En abril, el Ministro Luis Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural, dejó en la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras. Ayer anunció un nuevo recorte con más de 600 despidos. Para enfrentar el ajuste, desde ATE lanzaron un paro activo de 96 horas.

“Se debe reducir el gasto público en todos los niveles de gobierno”, dijo el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, el sábado 28 de julio de 2018 en el predio de Palermo, durante la exposición que realizó la entidad que representa a las patronales agrarias. A pocos metros de Pelegrina, lo escuchaba su antecesor en el cargo y devenido en Ministro, Luis Miguel Etchevehere.

A menos de un mes, Etchevehere se hizo eco del pedido y lanzó un brutal ajuste que pone en riesgo la continuidad laboral de ingenieros agrónomos, veterinarios y antropólogos, entre otros profesionales que conforman la Secretaría de Agricultura Familiar. La amenaza de 600 nuevos despidos, después de los 330 que se concretaron en el mes de abril, puso en alerta a los trabajadores y las trabajadoras.

Desde el 13 de agosto se viven horas de angustia e incertidumbre en las provincias que sufrirán el recorte. Además de golpear a cientos de familias que pierden su fuente laboral, la medida también afecta a pequeños agricultores, campesinos y campesinas y pueblos originarios. La arremetida del Ministerio, incluso, se da en un contexto donde el Estado abandonó las políticas que brindaban respaldo a este sector, como el Monotributo Social Agropecuario (MSA), una herramienta que permitía a las productoras y los productores facturar, acceder a una cobertura de salud y hasta hacer aportes para jubilarse.

“Estamos en presencia de un funcionario que ataca a los actores más vulnerables”

En este marco, entrevistamos a Sebastián Rivera, delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Agroindustria para conversar sobre la situación y conocer las medidas de acción que tomarán, en principio, con un paro activo de 96 horas.

–¿Existe la amenaza de una nueva tanda de despidos masivos?

–Más que una amenaza, tiene vicios de certeza. La semana pasada el Secretario de Agricultura Familiar llamó a sus delegados provinciales y definió la baja de la mitad de trabajadores. O sea, del total de 1100 empleados, estarían dejando en la calle a unas 550 o 600 personas.

–Es un volumen importante…

–Sí, es la mitad de la Secretaría, pero además hay bajas en otros sectores aunque quizás sin tanta magnitud. De todas formas, estamos hablando de más del doble de despidos que ya hubo en el mes de abril. En el primer trimestre fueron 330, aclarando que se pudo reincorporar a uno 50 trabajadores.  Y en el SENASA, que también es un organismo que depende del Ministerio de Agroindustria, durante todo el año hubo alrededor de 350 despedidos.

–¿Qué medidas tomaron ante este atropello?

–Votamos y estamos realizando un paro activo de 96 horas. Y también estamos en una vigilia permanente para analizar y ejecutar otras acciones de acuerdo a cómo avanza el Ministro en sus definiciones. Así que estamos organizándonos, pero no sólo en la casa central sino en todo el país porque la Secretaría de Agricultura Familiar, que es donde más van a impactar los despidos, tiene territorialidad en distintas provincias.

–¿Y es un escenario posible, si se tiene en cuenta que ya hubo un ajuste?

–Estamos en presencia de un Ministro que ataca a los actores más vulnerables del sector agropecuario y a los trabajadores que cumplen funciones de asistencia a esos grupos. Nosotros entendemos que Etchevehere, de quien ya sabemos y conocemos su pasado por su relación con el trabajo esclavo en sus propiedades, disfruta cuando despide a trabajadores. No los puede subordinar disciplinariamente a lo que ellos quieren, y entonces los echa. Entonces, a esos profesionales que tienen mayor vínculo en los territorios con poblaciones postergadas, o que intentan proteger a los pequeños agricultores frente al atropello de los terratenientes, a esos trabajadores se los despide.

–¿Hay alguna negociación en curso?

–En estos días no hubo ningún canal de diálogo. Al contrario, hay una cerrazón muy fuerte por parte de los funcionarios y por ahora hay un silencio atroz. Estos tipos no dan la cara, por lo general hacen eso. Se siente muy valiente con los más débiles y cuando tiene que aparecer a dar explicaciones se esconden. Las medidas van a ser más fuertes en cuanto a la pelea que tenemos por delante porque tenemos que luchar contra un Ministro, que más allá del ajuste general que realiza el gobierno de Mauricio Macri en el Estado, en particular es el Ministro que más trabajadores viene despidiendo.

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El ajuste se profundiza en el Ministerio de Agroindustria que dirige Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural. Más de 300 familias se quedaron en la calle en los últimos días. Desde hoy, lunes, habrá protestas y asambleas de trabajadores y trabajadoras para exigir la reincorporación.

En octubre de 2017, Luis Miguel Etchevehere se alejó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para asumir como ministro de Agroindustria. Etchevehere había quedado como titular de la entidad que nuclea a los empresarios agrarios en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Cinco años después, con Mauricio Macri, pegó el salto y escaló hasta el gabinete nacional. De esa forma, se convirtió en el tercer presidente de la SRA en alcanzar el rango de ministro. El último había sido Luis Duhau, en 1933.

Antes de ocupar el cargo de Ministro, Etchevehere recibió un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural Argentina. El obsequio desembocó en una denuncia y posterior investigación judicial. Para aliviar su situación, y junto a la displicencia de la Oficina Anticorrupción, Mauricio Macri dictó un decreto en el que excusa al funcionario de tomar decisiones vinculadas con empresas de las que formó parte en los últimos tres años. La resolución firmada por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, menciona expresamente a las empresas Etchevehere Rural SRL, Construcciones del Paraná SA, Los Vascos Propiedades SA, Establecimiento Rural La Margarita SA, y Sociedad Anónima Entre Ríos, además de la Sociedad Rural.

La mayor parte de las empresas citadas están siendo investigadas en el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal de Paraná, Secretaría Criminal y Correccional 1, que se inició en 2015 por denuncias de Dolores Etchevehere, hermana menor del funcionario, ante una presunta “defraudación” lesiva a sus intereses. De todas formas, y más allá de lo dispuesto por la Casa Rosada, Etchevehere pisó nuevamente el predio de La Rural.

El jueves 19 de abril 2018, Luis Miguel Etchevehere saludó a sus viejos y conocidos camaradas cuando volvió a la sede de la Sociedad Rural. La excusa, tenerlo en un panel de expositores bajo la temática “Desburocratización, Apertura de Mercados y Competitividad”. Mientras Etchevehere andaba de reuniones en Palermo, sus funcionarios largaban una tanda de 330 telegramas de despidos para todo el país, que son parte de los casi mil que concretará en los próximos meses en el marco del vaciamiento del Estado impulsado por Cambiemos. Para evitar las protestas, y ante la posible reacción de los gremios, la cartera dispuso un asueto general y pidió un operativo policial para custodiar el edificio de Paseo Colón al 700. El asueto se repitió en todas las dependencias. Con esta estrategia, se liberó la zona para ejecutar el ajuste.

“Estamos listos para dar la pelea por la reincorporación. Si bien de esta gestión ya no asombra nada, ahora dispusieron un asueto para ejecutar los despidos. Eso es algo novedoso, yo hace 25 años que trabajo acá y nunca pasó algo así. Hay un nivel de destrato increíble. Es un ‘lock out’ patronal, Etchevehere sabe de esto porque ya lo hizo hace 10 años”, advirtió Sebastián Rivera, delegado de ATE.

“Sabemos que pretenden trasladar el ajuste hacia el INTA y el SENASA, donde ya hubo reducción de personal en los últimos meses. Y nosotros sabemos que estas políticas de ajustes derivan en peores políticas públicas para los más vulnerables”, agregó Rivera.

“Más allá de que no tengamos el listado de los despedidos, sabemos que ya hay 330 de los 958 que van a haber”, confirmó Jorge Ravetti, secretario general de ATE-Senasa. “Los compañeros están esperando al cartero. Esto es una perversión, una locura”, sintetizó Melina Zucchi, delegada de ese gremio en delegación que la Secretaría de Agricultura Familiar tiene en Catamarca.

El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual. A principio de año se achicaron de 20 a 8 las subsecretarías y de 211 a 138 los cargos públicos. El mes pasado se deshizo de 84 personas que conformaban la ex Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que coordinaba los programas y proyectos cofinanciados con recursos externos. Ahora, se largó la “tercera etapa del plan de reestructuración”, como lo definen los asesores del Ministerio.

Debido al asueto del viernes y el cierre del edificio ministerial hasta el domingo, “el conflicto se va a sentir el lunes, cuando los compañeros vuelvan a trabajar y a muchos les quieran impedir el ingreso”, anticipó la referente de ATE Nacional, el sindicato de estatales encabezado por Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma.

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Entrevista a Elio Brailovsky, ex Defensor Ambiental del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, acerca de los riesgos ambientales a partir de intentos de modificación de normas fundamentales.

– Hubo una cumbre minera en la localidad de Telsen en la provincia de Chubut ¿qué información tiene usted sobre esta cumbre?

– Creo que forma parte de una estrategia para presionar a los gobernadores y conseguir los votos en el Congreso para modificar la Ley de glaciares. Hay un montón de proyectos mineros que significarían hacer negocios sobre los glaciares, en las fuentes de agua potable de la cordillera.

Esto no se puede hacer justamente porque hay una Ley que prohíbe que se haga minería en los glaciares, lo prohíbe de una manera explícita, de modo que la única manera de llevar adelante esos proyectos mineros tan peligrosos es cambiando la Ley.

El gobierno nacional ya ha dicho que la quiere cambiar, el Ministro de Ambiente ha dicho lo mismo, de modo que necesitan votos en el Congreso de diputados y senadores y esto requiere negociar, presionar, engañar o sobornar a distintas autoridades provinciales, depende de cada uno cómo lo presionan.

– Eso a pesar de que las poblaciones de Chubut se han pronunciado mayoritariamente en contra de este tipo de minería.

– Justamente por eso es tan difícil y dan tantas vueltas. Si las poblaciones aceptaran ese tipo de engaños sería más sencillo, pero claramente no lo aceptan.

– Cuando se habla de productores se habla de la Sociedad Rural y Coninagro, para presentar una iniciativa común ante el Ministerio de Agroindustria respecto de una nueva Ley de semillas.

– Esta es una propuesta que venía desde hace muchos años impulsada por las multinacionales. Se trata de la gran discusión de si se pueden o no patentar seres vivos. Lo que están planteando estas entidades de productores, con las comillas que usted quiera, es que cuando una multinacional haga el desarrollo de una semilla el uso va a ser de ellos, en cualquier condición y en cualquier momento. En otras palabras, que el productor verdadero, el que trabaja en el campo va a sembrar trigo, maíz, soja, etc., y si guarda semilla para volverla a sembrar, cosa que se hace más de diez mil años, va a tener que pagarla por nueva a la empresa multinacional.

Este es el planteo que se sobre el patentamiento de semillas, que equivale a patentar seres vivos, una cosa que cambia la manera en la que se hizo la agricultura desde que nació en el neolítico.

Ahora, esa es una presión muy fuerte en contra de las economías campesinas. En Argentina tenemos muy dañadas las economías campesinas, pero en otros países como Perú y México el campesinado tiene fuerza, y las tecnologías campesinas son significativas y se trata de arrasarlas e imponer el modelo multinacional en todas partes.

– Dos temas sobre los que quería consultarle: según datos de la ONU Argentina está entre los diez países con más hectáreas perdidas entre 1990 y 2015, nos referimos a la desforestación y a los desmontes ilegales.

-Hay una presión muy fuerte para que los desmontes dejen de ser ilegales y pasen a ser legales. El otro día en El Tribuno de Salta, un doctor, Alejandro Brown, que preside una asociación aparentemente ecologista que se llama ProYungas dijo que deforestar debe ser un orgullo porque la riqueza del norte viene de allí y que si el norte tiene riqueza económica es porque deforestaron. De modo que hay una presión fuerte para que esta destrucción del capital natural deje de ser ilegal y pase a ser legal.

Así como hay presiones para cambiar la Ley de glaciares y permitir la minería, también hay presiones para permitir la deforestación de bosques y permitir cultivar soja en cualquier parte.

– Paralelamente una nota del 18 de febrero del Clarín, habla de un plan de reforestación del gobierno nacional que sería el más importante de los últimos 50 años. ¿En qué consiste este plan?

– No lo conocía. No escuché hablar de un proyecto de reforestación del gobierno nacional. Lo único que puedo advertir es que si se trata de reforestación tiene que ser con especies nativas, sino es simplemente un cultivo de árboles, no es lo mismo, no cumple la misma función ecológica. Pero realmente no había oído hablar nada de eso.

– Yo pensé que habían tomado como referencia a Noruega que ha triplicado sus bosques.

– Digamos que los países nórdicos tienen un sistema de planeamiento muy cuidadoso, ellos plantan para producir madera, pero tienen un turno de corte cada 100 años, eso supone una forma particular de ver el futuro, no me parece que la economía argentina pueda plantear cosas a 100 años, están pensándolas a meses.

– Otra medida que me llamó la atención es la del Ministerio de Seguridad que recortó unos 400 millones de pesos destinados para la detección y alerta temprana a desastres que es el equivalente al 25% del presupuesto que tenía el área en el 2017. Esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de las inundaciones. Hemos vivido recientemente en Salta el desborde del río Pilcomayo que causó daños en el orden de los 500 millones de pesos y en la provincia de La Pampa damnificada por los incendios. De los 500 millones de pesos de daños ocasionados en la provincia de Salta por el desborde del Pilcomayo el gobierno nacional enviará 10 millones, o sea, un 2%. El gobernador Urtubey manifestó: “es una ayuda importante”.

– Qué le puedo decir. Además de los temas de inundaciones e incendios forestales que se van a agravar con el cambio climático, vamos a tener emergencias por sequías que no se agotan en el incendio forestal sino que van a incluir poblaciones con emergencia en provisión de agua potable. Vamos a tener probablemente accidentes químicos por todo este modelo de permisividad ambiental que tiene este gobierno y no veo ninguna prevención para accidentes químicos.

Mientras otros países avanzan en alertas tempranas para movimientos sísmicos aquí simplemente no se les ocurre que vayamos a tener terremotos. De modo que el área de prevención de desastres tenía muy poca cobertura, muy poco presupuesto, muy poco personal técnico y realmente deshacerla es dejar a la gente sin protección ante desastres.

– Y tiene consecuencias en la economía porque justamente usted hace referencia a la sequía, que lejos del aumento del PBI como lo plantea el Presupuesto nacional en el orden del 3.5% ya hay consultoras que están evaluando que el PBI este año va a caer centralmente como consecuencia de la sequía y la menor producción del campo.

– Esto tiene que ver con un modelo económico que apuesta al campo como lo único posible. Hace un siglo y medio un político conservador como Carlos Pellegrini decía que la riqueza del país dependía de las nubes. En el momento en que no lloviera el país se iba a empobrecer, por eso hacía un llamado a políticas de industrialización. Realmente el hecho de que el país esté atrasando por lo menos un siglo y medio y esté deshaciendo la misma industria que Carlos Pellegrini pedía que pongamos en marcha, a mí me impresiona realmente.

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Ante las leyes en nuestro país que avalan el uso de agrotóxicos y la ausencia de debate en el senado, el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, junto a numerosas organizaciones elevaron una Carta abierta a las y los legisladores para que no legislen “a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

Este martes debía tratarse en el Senado Nacional, en reunión plenaria de distintas comisiones, la “Ley Basterra”, que regula la elaboración, registro, comercialización y control de productos (mal llamados) fitosanitarios y lo pone en manos del SENASA. Además, se hubiera tratado el proyecto del senador Solanas sobre el control de la aplicación de agroquímicos. Pocas horas antes de concretarse, se suspendió el debate, que prometía ser intenso. Extraoficialmente circuló que el pedido fue formulado por el senador Alfredo De Angelli, que hace pocos días abogó a favor del trabajo infantil. Hoy el mundo de las corporaciones ligadas al agronegocio celebra la designación al frente del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, en un país que parece cada vez más atendido por sus propios dueños. Las iniciativas colectivas aparecen hoy como la más férrea y efectiva oposición.

En general, poco nos enteramos de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Sin embargo, las organizaciones o colectivos le dan estado público al tratamiento de proyectos que vulneran derechos que afectan a la vida. Tal es el caso de la “Carta Abierta a Diputados/as y Senadores/as de la Nación” que impulsó el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, y que contó con la inmediata firma de una enorme cantidad de organizaciones y numerosas adhesiones que apelan a las y los legisladores que “han sido elegidos/as para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

La letra de la Carta abierta

En la misiva dirigida a las y los legisladores nacionales se explicitan las intenciones y la necesidad de protección que tiene la vida misma, frente al masivo envenenamiento que viene sufriendo la población del país, que encabeza el ranking mundial en la utilización de agrotóxicos. Esta ley es parte de un paquete de leyes que intenta regular el mercado del veneno para beneficio de las corporaciones que las comercializan y de los grandes productores (dentro de los cuales se encontraría el flamante Ministro de Agricultura) y que atentan contra la supervivencia.

“Es para nosotros y nosotras indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental y sanitario en el territorio nacional, probado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de estado, universidades nacionales y equipos independientes. Ésta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar venenos en el medio ambiente puesto que se detectan cantidades alarmantes de éstos hasta miles de kilómetros de la fuente de emisión. Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante”.

En la Carta Abierta además se expresa que “entre los sectores consultados no se encuentran los habitantes afectados por la agricultura industrial, que depende del uso de estos agrotóxicos, y alertan sobre las consecuencias del modelo tóxico industrial: desempleo, mala alimentación, deterioro de las economías regionales, concentra las tierras y recursos, reprimariza de la economía, genera perdida de la biodiversidad, destruye el ambiente en general y los ecosistemas, acarrea perdida de fertilidad de los suelos y es causa principal de las inundaciones que van en aumento año a año desde la ampliación del modelo agroindustrial. No podemos dejar de mencionar el cambio detectado en morbilidad y mortalidad relevados en las poblaciones afectadas directamente por las pulverizaciones, hasta cuatro veces mayor incidencia en diferentes trastornos y enfermedades a la media nacional”.

Al mismo tiempo que el Parlamento Europeo acaba de apoyar, en los últimos días de octubre de 2017, la prohibición total de los herbicidas a base de glifosato a partir de diciembre de 2022 y rechazó la propuesta de la Comisión Europea de renovar la licencia de uso del controvertido herbicida 10 años más, en Argentina se impulsa una legislación contraria. Al parecer, la vida merece otras consideraciones en otras regiones.

Lo colectivo es necesario

La carta fue compartida por un amplio espectro de organizaciones de distinto tipo y localización. Los testimonios y trabajos que se vienen llevando adelante en los pueblos, a través de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (una de las organizaciones firmantes) lo demostró, al igual que el trabajo pionero del Dr. Andrés Carrasco, que se llevó su vida en medio del esfuerzo denodado para luchar en soledad como un Quijote, contra gobiernos y corporaciones.

Son numerosos los estudios que lo prueban. La publicación científica del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz demostró evidencias de asociación entre el cáncer y la exposición ambiental al glifosato. Esta información científica sobre los daños a la salud del actual modelo de agricultura tóxica mereció que sus autores fueran perseguidos por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculadas al agronegocio. La Red de Comunidades y Municipios que fomentan la Agroecología, Renama, es otra de las tantas iniciativas colectivas que demuestra que la agroecología es sustentable y produce excelentes rendimientos. Esto también demuestra que el paradigma que se busca imponer solo favorece a los negocios de las corporaciones.

Las organizaciones firmantes además manifiestan que “este proyecto de ley busca barrer con las medidas de resguardo que supieron conquistar en distintas provincias y localidades, respecto de las prohibiciones de diferentes principios activos. Este proyecto se basa en datos sesgados, presentados por las mismas cámaras empresariales que sólo buscan aumentar sus ganancias y continuar externalizando costos”.

SENASA y los fitosanitarios

Otro eslabón de esta cadena de complicidades parece recaer en la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El SENASA aparece como el organismo encargado de ejercer el contralor, evaluación y registro del uso de los productos mal llamados fitosanitarios.

Por eso en la Carta Abierta, se afirma: “En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y registro, denunciamos la actuación indolente del SENASA en lo que respecta a los criterios de observación, la dosis letal 50% (DL50), y datos sobre intoxicaciones agudas a muy corto plazo (3 meses), es un mero artilugio retorico. Ante ello exigimos que las evaluaciones sobre riesgo y peligro sean realizadas sobre los principios activos, los diferentes formulados y las potenciales sinergias, tomando en cuenta los efectos agudos y crónicos, evaluando efectos subletales a mediano, largo y muy largo plazo (estudios multigeneracionales)”.

Además se suma otra situación sobre el SENASA como ejecutor de políticas públicas que ordena el Poder Ejecutivo Nacional. El pasado mes de junio el presidente, Mauricio Macri, fue denunciado penalmente por reducir hasta casi eliminar los controles del SENASA a las exportaciones por el legislador Carlos Del Frade, quien expresaba que se está “desprotegiendo la salud y la integridad” y “se está corriendo al Estado del control de todas las exportaciones que hagamos de productos y subproductos vinculados con harinas, aceites y todo lo que tiene que ver con oleaginosas, esto significa que las empresas se van a controlar a sí mismas”. Es decir, pone en manos de las exportadoras el autocontrol. Cabría entonces preguntarse si el SENASA se encargaría de ejercer los controles necesarios para preservar la vida por sobre el interés de las corporaciones.

Mientras el senador ruralista del PRO, Alfredo De Angellis, exponente de la clase política que nos gobierna, es capaz de proponer, sin ruborizarse, que se legisle a favor del trabajo infantil, las corporaciones y los grandes grupos económicos parecen estar conduciendo el país para su beneficio. Tan solo hace pocos días se llevaba a tratamiento legislativo la Ley Monsanto http://www.marcha.org.ar/contra-la-ley-de-semillas-para-que-la-siembra-siga-siendo-vida/ que pone en evidencia que el agronegocio de la mano de las corporaciones avanza para hacer negocios con nuestros recursos, a cualquier costo.

Las iniciativas colectivas por los derechos más elementales parecen constituirse en el módo más efectivo de resistencia y lucha por la vida, contra este modelo de negocios que conduce las políticas públicas de nuestro país. Así nos lo demuestran cotidianamente las y los miles que se movilizan en defensa de los derechos más elementales que pretenden ser vulnerados.

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