Por Redaccion Citrica y Marcha | Foto: Marcha

Carlos, hijo de Alfredo Cuellar, referente de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, se encuentra en estado crítico tras las quemaduras que recibió el martes 26, bajo resguardo del Servicio Penitenciario en la Unidad 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Igual que con su hija, “la China”, asesinada en 2012, el Servicio Penitenciario no se comunicó con Alfredo para comunicarle las novedades sobre el estado de salud de Carlos, que será trasladado al Hospital del Quemado tras haber estado en terapia intensiva en el Hospital de Ezeiza.

“Volví a ver el horror”, declaró Alfredo el martes en horas de la noche, “mi hijo tendido en una camilla con graves quemaduras en gran parte de su cuerpo y con pérdida de visión”. Eso lo afirmó en un audio de agradecimiento tras los cientos de mensajes de apoyo que recibió tras conocerse la noticia. “No hubo un médico para explicarme cómo se encontraba clínicamente”, agregó, “solo estuve rodeado del servicio penitenciario como si fuera una persona peligrosa”.

Alfredo Cuellar denunció: “nadie me dió una respuesta”. Y agregó que circuló desde la Procuración Penitenciaria un informe que afirmaba que su hijo tenía heridas leves. “Tendrían que estar acompañándome, pero no lo hacen y se basan en los informes falsos que genera el Servicio para hacernos creer que nuestros hijos no están en peligro”. Por eso, desde el primer momento exigió la intervención de los organismos encargados. 

Durante la noche de ayer, Cuellar envió un comunicado donde explicó: “La situación aún sigue siendo de un desinterés absoluto por parte de los organismos del ámbito federal quienes deberían estar acompañando la grave situación que está atravesando mi hijo. Su estado de salud es crítico, está en coma inducido, tiene problemas en el aparato respiratorio y se han negado a darnos un parte oficial, derivando esa responsabilidad al Servicio Penitenciario Federal. Estamos luchando contra la impunidad en la que estamos inmersos.” 

Cuellar aseguró que gracias al acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria se logró que en las próximas horas Carlos sea trasladado al Hospital de Quemados para una adecuada atención debido a su delicado estado de salud. Finalizó su comunicado agradeciendo a todas las personas y organizaciones que se encuentran acompañándolo. “El sistema vuelve a golpearme pero todo el apoyo que recibí me hace más fuerte”, dijo Alfredo Cuellar. Y aseguró que seguirá en la lucha para llegar a la verdad.

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Esta semana, el gobierno volvió con su ofensiva xenófoba contra las y los migrantes y principalmente contra las mujeres, tal como revelan las órdenes de expulsión de una mujer de nacionalidad paraguaya y de otra de nacionalidad peruana. Desde La campaña “Migrar No Es Delito” cuestionaron la medida.

Hay historias que vienen a concretar la crueldad de lo anunciado por el gobierno nacional a principios de año, cuando se conoció que contaba con un listado de mil personas extranjeras para su expulsión. Estas decisiones son, el resultado de una serie de medidas que el gobierno viene impulsando de forma arbitraria contra los y las migrantes, como el DNU 70/2017, y que buscan rédito político en un año de campaña.

Entre las historias está la de una mujer paraguaya a la que la Dirección Nacional de Migraciones decidió expulsar del país pese a estar internada en el hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, debido a su delicado estado de salud, lo que motivó que se le dictara la prisión domiciliaria. Otra es la de Vanessa, una joven mujer peruana que pese a haber cumplido su condena, estudiado y estar trabajando como enfermera también fue objeto de expulsión el pasado lunes, a pesar de ser madre de tres hijos/ as.

Vanessa no tuvo tiempo siquiera de despedirse de su hija e hijo y explicarles la situación, solamente pudo llevar consigo a su nene de dos años. El gobierno expulsó a una madre separando toda a una familia. Tal como expresó su abogado: “la separación de esta familia es inconstitucional desde donde se lo mire. La reunificación familiar está contemplada no sólo en la Ley de Migraciones sino que también en la Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos del Niño”.

Estamos frente a una situación de criminalización que sufren las y los migrantes y que se extiende por la región. Gobiernos que salen “en defensa” del pueblo venezolano pero que sin embargo tienen políticas dirigidas a la estigmatización, segregación y criminalización de las y los migrantes pobres. Un contrasentido que desnuda los discursos embusteros que persiguen otros fines.

La migración internacional ha formado siempre parte de la historia de la humanidad, como una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor.

Cifras contra el sentido común

Tal como revela la Procuración Penitenciaria de la Nación, “las cifras muestran que el total de personas extranjeras presas en Argentina representa un 6% de la población encarcelada, y para el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en la última década el porcentaje de incidencia del colectivo extranjero se ha mantenido sin grandes oscilaciones en torno al 20%, alcanzando un pico máximo de 23% en el año 2015, para luego estabilizarse. Esta sobrerrepresentación del colectivo extranjero al interior de las cárceles del SPF se explica por el carácter federal de los delitos de drogas, más del 50% se encuentra detenido por esos delitos. A su vez, más del 60% de estas personas no tienen una condena firme, lo que en el caso de las mujeres significa que 7 de cada 10 están procesadas”.

Migrantas

Ambas mujeres migrantas y pobres tuvieron que dejar atrás sus países de origen y marchar a un exilio económico obligadas por una difícil situación de existencia. Una situación que viven miles de personas en nuestra región y el mundo. En Argentina, cada año se registra un número superior de migrantes mujeres que de hombres y es sobre ellas que primero recae el endurecimiento de las políticas migratorias.

A.F.R., siglas usadas para proteger su identidad e integridad, es una mujer paraguaya que padece cáncer de mama desde 2017, lo que obligó al poder judicial a reveer su situación de encarcelamiento sustituyéndola por el arresto domiciliario. La situación de salud en la que se encuentra impulsó a que la Procuración Penitenciaria se dirija a la Dirección de Migraciones para reveer el criterio expulsatorio ya que pone en riesgo su vida, tal como lo afirman los médicos que la evaluaron.

La posible expulsión de A.F.R no solamente da cuenta del poco sentido humanitario de un gobierno que prefiere defender policías que asesinan a pibes por la espalda o a impulsar el perdón de genocidas durante la dictadura sino que además violenta el derecho superior de los niñas y las niñas y su derecho a una crianza acompañada, pues de concretarse, estos perderían a su madre. Al igual que Vanessa, que estuvo detenida en uno de los penales de Ezeiza de 2011 a 2014 por ingresar estupefacientes al país, motivo por el que cumplió su condena, lugar donde un alto porcentaje de las mujeres migrantes detenidas están cumpliendo una pena por el mismo delito, no casualmente los más bajos de la escala penal.

Ambas mujeres comparten su condición de madres y a la desigualdad de género y de clase se suma la de la responsabilidad por el cuidado de sus hijos/ as. A ambas mujeres además intentan expulsarlas junto a sus hijas/os, una situación arbitraria, selectiva, de abuso de poder y por demás irregular y violatoria del derecho a migrar. No se trata de grandes narcotraficantes ni de personas que pongan en riesgo la “seguridad de los ciudadanos”. ¿O será que el gobierno busca chivos expiatorios para justificarse de cara a sus votantes y para contrarestar sus desastrosas políticas económicas sembrando el odio?

Desde la campaña nacional “Migrar no es Delito”, cuestionaron el uso innecesario de recursos públicos para expulsar a alguien que hacía su vida en el país con total normalidad luego de cumplir una condena. Llamaron a poner fin a la persecución y a devolvernos a Vanessa y a su hijo, porque éste también es su país.

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Guadalupe Godoy, abogada querellante contra Etchecolatz, expresó que el fallo que revoca su domiciliaria “es de todos nosotros como pueblo”, pero agregó que también fue una respuesta de algunos jueces “molestos por la injerencia del Poder Ejecutivo, a través del Servicio Penitenciario Federal”.

A partir de que la Cámara Federal de Casación Penal le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria al ex jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y genocida, Miguel Etchecolatz, el viernes pasado se puso en evidencia una tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, representado por el Servicio Penitenciario Judicial (SPF). Desde enero de este año, dicho organismo viene confeccionando listas de presos que podrían cumplir su condena fuera de la cárcel para resolver una supuesta “superpoblación”, entre los cuales hay 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, uno de ellos Alfredo Astiz.

“Atacan y ven hasta dónde pueden llegar”

Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos, abogada querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz y en la causa por la desaparición de Jorge Julio López, entiende que “hay jueces que empiezan a sentirse molestos ante la evidente presión del Poder Ejecutivo para obtener estas domiciliarias, que en este caso se transmitió a través de listas de consejos que va enviando el SPF, que todos sabemos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación”. En concreto, durante la audiencia del día anterior, en el marco de la revisión de la decisión del TOF6, “se notó que por lo menos, uno de los jueces o dos, se sentían molestos ante esa injerencia… En parte fue una respuesta a eso, porque lo que está claro es que, en el caso de Etchecolatz, nunca hubo un dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, o de las juntas médicas donde participa ese cuerpo médico forense, que dijera que no estaba en condiciones de permanecer en la cárcel. Con respecto al pedido de domiciliaria de Astiz, es lo mismo. Atacan y ven hasta dónde pueden llegar. E insisten con plantear a los presos de lesa en igualdad de condiciones con los comunes”.

“El fallo es de todos nosotros como pueblo”

Sin embargo, Godoy aclara que fueron varios los factores para que se diera marcha atrás con la prisión domiciliaria de Etchecolatz: “El factor ineludible claramente es el enorme repudio social que generó la aparición de actores por fuera de lo que es el tradicional movimiento de derechos humanos o de los organismos. Fundamentalmente pienso en la irrupción de Vecinos sin Genocidas, que lo que hacen es plasmar todos estos años de disputa, ese discurso que por ahí era propio del movimiento de derechos humanos y de los organismos, que se generaliza socialmente y entonces irrumpe ahí. También la aparición de Ex Hijos e Hijas de Genocidas, hay un impacto en las presentaciones judiciales que realizan y las públicas, la participación en las acciones y demás. Eso tiene un impacto muy fuerte, similar a lo que fue la reacción en el 2×1 (intento de aplicación de la Ley de 2 x 1 en casos de delitos de Lesa Humanidad, por parte de la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2017)”.

“Este 24 de marzo va a ser masivo”

Además de abogada, Godoy reflexiona como militante por la causa de los derechos humanos, en el marco del avance represivo: “Este 24 de marzo va a ser masivo, porque los 24 en cierta forma son balances del año, y el año pasado fue el intento del 2×1, fue la liberación de genocidas, pero también fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y todas las víctimas que hoy implica la doctrina Chocobar (policía que asesinó por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, felicitado por el presidente Mauricio Macri)”.

En este sentido, la abogada de la familia de Julio López, espera una movilización masiva como fuerza unitaria frente a “las políticas de hambre” que solo pueden imponerse con represión. “Celebro todos los intentos de unidad que se están dando, y hay muchos organismos que hoy están haciendo el esfuerzo para que los reclamos sean unitarios ante un gobierno que claramente, con el corte neoliberal que tiene, no va a poder seguir sin profundizar la represión. Detenerlo es exclusivamente responsabilidad del movimiento popular, del cual el movimiento y los organismos de derechos humanos son una parte y en todo caso es la que está más atenta a determinadas cuestiones que atañen a la memoria y a la violación de derechos humanos. Claramente son luchas que no se llevan adelante sin una plena conciencia del campo popular de lo que está sucediendo… Y me parece que la hay, lo que falta todavía son los mecanismos de respuesta más masivos y más aceitados”.

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