La movilización de las y los trabajadores chubutenses frente al ajuste no se detuvo ante la lluvia y llegada anticipada del invierno patagónico. A las respuestas insatisfactorias de las autoridades, en medio de una paralización general de las actividades de la provincia, se sucedieron los acampes, los cortes de ruta y las tomas de ministerios y delegaciones provinciales.

El gobierno nacional de Mauricio Macri celebra que la Argentina vuelve a recurrir a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y usa el veto presidencial para dar luz verde a los tarifazos de los servicios públicos. Mientras tanto, la inflación se desboca, la devaluación del peso no encuentra freno y se expanden los conflictos sociales.

Nos sobran los motivos: Cronología reciente de la acción directa de las y los trabajadores

Las protestas llevan más de tres meses, cuando se montó la Carpa de Unidad frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson (capital provincial), dando inicio a un acampe que se mantiene hasta la actualidad. Distintos sectores de trabajadores reclaman, principalmente, aumento salarial y apertura de paritarias, aunque otros motivos se suman a la conflictividad. La situación se ve agravada con el endeudamiento que acarrea la provincia. “Hace un año que no tenemos aumento salarial (…) Esto arrancó el año pasado cuando no nos respetaron la paritaria salarial”, sostuvo Guillermo Quiroga, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Chubut, ante las cámaras de la cadena venezolana Telesur.

El gobierno provincial de Mariano Arcioni -quien en noviembre de 2017 asumió el cargo de gobernador a la muerte del anterior mandatario Mario Das Neves- propuso la semana pasada el pago de un bono de $3.000 a los empleados que cobran hasta $30.000, pero la oferta fue rechazada por los sindicatos.

Ante la falta de respuestas favorables, en el marco de jornadas de lucha y huelgas provinciales, las y los trabajadores han cortado las rutas y tomado ministerios y delegaciones públicas. El 29 de mayo, las y los docentes ocuparon los edificios de Supervisión de Escuelas en Comodoro Rivadavia. En esa jornada, en la ciudad de Puerto Madryn, el acto de entrega de viviendas del gobernador Arcioni se vio envuelto en forcejos e incidentes en el vallado de seguridad, cuando una movilización encabezada por representantes de ATE y Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) quiso alcanzarle un petitorio al mandatario.

En Rawson, el 30 de mayo, docentes nucleados en la ATECH y autoconvocados tomaron el Ministerio de Educación, cuestionando además los pagos salariales escalonados.

El 1 de junio, la comunidad educativa de la Escuela N° 200 de Esquel realizó un abrazo simbólico al edificio en defensa de la educación pública, apoyando el derecho de las y los trabajadores y el de las niñas y los niños a estudiar gratuitamente y en condiciones dignas. A la vez, solicitaron que se garantice el transporte gratuito para quienes se encuentran alejados de los centros educativos.

El día 2 de junio, docentes y estudiantes intentaron ocupar la Supervisión de Escuelas de Esquel, articulando con los reclamos que ATECH realiza ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, los manifestantes no consiguieron entrar las instalaciones porque la policía se los impidió y realizaron un acampe en el acceso al edificio.

El 5 de junio, en Puerto Madryn, las y los trabajadores realizaron un corte total sobre el Acceso Sur de la ruta 3. En la ciudad de Esquel, se cortaron parcialmente las rutas 40 y 259, y trabajadores de la Dirección General Oeste de Obras Públicas cortaron calles. Ese mismo día, docentes de distintos niveles de enseñanza y padres de alumnos ocuparon las instalaciones de la delegación del Ministerio de Educación de Puerto Madryn, agregando a los reclamos la concreción de obras para las escuelas con problemas edilicios. En este sentido, un caso emblemático lo constituye la Escuela N° 222 de esa ciudad que, desde el mes de enero de este año, se encuentra en peligro de derrumbe en algunos sectores.

El 6 de junio, en Esquel, se sumó la ocupación de la Delegación Administrativa Región III del Ministerio de Educación por parte de las y los auxiliares de la educación agremiados en ATE. La toma se realizó en el marco del inicio del paro de 72 horas dispuesto por el sindicato y en demanda de pase a planta permanente de 300 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como monotributistas.

El 8 de junio, en la misma ciudad, trabajadores de la Corporación de Fomento (CORFO) de Chubut, afiliados a ATE, ocuparon el edificio de esa entidad. A ese local también se acercaron solidariamente los trabajadores del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y de la Subsecretaría de Bosques de la provincia. Además, en horas de la noche se realizó una marcha de antorchas “en defensa de la Educación Pública”. Asimismo, en la pequeña localidad de Río Senguer, dos escuelas realizaban acciones de movilización que empalmaban con los reclamos de la educación pública provincial. A estos acontecimientos de la jornada, hay que sumar las movilizaciones de docentes y trabajadores de la Cooperativa de Luz y Fuerza que se produjeron en Camarones.

Vale agregar que, en lo que va del mes de junio, también se efectuaron ocupaciones de delegaciones provinciales en el paraje Las Golondrinas (en las inmediaciones de Lago Puelo) y Sarmiento.

El silencio no es salud

Los trabajadores y las trabajadoras de la salud provincial desde hace tres meses están con retención de tareas y también se adhirieron al paro, aunque mantienen la atención de urgencia y los servicios de emergencias. Denuncian el vaciamiento de la salud pública y reclaman falta de medicamentos e insumos en los hospitales, precarización laboral e incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. A esto se añade la suspensión del Servicio de Obra Social (SEROS) de la provincia.

El 4 de junio, las y los trabajadores de los hospitales de Esquel, Trevelin y de la región cordillera aledaña decidieron, en el marco de la Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut, la ocupación del edifico de Área Programática de Esquel, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

El silencio de los principales medios de comunicación de la Argentina ha llevado a un relativo ocultamiento del conflicto de Chubut durante varios días. Lejos de una omisión casual, el silencio trata de encubrir los efectos sociales devastadores del ajuste del gobierno nacional y la complicidad de las administraciones provinciales. Un sigilo poco saludable y beneficioso para otros negocios que quieren hacer pie en la provincia.

Las fauces de la megaminería

Ante la crisis económica, las ofertas laborales prometidas por la megaminería buscan presentarse como una salida posible y aceptable, intentando dar vuelta el rechazo popular que mediante plebiscito le impuso la población cordillerana chubutense en 2003. Recordemos que, en marzo de ese año, el “No a la mina” concentró en Esquel el 81% de los votos, obteniéndose resultados similares en consultas populares realizadas en Trevelin, Lago Puelo y Epuyén. Dos meses más tarde, la Ley provincial N° 5001 concretó la prohibición de la actividad minera a cielo abierto y con uso de cianuro en toda la provincia.

No obstante, la población de la Meseta Central Norte provincial padecen el asedio permanente de representantes de las empresas megamineras. Así lo denunció el sacerdote Antonio Sánchez, en diálogo radial con Kalewche FM, quien sostuvo que ocho intendentes de diferentes localidades promocionan actividades mineras en torno a los yacimientos de plata, plomo y uranio.

Asimismo, otros sujetos -vinculados a la Asociación Sindical de Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera en la Argentina (ASIJEMIN)- solicitan a la población de Paso de Indios, Paso del Sapo, Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Las Plumas y Telsen que acerquen sus currículums, prometiendo empleo en localidades con falta de políticas públicas y empobrecidas por el ajuste provincial y nacional. En paralelo, en la ciudad de Trelew, se realizó por estos días una conferencia a favor de la actividad minera promovida por la empresa Pan American Silver.

Frente al reflote de la alternativa minera por parte de los intereses corporativos y de dirigentes políticos asociados, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH) produjeron un manual que propone difundir las implicancias de la megaminería. El material conjuga el aprendizaje popular con argumentos científicos y datos provenientes de fuentes probadas y válidas. La resistencia se mantiene despierta.

Unidad de las y los trabajadores

El 7 de junio, la oferta brindada por el gobierno provincial -centrada en un aumento salarial exiguo y escalonado- a la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Chubut no fue aceptada y el paro provincial se extenderá toda la próxima semana. El ministro Coordinador, Marcial Paz, solicitó a los gremios negociar abandonando las medidas de fuerza.

La MUS está compuesta por el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Chubut (SITRAVICH), el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la ATE, el Sindicato Único de Administraciones Portuarias (SUTAP), la ATECH, el Sindicato de Auxiliares de la Educación de Chubut (SADECH), Asociación Personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros (APISSYS), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), y la Asociación del Personal Legislativo (APEL). Además, está representada por los niveles provinciales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de los Trabajadores, y la CTA Autónoma.

Sin embargo, las bases autoconvocadas, el apoyo de comerciantes, padres de estudiantes, y el mecanismo decisorio de las asambleas están imprimiendo de dinamismo y combatividad a la dirección de la lucha provincial. Soportando el frío gélido, Chubut arde por su futuro.

* Profesor de la carrera de Relaciones Internacionales e Integración de la Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil/Investigador del Grupo Interdisciplinar sobre Capitais Transnacionais, Estado, Classes Dominantes e Conflitividade na América Latina e Caribe (GIEPTALC)/Director del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), Argentina.

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El ajuste se profundiza en el Ministerio de Agroindustria que dirige Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural. Más de 300 familias se quedaron en la calle en los últimos días. Desde hoy, lunes, habrá protestas y asambleas de trabajadores y trabajadoras para exigir la reincorporación.

En octubre de 2017, Luis Miguel Etchevehere se alejó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para asumir como ministro de Agroindustria. Etchevehere había quedado como titular de la entidad que nuclea a los empresarios agrarios en 2012, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Cinco años después, con Mauricio Macri, pegó el salto y escaló hasta el gabinete nacional. De esa forma, se convirtió en el tercer presidente de la SRA en alcanzar el rango de ministro. El último había sido Luis Duhau, en 1933.

Antes de ocupar el cargo de Ministro, Etchevehere recibió un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural Argentina. El obsequio desembocó en una denuncia y posterior investigación judicial. Para aliviar su situación, y junto a la displicencia de la Oficina Anticorrupción, Mauricio Macri dictó un decreto en el que excusa al funcionario de tomar decisiones vinculadas con empresas de las que formó parte en los últimos tres años. La resolución firmada por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, menciona expresamente a las empresas Etchevehere Rural SRL, Construcciones del Paraná SA, Los Vascos Propiedades SA, Establecimiento Rural La Margarita SA, y Sociedad Anónima Entre Ríos, además de la Sociedad Rural.

La mayor parte de las empresas citadas están siendo investigadas en el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal de Paraná, Secretaría Criminal y Correccional 1, que se inició en 2015 por denuncias de Dolores Etchevehere, hermana menor del funcionario, ante una presunta “defraudación” lesiva a sus intereses. De todas formas, y más allá de lo dispuesto por la Casa Rosada, Etchevehere pisó nuevamente el predio de La Rural.

El jueves 19 de abril 2018, Luis Miguel Etchevehere saludó a sus viejos y conocidos camaradas cuando volvió a la sede de la Sociedad Rural. La excusa, tenerlo en un panel de expositores bajo la temática “Desburocratización, Apertura de Mercados y Competitividad”. Mientras Etchevehere andaba de reuniones en Palermo, sus funcionarios largaban una tanda de 330 telegramas de despidos para todo el país, que son parte de los casi mil que concretará en los próximos meses en el marco del vaciamiento del Estado impulsado por Cambiemos. Para evitar las protestas, y ante la posible reacción de los gremios, la cartera dispuso un asueto general y pidió un operativo policial para custodiar el edificio de Paseo Colón al 700. El asueto se repitió en todas las dependencias. Con esta estrategia, se liberó la zona para ejecutar el ajuste.

“Estamos listos para dar la pelea por la reincorporación. Si bien de esta gestión ya no asombra nada, ahora dispusieron un asueto para ejecutar los despidos. Eso es algo novedoso, yo hace 25 años que trabajo acá y nunca pasó algo así. Hay un nivel de destrato increíble. Es un ‘lock out’ patronal, Etchevehere sabe de esto porque ya lo hizo hace 10 años”, advirtió Sebastián Rivera, delegado de ATE.

“Sabemos que pretenden trasladar el ajuste hacia el INTA y el SENASA, donde ya hubo reducción de personal en los últimos meses. Y nosotros sabemos que estas políticas de ajustes derivan en peores políticas públicas para los más vulnerables”, agregó Rivera.

“Más allá de que no tengamos el listado de los despedidos, sabemos que ya hay 330 de los 958 que van a haber”, confirmó Jorge Ravetti, secretario general de ATE-Senasa. “Los compañeros están esperando al cartero. Esto es una perversión, una locura”, sintetizó Melina Zucchi, delegada de ese gremio en delegación que la Secretaría de Agricultura Familiar tiene en Catamarca.

El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual. A principio de año se achicaron de 20 a 8 las subsecretarías y de 211 a 138 los cargos públicos. El mes pasado se deshizo de 84 personas que conformaban la ex Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que coordinaba los programas y proyectos cofinanciados con recursos externos. Ahora, se largó la “tercera etapa del plan de reestructuración”, como lo definen los asesores del Ministerio.

Debido al asueto del viernes y el cierre del edificio ministerial hasta el domingo, “el conflicto se va a sentir el lunes, cuando los compañeros vuelvan a trabajar y a muchos les quieran impedir el ingreso”, anticipó la referente de ATE Nacional, el sindicato de estatales encabezado por Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma.

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El viernes, en la residencia presidencial de Olivos, Carrefour y el sindicato de Comercio firmaron un “Acuerdo colectivo de crisis”. Este habilita a la empresa francesa a 1.000 retiros voluntarios, baja de salarios, rebaja del 50% de las cargas sociales y cierre de sucursales con solo avisar al Ministerio y el gremio 30 días antes. La multinacional estará formalmente en crisis hasta marzo de 2021, lo que le permitirá abaratar los despidos.

Este sábado en muchos hipermercados (San Lorenzo, Warnes y otros), así como en varias sucursales de distintos barrios, hubo asambleas y paros. El rechazo al acuerdo, que implica no solo la pérdida de puestos de trabajo hoy sino una espada de Damocles por tres años, era mayoritario.

Ramón Muerza y Mario Amado, quienes tienen la intención de disputarle el sindicato que dirige hace 35 años Armando Cavalieri, participaron personalmente de las medidas. Cabe recordar que Comercio es uno de los sindicatos que aceptó el techo paritario impuesto por el gobierno nacional del 15% y que en febrero fue uno de los diez gremios que “en concepto de capacitación” se repartieron 1.000 millones de pesos.

Mario Amado aseguró que “este acuerdo es nefasto para nosotros. Cavalieri no nos representa. Nos deja tres años a merced de una empresa que nos mintió”. Además denunció que “esta crisis la generó la empresa hasta con actos de corrupción dentro de la misma empresa. En los últimos 12 años hubo sobreprecio para el mantenimiento”.

La medida fue levantada luego de que directivos de Carrefour aceptaron recibir a integrantes de la Secretaría de Organización en un hotel del centro porteño y se confirmó una reunión en el Ministerio de Trabajo para este lunes a las 16:00. Allí serán recibidos también los delegados que se oponen al acuerdo.

Esta primera reacción también tiene eco en otras grandes cadenas. Es que el temor que empezó a correr ayer, una vez que viera la luz lo pactado por Cavalieri, Carrefour y Jorge Triaca, es que Cencosud, Wallmart, Coto y Día % sigan el mismo camino y busquen un trato similar por parte del Ministerio de Trabajo. Eso generalizaría los despidos y la reducción de salarios en toda la actividad.

Por su parte, con un comunicado emitido ayer, el Sindicato de Choferes de Camiones comunicó que, en la sede de La Federación de Choferes de Camiones de Argentina, se reunieron Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio y Oscar Borda, con Rami Baitieh, CEO de Carrefour. El representante de la compañía se comprometió ante los directivos de Camioneros a respetar la planta de personal correspondiente al convenio 40/89 de este sindicato que agrupa a 1.700 trabajadores de un total de 19.000, asegurando que no habrá despidos.

Los puntos principales de este acuerdo -que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021- y en el cual las partes se comprometen a mantener la “paz social” incluyen:

–1.000 retiros voluntarios: hasta el 150% de indemnización y con “beneficios” en cuanto a seguro médico para embarazadas y matrimonios y “gratificación” a quienes estén en condiciones de jubilarse. Se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse.

Hasta octubre de 2019 la empresa se compromete a no despedir personal. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, Carrefour podría despedir trabajadores pagándoles por debajo de la indemnización que corresponde, gracias a la vigencia del proceso preventivo de crisis.

–cierre de sucursales: con 30 días de preaviso al sindicato y al Ministerio de Trabajo y reubicación de quienes quisieran mantener la relación laboral buscando un “equilibrio sustentable en la dotación de cada sucursal”.

–baja de salarios: aplicación de las negociaciones salariales sólo al básico del convenio, dejando por fuera los adicionales, lo que reduce los haberes por lo menos por los próximos 3 años. El acuerdo contempla que las actuales paritarias del sector se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tendrá un tope de 3.480 pesos. Pero, además, desde 2019 hasta 2021 las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

 –rebaja de aportes patronales: exclusión del pago del 50% de las contribuciones previsionales patronales sobre la totalidad de la plantilla de empleados. “Se acuerda por un plazo de 18 meses (…) la exclusión del 50 % de las contribuciones previsionales patronales sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de la empresa”.

–cláusula de paz social: “las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa (…) ante cualquier situación de conflicto que pudiera avecinarse”, reza el punto Quinto del acuerdo.

El abogado y ex diputado Héctor Recalde calificó de “ilegal e inconstitucional” ya que viola derechos adquiridos de los trabajadores, como la remuneración y las condiciones de trabajo, y extiende su plazo de acción a 30 meses”.

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El Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales. En CABA, los docentes anunciaron paro de 24 horas, de igual forma los Bancarios. 

Luego de los despidos masivos en INTI, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares, en la mina de Río Turbio y en los Ministerios de Defensa y Hacienda; y del cierre de sectores como la Lotería Nacional, entre otros, que amenazan extenderse y continuar durante los próximos meses, el Ministerio de Modernización y el de Economía elaboraron y comenzaron a difundir el Proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretende seguir ahorrando a costa de los trabajadores y las trabajadoras estatales.

El borrador, que habría sido elevado al presidente Mauricio Macri para que lo firme como Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018, contempla que:

• Para aquel empleado de 65 años o más “que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria”, existirá la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales “no remunerativas” equivalentes a su salario neto.
• Para aquellos que tengan 60 años pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
• El tercer caso es el de los menores de 60 años, para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.

De esta forma, Cambiemos buscará que con la presión de la posibilidad latente y constante de perder la fuente laboral, miles de trabajadores y trabajadoras preocupados por su futuro, se acojan a la nueva norma.

La Junta Interna de ATE-INDEC hizo público su preocupación frente a la información que circuló sobre la disolución del organismo. En ese sentido emitió un comunicado donde subraya al sector en estado de alerta y movilización, llamando a la unidad para “construir una gran asamblea general para discutir el tema”. El comunicado también revalorizó posturas que son históricas de esta Junta Interna como “mantener el INDEC ajeno a todo tipo de presiones o injerencias políticas”.

ATE denunció despidos “a mansalva” en la Municipalidad de La Plata. Al finalizar el mes de marzo, nuevamente se han comenzado a producir notificaciones de despidos, indiscriminadas, arbitrarias y en cantidades tales que llegan al 20 % en algunas Direcciones.

Un plenario regional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro el próximo 5 de abril en todo el sur argentino para exigir la reincorporación de los 500 despedidos, estabilidad laboral y la puesta en marcha del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

Docentes

Las clases comenzaron hace cuatro semanas, pero el conflicto por los salarios docentes continúa. Solo hubo acuerdo con los gremios en Formosa (20%), Santiago del Estero (20%), Corrientes (17%), San Juan (17%), Tucumán (17%) y Misiones (15,5%) por encima de la barrera del 15% que pretende imponer el gobierno nacional. En cinco casos las negociaciones fueron del 15% o por debajo: Córdoba (15%), Salta (15%), Río Negro (15%), La Pampa (10%) y Jujuy (5%) donde las negociaciones se retomarán en junio y octubre. Lo hicieron por decreto San Luis (21%), Mendoza (15,7%) y Santa Fe (18%). Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe incluyen “cláusula gatillo”.

En Capital, el gobierno otorgará el 15% en 3 tramos lo que fue rechazado por los gremios mayoritarios UTE y Ademys. Al respecto, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), adelantó que realizarán un paro por 24 horas esta semana “contra el techo a los salarios”.

En La Rioja el gobierno otorgó un 10,5% de incremento, pero la negociación sigue abierta. También se sigue negociando en la Provincia de Buenos Aires donde el miércoles vuelven a reunirse en La Plata (si no hay acuerdo convocaron un paro para el 5 de abril con movilización a La Plata junto con el resto de los gremios estatales), en Catamarca donde el gobierno ofreció 16,5%, Chaco (6%), Chubut (15%) y Entre Ríos (15%). No hubo negociaciones en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Bancarios

La totalidad de las Comisiones Gremiales Internas del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) anunciaron un paro general de dos días para el martes 3 y miércoles 4, en rechazo de lo que consideran un “vaciamiento” de la entidad y en demanda de “salarios justos”, de acuerdo con una declaración sindical.

Asimismo, la conducción nacional de la Asociación Bancaria decidió paralizar las tareas en todo el país el viernes 6 de abril y convocar a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente “si no se alcanza un acuerdo paritario definitivo” luego del fin de semana largo de Pascuas, informaron los secretarios generales Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe.

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La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

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Durante la última dictadura cívico-militar los grandes medios encubrieron y promovieron crímenes contra la humanidad. No fue gratis: se beneficiaron de negociados como el de Papel Prensa. Mientras tanto, y no por casualidad, el gremio de prensa fue uno de los más golpeados.

La violencia contra periodistas ya venía desde antes de 1976, con Onganía primero y luego con la Triple A. Entre las 172 trabajadoras y trabajadores de prensa asesinados y detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado entre 1966 y 1983, estaban quienes construían medios al servicio del pueblo y se organizaban sindicalmente en las redacciones. La potencia de sus historias de lucha alumbra el camino de nuevas generaciones que emprendemos las mismas búsquedas.

Este 24 de marzo encuentra al gremio de prensa en plena lucha. Nos toca enfrentar a los represores de hoy: durante el 2017 las fuerzas policiales detuvieron a 13 periodistas y dispararon balas de goma contra medio centenar de compañeros. En lo que va 2018 dos compañeros trabajadores de prensa fueron apresados. Su delito fue estar cubriendo la represión policial. A la par que denunciamos la violencia policial contra la prensa nos toca salir a movilizarnos en defensa de los puestos de trabajo: ya van más de 3000 puestos de trabajo perdidos desde que asumió Mauricio Macri. En estos días, estamos luchando contra vaciadores en Radio El Mundo y ajustadores en los medios públicos.

En Canal 7 vienen peleando, entre otros puntos, para que noticiero vuelva a salir el aire los fines de semana. Fruto de su lucha, los laburantes acaban de conseguir una victoria. Habían alertado que en el único canal estatal de alcance nacional no iba a realizar ninguna cobertura periodística de las movilizaciones que habrá en todo el país para reivindicar la memoria, verdad y justicia. Ante el inminente papelón, las autoridades decidieron realizar una cobertura de emergencia. De todas maneras, este sábado 24 de marzo, los trabajadores de prensa de la TV Pública, además de garantizar que la trasmisión oficial salga lo mejor posible, hacen su propio noticiero, el #NotiTrabajadoresTVP, y una radio abierta, junto al SiPreBA.

El compromiso con el movimiento de los Derechos Humanos tienen una larga tradición en el gremio de prensa. Algunos hitos nos demuestran que es posible que los trabajadores y las trabajadoras de prensa discutan colectivamente los contenidos periodísticos y desmarcarse el pensamiento patronal:

-En 1987, poco después del primer alzamiento carapintada, en la sección corrección del diario Clarín advirtieron que el diario estaba por publicar una solicitada a favor del genocida Jorge Rafael Videla. Lo mismo iba a suceder en otros cinco diarios. Los correctores llevaron su malestar a la Comisión Interna que dirigía Pablo Llonto. No querían trabajar para que ese texto salga sin errores. El tema se discutió en una asamblea, donde se habló del derecho a oponerse a la propiedad privada y de la potestad que tienen los laburantes para opinar sobre los contenidos. A raíz de la acción de los laburantes de base, los sindicatos gráficos, canillitas y prensa impulsaron una denuncia judicial que logró frenar el texto, que fue considerado como “tentativa de apología del delito”. Cuando todavía la democracia tambaleaba, fue un gran homenaje para Pedro Barraza, asesinado por la triple A y para Conrado Ceretti, Carlos Alberto Pérez, Ernesto Luis Fossati, Daniel Daroqui, Enrique Raab, Jorge Harriague y Luis Guagnini, desaparecidos por la dictadura.

-En 2014 la comisión interna de Atlántida/Televisa, que se había logrado organizar luego de dos décadas sin representación sindical, hizo su primera acción pública: un homenaje a los desaparecidos que trabajaron en la editorial. Uno es el ya mencionado Fossati. Los otros son Enrique “Jarito” Walker, Marcelo Ariel Gelman, Mario Waldino Herrera, Heraldo Juan Marucco y el gran escritor y guionista Héctor Germán Oesterheld. “Los valores de solidaridad, igualdad y justicia social que guiaron la militancia de los compañeros que estamos homenajeando, son los mismos que hoy marcan el camino de la Asamblea de Trabajadores de Editorial Atlántida-Televisa. Su ejemplo es el que alimenta nuestra lucha por dignificar el trabajo y hacer valer los derechos laborales. Recordarlos con esta baldosa es una manera de reforzar la memoria colectiva y ponderar la unidad de los trabajadores; con el deseo de que esta unidad, la cual venimos construyendo desde que comenzamos con las Asambleas, tome la forma de autonomía y habilite un posicionamiento crítico ante los contenidos que se produjeron y producen en las revistas para las que trabajamos… manifestamos nuestro más enérgico repudio a la complicidad que mantuvo esta empresa con la dictadura. Nos produce un profundo rechazo saber que desde revistas como Gente, Para Ti y Somos, se armaron operaciones de prensa en connivencia con los genocidas”.

-En 2015, ni bien ganó la alianza Cambiemos el balotaje, los dueños del diario La Nación sintieron que tenían que marcarle la cancha a Macri. Escribieron el editorial “No más venganza”, donde luego de plantear similitudes entre los terroristas de ISIS y los militantes de los ’70 reclamaban prisión domiciliaria a los genocidas ancianos y que no se avance sobre los criminales de lesa humanidad que integraban el poder judicial, es decir que no avancen los juicios contra los civiles. La reacción de los laburantes fue histórica: “Rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza’. Los trabajadores del diario La Nación decimos SI a la DEMOCRACIA, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos NO al OLVIDO”, plantearon en un comunicado votado en una asamblea masiva, en el corazón del medio más tradicional del país. La foto que se sacaron en la redacción se divulgó tanto por las redes a tal punto que al día siguiente, La Nación publicó la imagen y el texto, un hecho sin precedentes. Como no recordar a Emilio Jauregui, el primer mártir del gremio de prensa, asesinado por policías en 1966. O a María Cristina de Solís, Francisco Marín, Rita Irene Mignaco, Juan Miguel Satragno, Victor Seib y Horacio Speratti, desaparecidas y desaparecidos por la dictadura.

En ese camino estamos como Sindicato. Por eso estuvimos en agosto pasado participando del homenaje a Héctor “el Negro” Demarchi, delegado del Cronista Comercial por la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Y por eso estamos junto a la Comisión Vesubio y Puente 12 reclamando justicia. Allí fueron vistos tres notables creadores que tuvieron mucho que ver con las redacciones: el ya nombrado Oesterheld, Haroldo Conti y Raymundo Gleyzer.

Hace unos días estuvimos junto con Patricia Walsh en la esquina de San Juan y Entre Ríos, homenajeando a su padre, Rodolfo Walsh. Fue durante la marcha de antorchas organizada por el Espacio para la Memoria “Virrey Cevallos”, el 21 de marzo. “El SiPreBA tiene toda la autoridad para reivindicar la memoria de mi viejo”, nos dijo Patricia ese día, destacando la importancia de la organización sindical en prensa.

Hoy, domingo 25 de marzo, participamos junto a ella en San Vicente de las actividades por el 41 aniversario de la desaparición de Rodolfo Walsh. Nos sumamos a la marcha que se realiza a la casa donde se escribió la Carta Abierta a las juntas militares. La vivienda se encuentra usurpada por un policía que participo del allanamiento y saqueo que se produjo mientras Walsh era trasladado a la ESMA.

En su memoria y en la de todos los compañeros caídos por el terror de Estado, levantamos sus banderas. Continuamos su lucha por una sociedad más justa y nos seguimos organizando junto al pueblo trabajador. Nuestro compromiso como trabajadores de prensa es que nunca más los medios de comunicación sean una herramienta del terror.

*Secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)

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No es la primera vez que los trabajadores de prensa de la TV Pública están en lucha. En los ´90 se le plantaron al menemismo y lograron frenar la privatización de la fracuencia. En el 2000 tuvieron que ocupar las instlaciones de canal durante 21 días para resistir contra el ajuste brutal y los rumores de venta del edificio. Ahora, una vez más, se encuentran en pleno conflicto. El pasado lunes 12 de marzo, los trabajadores de la TV Pública realizaron un paro de actividades y se declararon en asamblea permanente, denunciando una “reducción salarial unilateral y sin aviso superior al 50 % de nuestros ingresos, la violación de nuestro convenio colectivo y de los acuerdos vigentes desde hace casi 20 años, así como una campaña de infamias y falsedades para desprestigiar a nuestros representantes gremiales, motorizada desde el oficialismo”.

“Quieren imponer de hecho la reforma laboral que no lograron sacar en el Congreso de la Nación. Estamos defendiendo nuestro poder adquisitivo y la existencia misma de los medios públicos”, señaló Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública e integrante de la conducción del SiPreBA, en esta segunda parte de la entrevista que le realizó Marcha.

–¿En qué consiste el conflicto salarial?

-En octubre de 2016 negociamos con la actual gestión nuestro salario. Fue la última paritaria que firmamos. Ese acuerdo se venció en septiembre de 2017. En octubre empezamos a discutir. Recién el 2 de enero nos dijeron que la propuesta era cero por ciento. Es una extorsión que desnaturaliza la negociación. En una negociación tiene que haber dos partes que ofrecen algo. Tiene que haber buena fe para negociar. No la hay de su parte. Quieren que aceptemos perder nuestros derechos, que dejemos de cobrar lo que nos corresponde, que es el 200 por ciento, por las horas extras trabajadas en francos o fines de semanas. Lo mismo pasa con los viáticos cuando salimos de viaje. Así lo indican el convenio de prensa televisada 124/75 en los artículo 66 y 67 respectivamente. Al quite total de horas extras se le agrega la falta de operatividad que produce su política de jubilación anticipada y congelamiento de los concursos públicos. Los trabajadores estamos defendiendo el Convenio de Prensa Televisada en vigencia, el Estatuto del Periodista profesional, y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos defendiendo los medios públicos.

-¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa?

-El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Púbicos, Hernán Lombardi, inició una campana de mentiras, con la complicidad del gerente de Noticias Néstor Sclauzero y el subgerente Jorge Goldemberg. Mienten, diciendo que tenemos salarios que no son reales. Pretenden que tengamos vergüenza de tener un poder adquisitivo decente en comparación con los salarios en la clase trabajadora y en particular en el gremio de prensa, que están tan bajos. Siempre hemos firmado salarios con las gestiones. No nos autofijamos los sueldos como hacen los funcionarios, como por ejemplo María Carla Piccolomini, esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que estuvo con un cargo en la TV Pública, sin haber concursado, cobrando un sueldo de 190 mil pesos. Veníamos cobrando lo que dice el convenio. No es algo que inventamos nosotros. Este gobierno tiene una concepción de la clase trabajadora en la que hay que vivir con lo justo y con la soga al cuello. Esa es su lógica.

-¿Cuál es el trasfondo del conflicto?

-La idea del ministro Lombardi es reducir canal 7, Radio Nacional y Télam a su mínima expresión. Hoy el canal no tiene programación propia más allá de los noticieros, que a su vez disminuyeron de 30 horas semanales a 14. Es todo enlatado o producciones terciarizadas. Hay una privatización encubierta del canal. Por eso lo que estamos defendiendo son los medios públicos. Tienen un valor agregado: reflejar todos los conflictos sociales y laborales, mostrando a los sectores que no tienen lugar en las pantallas privadas. Es una pelea que dimos históricamente. Y que ahora se hace más urgente y necesaria antes la avanzada del ministro.

¿Cómo vivieron el 8 de marzo, día internacional de la mujer?

-Fue un día muy importante y contradictorio en el canal. Al mismo tiempo que las compañeras organizaron una asamblea de mujeres y un ruidazo, que los compañeros acompañamos, también tuvimos que protestar contra la gerenta de Recursos Humanos Marisa Piñeiro que en vísperas del Día internacional de la mujer impidió el ingreso de la compañera Cecilia Brachetta, Ella es delegada gremial de la Asociación de Personal Jerárquicos, unos de los cuatro gremios que hay en el canal (además de SiPreBA, el SAL y el SAT). La licenciaron de manera compulsiva, de prepo, para que no esté más en su puesto de trabajo, en una clara actitud de persecución gremial e ideológica por parte de las autoridades. El día que no la dejaron entrar, el martes 6 pasado, salieron todas las compañeras a los pasillos del canal, fuimos a exigir la reinstalación y que se respete a las compañeras que son las más vulneradas en esta política de vaciamiento. De los 20 delegados que hay de todos los gremios, solo hay dos compañeras delegadas. En el caso del sector de prensa, de los trece compañeros que se jubilaron de manera compulsiva con el plan de ajuste de jubilación anticipada de la gestión, once eran mujeres.

-¿Cómo ven a este conflicto con respecto a los anteriores?

-Siempre que un gobierno quiere avanzar sobre las condiciones laborales y sobre el carácter público de un medio como canal 7 monta una campaña de difamación y operaciones de prensa. Va de la mano. Eso se ya se vivió en los ’90 y en también en el 2000. De todas maneras esto tiene una característica particular, que es la perversidad de los funcionarios. En los ´90 quisieron privatizar la frecuencia, a través de un decreto. Y además hubo una serie de despidos. En el 2000 hubo despidos masivos y también se rumoreó sobre la venta del inmueble para hacer negocios inmobiliarios. Ahora hay una estrategia mucho más perversa por parte de las autoridades de psicopatear a los compañeros para forzarlos a que se vayan a través de retiros voluntarios, sin despidos directos. Les sacan el trabajo, les imponen vacaciones y licencias. Por primera vez en marzo, que es el mes en el que siempre se larga la programación, los pasillos están absolutamente vacíos porque no hay laburo. No se cubrieron los festivales. En paralelo a que intentan psicopatear a los compañeros, montan una operación de prensa. Pretenden que los trabajadores y las trabajadoras agachemos la cabeza y estemos asustados, para que entonces nos arrodillemos ante la extorsión miserable que nos hacen.

-Lombardi los acusa de defender privilegios…

-Como el gobierno no puede plantarnos un carpetazo como se le dice vulgarmente porque acá no hay ningún sindicalista corrupto, lo que han hecho Lombardi es empezar una campaña muy mediocre en medios afines diciendo que estamos defendiendo privilegios. Lo llama privilegios son derechos de nuestro convenio colectivo, que deberían regir en los medios privados y por los que nosotros peleamos también en esas empresas. Como en todas las empresas en donde estamos organizados, los cuatro delegados del SiPreBA, vamos a trabajar todos los días, fichamos. No tenemos ningún privilegio en relación a nuestros compañeros.  En la última semana hubo un ataque particular vergonzoso del periodista Tato Young, si lo podemos llamar así, contra Jorge Rodríguez, Batata, uno de nuestros delegados y el referente de la construcción gremial en la TV Pública. El es un compañero que tiene un nivel de compromiso muy alto con el canal. Cuando fue la pelea contra la privatización, en el año 95, puso su casa como garantía, la hipotecó para salir de garante cuando presentamos una cautelar por la frecuencia. A ese nivel es el compromiso que tiene el compañero con la lucha en canal 7. Young difundió un supuesto salario, que es falso. Y además trató de desprestigiarlo públicamente diciendo que era el dueño del canal, que era el que decidía quien viajaba y quien no , quién hacía una nota y quién no. En realidad esas cuestiones son cuestiones de convenio que defendemos. Los viajes, locales o internacionales o las horas extras por ejemplo, eran utilizadas como prebenda por gerentes anteriores. Lo que nosotros logramos y fue consensuado con las autoridades y se viene cumpliendo hace muchos años, fue que eso sea rotativo y equitativo. Entonces nadie puede ser beneficiario de una hora extra o de alguna cobertura.

-¿Tuvieron derecho a replica en alguna oportunidad?

-En casi ninguno de los lugares por los que Lombardi desfiló difamando a los trabajadores de prensa, nos dieron derecho a réplica, excepto en Radio con Vos, en el programa de Reynaldo Sietecase, y en el de FM de Blue de Diego Iglesias.

-¿Por qué consideran que los atacan?

-Los trabajadores de prensa de la TV Pública, los trabajadores en general de los medios públicos, somos la primera barrera de resistencia. Por eso nos atacan a nosotros. Atacan nuestras condiciones laborales y salariales porque quieren atacar a los medios públicos. Pero vamos a triunfar porque no somos los únicos que defendemos los medios públicos. Hay un montón de sectores sindicales, sociales y políticos que entienden que atacar los medios públicos lesiona la democracia. Es el resultado de una pelea histórica que venimos dando por el carácter público, plural y democrático que tienen que tener la TV Pública.

Nota relacionada: Primera parte de la entrevista a Agustín Lecchi: “Si el 24 de marzo Lombardi nos censura, vamos a autogestionar el noticiero” 

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La semana pasada la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) realizó su noveno plenario de Delegados. Marcha se acercó para dialogar con su Secretario General, Daniel Yofra.

La F.T.C.I.O.D y A.R.A., más conocido como el sindicato de Aceiteros, viene siendo uno de los actores más dinámicos en el mundo sindical, no solamente por lograr romper el techo a las paritarias del 15% que impone el gobierno y plantear la discusión del costo de la canasta básica para discutir paritarias, sino también por su coherencia en dar pasos unitarios frente a la ofensiva macrista. Así lo mostró el último plenario donde participaron decenas de delegados de la Federación de todo el país realizado en el Hotel Castelar. Los paneles, con representantes de  distintos sectores y espacios políticos expresaron la heterogénea unidad en la acción que se vio el último 21 de febrero y permitieron debates importantes. El primer día participaron Pablo Moyano de Camioneros, Sergio Palazzo de La Bancaria, Rubén Sobrero de Ferroviarios, y Peidro de la CTA Autónoma; el economista Claudio Lozano de Unidad Popular (UP), el diputado nacional por el Frente Para la Victoria Axel Kicillof, la socióloga Paula Abal Medina y el periodista Diego Genoud, fueron parte de los expositores del plenario.

En el primer día del plenario, los desafíos sobre cómo enfrentar el modelo económico del gobierno de Macri estuvo en el centro del debate. Más allá de las distintas miradas que planteaban la necesidad de una unidad política para enfrentar a Macri en las urnas en 2019 o quienes ponían el acento en la unidad callejera, todos coincidieron en que sin marcos unitarios amplios y sostenidos en el tiempo, el gobierno saldrá fortalecido.

Por su parte, Yofra retomó el planteo y remarcó que este año será central para oponer resistencia al gobierno nacional. “Todos dicen que los aceiteros somos el ejemplo pero nadie nos copia. ‘Ustedes son el ejemplo’, entonces ¿por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no defendes a los trabajadores?”, reclama Daniel Yofra a sus pares, en esta entrevista con Marcha.

El gobierno propone un 15% como techo de paritarias y un conjunto de gremios importantes cerraron a la baja, ¿Como vienen sus negociaciones?

En particular viene bastante complicada porque nosotros tenemos una cuestión particular en la cual no nos homologan los últimos convenios y nos extorsiona -literalmente- el Ministerio de Trabajo para que cerremos un porcentaje incluso inferior al 15%.

Las paritarias están marcadas también por el contexto político y sindical, en el cual se viene despidiendo indiscriminadamente desde hace 2 años, donde en las paritarias anteriores la mayoría de los gremios fue a la baja. En este contexto nosotros no podemos estar aislados de esa situación porque cada trabajador aceitero tiene un familiar o un amigo que está padeciendo esta política del macrismo. Entonces hay mucha presión de la sociedad que no entiende, aquellos –como decía en el plenario– “débiles de criterio” que se dejan manejar por los medios de comunicación, sin darle la oportunidad de razonar realmente qué es lo que les corresponde. Me parece que en la medida en que los trabajadores puedan hacer ese “click” de conciencia y puedan razonar que es lo que les conviene, las cosas van a ser mucho más sencillas para el movimiento obrero. En la medida en que eso no ocurra, van a seguir arreglando los dirigentes sindicales nacionales sin consultar a ningún trabajador.

De cualquier manera el Gobierno hoy está teniendo éxito en la gran mayoría de los gremios en avanzar en las paritarias a la baja, ¿no?

Si, en realidad tienen éxito con los que todos los gobiernos tienen éxito. Con todos los dirigentes que han tenido éxito a lo largo de la democracia después de la última dictadura. Si vos te pones a pensar, ¿quiénes son los que cierran? Y son siempre los mismos: Daer, Calo, Martinez, Cavalieri, todos esos han arreglado. Quedan los sindicalistas kirchneristas afuera, que en su momento también ellos eran parte de todo eso, abultaban la cantidad de sindicalistas que por ahí no lo digo para no herir susceptibilidades.

Explicabas que el Gobierno aprieta y ajusta. Ustedes están en conflicto por 45 despedidos en la empresa cerealera Cargill…

Nosotros creemos que es político también. ¿La empresa está reestructurando porque cierra un sector? No ocurre nada de eso, es una de las empresas que más ha ganado y evidentemente la postura firme de ellos es ver hasta donde nosotros…. Porque no es casualidad, el Secretario Gremial de la Federación, que es Secretario General de Rosario, Adrian Davalos, y yo que soy Secretario General de Federación y Adjunto de Rosario, vienen y nos pegan ahí. Evidentemente hay una maniobra política que nosotros le vamos a responder con huelga. No es que nosotros nos vamos a lamentar: la angustia nuestra como dirigentes es la angustia que nos trasmiten los trabajadores que están despedidos. Por más que ellos sepan que los vamos a defender ¿quién le quita la angustia a un trabajador despedido cuando le llega el telegrama a la casa?

El 21F se mostró una resistencia importante y heterogena al gobierno. Veíamos que en el Plenario también se expresó esa diversidad. ¿Cómo se fortalece eso hacia adelante?  

Es más sencillo de lo que uno ve desde afuera, el hecho de darle continuidad a toda esa movida que se hace desde el movimiento obrero. El problema de eso es que si los dirigentes que están encargados de organizar, de convocar a otras organizaciones no están despojados de intereses personales, de ambiciones personales, muy difícil que prospere. Siempre cuando el partido político mete la cola dentro del sindicalismo ya cambia el interés, pasas de tener un interés contra las persecuciones sindicales, contra la baja de salario, contra el techo de las paritarias, contra los despidos, contra el hambre que hay en el país, a decir bueno “hoy nuestro partido dice…”. No te lo dicen abiertamente, pero te dicen “y, yo ahora no creo que estemos tan mal”, “yo creo que hay que darle posibilidades a este gobierno porque lo votó la gente”. A Cristina también la había votado la gente en el 2007 y a los 6 meses la mesa de enlace le metió 100 días de paro. Nosotros no representamos a los partidos políticos y no vamos a someternos a uo.

¿Qué desafíos tiene este 2018 y cuáles son las tareas hacia adelante?

Creo que necesitamos dirigentes que organicen la bronca. Bronca hay porque hay 50% de los trabajadores que cobran menos que 15 lucas, ni hablar de los que están despedidos: hay gente que hace dos años que está despedida. Me parece que con un par de consignas –tampoco hay que pelearse por las consignas. Si la consigna es pelear por los trabajadores, no importa el detalle, son detalles. Pero si podemos pelear así sea… porque todos dicen que los aceiteros somos el ejemplo pero nadie nos copia. “Ustedes son el ejemplo”, entonces ¿por qué no haces lo mismo?, ¿por qué no defendes a los trabajadores?, ¿por qué no peleas por el salario mínimo vital y móvil?

Me parece que lo importante de todo esto es que aquellos que tienen espalda… si yo convoco, por mas que sea un iluminado del sindicalismo, no viene nadie, porque ¿quién soy yo? Yo soy de aceiteros, no tengo prensa, pero si, por ejemplo, convoca Moyano con la espalda que tiene, si convoca Palazzo, si convocan los de la CTA me parece que esa convocatoria -y si hay una continuidad-, la gente va a tener esperanza en eso. Ahora, si esto del 21 de febrero fue como lo de del 6 de marzo del año pasado, que hubo 500.000 personas en la calle y después pasó un año para que vuelvan a convocar… eso es comida para los medios. La tarea es darle continuidad a esa unidad para resistir las políticas económicas de este gobierno.

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Cerca del Día Nacional de la Memoria por la verdad y justicia, a 42 años del último golpe cívico militar, las autoridades de la TV Pública aun no han garantizado la cobertura de las actividades que se realizarán. Para las y los trabajadores de prensa se trata de un claro ejemplo de censura.

Desde hace dos meses que el único canal de noticias del país dejó de tener noticiero durante los fines de semana. Es el impacto del recorte presupuestario y la negativa oficial de pagar las horas extras como indica el convenio. A una semana del Día Nacional de la Memoria por la verdad y justicia, cuando se cumplen 42 años del golpe cívico militar, las autoridades aun no han garantizado la cobertura de las actividades que se realizarán ese sábado.

Para las y los trabajadores de prensa que se desempeñan en la TV Pública, se trata de un claro ejemplo de censura. Y están dispuestos a llevar adelante un nuevo noticiero de las y los trabajadores, como vienen haciendo desde que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, Hernán Lombardi, les dejó sin aire. Por eso, el próximo 24 de marzo será una fecha clave en el conflicto para los 136 trabajadores y trabajadoras del antiguo “Canal 7″.

“En el caso de que la gestión de Hernán Lombardi censure el noticiero de la TV Pública en el Día de la Memoria vamos a volver a autogestionar el noticiero y hacer un nuevo noticiero de los trabajadores”, afirmó Agustín Lecchi, integrante de la comisión interna de la TV Pública y Secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBa-, en entrevista con Marcha. “Nos vamos a instalar sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio, junto a los trabajadores de Telam, Radio Nacional y del SiPreBA, con una trasmisión en vivo, a través de las redes, y con una radio abierta. Va ser un nuevo hito histórico para nosotros”, agregó.

-¿Qué es el noticiero de las y los trabajadores?

-Entre otras medidas, las y los trabajadores de prensa autogestionamos un noticiero en la puerta del canal demostrando que nuestra prioridad son los medios públicos. Queremos estar al aire. La primera trasmisión fue el 3 de febrero, la hicimos en la calle y duró una hora. En esa oportunidad, un compañero y una compañera se tomaron un franco para viajar a Azul a cubrir el cierre de Fabricaciones Militares y tener presencia. La gestión de (Mauricio) Macri lo que quiere es que no viajemos más, que hagamos un periodismo de escritorio, porteño. Desde entonces, todos los sábados venimos sosteniendo flashes informativos. Fue un salto cualitativo. No se dio de la noche a la mañana. Tenemos una pelea histórica en defensa de los medios públicos para que el noticiero de la TV Pública refleje los conflictos sociales y laborales, los problemas de los sectores que no tienen lugar en las pantallas privadas.

-¿Venían haciendo esto más allá del noticiero?

-Cada vez que vamos a un conflicto sindical o social nosotros peleamos para que la cámara este ahí, para que después esas imágenes estén en pantalla. Esos compañeros y compañeras, como fue el caso de AGR, de Pepsico, de INTI, del Hospital Posadas, los mineros de Río Turbio, los aceiteros, las Madres de Plaza de Mayo, organismos antirepresivos y de derechos humanos como Correpi, organizaciones políticas, sociales, nos acompañan en nuestra lucha.

-¿Cómo se generó esta práctica de discutir los contenidos?

-Lo venimos haciendo de forma organizada desde el 2002, que fue un punto de inflexión. Luego del “Que se vayan todos” y la ida en helicóptero de (Fernando) De la Rúa, asume un gobierno, el de (Eduardo) Duhalde con las instituciones totalmente deslegitimadas y con muchos baches en distintos sectores del Estado, entre ellos en Canal 7. A la gerencia terminan llegando dos trabajadores que se portaron como compañeros cuando fueron gerentes: Tico Rodríguez Paz y Fernando Fraquelli.

El 26 de junio de 2002, cuando fue la Masacre de Avellaneda, las y los trabajadores del noticiero de Canal 7 definieron, luego de una asamblea y en la Comisión Interna e incluso con el gerente y el subgerente de ese entonces, poner al aire en el noticiero central todas las imágenes de lo que había sucedido en el Puente Pueyerredón. Las imágenes fueron importantes para condenar a los policías asesinos. A partir de ahí se empezó a discutir como un aspecto fundamental de la lucha gremial, no solamente las condiciones laborales, los salarios y las cuestiones estrictamente sindicales, sino también los contenidos.

-¿Qué preguntas surgieron? ¿Cómo fue el recorrido?

-Nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, qué son los medios públicos, para quiénes son. Con el gobierno anterior tuvimos muchas discusiones sobre el tema de contenidos. En el cambio de gestión, luego de que pierda las elecciones el kirchnerismo, quedó acéfala la redacción. Hasta marzo de 2016 gestionamos el noticiero. Nos regimos por el escalafón administrativo. Se respetó esa estructura, que es la que dicta nuestro convenio. En ese momento, creamos un consejo de redacción, que es un órgano de la asamblea que se encarga específicamente de discutir los contenidos. Algunos compañeros fueron escépticos y cuando llegó el nuevo gerente sintieron que ya no servía. Ahora se está demostrando la importancia del consejo, porque no solamente estamos discutiendo los contenidos sino también la existencia misma del noticiero.

Más información

Para ver el #NotiTrabajadoresTVP https://www.youtube.com/channel/UCLeQ0dKDePpOLTWIUKg4RLw

Blog de las y los trabajadores de TVP: http://trabajadoresdeprensacanal7.blogspot.com.ar/

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En el día internacional de la Mujer Trabajadora, un repaso por los datos que grafican la desigualdad que se vive, también, en el mundo laboral. Como afecta la desocupación y la brecha salarial a las trabajadoras. 

Del total de la población relevada por la EPH en el 3° trimestre de 2015, más de la mitad (51,5%) eran mujeres. Sin embargo, a fines de 2015 el 43,6% de las mujeres encuestadas decía estar empleada, en el 3° trimestre de 2 016 ese porcentaje disminuyó al 42,9%. En el caso de las mujeres hasta 29 años, la tasa de empleo caía hasta el 31,3%, es decir que sólo 1 de cada 3 mujeres menores de 30 años tenía empleo.

En términos de desocupación, mientras en el 3° trimestre de 2016 la tasa promedio era de 8,5%, para el caso de las mujeres dicho valor aumentaba a 9,2% y al 20,8% para aquellas menores de 30 años. En comparación con 2015, todos los valores han empeorado, ya que en ese momento la tasa de desocupación femenina en general era del 6,9% (2,3% menos) y, en el caso de las menores de 30 años, era del 14%, es decir, 6,8% menos.

Mientras en 2015 las mujeres percibían un 25% menos de salario que los hombres por igual tarea desempeñada, en 2016 dicha brecha se amplió hasta un 33%, según indica un relevamiento realizado por la consultora de Recursos Humanos Mercer. Esto representa un deterioro del 8% en la relación salarial del hombre y la mujer, en tan sólo un año.

Los valores que se brindan aquí reflejan las consecuencias de las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional desde diciembre de 2015 a la fecha que afectaron a la clase trabajadora en su totalidad. Partiendo de una devaluación que alcanzó un pico del 62% en marzo y que ha disparado un proceso inflacionario que sólo en 2016 alcanzó un 36,25%, pasando por la política de despidos y cesantías en el ámbito público y privado que ya se cargó con más de 250.000 puestos de trabajo, hasta los aumentos de tarifas aprobados en estos últimos tiempos que destruyen los salarios -ya insuficientes, de antemano-; son todas políticas que favorecen la concentración económica y repercuten negativamente en la clase trabajadora.

La violencia doméstica también aumenta cuando la plata no alcanza y los hombres descargan sobre los cuerpos de las mujeres las frustraciones e impotencias que la crisis del sistema capitalista genera.

Así también repercuten con más fuerza la desocupación, los despidos y la flexibilización laboral ya que uno de los factores que influyen en la violencia doméstica es la imposibilidad de muchas mujeres de ser independientes en materia económica. Entonces, la reducción del acceso al trabajo -o la pérdida del trabajo- favorecen el establecimiento de relaciones de dependencia de la mujer hacia el hombre, con todas las limitaciones para ellas que esto significa en términos materiales como simbólicos.

No debemos olvidarnos de la ya existente disyuntiva con la que cargan las mujeres entre acceder a un trabajo -o desarrollar una carrera- y la decisión de ser madres. Las insuficientes licencias por maternidad y su inequitativo otorgamiento sólo a las mujeres, la falta de jardines y guarderías en los espacios de trabajo, entre otras razones, son elementos que profundizan el acceso desigual de las mujeres al mercado laboral.

Pero como bien sabemos, no es solamente la decisión de ser o no ser madre la que dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ya que en muchos casos basta con el solo hecho de ser mujer para no ser contratada. Claro está que esto también tiene que ver con la ideología capitalista y patriarcal, según la cual contratar a una mujer significa mayor riesgo, porque no solamente debe someterse a la explotación en el mercado laboral capitalista como los hombres, sino carga, en la mayoría de los casos, con el trabajo no-remunerado e invisibilizado en el ámbito doméstico, asegurando así la reproducción social y el buen funcionamiento del sistema capitalista. Ahora bien, esa doble carga genera que las mujeres, ante cualquier inconveniente en casa, la enfermedad de un/a hijo/a por ejemplo, no puedan ir a trabajar.

Por último, la gestión del Estado que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri, donde los recursos se orientan no en favor de los derechos de la clase trabajadora sino para garantizar mayores niveles de acumulación a los sectores económicos concentrados, también perjudica con doble fuerza a las mujeres.

La falta de recursos disponibles para implementar eficazmente la Ley N° 26.485 “De Protección Integral de la Mujer”, o para llevar adelante políticas de educación sexual o de inclusión laboral, son pruebas de ello.

Por esto, el paro internacional de mujeres y la movilización de hoy, 8 de Marzo, son imprescindibles para llamar la atención sobre las desigualdades que siguen reproduciendo la opresión de la mujer en el sistema patriarcal y su explotación en el sistema capitalista.

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