La pandemia del COVID-19, que, si bien atenuada, aún persiste, agravó un cuadro de problemas muy complejo en América Latina. A la pobreza estructural que aqueja a la región hace décadas se sumó la avanzada de una serie de gobiernos neoliberales que pugnaron por profundizar la matriz desigual del capitalismo. Los partidos más progresistas, y con un cáliz redistribucionista de la riqueza un poco menos injusto, retrocedieron enormemente ante los poderes políticos y económicos concentrados que, en tándem con funcionarios judiciales afines de cada país, persiguieron a los principales dirigentes del progresismo con el objetivo de ponerle punto final a esa etapa histórica.

Si bien no pudieron llevar a cabo del todo su misión, el deterioro experimentado en los últimos años es notable. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cantidad de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 81 a 86 millones, un incremento entre 2020 y 2021 de un 0,7%, lo que equivale a un retroceso de 27 años en materia de igualdad. Es claro que la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que provocó tuvo mucho que ver, pero que en tan solo dos años se retrocedan el equivalente a tres décadas da muestra del grave cuadro socioeconómico que ya presentaba la región, con problemas que anteceden por mucho a la nueva avanzada neoliberal y la situación sanitaria extraordinaria.

La crisis preexistente, que agravó la pandemia, impactó con mayor crudeza en los sectores de bajos recursos. Según proyecciones de las Naciones Unidas, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre en 2020, 161 millones más que el año anterior. El parate económico y la insuficiente respuesta estatal generaron más daño en aquellas personas que no pudieron trabajar desde sus casas y vieron desaparecer sus ingresos, ya de por sí insuficientes. Pero dentro de este amplio universo, las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes fueron particularmente afectadas. Y, paradójicamente (o no tanto), quienes menos cobertura mediática tuvieron.

Tierra para las que trabajan

Esas identidades fueron el foco de análisis de la investigación conjunta de la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de comunicación feminista LatFem. El resultado fue el trabajo “Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan”, un detallado informe que analiza, con perspectiva de género, la contradicción de que el campesinado, que produce la mitad de los alimentos del mundo, tiene escaso acceso a los derechos de propiedad sobre la tierra. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) del año pasado, el 1% de las granjas más grandes del mundo tienen el 70% de la titularidad de la tierra a nivel global. Y en el caso de las mujeres rurales, como explica el documento, el problema es aún peor: aunque el 70% de ellas tienen acceso a tierra para producir, solo el 30% tiene el terreno a su nombre.

Ellas alimentan al mundo profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra en cinco países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. En diálogo con Acción por la Biodiversidad, María Paz Tibiletti, periodista de LatFem y autora junto con Azul Cordo y Damaris Ruiz del informe, explicó los ejes que guiaron la investigación: “Desde LatFem teníamos la certeza de que son las campesinas, indígenas y afrodescendientes quienes alimentan al mundo, pero poco sabíamos sobre sus trayectorias de vida, sus proyectos y redes comunitarias, sobre cómo producen y acceden a la tierra, cómo se organizan ante las violencias machistas y para defender sus territorios. Queríamos escuchar sus voces y conocer sus historias, sus proyectos y propuestas para el Buen Vivir, y por eso entrevistamos a mujeres campesinas y defensoras de la tierra de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, para tener sus relatos en primera persona”.

Las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes no solo son la fuerza mayoritaria de producción de alimentos, sino que juegan roles fundamentales al interior de sus pueblos y comunidades, como guardianas de las semillas nativas y criollas o como protectoras de la riqueza biológica del continente. Por eso, si bien la investigación se centra en la falta de titularidad de las tierras y las consecuencias que eso conlleva (como la imposibilidad de acceder a créditos financieros por no contar con garantía, por ejemplo), también echa luz sobre las resistencias que se tejen día a día. “Como activistas y periodistas feministas estamos convencidas de que es importante denunciar todo lo que precariza las vidas de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans en América Latina y el Caribe, pero también es necesario contar todo lo que hacen por estar vivas y construir un presente y un futuro con vidas dignas, con justicia de género, social y ambiental”, explicó Tibiletti.

A las dificultades para ser propietarias se suman las deficiencias en relación al tamaño y el estado de la tierra, ya que la mayor parte de ellas producen en parcelas pequeñas (menos de dos hectáreas) y de mala calidad. “Esto no solo hace que estén expuestas a situaciones de precariedad laboral sino que también se traduce en otras vulneraciones en sus derechos sociales, culturales, y, especialmente, en los derechos a la alimentación y a la autonomía económica”, desarrolló la periodista, y diferenció que “la situación no es la misma en cada país, cada uno tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, Honduras se destaca por ser el país con mayor porcentaje de titularidad colectiva o comunitaria, y esto tiene que ver con una larga tradición de organizaciones campesinas e indígenas en el país, mientras que en el resto la mayoría de las mujeres accede a la tierra a través de la herencia”.

A falta de Estado, soluciones comunitarias

Una de las conclusiones más graves de la investigación es que, si bien el 57% de las mujeres consultadas declara haber tenido dificultades para acceder a alimentos durante la pandemia, sólo el 7% de ellas acudió a las autoridades locales o nacionales y, en su mayoría, resolvieron el problema por sus propios medios o con el apoyo de su comunidad. Esto demuestra la poca confianza que se tiene en las instituciones estatales para poder dar respuestas rápidas y efectivas ante problemáticas acuciantes, como lo es la falta de alimentos. Pero también ilustra la importancia de las soluciones colectivas. Según Tibiletti, “eso da cuenta del rol fundamental que tienen las redes de cuidado y solidaridad que se crean en y entre las comunidades para garantizar sus derechos. La investigación pone en evidencia la falta de políticas públicas específicas para las mujeres rurales y campesinas y que la gran mayoría no sienten que sus demandas y sus voces sean tenidas en cuenta en la elaboración de propuestas para el sector rural, así como tampoco en el desarrollo de proyectos sobre los territorios de sus comunidades”.

El trabajo de LatFem y We Effect no solo se queda en el análisis, sino que brinda una serie de propuestas para poder revertir esta situación de desigualdad estructural, como “implementar medidas tendientes a fortalecer y facilitar la incidencia de las comunidades en el diseño e implementación de leyes y políticas públicas” o “impulsar proyectos de ley que faciliten el acceso y uso de los bienes comunes de las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente para las mujeres”, entre varias otras iniciativas.

Un trabajo articulado entre las organizaciones campesinas, las comunidades rurales, las instituciones públicas, los organismos internacionales y los medios de comunicación es el camino para que, como asevera la investigación, “las mujeres campesinas, rurales, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes tengan acceso y control de la tierra, una condición fundamental para su empoderamiento económico, su autonomía y su derecho a una alimentación justa”.

Podés descargar el informe completo (PDF), haciendo clic en el siguiente enlace:

Ellas alimentan al mundo

*Publicada originalmente en Acción por la Biodiversidad

Source

Por Vivian Palmbaum

Cada 26 de julio es el inicio de la siembra y “la época de la multiplicación de la vida”. La semana llega hasta el día de la Pachamama, el primero de agosto, en que se rinde homenaje a nuestra Madre Tierra. Una tradición muy arraigada en los pueblos indígenas que le rinden un necesario reconocimiento a la tierra, porque entienden que sin ella no hay vida. Así fue que surgió la iniciativa desde el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) para llevar adelante la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, de gran importancia para los pueblos indígenas.

Marcha dialogó con Gerardo Segovia, del Movimiento de Semillas Campesinas de Misiones, que nuclea a diversas organizaciones del campo y la ciudad cuyo objetivo es la defensa de las semillas nativas y criollas, de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Gerardo Segovia contó que “éste es el vigésimo tercer año que se realiza la caminata, es un momento muy especial del ciclo de la naturaleza. Frente a la propuesta quedate en casa, aíslate, confínate, nosotros desde Misiones, todo el colectivo, propusimos hacer lo que siempre hacen las semillas: viajar”. Además, contó que “este año una propuesta novedosa fue el viaje, la canasta viajera con semillas de todos los guardianes y guardianas de la provincia de Misiones. La propuesta fue unir Iguazú-Posadas por la Ruta 12, pasando por cada una de las localidades. También otra propuesta fue salir desde El Soberbio el día 25 hasta llegar a Iguazú el primero de agosto, todo por la Ruta 14, siguiendo los departamentos de Guraní, San Pedro, Gral. Manuel Belgrano”.

Hacia un cambio de paradigma

El domingo en Iguazú se realizó el ritual de inicio: “esto fue realmente muy emocionante,” — contó Segovia— “ver que aun con el aislamiento se realizó el ritual del intercambio de semillas de mano de guardianas y guardianes”. Explicó que “compartimos la semilla de un guardián que trae la historia de 12 mil años de relaciones, de adaptaciones al clima, de sabiduría, de vínculos con el cosmos. Lo que se comparte es una lógica diferente, tanto educativa como económica y política, por eso nos parece muy importante reflexionar sobre este momento. Nosotros decimos que esta semana es la más anticapitalista que hay porque los agricultores proponen otra lógica, otro paradigma donde están la semilla y la vida como centro y no la mercancía”.

Gerardo explicó que “desde el 26 de julio, día de las semillas, hasta el 1 de agosto, día de la Pachamama, las semillas se intercambian entre las manos campesinas para realizar ese diálogo entre las semillas y la tierra para poder sembrar. El intercambio de semillas es la fiesta más importante de los campesinos y agricultoras”.

Desde el 2015 se viene trabajando en todo el continente la semana continental de las semillas nativas y criollas. Segovia relató que “en la provincia de Misiones organizamos ‘Semillas viajeras polinizando soberanía’ con el Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones y el Foro Agrario Misionero, entre muchas otras organizaciones”.

Desde el colectivo impulsan que se declare la semana municipal y provincial de las semillas criollas y nativas y que los legisladores nacionales y provinciales puedan lograr que se declare también a nivel nacional. “La centralidad de la soberanía alimentaria está en la disputa por la semilla. Nosotros creemos que tiene que quedar en manos de campesinos y campesinas, huerteros urbanos, los que tienen la semilla en las terrazas, en los patios, la autoproducción de semillas y no que la semilla sea controlada, patentada y comercializada como una mercancía por las transnacionales, las corporaciones, los Monsanto, los Bayer y los Singenta. Semillas libres para pueblos libres”.

MAELA – Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe

En ocasión de la Semana Continental de las Semillas, el MAELA publicó una Declaración que pone énfasis en el modelo productivo. “En esta Semana Continental de las Semillas, desde el MAELA queremos advertir sobre los procesos que ya comentamos: el acaparamiento de bienes naturales por parte de grandes empresas, la expansión de cultivos transgénicos, las leyes de semillas que restringen el uso propio y ponen en peligro la conservación de las semillas nativas y criollas. Asimismo, vemos con preocupación la desvalorización por parte de algunos gobiernos y sectores de la sociedad, del rol de las familias rurales como proveedoras de alimentos de calidad a los pueblos y ciudades”.

Destacan que desde hace tiempo, “junto a varias organizaciones veníamos denunciando que la aplicación de sistemas agroalimentarios industriales que acaparan tierra, arrasan los montes, contaminan el ambiente y destruyen la biodiversidad, vienen creando las condiciones para que nuevos virus y enfermedades emerjan y se propaguen. Estos sistemas extractivos han provocado cambios drásticos que impactaron, impactan y lo seguirán haciendo en el futuro, sobre los territorios, si no revertimos nuestra forma de ser, habitar y cuidar la ‘casa común’, la madre tierra”.

Entre otras cosas, insisten en que “desde nuestras comunidades y organizaciones trabajemos juntos en nuestros territorios para la construcción de políticas públicas para que nuestras semillas nativas y criollas sigan alimentando la vida en libertad y soberanía”.

Source

Por Huerquen* / Foto: Alvaro Ybarra Zavala / Getty Images

Hoy que la pandemia nos hizo familiar hablar de curvas y picos, hacer el mismo ejercicio con el modelo agrícola es esclarecedor de su inviabilidad: en estos más de 20 años el aumento de la superficie sembrada y de los rindes por hectárea, no se corresponden con el aumento de la cantidad de kilos/litros de agrotóxicos aplicados y liberados al ambiente. Mientras las dos primeras crecen aritméticamente, la última crece exponencialmente. En 1996 se usaban 3 litros de glifosato (al 48%) por hectárea, y hoy se están usando casi 14 (encima del 60% de promedio) dice Eduardo Cerdá de RENAMA, y con mezclas de químicos sobre las que no sabemos su dinámica en el ambiente y menos su impacto biológico.

Ya sabemos lo que pasa cuando las curvas se disparan: en los Pueblos Fumigados de la pampa húmeda y del norte argentino han cambiado las formas de enfermar y morir. Además de una lista larga de enfermedades que tocan demasiadas puertas en cada localidad, como el cáncer, los problemas de tiroides, dolencias respiratorias, digestivas y epidérmicas o nacimientos con malformaciones; abordar la complejidad del modelo nos lleva a reconocer todo lo que han cambiado la forma y el rostro de nuestros territorios.

Benito Juárez, al centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es uno de los tantos partidos donde el agronegocio hizo pie hace tiempo y tenía una ordenanza cuya única restricción a los venenos del agro eran el asfalto y el timbre de la escuela; pero que el jueves 25 de junio votó su nueva ordenanza “buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos”. Como en todos y cada uno: una historia aparte, y una parte del todo.

Juárez

Rodolfo Tula, además de vecino de “Juárez” es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA: “este modelo basado en la dependencia de insumos externos y fuerte demanda de capital que hoy es hegemónico, impactó en Juárez con cambios muy profundos durante las últimas décadas. Acá por ejemplo desde 1960 tenemos casi la misma población en todo el partido, 20.300 habitantes, pero cambió donde están ubicados: si en 1960 había 6.000 personas en la ciudad cabecera, en el 2010 estamos en 14.000. Disminuyó la gente que vivía en zonas rurales. Cambió la relación entre lo rural y lo urbano, en lo comercial, y lo social en el sector rural. También cambió el número de explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, desde el 2002 la provincia de Buenos Aires pierde casi el 30% de los establecimientos. Este es un modelo que expulsa a la gente del campo y que además hace desaparecer las explotaciones más chicas, porque es muy demandante de escala y de capital.”

Mauro Jáuregui, que forma parte de la Asamblea de Autoconvocadxs por la Salud Ambiental (AASA) que viene denunciando los impactos de las fumigaciones, concuerda: “Acá había puestos por todos lados con familias enteras. Desde los 90 eso empieza a cambiar y comienzan a desaparecer escuelas por falta de alumnos, por falta de puestos. Eso produce un desarraigo enorme. El pueblo no puede absorber a toda esa gente por falta de trabajo y mucha gente se va a otras ciudades más grandes como Tandil”.

Rodolfo continúa: “Los agroquímicos también impactan fuertemente en la pérdida de biodiversidad y en la salud; además generan daños y conflictos entre particulares. De todo esto surge la necesidad de ordenar el territorio y legislar sobre la aplicación de estos productos”.

Discusión territorial y ordenanza

En 2014 la Municipalidad decide trabajar un plan de ordenamiento territorial, y para su confección se realizan talleres en todas las localidades del partido, con participación del INTA y distintos actores comunitarios, abordándolo en su complejidad. “Talleres abiertos y participativos donde tomábamos inquietudes y demandas de los vecinos sobre su territorio. Un plan que entiende que la respuesta es socio-técnica, con las personas y lo intereses colectivos adentro, y con un componente ético indivisible de cualquier análisis. A su vez talleres sectoriales con productores, con jóvenes, con la junta de comisiones vecinales; y todo eso sumado al trabajo en gabinete con datos topográficos, de la escorrentía de aguas, de las relaciones comerciales con partidos vecinos, etc. Se genera un diagnóstico que se presenta en un taller con todos los actores de la comunidad, y se presentan los temas que surgieron más fuertemente. Uno de ellos es la necesidad de restringir la aplicación de agroquímicos, que queda fuertemente instalado y con la urgencia de trabajarlo”.

Para Rodolfo el debate multisectorial permitió consensos, que sin negar matices y diferencias, fue la base de un proyecto de ordenanza que, en agosto de 2018, todos los bloques del concejo deliberante local se comprometían a votar. 48hs antes del tratamiento, el bloque de Cambiemos que tenía la mayoría rompe el acuerdo, y presenta un proyecto propio que permitía fumigar a 30 metros de la zona urbana, y lo vota. De los 7 miembros de su bloque 6 son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos, y uno además es aplicador.

Esa ordenanza es vetada por el intendente y proyecto original vuelve a primer plano. Este proyecto se votó el pasado 25 de junio y se aprobó por unanimidad.

De la lectura de la ordenanza y anexos anotamos: Se establecen «Zonas Verdes”, de exclusión de fumigaciones, en el polígono que rodea a cada centro urbano (Benito Juárez, Villa Cacique, Barker, Estación López, Tedín Uriburu, Bunge y El Luchador) desde 400 a 800 metros, y 2 km para aplicaciones aéreas. “Zonas buffer” de 500 metros de los pozos de dotación de agua, y 50 metros a cada lado de los límites de cursos y espejos. 500 metros de exclusión para escuelas rurales, viviendas habitadas y “unidades de producción no convencionales”. Se delimitan con detalle condiciones climáticas de fumigaciones y se establece la plantación de “Vegetación Testigo” que “podrá dar cuenta del daño por agroquímicos”. Prohibición de fumigar banquinas consideradas como espacio de resguardo ambiental. Un observatorio y seguimiento satelital.

Balances

“Creo que es la única ordenanza que se hace en el partido con participación de un montón de actores” dice Mauro y continúa: “Creo que eso la hace destacada, que ha sido amasada, leudada, cocinada en una mesa muy grande. Y me parece muy importante que se hizo bien horizontal.”

Para Rodolfo “lo más destacado de la ordenanza es que se habla del modelo, y no sólo de la toxicidad de los productos sobre la salud y el ambiente, que por supuesto era una cuestión central; pero todas las intervenciones que se hicieron en el recinto fueron en el sentido de hablar de qué generó y qué genera un modelo que expulsa a la gente del campo, que brinda menos mano de obra, que necesita capital para sostenerse, que disminuye la biodiversidad, que no genera alimentos a nivel local. Todo esto se puso en relieve. Logramos que se aborde la complejidad y no es fácil evadir estas discusiones donde se plantean visiones reduccionistas sobre limitar las derivas, sobre las llamadas buenas prácticas y que en general llevan a un cuello de botella donde todo queda supeditado a una o dos variables.”

“Lo otro a destacar es el logro que mediante el plan de ordenamiento territorial podamos decidir soberanamente cómo queremos vivir los vecinos del partido. Se planteaba esperar a que venga la ley provincial y nosotros dijimos que no, que tenemos el derecho de decidir colectivamente como queremos vivir, relacionarnos, qué queremos fomentar y qué no; como por ejemplo que los lugares de restricción son para promover otro modelo productivo como es la agroecología. Es un gran avance” concluye.

Juárez, pandemia y después

Lo de Juárez es particular y también general; un proceso concretísimo a su vez conectado con lo que sucede en muchos otros pueblos de la pampa húmeda. Ahí donde grupos de vecinos y organizaciones sociales enfrentan (de distintas maneras) el lobby del agronegocio que encarnan organizaciones como CASAFE, Aapresid, CREA, la Sociedad Rural u otras, impulsando ordenanzas que obligan a las y los vecinos convivir con los agrotóxicos; desplegando un discurso fuertemente negacionista de su impacto negativo en lo sanitario, lo ambiental y (también en) lo económico; y además con aceitadas conexiones con determinadas representaciones políticas.

También es elocuente de la importancia del rol del Estado cuando se decide a ponerle límite a este poder económico; y también de los límites del consenso como quienes fantasean con poder “poner en suspenso” la lógica del capital.

A su vez “abordar la complejidad” como plantean en Juárez es algo distinto a los discursos maximalistas que contraponen el debate de “metros de exclusión” con “discutir el modelo”. Discutir el modelo, más que una declamación, implica justamente abordar esa complejidad en lo concreto de sus particularidades para avanzar (y que no avancen). Esos metros ganados son importantes para la vida de los y las vecinas de Juárez y para la construcción ahí de experiencias agroecológicas, y esto sigue.

Para Mauro “La ordenanza sale ahora en medio de semejante crisis; lo que queda es lo propositivo, es la producción agroecológica, es hacer de estos pequeños pueblos unidades productivas; que puedan asociarse, que puedan dar alimentos sin veneno”.

Para Rodolfo “Esta coyuntura, que es tremenda en un montón de aspectos, nos brinda una oportunidad de reflexionar; antes en los periurbanos había muchos productores familiares, diversificados, chacras mixtas que proveían al pueblo de alimentos sanos y frescos; y es innegable que ese es un modelo más soberano alimentariamente, muchísimo menos dependiente, esto nadie lo duda y es una conclusión muy grande. Están apareciendo herramientas, desde el Estado nacional y provincial, que incluyen todo esto, y están las organizaciones sociales gracias a las que el tema está instalado”.

*Publicada originalmente en Huerquen

Source

Por Silvia Ribeiro (*) | Foto: Camila Parodi

El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países.

O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.

Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de unificación de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( ver aquí).

Paradójicamente, se presentan como iniciativas públicas, por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.

Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.

La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0, es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas.

Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre ( ver aquí).:

(*) Publicado originalmente en La Jornada

Source

Por Ignacio Marchini y Camila Parodi

El pasado martes 7 de mayo se inauguró en el microestadio del Club Atlético Ferrocarril Oeste de la Ciudad de Buenos Aires el 1º Foro Nacional Agrario. Una iniciativa superadora que se propone la unidad en acción entre las distintas organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, universitarias y de la agricultura familiar de la Argentina. Con el objetivo de construir un Programa Agrario Soberano y Popular, más de 3000 delegados y delegadas que representaban a 80 organizaciones debatieron durante dos días en torno a la problemática del acceso a la tierra y elaboraron propuestas de políticas públicas para quienes asuman el Poder Ejecutivo en diciembre de 2019 por los próximos cuatro años. Participaron, a su vez, referentes de distintas experiencias de luchas por el derecho a la tierra provenientes de Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia.

¿Por qué un Foro Agrario en un año electoral?

Si bien las políticas del modelo agrario y exportador de la Argentina tienen una continuidad desde finales del siglo XIX, esto se ha modificado en las últimas décadas. Por su parte, las políticas de los últimos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri profundizaron un modelo económico y productivo que se ubica al servicio de los grandes terratenientes y monopolios cerealeros que concentran el 85% de las tierras productivas. No sólo eso, desde el Foro Nacional Agrario se destacó la complicidad de los terratenientes con el capital financiero, los monopolios exportadores y el agronegocio. A su vez, el vaciamiento de los organismos estatales como el INTA y Agroindustria imposibilita la continuidad de políticas de subsidios a los pequeños núcleos de producción campesina y familiar.

Este accionar da como resultado, por un lado, el deterioro de las producciones regionales, como así también la implementación de políticas de represión, abandono y desalojo de agricultores familiares que inhabilitan su producción y comercialización. Por eso, el debate sobre “otro modelo”, el de la agricultura familiar que tenga una mirada integral sobre el uso de la tierra, las semillas y las personas que las trabajan resulta imprescindible en los tiempos que corren.

En ese sentido, la organización y visibilización de la lucha campesina y de pueblos originarios ha logrado irrumpir tanto en el cotidiano urbano como así también en la agenda política con la implementación de los distintos verdurazos, frutazos, feriazos, cortes de rutas, ocupaciones de tierras y resistencias a los desalojos, tal como lo señalan las organizaciones convocantes al 1° Foro Nacional: “Enfrentamos este modelo para plantear rumbos diferentes y reivindicaciones puntuales”, señalaron en su convocatoria y manifestaron que “nuestras luchas han puesto de manifiesto que no hay un solo campo y que el esquema agroexportador salvaje no es lo mejor para los intereses del pueblo en su conjunto”.

“Un esfuerzo de unidad”

¿Quiénes se adueñan del litio de Catamarca, Salta y Jujuy? ¿Quién se apropia de los minerales a través de la minería a cielo abierto en todo nuestro país? ¿Quiénes se apropian de la renta agraria en la zona pampeana y extra-pampeana? ¿Quiénes tienen el control de la producción y comercialización de la soja en la Argentina, en el sur de Brasil, en las regiones orientales de Bolivia y Paraguay y en el litoral de Uruguay? ¿Quiénes tienen el control absoluto de nuestro mar? Todas esas preguntas se hicieron las y los que soñaron con el 1° Foro Nacional Agrario. Sabiendo que las respuestas encuentran un común denominador que tiene que ver con el actual modelo productivo, financiero, extractivista y que por eso no pueden responderse en soledad sino desde el entramado que se organiza contra todas esas caras.

Que en tiempos de fragmentaciones y egoísmos pre-electorales se realicen procesos de unidad debería ser, desde ya, un motivo de celebración. Sin embargo, la creación del 1° Foro Nacional Agrario fue más allá de la foto esperada y se consolidó con la elaboración de un programa de construcción colectiva. Se trata de una serie de puntos que integra las principales problemáticas de un sector que, lejos de ser integrado en las propuestas de las y los candidatos 2019, es sistemáticamente invisibilizado tanto por los gobiernos de turno como por parte del mismo campo popular.

Mientras el desconcierto electoral aumenta, las y los productores de los alimentos no le tienen miedo a las definiciones ni al largo plazo y exigen la Reforma Agraria, para construir “una política antagónica al modelo agroindustrial concentrado, extranjerizado y expulsivo”, como lo señalaron en un documento construido desde una visión plural, participativa y democrática.

“Estamos convencidos y convencidas de que sobre la base de otro modelo, nuestro modelo agroecológico, se asienta la esperanza de la humanidad y el Buen Vivir con la Madre Tierra, en beneficio de la población, partiendo de las organizaciones de base y desde el impulso de los Estados Nacionales que se enfrentan al neoliberalismo y neocolonialismo”.

Voces protagonistas

Durante la noche del lunes 6 y la misma mañana del día martes 7, cientos de micros y personas de a pie llegaban a las instalaciones del Club ubicado en el barrio porteño de Caballito. Con sus productos, carpas y banderas comenzaron a teñir de organización el espacio. Yerba misionera, leña chaqueña, conservas y mermeladas santiagueñas acompañaban a las distintas producciones de frutas y verduras agroecológicas que eran ordenadas como piezas de museo en la feria. Mística necesaria para la exposición de alimentos sanos y libres de agrotóxicos, esos que escasean y sorprenden en las ciudades.

Para comenzar, las y los distintos referentes de las organizaciones convocantes al Foro realizaron un saludo de bienvenida en un estadio repleto. Antes, Rosalía Pellegrini, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), había comenzado a arengar a las y los presentes: “Queremos decirle a la clase política que tenemos propuestas, ¿o no compañeros?” preguntó. “¡Sí!”, respondió la multitud en un grito unificado.

“Quienes defendemos la soberanía alimentaria día a día somos las y los pequeños productores, queremos ser escuchados por el Estado que tanta falta nos hace”, afirmó sobre la importancia de la presencia de las y los protagonistas. “Somos miles, nos están matando, por eso tenemos el propósito de unificar, reivindicar todas las luchas que tenemos”, finalizó Pellegrini para dar lugar a la apertura.

A continuación, Ángel Strapazzón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), destacó “el esfuerzo de haber viajado desde todo el país” y afirmó que “nunca se había hecho esto, nosotros y nosotras tenemos propuestas y no importa la bandera, acá somos todos pequeños productores, campesinos y hasta trabajadores del Estado, haciendo historia en un año electoral”. A continuación recordó a las y los integrantes de las diversas organizaciones presentes que es tiempo de alzar la voz campesina, ya que “somos los que generamos trabajo en este país”. De ahí la importancia de un programa agrario que la contemple. “Un campesino sin tierra no es nada, vamos a luchar por un plan integral, por la comercialización, por nuestros derechos,” manifestó, y para finalizar desafió “que les quede claro a los políticos que los campesinos y campesinas estamos levantando la cabeza y somos miles en todo el país”.

Por su parte, la trabajadora del cinturón hortícola de La Plata de la UTT, Zulma Molloja, se refirió al actual contexto socioeconómico y exigió que “no decidan estos gobiernos neoliberales por nosotros, nosotros trabajamos en el sol, el frio, calor, lluvia, con nuestros hijos, para alimentar al pueblo argentino”. Y recordó a sus colegas que “hace años que sufrimos la falta de vivienda digna, pagando alquileres carísimos, como los insumos”.

Es por eso que es necesario un acuerdo colectivo en el corto plazo. A su vez, señaló que “queremos cambiar el modelo de producción que nos mata y trabajar agroecológicamente, queremos alimentar al pueblo y no envenenarlo, que sepan qué están comiendo” y reforzó que “tenemos que romper esto y cambiar el modelo de producción”. En ese sentido, para Molloja el 1° Foro Agrario Nacional es “la instancia para decidir entre todas y todos, para ponerse de acuerdo con todas las organizaciones. Necesitamos políticas públicas para nuestro sector”.

Diálogo de saberes

Como las experiencias y problemáticas presentes eran diversas, se priorizó esa caracterización para la metodología del encuentro, de forma tal que el trabajo en comisiones fue central. De esta manera, veintitrés comisiones se llevaron a cabo durante la tarde del martes y la mañana del miércoles. Esta propuesta de diálogo integró a las y los distintos delegados del campo popular que tienen prácticas en torno a la soberanía alimentaria.

Campesinas/os, indígenas, trabajadoras/es rurales, trabajadoras/es del Estado, productores, agricultores familiares, agroquinteros, comerciantes, consumidores y comensales, redes de comercialización, pequeños y medianos empresarios, cooperativas, técnicos, docentes rurales, académicos, científicos, universidades, afectados por las fumigaciones, medios populares, militancia social y política del sector trabajaron en grupos de 60 personas sobre distintas temáticas como mercado interno, tierra, agua, comercialización, modelo productivo, rol del Estado, el lugar de las mujeres y de la juventud, semillas, gestión, logística y también sobre las producciones específicas, ya sea horticultura, pesca, ganadería, lechería, forestal, cereales, entre otras.

La Comisión de Tierra fue central y estuvo integrada por 600 delegados y delegadas. Entre sus debates y propuestas se puntualizó en la importancia de un Programa de emergencia socio-productivo, en el mejoramiento de condiciones de los contratos de alquiler, el reconocimiento de la vivienda inmediata de la ley de agricultura familiar y el acceso a la tierra. Se destacó, también, la centralidad que tiene la producción agroecológica, tanto para la vida sana de sus consumidores como así también para el cotidiano de las y los pequeños productores.

“Nuestra lucha es internacional”

Durante el panel internacional sobre Políticas Públicas Agrarias, Soberanas y Populares, distintos/as referentes de experiencias latinoamericanas saludaron la iniciativa. Por su parte, María Emilia Pacheco, integrante de FASE de Brasil, destacó que “nuestra lucha es internacional, tanto en defensa de los sujetos de derecho como por la soberanía alimentaria y la agroecología”. En ese sentido, señaló la importancia de intercambio entre las organizaciones en defensa de la tierra, poniendo como ejemplo a la situación que actualmente atraviesa el país brasilero.

“Hay un proceso de profundización del neoconservadurismo, una ola conservadora de medias antipopulares” desde las cuales, para Pacheco, se quiere “eliminar la historia y combatir las formas de participación social”. Además resaltó que “queremos políticas de defensa de los campesinos”. Nélida Sifuentes es la Ministra de Desarrollo Productivo del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde su experiencia de trabajo en la política pública, y atendiendo a la actual situación de crisis económica y productiva de la Argentina, profundizó en la importancia de generar alianzas entre productores y su ministerio, desde el cual se proponen “garantizar la producción primaria para la seguridad alimentaria de los pueblos”.

Para Pedro Ferreira de Oliveira Neto, del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) de Brasil, “la construcción de políticas públicas para el campo tienen que estar ligadas a un proyecto político para la sociedad en su conjunto”. En esa línea, explicó que existen dos proyectos, “dos modelos de producción que disputan tanto en Brasil, como aquí o en cualquier lugar del mundo: el del capital representado por las trasnacionales y el del campesinado que representan todos ustedes”, de forma tal que para el militante “necesitamos construir una agenda política que ponga en acción eso que queremos para la vida de nuestros compañeros y  compañeras, que dispute contra el otro modelo”, destacando la importancia del Foro como potenciador de esa iniciativa de disputa.

También estuvo presente Belén Romero de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay, quien señaló la importancia de plantear a las organizaciones como feministas, campesinas y populares. “Vemos necesaria la organización de las mujeres para poner nuestra mirada, desde lo que padecemos y sufrimos, porque somos doblemente excluidas y violentadas” afirmó, y en esa línea Romero expresó que “el patriarcado es un elemento fundamental en el capitalismo”. Como respuesta, encuentra en el rescate de las semillas nativas y criollas, como así también en la práctica de la agroecología, “propuestas políticas para que las mujeres puedan luchar por la tierra como una forma de emancipación en el territorio-cuerpo”, incentivando a las campesinas y pequeñas productoras presentes.

2020: para una Política Agropecuaria, Nacional, Soberana y Popular

En torno a las comisiones realizadas durante las jornadas del 7 y 8 de mayo se realizó un primer esbozo del Programa Agrario, Soberano y Popular, con propuestas de gobierno para el sector agropecuario tras el proceso electoral de este año. El mismo fue organizado tanto con propuestas de realización a corto como a largo plazo. A su vez, fueron integraron de forma trasversal los conceptos de soberanía alimentaria, tierra como territorio y hábitat y la construcción de un modelo productivo no extractivista. Se insistió, también, en la construcción de ideas desde una visión plural, participativa y democrática.

Entre las propuestas generales para una Política Agropecuaria, Nacional, Soberana y Popular, enumeraron:

1- Ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Reglamentación y aplicación de la ley con participación de organizaciones de productores/as familiares, campesinos e indígenas con asignación presupuestaria suficiente. Adhesión de las provincias a la Ley de RhdeAF.

2- Democratización de las estructuras del sector público agropecuario con integración de las organizaciones y toma de decisiones vinculantes en sus intervenciones. Participación de las organizaciones del pueblo en el diseño, implementación y control de las políticas públicas agropecuarias.

3- Realización de foros en las 24 provincias para impulsar una ley nacional de presupuestos mínimos de aplicación de agrotóxicos.

4- Convocatoria a Foros Federales de discusión, análisis e implementación de una Reforma Agraria Integral.

5- Regulaciones que impidan prácticas monopólicas en todas las cadenas agroalimentarias (leyes como observatorio de precios, ley antimonopólica y ley de góndolas).

6- Mejoramiento de la infraestructura rural: caminos, servicios, comunicación.

7- Acceso a la tierra: Tierra para quien la trabaja, Tierra como hábitat.

8- Fomento a la agroecología como política de Estado.

9- Compra pública. Un Estado que privilegie los productos del sector y de PyMEs, proveyéndose de la producción de la agricultura familiar, y de las diferentes expresiones asociativas.

10- Fomento del Arraigo Rural.

11- Fomento de las cadenas cortas de comercialización para todas las cadenas productivas agropecuarias. como política de Estado.

Source

“No es la prueba científica la que cierra esta discusión. De ninguna manera. Es la realidad la que cierra la discusión”, Dr. Andrés Carrasco, en el año 2010, en la Cámara de Diputados mientras exponía su investigación sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana.

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, FAUBA, a partir de la proyección de la película “Viaje a los Pueblos Fumigados” se propuso un debate acerca del modelo de producción.Con la participación de Gustavo Grobocopatel, Ingeniero Agrónomo, fundador del Grupo Los Grobo, impulsor y desarrollador del modelo sojero; María Marta Bunge, Técnica en Jardinería, Comunidades Ecológicas y Especialista en Planificación del Paisaje, docente e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía (Calisa-FAUBA),y Fernando “Pino” Solanas; cineasta y actual Senador por la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la fina lluvia y el mal tiempo, unas 400 personas colmaron y excedieron con su presencia el aula Magna del Pabellón de Bioquímica de la Facultad de Agronomía (UBA) el pasado 27 de septiembre. Pocas veces en la Facultad de Agronomía se propone un debate entre modelos de producción contrapuestos. A partir de la proyección de la película de Pino Solanas“Viaje a los Pueblos Fumigados” se propuso un diálogo acerca del modelo de producción agrícola.

El modelo de las corporaciones y sus argumentos

En medio de un ambiente candente, mezclado de abucheos, gritos y aplausos del público, comenzó el intercambio. Grobocopatel, autodenominado “El Rey de la Soja”, procedió a explicar su modo de ver la evolución del modelo agrícola: desde la década de 1980, cuando se recibió en esta casa de estudios, la agricultura pasó de ser una actividad sin futuro, a ser un sector de crecimiento vertiginoso, gracias a la adopción del sistema de siembra directa –sin labranza del suelo-, que permitió conservar y recuperar la fertilidad de la tierra. La erosión, principal preocupación del momento, y el avance de la denominada “plaga nacional de la agricultura” (malezas como el Sorgo de Alepo) fueron solucionadas gracias a la combinación de la siembra directa con los agrotóxicos.

En cuanto a sus efectos negativos admitió culpar al Estado que no legisla ni controla bien y a la falta de conocimientos en general. Es así como de forma anárquica- según su definición- se extendió el “modelo pampeano”, basado en un paquete tecnológico de semillas transgénicas -principalmente soja, maíz y trigo- y pesticidas, a zonas de bosques nativos y humedales, difíciles de recuperar e incluso poco productivas.

Entre sus argumentaciones sostuvo que este modelo agroindustrial “democratizó el acceso a la tierra”, y que las expulsiones del campo a la ciudad no fueron tales: simplemente se trató de gente que ya no quería vivir en el campo. También ayudó a mejorar el tipo de agrotóxicos utilizados, “subiendo la vara” cada vez más, mejorando el ambiente, con el objetivo que en un futuro sólo se utilicen compuestos biológicos.

Cuando fue interpelado respecto a la Antología Toxicológica del Glifosato y la resolución del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer​ (IARC, por sus siglas en inglés), que declaró al glifosato como probablemente cancerígeno, tildó las investigaciones como “miradas parciales”, ya que la categoría asignada, Clase II, es la misma que tienen el mate y el café caliente.

A pesar de los silbidos y rechazos generales, el disertante continuó abogando por la convivencia de muchos modelos agrícolas, bajo cierta institucionalidad, donde cada productor elija el método según su conveniencia, porque “Hay gente que murió en Alemania por comer productos orgánicos, y no por eso se prohíben”.

Conforme su mirada, si bien las nuevas tecnologías generaron más desigualdad, la pobreza en el mundo disminuyó, y su modelo a seguir es China que “Tenia mil millones de pobres, ahora tiene treinta mil pobres, y en breve tendrá cero”. Para cerrar, Grobocopatel resaltó la importancia de aceptar otras realidades “Mejor aprender que tener razón. Con la película aprendí y sentí”.

Formación crítica, otro modelo posible

En otra posición, María Marta Bunge comenzó explicando que la CaLiSa-FAUBA surge hace 7 años,como una respuesta a la falta de formación crítica de la universidad, que no reflexiona acerca del modelo económico, sus valores y consecuencias.Su principal consideración resaltó que el problema va más allá de la buena o mala aplicación de un producto: la falla es el sistema en sí, que aplica venenos a los alimentos. “El vigente es un modelo que produce cáncer y muertes, además de envenenamiento y hambre, ya que no tiene como eje la vida sino el negocio de exportación de nutrientes, con gran uso de tierra y agua. El desafío entonces no es aumentar la producción, sino democratizar el acceso a los alimentos. La cuestión tampoco puede definirse como una anarquía, sino como decisiones estratégicas por parte de los grupos de poder que concentran la tierra y los negocios”, expresó Bunge.

Mencionó varias experiencias que impulsan como el Bolsón Soberano, la Feria del Productor al Consumidor, el Sistema Participativo de Garantías de los procesos integrales de producción y el proyecto Reverdecer, dictado para la inserción laboral de la población carcelaria. Rescató también las actividades de investigación que lleva adelante la Cátedra de Genética sobre semillas sin patentes, para los pueblos y para la continuidad de la vida, no para el lucro.

Bunge concluyó que los conocimientos son diversos y necesitan ser divulgados por la universidad, para que el estudiante salga de la ignorancia y sea capaz de distinguir las opciones existentes, para luego elegir a qué modelo y qué país quiere aportar.

Universidad a la medida de las corporaciones

Incorporada a la Universidad de Buenos Aires en 1909, la FAUBA estuvo marcada desde sus inicios por el auge del modelo agroexportador, en el cual la economía se centraba en la exportación de materias primas e importación de productos elaborados -“el granero del mundo”-, y donde ya se visualizaba un aumento de la concentración de las tierras y la riqueza. Entre sus integrantes han pasado nombres que van desde la talla del fisiólogo y Premio Nobel Dr. Bernardo A. Houssay, desempeñándose como docente, hasta el controvertido Julio A. Roca, que fue miembro del Consejo Directivo.

Pasando por distintas etapas influidas por periodos de democracia y dictadura, a partir de los años 90 la Facultad centró su currícula en la profundización del modelo agroindustrial, basado en los avances tecnológicos y los procesos de globalización. En este sentido, junto con cátedras y planes de estudio ajustados al manejo químico del suelo y a la maximización de la producción y ganancia, en la FAUBA también han proliferado los acuerdos con empresas privadas de “carácter confidencial”: si bien son adscriptos por la Universidad Pública, su divulgación sólo puede ser hecha previa autorización de las corporaciones firmantes. Tal como lo señala una reciente investigación del periodista Dario Aranda, para la Revista Mu, los convenios realizados con empresas y organizaciones como Monsanto, Bayer, Syngenta, Don Mario, la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja (Acsoja), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), entre otras, incluyen desde programas de mejoramiento de semillas, estudios de campo hasta posgrados y seminarios,y si bien la UBA ofrece su prestigioso sello, los resultados obtenidos son cedidos en su totalidad a las empresas signatarias.

Fantasía versus realidad

Con un auditorio donde la mayoría estaba explícitamente en contra del modelo de producción actual, no dejaron de oírse gritos y reproches, durante todo el debate,a Gustavo Grobocopatel. Se pudieron citar unas frías cifras que se intensificaron coincidentemente desde 1996, año en que Felipe Solá aprobó el primer transgénico, con un trámite express que permitió a Monsanto comenzar a operar en nuestro país. Muchas preguntas quedaron sin responderse, y otras tantas sin formularse. Cuáles son sus vínculos con Monsanto. Qué valor tiene la vida de alguien que no conoce. Hasta qué punto la ambición puede justificarse.

El fundador de “Los Grobo” no es un improvisado: conoce más que nadie los impactos del modelo que pregona, y su presencia fue más simbólica que esclarecedora. Luego de recibir reclamos desde la platea, aclaró que no se considera un asesino y duerme tranquilo: si hizo daño, no es consciente de eso, y aunque la película lo impactó, considera que tiene una mirada parcial. Esa parece ser la clave para que el sistema se imponga: confiar en que la ciencia resolverá todos los problemas, evitando las discusiones en la calle “entre gente que tiene sólo creencias o ideas”.

Por eso, a pesar de la esperable-y lamentable- ausencia de la Decana Dra. Marcela Edith Gally, el país debería celebrar que esta Universidad Pública, tan influyente a nivel nacional y latinoamericano, haya encarado por finen su propio seno esta discusión, tan postergada, que esperamos continúe. Una discusión que es posible gracias a las muchas voces, que de manera organizada, se elevan y construyen alternativas para oponerse a un modelo de muerte.

Source

El municipio de Gualeguaychú está impulsando otro modelo de producción y consumo que retoma el trabajo que vienen haciendo las asambleas ciudadanas. Otro modelo de producción y consumo más amable con la tierra también es una necesidad que plantean cientos de organizaciones colectivas a lo largo y ancho del país.

Hace poco tiempo en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Rios, se comenzó a desarrollar un proyecto de producción de alimentos y consumo orientado por el paradigma de la soberanía alimentaria y que toma una temática que vienen trabajando las organizaciones populares desde hace mucho tiempo. El PASS (Programa de Alimentasión, Sana, Segura y Soberana,  tal su nombre,  abre grandes esperanzas no solo a nivel local sino que tiene los ojos atentos de las y los habitantes de todo el país.

El avance sobre los bienes comunes, el extractivismo y la explotación hoy hace que las poblaciones,  ya no solo los campesinos,  necesiten retomar esta senda de las tradiciones y el cuidado de la tierra y quienes viven en ella.  La producción agrícola a escala industrial, con el consiguiente desmonte y  el paquete tecnólogico asociado, equivalente al uso de venenos en grandes cantidades,   vienen produciendo una catástrofe sobre la salud de los seres vivos.  Así lo vienen entendiendo las y los pobladores de los pueblos y ciudades de nuestro país que se ven directamente afectadas por el agronegocio que privilegia las ganancias. Las organizaciones y redes  se vienen constituyendo   para denunciar y resistir lo que sucede,  tal el caso más reciente de Gualeguaychú.   Organizaciones vecinales y las asambleas ciudadanas lograron ser escuchadas por el municipio que impulsó un dictamen que prohibió el glifosato en el ejido urbano, tal como contamos.

PASS

El municipio de Gualeguaychú retomó esta preocupación y trabajo de las y los vecinos de la zona respecto del consumo responsable y  la soberanía alimentaria,  e impulsó el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana – PASS.

Tal como nos cuentan las y los vecinos organizados  se trata de un plan en cuya elaboración e implementación participan referentes de distintas disciplinas como: abogados ambientalistas, profesionales de la medicina, de la biología, de veterinaria, de la agronomía, docentes,  habitantes de la zona y distintas personas vinculadas a la temática. La intención es empezar a construir líneas de trabajo que tengan que ver con modos de producir y consumir diferente. Para ello se hace necesario hacer un relevamiento sobre lo que se produce y se han comenzado a realizar capacitaciones destinadas  a productores sobre agroecología, y abierta al público en general.  Esta iniciativa está tratando de acompañar a las y los productores y así poder generar otra oferta y para eso necesitan del estado presente y acompañando.   Otras capacitaciones estuvieron destinadas a docentes con el fin de empezar a pensar y trabajar alrededor de lo que se consume y la alimentación desde la primera infancia.  Un plan ambicioso que implica una transformación cultural necesaria y contraria al paradigma del  consumo desinteresado que solo beneficia a las corporaciones.

Un replanteo en relación a los modos de producir, de comercializar y de consumir bajo la premisa que trasmite el médico Damián Verzeñassi,  “si tiene veneno no es alimento”. Un trabajo que vienen haciendo las organizaciones de base y que toma el municipio para transformar en plan, que en este momento está en período de investigación con quienes producen en el éjido de Gualeguaychu, para ver que se produce  y como se podría producir de otra manera, orientado bajo el paradigma de la soberanía y seguridad alimentaria.

En distintos lugares de nuestro país, organizaciones, agrupaciones y distintas redes se vienen organizando para impulsar no solo la prohibición de los venenos  sino otros modos de producir más amables con el ambiente,  con un horizonte puesto en  la agroecología,  como un modo sustentable de producir. Red Universitaria de Ambiente y Salud, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Sustentan la Agroecología, Red Federal de Docentes por la Vida, Unión de Asambleas de Comunidades,  Coordinadora Provincial (E.Rios) Por una Vida sin Agrotóxicos  y muchas otras organizaciones se constituyeron para resistir las políticas extractivas que maltratan la tierra y los ambientes y por consiguiente lesionan y destruyen las distintas formas de vida, cercanas o más alejadas de los lugares de producción de la agroindustria.

A pesar de las políticas públicas que parecen dejar en el desamparo a las y los habitantes frente a la voracidad de los negocios, los pueblos se vienen organizando para frenar este avance y proponer que otro mundo es posible.

Tal como lo expresa Miryam Gorbam: Hace 100 años, en San Petersburgo, al grito de “Pan, Tierra y Paz” se produjo una revolución que resultó el hecho social más importante del Siglo XX. Hoy, un siglo después, no solo continuamos reclamando lo mismo sino que sumamos a aquellos el reclamo de más trabajo, más educación, más salud, más seguridad social,

La Vía Campesina definen la Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho.  Así también lo han entendido los pueblos organizados para hacer valer sus derechos.

Desde la Red de Luchas Socioambientales  que nuclea a distintas asambleas que luchan contra el extractivismo, para proteger sus territorios y por la salud a nivel regional,  el próximo 5 de junio Día Mundial del Ambiente bajo la consigna: “Es momento de decir Basta” le darán visibilidad  las diferentes asambleas que saldrán a las rutas “a compartir nuestros sufrimientos y verdades para convertirlos en un tejido de luchas socioambientales que movilice a los pueblos afectados por el extractivismo, y sometidos por empresas y funcionarios sin escrúpulos”.

Source

Con el inicio de la actual gestión de gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires comenzaron graves dificultades para el sector de los productores familiares quienes generan los alimentos que consumimos diariamente.

Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra se hallan en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que los dejan en una difícil situación que amenaza con agravarse. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) expuso al nuevo gobierno su situación, junto con propuestas que viabilicen el trabajo para este sector pero no obtuvo respuesta alguna.

Entrevistamos a Rosalía Pellegrini, miembro de la UTT.

El sector de la llamada Agricultura Familiar representa un eslabón esencial en la cadena de producción de alimentos. Rosalía lo expresa de manera muy sencilla: “Somos la verdura que se come todos los días, las economías regionales, la miel en sus tostadas, el lechón de fin de año, el tambo que provee leche y masa a grandes cadenas; somos alimento y trabajo. No somos soja, no somos exportaciones ni somos el empresariado. Somos las manos que se meten en la tierra y plantan y cosechan verdura; que aprietan la ubre y sacan leche; que pialan al chancho y lo faenan; somos las familias que vivimos en la tierra que trabajamos”.

-¿Cuál es la problemática del sector con la nueva coyuntura política?

La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial. Esto equivale a decir que la devaluación ha empobrecido un 40% al sector, que produce exclusivamente para el mercado interno, que compra en dólares y vende en pesos. Al mismo tiempo, estas medidas económicas tuvieron un fuerte impacto en el la población en general, que comienza a restringirse en el consumo de verduras y frutas.

-¿Cómo impacta concretamente esto en la producción familiar?

Hoy se está tirando verdura y fruta a lo loco, el tomate ni la lechuga están valiendo. Se está pagando al productor 30 kgs de lechuga a $20, y es tan irrisorio que al camión ya no le interesa ir a buscar esa verdura; y el productor tiene que tirarla. A estas condiciones de precariedad se le suman las inclemencias climáticas, como los vientos huracanados que destruyen los nylon que protegen los invernáculos y que son costos adicionales que no es posible que soporten los productores.

En contexto

Mayormente son los camiones los que pasan por las quintas a negociar y recoger la mercadería que llega al Mercado Central. El precio final que pagan los consumidores por los productos está integrado por la cadena de intermediarios: el camionero, el Mercado, el que baja el cajón, el puesto que lo recibe y la distribución: el supermercado, la verdulería o un mayorista.

El grueso de productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra no son dueños de la tierra que producen, la alquilan a costos muy elevados, sometidos a las arbitrariedades del cambio de las condiciones de arriendo y subas injustificadas de los valores porque no hay contrato. Viven y trabajan la tierra en condiciones muy precarias. La producción implica mucha mano de obra y, entonces, tiene que trabajar toda la familia porque se les hace imposible poder pagarle a otra persona.

En ese sentido, Rosalía afirma: “En lo que es el cinturón hortícola el Estado –la ventanilla del Estado que solía atendernos, que era la Secretaría de Agricultura Familiar– no da ninguna respuesta, no atiende ni siquiera el teléfono, no tiene entidad en lo que es Buenos Aires; está todo desarmado, están echando a los trabajadores, los técnicos que trabajaban con nosotros y nos daban una mano en el asesoramiento por los cultivos para las plagas y con el proyecto de agroecología; esos técnicos nos dicen hoy que no tienen recursos y que no saben si van a cobrar porque se están quedando sin trabajo”.

-¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia del Estado para el sector?

Ante la emergencia del sector hortícola hay quintas que están cerrando. Se están vendiendo las quintas enteras: el alquiler con toda la producción arriba. Esto quiere decir que las quintas se venden con la producción a punto de cosecharse y las familias no tienen a dónde ir, quedan tiradas. Ante esto no encontramos ninguna respuesta, con lo cual estamos planteando una medida próxima de lucha, un corte de ruta, donde vamos a plantear el desabastecimiento. Ya hemos hecho un comunicado y no tuvimos ninguna respuesta, entonces la única medida será la lucha.

“Familias sin tierra, jornadas de trabajo extensas y en condiciones precarias, problemas en la comercialización de nuestras producciones que nos hacen recibir a veces el 1000% menos de lo que usted paga en la verdulería, falta de maquinarias para la producción, problemas crónicos en la salud por el uso de agrotóxicos, caminos rurales destruidos… son algunas de las problemáticas que diariamente sufrimos”, se expresa en el comunicado de la organización.

Pero además presentaron propuestas concretas al nuevo gobierno. Algunas de ellas son: el Procrear Rural, para acceso a la tierra para vivir y producir mediante créditos blandos; la creación de Colonias Agrícolas en tierras ociosas del Estado; la creación de Áreas de Reserva de Agricultura Familiar periurbana para contemplar normativas que fomenten la producción animal; un programa para la horticultura de transición hacia la agroecología; programa de mercados de proximidad y ferias para garantizar un precio justo para el productor y el consumidor; la implementación de precios sostén y precio tope para regular la especulación en las producciones.

También, la UTT enumera entre las más importantes conquistas de los últimos años haber logrado para el sector, a fuerza de organización y lucha, la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar con presupuesto y delegaciones regionales con trabajadores que caminan el territorio; el Monotributo Social Agropecuario y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que permite acceder a los trabajadores a derechos como una obra social, la jubilación y estar regulados en su trabajo. Esto último tiene como requisito ineludible el cumplimiento y asignación presupuestaria a la Ley de Reparación Histórica 27.118 de Agricultura Familiar.

Una situación de desamparo para las agriculturas familiares que amenaza nuestra soberanía alimentaria por ausencia de políticas públicas, que parecen deliberadas. Producciones ahogadas entre el fuego cruzado de la política económica, la ausencia de contención y el estrangulamiento al que lo someten los intermediarios ¿Quiénes se verían beneficiados? Porque cuando unos pierden siempre hay otros que se benefician. Tal parece una ecuación que atraviesa la lógica del nuevo gobierno que se empeña en favorecer a las corporaciones al mismo tiempo que abandona a los sectores populares.

*O.S.y P. Los Pibes, Fm Riachuelo

Source

Ayer por la tarde, se realizó un debate público en el Obelisco, denominado “Entre el modelo del agronegocio y el de la soberanía alimentaria”.

El Obelisco, centro neurálgico de la política de la Ciudad de Buenos Aires y, en muchos casos, nacional; fue testigo ayer de un escenario diferente: puestos de venta de verdura directa desde los productores, pibes y pibas dibujando, y una carpa que era el centro para debatir sobre la alimentación, los modos de producir y, sobre todo, el futuro.

Organizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT-FPDS) y con la participación de MP La Dignidad y la CTEP (Confederación de trabajadores de la Economía Popular), el debate contó además con la participación de investigadores y docentes universitarios que trabajan desde hace años en la problemática del patentamiento de semillas, el monocultivo, la fumigación, los agrotóxicos, etc.

Primero, mientras se convocaba desde el micrófono leyendo partes del comunicado: “El modelo productivo basado en este paquete tecnológico, con la desmesurada aplicación de agrotóxicos, está afectando la salud de la población e incluye a todos los que consumimos a diario las ‘mercancías’ que contienen derivados de transgénicos, que se expenden en los supermercados y que se publicitan a diario a través de los medios de difusión: publicidad ‘engañosa’ dirigida especialmente a los niños, comprometiendo su futuro y el de todo el planeta” fue el turno de la fundación Che Pibe. Desde la banda “Che Perrito”, esos pibes y pibas nos cantaban a los adultos, como para que no nos hagamos los desentendidos: “Te lo digo, te lo canto: ¡fuera Monsanto!”.

Monsanto es la empresa, por excelencia, que representa el negocio del agro. Por algo la ley que pretende regular el patentamiento de la semilla –y que, según había anunciado el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el 19 de mayo pasado, sería emitida por decreto– se conoce como la “Ley Monsanto”. Al respecto, uno de los referentes de la UTT, Agustín Suárez, nos detalló: “Además de que varias organizaciones nos pronunciamos contra el decreto y pedimos abrir el debate, la propia empresa estaba en desacuerdo pero porque no le otorgaba el total de lo que reclamaba (además del cobro por la patente de la semilla, la multinacional exige el cobro de un porcentaje de la comercialización del grano)”.

Finalmente, se planteó la elaboración de una ley en lugar de un decreto. Y de ahí surge la posibilidad, o la decisión de las organizaciones de “un debate público: en vez de meterlo en las aulas o en una institución, tenemos la intención de sacarlo a la calle, de que la sociedad intente intervenir en su conjunto. Nosotros, además, proponemos un modelo de Soberanía Popular, donde no cabe la posibilidad de reconocer la legalidad de que un productor sea esclavo de una multinacional”, explica Suárez.

Otra de las reivindicaciones que se ponían sobre la mesa era que, si bien la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar está en plena vigencia, no cuentan con presupuesto por parte del Ministerio de Agricultura para que se lleve adelante. En ese sentido, agregó el referente de la UTT: “Si bien no creemos que sea una ley que solucione todos los problemas, porque en algún punto propone una convivencia entre el modelo del agronegocio y el de la economía familiar, pensamos que es un mínimo avance para el reconocimiento… por eso seguimos dando la pelea, porque si no hay sólo queda en anuncios”.

Las semillas: un camino a la alimentación

En un panel compuesto por diversos actores de la Soberanía Alimentaria, le tocó abrir el panel a Ana Brócoli, Docente de la Cátedra abierta de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Lomas de Zamora. En ese espacio vienen trabajando desde 2008, con la intención de que la universidad se abra “para que haya un diálogo de saberes entre la teoría y la práctica cotidiana de los productores”. El recuento arrancó desde el pasado, desde el momento mismo en el que los seres humanos se pusieron a “domesticar” a las plantas, para que los campesinos generen así la enorme diversidad de plantas y semillas que hay en todo el mundo. Entonces, refirió la docente: “Las semillas eran un camino a la alimentación, hasta que las multinacionales intervinieron”. “La ley de 1973 determinó que la semilla pasara a ser una ‘creación fitogenética’, porque esa semilla del agricultor tiene una intervención de un agrónomo, un técnico, o una empresa. Ese trabajo da la posibilidad de obtener un dinero, y es lo que genera el ‘derecho de obtentor’”, agregó Brócoli, dando cuenta del camino que se recorrió para llegar a este monopolio pretendido por Monsanto.

Otro de los integrantes fue Carlos Vicente, investigador de GRAIN (organización internacional que apoya a campesinos y agricultores) y parte de la revista Biodiversidad y sus palabras fueron en el mismo sentido: “Básicamente el contenido central de esta ley es modificar la Ley del año 1973 para incrementar la posibilidad del control monopólico de las semillas por parte de las corporaciones”, dijo el investigador. Y agregó: “Se incrementa la posibilidad de privatización de las semillas, se limita la posibilidad de guardar semillas para el uso propio para volver a sembrar; algo que es un derecho básico de cualquier agricultor y por eso desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, campesinos, ecologistas, venimos cuestionando el proyecto y frenándolo desde 2012”.

Después fue el turno de productores de la UTT, quienes contaron de su experiencia cotidiana en el trabajo con la tierra. El debate se abrió y comenzaron a surgir puntas para pensar, discutir, reflexionar. Las conclusiones irán llegando a medida que el ejemplo se multiplique. Mientras tanto, resuenan algunas palabras: “De este lado, se propone, se lucha, se defiende y se construye un modelo de Soberanía Alimentaria que produzca  alimentos, que enfatice en la soberanía del pueblo sobre su producción, su semilla, su comercialización y su consumo”.

Source

La declaración del Ministro de agricultura de la Nación del 19 de mayo, acerca de un decreto que establece criterios para el uso de semillas, marca una respuesta al conflicto que se viene dando desde hace unos meses entre medianos y grandes productores rurales y Monsanto. Un análisis de lo que implica la regulación sobre semillas y cuál es la coyuntura nacional en la que se realiza este anuncio.

La agricultura, como su nombre lo indica, es una práctica cultural, esto es, una forma de organizar una producción (la de alimentos) en un determinado marco económico e histórico, pero también una manera de organizar la vida humana. Está compuesta por saberes, costumbres e interacciones. Tiene componentes a muy largo plazo, pero también cambios dinámicos. Ideas universales, pero también localismos que marcan las prácticas.

El interés de Monsanto

Monsanto, una corporación bioquímica, lanzó en el mercado argentino en 1996 una combinación de semilla y herbicida: la soja RR y el herbicida Round UP. Hasta la aparición de la soja RR, los elementos centrales de la agricultura industrial eran las semillas y el resto de los productos (herbicidas, fertilizantes, maquinarias), los accesorios que se intercambiaban según el lugar, el clima y el criterio del productor. Monsanto rompió esta línea, al establecer un tipo de semillas que se produce en función directa del herbicida empleado. Hasta el Round Up el límite de los herbicidas era la enfermedad o la eliminación del cultivo mismo. Hasta la soja RR la perspectiva del intercambio o de la hibridación de semillas era conseguir plantas más resistentes a los cambios climáticos, a la escasez de agua o a una mejora de la producción. Una modificación genética vino a garantizar, no una planta que diera mejores rendimientos, sino una planta que, en teoría, no tuviera competencia. La siguiente variante, la RR2, incorporó además resistencia a un único potente pesticida.

Esta es la idea “superadora” alrededor del paquete tecnológico de Monsanto. Herbicida + pesticida+ semilla resistente (al herbicida + pesticida) + siembra directa + capital es el paquete tecnológico y económico que trata de ganar espacio y, eventualmente, hegemonizar el mercado alimentario mundial. El productor agrícola debe comprar todo el paquete, ya que los elementos solo funcionan bien si se realizan dentro del conjunto indicado.

Esta nueva técnica implicó un proceso de cambio en las prácticas agropecuarias, con daños y resistencias, que se reflejan en la dificultad de legalizarlas. Los Estados Unidos se valen de un organismo intraestatal, que intenta refrendar los derechos de los obtentores en las legislaciones locales, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), así como otras maneras de lobby o presión que defiende el derecho de sus corporaciones. Los Estados que han asimilado las reglas UPOV requisan las semillas que los productores guardan para la próxima cosecha, o incluso inician juicios a productores en cuyos campos se ha asentado alguna semilla patentada por Monsanto (los documentales El futuro de la comida y 9.70 pueden servir para observar las consecuencias).

La situación local

La práctica agropecuaria en nuestro país ha mantenido, desde la época del Virreinato, una actitud centralizada en la práctica colonial. Los terratenientes y la burguesía local (y desde los años noventa, también medianos productores) han producido centrándose en un producto para la exportación:  cueros, carne vacuna, trigo o soja.

Respecto de las oleaginosas, hoy el circuito funciona así: los productores siembran con semilla de la cosecha anterior y si necesitan semillas extras, o cambian de cultivo, se las compran a las empresas semilleras (Don Mario, Cargill, Bunge Born, etc). Luego se guardan una parte de las semillas para la próxima cosecha y entregan el resto a las semilleras, que son las que se encargan de enviarlas al exterior. El gobierno nacional realiza el cobro, se queda con una parte (las retenciones) y paga a las semilleras, que luego pagan a los productores. Por lo general, los productores de soja no compran semillas de Monsanto, sino semilla transgénica de criadores de semilla locales que se venden a menor precio; lo que se conoce como la “bolsa blanca”.

A partir de 2014, Monsanto empezó a vender la soja RR2 e intentó atacar el sistema de bolsa blanca realizando convenios con las semilleras, por los cuales éstas realizan en el momento de la venta un contrato con el productor, que firma que además de pagar por las semillas costeará un canon según el resultado de la cosecha, para reconocer la reproducción de una tecnología desarrollada por Monsanto. Los productores se encuentran entonces, al momento de cobrar, que se les descuenta el costo de las semillas más un extra (unos 14 dólares por bolsa) para el pago de este canon.

Los productores empezaron a quejarse y la Federación Agraria Argentina reclamó la intervención del Estado. En un comunicado observa: “Ninguna excusa será suficiente cuando hayan avanzado hacia patentar nuestra biodiversidad o los alimentos que producimos los agricultores, los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos“. Pero hace años que  FAA no da ninguna pelea por campesino o indígena alguno, al tiempo que sus productores, al igual que los de SRA, CRA o Coninagro, se han apropiado de una dinámica de producción que se ufana y confía ciegamente  en un desarrollo tecnológico que avanza fuera de todo control. Lo que, sin embargo, no le quita razón al planteo, incluso  desde su propio sector: el patentamiento de las semillas es un avance formidable en el desarrollo capitalista de la agricultura, e implica no solo un mayor nivel de renta para una corporación multinacional, sino también la capacidad de apropiarse y modificar organismos vivos y de lucrar con ellos a su antojo. Y en esto, los productores de FAA también salen perdiendo.

El rol del Estado nacional

Pese a los conflictos de 2008 con las entidades de la Mesa de Enlace, el gobierno nacional nunca dejó de tener una relación cotidiana con la dinámica de los agronegocios.  El Ministerio de Agricultura ha sido un campo de batalla para las organizaciones rurales, desde la Sociedad Rural en adelante, para la obtención de recursos y la construcción de legitimidad. A esto se le suma, en los últimos años, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva,  con el rol de potenciar las disciplinas científicas ligadas al mundo de la agroindustria, (agrotecnologías, desarrollo de feedlots, ingenería forestal, agrocombustibles, etc) a través de sus dependencias y de convenios realizados con universidades nacionales, permitiendo así a las corporaciones ahorrarse los costos de inversión en investigación y desarrollo. En la misma línea se dio el desplazamiento de Enrique Martínez en el INTI, con una gestión orientada a economía social y los pequeños emprendimientos, por lo que la entidad se corrió hacia políticas más ligadas a la gran empresa.

En junio de 2012, Cristina Fernández se sentó a negociar inversiones en el país con Monsanto, reconociendo la premisa de cambio que demanda la corporación: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes”, comentó la Presidenta. En este mismo evento anunció la apertura de plantas experimentales y de producción (una de ellas es conocida por el rechazo del pueblo donde se asienta, en  Malvinas Argentinas,  Córdoba). Estos anuncios, así como las actuales negociaciones con FAA, las semilleras y Monsanto, marcan los privilegios del modelo agroexprotador, que se inscribe en una matriz extractiva y que no puede llevarse adelante sin la destrucción de la biodiversidad, la expoliación de recursos naturales y el desalojo de comunidades originarias con el fin de ampliar los márgenes de rentabilidad. El Plan Estratégico Agroalimentario es una línea clara e indiscutible en ese sentido.

Sobre la Ley de Semillas

El comunicado del Ministerio adelanta que solo los mayores productores pagarían un canon sobre el resultado de la cosecha, mientras que los pequeños y medianos solo abonarían la semilla. Sin embargo, se establecería un reconocimiento de los derechos de las corporaciones sobre los organismos biológicos y la continuidad de una política que referencia al mundo rural con los productores de mercado, dejando de lado a las comunidades campesinas y continuando con la posición de país productor de materias primas. En una excelente síntesis, el documento “Declaración sobre Semillas”, de la Vía Campesina, observa: “La industria ha  ‘mejorado’ las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud. El resultado son semillas que han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos. Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.(…) No debemos equivocarnos. Estamos frente a una guerra por las semillas. Y del resultado depende el futuro de todos y todas”.

Nota relacionada:

Entre el modelo del agronegocio y la soberanía alimentaria

Source