y trasporta por medio mundo a un Ejército completo.

Entonces, ese petróleo será luego vendido al extranjero, probablemente a países industrializados y ricos, que son los principales importadores de petróleo, a 20-30 dólares el barril.

Aunque la Argentina no mueve el amperímetro a escala global en la producción de petróleo, el caudal que aportamos incrementa la oferta mundial de crudo y colabora para que se mantenga bajo el precio internacional. Por esta vía, además de a las empresas, nuestro subsidio colabora con las economías más ricas, industrializadas e importadoras de petróleo: Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, etcétera. En paralelo, los argentinos, que aún conservamos el autoabastecimiento en petróleo, pagamos 1 dólar el litro de nafta mientras que el usuario estadounidense (país que importa petróleo) paga 55 centavos.

Con este desaguisado, que lleva desde la privatización en los años noventa dos décadas de políticas depredadoras, administradas por políticos ultra corruptos y dirigentes sindicales que no merecen ese nombre, el petróleo que tenemos se convirtió en una desgracia que empuja a las provincias a pelearse entre sí, que nos da pérdidas cuando sube de precio y más perdidas cuando baja; que incrementa el precio de la nafta cuando sube el internacional, y lo incrementa aún más cuando baja, para sostener así un precio subsidiado. Todo recubierto con la excusa de que necesitan ese precio para explorar y aumentar reservas aunque estas empresas nunca exploraron.

Mientras tanto, en la Argentina suben las tarifas de la luz, para bajar los subsidios. De eso se trata el imperialismo: girar recursos a los países del centro. Para hacerlo dejamos de subsidiarnos a nosotros mismos y subsidiamos la energía que consumen las economías desarrolladas. Esa es la tarea de un gobierno proimperialista que cumple bien su función.

[1] 161.000 barriles diarios, 4.833.333 barriles mensuales, 29 millones de barriles al cabo de los 6 meses que dura el acuerdo. Si bien no aparece aclarado en las versiones que se difundieron sobre el acuerdo, por las cifras deducimos, que el subsidio abarcará, no solo los barriles de exportación sino a la totalidad de la producción de la provincia. Así los barriles de consumo interno, que ya recibían subsidio, recibirán 10 dólares adicionales.

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