Por Laura Salomé Canteros / Foto: Archivo Marcha

“Querida hija:

siempre esperaba con ansia que llegara este día para poder abrazarte, para poder hablar, bailar y reír a tu lado. Pero ahora no quiero que llegue nunca este día, tu partida nos destrozó por completo y se nos hace muy difícil seguir adelante. Pero vos nos marcaste este camino y nos enseñaste a ser fuertes en los momentos más difíciles, a ir con convicción y compromiso y eso es lo que nos mantiene en pie.

Hoy (12 de agosto) estarías cumpliendo 30 años y no tenerte me parte el alma. Sé que me estás mirando, sé que me estás escuchando, solo te pido que desde ese lugar lejano donde te encuentres me sigas cuidando, que me sigas guiando y por sobre todo, que sigas iluminando mi camino y no me dejes caer. ¡Te extrañooooooo!”.

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¿Vieron cuándo festejamos liberaciones? Es porque sabemos que las cárceles no son lugares para vivir. Mucho menos para morir. Sabemos que estamos salvando, en la mayoría de las ocasiones, a mujeres pobres de un sistema intramuros de tortura y tratos crueles que en verdad, amplifica y consolida las desigualdades y violencias sistemáticas y sistémicas.

Hace siete años, a instancias de la lucha de su padre, Alfredo, activistas y organizaciones antirrepresivas y anticarcelarias conmemoran con una jornada cultural, el que sería el cumpleaños de Florencia “la China” Cuellar, una joven asesinada bajo resguardo del Servicio Penitenciario Federal el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad IV de Ezeiza.

Es un acto para ganarle un día más al olvido. Una ocasión para recordar, con nombre propio, la historia de una piba que cumpliendo una pena mínima nos interpela para exigir que ninguna más sea asesinada dentro de un penal. Una forma de abandonar la indiferencia y activar por cambiar el sistema apelando a la memoria y a la verdad. A la justicia no. Porque para algunas historias ésta se parece más a la impunidad que a la reparación o el reconocimiento que buscan les familiares.

Es que la muerte finalmente no está tan segura de vencer y pretende renacer en el olvido. “La China” está presente y vive en el corazón de quienes la recuerdan en cada convocatoria que se vuelve paradigmática. Es poesía encarcelada que ansía volar libre o bandera ondeada en alguna marcha frente a cualquier color pastel careta. Es estencil azul inolvidable en la página de un viejo diario de protesta. Es remera violeta con su cara, en el pecho orgulloso de alguna de sus compañeras. Es canción de rap libertario o fanzine autogestivo donde la tinta colectiva ostenta el desprecio por el orden y las jerarquías.

A Florencia “la China” Cuellar la golpearon y dejaron agonizar agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la Unidad IV de Ezeiza el 23 de diciembre de 2012 y luego intentaron disfrazar la situación como un suicidio. Así lo denuncia su padre, Alfredo, luchador por los Derechos Humanos, quien se enteró por un llamado no oficial que “algo había pasado” con su hija, de 23 años y que estaba privada de su libertad desde 2007. Había estado hablando con ella unas horas antes.

A Alfredo Cuellar le mataron a su hija pero no dejó de ser padre. Esa figura de autoridad a la que tempranamente nos enfrentamos pero que en su caso, se deconstruye y regenera en los constantes abrazos que recibe de parte de las que fueron compañeras de “la China” en la cárcel. Son esas pibas que lo llenan de orgullo, las amigas de su hija, las rebeldes, las que “le ganaron al sistema”. Las que le recuerdan que con solo mirarlas a los ojos, puede volver a verla.

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“Con China fuimos compañeras, nos conocimos en la calle, luego nos cruzamos en el pabellón de menores y luego tuvimos muchos momentos de lucha contra el Servicio Penitenciario”, contó “La Pipi” cuando tomó el micrófono durante la actividad, “fuimos muchas veces reprimidas, hostigadas, vulneradas. Hoy es su cumpleaños, me siento orgullosa y es un privilegio estar acá con su familia, amigues y poder presentarme como su compañera”, agregó, emocionada.

“Lo que me ha pasado otras veces que vine al cumpleaños de la China, es que me iba con más dolor del que llegaba”, compartió Eva, otra de sus compañeras que también la conoció de chiquita, “hoy llegué, vi las caras, pude escuchar algo de lo que estuvieron hablando les familiares y ahora estoy contenta. Sé que es un festejo”, agregó, a pesar de admitir su verguenza para hablar en público. Eva fue quien (nos) recordó que hace siete años se conmemora esta fecha.

Es que tanto “la Pipi” como Eva forman parte de un entramado activista que se abraza intersectorial entre la lucha antirrepresiva y el movimiento feminista. Fundiendo el negro con los múltiples colores en una batalla que se sabe cultural si queremos derribar los muros de todas las prisiones. Así lo hizo “la Pipi”, integrante de “Yo No Fui”, al participar del tema “Me amotino” junto a la banda de cumbia popular y feminista “Sudor Marika” -tema que sonó durante toda la tarde del sábado en la Asamblea-. Así lo hizo Eva, al llevar su voz hace semanas a Colombia, donde participó del “Primer Encuentro de Mujeres de las Américas que han estado en prisión” y que se llamó “Mujeres libertarias fundiendo rejas”.

“Luchamos contra el Estado, el gobierno, la represión de la policía, contra las violencias institucionales”, aclaró “la Pipi”, “las pibas no la pasan bien (en la cárcel), hace poco una se prendió fuego en uno de los buzones y por ella nos movilizamos porque siempre el sistema nos está reprimiendo y nos quiere callar”, agregó. Eva se enfocó en el proceso de senisbilización y articulación que lleva adelante el padre de “la China”, y exclamó: “valoro un montón este proceso de transformar el dolor de la pérdida de un familiar en organización y estar acá festejando. Hoy me voy contenta y tranquila”.

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“No es fácil salir en libertad y estar acá” dijo Alfredo Cuellar al retomar la palabra tras el sentir aplaudido de las pibas, “no es sencillo presentarse ante una sociedad que discrimina constantemente por el solo hecho de haber cometido un delito”, agregó, “y por eso se celebra, por eso luchamos. Para tratar de modificar este maldito sistema día tras día”.

Alfredo lo hace avanzando en la organización y articulación de víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional y el abuso de poder de las fuerzas represivas, a la par de los reclamos por el esclarecimiento de los asesinatos dentro de los penales, el cese de las decisiones políticas que permiten el gatillo fácil y el odio social que hacen posible la criminalización de la juventud y la pobreza. Y por eso fue secuestrado, golpeado y vive constantemente amenazado.

La próxima parada será el 27 de agosto, día en que se marchará en todo el país contra el gatillo fácil. Alfredo pisará firme en primera fila sosteniendo la memoria de “la China” y una pesada bandera. No está solo, estará junto al resto de les familiares que le acompañaron durante la jornada cultural: Emilia Vassallo en memoria de Pablo “Pali” Alcorta; Ivonne Kukoc en memoria de Juan Pablo, asesinado por Luis Chocobar; “el Bocha Rego”, en memoria de su hijo a quien mataron el mismo día del cumple de “la China” y Lourdes Hidalgo, sobreviviente de la masacre del taller textil Luis Viale, entre otres.

“¿Qué cómo podemos estar felices?”, (se) preguntaron en algún momento durante la jornada, organizada una tarde de sábado de tímido sol en la Asamblea de Villa Dorrego, en San Telmo, CABA. Los abrazos iban y volvían. Los murmullos salían y entraban. Y como dentro del movimiento feminista pero en la lucha antirrepresiva, la actividad también estaba llena de jóvenes. Que participaban, se involucraban, se pasaban contactos, aplaudían y animaban. De pronto se cantó: “un día al asesino le tocará perder”. Será cada vez que le ganemos la pulseada al olvido. Florencia “la China” Cuellar, ¡presente!

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Se realizó frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una conferencia para denunciar la represión sobre las mujeres privadas de su libertad en la Unidad IV de Ezeiza. Una práctica sistemática del Servicio Penitenciario que no encuentra freno en el gobierno.

En horas posteriores al 8 de marzo, Paro Internacional de mujeres, lesbianas, travstis y trans, agentes masculinos del Servicio Penitenciario Federal golpearon y castigaron a mujeres privadas de su libertad en el pabellón 24 del módulo III del Complejo IV de Ezeiza. Desde entonces, la organización feminista y de Derechos Humanos dentro y fuera de los muros, logró visibilizar y poner en agenda una demanda  sistemática y coyuntural: el ajuste y la represión también tiene su expresión dentro de las cárceles y se expresa sobre los cuerpos de las mujeres.

La represión del Servicio Penitenciario se desató luego de que las autoridades del Complejo informaron a las mujeres que no cobrarían el peculio (ingreso por horas trabajadas) del mes anterior y que no sabían cuándo se cobraría; o sea, que no contarían con el dinero para ser retirado por sus familias. De esa reunión participaron -a selección arbitraria-, mujeres que recién ingresaron al penal y que no conocían plenamente sus derechos, quienes fueron las encargadas de multiplicar la mala noticia.

Un grupo de 15 de ellas estaban reunidas comentando la situación, ocasión para desatar la impunidad de las fuerzas represivas intramuros. Ingresaron a golpearlas. Ellas buscaron refugio en una celda pero fueron sacadas con gas pimienta, golpes de puño y patadas.

De la represión participó personal masculino; y como resultado de la golpiza las mujeres sufrieron cortes y contusiones en sus rostros y cuerpos. Una de ellas fue llevada al pabellón psiquiátrico N°27 de la Unidad, al que denominan “un depósito del SPF en el que drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento”. Otras cuatro mujeres fueron llevadas a celdas de castigo.

Cada represión tiene una responsabilidad política

Las integrantes de la colectiva Yo No Fui contaron que recién tras la publicación del repudio a las golpizas en las redes sociales, pudieron ingresar a la unidad penitenciaria a ver a las mujeres. Lo hicieron tras las intervenciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación -PPN-, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, la Procuraduría de Violencia Institucional -PROCUVIN- y la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans -UFEM-.

Exigen la urgente investigación del hecho, la suspensión del personal penitenciario que participó de la represión y la sanción de los responsables materiales y políticos. Además, la implementación de una mesa de diálogo con instituciones y representantes de las mujeres privadas de su libertad y poner en agenda estrategias urgentes para avanzar hacia la desprisionalización.

“Visitamos el penal y los pabellones. Escuchamos su dolor y vimos sus cuerpos lastimados”, expresaron, “pudimos ver a una de las reprimidas, tiene todo su cuerpo lastimado. La arrastraron y la llevaron a la celda. Tiene 5 hijos que están a cargo de sus padres”, agregaron. Quedó claro. Para las mujeres que trabajan mientras cumplen una pena privativa de la libertad, el modesto salario que perciben es un derecho no menor sino fundamental para mejorar la calidad de sus vidas y la de sus familias.

La voz de las que sí tienen voz: “Complejo IV Clandestino”

Durante la conferencia de prensa se leyó una declaración redactada de forma conjunta por las mujeres organizadas del pabellón 24 del módulo 3 del Complejo IV de Ezeiza.

“Nos mandan al psiquiátrico sin razón”. “A veces nos prohiben ver a nuestros hijos”, dicen desde la unidad, “todos avalan el abuso”. “Nos reviven épocas que creíamos olvidadas”, sigue la declaración conjunta, “solo falta que nos violen físicamente para llamarlos golpe militar en la carcel”, agregaron, “nosotras lo llamamos Complejo IV Clandestino”.

La conferencia de prensa fue una oportunidad para dar a conocer, desde la propia voz, la situación de ajuste y represión sobre los cuerpos de las mujeres que se encuentran en las cárceles. Organizada por la colectiva Yo No Fui, Ni Una Menos, No Tan Distintas y Emergentes, fue acompañada por una alianza poderosa: la de organismos de Derechos Humanos, el feminismo organizado y los colectivos que trabajan por el aceso a la salud, la educación y el trabajo de las personas en contextos de encierro.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria, la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres y el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, entre muchas otras, fueron parte de las adhesiones al repudio de una práctica sistemática de parte de integrantes de las instituciones carcelarias sobre los cuerpos de las mujeres rebeldes.

Las mujeres presas, doblemente violentadas y castigadas

“Denunciamos el ejercicio sistemático de la crueldad por parte del Estado sobre las miujeres que están privadas de libertad como también el desamparo al que son expuestas cuando salen de la cárcel”, afirmaron en un comunicado conjunto las organizaciones convocantes. “Como parte del movimiento feminista repudiamos y denunciamos la acción violenta del patriarcado que mostró su cara más brutal contra las más débiles”.

Frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, se denunció, no solo la represión con golpes y manguerazos en las horas posteriores al 8 de marzo, que involucró a agentes penitenciarios varones en una unidad de mujeres; algo expresamente prohibido por la legislación penitenciaria. También se avanzó en visibilizar la represión cotidiana: torturas y amenazas individuales, requisas vejatorias, maltrato a las familias en el escaso cumplimiento de las visitas y el mal funcionamiento de los centros médicos. Además, se exigió el cumplimiento del arresto domiciliario ya que de 800 mujeres privadas de su libertad, 510 están en condiciones de que les sea concedido ese derecho. Un dato aportado por el mismo Servicio Penitenciario Federal.

“Las mujeres que habitan las cárceles de nuestro país son pobres. Suelen tener adolescentes y niños a cargo. En ocasiones adultos que dependen de ellas y al momento de ser detenidas, dedicaron la mayor parte de su tiempo a tareas de cuidado sin reconocimiento ni remuneración”, afirmaron. “Paradójicamente, en la cárcel, acceden a duras penas y por primera vez, a una política pública y a la posibilidad de un trabajo formal”.

“Su pasaje por la cárcel es una experiencia violenta más en sus vidas”, afirmaron. “El Estado no las reconoce como sujetas de derechos”. Mucho menos en un contexto de aumento del 33% de la población carcelaria en los últimos meses y el aumento de la prisión preventiva como recurso indiscriminado por parte de los jueces.

“Las políticas pos penitenciarias no cuentan con una perspectiva social”, denunciaron, “antes que brindar recursos formulan exigencias de redención biográfica, desligando al sistema que produce las condiciones de desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades y descargando la responsabilidad en la subjetividad de las mujeres. Muchas quedan en situación de calle. Entonces se reproduce un círculo continuo que lleva a las mujeres otra vez a la cárcel como destino inexorable”.

La golpiza en la madrugada formó parte de una violencia institucional estructural en un espacio donde aun hay asesinatos sin resolver de los que el Estado es responsable. Pero también fue una expresión de la represión macrista a la protesta social, en esta ocasión, sobre los cuerpos de las mujeres organizadas dentro de un penal. “Para nosotras todas las vidas valen, todos los cuerpos cuentan, las 800 mil mujeres que protagonizamos la revuelta feminista somos también las que están presas. Todas desobedecemos al patriarcado”, por eso afirmaron en el final, “ni una menos también en las cárceles”.

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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se expresó ante las golpizas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal a mujeres privadas de su libertad el 13 y 14 de marzo pasado. Fue a partir de la difusión de denuncias de familiares en las redes sociales.

La madrugada del lunes 13 de marzo agentes del Servicio Penitenciario Federal golpearon, mojaron con “manguerazos” y encerraron en “buzones” a mujeres privadas de su libertad que primero se compartieron comida de una celda a otra y que luego reclamaron por este derecho en el pabellón 22 de una de las cárceles federales de Ezeiza, sur del conurbano bonaerense. Al día siguiente la escena de castigo físico y psicológico se repitió pero en el pabellón 13 y en represalia a la difusión de los malos tratos en las redes sociales.

Tras los hechos, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, mediante la declaración 625/17-18, elevó la solicitud a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, para que interceda ante el Ejecutivo Nacional, a cargo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), informe sobre “posibles hechos de represión contra internas de los pabellones 13 y 22 del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza”, vulneraciones de derechos que fueron denunciadas por familiares.

La iniciativa exige que, por escrito y a la brevedad, se indique los motivos por los cuales el SPF tomó dichas medidas e informe en el marco de qué protocolo se actuó; si recibió otras denuncias de “excesos por parte del personal del Servicio Penitenciario”; y en caso de que los ejecutivos nacional y provincial hayan tomado conocimiento, informen sobre las medidas de sanción adoptadas sobre el personal mencionado. Además exige que se informe si la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) tomó intervención y se “remita todo lo actuado hasta el momento”.

Para Karina Nazabal, diputada provincial (FpV) y una de las impulsoras junto a otros 11 legisladores del pedido de informe, “es importante marcar una posición frente a este hecho que viola diferentes tratados firmados por nuestro país sobre el tratamiento para con las personas privadas de la libertad” y agregó, “es obligación del Estado garantizar los Derechos Humanos, independientemente de que sea en el nivel nacional, provincial o municipal”.

Por su parte, Alfredo Cuellar, integrante del Frente Sin Reversa, afirmó que se logró visibilizar una conducta sistemática del SPF y exigió, “esto tiene que ser sancionado”. Denunció que hay una “represión paulatina” en la unidad: “después de que se difundió y llegaron las organizaciones sociales a ´las pibas´ las sacaron de ´los tubos´, pero luego las volvieron a meter”. Y agregó, “hay mujeres a las que, luego de la denuncia, no se les permiten las visitas; el fin es “terminar con el conocimiento de sus derechos”.

Aquel 13 de marzo Alfredo fue quien comenzó a correr la voz en redes sociales. Es referente de la lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad, y padre de Florencia, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la misma unidad penitenciaria. Ella habitaba precisamente el pabellón 22 y fue la última de una serie de 9 mujeres muertas trágicamente entre 2009 y 2012 bajo la custodia del SPF.

Manguerazos o palazos, requisas colectivas, presencia de personal masculino, traslados por distintas unidades carcelarias en forma arbitraria sin control judicial, privación de ver a familiares, hijas/os y/o amigas/os, de realizar llamadas telefónicas, etc. forman parte de la batería de invasiones disciplinarias sobre el cuerpo y territorio de las mujeres y las personas LGBTT privadas de su libertad, violencias que en algunos casos se lleva sus vidas.

Los asesinatos, las torturas y los malos tratos intramuros son una práctica sistemática y constituyen violaciones a los Derechos Humanos. La represión sobre los cuerpos de las mujeres privadas de su libertad en una de las cárceles federales de Ezeiza sucedió a días de la cacería y detención de 20 personas en inmediaciones de la Plaza de Mayo por parte de la Policía Metropolitana tras la movilización del 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres.

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En otro intento de reprimir su lucha, la policía federal golpeó a Alfredo, padre de “la China” Cuellar, joven asesinada en 2012 en la cárcel de Ezeiza y detuvo a su hijo, quien estuvo encerrado casi 10 horas en la Comisaría octava. La respuesta popular fue instantánea.

La respuesta a la convocatoria, la solidaridad y el acompañamiento fueron instantáneos producto de años de llevar una lucha inclaudicable. “Todxs a la Comisaría 8va, Urquiza 550, CABA, detuvieron al hijo de Alfredo Cuellar y le pegaron palazos, trompadas y patadas a ambos”, decía el breve mensaje que corría un viernes por la noche de celular en celular y que en minutos logró que medio centenar de personas reclamaran la liberación del joven.

Anoche, alrededor de las 20.30, un operativo con varios patrulleros en contramano y al menos 10 integrantes de la Policía Federal detuvieron a Carlos Cuellar, de 23 años, en el barrio porteño de Once. Sin orden a la vista, sin entregar información sobre el delito por el que se lo acusaba, ni identificarse frente a su padre, Alfredo, quien estaba esperandolo a escasos metros, los efectivos apalearon a ambos y demoraron al joven hasta las 5.30 de hoy en la Comisaría 8va de CABA donde hubo una manifestación exigiendo su libertad.

“Fue un momento difícil pero el acompañamiento fue impresionante, muy importante”, reflexiono Alfredo Cuellar, una vez en su casa, “éramos 50 frente a la Comisaría, hasta llegamos a cortar la calle” informó. Destacó el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) Fernando Vallone, quien se presentó ante el conocimiento de la situación de irregularidad y detención violenta por parte de la Policía Federal.

“Lo quieren imputar por lesiones leves”, informó Carolina Villela en horas de la noche, abogada de Cuellar, una entre varixs que estaban dispuestxs para colaborar en la liberación de Carlos. La detención se produjo en un contexto en el que había una denuncia por violencia machista y pretendieron culparlo ya que salió en defensa de una mujer que estaba siendo violentada en la calle. Así lo afirmaron varios testigos. “Lo que a Alfredo lo alertó es que los efectivos policiales le dijeron que lo detenian por ‘intento de homicidio’”, agregó.

“Estaba Alfredo esperando a su hijo que venía a buscarlo. Cuando llegaba vio que la Policía estaba en esquina y lo estaban golpeando”, relato Ayelen Stroker, integrante de la Cooperativa Esquina Libertad, “le dicen que se trataba de un intento de homicidio”.

“Cuando (Alfredo Cuellar) nos avisó comenzamos a hacer convocatoria, a llamar para que dieran información y junto a distintas organizaciones vinimos frente a la Comisaría”, relato Stroker, “logramos que el fiscal Vallone pueda entrar para verlo e intervenir durante su detención. Lo bueno fue la presión popular, la difusión de y en las redes, la presencia de las organizaciones”.

Fue fundamental para la pronta liberación de Carlos Cuellar el apoyo de activistas y organizaciones que luchan por visibilizar y que no queden impunes las violencias hacia las personas privadas de su libertad. Estuvieron presentes la Red de Cooperativas de Liberadxs, los equipos de educación popular y en cárceles Pañuelos en Rebeldía y Limando Rejas, la agrupación artística Rancho Aparte, la Cooperativa Esquina Libertad, la Coordinadora contra la impunidad y el colectivo Furia Trava, entre otras.

Quizá por esto Carlos no fue maltratado dentro de la sede policial, fue imputado por “lesiones leves” contra un varón violento, que, al encontrarse prófugo no declarara y la causa caerá por su propia paradoja: quien fue detenido fue quien salió en defensa. “Más tarde llegó la madre de la mujer violentada por la que él (Carlos) había intervenido y confirmó que el violento no era él sino que estaba prófugo, lo que sigue confirmando que fue un mal procedimiento”, finalizó Stroker.

Producto de la lucha y la organización, Carlos Cuellar fue liberado de la Comisaría 8va alrededor de las 5.30 de la mañana, casi en el límite de las 10 horas que hubieran determinado que la detención pasara a ser ilegal. En la puerta lo esperaban quienes hacían el aguante con cantos que recordaban a “la China” y hubo aplausos y abrazos.

Sin embargo, como Alfredo es un luchador por los Derechos Humanos, constantemente hostigado por las fuerzas represivas y que llegó a padecer un secuestro extorsivo producto de sus denuncias contra el Servicio Penitenciario Federal, cada situación que vive no puede ser abstraída, mucho menos si implica a sus hijos y a las fuerzas represivas.

Cuellar denuncia que a su hija, “la China”, la golpearon y dejaron agonizar agentes del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad IV de Ezeiza el 23 de diciembre de 2012 y que luego intentaron disfrazar la situación como un suicidio. Y desde entonces realiza diferentes acciones de reclamo para que avance la causa por el esclarecimiento de su asesinato. Su hija fue la última de una lista de nueve mujeres que, entre 2009 y 2012, murieron en esa unidad de encierro. Su lucha es la que muchxs no se animan a levantar. Pero a la vez, no está solo y así fue demostrado.

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Brian Nuñez estaba privado de su libertad en el Complejo Federal II de Marcos Paz y fue torturado por integrantes del Servicio Penitenciario quienes paradojalmente “festejaban su día” el 16 de julio de 2011. Ayer en San Martín, y luego de años de lucha, se conoció el veredicto que condena a cuatro de los siete acusados y que podrían haber sido sus asesinos. Es el primer caso judicial del país en que las torturas en un penal de la democracia se condenan con una víctima presente.

“Espero que esto sirva para que nadie baje los brazos ni tenga temor de denunciar”. Con estas palabras Brian Nuñez y su coraje estuvieron presentes durante el veredicto que hizo historia. La suya es la primera causa por el delito de torturas físicas y psíquicas en una unidad penitenciaria federal que llega a juicio con una víctima que lo presencia. “Estoy contento de que se haya podido hacer justicia. Esto recién comienza y va a ser para mejor. Lo importante es que de algo malo surgió algo bueno. Al final, después de la lluvia siempre termina saliendo el sol”, relató el joven una vez conocida la sentencia.

Las torturas intramuros de parte de agentes penitenciarios son una práctica sistemática del Estado contra quienes considera no son personas sino material descartable de la sociedad. El silencio de quienes son cómplices, así como de las instituciones que avalan los asesinatos o las torturas por omisión de acciones, es una mano amable que pocas veces la lucha, la organización para la defensa de los derechos humanos y la resistencia de cumplir una pena privativa de la libertad, logran vencer.

Brian Nuñez fue golpeado y torturado por integrantes del Servicio Penitenciario Federal el 16 de julio de 2011 en el Anexo V del Complejo II de Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires. Ayer, a solo un mes de cumplirse cuatro años de este hecho, se conoció la condena judicial contra cuatro de los siete acusados que podrían haber sido sus verdugos.

Según el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Héctor Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Barroetaveña, de los cuatro agentes de la institución estatal acusados de golpear a Brian, tres fueron condenados y uno absuelto. Juan Pablo Martínez, jefe de turno, recibió la condena de nueve años y seis meses; mientras que Roberto Cóceres y Víctor Meza fueron condenados a ocho años y seis meses de prisión. Por su parte, Javier Andrada, del departamento de requisa, fue absuelto. De los otros tres penitenciarios acusados de haber omitido la denuncia por los hechos de tortura, solo uno fue condenado, Juan José Mancel, jefe de día, quien recibió la pena de dos años de prisión en suspenso. Ede Martín Vallejos, guardia del pabellón donde empezó la tortura y Juan Fernando Morinigo, de requisa, fueron absueltos.

El 30 de junio próximo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. El Tribunal dictó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados.

La resistencia de Brian y la lucha de su madre Liliana

“Yo soy el jefe y vos me tenes que obedecer en todo lo que yo te diga. Yo soy el ser supremo de este lugar”. Con estas palabras ejemplifica Liliana Valenzuela, en declaraciones a la prensa, la base ideológica que fundamenta los golpes, las vejaciones, torturas y asesinatos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Quien habría dicho estas palabras a Brian Nuñez es Juan Pablo Martínez, jefe de turno y condenado a nueve años y seis meses de prisión. “Ellos se divierten con el cuerpo del otro y ese otro fue mi hijo”, relató Liliana.

Momentos previos a la sentencia, se realizó una marcha por las calles de San Martín para expresar el apoyo a la lucha de Brian y el pedido de condena judicial ejemplificadora contra la violencia represiva. Fue encabezada por su madre y otras madres de víctimas de la violencia institucional y/o que perdieron a sus hijos/as asesinados/as en unidades penitenciarias. Hubo además integrantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

“Brian sufrió una tortura que duró aproximadamente 4 horas y media”, relató su madre en declaraciones a la prensa. “Se lo llevaron entre cuatro –el jefe Martínez siempre ordenando todo lo que tenían que hacer-, a un lugar donde atienden los psicólogos para golpearlo y torturarlo”. Luego de las torturas el joven fue trasladado a un hospital penitenciario en silla de ruedas y hasta lo habrían obligado a redactar una carta en la que se autoincriminaba por las graves lesiones que los golpes de los agentes le causaron. “¿Por qué mi hijo haría algo así si tenía las manos lastimadas y los nudillos hundidos?”, dijo su madre y relató que lo dejaron con “la cara hinchada, la boca rota y los oídos sangrando”.

Las torturas a Brian ocurrieron el 16 de julio y su madre logró verlo recién el 20, día en que radicó la denuncia ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. En el hospital primero “me dijeron que mi hijo se había caído en el baño y se había quebrado las piernas”, contó, pero cuando llegó no le dejaron a ver a su hijo con la excusa de que “no era un día de visita”. Relató que cuando volvió y finalmente lo vio, Brian “estaba totalmente desfigurado y en silla de ruedas. Cuando lo vi, no era mi hijo”, sostuvo.

Brian hoy está en Ezeiza, custodiado y filmado las 24 hs del día. Durante estos cuatro años recibió todo tipo de amenazas, golpes y hostigamientos y le dijeron que no iba a llegar vivo al juicio.

La defensa, la querella y las organizaciones antirrepresivas

Brian Núñez estuvo representado por la Defensoría General de la Nación (DGN), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ofició de querellante y su lucha de casi cuatro años estuvo acompañada por diferentes organizaciones contra la violencia institucional y represiva.

Durante los días en que se realizaron las audiencias en el juicio oral y público, algunos de los defensores acusaron a los organismos de Derechos Humanos de haber fraguado la investigación para lograr una condena a los penitenciarios. Esto es lo que pasó, por ejemplo con la PPN, aunque a la luz del veredicto condenatorio de los acusados, dictado por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, se dejó en evidencia la falta de argumentos para rebatir los cargos que enfrentaron los agentes de las fuerzas represivas del Estado.

Para la PPN el juicio por torturas a Brian Nuñez se trataba no solo de de sentar “un precedente paradigmático y necesario para generar conocimiento y así contribuir a la erradicación de las prácticas sistemáticas y regulares de tortura” sino también un paso judicial necesario con el que se contribuyera a terminar con “la impunidad” y la “continuidad” de las mismas.

En el mismo sentido, para Carolina Villella, abogada de la organización Limando Rejas que acompañó a la familia de Brian, ésta es una “sentencia histórica” a la que además se agregan algunos logros no menores como, que “varios de los imputados hayan llegado con suspensión de sus funciones”, que el Servicio Penitenciario Federal no haya ejercido la “defensa corporativa” de los integrantes enjuiciados y que la condena sirve “para visibilizar los casos sistemáticos de torturas dentro de las unidades penitenciarias”.

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Por Laura Salomé Canteros

Alfredo Cuellar, un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. Desde diciembre pasado se convirtió en un luchador por los Derechos Humanos, fue secuestrado y ahora exige la respuesta de los poderes con denuncias que estremecen y alertan.

Hay quienes aseguran que el encarcelamiento es la muerte en vida y que las prisiones constituyen el infierno o una suerte de cementerios que la sociedad toda acepta en forma de silenciosa complicidad pretendiendo sostener un orden que castiga a algunas personas en pos del resguardo de la propiedad de otras. Pero, ¿cuántos de nosotros somos conscientes y aceptamos sostener el  sistema de muerte, tortura, discriminación y persecución que ejercen algunas y algunos funcionarios del servicio penitenciario en nuestro país sobre las personas que han sido condenadas, que cumplen una pena y la misma es privativa de su libertad? ¿Cuál es el pacto que firmamos y cuándo es que se produjo?

Alfredo Cuellar aprendió a reflexionar y a ser un luchador contra este aparentemente legitimado sistema del terror. El 23 de diciembre de 2012 se enteró por un llamado que “algo había pasado” con su hija de 23 años, Florencia, la China, privada de su libertad desde 2007 en el Complejo Penitenciario IV de la ciudad de Ezeiza. Acudió inmediatamente al penal y hasta el día de hoy, a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios, aún no recibió la confirmación oficial de parte de la fuerza de la muerte de su hija. Había estado hablando con ella horas antes de su deceso, “ella murió el domingo 23”, relata. “Nuestra última comunicación fue esa misma madrugada. Como siempre, hablamos de cómo estaba, de nuestras cosas y muchas pavadas como para sacarla del lugar de encierro. Ella estaba bien y hasta planeamos hablar por teléfono el 24 a las 12 de la noche por la navidad. Iba a ser la madrina de mi nieta por lo que estaba muy contenta”.

Cuenta Alfredo que cuando llegó a Ezeiza a averiguar qué había pasado con su hija, los agentes estuvieron más de una hora para darle algún tipo de información. “En un momento empecé a decir que yo de acá no me iba sin hablar con el director del Servicio Penitenciario Federal. A la media hora, aparece un oficial con una veintena de policías custodiándolo y le digo que necesito que me de explicaciones por lo que le pasó a mi hija, pero lo cierto es que me trataron como un delincuente cuando quienes tenían y tienen que dar explicaciones son ellos”. Ese funcionario le dijo que se tenía que dirigir al juzgado, “no tuvo el valor de decirme nada a pesar de que es su deber informar sobre la integridad de las personas que tiene a su guarda en un penal”. Y sigue relatando: “En ese momento escucho un revuelo y veo que sacan a una piba en ambulancia. Yo de esto no sabía nada, era mi hija. Y me fui sin una respuesta”.

A todo esto, Alfredo apenas sabía que su hija había fallecido y ya comenzaban a maltratarlo y a violentarlo desde las instituciones. Cuando fue a buscar el cuerpo de la China a la morgue judicial “quisieron que firme el suicidio”. “Me dijeron que se había ahorcado con un cordón de zapatillas a lo que respondí que era imposible ya que la China pesaba más de 80 kilos y tenia golpes en el torso”.  Alfredo exige que los poderes actúen en forma imparcial y cumplan con sus funciones en la investigación de las circunstancias que llevaron a la muerte de su hija. Cuenta que hubo irregularidades, que no se respetó la escena del suceso y que hubo encubrimiento y abandono de persona. “Mi hija apreció bañada, cambiada y arriba de la cama”, contó.

Verificar la tortura

En septiembre pasado el jefe del Complejo Penitenciario Federal IV de mujeres de Ezeiza, prefecto Juan Montenegro, fue desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos, a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras recibir el informe sobre la visita al penal que realizaran un grupo de jueces, encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, indicándose que durante la visita “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”.

El secuestro y la búsqueda de lo que llamamos justicia

Como Alfredo Cuellar se negó a aceptar la autopsia que consideraba la muerte de su hija como un suicidio, ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. En mayo fue secuestrado en la zona de Parque Patricios por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al riachuelo y hacerlo desaparecer y torturar a sus hijos e hijas si no se dejaba de joder con el asunto de la China. Después de varias horas fue liberado en Puente 12 y Camino de Cintura.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV de la ciudad de Ezeiza. Es la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales de todo el país. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Porque de ellas poco se sabe y por ellas pocos reclaman. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecida. Alfredo sospecha que a su hija la golpearon y dejaron agonizar agentes del servicio penitenciario. Luego intentaron disfrazar la situación como un suicidio.

Cumplir una pena no tiene nada que ver con perder la vida y los asesinatos, las torturas y los malos tratos en los penales también constituyen terribles violaciones a los derechos humanos, ejercicios brutales de la violencia de las instituciones y el abuso de poder por parte de sus funcionarios/as para mantener bajo control un orden legitimado socialmente.

El próximo 31 de octubre a las 17 se realizará una convocatoria en Plaza Once para luego marchar e interpelar la sede central del Servicio Penitenciario Federal. Alfredo busca justicia por su hija, pero está acompañado de muchas personas, familiares, amigos de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder.  “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, son las que protestan, son las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quienes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, afirmó.

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