Por Vivian Palmbaum | Foto: SADO Colectivo Fotográfico

El 2020 atravesado por la pandemia y el aisamiento fue muy difícil para todas las personas, pero para quienes están privadas y privados de su libertad es imposible de dimensionar. A un sistema penitenciario en grave crisis por la sobrepoblación, el hacinamiento, la insuficiente o inexistente asistencia en materia de salud, la falta de alimentación adecuada, solo por mencionar algunas cuestiones elementales, se sumó el incumplimiento de las recomendaciones que realizaron organismos como la ONU para mitigar y evitar el impacto del Covid 19 en contextos de encierro y que confinaron a las personas que forman los grupos de riesgo a permanecer en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

Las personas privadas de su libertad con graves enfermedades no pudieron acceder a domiciliarias, tampoco las y los mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijes, entre otras. La situación de las personas no binarias y trans fue mucho más difícil de sobrellevar sin elementos de higiene en este contexto. Una continua revictimización de quienes ya están condenadxs por el sistema.

La pandemia se hizo presente en los contextos de encierro en silencio, invisibilizada y causó consecuencias que desconocemos. En medio de estas situaciones, en la provincia de Buenos Aires se produjeron muertes inexplicables por situaciones naturales: suicidios de personas que estaban ilegalmente en buzón, brutalidad y golpizas hasta la muerte. Y a nivel nacional, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), desde el 20 de marzo, se produjo una muerte cada seis días en las cárceles federales del país; siendo hasta el 31 de octubre, 40 las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal; 17 de ellas, por COVID- 19.

Detrás de los muros habitan personas que privadas de su libertad esperan las visitas de familiares y amigos que ayuden a transitar estas difíciles situaciones de cumplir una condena y les asisten con alimentos y necesidades, les llevan el cariño y muchas veces con su presencia son una garantía frene a la brutalidad de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Fueron las personas en condición de encierro quienes primero fueron privadas de las visitas, aunque el coronavirus llegó igual de la mano de guardiacárceles y personal penitenciario.

Después de 8 meses de aislamiento y soledad, se había dispuesto que se reanudaran las visitas a las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La decisión luego de ser comunicada fue suspendida, tal como informan familiares en un comunicado que cuenta que se volvió atrás con la decisión: “una vez que centenares de familiares habíamos comprado pasajes y comida, gastando nuestro escaso ingreso en la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos”. La suspensión produjo serias protestas en las cárceles de la provincia, “huelgas de hambre y las tomas pacíficas de los pabellones son la única medida que pueden tomar lxs privadxs de su libertad frente a un sistema que NO les escucha, que NO quiere siquiera reconocer como legítimos sus derechos”. Las medidas de protesta pacífica exigieron “que se otorguen los beneficios que corresponde. Que se dé solución al hacinamiento que mantiene hasta 18 presos en una celda para 6 personas de 3 mts x 2.5 mts. La superpoblación de las cárceles excede en un 100% a las capacidad real de las mismas”.

“En el centro universitario uno no está en la cárcel”

El Centro Universitario San Martín (CUSAM) es un espacio educativo creado por la UNSAM en el interior de la Unidad Penal N.° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de José León Suárez del partido de General San Martín (Provincia de Buenos Aires). La oferta curricular está compuesta por las carreras de Sociología y Trabajo Social, dictadas por el IDAES, así como por talleres artísticos y de oficios.

Desde Marcha entrevistamos a Abel Díaz, quien cumple condena en la Unidad Penal 48, vicepresidente del CUSAM, del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, y referente del pabellón 6, universitario. Además, coordina tareas para la universidad y otras actividades, incluidas las virtuales por la situación de aislamiento.

Abel nos contó que significa estar estudiando en este contexto: “la universidad me cambió en mi interior, me está cambiando como persona, me está purificando”. Explica que decidió estudiar, porque “era un espacio para entrenarme, para luchar frente a tanta injusticia”. Abel en sencillas palabras reveló “el ser universitario es una salida, porque te cambia la lógica de la cárcel. En el centro universitario uno no está en la cárcel, está en el centro universitario. Por eso todas las lógicas tumberas, como le llamamos acá, dejan de tener sentido en un espacio como ese, donde el par es un estudiante, no es un preso con más o menos estatus a nivel delictivo, es un estudiante”.

Además de garantizar el derecho a recibir educación de la personas privadas de la libertad ambulatoria, el proyecto del CUSAM, se propone una transformación social de las personas que allí estudian y las instituciones (la universidad, la cárcel y el territorio), a partir de la formación académica y de investigación, artística, cultural y del trabajo.

El CUSAM “es un lugar diferente”, afirmó Abel, “la entrada en un universo que está vedado por la sociedad, porque el ingreso a una universidad, por más que sea pública, a veces está vedada para ciertos sectores de la sociedad, igual que el arte”.

Díaz, nos recordó que la tasa de reincidencia para quienes estudian es mucho menor. Sin embargo, los obstáculos para quienes quieren volver a reinsertarse son muchos, “si bien tenemos una ley que no se cumple, la 14.301, que es de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que obliga al Estado a tener un porcentaje de liberados. Pero si yo me recibo de trabajador social y quiero trabajar en el Estado, me piden un certificado de antecedentes penales que me impide hacerlo y así pasa en otros lugares, como por ejemplo, la matrícula del Colegio de Abogados no puedo sacarla porque si estuve preso, el colegio me discrimina y tampoco podría ser escribano. Si bien el paso por la universidad y ese nivel educativo hace que la tasa de reincidencia baje, no es menos cierto que es muy difícil conseguir un trabajo para la persona que estuvo privada de su libertad, que lo tomen en un empleo si tiene antecedentes penales”.

La ley persigue a las personas que fueron condenadas, no solamente hasta que terminen su condena, la prescripción de una causa penal termina hasta 10 años después de haber pasado por el encierro y eso le impide hacer un monton de cosas. “Esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar en la sociedad, para que realmente baje la tasa de reincidencia”, afirmó Abel, “el complimiento de la pena, no se paga solamente con la pena, se paga con el dolor, se paga con el cuerpo, se paga con tortura dentro de la cárcel”.

Represión sin límites, también dentro del Centro Universitario

En algunas unidades penitenciarias se vivieron momentos de violencia extrema, luego que se había llegado a un acuerdo para restituir las visitas. Represión a las protestas, traslados intempestivos y ataques a los centros educativos fueron la respuesta por parte de las fuerzas del Servicio Penitenciario. Asi sucedió en la Unidad Penal 48, del Penal de José León Suárez, donde se vivió una jornada de violencia y brutalidad, contra el CUSAM, Centro Universitario San Martín, espacio dentro del penal donde funciona la Universidad de San Martín. También el espacio educativo universitario de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, donde la Universidad de La Plata tiene trabajos educativos, fue atacado.

En el CUSAM fueron los propios alumnos quienes en medio de la violencia defendieron “con sus cuerpos ese espacio”; sin embargo, parece que no fue suficiente porque “una vez en sus pabellones y engomados (sin poder salir de sus celdas), comienzan a ver humo en las inmediaciones del CUSAM”, como expresan en el comunicado. Allí comenzó una situación que ellos mismos califican de “venganza por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que literalmente, destruyó todo lo que estuvo a su alcance”. Los agentes represivos prendieron fuego la biblioteca, la radio y el Centro de Estudiantes. Se quemaron libros, computadoras, bancos y todos los instrumentos musicales que pertenecían a “Rimas de Alto Calibre”, una banda que nació en ese espacio y que “ha podido romper cadenas en esa libertad conseguida”.

Abel Díaz, con mucho dolor, advirtió que el ataque al centro universitario “fue una reafirmación de la exclusión”, de que “estos negros no estudien ¿cómo los presos van a ser profesionales? ¿Cómo se van a educar los presos?”. Sin embargo, tiene expectativas para la reconstrucción del CUSAM y en medio de esta dolorosa situación, explicó que están haciendo una campaña y la universidad también, para reconstruir el lugar. “Después de esto vamos a tener un lugar mucho mejor que el que teníamos. No nos van a quebrar con este tipo de acciones”, esperanzó Abel.

Familiares de personas privadas de su libertad en contexto de encierro y amiguxs se autoconvocaron ayer para protestar frente a la gobernación en La Plata para repudiar la represión. Mientras, autoridades de la Universidad recorrieron junto al juez de ejecución, Alejandro David, las instalaciones del CUSAM, para constatar los daños que sufrió. El juez se comprometió a abrir una investigación para establecer las responsabilidades. La Universidad de San Martín (UNSAM) junto a estudiantes del centro universitario comprometieron sus esfuerzos para reconstruir esta posibilidad para las personas privadas de su libertad. Tras la represión llega la reconstrucción.

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Por Redacción Marcha

La muerte en prisión es un crímen de Estado, así lo expresan detenidas y detenidos en las cárceles bonaerenses. El comunicado elaborado por las y los detenidos tiene una serie de demandas destinadas a cuidar su integridad física frente a la amenaza de la pandemia dentro del contexto de encierro.  Tal como expresan, en la Argentina no existe la pena de muerte, asi que es necesario que se resguarden sus derechos elementales. El petitorio fue entregado en medio de grandes medidas de seguridad que intentaron amedrentar a las y los que se acercaron al Ministerio de Justicia, en La Plata. Una situación similar ocurrió frente al Ministerio de Nación en CABA. Sin embargo las y los autoconvocados sostuvieron su presencia hasta que fueron recibidos para entregar el petitorio.

En el comunicado que elaboraron desde el Colectivo y que fue entregado se solicita “el cese de las muertes por goteo que están provocando nuevas formas de crímenes de lesa humanidad, porque el coronavirus ya ingresó a la mayoría de las cárceles bonaerenses”. Expresan que la situación hace que la vida de las, los y les detenides “siempre ha estado en riesgo por la falta de sanidad, el hacinamiento, las torturas sistemáticas que imparten el Servicio Penitenciario Bonaerense sobre nuestras personas avasallando nuestros derechos humanos y los preceptos establecidos por  la Constitucion Nacional”.

Lejos estan las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU respeto al a protección de personas privadas de su libertad ante la amenaza del Covid y tal como el Colectivo afirma, “la muerte es un presagio anunciado para nosotros del cual hacemos responsables al Poder Judicial, por haber negado toda libertad que fuera peticionada conforme a derecho, en especial a las personas con padecimiento de salud grave, mayores de 65 años, mujeres embarazadas a punto de dar a luz, madres con sus hijos  menores de 5 años viviendo en condiciones nauseabundas. Por el contrario hemos recibido represión y traslados arbitrarios, muertes por violencia institucional que exigimos no queden en el olvido”.

Desde el Colectivo de detenidos y detenidas advierten sobre la indiferencia del gobierno provincial y del Poder Judicial, que en lugar de la conmutación de penas o medidas de protección “eligieron armar hospitales de campaña dentro de las unidades. Mentira. Se trata de lugares húmedos e inadecuados para tratar cualquier problemática de salud”.

Se preguntan “¿Quién puede decirnos que las cárceles están preparadas para asistir del virus más letal que asota al mundo entero?  Somos nosotros los propios detenidos que sin cumplir con los elementos básicos debemos asistir a nuestros compañeros infectados, por orden del Servicio Penitenciario Bonaerense”

“Tenemos la convicción junto a nuestros familiares que esto es un crimen de Estado” por eso, por el derecho a la vida esperan una pronta respuesta.

Frente al Ministerio de Justicia las y los familiares autoconvocados expresaron “No existe la pena de muerte en Argentina. Ante la decidia de los tres poderes del Estado hoy decidimos estar aca en representación de sus familiares privados de libertad que están luchando por su vida frente a la presencia del Covid-19”. Hacen un pedido por la inmediata presencia de autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y DD.HH. y todas las organizaciones de derechos humanos . Por el derecho a la vida, porque hay gran cantidad de afectados por el coronavirus. Porque a las vulneraciones reiteradas de los derechos dentro de los ámbitos carcelarios, se suma una nueva vulneración del elemental derecho a la vida.  “No estamos pidiendo la libertad de todos, sino la libertad de quienes se encuentran en riesgo y que puedan ser asistidos en distintos hospitales. No pedimos la libertad de femicidas o violadores sino la libertad de las mujeres con hijos, de los enfermos terminales, las personas que teniendo la condena cumplida aun siguen detenidas”.

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