El pasado lunes 5 de junio se cumplió el 29 aniversario del secuestro, tortura y asesinato del joven militante de las Comunidades Eclesiales de Base Agustín Ramírez. Por esta ocasión se llevó adelante en la sede del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) una conferencia de prensa en donde se anunció la presentación del caso ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). La jornada contó con la presencia de Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza; Alejandro Bois, abogado de la familia; Adolfo Pérez Esquivel, Presidente del SERPAJ; Alberto Santillán, padre de Darío Santillán; Francisca Quintana, Madre de Agustín y los hermanos de Ramírez.

La jornada comenzó con la palabra de apertura de Pérez Esquivel: “La injusticia debilita a la democracia y debilita al pueblo, es bueno no bajar los brazos y seguir reclamando. Agustín se comprometió con la lucha del pueblo”. El salón repleto de compañeros y compañeras que caminaron junto a Agustín por las calles de Quilmes y Solano, aplaudieron este mensaje inicial.

Alejandro Bois, es abogadp e integra la APDH de la Matanza, y es quien lleva adelante la causa. Durante su relato advirtió: “El seguimiento era muy específico de cada familia que buscaba justicia, y señalaban también, que esas personas eran subversivas, mismo Agustín era catalogado como subversivo. Los que aún estaban en el poder judicial e intentaban hacer algo de justicia terminaron renunciando, hasta por amenazas incluso”. Y agregó: “La muerte de Agustín Ramírez no es un homicidio común, se dio en el marco de un plan sistemático de eliminación. Del 83 en adelante, el aparato represivo de la dictadura seguía claramente vigente. Lo de Agustín fue un delito de lesa humanidad”.

Agustín “Capi” Ramírez fue asesinado la noche del 5 de junio de 1988. Se encontraba camino al asentamiento “San Martín” ubicado en las calles 826 y 898 de San Francisco Solano; allí es interceptado por un grupo de tareas de la Policía Bonaerense. Su cuerpo fue hallado sin vida a la mañana siguiente con signos de torturas (https://noticiasancap.org/2016/10/23/agustin-ramirez-una-vida-por-los-humildes/) .

La DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Bs AS) afirma en 1995, mediante sus documentos, que Agustín fue abatido por la Policía. La regional Lanús de la DIPPBA, se refirió a  la persona de Ramírez como “Uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedicaba a captar carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos”.

El informe de la DIPPBA que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó a la familia de Ramírez en 2014, es lo que permite que en la actualidad se pueda tener una esperanza renovada de justicia. Tomando este material como prueba fundamental a la hora de hacer la presentación ante la CIDH.

Jorge, es el menor de los hermanos de Agustín, debió abandonar la secundaria en 1987, por las continuas amenazas que sufría. “Siempre sentimos que la policía estaba detrás de todo esto”, destacó en una entrevista a los medios alternativos presentes en el lugar. La figura de Francisca, su mamá, a los 79 años luchar por justicia, lo enaltece. “Verla todavía peleando es muy fuerte. Hoy sentimos una alegría de dar un pasito más.  Siempre trabajó con los que más precisaban un lugar donde vivir, un techo. Con el informe de la DIPPBA, soñamos que haya justicia, y que después de tantos años, no quede impune, no solo el caso de Agustín, sino el de los jóvenes asesinados por gatillo facial y torturas”, finalizó Jorge Ramírez. 

Ante la mirada expectante de cada oyente que se acercó al SERPAJ, llegó el turno de la madre de Agustín Ramírez, Francisca Quintana, que inundó de recuerdos y sentimientos de su hijo, a 29 años de asesinato. “Estoy contenta con esto, es una esperanza de justicia. La presencia de mi hijo está siempre. Yo no quería creer que lo habían matado. Fue una tremenda injusticia. Tiene que haber justicia. Una escucha como tratan a los jóvenes en los barrios, no hay que esperar qué les pase algo. Agustín siempre me enseñó a ayudar y acompañar a los que más necesitaban”, dijo y destacó: “Agustín era un constante luchador por el otro, para ayudar y acompañar, siempre acompañaba al otro”.

Pablo Pimentel, además de ser amigo de Agustín, y caminar junto a él en la militancia social, fue junto a Ramírez, de los primeros objetores de conciencia de la Argentina, al negarse a realizar el Servicio Militar Obligatorio. Participaron ambos del FOSMO (Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio).

Con marcado sentimiento en su voz, Pimentel cuenta su pensar sobre el caso: “Formó los fogones para darle voz a los expulsados de la sociedad. Hoy a 29 años de impunidad del caso de Agustín, a los pibes de los barrios se los sigue matando y esto debe servirnos para reflexionar. El mejor homenaje es que se sepa la verdad de lo que pasó. En una de las fichas de la DIPPBA, está claro lo que ocurrió con Agustín, en esa ficha dice ‘Elemento peligroso subversivo abatido por la policía de la provincia de Buenos Aires’. Era clarita la responsabilidad institucional. Agustín sufrió lo que sufrieron los 30 compañeros detenidos desparecidos, en un lapso corto de horas, pero eso sufrió en manos de un grupo de tareas”.

La conferencia de prensa  que se realizó en el edificio de la calle Piedras al 700, en la Ciudad de Buenos Aires, en todo momento fue transmitida por los medios alternativos y populares que se hicieron presentes: La Retaguardia, FM La Barriada y la Agencia de Noticias A.N.C.A.P.

Alberto Santillán, padre de Darío Santillán y un incansable luchador por la reivindicación de los derechos de los más humildes, estuvo presente en la jornada. Al momento de expresar su sentir en la conferencia de prensa hizo mención a la coincidencia de como la escuela Piedrabuena, de Solano, fue la misma que asistieron Agustín y Darío. “Agustín ayudo en las tomas de tierras y Darío siguió un poco ese camino” y reflexionó “Todos nuestros muertos son de la misma madera: Agustín, Darío, Fuentealba, Mariano (Ferreyra), el Pocho Lepratti, son todos iguales. Dejan lo suyo de lado, por entregar su vida a los que menos tienen”.

Cesar Cayeta, lo conoció a Agustín y formó parte de la toma de tierras del asentamiento “Agustín Ramírez” en 1995. Hoy, ubicado en Florencio Varela. Analiza que poder llamar al asentamiento con el nombre de Agustín, los llevo a una victoria segura a la hora de concretar dicha toma, a pesar de la dureza que presentaba Duhalde como Gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese instante estalló en aplausos la sala que albergaba a los presentes  que se hicieron sentir.

Dentro de los asentamientos que se formaron gracias al lucha y el trabajo que llevó adelante Agustín, podemos encontrar: “El Tala”, “Santa Lucia”, “2 de abril”, “Santa Rosa” y el último fue “Barrio Jerusalem”. Su lucha en las barriadas de San Francisco Solano, aún tiene vigencia con los que la continúan. Hoy podemos advertir, que su nombre es llevado como bandera por: Centros culturales, Escuelas, calles, Centro de Salud y participación social e incluso espacios de asesoramiento legal en tierras dentro de las barriadas llevan su nombre como emblema.

Source

El jueves pasado 6 de mayo en el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) de Capital Federal se llevó a cabo el Debate sobre violaciones a los derechos humanos y resistencias en nuestra América atravesada por nuevas formas de golpes.

Del evento participaron Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Beverly Keene, de Diálogo 2000, ambas participantes de esta iniciativa; Salvador Zúniga, hijo de Berta Cáceres, la líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el último 2 de marzo; Eduardo Soares, abogado de la Gremial que representa a los seis campesinos paraguayos arrestados hace 10 años en nuestro país cuando pedían refugio, quien compartió la demanda presentada ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Además estuvieron presentes integrantes de la agrupación Pañuelos en Rebeldía y la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala.

El problema de Paraguay es la tierra

A 10 años de la detención de seis campesinos paraguayos en Argentina, donde pasaron 3 años detenidos, luego extraditados y sentenciados a 35 años de prisión acusados del asesinato de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Alberto Cubas Grau, Eduardo Soares, abogado de la Gremial Argentina que los representa compartió su historia del caso y la situación institucional que atraviesa Paraguay junto a la presentación ante la CIDH por los seis.

Soares explica que ha habido una disputa en Paraguay muy grande entre la vieja oligarquía y los nuevos arrendados que han tomado la tierra por la fuerza para dedicarlos a la agroexportación de soja y “por lo tanto los grandes consorcios Brasileros y de Paraguay han dominado gran parte del territorio”. Esto no se hace pacíficamente y con gran resistencia campesina. “Aún sufriendo uno de los mayores genocidios de nuestra historia como lo fue la guerra de la triple alianza”, agrega.

En los últimos 20 años la resistencia campesina y su lucha ha tomado cada vez más fuerza. Grandes focos de resistencia y represión como la masacre de Curuguaty han pasado bajo el puente. Soares, “El Negro”, como le dicen en su círculo íntimo, expone que Paraguay sostiene diferentes estadios en su historia: “Lucha campesina en auge. Reaparición de organizaciones sindicales campesinas y políticas, una de las más grandes que surgió fue Patria Libre que llego a tener un desarrollo campesino muy importante con auténticos dirigentes en sus filas. Partido que comienza a desarrollar una lucha que no es lo mismo que la lucha individual, en los gremios o armar un partido y decir yo quiero ser parte del poder”. Y continúa: “Esta confrontación con las oligarquías ha sido grande desde entonces con una gran represión, importante con matanzas selectivas contra dirigentes de Patria Libre y el movimiento agrario popular, una organización netamente con presencia campesina. Represión masiva por parte del ejército patrullando los montes y desalojando. O colaborando con estos ejércitos privados que empiezan a aparecer con esta nueva oligarquía, truchando boletas de compra venta, títulos de propiedad, amenazando, matando dirigentes y sus familias”.

Un proceso largo que concluye por estos tiempos con las imputaciones a dirigentes y campesinos desde el sector judicial. “Con el caso de estos seis campesinos se inicia un proceso que tiene que ver con la administración de la justicia paraguaya y en general en América Latina que cuesta explicar y razonar”, reflexiona Eduardo Soares.

La historia de estos seis campesinos que hace 10 años los llevó a su detención ilegal, comienza en 2005 cuando a la semana de ser detenidos en Paraguay, el juez original de la causa, Don Pedro Mayor Martínez, los absuelve a la semana y los pone en libertad. Se producen hostigamientos, amenazas que los lleva a decidir ir a ver el embajador argentino del momento en Asunción donde reciben asilo y recomendación para pasar por la frontera. Pero son apresados a la semana de su llegada al país. La madre de Cecilia Cubas, junto al dirigente Juan Carlos Blumberg y Aníbal Fernández, ministro del interior por ese entonces, declararían a los campesinos terroristas y su deportación para ser juzgados en su país. Estuvieron detenidos entonces en Argentina durante tres años. Una herida que aún duele a la gremial de abogados. “Durante el juicio nosotros probamos torturas en las cárceles paraguayas donde el Juez Lijo nos dijo que eso no significaba que estos seis iban a hacer torturados”, expresa Soares, quien aún continua en la lucha por su liberación.

A partir de ahí la Corte Suprema confirma la resolución del Juez y son devueltos a Paraguay donde son condenados a 25 años, más 10 años por agravante. Un caso perdido según el “Negro”.

El fiscal de la causa fue Rogelio Ortúzar, quien no sólo participa en los tribunales, también suele pasearse con uniforme táctico y armado entre campesinos asesinados en operativos de desalojo. El problema de Paraguay, advierte Soares, no es tanto la politización de la justicia si no su feudalismo que mantiene intacto a pesar de haber contado con la formación de fiscales por los más progres juristas argentinos como Zaffaroni y Barcesat.

La lucha siguió en Paraguay. Entre ellos seis, hay unos 100 presos políticos hoy en día que Soares los divide en tres grupos. Estos seis más Villalba (Curuguaty). El segundo grupo a campesinos integrantes de las organizaciones sindicales. E integrantes del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Con complicidad e intervención de otros países latinoamericanos, además de los extranjeros, como Colombia, se ha enviado grupos de tareas especializados a Honduras y Paraguay. Milani ex jefe del ejército argentino envió una brigada de inteligencia recibida por Fernando Lugo para colaborar en la lucha contra el EPP en su momento, y ahora, en tiempos de Cartes, hace muy poquito se ve la presencia de la MOSSAD, agencia de inteligencia israelita.

Eduardo Soares finaliza reflexionando que tanto Lugo, agrupaciones y partidos de izquierda, como la derecha a la que responde Cartes, los gobiernos y cancillerías argentinas que han pasado durante estos diez años, han hecho nada por este caso.

Los seis campesinos siguen tan invisibilizados como al principio a no ser por la presencia de los organismos campesinos que continúan con la lucha de siempre: Defender la tierra.

Source

El jueves pasado 6 de mayo en el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) de Capital Federal se llevó a cabo el debate sobre violaciones a los Derechos Humanos y resistencias en Nuestra América atravesada por nuevas formas de golpes.

Del evento participaron Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Beverly Keene, de Diálogo 2000, ambas participantes de esta iniciativa; Salvador Zúniga, hijo de Berta Cáceres, la líder indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el último 2 de marzo; Eduardo Soares, abogado de la Gremial que representa a los seis campesinos paraguayos arrestados hace 10 años en nuestro país cuando pedían refugio, quien compartió la demanda presentada ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Además estuvieron presentes integrantes de la agrupación Pañuelos en Rebeldía y la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala.

Berta, un caso que se replica por todo Latinoamérica

Es de público conocimiento las políticas desestabilizadoras y golpistas que el gobierno de EE.UU. viene impulsando sobre toda la región con complicidad de los gobiernos locales y financieras internacionales. Países como Haití, Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil que fueron marcados por desgarradoras dictaduras en su historia, hoy sufren golpes blandos de los cuales con ayuda de otros Estados, empresas multinacionales, partidos políticos, ONGs financiadas por fondos buitres, y bancos, entre otras organizaciones, toman el poder ofrecido a un dirigente de sus conveniencias, logrando una estabilización institucional y meter sus intereses en las políticas locales, negociando concesiones de extractoras, cerraderos y otros recursos naturales, reprimiendo, amenazando y asesinando a dirigentes sociales y trabajadores a través de la policías locales con ayuda y entrenamiento de grupos tácticos y especiales de países extranjeros (o de la misma región) y sicarios.

Berta Cáceres, hondureña, dirigente social “desde que nació”, diría su hijo más tarde, fue asesinada el pasado 2 de marzo en medio de su lucha incansable y pacífica junto al pueblo lenca de Río Blanco para detener la construcción inconsulta del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La construcción de esta obra, es llevada a cabo por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), financiada por los bancos FMO (holandés), el FINFUN (finlandés), SIEMENS (alemán) y bancos nacionales a través del actual Estado hondureño. Poniendo en riesgo el acceso al Río Gualcarque, vital para la supervivencia de la comunidad lenca, limitando su acceso al agua y alimentos.

Berta y el COPINH lucharon pacíficamente para que cesara la construcción de Agua Zarca y por su lucha, fueron amenazados, hostigados y perseguidos y no solo por el Estado. El sicariato es una práctica habitual que se ha vuelto algo normal dentro de los nuevos golpes institucionales, atentando contra la vida de dirigentes sociales, encubiertos por los estados locales y sistemas judiciales endebles y corruptos, que a su vez son en sí mismo controlados por las minorías patriarcales locales. Al menos 109 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras entre el 2010 y 2015. Defender su territorio de la explotación de recursos indebida es cada vez más peligroso ante la falta de respuesta de organismos de derechos humanos internacionales y la incivilización de los medios de comunicación. Salvador Zúniga, integrante de COPINH como su madre, advierte que “Estos proyectos se hacen a cualquier costo, no importa si tienen que amenazar o asesinar. Toda esa represión es dirigida contra sectores de la población originaria que contiene la gran riqueza natural, contra mujeres (según datos de la ONU, Honduras ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel mundial en países que no están en guerra) y movimientos campesinos. Es una situación crítica que se agrava en 2009 con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Golpe de la nueva era. Una experimentación de golpe institucionalizado apoyado por grupos armados militarizados disfrazados pero evidentes por la gran represión que existe. A partir de ese momento la gran cantidad de asesinatos ha sido marcada por una impunidad muy alta”.

En Palmerola se encuentra la segunda base militar estadounidense en Honduras. La segunda también más grande del país norteamericano en la región. La presencia de EE.UU. “viene a evidenciar su participación a través de grandes empresas extractivista con mineras, acerraderas, represas y actualmente las ciudades modelos y privatización de ciudades turísticas”, denuncia Zúniga y continua: “cada uno de esos proyectos implica la represión y desalojo”.

El hijo de Berta explica que a través del COPIH se vienen denunciando y construyendo caminos de lucha no sólo contra la violación de derechos por parte de las Empresas multinacionales implicadas si no contra el machismo, el capitalismo y el racismo. Luchas básicas que tienen que ser parte de los movimientos sociales que no pueden ser dejados de lado.

Ayer, los cuatro sospechosos detenidos el pasado 2 de mayo por la muerte de Berta recibieron detención judicial. Zúniga diría el jueves que tanto el como el resto de la familia no tuvieron conocimiento alguno del operativo. Si bien es importante porque se vincula por primera vez de manera directa a la empresa, continua su lucha por no seguir dejados de lado de todo proceso de investigación y en sus reiterados pedidos de una comisión independiente de investigación y no que la siga haciendo el Estado hondureño.

Salvador Zúniga advierte que quienes han llevado todo el proceso de investigación es el mismo Estado que le dispara a Berta: “Hicieron público sin ninguna prueba que las primeras líneas de investigación era por un crimen pasional, o por peleas internas dentro de la organización, o que era por su compañero que había estado en su casa ese día, Gustavo Castro, testigo mexicano quien ha sufrido reiteradas amenazas desde entonces. Todas líneas que descartaban a la empresa como responsable de su muerte”.

Desde COPINH se exige además visibilizar la responsabilidad de otros estados además del de Honduras, de la policía y los militares. De las grandes empresas y sus vinculaciones. La entrega de tierras en aquel país es algo normal, y su pedido es simple: “Que luchar por la vida en Honduras deje de ser un peligro”.

Los golpes de Estado se van perfeccionando en Latinoamérica pero siempre con una mismo método: la represión. A esto Zúniga reflexiona que ellos deben siempre aprender nuevas formas para luchar contra los golpes. Y que “Honduras siempre fue un país invisibilizado donde estas situaciones parecen algo lejano, pero en realidad no lo son”.

Beberly keen agregaría al dialogo que no debemos olvidar que fue en el año 2004 el primer golpe de Estado de este milenio en Haití: “Donde se comienzan a ver luego muchas similitudes en formas con el caso hondureño. Empiezan a aparecer técnicas parecidas e intervenciones de países extranjeros como el contrato que hizo el gobierno actual haitiano careciente de cualquier institucionalidad con empresas israelitas” y apoyo del Banco Mundial, quien su presidente estuvo hace poco en el seminario teológico más importante de Nueva York donde declaró estar apoyando la revolución energética más importante y a toda esta nueva generación de energía amigable y saludable como la hidroeléctrica, donde es inevitable que en el mismo haya daños colaterales e incidentes como el de Berta.

Source

La Comunidad Potae Napogna Navogoh –La Primavera– del Pueblo Qom, provincia de Formosa, se halla en una abierta contienda con el gobierno local. Actualmente, miembros de la comunidad, junto a su líder indígena Félix Díaz, están acampando en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires para ser escuchados y visibilizados por el gobierno nacional. Sin embargo, este conflicto tiene un antecedente jurídico y político que traspasa las fronteras nacionales; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó el 24 de diciembre de 2014 la medida cautelar dispuesta en 2011 para que el Estado argentino garantice la seguridad de la comunidad, sin tener hasta el momento respuesta alguna. Entrevistamos a la abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, quien es especialista en derechos de los pueblos indígenas, para que nos explique el caso Qom desde una dimensión jurídico-política que nos permita entender las causas del conflicto.

Mientras editábamos esta entrevista, en la mañana del 23 de abril, el acampe Qom fue atacado con una bomba casera motolov, hecha con una botella de plástico. La bomba cayó cerca de la bobilla de gas de la cocina. Esa misma mañana, en Formosa, destrozaron la radio QOM fm 89.3. Fuimos al acampe ese mismo día (esto ocurrió justamente unos días antes de las elecciones internas partidarias, en la Ciudad de Buenos Aires) y estaba el acampe solo, con una bandera raída que decía “Resistencia Qom”. Los miembros de la comunidad nos contaron el hecho con la naturalidad de los sobrevivientes.

¿Cuáles son los orígenes de la problemática actual de los derechos de los Qom?

El problema nació en los años cuarenta, cuando la provincia de Formosa no existía como tal. Por entonces, el presidente Castillo emitió una normativa en la cual se reconocieron cinco mil hectáreas como reserva territorial a los indígenas Qom. En 1955 se creó la provincia de Formosa y este decreto entró en disputa. Desde Corrientes hacia el norte, todo era del territorio nacional (y responsabilidad del Estado Nacional), y ahí vivían los indígenas de los pueblos Qom, Pilaga, Nivacle y wichi.

Así, la situación cambió y se empezó a dar autonomía a las provincias, como ocurrió con el Chaco y Misiones. Posteriormente, la Nación dictó una Ley, la 14.073, que creaba el Parque Nacional Pilcomayo, donde los límites se superponen con la delimitación de las cinco mil hectáreas. Entonces hubo una superposición de mensuras y la provincia se hizo responsable de este tema territorial. La comunidad Qom empezó a denunciar esta situación que afectaba directamente a su territorio, porque, además, los administradores del Parque ni siquiera daban acceso a la Laguna Blanca.

Hay que recordar que en Formosa se creó la ley N° 426 en 1984, que estipulaba los derechos indígenas y que hablaba de la posesión de la tierra desde una concepción del derecho civil. En 1994 se reformó la Constitución, como se dio en toda Latinoamericana, en medio de un fuerte neoliberalismo. Dentro de esa reforma, el movimiento indígena argentino logró que se reconocieran los derechos de los pueblos indígenas: su preexistencia, la identidad cultural, la Educación Intercultural Bilingüe, la posesión de tierras comunitarias y el derecho a la participación. Pero lo que plantea ese artículo de la Constitución es que las facultades son concurrentes entre la provincia y el Estado Nacional, porque nosotros tenemos un sistema Federal, que se diferencia del unitario que se encuentra en otros países de la región latinoamericana. Acá incluso las provincias son preexistentes al Estado-Nación, con lo cual, los derechos de los pueblos indígenas tienen también esta concurrencia. Si bien podemos entender la historia política de esta división, resulta ser una limitante en la práctica de los derechos, porque los Estados se pasan la “pelotita”, que es la responsabilidad jurídica. Nadie se quiere hacer cargo de hacer cumplir estos derechos humanos.

Entendido en términos jurídicos, ¿la concurrencia es una forma de corresponsabilidad? 

No, concurrencia se entiende sólo como facultades. La Argentina, al tener incorporados los tratados internacionales en la Constitución, es responsable internacionalmente, frente a la violación de las provincias. Pero se confunden facultades con responsabilidad, y ahí está el problema.

Frente a esta situación en concreto, al reclamo de la comunidad Potae Napogna Navogoh –Primavera– empezó por la superposición de mensuras, porque, por ejemplo, los guarda-parques no les permitían acceder a espacios del parque nacional, que es una reserva. Con esto la comunidad empezó a hacer denuncias a distintos organismos, gracias también al trabajo de muchos años de la antropóloga Lorena Cardín, quien promovió visibilizar esta situación. Frente a esto, lo que hizo el poder político de la Provincia fue dividir a la comunidad. Antes de la reforma de la Constitución, el Estado tenía la fórmula de reconocer a las comunidades indígenas sólo como asociaciones civiles, que nada tienen que ver con las asociaciones políticas indígenas, y que sirve, en muchos casos, para dividir a las comunidades.

¿La comunidad la Potae Napogna Navogoh-Primavera quiso inscribirse con personería jurídica, como asociación o como comunidad indígena después de la reforma constitucional de 1994?

La provincia no le quería reconocer la personalidad jurídica como comunidad indígena, sino sólo como asociación civil. Esto también generó un quiebre en su interior, a partir de la incidencia del poder político que ofrecía puestos políticos a ciertos miembros de la comunidad.

Por otro lado, otro problema fue el territorial. En 2010, la comunidad decidió hacer un corte en la ruta 86, en noviembre, por estos dos reclamos en concreto: el reconocimiento de la personería jurídica y que se cumpliera con los derechos territoriales que fueron reconocidos en 1940. Entonces, frente a esta situación, el gobierno provincial –dirigido por Gildo Insfrán– decidió reprimir violentamente estas manifestaciones en noviembre de 2010.

¿Qué efectos tuvo la represión?

Un indígena falleció, y quemaron las pertenecías de los líderes. En noviembre de 2010 vinieron por primera vez a acampar a Buenos Aires para que los recibiera el gobierno nacional. A fines de abril de 2011, el ejecutivo nacional designó al ministro Florencio Randazzo para que realizara una mesa de diálogo y trabajo. Se inició en mayo, después de 6 meses, y se terminó con un montón de acuerdos que no se cumplieron. Pero en el medio del procedimiento, incluso antes de que los reprimieran, la comunidad presentó un amparo a través de la defensa pública, que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ordenó hacer un relevamiento territorial.

Volviendo al acompañamiento desde lo político-jurídico que hacemos desde el SERPAJ, lo que logramos fue que se reconociera a Félix Díaz como dirigente de la propia comunidad. La provincia de Formosa aceptó que se llevara a cabo una elección para disputar la representatividad de la Comunidad. Sin embargo, dicha elección se realizó sin el respeto de las pautas culturales electorales de la propia comunidad, porque no querían, ni quieren todavía, reconocer sus propios derechos políticos y electorales.

Es decir, la provincia de Formosa es la que establece cuál es el sistema de elección al interior de la comunidad…

Exactamente: no reconoce el sistema electoral comunitario, sino desde la personería de la asociación civil donde son cercanos al gobierno provincial. A mitad de 2011, Félix Díaz ganó con casi 700 votos en la comunidad, de un total de cerca de 1000 votantes. Sin embargo, el gobierno provincial siguió sin reconocerlo; a partir de entonces se planteó un doble comando; por ejemplo, para hacer todo el proceso de consulta previa a un proyecto extractivo de recursos naturales lo hace con la asociación civil y no con la comunidad política.

¿Esta asociación civil qué tan manejada está por el poder político del gobierno de Formosa?, ¿la comunidad no tiene ninguna incidencia en ella?

Lo que ocurre es que la situación de los indígenas en la Argentina es de extrema vulnerabilidad por el alto nivel de pobreza. A diferencia de otros pueblos indígenas en la región latinoamericana, donde la lucha ha logrado un posicionamiento político y económico visible. La lucha de los pueblos originarios acá no es nueva, pero está invisibilizada, porque los argentinos culturalmente creemos que venimos de un crisol de razas, que somos hijos de europeos. “Buenos Aires es la París de América”. No hay una conciencia de que el ciudadano argentino pueda tener una origen indígena, ni siquiera el de considerar a los indígenas como los verdaderos hijos de esta tierra. En este sentido, la manipulación que ejerce el poder político tiene que ser entendida desde el contexto de vulnerabilidad y discriminación racial que se vive en la sociedad argentina.

¿Creés que este imaginario cultural discriminador ha incidido en que, por ejemplo, el poder ejecutivo no quiera escuchar a los dirigentes Qom?

Sí, pero sobre todo creo que, más que el imaginario racista, lo que más incide para no escucharlos desde el poder político nacional son los intereses económicos, específicamente, las actividades económicas extractivas. Así que creo que va más allá de la voluntad política. Nuestra economía es débil. Recuerdo que cuando fue el bicentenario hubo una marcha muy grande y la presidenta recibió a unos cuantos indígenas y les dijo que a ellos también les interesaba utilizar celulares y si había petróleo en un territorio indígena tenían que correrse por el bien de la sociedad. Volvemos entonces a la fórmula maquiavélica de que las minorías deben ser sacrificadas por las mayorías. Ni siquiera para las mayorías, sino para el proyecto económico.

Source