La economía argentina ha estallado y corren tiempos políticos donde la toma de decisiones define entre alternativas. Sin embargo la crisis no empezó en estos días. Tampoco sus rasgos principales.

Esta nota se escribe mientras cierra el mercado cambiario en un jueves de corrida cambiaria: los valores de referencia y medidas políticas que se sucedan pueden superar estas líneas en problema de minutos. La economía argentina ha estallado, y corren tiempos políticos, donde la toma de decisiones define entre alternativas. Sin embargo, esto no debe esconder que la crisis no empezó en estos días, ni sus rasgos principales.

Cambiemos inició en diciembre de 2015 un proceso de apertura irrestricta de la economía, quitando regulaciones y controles a los movimientos de capitales en todas sus formas (mercancía, dinero, etc.). Unificación del mercado de cambios, reducción de impuestos, ventanilla única, eliminación tiempos de liquidación de ventas, quita de trabas a la remisión al exterior de utilidades o a la compra de divisas, el arreglo con acreedores espurios son apenas las marcas centrales de esta liberalización. Para una economía dependiente, en un mundo en crisis, esto es exponerse sin reparos a los vaivenes de los mercados globales. O perder soberanía, dicho de manera política.

Esta desregulación estuvo acompañada de un fuerte proceso de endeudamiento externo del Estado. Se argumentaba que era para evitar imprimir billetes, desconociendo que el Estado gasta en pesos. Sí es cierto que la reforma tributaria ejecutada por el gobierno desde su asunción (no solo con la ley aprobada en diciembre de 2017) ha quitado fuentes de recursos (reducción de retenciones, eliminación gradual de impuesto a bienes personales, ganancia presunta, reducción de contribuciones patronales, etc.), que la deuda cubre en el corto plazo. Sin embargo, en corto plazo esta fuente implica erogaciones que han crecido sin pausa. Este crecimiento de los gastos por deuda obliga a intensificar el ajuste de otros gastos.

Pero el centro de la toma de deuda no está en las obligaciones fiscales, sino en solventar las cuentas externas. Con una balanza comercial deficitaria y persistencias motivos de salida, es la deuda pública lo que balancea en el corto plazo las necesidades de divisas. Desde diciembre de 2015 a julio de 2018, salieron 11 mil millones de dólares por déficit comercial (explicado íntegramente por turismo y compras con tarjeta en el exterior), 500 millones por inversión extranjera neta de remisión de utilidades, pero la gran sangría es la fuga de capitales, que superó los 51 mil millones de dólares. El gobierno tomó deuda por 94.500 millones de dólares hasta marzo de este año, para compensar estas salidas. Es decir, la deuda del Estado (que pagamos el pueblo) financia distintas fugas de una minoría.

Debido a que es intrínsecamente insostenible, este negocio debe ofrecer altas ganancias para que los capitales (locales y externos) se animen al juego. Hasta marzo de este año, habían entrado poco más de 12 mil millones de dólares como inversión extranjera para aplicar a bonos de deuda. Las LEBAC eran el centro de gravitación de esta timba conocida en la jerga como carry trade, y su valor total creció hasta la friolera de 1.200.000 millones de pesos. Pero el mismo, en condiciones de apertura, está restringido a los “humores” de las finanzas globales. Con los anuncios de subas de tasas de interés de Estados Unidos y la inestabilidad en otros mercados semejantes (que los operadores financieros ponen juntos como “emergentes”) elevaron el costo a pagar para tentar al capital. Debido al propio endeudamiento del gobierno, y su evidente desgaste tras las reformas previsional y tributaria de diciembre, la sostenibilidad entró en duda. La deuda pasó de estar en torno al 44% del PBI a ubicarse, según las últimas estimaciones, superando el 70%.

En abril, algunos operadores financieros decidieron retirarse, y esto inició los ruidos en el mercado. La fragilidad era tal que cualquier movimiento repercutía con creces. Desde ese mes, salieron más de 4.000 millones de dólares por inversiones, que se retiraron tras obtener ingentes ganancias. El gobierno alegó responsabilidades externas, y hasta el día de hoy, en boca del jefe de gabinete Marcos Peña, negó la crisis. Se empecinó en que el camino era el correcto. Por supuesto, esto se mostró errado, ingresando en una lógica de intensificación.

La reacción del gobierno fue tratar de enmendar lentamente en la misma lógica: elevar la tasa de interés de referencia y vender a cuentagotas en el mercado cambiario. Con ese criterio, se perdieron hasta junio casi 14.000 millones de dólares de reservas del Banco Central., y la tasa de interés de la política monetaria paso de 27% al 40%. Esto convalidó la lógica de los operadores financieros: como la deuda no es sostenible, se promete cada vez más, lo que lo hace cada vez menos cumplible. En junio, haciendo gala de cinismo sin reparos, el gobierno cerró el acuerdo stand by con el FMI, el cual le entregó 15.000 millones para reponer las reservas fugadas. Desde entonces, ya salieron más de 9.000 millones, haciendo insuficiente el segundo tramo del préstamo (que era por 3.000).

Sin alternativas ni herramientas, el gobierno propuso una revisión del acuerdo, para incrementar y acelerar los desembolsos: ese fue el anuncio que hizo el presidente, y que funcionó como declaración de crisis. El día jueves el tipo de cambio alcanzó los $42 por dólar, bajando unos puntos al cierre de la jornada por la venta de 500 millones de dólares por el Banco Central. La tasa de política monetaria se elevó al 60%. Pero la crisis ya está declarada: estamos en una corrida cambiaria, y no hay valor de referencia del dólar. Esto ha hecho que diversas empresas bloqueen la entrega de productos (AGD, Molinos, Arcor, entre otras) debido a la falta de precios de referencia. Así, se intensifica la parálisis de la actividad que habían explicitado todos los indicadores de junio (con caídas del 6 al 8%).

El problema no es un complot político local ni un ataque del exterior: es el programa económico del gobierno, en el cual se ha empecinado sin alternativas. El problema es que la credibilidad del mismo se ha desgastado incluso para sus socios. En este sentido, la crisis económica está en marcha, los tiempos que corren son políticos: el gobierno buscará renovar su gabinete, y necesitará cerrar acuerdos por fuera de su partido para poder prometer al FMI que las reformas y el presupuesto 2019 pasarán el Congreso. La oposición lo sabe, y por eso una parte de ella habla de un gobierno de “unidad nacional”. Los gobernadores, reunidos en el CFI, entendieron que el tiempo de Macri está agotado. En las calles, el gobierno enfrenta fuerte resistencia, hoy mismo con las marchas en defensa de la educación superior. Sin embargo, las centrales sindicales dan aire, y prometen dudosos paros para fines de septiembre.

La dinámica de la crisis se asemeja mucho a 2001. Como entonces, la deuda se ha deteriorado rápidamente en su sostenibilidad (respecto de PBI o exportaciones), teniendo que recurrir a salvatajes y blindajes con organismos internacionales. Esto achica el espacio para programas económicos alternativos, y con ello, las posibilidades de negociación con la oposición. El ajuste prometido debe intensificarse, al punto del shock. A diferencia de entonces, el gobierno aun cuenta con apoyo de los países centrales y sus organismos (recordemos que vienen cotidianamente al país en el marco del G20), mantiene el apoyo mediático y sorteó airoso las últimas elecciones legislativas. Es decir, aun tiene espacio institucional desde donde negociar, y la oposición sabe esto.

Por otro lado, y hasta el momento, los sectores medios no se habían visto afectados por el proceso de empobrecimiento de entonces. Las últimas subas de tarifas y esta última corrida han encarecido el ahorro en dólares y la posibilidad de viajar al exterior. A diferencia de 2001, el gobierno puede devaluar –como lo viene haciendo- para licuar salarios, pero no tiene enfrente un desempleo del 24% que paralice de miedo a asalariados/as. Depende de la rebelión de trabajadores/as que el ajuste encuentre límite.

El resultado de esta corrida no depende solo de variables económicas: se trata de una puja política, en diversas arenas, con un resultado incierto. En ese sentido, y aunque suene irónico en este contexto, la moneda aun está girando en el aire.

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Al mismo tiempo que la ministerial de la OMC, sesionaba en nuestro país, el pasado lunes 11 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) se iniciaba la Cumbre de los Pueblos, un dialogo sobre la soberanía popular, bien lejos de los negocios.

Desde diferentes lugares de la región y el mundo llegaron delegados de distintas organizaciones interesados en debatir acerca de la agenda de los pueblos. Diagnósticos y propuestas de solidaridad y articulación entre movimientos y organizaciones parecen ser la alternativa a un modelo extractivista y depredador de la vida. Finalmente la ministerial de la OMC culminó sin los acuerdos esperados por el presidente Macri, que reprimió las protestas con una violencia como no venía sucediendo desde 2001-2002.

Apuntes de la jornada

El primer día de encuentro (11/12) en Sociales, una importante concurrencia participó del foro de “Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética”. Una sucesión de paneles en donde se expusieron preguntas, respuestas y los modos de organizarse de los pueblos, que enriquecieron con sus propuestas y saberes y abrieron al dialogo de las y los asistentes.

Asistieron representantes de trabajadores del petróleo de la patagonia, trabajadores de la tierra y delegados de Fuera Monsanto de Paraguay, representantes de Colombia, delegados del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Chile, representantes de las asambleas contra el extractivismo minero, delegados de pueblos originarios de la comunidad diaguita amaichense, del pueblo mapuche, también participaron delegaciones de trabajadores de la tierra de Brasil, académicos de la región, delegadas de República Dominicana, Venezuela, Mexico entre otros pueblos hermanos que asistieron a un necesario debate para enfrentar las políticas que van explícitamente contra los pueblos, para mostrarnos sus modos de organización, sus sentires y como piensan y hacen su realidad cotidiana.

Con gran claridad un trabajador de la tierra paraguayo presentó al sujeto que más padece este sistema extractivo: el campesino. Explicó que el sector más combativo es el campesinado, en un país con una producción primarizada, donde “nuestro principal eje de lucha es la tierra y la agricultura”, al tiempo que afirmó “nuestro sector campesino es el que está siendo despojado de su tierra y entonces pasa a las ciudades, donde se convierte en trabajadoras y trabajadores informales, consumidores y vendedores de droga de distintas clases e incluso la prostitución”.

La región

La socióloga Maristella Svampa, fue enfática al afirmar: “América Latina aún es la región más desigual y la región donde más activistas ambientales son asesinados. Ni los neoliberales ni los progresismos han construido modelos alternativos al extractivismo y al contrario, lo han consolidado”.

Delegados de Colombia expusieron la situación del extractivismo en ese territorio: Colombia que ha sido la vitrina de la paz, donde le dieron el premio Nobel a su presidente, hoy viene siendo sistemáticamente incumplido el acuerdo, modificado por el Congreso unilateralmente y ya son 50 líderes sociales asesinados por defender sus tierras, afirmaron. Además se presentó la particular situación que está surgiendo a partir del pos acuerdo (y no pos conflicto) en Colombia, donde los intereses en definir las políticas para liberar los territorios de la guerrilla permite las inversiones de las corporaciones donde “se aceleran los procesos extractivistas sobre esos territorios, con las facilidades que otorga el gobierno”.

En representación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Chile, Luciano Cuenca, puso de relieve como la articulación de las luchas obtiene resultados, que tienen escasa o ninguna difusión. Allí los movimientos populares han logrado echar abajo grandes inversiones mineras, energéticas. Aquellos movimientos han logrado incidir en las agendas más generales, tal el caso de la crisis del agua que luego toma la presidenta Bachelet. “El capital ve al territorio como una plataforma para continuar avanzando y multiplicándose. Los mecanismos para defender los territorios, que usa el capital, son las lógicas que permiten multiplicar el capital. Las empresas trasnacionales son las que se manejan con gran impunidad y para ellas la crisis se vuelve una oportunidad de negocios”, afirmó Karin Nansen de Uruguay.

En cuanto a la situación climática también aparece la desigual distribución. En el panel de Justicia Climática se explicó como los países contaminan el ambiente de manera diferenciada, y eso varía en función de los niveles de desarrollo. Los países que más contaminan son aquellos que más preparados están para enfrentar la contaminación, y además usufructúan bienes de consumo que se producen a bajo costo en países empobrecidos con un bajo costo laboral. Los países más alcanzados por el impacto de las catástrofes asociadas al cambio climático global son los países más empobrecidos: “El golpe cae sobre los que tienen menos responsabilidad”, eplicaron.

El efecto invernadero no deja de crecer mientras EE.UU. tiene una actitud negacionista respecto a la crisis climática. “Se ha neoliberalizado la cuestión ambiental” expresó José Seoane, que puso el acento en explicar cómo las corporaciones han tomado el término economía verde para darle un tratamiento neoliberal a la cuestión ambiental. Se trata de volver eficiente el medio ambiente haciendo negocios y, entonces, a la crisis ambiental habría que responder con enfoques de mercado: economía verde. En ese sentido el medio ambiente no es sinónimo de ambiente humano. La naturaleza se transforma en activos ambientales y esta estrategia, explicó, implica una transformación cultural. La ofensiva extractivista se ha cobrado en corto tiempo dos vidas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Agenda de los pueblos

Llegada desde Andalgalá, la delegada de la Asamblea El Algarrobo, explicó que los pueblos originarios, por su contacto cercano con la naturaleza, son los primeros que detectan la amenaza inminente y son los que empiezan a tomar las acciones. En Andalgalá, además del trabajo de la abogada, son los mismos vecinos los que van semana tras semana a presentar papeles, a pedir informes, son los que no se quedan quietos, no se conforman, se han vuelto preguntones para enfrentar a los gobiernos que les quieren decir “ustedes tienen que vivir de esta manera”. También se trata de ser felices y vivir como queremos, no como nos quieren decir que tenemos que vivir. Del caos también sacamos mucha virtud: reírnos y alegrarnos y festejar cosas y contenernos entre nosotros, porque estamos huérfanos de instituciones, porque el poder quiere más poder, y nosotros queremos agua, queremos vida.

Hubo consenso frente a las palabras del académico boliviano Pablo Solón que expresó: “esta lógica de organizar el planeta y organizar la renta no la queremos, ni la necesitamos, no es para nosotros”. La palabra capitalismo, esta locura del suicidio de la cultura humana es parte de la lógica de acumulación, es un camino que hay que frenar como sea. Es necesaria la solidaridad. Retomar el paradigma del “vivir bien” que se basa en la complementariedad con otras visiones, nos va a permitir evitar la destrucción del planeta, como una premisa básica parece ser una consigna compartida.

Los pueblos diaguitas de la localidad de Amaicha también mostraron la potencialidad que implica el control y uso comunitario de la tierra. En sus tierras en autonomía viven 70 mil personas que manejan su economía entre el empleo público, la autosubsistencia (agrícola ganadera) y la producción de artesanías, mientras enfrentan el impacto del extractivismo que intenta convencerlos de entrar al paradigma de la minería que ofrece empleo y un futuro de asenso social.

“Una especie está en extinción, el ser humano”, decía Fidel Castro. No hay más ayuda que la conciencia y la unión, poniendo en foco la defensa de la vida. Esta lógica para organizar el planeta, ni la queremos ni la necesitamos, es asunto ajeno.

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La declaración dada a conocer el pasado 13 de setiembre entre la cancillería argentina y el encargado de Commonwealth es una vuelta de tuerca más y actualiza el camino iniciado en 1989/ 90 con los acuerdos de Madrid 1 y 2 firmados por Carlos Menem.

En relación con el radical cambio que la política argentina realizó en aquella década, la diplomacia y específicamente la cuestión Malvinas comenzó el camino que hoy el gobierno del PRO esta profundizando. En el 89/90 se acordaron una serie de puntos cuya similitud con los actuales no debería sorprendernos. Haciendo un poco de historia los resumiremos en tres, por ser los más importantes y que engloban al resto.

-Paraguas de la soberanía: Que Argentina y Gran Bretaña normalizarían relaciones y avanzarían en acuerdos, económicos, diplomáticos, culturales, etc., sin que el tema de la soberanía sobre la región fuera tomado en cuenta, ni mencionado, ni afectado, directa o indirectamente.

-Acuerdos económicos: Punto central, que hace a la viabilidad de la ocupación británica, se avanzaría en acuerdos que facilitaran la explotación pesquera en la región (ese es el rubro que explotó a partir de la época menemista y que permitió la gran riqueza que generan las Islas) y el apoyo a la exploración petrolera.

-Acuerdos militares: Las fuerzas armadas argentinas debían informar a Gran Bretaña con diversa antelación de acuerdo al caso, de cualquier tipo de movimiento en una zona que abarcaba el conjunto del Atlántico Sur occidental. Básicamente colocaba a las Fuerzas Armadas nacionales en situación de tutelaje, ya que especificaba número de aviones, y efectivos tiempos y demás que las autoridades militares de las islas debían conocer.

El acuerdo de 1989/90 es la rendición real de Argentina, profundizaba mucho las consecuencias de la derrota militar y se asemeja a los tratados que en la época del imperialismo clásico las potencias imponían a los países que buscaban subordinar. Nunca fue ratificado por el Congreso. Aunque sí fueron aplicadas dos política que emanan de ese tratado. Por un lado, el Tratado bilateral de inversiones, que esta específicamente mencionado en los acuerdos de Madrid y que da garantías extraordinarias a las inversiones británicas en Argentina, y sí fue ratificado por el Congreso. Por el otro, el desmantelamiento del conjunto de los instrumentos militares que en su carácter pudieran implicar alguna amenaza hacia potencias externas. Es de destacar que Inglaterra ha realizado sus movimientos militares en las islas sin consultar en ningún momento a las Fuerzas Armadas argentinas, mientras que Argentina ha respetado escrupulosamente el texto, acentuando la subordinación. También los movimientos a informar se extienden a lo civil, científico y económico.

¿Cuál es la doctrina ideológica que regía la diplomacia de los “winnie poo” ahora en restauración?

Es la idea de que un país periférico, débil y dependiente no debe realizar acciones, declaraciones o políticas que aparezcan como disruptivas hacia las potencias dominantes, ya que a la larga estas políticas resultarían perjudiciales. Teoriza esta corriente que, en un balance de costos y beneficios, lo que debe hacer un país débil es “seducir” a las potencias, acoplarse a ellas, realizar hechos y gestos de amistad e intercambio. Así esta “sociedad”, desigual pero la única posible, traería beneficios que redundarían en mayor bienestar. Es la contratara en relaciones internacionales de la globalización, la dependencia, y la teoría del derrame en lo interno: apoyemos el crecimiento de los ricos, sumémonos a ellos, seamos buenos y condescendientes con los poderosos, que en su enriquecimiento los beneficios llegaran a pobres periféricos como nosotros.

La década kirchnerista

Bajo los gobiernos kirchneristas el discurso cambió, al igual que la doctrina que guió las Relaciones Exteriores. El discurso en los diversos foros y la presión diplomática se tronó mas activa, en consonancia con el relato nac&pop y la ubicación geopolítica en Latinoamérica. Se probaron una serie de medidas, como La ley Gaucho Rivero (que fue aprobada a nivel provincial pero no a nivel nacional) que impide que buques con dirección a Malvinas anclen en puertos argentinos. Se pusieron algunas trabas a la vinculación libre entre las islas y los países sudamericanos (aunque siguen habiendo vuelos desde Punta Arenas y barcos desde Uruguay). Se aprobó el “Régimen Federal Pesquero” del 2012 que perjudica a las empresas que pesquen en el sur sin permiso de pesca argentino. Se declararon áreas protegidas. Se trabajó (con éxito en este caso) para que la ONU reconociera derechos sobre una nueva y extenso sector del mar (350 millas) aledaño a las islas del sur y Antártida. Y la justicia sancionó a empresas petroleras que operan en Argentina y que se sumaron al grupo que busca petróleo con base en las Islas.

Aunque ninguna de estas medidas impidió la expansión económica del enclave colonial, ni colocó en problemas el dominio británico; sí mantuvo la presión diplomática y una cierta tensión económica. Tampoco alcanzó a revertir el saqueo sobre los mares del sur, ni instaló una flota pesquera propia en la región como actor económico nacional. En realidad los recursos marítimos, lo mismo que los mineros y otros quedaron articulados al mercado transnacional y su dinámica. El gobierno parecía buscar la negociación con Inglaterra para facilitar la explotación de los recursos de la zona a cambio de sentar a los ingleses en una mesa de negociación que incluyera soberanía. Tampoco produjo una distensión militar, más bien, por el contrario la base británica es una fuerte amenaza en la región, ya que es una política de estado británica sostener su principal enclave colonial con mayor proyección geopolítica. Pero es indudable que la política kirchnerista de no colaborar con los británicos, es un costo adicional para la explotación de los recursos del sur (crean un clima adverso a la inversión), no tanto para los kelpers pero si para los ingleses. Y que reinstaló el tema en la agenda nacional.

Cambiemos

El nuevo gobierno de gerentes carece de toda identidad nacional, esto hace que la asunción de la tesis diplomática que planteamos más arriba sea reinstalada con entusiasmo. La declaración conjunta anunciada por la canciller Malcorra junto al ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan, es un “vuelta a la normalidad” (menemista) en la cuestión Malvinas. Es una declaración, aún no es un acuerdo formal, pero anuncia el camino de corto plazo y de hecho su simple anuncio llevó a que las acciones de las empresas británicas interesadas en explotar recursos de la región subieran.

Estas son las concesiones que busca realizar nuestro gobierno:

-Vuelve plenamente al “paraguas de la soberanía”, o sea que todas las políticas y acuerdos puedan realizarse sin incluir ese tema.

-Promete apoyar la comunicación directa de las islas con el resto del continente aumentando así su sustentabilidad y viabilidad como entidad separada de Argentina.

-Promete facilitar y colaborar con la explotación de los recursos de las islas, mejorando las perspectivas de los inversionistas, ya que la colaboración del continente es muy importante en el caso de que haya gas y/o petróleo al menos para toda la etapa inicial.

-Impulsa eliminar todas las trabas legales, de transito, económicas y diplomáticas a las empresas que operen directamente con Inglaterra o con los kelpers, creadas durante la década kirchnerista.

-Sorprendentemente menciona por primera vez a la Antártida, región de muy antigua, numerosa e importante presencia argentina, pero sobre la cual Inglaterra también tiene aspiraciones. En ese ítem la declaración anuncia que se trabajara en común con los ingleses.

Como vemos, la declaración es la reubicación de la diplomacia “nacional” en la orbita de los intereses británicos, profundiza lo hecho por el menemismo, haciendo cada vez mas profunda la derrota del 82. Busca modernizar algunos puntos con las nuevas perspectivas hidrocarburíferas (potenciales aún) y geopolíticas, no incluye el tema militar ya que las Fuerzas Armadas argentinas no existen como amenaza ni siquiera teórica, pero si destaca cuestiones diplomática y jurídicas que molestaban a la potencia colonial ocupante. También desarrolla un ítem en línea de reafirmar el tratado bilateral de inversiones heredado del menemismo. El acuerdo se propone en un momento difícil para Inglaterra, con su salida de la UE y con el agotamiento del petróleo en el mar del norte, situación que por el contrario debería haber favorecido una presión más agresiva de nuestro país.

La política que se reimpulsa, los convenios y propuestas de acuerdo que se desprenden de ella, se asemejan a los tratados que durante el siglo XIX las potencias coloniales imponían a los estados que se sometían a vasallaje con status de semicolonias. Hablar de “infame traición a la patria” no suena exagerado, sin embargo el tema Malvinas y las políticas que describimos se encuadran en una línea que abarca a personajes más numerosos que los de la actual gestión, como vimos, y que se extiende a cuestiones mas amplias que Malvinas.

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