El ex ministro de trabajo, Jorge Triaca, y su sucesor, Dante Sica, fueron denunciados junto a ex funcionarios y familiares por la presunta contratación irregular de aseguradoras en sindicatos intervenidos. Se suman más denuncias en lo que parece una compleja trama de asociaciones.

Las denuncias apuntan a las contrataciones de dudosa regularidad para los seguros de sepelio contratados por el SOMU (marítimos) y UPSRA (seguridad) y también a las irregularidades que ocurren en la UATRE (peones rurales) uno de los principales gremios aliados de Cambiemos.

Tal como lo muestra el expediente,  por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos,  que tienen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano, a partir de las intervenciones del Ministerio, a cargo de Triaca,  en los sindicatos, se producía un cambio en la contratación de la compañía a cargo de los seguros de sepelio.

“Triaca estaba condicionado por el Momo Venegas, que era muy amigo de Macri. Todo lo que pasó sucedió después de la muerte de Venegas, ahí Triaca avanzó”, afirmó el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez y acusó: “En vez de que las cápitas de los seguros de sepelio fueran para las empresas, sus dueños se repartieron el dinero mitad y mitad con los interventores de los sindicatos”.

El nombre de Sergio “Sombrero” Borsalino, cuñado de Triaca, se repite en el expediente indicando que era quien realizaba “visitas” a los sindicatos intervenidos por Trabajo para vender su esquema piramidal de seguros de vida, donde opera para uno de los tres grandes jugadores de ese sector. Además en la denuncia figura Guillermo Néspola, titular de la compañía “Sol Naciente”, también dedicada a los sepelios. Él es quien habría sido favorecido por Triaca mientras que Comparada, ex titular de Independiente, habría contado con los favores de Sica. Además el denunciante agrega que el presidente de Surco, Carlos Giani, es novio de la hija de la magistrada Elena Higton de Nolazco.

“Tenían una caja chica asegurada,  el club de amigos de Triaca y el club de amigos de Sica. Pedimos la conexidad con una investigación que está en curso y a cargo del juez Ramos y el fiscal Marijuán. Nos llamó la atención que Ramos no le hubiera delegado la causa a Marijuán”, se quejó Míguez.

Triaca y Vigiladores

La justicia citó a declarar a la Junta Electoral, secuestró el expediente de Producción y Trabajo y dejó a un paso del procesamiento a Jorge Triaca, su cuñado, Leónidas Requelme (delfín de Barrionuevo) y al actual interventor.

El fiscal Guillermo Marijuán pidió una serie de medidas, que fueron aceptadas por el juez, y la causa iniciada en noviembre del año pasado caratulada “Triaca, Jorge y otros s/asociación ilícita”, que investiga lo actuado en el marco de la intervención del gremio de seguridad, UPSRA y dejó a todos los investigados al borde del procesamiento.

El fiscal requirió tomar declaración testimonial a la Junta Electoral, tomar posesión del expediente electoral que estaba en manos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y que se recabe la mayor información posible sobre los integrantes de la supuesta asociación ilícita para quedarse con la organización.

La acusación apunta a Triaca, a su cuñado Sergio Borsalino, a su amigo de la infancia, Patricio Castro, a la saliente Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena y a los vinculados a Luis Barrionuevo en el gremio de seguridad, Rodolfo Alonso, Leónidas Requelme y Edgar Selarallán.

Según fuentes judiciales, cuando comenzó la causa Rodolfo Alonso era un personaje que se movía bajo el ala del gastronómico Barrionuevo y había sido separado de la gestión por un escándalo en el manejo de fondos. Hoy Alonso se convirtió en el interventor del gremio y fue quien intentó quelas y los vigiladores no puedan ir a las urnas para elegir a su conducción.

En la denuncia se acusa a los implicados de haber “inventado” una agrupación “conformada por miembros que no cumplimentan los requisitos estatutarios” para acceder a los cargos dirigenciales de la UPSRA.

De hecho, los involucra en una presunta “asociación ilícita” y se consignan la comisión de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, falsedad instrumental y estafa.

En la denuncia se consigna a Triaca como autor intelectual de la maniobra y a Borsalino y Palacios Anchorena como brazos ejecutores, junto con Alonso en su rol de interventor.

El expediente del proceso electoral ya fue secuestrado por la justicia para comprobar su validez.

Según fuentes  gremiales, la sumatoria de unos comicios con importante asistencia de afiliados ya realizados, más la veeduría del Ministerio de Producción y Trabajo de lo actuado, determinaría en el corto plazo una resolución en favor de Julio Gutiérrez.

Triaca y el RENATRE

Según consigna Página 12, el ex ministro de Trabajo fue imputado ante la Oficina Anticorrupción (OA), que preside la oficialista Laura Alonso, por el presunto delito de “administración fraudulenta” por permitir al menos una contratación sospechosa en el RENATRE, el organismo encargado de fiscalizar el trabajo rural. El organismo conducido por Abel Guerrieri, ex Sociedad Rural, ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018. Guerrieri rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.

Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, parte de la UATRE y empleada del área administrativa y legal del RENATRE, fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción por los delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta,  a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”. La denuncia sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.

Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, el RENATRE volvió a ser denunciado, tal como sucedía cuando era conducida por el Momo Venegas, como un puente de contratos millonarios entre empresas amigas en detrimento de los trabajadores rurales de todo el país.

“El RENATRE contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia.  La pregunta es cómo responderá la oficina que dirige Alonso ante tamañas acusaciones.

Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, nuevamente cobraron protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular a pesar de la disconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.

Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del Area de Informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos en la nota cursada al entonces ministro Triaca.  Nunca hubo respuesta por parte de quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado. Por tal motivo, sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.

El tándem Guerrieri-UTRERA autorizó el pago de 9,6 millones de pesos por la contratación de “servicios profesionales” a una empresa que, según lo analizado por los síndicos, carece de trabajadores y capacidad para llevar adelante el trabajo contratado.

“Es evidente que la tríada generada por el denunciado Guerrieri, en conjunto con Leruga, titular de Biesles SA, y la Sra. Utrera,  en su calificada posición en el organismo en cuestión, han permitido desplegar esta conducta, en claro perjuicio de los trabajadores rurales, contratando en diversas oportunidades a la empresa Biesles SA, sin argumento serio, en base a una supuesta necesidad y urgencia que no es tal, y recayendo en esa empresa sin realizar ningún tipo de licitación pública, o siquiera una mera compulsa de precios que permita avalar tal decisión”, agregaron los síndicos.

La empresa fantasma

Biesles SA, presidida por Juan Guillermo Leruga, es la figura legal utilizada para cobrar el contrato millonario con el RENATRE,  sin embargo, los servicios que debería prestar Leruga serían ofrecidos por otra sociedad denominada IT Quality. Ambas pertenecerían a un grupo llamado Tekne, del que no existen mayores referencias. Por ese motivo la denuncia cuestiona la “solvencia” de la empresa seleccionada por el RENATRE.

En el contrato confeccionado con la rúbrica de Guerrieri figuran dos domicilios vinculados a Leruga (ambos en Parque Patricios). En la supuesta oficina ubicada sobre la calle Tacuarí aparece registrada otra sociedad presidida por este mismo empresario (Loncotech). Sin embargo, los dos números de teléfonos asociados “no corresponden a un abonado en servicio”, dato que abonaría las sospechas sobre la (in)solvencia de dicha compañía. La otra dirección que se ofrece ubica a la empresa sobre la Avenida Brasil pero el número de teléfono informado no se corresponde con ese domicilio. Por otro lado, en el sitio web del mencionado grupo Tekne ubicado sobre la misma calle Tacuarí también se publican otros dos números de teléfonos inexistentes.

Si bien la denuncia ante el organismo responsable del control anticorrupción, que conduce Alonso,  involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, en la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia “fondos de inversión” y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, un modo de operar  aplicado desde la conducción del Momo Venegas al frente del Registro.

Fuentes: Infogremiales, Página 12, LaPolíticaOnline

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El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado por un nuevo escándalo. Otra denuncia lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privados (UPSRA), que se encuentra intervenido. Desde que Jorge Triaca asumió en el Ministerio de Trabajo se registraron diez intervenciones gremiales y designaciones de militantes, allegados, amigos y hasta de personal doméstico ligados a el y su familia.

Cuando todavía no se apaga el escándalo de nombramientos y desvío de fondos,  por parte de Jorge Triaca,  en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sale a la luz una nueva denuncia que replica el modus operandi,  del ahora Secretario de Trabajo,  en otra organización bajo una intervención político judicial.

Se trata del gremio de vigiladores privados (UPSRA), que luego de varias gestiones está en proceso de volver a manos de sus afiliados el próximo 14 de enero. Un grupo de afiliados denunció el desvío millonario de fondos del sindicato, virtualmente en manos de Triaca, a empresas de la familia del Ministro devenido en Secretario. Un modo de operar que se repite en los sindicatos intervenidos, familiares o allegados al ex ministro involucrados, presuntamente, en maniobras y asociaciones para la apropiación de fondos de sindicatos intervenidos.

Los hechos ocurren en la oficina privada del denunciante de la maniobra de sobrefacturación,  en servicios de Limpieza y Vigilancia,  que se contrataban para las distintas sedes de la entidad, desde el desembarco de Triaca en el gremio. Un hecho negado por el ex Ministro que sin embargo salió a la luz en las últimas horas, en una cámara oculta en donde dos personas, de su entorno, se reparten dinero que proviene de las arcas de esa organización sindical.

Frente a la cámara puede verse a Adrián Corti, chofer y hombre de confianza de Triaca apilar fajos de billetes y ordenarlos en una bolsa que guarda en una caja fuerte. Más tarde aparece Patricio “Pato” Castro, un amigo de la infancia de los Triaca, que fuera nombrado en la cartera con la llegada de Cambiemos y que era el elegido desde que Cambiemos intervino la organización,  como próximo secretario General de UPSRA. Castro retira la bolsa con los fajos de dinero.

Según se detalla en la presentación judicial, las empresas fueron creadas a tal fin por Sergio Ernesto Borsalino (cuñado de Triaca), Patricio Castro, Adrián Corti y Armentano, quienes presuntamente se juntaron en asociación ilícita para sobrefacturar y nunca prestar los servicios correspondientes.

La presunta ganancia que se repartía en una de las oficinas de los 5 miembros del entorno del Secretario de Trabajo, sumaba cifras cercanas al $ 1.500.000 mensuales.

Castro no tuvo más remedio que declinar su candidatura a secretario general del gremio, una vez conocidas las imágenes. Es de destacar que esta candidatura se promovió cuidadosamente a través de los dos años de intervención con recorridas por todas las seccionales, a pesar de nunca haber sido un empleado encuadrado en el sindicato ni haber sido afiliado a esa organización gremial. Los comicios en los que UPSRA volverá a manos de sus afiliados están programados para el 14 de enero del año próximo.

Además, se realizó otra denuncia por cohecho, extorsión y enriquecimiento ilícito contra Jorge Alberto Triaca, Sergio Ernesto Borsalino, Patricio Castro y Adrián Corti, que se radicó en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, del juez Claudio Bonadío, bajo el expediente 18.024/18.

La Banda de los cuatro

Los nombres de la presunta “Banda de Triaca”,  que se encargan de las intervenciones a los gremios y los negocios se repiten: Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca; Alfredo Enrique Bertonasco, un funcionario de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, designado ahora Coordinador de la Coordinación de Fiscalización Portuaria, Marítima, Fluvial y Lacustre, muy cercano al viceministro de Trabajo Horacio Pitrau; Roberto Porcel, un abogado cercano a Triaca que suele ser parte del engranaje de negocios y, Sergio Ernesto Borsalino, cuñado de Jorge Triaca, esposo de Silvia Verónica Triaca, hermana del  ex Ministro de Trabajo.

Todos comparten la titularidad y participación en distintas empresa, entre ellas Gestión Plural S.R.L., Proficio Investment S.A. y Profuturo S.A., todas ellas dedicadas a actividades financieras. Los cuatro en paralelo tenían nombramientos tanto en el SOMU como en UPSRA.

La Corte Suprema ya había llamado la atención al entonces ministro de Trabajo, por extralimitarse en el manejo de la Unión Personal de Seguridad (UPSRA), e indicaba en un fallo: “En función de la competencia material, resulta indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del fuero nacional del trabajo”.

El juez penal que intervino en el caso de la UPSRA, Ariel Lijo, llamó a elecciones a partir de la solicitud del delegado normalizador, que fue ubicado en el cargo por Jorge Triaca.

Lo que la Corte advirtió es que esa definición debería haber sido tomada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Según Horacio Meguira, asesor legal de la CTA Autónoma, la Corte determinó con el fallo que “las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Desde que Jorge Triaca asumió en el Ministerio de Trabajo se registraron diez intervenciones gremiales.

Las más conocida fue la del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el bastión de Omar “Caballo” Suárez, que está preso en Marcos Paz y terminó con el escándalo de la empleada doméstica de la familia de Triaca, como interventora de una seccional.

En UPSRA, como sucedió en el SOMU, desde el desembarco de los interventores se colmó el gremio de familiares, militantes y amigos del ministro. El sindicato de Seguridad fue el segundo intervenido en orden cronológico por el ministro de empleo.

El gremio abarca un universo de unos 150.000 vigiladores privados en todo el país, con extensas jornadas de trabajo y con un salario medio de algo más de 20.000 pesos. Con los aportes de ese conjunto de trabajadores, Triaca otorgó decenas de contratos y distribuyó negocios.

Según se conoció, hubo tres hombres de confianza del ministro que fueron designados por la cartera de Trabajo con contratos de entre 83.000 y 55.000 pesos y que no podían estar allí por incompatibilidades constatadas. Se trata de los mencionados Silvio Torres, Alfredo Enrique Bertonasco y Roberto Porcel. Los tres en paralelo tenían otros nombramientos en el SOMU.

El desembarco de la guardia de Triaca llegó acompañado por una importante cantidad de nombramientos. No menos de 40 contratos se pagan de la caja del sindicato y a muchos de ellos nunca se los vio por las instalaciones.

Se trata de ex miembros de las fuerzas de seguridad federales y militantes de Cambiemos (como en el caso del SOMU). De hecho el actual interventor, Patricio Lombilla, todavía se pregunta quiénes son varios de los contratados por Porcel porque no los puede ubicar.

Entre ellos aparecen los hermanos  Patricio y Mariano Castro, que mantienen una historia de relación cercana con los Triaca, ya que sus padres eran amigos. El gremio de vigiladores abona a  Mariano $35.000 mientras que Patricio, que tenía un contrato similar,  que fue dado de baja.

Triaca fuera de la ley

El pasado 6 de agosto, luego de que vencieran los plazos legales de conciliación obligatoria,  por un conflicto salarial con la rama de la pesca de la actividad privada,  el SOMU anunció que retomaba las medidas de fuerza. En ese contexto Jorge Triaca convocó a las partes a una reunión en la cartera laboral y resolvió disponer una nueva conciliación obligatoria. Un hecho que estaba por fuera de lo que marca la ley.

Cuando Raúl Durdos, secretario General del gremio, le comunicó que no la iban a acatar, los funcionarios de Trabajo lo amenazaron con imponer una multa millonaria, quitarle la personería gremial y hasta con volver a intervenir la organización, que sufrió por dos años la intromisión del ministro, con consecuencias devastadoras.

El hecho no quedó intramuros sino que tuvo repercusiones internacionales y llevó a la Federación Internacional de Transporte a pedir a la OIT la intervención.

La Federación calificó lo sucedido de “mecanismo para restringir e incluso eliminar, por medio de amenazas y sanciones legales y económicas, el derecho de huelga, así como la libertad sindical y el derecho a la libre negociación colectiva”.

Triaca escrachado

Otro video se hizo viral días atrás en el que se lo ve al actual Secretario de Trabajo, Jorge Triaca, que  sentado en la primera fila,  de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, cuando respondió de manera categórica a un pasajero: “se ve que limpiaron mal el avión, porque dejaron la basura y la mierda arriba del avión”, dijo y agregó: “qué mal servicio de Aerolíneas”.

Pareciera que Triaca no puede escaparle a los escraches, ni tampoco a los escándalos. Con la intervención del SOMU,  las  172 contrataciones truchas en el sindicato, la viralización del audio enviado a su ex empleada doméstica e interventora de una seccional, Sandra Heredia, ahora designó al frente del intervenido Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) al  funcionario de Cambiemos,  Horacio Mankowski.

Continuidad debilitada

Los casos de corrupción y los últimos acuerdos salariales que alcanzaron los 40/45 puntos dejaron al ex ministro debilitado. En las últimas horas se confirmó que el Gobierno había decidido retirarlo de las negociaciones que encara con la CGT para dinamitar una potencial medida de fuerza antes de fin de noviembre. Allí será el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el que tome las riendas.

La idea de Sica cuenta con el respaldo de los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), molestos por el accionar en materia salarial de Triaca. La suma de todos esos factores hizo que comience la danza de nombres de potenciales reemplazos. Si bien todavía no es definitivo, Tomas Calvo es el  nombre tentativo para reemplazar a Triaca.

Se trata de un abogado laboralista, especializado en negociación colectiva, con excelente relación con el sector industrial del empresariado y desde hace más de tres décadas apoderado de la UOM Nacional.

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Los hermanos Carlos y Jorge se vieron obligados a resolver la conflictiva relación laboral con Sandra Heredia luego del escándalo por el audio en el que el ministro de Trabajo insultaba a su ex empleada doméstica. El acuerdo indemnizatorio fue por $250.000.

Luego del acuerdo entre el Ministro y su ex empleada, Heredia denunció que había trabajado en negro durante años y que había sido designada en la filial San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Los documentos oficiales muestran que Sandra Heredia no recibió aportes durante nueve meses y figura como empleada full time en el SOMU con un sueldo de entre 21.000 y 28.000 pesos.

Según los registros públicos del ANSES, Heredia está dada de alta con un sueldo de $5.632. Aunque Carlos Triaca, hermano del ministro, tuvo que negociar con Heredia y difundió, entre otras cosas, que la empleada cobraba $9.826,50.

Pese a los cuestionamientos contra su persona, Triaca fue defendido por el Gobierno. El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que se trató de “un error”. “No sentimos que eso sea algo que tenga que costarle el cargo”, afirmó.

Exabrupto

“¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!”, le advirtió Triaca a través de un audio de WhatsApp a Heredia, que trascendió y motivó todo tipo de pedidos de renuncia por parte de la oposición.

El ministro relató que habitualmente los sábados se dirige con su automóvil a la quinta ubicada en Boulogne para recibir personas por cuestiones de trabajo, pero que al arribar el día que grabó el audio no encontraba la silla de ruedas con la que se desplaza.

“El exabrupto fue como producto de ese enojo, de ese estrés por no tener la silla de rueda y para atender a la gente que tenía que recibir. Le pedí disculpas personalmente y lo vuelvo a hacer públicamente”, indicó.
Con el entendimiento de partes, Triaca busca desactivar el escándalo que lo tiene en el centro de las críticas públicas, aunque todavía queda el detalle de la contratación de Heredia en un gremio intervenido.

Agencia de empleo: más designaciones irregulares en el SOMU y pérdida de derechos

La designación de la ex empleada doméstica del ministro en el SOMU sigue dejando tela para cortar. Es que se conoció que en su paso por el sindicato marítimo, la elegida por el ministro Jorge Triaca para regularizar la situación del SOMU, pese a su falta absoluta de experiencia gremial, nombró a su ex y a la hija de su novia actual.

La breve gestión de la designada por Triaca dejó otra marca que ahora lamentan los trabajadores de San Fernando: estuvo ausente en el momento de negociar con las Cámaras empresariales de los barcos el bono navideño de diciembre pasado. Así, unos 300 marítimos del SOMU perdieron su plus salarial.

Ese monto único era de 8.000 pesos para los llamados “paleros” que trabajan en barcos que llevan troncos, por ejemplo, de Tigre hacia Papel Prensa; y 6.000 pesos para los lancheros, que se desempeñan en lanchas y catamaranes colectivos.

Los empleados marítimos de San Fernando suelen cobrar ese bono todos los años, pero en 2017, bajo la gestión part time de la elegida por el ministro Triaca, lo perdieron. Heredia solo tenía que avalar el acuerdo, pero en diciembre ya había empezado a menguar su presencia en las oficinas del SOMU.

Otra herencia de la intervención en San Fernando fue la pérdida de dos puestos de trabajo por barco. El acuerdo histórico con los dueños de los barcos era que emplearan a ocho marineros, cuatro por guardia, uno más por turno que los seis obligatorios, según normas de la Prefectura. Nuevamente las empresas aprovecharon el vacío de representación en la filial y bajaron la cantidad al mínimo reglamentario.

La lista de militantes y empleados personales que designó Triaca en el SOMU

Desde que Cambiemos puso un pie en el SOMU, la cantidad de contratados se multiplicó, permitiendo así el ingreso de más de 200 empleados, en su mayoría provenientes de la política y la militancia activa en el oficialismo. Algunos ejemplos:

José Romano: cuando el escándalo salió a la luz, la propia Sandra Heredia confesó que sabía de la existencia de al menos 250 personas designadas por su ex empleador, entre los que se encontraba el hijo del jardinero.

Desde el entorno del ministro aseguraron que “no tiene nada que ver con Triaca”, aunque en realidad se trata del “hijo de una persona que hace arreglos en la casa de Borsalino”, el cuñado de Triaca, también designado en el SOMU. “Cumple el mismo horario que el resto de los empleados de 8:30 a 16:30 y cobra unos $ 22.000”, agregaron.

Roberto José Porcel: abogado de confianza del ministro, fue designado como director general para controlar y dirigir el sindicato a gusto de su amigo personal, Jorge Triaca.

Fernando Rodeles: Trabajó como asesor comunicacional en la gestión González contratado por el sindicato y luego, bajo el ala de Triaca, continuó, aunque como asesor externo. Rodeles es uno de los militantes de Cambiemos que inauguró la Fundación Pensar en Avellaneda, y según los registros oficiales, su empleador es el Congreso de la Nación, donde trabaja para el despacho de un diputado del PRO.

Además, Rodeles logró que su hermano, Leandro, también ingresara al Sindicato, trabajando en la actualidad en la escuela de capacitación.

Luis Abdeneve: el ex jugador de Boca y Unión de Santa Fe es amigo personal de Miguel del Sel y ha sabido hacer campaña junto a Gabriela Michetti.

Cristian David Eben Austin: el ex policía de Chubut fue candidato a diputado suplente por la provincia, y figura como el responsable financiero de la última campaña presidencial de la alianza Cambiemos.

Hernán Trigo Gutiérrez: militante activo de Cambiemos, es Concejal de Cambiemos en Necochea, y participa frecuentemente de los actos partidarios del oficialismo, e incluso de los timbreos nacionales.

Ricardo Martínez Sirera: vocal de la alianza Cambiemos-UCR por Campana.

Gustavo Pretzch: militante de Cambiemos Chubut, Pretzch también supo ser candidato a diputado por la alianza que hoy gobierna el país.

Nadia Zilli: militante de Cambiemos, exhibe a través de sus redes sociales fotos con la vicepresidenta Gabriela Michetti en Ushuaia, donde reside. Además, la mujer figura como empleada del municipio de la capital de Tierra del Fuego.

Rodrigo Smykalo: Asesor de Rogelio Frigerio y militante de Cambiemos en Avellaneda.

Ari Nogueiras: Militante de la Juventud PRO con sede en Avellaneda.

Sheila Adano: vicepresidenta de Jóvenes PRO Avellaneda, fue candidata a concejal de Cambiemos Buenos Aires en 2017.

Estos últimos tres, de Avellaneda, mantienen un vínculo sumamente cercano con la ex interventora del SOMU, Gladys González, quien aspira a obtener la intendencia del distrito del sur del conurbano bonaerense.

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