Por Mario Hernandez

IVECO formalizó la decisión de «reconvertir» su planta cordobesa. A partir de noviembre pasará a ensamblar cabinas producidas en Brasil.

Actualmente todo se producía en Córdoba, pero la empresa decidió cambiar esto para unos diez modelos de cabinas de camiones -Trakker, Tector 170, 240, 260, Hi Road 360, 440, 480 y 560, Cursor 9 y Cursor 13- que ahora se fabricarían directamente en Brasil y solo se ensamblarían en Córdoba.

Leonardo Almada, secretario de Prensa de SMATA Córdoba, advirtió que el anunció se traducirá en “dejar de trabajar en la parte de chapa, de pintura, de almacenes. Es mucho, es la mitad del camión”.

En este contexto, desde el gremio de mecánicos presentaron una nota al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, pidiendo que intercedan para encontrar una solución. “Hay un plan que se firmó en el SMATA para cuidar el trabajo, donde se disminuyen horas, se generan suspensiones, y siempre terminan pagando los compañeros, mientras las empresas en vez de generar más trabajo o que no sea grave el impacto, cada vez es peor”, lamentó Almada.

El 1º de junio se cumplió el aniversario número 74 del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Su conducción -liderada por Ricardo Pignanelli- lo “festejó” con nuevas suspensiones en las automotrices a pedido de las patronales. Ante al escenario de freno productivo que atraviesa el sector al calor de la recesión nacional, ya empezó a mostrar algunos hechos que destacan de qué lado está el sindicato. Veamos:

El mismo día del paro general del 29 de mayo, la empresa Renault de Córdoba firmó con el SMATA la suspensión de 1.500 trabajadores, reducción de la jornada laboral y baja de salario al 70%. También, con el visto bueno del SMATA, la multinacional norteamericana Ford suspendió durante el mes de mayo a 500 trabajadores y trabajadoras en su planta de Pacheco (Buenos Aires), con posibilidad de que se extiendan durante todo el 2019. En la planta de Peugeot ubicada en Tres de Febrero, que está enrolada en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) liderada por Antonio Caló, suspendieron a 2.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales la mitad son contratados.

El sector automotriz es uno de los más afectados en el marco de la recesión nacional y el desplome de la industria. Según datos oficiales que midieron en mayo la utilización de la capacidad instalada fue de apenas del 37%. Según los datos Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) la producción de automóviles en el mes de mayo se ubicó 16.555 unidades por debajo de lo alcanzado en igual mes de 2018, esto implica una caída interanual de 35,3%.

Sin embargo, las patronales de las automotrices multinacionales y autopartistas que hace años mantienen ganancias millonarias, utilizan el contexto recesivo a su favor para avanzar sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores. Con la complicidad del SMATA, intentan trasladar el costo de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras que se expresa en rebajas salariales del 30 y 40%, según el acuerdo con cada automotriz; más de 11.000 suspensiones, retiros voluntarios y 3.500 despidos en las terminales y 1.500 en las concesionarias según datos del sindicato.

No obstante, Metalpar, que pertenece a una sociedad integrada por la chilena Metalúrgica Paredes y la brasileña Marcopolo, cerró sus puertas en marzo generando 600 despidos directos en la planta de Loma Hermosa y poniendo en riesgo cerca de 1.000 puestos laborales de proveedoras y autopartistas satélites. Al mismo tiempo, sembró preocupación sobre las y los trabajadores de la firma Metalsur, que el mismo grupo regentea en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

A principios de año hubieron 700 suspensiones en Honda, 1.500 en Renault, otras 2.000 en Peugeot y 2.000 en Fiat. Al respecto, Cristiano Ratazzi, el CEO de Fiat, afirmó: “Tuvimos que suspender 2.000 trabajadores. Son cosas que pasan”, y precisó que por un acuerdo con el gremio de mecánicos los operarios suspendidos “siguen cobrando el 75% del sueldo”. Para el empresario “No es tan grave” que hayan tenido que parar la planta: “Siempre hemos tenido que suspender trabajadores y luego tomarlos. Nos interesa Brasil, no Argentina”.

Con la industria paralizada, Ratazzi hizo una lectura más que positiva de la gestión Cambiemos: “El análisis de la gestión de Mauricio Macri es mejor que en los últimos 70 años”, dijo.

Por último destacó que “se va camino al superávit fiscal que es algo extraordinario”.

General Motors viene con suspensiones rotativas de 1.500 trabajadores y trabajadoras desde septiembre de 2018. Este año suspendió su planta rosarina desde el 15 de junio al 15 de julio, afectando a más de 2.500 personas. De manera directa serán casi 1.500 que cobrarán por ese lapso de tiempo un pago del 70% de sus ingresos de bolsillo. Y habrá otros 1.000 afectados en forma indirecta por las empresas proveedoras.

En junio volvieron las suspensiones en Ford y Peugeot, y Volkswagen solo trabaja 4 días de la semana. También la japonesa Toyota paralizó durante 4 horas la producción todos los días lunes de mayo y junio, estimándose que la reducción de la fabricación de la Hilux sería de un 5%. Las autoridades de la empresa informaron que “Los trabajadores van a cobrar el 100% de su sueldo y nadie será suspendido” y que para no generar exceso en la producción los obreros deberán realizar capacitaciones.

En abril Toyota suspendió a sus operarios el 1, el 18 y el 28, en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 5.000 empleados agremiados al sindicato. La empresa ya le había comunicado al personal que mes a mes irá viendo las necesidades de parar la producción de acuerdo al ritmo de las ventas y había cortado la actividad de los sábados, día que los empleados aprovechaban para hacer horas extra y la firma para abultar la cantidad de unidades fabricadas. Además, anunciaron sus planes de frenar la producción una semana completa en julio.

Este efecto se traslada a las autopartistas, por ejemplo, en Lequipe Monteur (conjunto de paneles) e Irauto (techos), que emplean en su mayoría a mujeres, las suspensiones superan a 200 trabajadoras y más de 50 despidos.

Caída sin freno

Jorge Cadús escribió en “Complejo automotriz: Caída sin freno” lo siguiente: “Dos años después del lanzamiento del Plan Un Millón de Vehículos, las políticas públicas implementadas por Mauricio Macri desataron una situación de crisis estructural en el complejo automotriz que terminaron boicoteando ese programa: plantas que producen al 15% de su capacidad instalada, cierre de empresas emblemáticas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos, caída sostenida en la producción, derrumbe de las exportaciones e invasión de autos importados. Muy lejos de las promesas del 0KM, la situación pone al descubierto uno de los costados más oscuros de la destrucción del trabajo en tiempos de la Alianza Cambiemos”.

El 15 de marzo del 2017, el presidente Mauricio Macri presentó el plan “Un millón de vehículos”, que planteaba la interacción del Gobierno Nacional, las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe y los sectores empresariales y sindicales para llegar a esa cifra de producción en el año 2023.

“Hoy es un día muy especial e histórico para la industria”, enfatizó entonces Macri, remarcando que el plan “gira sobre dos ejes fundamentales que son producir un millón de automóviles y cuidar a la familia de trabajadores de esta industria” (sic).

Aquel acuerdo fijaba como primer objetivo incrementar la producción hasta llegar a 750.000 vehículos en 2019; para luego dar otro salto y alcanzar el millón de unidades en 2023. En forma simultánea, se suponía aumentar la integración de autopartes producidas localmente; y diversificar los mercados de exportación con la idea de vender por lo menos un 35% de la producción a destinos extra Mercosur.

Dos años después, la situación del complejo automotriz aparece como el costado más oscuro de la destrucción del trabajo en los tiempos de la Alianza Cambiemos: plantas que producen al 15% de su capacidad instalada cuando no deben bajar las persianas, suspensiones, retiros voluntarios y despidos, caída sostenida en la cantidad de unidades producidas, derrumbe de las exportaciones, y una inédita invasión de autos importados”.

El estudio “El complejo automotriz en los 3 años de gestión de Cambiemos. Cada vez mas lejos del millón”, producido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala que la producción de vehículos cayó 16,5% entre 2015 y 2018, cuando se pasó de fabricar 543.467 unidades a 466.649 unidades. En forma paralela, devela que “se comprueba un fuerte y constante reemplazo de producción local por importada”: en 2018 se vendieron 46,8% autos nacionales menos que en 2015. Es decir que el resultado de los tres años de gestión macrista expone la apertura comercial. Así, “al cabo de tres años de la gestión de Cambiemos, se da un proceso de crecimiento de la participación de los vehículos importados en las ventas de las terminales a los concesionarios, pasando del 52,7% en 2015 al 71% en el año 2018, mostrando una dinámica que pareciera estructural en esos niveles”, concluye el trabajo del CEPA.

Bajo amenaza de despidos se impone la reforma laboral de hecho

En Córdoba directivos de Renault y representantes del SMATA firmaron un acuerdo con el objetivo de “proteger la fuente laboral y minimizar las pérdidas económicas” por el que la empresa se compromete a no despedir y las y los trabajadores aceptan bajar sus salarios.

El acuerdo contempla una reducción de la jornada laboral y de sus sueldos, que quedarán al 70% del nivel actual. El convenio se hizo ante el Ministerio de Trabajo provincial y el texto regirá hasta el 31 de marzo de 2020. Prevé una reducción de la jornada a seis horas y dos turnos de trabajo para los operarios comprendidos en el Convenio colectivo de trabajo 15/89 «E».

El primer turno es de 6 a 12 y el otro, de 12 a 18 horas. Por el tiempo de reducción de jornada diaria, la terminal pagará el 70% del salario neto. El convenio prevé, además, suspensiones temporales (se mantendrá el pago del 70% del sueldo neto) de las actividades productivas en la planta de vehículos particulares y pickups, la posibilidad de que el personal adelante vacaciones y la prórroga de 480 contratos a plazo fijo.

La terminal asume el compromiso de mantener los 1.500 puestos de trabajo vigentes, “no produciendo despidos por razones económicas o falta de trabajo”.

Mientras, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba busca un acuerdo similar con la UOM, pero el gremio se resiste a esa propuesta. “Ante la sugerencia de algunos sectores de la industria metalúrgica de querer que la UOM firme el mismo convenio que firmó SMATA con Renault, nosotros nos vamos a resistir y no vamos a flexibilizar para nada nuestro convenio”, afirmó el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica Córdoba, Rubén Urbano.

En Toyota, cuya planta está ubicada en la localidad bonaerense de Zárate, la receta fue similar. Los lunes continuarán trabajando medio turno por la mañana, sin producir pero con la gente adentro para evitar conflictos. Además hubo suspensiones el 21 de junio y del 29 de Julio al 2 de agosto inclusive.

La otra decisión trascendente en la terminal japonesa es que se pactó que los contratados, aproximadamente el 34% del total del personal operativo, permanecerá en esa condición hasta 5 años para no aumentar los costos empresariales. Hoy ese período suele rondar entre los 18 meses y los 2 años.

Source

Luego de la intensa semana de movilizaciones, los diferentes gremios y organizaciones se van reacomodando en diversos planes de lucha que se van posicionando de cara al necesario Paro General.

Un mensaje único y por momentos ensordecedor en reclamo de un paro general fue el elemento aglutinante de la masiva y heterogénea multitud calculada en 500.000 manifestantes que se movilizó el martes pasado en el centro porteño, convocada por la CGT para repudiar la política económica del Gobierno y exigir respuestas frente a los despidos y el deterioro del poder de compra de los salarios. Desde el escenario, el triunvirato de conducción de la central obrera aceptó a medias la presión abrumadora del reclamo: anunció una huelga de 24 horas pero esquivó la definición de una fecha.

Pero la promesa estuvo lejos de conformar la expectativa de la multitud. Los insultos se multiplicaron frente al escenario. Y el final sobrevino en medio de disturbios, golpes y corridas detrás del palco mientras se retiraban las principales figuras sindicales.

Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anticipó al día siguiente que “la semana que viene se va a saber la fecha del paro”, cuando se reúna el Consejo Directivo.

“La fecha del paro, ya en el adelanto de las declaraciones de Héctor Daer, Carlos Acuña y yo, la habíamos fijado en un paréntesis, en un tramo que va desde el 31 de marzo hasta los primeros días de abril”, remarcó Schmid.

Por su parte, la lucha de la docencia en todo el país no da tregua, en defensa de la escuela pública y por salarios. El viernes, los gremios de alcance nacional anunciaron paros el 15, 16, 21 y 22 de marzo. Por otro lado, los sindicatos mayoritarios que nuclean a las y los docentes de la provincia de Buenos Aires, también informaron que habrá paro la semana que viene.

A nivel nacional, Ctera y UDA convocaron a un paro nacional de 48 horas a cumplirse los próximos miércoles y jueves en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los “topes salariales”. Por su parte, UDA anticipó que habrá otras 48 horas de paro la semana siguiente y se presume que Ctera acompañará esa medida.

La provincia de Buenos Aires es el epicentro donde la batalla docente adquiere mayor repercusión. El viernes, la gobernadora María Eugenia Vidal citó nuevamente a los gremios con la promesa de realizar una “oferta superadora”.

La conducción de los gremios bonaerenses había decidido levantar el paro de cara a la mesa de negociación convocada por Vidal. Luego de cuatro días de huelga, la medida de fuerza se sostuvo solo en las seccionales de los Suteba combativos, conducidos por la lista Multicolor.

Luego del encuentro con los ministros bonaerenses, los gremios anunciaron paro para el lunes, al conocer que la “oferta superadora” que tanto publicitó el Gobierno, consistía en una mejora de la oferta anterior del 1% que implicaría un aumento de $ 64.

La afirmación de que “la provincia de Buenos Aires está fundida”, por parte de María Eugenia Vidal, reforzó el argumento de los gremios sobre la necesidad de convocar a la paritaria nacional docente.

Las seccionales combativas mantuvieron el paro y varias decidieron movilizarse a la paritaria que se realizó en la ciudad de La Plata el viernes, entendiendo que no puede quedar en manos de los secretarios generales la decisión de aceptar o no la propuesta del gobierno.

Mientras tanto, el Gobierno de Vidal amenaza con descontar los días de paro y dictó la conciliación obligatoria para que las clases arranquen el lunes, en un claro acto de cercenamiento del derecho a huelga.

El miércoles y jueves adherirán los  gremios de la Ciudad de Buenos Aires y también se sumó la Conadu (docentes universitarios) que exige una paritaria nacional y rechaza “el techo salarial en el ámbito universitario”.

Movimientos sociales también reclamarán en las calles

Organizaciones de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC realizarán cortes de calles y compartirán ollas populares el próximo 15 de marzo, a tres meses de sancionada la Ley de Emergencia Social, que todavía no se implementó. “La situación en los barrios no se aguanta más”, declaró el “Gringo” Castro, dirigente del gremio de la Economía Popular.

La CTEP tenía planificada para el próximo lunes una asamblea masiva en la Plaza de Mayo, pero decidieron posponerla y transformarla en un plan de acción con cortes de calles y ollas populares.
El Polo Obrero lanzó un plan de lucha nacional contra la pobreza y por trabajo genuino, y se movilizará hoy en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzará con una movilización desde Puente Pueyrredón hasta el centro porteño, donde se instalará un acampe por tiempo indeterminado.

La medida fue aprobada en un plenario de más de un centenar de delegados de Capital y el Gran Buenos Aires y en asambleas en otras veinte provincias.

La pasada semana en General Mosconi, Salta, se manifestaron ex integrantes de la Fundación Villa Saavedra, alarmados por la momentánea suspensión del SUAF que venían recibiendo y que se reemplazaba con la AUH (Asignación Universal por Hijo).  El jueves un grupo perteneciente a la Unión de Trabajadores de Gral. Mosconi (UTD) liderada por José “Pepino” Fernández, se colocó a la vera de la Ruta Nacional 34 con idéntico motivo de reclamo, pero en su caso, por la caída de planes para más de 1.000 trabajadores, que más allá del sueldo que reciben de la ONG, recibían 2.600 pesos por hijo.

En General Motors se rebelan contra despidos encubiertos

Unos 800 trabajadores participaron de la asamblea realizada en el playón de la fábrica General Motors de Rosario, la primera después de 8 años. En dicha asamblea, dirigida por el Comité de Lucha, se votó por unanimidad rechazar el acuerdo firmado por la burocracia del Smata y la patronal que deja afuera a 350 obreros, pedir que saquen la policía del predio y que cesen los aprietes de la patronal.

El acuerdo de las suspensiones fue firmado por el gremio SMATA y la empresa e incluso establece que la automotriz podrá desvincular definitivamente a los obreros a partir de diciembre. Por este motivo, los trabajadores hablan de despidos encubiertos, al tiempo que señalan la complicidad del sindicato de mecánicos. “Un sindicato debe defender a los afiliados y no a la empresa”, afirmó Germán Tonero, delegado gremial.

La movilización al gremio tuvo lugar el viernes, donde -aunque entregaron un pedido de anulación del acuerdo- se les impidió el ingreso a su propio sindicato.

Luego, los trabajadores fueron recibidos en el Concejo Deliberante de Rosario, donde lograron el apoyo del cuerpo legislativo. Desde esta dependencia, se comprometieron a tramitar ante el Ministerio de Trabajo un pedido para que se rechace el acuerdo.

Seiscientos efectivos policiales desalojan empresa recuperada

Desde las 4 de la mañana del viernes 3 de marzo, un par de horas antes de iniciar la jornada laboral, centenares de efectivos policiales desalojaron a los trabajadores de la fábrica recuperada Acoplados del Oeste.

Con casi 600 policías, entre los que se encontraban quince camionetas del Cuerpo de Infantería, Infantería Montada, policía local y provincial, cercaron la planta de la ex Petinari, al costado de la ruta 200 en Merlo, para evitar el ingreso de los trabajadores y permitir el de los antiguos dueños, con el peligro que implica esta medida para la continuidad productiva y la fuente de empleo de más de un centenar de familias.

La empresa es una cooperativa desde el 2015 en la que trabajan 120 operarios que fabrican carrocerías chicas.

Los dueños adeudaban sueldos y aguinaldos y los trabajadores iniciaron una inhibición de bienes en el 2014. Diputados y Senadores aprobaron una Ley de expropiación, pero la gobernadora Vidal la vetó, dos horas antes de que se terminara de convertir en ley, poniendo como argumento que el estado provincial no tenía plata para solventar una cooperativa, a pesar que los trabajadores le respondieron que no querían plata, porque la cooperativa era solvente. “Nosotros poníamos la antigüedad de cada uno de nosotros y el resto pedíamos un plan de pago. Al gobierno provincial de Vidal no le interesó nuestra propuesta”, sostuvo Nahuel Méndez, que trabaja hace 5 años en el lugar.

Actualmente, los trabajadores junto a familiares se encuentran acampando en las inmediaciones del predio de la fábrica en avenida Balbín 2951, de la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Ahora van por el desalojo del BAUEN

Tras el veto de Macri a la Ley que expropiaba el emblemático hotel recuperado, la jueza de la causa dictó una orden de desalojo para el viernes 14 de abril.

El Jefe de Estado rechazó que el edificio situado en pleno microcentro porteño pase a manos de la cooperativa de trabajadores que lo autogestionan tras su proceso de vaciamiento.

En línea con el veto presidencial, la jueza Paula Hualde dictó una orden de desalojo dando poco margen a las y los trabajadores que buscaban que la Ley de Expropiación vuelva a tratarse en el Congreso y dispuso un operativo policial para un feriado, el Viernes Santo.

Los empleados autogestionan el hotel desde que los empresarios lo abandonaron, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a todos los trabajadores a la deriva, hace 15 años.

Ante la resolución judicial y el veto de la expropiación realizado por el presidente Mauricio Macri antes de fin del año pasado, los trabajadores anunciaron que seguirían la “lucha para que este año el Congreso Nacional vuelva a acompañarnos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial”.

Revocan la personería gremial al sindicato de los “Metrodelegados”

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la resolución 1601/2015, firmada el 26 de noviembre de 2015, que otorgaba la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), que nuclea a los Metrodelegados. Según señalaron, esta revocación se da por “irregularidades formales” durante la gestión de la personería.

Cabe señalar que la personería gremial de la AGTSyP había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general es Roberto Fernández. La UTA era el sindicato que concentraba la representación gremial en el subterráneo hasta el surgimiento de los Metrodelegados.

Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte, afirmó que “es un fallo claramente político, detrás del cual están el Gobierno y la UTA. A nadie le caben dudas de que la AGTSyP es la representación legítima y aplastantemente mayoritaria de los trabajadores del subte. Se trata de un ataque a nuestra organización, en momentos en los que comienza la discusión paritaria. Le quieren dar una mano a la burocracia sindical de la UTA y a Metrovías. Tampoco es casual el momento del fallo, es otra prebenda más que el Gobierno y su Justicia amiga le dan a la burocracia sindical para intentar frenar un paro general. Nosotros vamos a apelar el fallo en la Justicia y en los próximos días nos vamos a reunir para discutir qué respuesta damos desde la AGTSyP en todos los terrenos. Desde hace años que venimos luchando y lo seguiremos haciendo. El Gobierno kirchnerista nos dio miles de vueltas para darnos la personería y ahora lo hace el Gobierno de Macri. Pero la lucha y organización democrática de los trabajadores será más fuerte que ellos”.

Desde la AGTSyP, informaron que además de apelar el fallo, la próxima semana convocarán a una conferencia de prensa.

Finalmente, los trabajadores de AGR-Clarín, en el día 54 de la ocupación de la imprenta gráfica más grande y moderna del país llamaron a un estado de alerta y movilización al conjunto del pueblo trabajador, y a las organizaciones obreras, sociales, políticas y de DDHH que vienen acompañando la lucha, ante noticias de una inminente provocación de las fuerzas represivas y lúmpenes al servicio del Estado.

Source