Por Sergio Segura

“El terror se convierte, por tanto, en una forma de marcar la aberración en el seno del cuerpo político, y lo político es a la vez entendido como la fuerza móvil de la razón y como una tentativa errática de crear un espacio en el que el “error” fuera minimizado, la verdad reforzada y el enemigo eliminado”. Achille Mbembe

Fue una masacre del Estado

El “Cacerolazo y portazo nacional por la liberación humanitaria inmediata de la población carcelaria” fue motivado por la negligencia institucional para adoptar medidas urgentes que permitiesen evitar el contagio del Coronavirus (Covid-19) entre los presos y funcionarios de las prisiones, petitoria que habían realizado días atrás a través de comunicados públicos. Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos también hicieron lo propio, aun así, la respuesta estatal fue la represión, justificando esta masacre bajo el pretexto de no existir un reporte de presos contagiados que motivara una emergencia sanitaria.

Los presos afirman que reclamaban por implementos básicos de protección: tapabocas, jabón y gel antibacterial. No obstante, la ministra de Justicia, Maragarita Cabello Blanco, sostiene que hubo “un plan criminal de fuga masiva”. Por otro lado, durante la madrugada del 24 de marzo en Bogotá, cuatro ex-integrantes de las FARC-EP recluidos en la cárcel La Picota y tres estudiantes universitarias que permanecían en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, fueron trasladados a una cárcel en la ciudad de Ibagué, al oeste del país. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que por más de 30 horas no se supo de su paradero, actuación a todas luces arbitraria. Mientras el INPEC decidió no realizar remisiones por supuestamente evitar que se presentaran contagios, se excusaron en la pandemia para hacer dicho traslado. Familiares e integrantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos aseguran que esta práctica se centra en la intención de mostrar a los presos políticos como “líderes de los motines” ante la opinión pública.

La raíz del problema

Las estadísticas del INPEC indican que las 134 cárceles del país tienen capacidad para albergar hasta 80.156 presos, sin embargo, en la actualidad se presenta un hacinamiento de más del 50 por ciento debido a la reclusión intramuros de 124.188 personas, lo cual indica una sobrepoblación de 44.032 internos en los centros carcelarios.

Esta crisis carcelaria no es nueva. La Corte Constitucional, a través de dos sentencias, en 1998, declaró un estado de cosas inconstitucional en las prisiones debido al hacinamiento y los problemas de salud y alimentación dentro de los penales. Por su parte, el Movimiento Nacional Carcelario denunció que en las prisiones no hay agua permanente ni jabón para el lavado de manos, lo que se suma al mayor riesgo latente: un posible contagio de los guardias, quienes a diario llegan de la calle y podrían ser el vehículo para empeorar la situación de las penitenciarías, (donde a pesar de la emergencia siguen llegando nuevos presos). Sólo en Bogotá hay 41 establecimientos con 45.041 privados de la libertad, donde la capacidad máxima es de 30.535.

La llegada de la pandemia agrava la situación de Derechos Humanos ya que el hacinamiento, la insalubridad y la pésima alimentación son las condiciones propicias para que el virus se propague. Por el momento, la única medida de prevención fue prohibir las visitas, lo que denota el desprecio por la vida y la integridad de miles de personas que están siendo afectadas con estas decisiones.

En un texto publicado por varios colectivos en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad por el Estado colombiano, se dice que “ante el desdén de las autoridades, la población carcelaria se ha venido manifestando, en defensa de su vida y la de sus familias, para que se tomen medidas que eviten el contagio y la muerte de miles a través de la excarcelación humanitaria; a través de decretos de rebajas de penas, de la agilización de libertades condicionales y domiciliarias y de la liberación de sindicados, enfermos y personas de la tercera edad, en el marco de la emergencia social y sanitaria decretada por el gobierno”.

La Emergencia y las alternativas

Sólo hasta después de la masacre la ministra de Justicia anunció la elaboración de un decreto que busca la “descongestión” de las cárceles por un período de tres meses, donde se verían beneficiados unos 10.000 presos con “delitos menores” que cumplirían prisión domiciliaria durante el tiempo de emergencia.

Existe cierta incertidumbre por el tiempo que puede tardar la ejecución ya que administrativamente las excarcelaciones dependen de los jueces y en la última instancia de la Corte Constitucional, organismo que podría rechazar el planteo del decreto.

Entre las solicitudes de excarcelación, el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación y el proyecto de fallo que exponga el magistrado encargado, la Corte Constitucional tiene 45 días para estudiar los decretos legislativos del Estado de Emergencia y notificar las respectivas decisiones. En todo caso, aunque la medida permitiera la excarcelación de 15.000 presos, no se acabaría con el hacinamiento, ya que la sobrepoblación carcelaria actual supera las 40.000 personas.

Según datos del INPEC, en Colombia permanecen privados de la libertad 1.301 hombres que son adultos mayores de 70 años. Igualmente, con la misma edad, 41 mujeres permanecen en prisión. La población carcelaria con edad de 65 a 69 años también presenta una alta vulnerabilidad en caso de resultar contagiada. En total son 2.919 las personas de más de 65 años que permanecen privadas de la libertad, de las cuales 74 son mujeres y 1.503 hombres.

La Defensoría del Pueblo a través de un comunicado sugirió contemplar la excarcelación para quienes no superen los ocho años de condena y quienes hayan cumplido la mitad de la pena (no aplica para “delitos atroces”). Seguidamente, el procurador general Fernando Carrillo propuso que también sean contempladas las mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años. Igualmente grupos vulnerables, madres gestantes o con hijos menores de tres años que vivan con ellas en prisión y personas con padecimientos como cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.

Por ahora, la presentación  de solicitud de excarcelación más rápida ante una jueza fue realizada por la defensa del exministro Alberto Santofimio Botero, de 78 años, condenado por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989.

Salvado por la campana

-El virus llega en un momento en el que al gobierno de Iván Duque se le atribuyen con diversas pruebas graves actos de corrupción relacionados a un posible fraude electoral en las presidenciales de 2018, donde resultó elegido con más 10 millones de votos. Además, diferentes investigaciones periodísticas han arrojado evidencias de las relaciones entre el difunto ganadero y narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández, el presidente Duque y el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, este último con múltiples investigaciones por nexos con paramilitares y fraude procesal por compra de testigos.

-Desde el 21 de noviembre de 2019 el país presentaba una inflexión histórica de la movilización social, las cuales se dan específicamente contra el Gobierno Nacional con motivo de la lesiva reforma tributaria, el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes, el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, entre otras razones. En el marco de las protestas fue asesinado en Bogotá el joven Dilan Cruz, de 18 años, por parte del capitán Manuel Cubillos Rodríguez del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). El agente disparó su escopeta calibre 12 y el proyectil quedó clavado en la cabeza, causándole la muerte después de varios días en coma.

-Duque se caracteriza en la actualidad como el presidente más impopular de la historia, al no superar el 30 por ciento de aceptación, de forma que la gobernabilidad está por el suelo. Podemos añadir, a su vez, que sus decisiones para contrarrestar la pandemia fueron equivocadas, tardías e insuficientes desde el inicio, donde desautorizó alcaldes y gobernadores que quisieron anticiparse. El Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 fue anunciado como solución a la emergencia sanitaria, lo que ha despertado el rechazo de múltiples sectores; primero, porque el funcionario encargado de la cartera es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien está involucrado en el empobrecimiento y robo de recursos de 17 municipios, segundo, porque ordena el traspaso de 17 billones de pesos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para beneficiar a los bancos, no a la salud pública y la emergencia presente.

-En ese sentido, Duque también amenazó con cerrar los 2.200 kilómetros de frontera que Colombia tiene con Venezuela, continuando con el apoyo del golpista Juan Guaidó, quien no tiene ninguna posibilidad de incidir en alguna decisión de relevancia para Venezuela en la actualidad. Del mismo modo, se tardó en cerrar las fronteras aéreas, sabiéndose que su hermana es una alta ejecutiva del Aeropuerto Internacional El Dorado, por donde definitivamente entró el virus. Mientras se negaba a cerrar el aeropuerto, cayó una avioneta-ambulancia colombiana en Honduras, cargada de cocaína. Días antes, se descubrió que la finca del embajador colombiano en Uruguay, Fernando Sanclemente, funcionaba como un laboratorio de cocaína.

-La pandemia minimiza el sistemático asesinato de líderes sociales, que no se ha detenido con la cuarentena. Solo el 19 de marzo fueron asesinados tres líderes sociales, sumándose a la larga lista de al menos 600 desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. Uno de ellos fue Marco Rivadeneira, líder campesino del movimiento Congreso de los Pueblos, quien fue asesinado después de su secuestro. Dos excombatientes de las FARC-EP y dos líderes indígenas también murieron a manos de sicarios en los últimos días.

A modo de reflexión

En Colombia se articula la ley como elemento de autoridad con un régimen que acude al elemento capitalista del terror. El conjunto de estas acciones criminales requiere de una mirada económica, política y jurídica. La clase dominante es un actor que necesita de legitimidad y consenso para aplicar consentida o coercitivamente el conjunto de los esquemas normativos.

Bajo este presupuesto, la figura del paraestado requiere de base social y apoyo popular para sostenerse; es decir, si el consenso social para mantener dicho marco institucional que regula y controla las cárceles es amenazado, los brazos armados al servicio de la clase en el poder actúan.

Para la consolidación del régimen político colombiano, la clase en el poder se ha valido del derecho de matar. Ese ejercicio históricamente se ha realizado con la creación de excepciones (jurídicas y simbólicas) en las que algunos seres son “merecedores” de la muerte por ser “enemigas” del orden constituido.  En palabras de Walter Benjamin, “(…) el soberano, al tener el poder legal de suspender la validez de la ley, se sitúa legalmente fuera de ella”.

La masacre en la cárcel La Modelo se da en medio de una mediática solidaridad nacional debido a los cuidados necesarios para contrarrestar los efectos del Coronavirus, pero la hipocresía quedó develada cuando una parte importante justifica la muerte. Estas personas también creen en la militarización de las calles en tiempos de cuarentena, lo que ya fue propuesto por congresistas de derecha para llevar a cabo en las principales ciudades.

Un problema de salud pública lo convirtieron en un asunto de orden público, y una reyerta donde inicialmente se exigían derechos fundamentales terminó en una masacre. La sociedad de la solidaridad selectiva aplaude la muerte, y el asunto ya no es prioridad sino de los familiares, principalmente madres, parejas e hijas, que con lágrimas en los ojos fueron gaseadas y apaleadas frente a la cárcel mientras pedían información.

Las y los indignados por los crímenes de Estado tienen suspendida la lucha callejera, la cual promete volver, con más fuerza.

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Conversamos con Omar Eduardo Rojas Bolaños, coautor del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010”, quien nos reveló detalles de su investigación, la más rigurosa y completa que aborda el tema de los “falsos positivos” en Colombia.

El Artículo 11 de la Constitución colombiana de 1991 establece tajantemente: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. De allí que las “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos” sean realmente asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque las investigaciones registran los primeros casos a mediados de la década de 1980, la práctica sistemática de estos crímenes se desarrolló con la llamada “Política de Seguridad Democrática”, estrategia contrainsurgente desplegada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con el propósito de mostrar “guerrilleros abatidos” y “éxitos militares”.

Así lo demuestran Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, autores del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, salido hace escasos meses. El libro es el resultado de un trabajo mancomunado de profesionales de la psicología, la historia, la economía y la sociología, y recurre a varias fuentes, convirtiéndolo en la más completa investigación sobre el tema hasta la fecha.

Cifras confusas

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, las Fuerzas Armadas afirmaban que las insurgencias estaban conformadas por cerca de 30.000 personas en armas. Al terminar su segundo periodo, en 2010, los mismos militares presentaron las siguientes cifras: 19.405 muertos en combate, 63.747 capturas y 44.954 desmovilizaciones. Esto arroja un total de 128.106 insurgentes. ¿De dónde salieron tantas muertes, capturas y desmovilizaciones?

Las cifras sobre los mal llamados “falsos positivos” son confusas. La Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez llegó a decir que se trataba “solo” de 42 casos, mientras que en 2015, la Fiscalía General de la Nación documentaba 4.500, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) reportaba 5.700 y otras ONG hablaban de 6.200. En 2010, el Ministerio de Defensa afirmó que los muertos en combate habían sido 19.405 y en 2014 presentaron un cuadro donde afirmaban que los muertos eran de 15.925, ¿qué pasó con los más de 4.000 casos que desaparecían de las cifras oficiales?

Para Omar Rojas se trata de “falsos positivos”: “los cerca de 4.000 que se escondían se sumaban a los más de 6.000 que denunciaban las ONG. La cifra supera los 10.000 casos. Lo dicen los mismos victimarios”, y señala que en las páginas 64, 65, 66 y 191 de su estudio están explicitadas las fuentes oficiales. Incluso va más allá y señala que “uno de los victimarios que entrevistamos nos aseguró que, aunque tenían pruebas de 48 falsos positivos en su contra, en realidad había asesinado a más de 100 personas”.

Antioquia fue el departamento más victimizado por esta modalidad criminal, fortín político de Álvaro Uribe Vélez. Esto no sorprende a Rojas quien recuerda que “Antioquia es uno de los departamentos donde hay mayor relación entre paramilitarismo, narcotráfico y autoridades, llámese Ejército o Policía”. Las cifras no lo desmienten. Los informes del Grupo de Memoria Histórica (GMH) revelan que de las 1.982 masacres perpetradas por grupos armados entre 1980 y 2012, Antioquia padeció 598 (el 30%). A estas masacres deben sumarse los planes de exterminio en contra de la Unión Patriótica y el movimiento social, como fue denunciado en 2007 por el entonces senador Gustavo Petro y en 2014 por el senador Iván Cepeda Castro. Para no ir más lejos, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, en Antioquia han sido asesinados 32 líderes sociales.

Modalidades y actores

En estos crímenes de Estado, mal llamados “ejecuciones extrajudiciales”, estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas: Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza Aérea. Según lo relatado en el libro, se hacían retenes militares y de policía, subían a los buses a pedir documentos y bajaban a jóvenes que después aparecían muertos. Rojas explica que “el 90% fueron cometidas por el Ejército, pero nosotros mostramos eventos donde las Fuerzas Armadas en su conjunto transportaban a las víctimas en helicópteros de la Fuerza Aérea. Ellos se ponían de acuerdo. Incluso el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también hizo falsos positivos, ya que ellos entregaban presos para que fueran ejecutados”.

Por su parte, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta colombiana, aunque no participó directamente en los falsos positivos, sí realizó numerosos seguimientos, interceptaciones ilegales y un trabajo de inteligencia que proporcionó al Estado ( y al paramilitarismo) los datos necesarios de líderes sociales, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y militantes de izquierda para que fueran asesinados.

El libro cuenta, además, cómo los grupos paramilitares entregaban al Ejército los “hombres indisciplinados” de sus filas para que se les “ajusticiara” con el propósito de generar obediencia. Así mismo, se dieron infiltraciones en las “Bacrim” (Bandas criminales): “los militares les decían que sabían dónde habían caletas con armas y dinero de la guerrilla y que si lo hacían se llevaban la mitad del botín; entonces, cuando llegaban, se encontraban con un operativo y los mataban”.

Así mismo, Rojas asocia que la información existente sobre los desmovilizados también fue usada para ofrecer negocios que concluían en crímenes selectivos. “Fue una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares donde se detenía arbitrariamente, se desaparecía a las víctimas y luego eran asesinadas”.

Incluso, muchas de las masacres perpetuadas por paramilitares fueron posteriormente presentadas en los medios masivos de comunicación como combates con la guerrilla: “iban a un pueblo, mataban dos o tres campesinos, llamaban al Ejército y ellos asumían la autoría del operativo. Entonces ni falsos positivos ni ejecuciones extrajudiciales, lo que arroja este estudio es que son asesinatos de Estado. Lo comprobamos con evidencias”.

“Ayuda” norteamericana

El alcance de este estudio demuestra que, a través de las conocidas prebendas económicas, el reconocimiento honorífico, los ascensos, las vacaciones y demás incentivos para los militares autores de los crímenes, se cumplía el objetivo político de la Política de Seguridad Democrática: demostrar a la opinión pública que era efectiva y que se estaba ganando la guerra, financiada por los Estados Unidos.

“Un general del Ejército que logramos entrevistar en la investigación me dijo que todo era posible porque había bonanza de dinero, dineros de todas partes, se tenía que aprovechar porque todo el mundo quería echarle mano a ese dinero. Los gringos estaban pidiendo resultados por la financiación del Plan Colombia. Ese dinero también fue utilizado para ejecuciones extrajudiciales y darles resultados a los norteamericanos. Otro presupuesto usado fue el de los gastos reservados, un presupuesto especial que adjudicó Uribe únicamente para las recompensas. Sin plata no se puede hacer un falso positivo. Por ejemplo, con los falsos positivos de Soacha, se necesitaba dinero para pagarle a los reclutadores, que muchas veces eran exintegrantes paramilitares o exintegrantes de las Fuerzas Armadas, luego tenían que pagar el transporte de los muchachos desde Soacha hasta Bucaramanga, a algunos les pagaban pasajes terrestres y les adelantaban dinero para que creyeran que las promesas de trabajo eran en serio. Compraron uniformes y botas, computadores para montar las pruebas, mandaron hacer publicidad de los grupos subversivos, compraban armas a los paramilitares, se les pagaba a los comandantes, a los soldados, aunque también se les pedía cuotas de 10.000 pesos a los soldados para comprar esos insumos. Los oficiales no solo se apropiaban de esa plata si no que se quedaban con la recompensa, fue una empresa criminal. Las evidencias sobre el origen de esos dineros están referenciados en el libro”.

En un estudio realizado por el Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), donde se entabla la relación del Plan Colombia con los falsos positivos, se llegó a la conclusión de que un buen porcentaje de los oficiales que se prestaron para estos crímenes fueron formados en la antigua Escuela de las Américas; además, se muestra la relación directa de los falsos positivos con la doctrina imperialista y la formación que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas por parte de Estados Unidos.

Administración de la muerte

En ninguna otra investigación se ha logrado determinar que hubo un antes, un durante y un después, esas tres etapas de planeación se llevaron a cabo en mesas de trabajo de comandantes de brigada, de batallón, de logística e inteligencia. Esas mesas coordinaron los lugares donde se harían falsos combates, acordaron de dónde sacarían las víctimas, cómo se trasladarían y asesinarían, es decir, “ningún falso positivo se dio al azar”. Según Rojas, todo fue premeditado.

En el antes, jugaba un papel muy importante el factor psicológico, tanto a nivel externo como interno, pues: “los encargados de operaciones psicológicas y de inteligencia se acercaban a las comunidades donde se iban a dar los eventos, generaban ausencia de seguridad en el sector con el propósito de que la comunidad no se alertara. A nivel interno se encargaban de adoctrinar a los soldados para que creyeran que ellos eran la moral de la sociedad colombiana, que tenían la obligación de eliminar a los enemigos comunistas, castro-chavistas, les decían que el enemigo interno eran los defensores de derechos humanos y líderes sociales, los convencían de que el comunismo se estaba apoderando de Colombia. Ese grupo se encargaba de llevar por dos o tres días a periodistas a las unidades militares y de policía; dormían en la selva con ellos, los veían entrenando para que sintieran orgullo. En el momento en que se presentaban las ejecuciones ya tenían la lealtad comprada”. Luego sucedía el durante, es decir, los asesinatos propiamente dichos (que aún siguen ocurriendo) y su posterior montaje para ser presentados.

El después se caracteriza por la estrategia de desinformar y no investigar. Entonces, aparecía un actor: la Justicia Penal Militar. “Los jueces militares llegaban a los sitios del evento, pero no llegaban a hacer la investigación sino a dar instrucciones a los soldados comprometidos para orientar cómo debían dar las declaraciones. En uno de los casos llegó una juez penal militar a un escenario donde mataron cuatro muchachos, había uno que aún no estaba muerto, cuando vio a la juez gritó “estoy vivo”, la juez dio media vuelta y dijo “yo no he visto nada”, luego un soldado lo fusiló”. A los medios de comunicación se les daba el parte de guerra.

A todo esto se suma la falsa desmovilización del paramilitarismo que solo transformó su nombre para llamarse “Bandas Criminales” o “Clan del Golfo”. Rojas señala que no se ha hecho nada por acabar con el paramilitarismo. “Lo digo con conocimiento de causa porque estuve dentro de las Fuerzas Militares. Si hiciéramos una relación de los combates reales que las Fuerzas Armadas han tenido con los paramilitares y los que han tenido con la subversión, es ridículo, porque las Fuerzas Armadas le sonríen al paramilitarismo. Hay evidencias que tocamos en el libro donde los paramilitares salían a patrullar de la mano del Ejército y la Policía. Yo viví en un pueblo de Antioquia y allí el paramilitarismo gobierna”.

Responsables políticos

Algunas personas han manifestado su inconformidad frente a las opiniones de Omar Rojas en torno a la responsabilidad de los falsos positivos, pues en ocasiones ha señalado a la sociedad colombiana en su conjunto. Él se defiende: “cuando los militares salían a dar su parte de guerra todos los sectores de la sociedad los aplaudían, y los que no, guardaban silencio. Desde la Presidencia para abajo salían a festejarlos; la Iglesia, sabiendo lo que estaba pasando, seguía bendiciendo las armas con las que eran asesinados los muchachos; también tienen responsabilidad los industriales y comerciantes que aplaudían estos hechos y los medios que le daban una relevancia enorme a esos acontecimientos a pesar de que ya existía la voz de defensores de derechos humanos, diferentes ONG e incluso la voz de los mismos militares que estaban denunciando”.

Y continúa señalando que “la sociedad colombiana es insensible, una sociedad que no le duelen los muertos, que los aplaude, una sociedad que aclama por muertos. Yo asistí a un evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá en homenaje a las víctimas de los falsos positivos, pero no había más de 150 personas. No hemos acompañado a las víctimas, nos volvimos insensibles”. Sin duda, esta insensibilidad es producto de la guerra que ha calado hondamente en la espiritualidad del pueblo colombiano: “Hoy vi en Internet que alguien dijo que prefería los falsos positivos de Uribe que no tener con qué comprar papel higiénico, ahí está la filosofía de buena parte de la población colombiana”, concluyó.

Sin embargo, el investigador es muy enfático al señalar que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la república y, en tanto jefe, debe responder por las actuaciones de sus tropas. ¿Quién fue el comandante de las Fuerzas Militares en Colombia del 2002 al 2010?: “El comandante supremo, el que debe responder por los 10.000 falsos positivos, porque no fueron ningunos errores militares, es el expresidente Uribe”.

Su ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez, hoy fórmula vice-presidencial del candidato uribista Iván Duque. Lo primero que ella hizo en el cargo fue imponer a los altos mandos militares una medición de su desempeño a partir de resultados tangibles y comenzó “a exigir y evaluar a los comandantes por el número de bajas de terroristas”, señala Rojas. El último civil que ejerció como ministro de defensa del gobierno de Uribe fue el actual presidente Juan Manuel Santos.

Impunidad a la vista

El investigador reafirma que muchas de las investigaciones sobre los falsos positivos, donde están involucrados cerca de 4.500 militares, están durmiendo en los despachos de la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Por eso advierte con alarma que puede ser posible que tanto los responsables políticos como la cúpula militar no reciban ni una sola condena, no paguen ni un día de cárcel y terminen saliendo “limpios”. Cabe señalar que el Estado ha proporcionado presupuesto de los colombianos para que los militares se defiendan de las acusaciones, sin embargo, no han hecho lo mismo para que las víctimas se sientan representadas.

“Para las ejecuciones extrajudiciales no hay autores intelectuales, solo autores materiales, lo cual es bastante irrisorio. Un oficial condenado por 48 falsos positivos dice que no se arrepiente; las madres y familias de las víctimas apenas están vislumbrando el nivel de impunidad. Así estén condenados a 30, 40 o 50 años, esas personas van a salir pronto y los ejecutores no van a pagar ni cinco años de cárcel, lo peor es que esos cinco años les va a servir para la pensión, pues el Estado les sigue pagando su sueldo. ¡Es una desgracia que no haya justicia! El Congreso colombiano es responsable porque negó la verdad, la verdad es lo que menos le importa al Estado. Siento vergüenza”, sentencia.

Sin embargo, insiste en aclarar que no todos los militares y policías se arrodillaron ante los “falsos positivos” y que algunos de ellos fueron los primeros en denunciar los hechos, mucho antes que las ONG defensoras de derechos humanos; sin embargo, esos soldados y suboficiales fueron silenciados.

Partiendo de los sucesos relatados en la investigación, el investigador sospecha que estamos ad portas de un liquidación del pasado. El Ministerio de Defensa se ha metido en el Centro Nacional de Memoria Histórica y se ha posicionado como actor fundamental en la construcción del Museo de la Memoria. En estas dos instituciones, donde pueden interpretarse los días amargos de la violencia del último medio siglo, se podría borrar del relato histórico los crímenes de Estado y los falsos positivos. Las Fuerzas Armadas reescribirían la historia y mostrarían a los victimarios como “héroes”.

La paz y el porvenir

Omar Rojas estuvo vinculado a la Policía Nacional durante 31 años, hasta el año 2011, es sociólogo y experto en seguridad pública. Tras su retiro, se dedicó a la docencia universitaria en Bogotá y Medellín, a la investigación académica en el Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y a la asesoría en asuntos de seguridad pública, principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), específicamente en la subdirección especializada de seguridad y protección, organismo creado para acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP.

Justamente, en la UNP, se llevó la sorpresa de una conspiración que se orquestaba para que la FARC (nuevo partido tras la dejación de armas) asumiera su propia seguridad, en contravía de lo pactado en La Habana. “La idea era quitarles la asesoría y el acompañamiento a la implementación, entonces, yo me levanté de la mesa porque no estaba de acuerdo con la decisión, porque eso era abrir la puerta para que los asesinen como sucedió con el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica entre las décadas de 1980 y 1990. Mi lealtad es con el proceso de paz, para eso me habían convocado”. Y señala que los militares querían apoderarse de las bases de datos de los excombatientes: “Allí tuve que decirle a la FARC que no fueran pendejos porque no se estaban dando cuenta”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Rojas advierte del peligro de la perpetuación de un Estado mafioso que blindaría jurídicamente a los autores materiales e intelectuales de los falsos positivos y beneficiaría económicamente a ciertos sectores sociales. “Uribe Vélez hoy intenta retornar al poder con candidato propio: Iván Duque”, y advierte que “si Duque llega a ser Presidente, no va acatar ningún fallo nacional o internacional cuando Uribe sea juzgado por los falsos positivos, no va a pasar nada”.

El retorno de Uribe al poder no solo trunca el sueño de la paz sino el anhelo de justicia de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por eso comprende la animadversión que genera la candidatura de Gustavo Petro en la extrema derecha y en ciertos sectores del personal de reserva de las Fuerzas Militares, quienes abiertamente abogan por el asesinato del candidato progresista, acusándolo de comunista y “castro-chavista”.

Cuando le preguntamos sobre los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostuvo que ellos y ellas tienen que analizar la experiencia con las FARC para no cometer los mis errores y no dejar los mismos vacíos: “No dejarse meter los dedos a la boca frente a la forma de contratación, por ejemplo. La FARC ahora está contenta porque están comiendo dulces, en el sentido que tienen vehículos, les están dando cosas para su seguridad, pero eso se les va a acabar. Cuando Iván Duque sea Presidente lo primero que va acabar son los puestos para la FARC en la UNP, y se las van a dar a todos los devotos de Álvaro Uribe Vélez”.

El costo de investigar

Su investigación sobre los falsos positivos y sus posiciones críticas en la UNP no calaron bien en las Fuerzas Armadas. Entonces, comenzaron los seguimientos, la toma de fotografías en las calles y las amenazas por parte de los mismos integrantes de la fuerza pública. Incluso, un coordinador de la Justicia Penal Militar publicó una fotografía suya en las redes sociales llamándolo “traidor” y bautizándolo “el coronel de las FARC”. Ante estas presiones tuvo que salir corriendo: “Un viejo amigo militar se acercó a la UNP y me dijo que me fuera, que me iban a matar, le dije que si estaba en peligro me iba en un mes, pero me respondió que debía irme de inmediato. Esa misma noche abandoné el país”.

A Omar Rojas, quien ahora bebe el amargo vino del exilio, no le cabe la menor duda que la persecución es por su investigación: “Cuando hice una investigación sobre el asesinato de policías en los años noventa nadie puso objeción, ahora que lo hago sobre los falsos positivos, muchos policías, militares y políticos del Centro Democrático sí objetan, están ardidos. Como investigador, mi obligación es hacer estudios sobre los fenómenos que afectan la sociedad en determinado momento”.

“El problema de los policías y militares en Colombia es que se olvidaron que la lealtad es hacia la Constitución Política y la población colombiana, pero ellos le están jurando lealtad a los criminales de cuello blanco. Desleales todos los que me están amenazando porque saben desde qué oficina se estructuró la estrategia de los falsos positivos; algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas nos quitamos la mordaza, somos honestos y estamos comprometidos con los derechos humanos”, afirmó.

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Colombia vivirá el domingo una de las elecciones más enigmáticas de su historia. Cinco candidatos se disputan el próximo gobierno en un contexto de polarización, de denuncias por un eventual fraude y con profundas cicatrices de un conflicto armado que toma diferentes rumbos. De llegar a darse balotaje se realizaría el 15 de junio.

La ley colombiana establece desde la Constitución de 1991 que quien obtenga la mitad más uno de los votos es el próximo presidente de la República. La única persona que desde entonces ha logrado ganar los comicios en primera vuelta ha sido Álvaro Uribe, en dos oportunidades. Por estos días, todas las encuestas están encabezadas por Iván Duque con un 45 por ciento, lo que indica que habría balotaje el 15 de junio con quien llegue al segundo lugar.

Duque es el candidato de la ultraderecha por el partido Centro Democrático, manejado por el senador Álvaro Uribe y fieles detractores de los procesos de paz. Con el candidato Germán Vargas Lleras, también de derecha, representan a las élites políticas y económicas.

Los medios de comunicación alineados con grandes conglomerados financieros se han encargado de posicionar a Vargas Lleras en las últimas semanas, un candidato que viene del partido Cambio Radical, colectividad que -al igual que el Centro Democrático- tiene una parte importante de sus integrantes en prisión o bajo investigaciones por corrupción y vínculos con el paramilitarismo. Vargas Lleras tiene una amplia experiencia como funcionario en anteriores gobiernos y se quedó con el apoyo del “santismo” y los sectores conservadores que no están alineados con el uribismo. Como vicepresidente de Juan Manuel Santos, se apropió de proyectos de infraestructura y de planes para entregar “casas gratis”. Cada una de estas apuestas estuvo permeada por conocidas irregularidades, pero igualmente han sido sus principales derroteros de campaña.

La Coalición Colombia integrada por la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo eligió a Sergio Fajardo como candidato presidencial y a Claudia López como vice de la fórmula. Este autodenominado “centro” cada día se aleja más de los sectores democráticos en aras de los cálculos electorales, lo cual denota que cada día es más distante una de las exigencias ciudadanas que se han venido planteando para sobreponerse a la derecha en estas elecciones: la posible alianza entre Gustavo Petro, Fajardo y Humberto De la Calle (candidato del Partido Liberal y ex jefe del gabinete del gobierno en los diálogos de paz en Cuba con las FARC-EP).

Este domingo se decide el futuro político, social y económico de Colombia. Si gana la derecha, que es la que lleva dos siglos gobernando y alrededor de 70 años impidiendo una democracia plena, se continuará con la postura lacaya hacia los Estados Unidos, se profundizará el modelo neoliberal basado en la extracción indiscriminada de riquezas naturales y se afianzará el modelo de seguridad del enemigo interno, aun con la inexistencia de las FARC como insurgencia. Si gana Fajardo hay incertidumbre, pues la tibieza y falta de posiciones claras no permiten una lectura de lo que se puede esperar, aunque sus conexiones políticas y el desprecio a la izquierda contradice su supuesta “neutralidad”.

Petro, quien tiene el apoyo de la mayoría de sectores progresistas, de la izquierda y de las bases liberales, ha despertado un respaldo popular reflejado no solo en las redes sociales sino en plazas públicas abarrotadas de manifestantes que ven en el proyecto de la “Colombia Humana” una esperanza de cambio para el país y una alternativa para que la ultraderecha militarista no se postre en el poder.

Petro incomoda a los sectores más pudientes por sus propuestas en torno al uso de la tierra y del cambio de un modelo extractivista hacia una economía basada en la productividad agrícola. Al haber participado en el Movimiento 19 de Abril (M-19) en su juventud y en partidos de izquierda, ha sido estigmatizado. El mayor ejemplo es acusarlo de querer convertir a Colombia en una segunda Cuba o Venezuela. Es defensor de la solución política al conflicto armado y dentro de su programa sobresalen las reformas que se harían en materia de salud y educación.

Ahora bien, las críticas que desde la izquierda se le tienen a Petro no son pocas. Los últimos posicionamientos frente a Venezuela y la extradición de Jesús Santrich (de la FARC) son elementos para el debate que están consignados en artículos recientes de Miguel Ángel Beltrán, Felipe Polanía, Renán Vega y Pablo Solana; contradicciones y jugadas políticas que aun votando por él no se pueden pasar por alto.

En todo caso, Petro es el candidato de quienes apuestan a la construcción de la paz y la justicia social, y también es el favorito entre los jóvenes. Su postulante vicepresidencial, Ángela María Robledo, es una reconocida defensora de derechos humanos y como senadora cumplió un papel importante de denuncia y gestión pública. En sus propuestas de gobierno son los más cercanos a la promoción de derechos y la esperada apertura democrática. No obstante, las complicaciones para que logre llegar a segunda vuelta son claras.

Aunque las encuestas siempre lo han tenido en los primeros tres lugares de favorabilidad, hay que recordar que en Colombia ningún presidente ha llegado a serlo por los sondeos de opinión o por sus cualidades humanas; por el contrario, lo que predomina es la maquinaria electoral, las prebendas a cambio de votos y puestos burocráticos en el Estado, la eliminación física y moral del adversario político, entre otros elementos en los que las derechas son expertas.

Este domingo el debate es sobre la continuidad de un modelo de país que no tiene otro destino que el abismo, o sobre cómo se edifica un bloque alternativo que sea capaz de frenar a la clase política más sanguinaria del continente.

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*Publicado inicialmente en La tinta.

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El sábado 14 de abril fue asesinado Carlos Enrique Areiza, uno de los falsos testigos por los cuáles se adelanta una investigación al senador Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia había ordenado otorgarle medidas de protección especiales, pues era una persona clave del proceso por fabricación de falsos testimonios que se lleva en su contra.

Areiza, quien fue asesinado por sicarios en el departamento de Antioquia tras cumplir tres semanas de libertad, había denunciado que recibía amenazas desde el año 2011. La situación fue mas compleja cuando aceptó el delito de falso testimonio y haber sido presionado para mentir en el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos, del Centro Democrático, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La Corte Suprema lo había llamado a indagatoria para esclarecer la posible fabricación de testigos donde está involucrado Álvaro Uribe. La orden de proteger su integridad no se cumplió.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, organizó en el Congreso en el año 2014 un debate sobre paramilitarismo, donde afirmó que paramilitares presos vinculan una finca de los Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), justo cuando Uribe fungía como gobernador de Antioquia.

Uribe ha sido insistente en afirmar que Cepeda instigó a Areiza para testificar contra su hermano Santiago Uribe, contra el ideólogo y senador del uribismo José Obdulio Gaviria y contra Luis Alfredo Ramos. También lo acusa de ofrecer un soborno de 100 millones de pesos que, tanto Areiza como Cepeda, negaron haber consensuado, el cual tendría como fin señalar a Uribe y su círculo político de vínculos con paramilitares. Desde el 2012 Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema supuestamente por organizar un cartel de falsos testigos: “lo que sí es manipulación de testigos es aprovecharse de pertenecer a una Comisión de Derechos Humanos para visitar cárceles, docenas de veces, como no han podido negarlo, para ofrecer beneficios a personas que acusen a mi hermano o a mí”. Esta denuncia se revertió en su contra este año, pues la Corte comprobó que Areiza no escribió la carta por la que investigaban a Cepeda.

La Corte Suprema no solo desestimó las denuncias contra Cepeda y lo absolvió, sino que dejó en firme investigación contra Uribe por manipulación de testigos. Aseguran tener evidencias como llamadas telefónicas, amenazas contra los testigos y sus familias y unas supuestas “fallas técnicas”, que no es otra cosa que la desaparición de registros y evidencias de la Sala de Interceptaciones de la Fiscalía, algo a todas luces grave pues denota hasta dónde llegan los tentáculos uribistas y la corrupción del sistema judicial.

Llama la atención que Areiza no es el primer muerto entre quienes tienen información contra el exmandatario y su hermano, detalles que podrían esclarecer su participación en la creación del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles”. La investigación contra Santiago Uribe que se adelanta hace más de 20 años y que lo envió a prisión en 2016 (hoy en prisión domiciliaria), tiene 12 testigos fundamentales de los cuales han sido asesinados nueve.

Cabe señalar que, actualmente, Luis Alfredo Ramos es jefe de debate del candidato presidencial uribista, Iván Duque, y que su entorno político más cercano está prófugo o en prisión por corrupción, parapolítica y participación en crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, es de recordar que Uribe enfrenta 28 procesos en la Corte Suprema, además de múltiples investigaciones que han sido cerradas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (también llamada “Comisión de Absoluciones” por el nivel de impunidad en los fallos).

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Con el proceso de Concertación en Chile en 1990 se creyó que abría espacio para transformaciones democráticas, después de un largo periodo autoritario con la dictadura militar de Augusto Pinochet. Se reacomodaron fuerzas y nació tiempo después, en 2013, la Nueva Mayoría, una coalición del Partido Socialista y Partido Comunista junto a fuerzas progresistas como la Democracia Cristiana, quienes pusieron en el poder a Michelle Bachelet, sin embargo se fueron arrastrando hacia el neoliberalismo y después de las elecciones de 2017 su futuro tambalea como coalición. Un movimiento de estudiantes que mostró su potencia y capacidad en 2011 sigue vivo y hoy hace parte de los nuevos actores de relevancia de la lucha política del Chile actual.

Conversamos con Lucas Cifuentes, sociólogo y asesor sindical, secretario general de la organización Izquierda Libertaria y uno de los voceros del Frente Amplio. En la entrevista nos cuenta sobre la coyuntura que vive su país, explicando las apuestas y perspectivas que como organización política de izquierda tienen para dar las disputas contra el neoliberalismo a mediano y largo plazo.

Sergio Segura: ¿Cuándo surgió Izquierda Libertaria y bajo qué contexto político y social?

Lucas Cifuentes: Nuestra organización hace parte del proyecto libertario chileno desde hace 15 años, articulando las distintas expresiones que existían desde fines de los años noventa y principios del 2000, las cuales tomaron el camino de una construcción política revolucionaria con definiciones claras, con estructura y programa, alejándose de las posturas de enfoque más “culturalista”. Transitó por distintos momentos y experiencias de lucha: sindicales, territoriales, estudiantiles, y también por distintos momentos de construcción interna y alianzas hacia afuera, con una discusión sobre lo que teníamos que hacer nosotros como libertarios hacia el pueblo de Chile, mutando a este momento que no es un final sino un proceso de tránsito.

Izquierda Libertaria tiene sus raíces en lo que fue la Organización Comunista Libertaria de Chile y el Frente de Estudiantes Libertarios, que al momento de la histórica lucha por la educación gratuita, nos vimos enfrentados a una situación bien compleja: tuvimos parte de la conducción del movimiento estudiantil del 2011. Estuvimos en la calle y en todos los espacios, pero nos dimos cuenta que por la construcción institucional del sistema político y por el estado del movimiento social, era casi imposible poder generar rupturas efectivas que permitieran alcanzar ciertos objetivos a los chilenos y chilenas, no solo tener una vida más digna sino además abrir paso a transformaciones políticas de mayor alcance. Esto lo identificamos de la manera más cruda: después de meses de lucha en la calle, de debates, de construcción de propuesta política, técnica, de diálogo, de propuestas con otros sectores sociales, con un gobierno de derecha muy mal evaluado y una demanda por la educación gratuita con mucha legitimidad social, de todas maneras no se lograban mayores transformaciones.

Identificamos que existe en el aparato institucional chileno una serie de cerrojos, de candados autoritarios, por ejemplo con la Constitución, que fue escrita en dictadura, que impiden que los avances de las luchas sociales puedan tener un resultado de mayor alcance. Decidimos dar este ajuste táctico y también incursionar en el espacio institucional electoral, toda vez que hemos definido como eje estratégico con el actual periodo que está viviendo Chile lo que denominamos “ruptura democrática”, es decir, la posibilidad de construir una nueva política de izquierda y de orientación socialista en Chile. Son cuestiones muy precisas, no son abstracciones, tiene que ver con transformar el código laboral, con eliminar los quórum supra mayoritarios a nivel parlamentario, con limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional, con cambiar el Código de Aguas, en fin, una serie de cuestiones que tienen un impacto doble en la vida de los y las chilenas Por otro lado, permitirá el avance de que distintos sectores sociales históricamente excluidos de la política institucional se incorporen y tengan mayor incidencia.

Cuando esa reflexión termina por cuajar hicimos un cambio no solo en nuestra línea táctica sino también de forma orgánica, construimos Izquierda Libertaria, una organización de mayor apertura con una línea comunicacional más abierta, intentando también ser una referencia en el campo de la izquierda en Chile. Lo que terminó condensándose como Frente Amplio es fruto de este proceso, porque a la vez que definimos la necesidad de irrumpir en el campo electoral y de sumarlo como un frente de lucha, también somos muy conscientes que solos no lo vamos a poder realizar en el momento que tiene el campo popular, era necesario no solamente una alianza con la izquierda de carácter revolucionaria, socialista, sino también con sectores de la izquierda progresista con los cuales podemos tener acuerdos muy profundos para las tareas que se requieren en el momento actual.

Eso fue lo que hicimos, ser parte fundadora de una coalición que está transitando a ser algo más que una coalición, quizás un movimiento de mayor densidad política y de mayor articulación territorial nacional, un Frente Amplio que aglutina sectores liberales y socialdemócratas, hasta organizaciones de marcada orientación socialista y revolucionaria como nosotros, o como el Movimiento Autonomista, Partido Igualdad, Izquierda Autónoma, etcétera.

S.S.: ¿A qué llamas “vida digna”?, ese término también es utilizado en las promesas del liberalismo, aunque hace parte de la identidad de muchos movimientos sociales.

L.C.: El concepto de vida digna no lo tenemos tan incorporado, pero nosotros en general sí hablamos de un Chile digno y soberano. Hoy existe una contradicción muy fuerte en la sociedad y el campo político entre mantener este orden neoliberal, autoritario, heredado de la dictadura y acomodado en los gobiernos democráticos.

Lo vinculamos a dos conceptos que son muy importantes, por un lado la idea de dignidad, que la entendemos como una construcción conceptual materialista toda vez que nos referimos a una apropiación que como chilenos y chilenas estamos generando, pero que por otro lado no se ve reflejado en la vida que como seres humanos nos merecemos: salud, vivienda, educación, agua, electricidad, transporte, etcétera, todos derechos que han sido arrebatados por las oligarquías tanto en dictadura como en gobierno democrático.

Esa dignidad, ese reclamo, parte por reconocer que somos creadores de esa riqueza y que nos corresponde también acceder a lo que ello está creando. Esta imagen del Chile moderno, seguro y limpio tiene mucho de careta. La gran mayoría está excluida de acceder a aquello.

S.S.: ¿Cuál es la política de alianzas del Frente Amplio y quiénes sus adversarios?

L.C.: Nuestras apuestas son las tareas que Chile requiere ahora para transformaciones de mayor alcance, no solamente es posible generar alianzas de carácter programático, incluso político, con esta amplitud, sino que es necesario, si no, no hay otra posibilidad de que el futuro no esté a merced de partidos de derecha, centro y centro izquierda atravesados por una lógica neoliberal.

Una vez que Izquierda Libertaria se constituye empieza inmediatamente a buscar alianzas y las relaciones para poder llegar a un marco de acuerdo que felizmente hace más de un año logramos, además tuvimos un impacto electoral muy importante que nos permitió por primera vez una diputación y un consejero regional al norte de Chile.

El Frente Amplio no solamente es un instrumento, una coalición, una política contra el neoliberalismo y la derecha, también hay derecha y neoliberalismo en la Nueva Mayoría, sino que somos la única posibilidad de combatir el neoliberalismo y la derecha hoy, al menos en términos electorales; no lo va a ser la Nueva Mayoría porque ellos ya fracasaron como proyecto. En el fondo lo que siempre apostó en esta alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, una alianza muy conservadora por cierto, terminó por dejar de ser sostenible por las propias dinámicas que la sociedad chilena está exigiendo.

Yo creo que el campo político y sociológico que la Nueva Mayoría trató de articular, que era este centro y centro izquierda, pierde referencia política. En términos exclusivamente electorales, quedó demostrado que mucha votación de sectores progresistas de la Nueva Mayoría se fueron al Frente Amplio y tal vez nunca se vaya del Frente Amplio, porque quedaron sin expresión política. Tiene que ver con una larga y antigua discusión de que Chile siempre estuvo dividida políticamente en tres tercios: la derecha, un centro que era la Democracia Cristiana y una izquierda del Partido Socialista y el Partido Comunista. La construcción monopólica que hubo de los años noventa en adelante rompió la idea de esos tres tercios, pero básicamente porque lo que hizo fue sacar a la izquierda del escenario.

Hoy tenemos una izquierda amplia, diversa, y la idea de “centro” desaparece, por eso yo creo que el Frente Amplio es el único que puede en estos momentos derrotar electoralmente a la derecha, no en un sentido de polarización radical que exprese una lucha de clases, pero sí en que hay un sector político y social abiertamente neoliberal y otro que no, y ese otro que no creemos que tiene que ser conducido por el Frente Amplio.

Más que ver a la Nueva Mayoría como un adversario político o como un enemigo, porque creo que sería un error ya que políticamente están muertos, es ver que nosotros tenemos que ser capaces de capturar los intereses que ahí están en juego y que son antineoliberales, que algunas veces están en las bases del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, incluso en bases de la Democracia Cristiana y en el Partido Comunista en su conjunto.

La idea es ponernos detrás de un bloque antineoliberal de mayor alcance, lo que no quiere decir que estos sectores se incorporen al Frente Amplio, porque sería un error, pero sí apostando a que el Frente Amplio tenga protagonismo en la oposición. Estos sectores de la Nueva Mayoría serán capaces de entender la labor histórica que tienen, porque si no la derecha se queda uno o dos periodos más en el gobierno.

S.S.: Cuál es la experiencia con la diputada Gael Yeomans y el consejero regional?, ¿quiénes son y cómo lograron este grado de representatividad?

L.C.: Se llegó dejando los pies pelaos. Esta fue nuestra primera aventura electoral seria. Asumimos como Izquierda Libertaria, que es una de la organizaciones medianas del Frente Amplio, tratar de ser lo más ordenados posible y definimos pocas candidaturas a nivel país, y dentro de esas pocas definimos una o dos como prioritarias, una de las más importantes era la de nuestra compañera Gael Yeomans, que no solamente es una militante histórica de la Izquierda Libertaria como dirigente estudiantil sino que fue nuestra Secretaria General.

Su candidatura es de la región metropolitana, una región muy difícil y de mucha disputa electoral, un distrito que está en el sur de Santiago, con una histórica presencia de la izquierda tradicional, del Partido Socialista y el Comunista, con tradiciones de lucha en algunos sectores populares. Para nosotros resultó una aventura inédita, era construir de la nada, imaginarse cómo se hacía una campaña, diseñarla, sin recursos, salvo endeudamientos personales, aportes y cosas por el estilo, e ir a pelear en el campo de la derecha, del Partido Socialista, etcétera.

La elección de nuestra compañera se debió a cuatro factores: es una compañera muy inteligente, muy asertiva, con mucha claridad en su discurso y también porque logra interpelar y empatizar con sectores de la población históricamente excluidos, porque ella es de ahí, además es una compañera muy afable, muy cálida, que logra entrar muy bien en la casa de los chilenos y chilenas. En segundo lugar, la labor que hicimos nosotros como partido y como militancia tuvo un orden, una planificación, tuvo, a pesar de muchas dificultades, un plan que se diseñó y se cumplió. En tercer lugar, el Frente Amplio como identidad tuvo un impacto tremendo.

Lo que el Frente Amplio representa hoy para gran parte de la sociedad chilena es una suerte de expresión por sí misma, a pesar de que está en vía de construcción, pero sin duda aparece como muestra de esperanza, de confianza, de apertura y también de camino por recorrer.

Por último, yo diría que también hay un contexto de crisis. Nosotros le ocupamos el cupo a un diputado que no fue reelecto por el Partido Socialista, un tipo joven que ni siquiera está en casos de corrupción, pero para bien o para mal fue desplazado por una candidata de izquierda, mucho más joven, mujer, que viene de una fuerza nueva. No es menor la crisis por la que el Partido Socialista y la Nueva mayoría en su conjunto.

En el norte funciona un poco distinto porque el consejero regional es una figura más local. Ahí nuestro compañero Pablo tiene un trabajo social tan grande que era casi automática la transferencia electoral de aquello. Por supuesto la marca como Frente Amplio juega mucho a favor, pero tuvo una votación altísima y eso también pasa por su trabajo de base en el territorio.

S.S.: El movimiento estudiantil de 2011 desembocó en luchas de resonada combatividad y se dieron a conocer liderazgos que aún persisten dentro del debate político, ¿qué ha pasado con este movimiento y sus referentes?

L.C.: El movimiento estudiantil de 2011 sin duda es uno de los dinamizadores de lo que es el Frente Amplio hoy, aunque no se agota en eso, pero se puede ver en una serie de organizaciones que surgieron durante ese periodo: Revolución Democrática, Nueva Democracia, entre otras. Están Gabriel Boric, Gorgio Jackson, Miguel Crispi, la misma Gael, que fueron parte de esa generación, incluso sectores de ese movimiento que están en la Nueva Mayoría como Camila Vallejo, Karol Cariola y otros.

Este movimiento fue una muestra de que era posible comprender la educación fuera de los marcos neoliberales, y esto hay que verlo en su contexto: en Chile la educación está mercantilizada desde los años ochenta. Para mi generación, la del 2011, incluso alguna generación mayor a la mía, la educación pública entendida como un bien social, como una necesidad para la construcción de una sociedad, de un ethos, de una cultura para el desarrollo en general, no existía. La educación, sobre todo la universitaria, era comprendida como un bien de consumo, como la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente, algo falso por cierto.

Dicho movimiento tuvo un impacto muy fuerte no solo en relación a la educación misma, a ese espacio en disputa, sino también a la salud, a las pensiones, a la vivienda, que son todas necesidades, derechos que el neoliberalismo nos arrebató en dictadura y que los mantuvo alejado de la población en todo este periodo democrático. Muchos de los estudiantes universitarios que lograron terminar sus carreras y que hoy día están trabajando, están impulsando procesos de las mismas características en otros sectores de la sociedad.

No por nada, y esto me parece a todas luces muy significativo, la ley de aborto en tres causales, que es una ley muy limitada firmada en el gobierno de Bachelet pero conquista del movimiento feminista, permite que el aborto no sea penalizado en caso de violación y de riesgo de la madre por la inviabilidad del feto. El primer aborto legal que se hizo después de la publicación de la ley lo realizó un médico del Frente Amplio, un médico que lo reivindica como un triunfo del movimiento feminista y que hoy en día está recibiendo amenazas y difamaciones.

S.S.: Aun con todo el avance que mencionas, las últimas elecciones las volvió a ganar Sebastián Piñera y con esto la derecha más dura de Chile vuelve al poder.

L.C.: Las elecciones tuvieron tres fenómenos muy importantes. Para nosotros el más importante es que el Frente Amplio irrumpe con mucha fuerza, de cero, logra casi un 22%, casi pasa a segunda vuelta Beatriz Sánchez, nuestra candidata. De tener tres diputados pasamos a tener 20 y un senador, lo que posiciona al Frente Amplio como un actor de relevancia. Otro elemento importante es la firma de la derrota de la Nueva Mayoría y el proyecto de la Concertación. Si bien pasó a segunda vuelta Alejandro Guillier, pasó por muy poco, el declive y el fracaso de sus diputados terminan por finiquitarlo, además de una campaña horrorosa que tendió hacia la derecha cada vez más.

Lo importante ahora no es la victoria de Piñera, yo diría que lo más destacado entre la primera y la segunda vuelta es que Piñera sumó 800.000 votos, eso es demasiado en el universo de votación en Chile. Quiere decir que la derecha sumó votos que antes no tenía, y eso tiene dos explicaciones. Una, que hubo un porcentaje importante de la Democracia Cristiana que votó a la derecha, y la otra, que la derecha movilizó a los votantes que estaban dormidos de los sectores más ricos del país, eso se puede ver en los datos. Entre primera y segunda vuelta la ventaja fue en los sectores más ricos, eso también expresa una movilización de la alta burguesía y los sectores sociales a los cuales representa de defender lo que es suyo frente a este ciclo de movilización.

Si bien el Frente Amplio no estaba en segunda vuelta, la posibilidad de Alejandro Guillier dependía del Frente Amplio y eso iba a obligar a que un gobierno de la Nueva Mayoría tendiera lazos con nosotros, algo que le da miedo a la derecha.

Este gobierno va a ser más astuto que el primero, más político, el primer gobierno de Piñera se jactaba de ser más técnico, en este es muy claro con los cuadros duros que están poniendo en los espacios de poder, un gobierno con el principal objetivo de llegar para quedarse, que pretende cerrar el ciclo movilizador y asegurar la restauración conservadora. Si uno ve la historia chilena se pregunta qué tanto más hay por neoliberalizar, pero este gobierno viene a cerrar las posibilidades de cualquier apertura democrática. Su principal adversario es el Frente Amplio porque somos los únicos que tenemos la posibilidad de disputar el gobierno en cuatro años. Eso abre una discusión muy interesante y es qué rol tenemos que cumplir como oposición y cómo nos oponemos al neoliberalismo, algo que la Nueva Mayoría no quiso hacer.

La única posibilidad de avanzar en este país es con la salida del neoliberalismo, si la oposición no va en esa dirección va a tener una crisis muy similar como la que tuvo la Nueva Mayoría pero en muy corto plazo. Ese es el gran desafío que hemos asumido como Izquierda Libertaria, cómo poder transformar eso, por un lado con un discurso que sea transversal a todo el Frente Amplio y ojalá algunos sectores de la Nueva Mayoría, y por otro lado aterrizarlo en políticas concretas y que no quede en un discurso abstracto.

S.S.: ¿Cuál es la relación de los medios de comunicación con las familias ricas de Chile?

L.C.: Es igual o peor que en Colombia. No hay ley de medios y la prensa son empresas de linajes familiares que controlan el 80 o 90 por ciento de los medios. Piñera en su primer gobierno cerró el único medio escrito público y la televisión pública tiene un sistema de administración privado. No solo el cerco mediático es total, lo más complejo es la manipulación. Frente a la candidatura del Frente Amplio y la Nueva Mayoría, los dos grandes holding mediáticos no dejaron de hablar de la “Chilezuela”. No dejan de reforzar las visiones xenofóbicas con la migración y nosotros tenemos una tremenda dificultad para exponer nuestro propio proyecto y nuestras propias ideas.

A veces cometemos muchos errores, confiar mucho en las redes sociales, que tienen su lugar pero no el alcance para estar en el debate político de altura. Justamente una de las propuestas del Frente Amplio es una ley de medios, lo cual se ha dicho que es una medida tipo Corea del Norte, que es lo más estalinista que puede haber, un atentado a la libertad de prensa, por eso te digo que Chile es extremadamente neoliberal, un país en el cual cualquier tipo de regulación que tú hagas en virtud de generar oportunidades más equitativas es siempre visto como una intervención de la libertad. El Frente Amplio va a tener que resolver eso de una u otra manera. Incluso la prensa nos dio un “veranito de San Juan” hasta estas elecciones, pero porque la prensa de derecha sabía que le estábamos disputando votos de la Nueva Mayoría. Ese veranito de San Juan se acabó y ya empezó el contrapeso.

S.S: ¿Cuál es tu balance sobre el ciclo progresista en América Latina y cómo valoras la coyuntura regional?

L.C.: El gobierno de Mauricio Macri en Argentina es neoliberal, conservador, con unas características típicas que a los chilenos no nos sorprende en nada, desde hace muchos años y no solo con Piñera y los gobiernos de la Concertación. Macri es una copia de Piñera. Los gobiernos de la Concertación fueron gobiernos neoliberales que excluyeron a las mayorías sociales, gobiernos que abandonaron sus propios proyectos políticos e ideológicos, pero no por eso se puede decir la burrada de que los gobiernos de la derecha y la Concertación son lo mismo, Piñera y Bachelet no son los mismo.

Lo más duro de esta avanzada neoliberal en Chile, Argentina, Brasil, etcétera, es que son intentos de cerrar ciclos de transformación y movilización social, que tuvieron como expresión, quizás más prístinas en algunos países, gobiernos de tinte progresista e incluso socialista. Las políticas que está impulsando Macri que están llevando a una importante franja de la población a situaciones de pauperiazación, de informalidad laboral y exclusión, son cierres de procesos que se abrieron a principios de los 2000 en América Latina y que fueron la luz para muchos a nivel mundial. Lo hacen por la vía electoral con las características de las democracias liberales, burguesas y con la influencia que tienen los medios de comunicación, eso en Argentina fue muy claro.

También con la influencia que tienen los poderes fácticos, económicos, las iglesias, o también como golpes legales y judiciales como en Brasil, Paraguay y Honduras. Colombia es un caso muy particular donde hay una continuidad. Unos diálogos de paz y la candidatura de tinte progresista que crece, sin embargo la represión, el asesinato y las acusaciones falsas no han disminuido sino que siguen aumentando, lo que está cumpliendo un rol de cerrar un ciclo que quizás se estaba abriendo en Colombia.

Ese es el gran temor que tenemos con el gobierno de Piñera, por eso la Izquierda Libertaria se posicionó como se posicionó para la segunda vuelta, es decir, un gobierno de derecha que no solamente es antitipopular, sino que además es un proyecto político que viene a cerrar los ciclos de movilización que se abrieron desde el año 2006, movilizaciones que justamente por su potencia han permitido que sectores históricamente exlcluidos de la vida institucional estén presentes y que haya un giro hacia la izquierda de buena parte de la sociedad que comprendió la demanda por los derechos sociales, en defender lo público y aspectos de carácter cultural.

Las derechas latinoamericanas están volviendo con mucha fuerza y sin ninguna limitación a utilizar todos los recursos disponibles que van desde el asesinato hasta la mentira, la manipulación de los medios, la corrupción, etcétera. Lo que ha ocurrido en los últimos años en Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Honduras, no es una excepcionalidad histórica ni tampoco son situaciones particulares que casualmente se están concentrando en un mismo periodo de tiempo.

S.S.: Antes de terminar, cuéntanos cuál es la posición de Izquierda Libertaria frente a la crisis venezolana.

L.C.: En Izquierda Libertaria tenemos una posición latinoamericanista frente a los procesos como el venezolano. Vemos hoy un asedio brutal por parte del imperialismo norteamericano y por parte de las fuerzas reaccionarias de la región. Es sin duda el proyecto de mayor alcance y mayor profundidad, y el sostén, sin ninguna duda, junto a Cuba por supuesto, de lo que han sido los procesos de transformación, de democratización en América Latina, en ese sentido seguimos teniendo un apoyo irrestricto no solamente al proceso venezolano sino al proceso bolivariano, al chavismo, y un apoyo irrestricto a la soberanía del pueblo venezolano que es el único que puede decidir sobre su futuro. En ese sentido no nos confundimos, no tenemos una lectura a medias tintas y respaldamos 100 por ciento el proceso.

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Hoy comienza el 36th Congreso International Labour Process Conference que durará hasta el 23 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Previo a este encuentro, la Fundación Rosa Luxemburgo, organizó –junto a CEIL PIETTE– un taller titulado “La clase trabajadora hoy: procesos de organización, desafíos y perspectivas”, donde Marcha entrevistó, en forma exclusiva, al geógrafo marxista y especialista en urbanismo, David Harvey.

En el inicio de la jornada se abordó la coyuntura mundial. Así, Elis Soldatelli, Directora de la Oficina de enlace Buenos Aires de la Fundación Rosa de Luxemburgo, caracterizó la situación actual refiriendo que existe “una avanzada conservadora y transformadora de las estructuras legales de trabajo, un avance en la política represiva que expone a los trabajadores a una situación precaria y defensiva”, y expresó la decisión de la Fundación de apoyar los procesos de resistencia y de lucha.

Por su parte, otra de las organizadoras, Julia Soul de la CEIL PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET), explicó la propuesta del taller para reflexionar sobre el carácter actual de la clase trabajadora, las estrategias de organización y los desafíos que plantean las tecnologías digitales.

En el encuentro participaron Lucas Cifuentes –sociólogo y asesor sindical en Chile–, Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra-CTEP; Tomás Eliaschev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Lucía Caballero, integrante de Ni Una Menos y Cecilia Belistri, trabajadora despedida (en lucha) del INTI, quienes plantearon las experiencias que vienen impulsando.

Luego, los miembros del ILPC Cinzia Arruzza –activista organizadora del paro mundial de mujeres–, David Harvey, el especialista en economía política Leo Panitch y Nantina Vgotzas, entre otras y otros, se encargaron de recuperar los ejes de debate y plantear el escenario del mundo laboral en la actualidad.

En este marco, Marcha dialogó con David Harvey, geógrafo e intelectual inglés, cuyos estudios a los movimientos urbanos contemporáneos desde una perspectiva antropológica y marxista han aportado al debate para pensar la ofensiva del capital hoy y el proceso de acumulación por desposesión que se da en los territorios urbanos. Harvey dejó planteada la pregunta hecha por Marielle Franco, la concejala asesinada en Brasil: “¿Y si la Ciudad fuera  nuestra?”.

-¿Qué escenario percibe en América Latina,  después del ciclo de los gobiernos de centro-izquierda y progresistas?  

-Pienso que el movimiento progresista no fue del todo progresista; en algún sentido hubo avances en cuestiones redistributivas, pero no hubo un enfrentamiento directo con la clase burguesa o las clases de las élites. Por otro lado, desde afuera, lo que me parece que puede haber despertado esto es la idea de un movimiento progresista que vaya más a fondo. Entonces no me sorprendería ver un renacer del movimiento progresista o socialista en la región. Podemos ver algunas señales, informes de movilizaciones masivas por lo de Marielle Franco o vemos también movilizaciones masivas acá, estas son señales de que la izquierda podría llegar a volver. Una gran pregunta entonces es: ¿Qué tipo de liderazgo de izquierda va a resurgir para dar dirección a este movimiento? Si es una restauración de lo que estaba antes, tal vez no funcione: tiene que haber, pues, un nuevo liderazgo y una nueva dirección; pero esta es solamente mi impresión.

-Por otro lado, el trabajo está en un enorme retroceso en el mundo con la crisis global… ¿Qué destino ve hoy para el mundo del trabajo?

-Pienso que todas las dimensiones del trabajo dentro del capitalismo actual están en una transformación masiva: hay una parte de la discusión que es la introducción de las nuevas tecnologías, pero hay otra parte que es la integración de los mercados y cómo están funcionando y retroalimentándose. Hoy justo estaba preguntando por lo que había pasado con las empresas recuperadas, las imprentas específicamente, y veo que enfrentan dos grandes desafíos: por una lado, las nuevas tecnologías digitales de offset; y la segunda dimensión es que la gente ya lee sus noticias de las redes sociales y medios digitales, entonces ¿qué hacen estas imprentas para vivir? Entonces, así como en los años setenta y ochenta, vimos una desindustrialización masiva a partir de la introducción de tecnologías, hoy lo estamos viendo en el sector de servicios. Esto pone un desafío muy grande para la izquierda, donde en aquellos años enfrentó los procesos de desindustrialización y perdió. ¿Hoy en día va a perder también en los sectores de servicios? Tiene que haber un proceso de reflexión muy profunda de cómo vamos a lidiar con estas nuevas tecnologías para darle una salida socialista.

-Pero también, en la región la economía se ha informalizado mucho. Hay un gran sector que hoy no es asalariado…

-En todos lados, e incluso ciertas personas jóvenes que recién conocen eso, les gusta. Trabajan seis meses en un café y después dicen “chau” y se van, y están todo el tiempo moviéndose y eso les parece entretenido; cuarenta años en un mismo trabajo les parece completamente aburrido.

-En el libro Ciudades Rebeldes habla de la precarización laboral en la juventud a escala mundial, un  sector de la sociedad que sufre de manera particular las consecuencias de la gentrificación, del crecimiento desproporcionado de las ciudades, de la represión y el desempleo.

-En la gran mayoría de los lugares que conozco, la posibilidad de ascenso social ha declinado. Por ejemplo, como tengo un ingreso razonable puedo ayudar a mis hijos a acceder a una vivienda y a otros tipos de necesidades que tengan. Puedo ayudarlos a que profundicen sus carreras universitarias o que tengan mayor nivel de educación y eso lo que genera es estratificar y solidificar la sociedad en segmentos. Lo que termina resultando es que para un sector puede haber un futuro razonable y para otra capa ningún tipo de futuro.

-Las ciudades se están transformando rápidamente con la especulación inmobiliaria. Hoy, ¿hay debilidades o contradicciones de esta ofensiva del capital?

-No veo muchas debilidades, más bien veo muchas fortalezas. Hay un proceso donde las ciudades dejan de ser un lugar para habitar y se convierten en un lugar para invertir, donde hay muchos condominios, mucho dinero puesto en edificios para ricos pero no en casas decentes para la vivienda, esto es lo que llamo la locura del capital y eso da como resultado que los movimientos que han emergido en los últimos veinte años tienen como uno de sus puntos centrales la vida diaria en las ciudades.

-En ese sentido la especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades no para de crecer.  ¿El combo deuda-créditos puede generar una crisis?

-Más que una posibilidad, eso es una certeza.

-Entonces, con esa perspectiva, ¿cuál tiene que ser la tarea de los movimientos urbanos?

-Una de las tareas es tomar la ciudad para prevenir que el capital se aloje en las ciudades. Hay un ejemplo en Londres, donde se empujó al movimiento laborista por parte de varios movimientos para que esto no pasara. Lo que terminó sucediendo es que una mitad del movimiento laborista tuvo que frenar a la otra mitad del sector que estaba en el gobierno. Hay una división en la izquierda entre aquellos que están gerenciando el neoliberalismo y los que están viniendo de abajo diciendo: “no queremos más eso”.

-En la actualidad, muchos políticos de derecha hablan de “vivir mejor”. Creemos que ahí surge el desafío desde los movimientos populares de proponer la idea de vida digna, de pensar el derecho a la ciudad con esta concepción de transformar el territorio urbano no bajo la lógica del mercado y el consumo sino como espacio común bajo nuevas lógicas y nuevas relaciones sociales.

-Creo que Marielle Franco en Brasil tuvo un slogan de campaña que era: “Si la ciudad fuera nuestra”. Eso tuvo mucha repercusión y alcanzó el 37 % de los votos por sobre los evangelistas, y creo que un slogan de ese tipo puede traer unidad en la gente y hacer una ciudad diferente. Al mismo tiempo, esto se relaciona con los fondos de pensión: si uno pudiera estar tomando el control de los fondos de pensión estos se podrían estar invirtiendo en casas dignas, en acceso a la vivienda, en lugar de invertir en grandes edificios y especulación.

Estos conceptos también los usa la burguesía, no es un problema del eslogan en sí sino de quién lo toma, cómo lo usa y para qué. La izquierda es la que tiene que darle contenido a esos conceptos, eso es lo que me gustó de la campaña que se presentó como una pregunta. Marx dijo en El Capital que “los trabajadores y la burguesía tenían los mismo derechos, y ante igualdad de derechos la fuerza decide”.

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Los diálogos de paz entre la insurgencia colombiana y el Gobierno han hecho que la discusión sobre los derechos humanos cobre preponderancia en el marco de la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En ese sentido, abordo uno de los fenómenos que se deben esclarecer: la desaparición forzada. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad generalmente cometidas por los Estados contra sus contradictores políticos.

Justo en los días que se hablaba del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de estas lograron que el presidente Juan Manuel Santos firmara el articulado del Decreto Ley 589 del 5 de abril de 2017, para la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Este cuerpo normativo investigará los crímenes de guerra y establecerá las pautas para la búsqueda de los desaparecidos. Sin embargo, la implementación de todo lo relacionado al Acuerdo de La Habana se está incumpliendo y otros aspectos se dan a paso lento. La buena noticia es que este organismo quedó desde el 26 de septiembre bajo la dirección de la defensora de derechos humanos Luz Marina Monzón. Para su entrada en funcionamiento se necesita del reconocimiento jurídico por parte de la Corte Constitucional.

Datos generales

De acuerdo al Registro único de Víctimas (RUV), la desaparición forzada en los últimos 32 años deja un saldo de 167.554 personas afectadas (46.970 de forma directa, 120.584 de forma indirecta), siendo Antioquia (27.193 desaparecidos) y los llanos orientales (21.498) los territorios de mayor alcance. La información existente, principalmente, viene de las declaraciones de los actores armados. De las 60.630 víctimas reconocidas de desaparición forzada solamente hay noticias de 8.122. Un informe del Centro Memoria Histórica agrega que en 3.480 casos se encontró el cadáver y en 3.658 no hay información sobre la ubicación de los restos.

Camilo Torres Restrepo, asesinado por el Ejército Nacional en 1966, quizás es uno de los casos más emblemáticos. El general Álvaro Valencia Tovar murió en 2014 sin develar lo que realmente hicieron con el cuerpo del sacerdote revolucionario. Por su parte, como en la mayoría de los casos, el Estado ha brillado por el desinterés en buscar el verdadero paradero de sus restos. Del mismo modo sucedió con Omaira Montoya, desaparecida en 1977 (estando embarazada) por el extinto F2 (cuerpo secreto de inteligencia de la Policía Nacional). Este fue el primer suceso reconocido como desaparición forzada en Colombia.

Asimismo, se documentan 423 víctimas indígenas, 421 negros, 26 raizales y 3 palenqueros, para un registro total de 874 personas con alguna pertenencia étnica. Solo en 5.231 casos registrados se conoce la ocupación de la víctima: 43.3% son campesinos.

Si examinamos cronológicamente los datos desde el año 2002, tiempo en que Álvaro Uribe asumió la Presidencia, se refleja una realidad escalofriante. Solo en 2002 desaparecieron 15.260 personas, mientras que en 2003 se registraron 12.230 víctimas. Paulatinamente fue disminuyendo el registro, llegando en 2009 a 2.357 desapariciones. En 2010, año en el que inició el primer mandato de Santos, se registraron 1.392. Durante 2015 y 2016, periodo de mayor concreción del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno, se presentaron 73 y 54 respectivamente.

Si bien en lo que va de 2017 los datos han descendido a cinco desaparecidos (el más bajo desde 1985) es claro que es un fenómeno que no despierta interés general en la sociedad, pues no se han realizado los esfuerzos pertinentes para la visibilización de las víctimas y su búsqueda efectiva.

De los informes conocidos se dice que el 51.4% del total de las víctimas no se consigna al actor responsable. El 46.1% de la responsabilidad de estas desapariciones, según el Centro de Memoria Histórica, es de los paramilitares.

Por décadas se escondieron los datos de los desaparecidos en Colombia. Hasta hace poco, las cifras oficiales no reconocían más de 26.000 desapariciones forzadas. Luego de la recopilación de fotografías, sentencias judiciales, reportajes audiovisuales y 102 fuentes sociales e institucionales, la Unidad Para las Víctimas, en 2015, concluyó que fueron tenidas en cuenta 6.570 exhumaciones realizadas por la Fiscalía hasta el 1 de junio de 2016 en fosas comunes de todo el país, de las cuales ha identificado 3.075 cuerpos, donde 1.334 son de víctimas de desaparición forzada.

Impunidad del 100%: “Estamos en una fosa llamada Colombia”

Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), aseguró que la impunidad es casi del 100%. Indicó además que “El compromiso es visibilizar la desaparición forzada, comprometer a la sociedad en el repudio y el rechazo a este crimen atroz”. Según Gómez, “debe haber un fortalecimiento del banco de perfiles genéticos que es muy débil, no hay la capacidad suficiente en el universo de los desaparecidos y Medicina Legal necesita fortalecerse para continuar siendo un apoyo en los procesos de identificación de personas”. Además agregó que “la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos necesita rodearse de capacidades y recursos para iniciar la labor de búsqueda”. Del mismo modo, Hernán Jojoa, presidente delegado de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, resaltó que “la tarea es encontrarlos y devolverlos a sus familiares”. Gómez agrega que la Fiscalía, uno de los entes encargados para esclarecer los hechos de desaparición forzada, es la institución que menos resultados ha arrojado en materia de investigación.

Alrededor de 15.000 cuerpos están plenamente identificados, sepultados en cientos de cementerios del país, sin embargo nadie los reclama. La antropóloga forense Helka Quevedo Hidalgo dice que en el 99% de los casos está comprobado que no hay protocolos de búsqueda.

En el informe “Textos corporales de la crueldad” realizado por el Centro de Memoria Histórica se contrastan los registros del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) con los del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación, comprobando que pueden ser muchas más las desapariciones que las hasta el momento reportadas. En ese sentido, sigue siendo una información parcial, pues influye que muchos de los familiares no denuncian por temor a represalias.

La desaparición forzada, al ser un flagelo que destruye el núcleo familiar y social del desaparecido, requiere del compromiso de los legisladores para que se atienda a las víctimas. Las familias alegan la mala calidad de la Unidad de Víctimas y el nulo acompañamiento psicosocial que debería garantizar el Ministerio de Salud. Sin embargo, el pueblo que pone las víctimas pone también la capacidad humana para su propia reparación, situación que amerita preguntarse por las lecciones de la historia. A pesar de las circunstancias que les son impuestas, persisten actos supremos de solidaridad, apoyo mutuo y organización.

Esclarecimiento de la Verdad y el derecho a exigir respuestas

La conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición (CEV), sellada el 5 de abril por la Presidencia de la República bajo el Decreto 588 de 2017, cobra un papel de relevancia. Este mecanismo hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), junto a otros dispositivos que serán instrumento para alcanzar tres objetivos para garantizar tanto el derecho a la verdad como el derecho a la justicia: i) contribuir a esclarecer lo ocurrido en el último medio siglo; ii) reconocimiento formal tanto de las víctimas como de los victimarios; y iii) la promoción y ejecución de planes de convivencia no violentas en los territorios más afectados.

A este propósito, diferentes juristas del país concuerdan en que la combinación de la verdad judicial, extrajudicial y de iniciativas individuales y colectivas, son la mejor alternativa para un esclarecimiento integral. Es decir, castigo ejemplar para los responsables de delitos graves, sumado a iniciativas de carácter ciudadano que contribuyan al proceso de reconstrucción de la memoria. Para este difícil reto, la CEV, conformada por once personas (actualmente sujetas a un proceso de selección y de veeduría ciudadana), cuenta con un plazo de tres años para culminar con un informe esclarecedor.

No obstante, la institucionalidad más vieja del continente no puede estar peor. La rama ejecutiva está inmersa en todo tipo de redes de corrupción y clientelismo, por lo que una reforma a la justicia no basta, puesto que los cambios de fondo se necesitan en todo el sistema político. Sin búsqueda efectiva de la Verdad, no habrá una base solida para la construcción de un país en paz que garantice la no repetición de la barbarie efectuada en las más de cinco décadas de conflicto. La sociedad entera debe exigir una justicia honesta y expeditiva, pues el sistema de justicia actual tiene develados nexos con delitos graves relacionados con el conflicto armado y la corrupción (por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia está preso). Transformar ese escenario será un derrotero clave para lo que denominan posconflicto.

Distintas instituciones del Estado se interponen sin reparo para impedir que avance lo pactado en La Habana, entre estas, la Fiscalía y el Congreso. Néstor Humberto Martínez y los senadores de los partidos de derecha han radicalizado los obstáculos para que la columna vertebral de los diálogos de paz, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no inicie su labor. Martínez y los secuaces del uribismo además sobresalen por no apoyar la recién conformada unidad para el desmantelamiento del paramilitarismo. Esto dificulta sentar las bases para que haya un proceso serio de reparación y consecución de la Verdad.

Con la experiencia de la desmovilización de los paramilitares diez años atrás durante el gobierno de Uribe se demostró que la verdad judicial como única medida tiene marcadas limitaciones en términos de la consecución de una verdad integral acorde a la idea de la justicia restaurativa, pues el proceso estuvo basado en la generación de condenas, decisiones posteriores a las versiones libres de varios jefes paramilitares, la mayoría actualmente extraditados y aislados, sin posibilidad de contribuir a procesos de reparación de víctimas.

A diferencia de lo anterior, la CEV no tiene objetivos meramente punitivos (y no puede tenerlos, pues es un mecanismo extrajudicial), por el contrario, de la reconstrucción del relato del pasado se origina un informe que debe contener las conexiones de las diferentes estrategias de terror creadas durante la guerra, es decir, una Verdad lo más completa posible, un proceso que tendrá que ser diferente al trabajo realizado por el Centro Memoria Histórica durante los últimos seis años.

El rol de la CEV deberá aportar a generar un archivo documental de recuperación y conservación de la memoria y hacer cumplir el derecho al acceso a la información por parte de las víctimas. Le corresponde arrojar insumos para revelar los hechos salvajes de la represión oficial, denunciar la violación de los derechos humanos e incidir en la formulación de políticas públicas que impulsen reformas para que se garanticen los derechos fundamentales para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Para terminar, resulta apropiado traer a colación un discurso del 8 de septiembre de 2003 por parte del senador Álvaro Uribe cuando fungía como jefe de Estado, durante la ceremonia de nombramiento del comandante de la Fuerza Aérea, esto con el fin de no olvidar desde dónde viene la persecución a los defensores derechos humanos: “Aparecieron colectivos de abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre voceros del terrorismo y unos traficantes de derechos humanos, que se deberían de una vez por todas quitar la careta  (…) General Lesmes: asuma usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de los derechos humanos no lo detengan…”.  El mismo libreto utilizó hace unos días en redes sociales cuando se enteró que el investigador Mauricio Archila podría integrar la Comisión de la Verdad: “los escritos de Mauricio Archila, integrante del CINEP y de la Comisión de la Verdad son calumniosos y apologistas del terrorismo”.Esas palabras son acompañadas por la institucionalidad del país, sin fisuras, al punto de configurar una verdadera política de Estado que se mantiene vigente, ya sea por la permanencia de las estructuras de violencia e impunidad que alimentan dichas prácticas, o por el silencio con el que se acompaña la tragedia de las desapariciones forzadas masivas en Colombia.

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7.132 armas de la guerrilla de las FARC-EP fueron entregadas a la misión de la ONU. Con esto, cumplen su palabra y la sociedad colombiana espera que el Gobierno haga lo mismo: que entregue tierras, democratice el sistema político e implemente sin trucos los acuerdos de La Habana.

Que los más de 7.000 guerrilleros y guerrilleras concentradas le hayan cumplido al país, que hayan pedido perdón por los avatares del conflicto y de su accionar militar, que se hayan salvado más de 2.600 vidas (según la ONU) debido al cese del fuego, es de celebrar. Su consigna fue “dejar las armas para tomar la palabra”.

La dejación de armas de las FARC, en su sentido histórico y político como acontecimiento trascendental para el devenir de la Nación, es un hecho que sin duda simboliza la esperanza de vivir en un país diferente, sobre todo para quienes han sufrido la guerra con mayor rigor. 260.000 muertos, 7 millones de desplazados, alrededor de 80.000 desaparecidos, 9.500 presos políticos y miles de exiliados, son algunas de las consecuencias del conflicto armado colombiano que hoy se encuentra en un periodo cúspide de la solución política.

Es de reconocer que gracias a los acuerdos de La Habana, la oposición política por primera vez en la historia cuenta con un Estatuto que le da garantías democráticas para ejercer sus derechos. Las FARC ingresará al escenario político legal luego de 53 años de lucha armada, así, en agosto realizarán un congreso donde darán directrices y completarán su estrategia a seguir.

Sin embargo, para que en Colombia se hable del fin de la guerra, sin un optimismo que a veces se torna petulante, hay que tener en cuenta otros aspectos. La mesa de diálogo en Ecuador entre la guerrilla del ELN y el Gobierno avanza, aunque con serias dificultades, pues no ha llegado el momento en el que ambas partes empiezan a ceder. Los combates militares continúan. Mientras la insurgencia reclama un cese bilateral del fuego para “humanizar la guerra” y mejorar las condiciones de diálogo, el Gobierno presiona para que esta organización abandone la práctica del secuestro. El ELN es observadora de cada detalle ocurrido en el contexto del diálogo con las FARC y por eso la desconfianza: asesinato de guerrilleros amnistiados, asesinato de militantes de izquierda y líderes sociales, incumplimiento en lo más básico del Acuerdo, brutalidad policial contra la protesta social, entre otros.

Asimismo, sin ningún reparo, el Gobierno continúa afirmando que el paramilitarismo no existe, aún cuando las investigaciones arrojan claras evidencias de que estos ejércitos, que nacieron de la convivencia entre terratenientes, políticos y empresarios, son los principales victimarios de la violencia contra actores sociales, políticos y de derechos humanos. Desde ahora, lo que pase en los territorios anteriormente controlados por las FARC, es responsabilidad del Estado. ¿Qué viene sucediendo? Un peligroso crecimiento del paramilitarismo, aunque se usen los eufemismos de “bandas criminales” (Bacrim), neoparamilitares o “grupos sucesores del paramilitarismo”. Es imperativo que el cuerpo élite creado para perseguir a los paramilitares los combata. El paramilitarismo sí existe y como organizaciones criminales deben desaparecer. Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), solo en 2016 los paramilitares cometieron 550 violaciones de Derechos Humanos.

Por otro lado, en el marco de los incumplimientos del Gobierno, más de 3.400 guerrilleros presos se encuentran hace varios días en una manifestación pacífica exigiendo ser indultados como lo precisa el Acuerdo en el punto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ahora bien, difícilmente habrá fin de la guerra si las condiciones que originaron la violencia se mantienen intactas, como se ve evidenciado en el modelo de desarrollo del gobierno de Santos, que mantiene 22 millones de pobres y 12 millones en pobreza extrema. Igualmente se ve con ejemplos como Buenaventura (pacífico colombiano), donde se viene sufriendo la represión policial y la militarización por exigir condiciones básicas de vida como tener agua y electricidad, mientras el territorio es saqueado por las multinacionales. No habrá paz sin el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que continúa hostigando con brutalidad al magisterio en diferentes zonas del país, sector que lleva tiempo exigiéndole al presidente Santos cumplir los acuerdos de huelgas anteriores. Lo mismo sucede con el movimiento indígena, campesino y sindical. Los niños y niñas siguen pagando con su vida el abandono estatal, mueren de hambre, de desnutrición. Así no habrá paz.

El llamado fin de la guerra en Colombia es una bandera política, un instrumento discursivo, pero es, sobre todo, una ilusión. Si bien es fundamental para el país que este movimiento armado continúe en la lucha como partido político, lo cierto es que el desprecio a la izquierda revolucionaria en Colombia es más profundo y generalizado que el reducido apoyo a la izquierda democrática, un desprecio irracional ocasionado por medio siglo de guerra no solo bélica, sino también ideológica.

Un ejemplo claro es el aprovechamiento político de la explosión ocurrida el pasado 18 de junio en uno de los centros comerciales de élite de la capital donde murieron tres mujeres. Sin duda cumplió con uno de sus objetivos: opacar la dejación de armas de las FARC y politizar este acto de terrorismo para ir acumulando votos de cara a las elecciones presidenciales de 2018. ¿A quién le sirve una explosión en un baño de mujeres? A quienes viven de la guerra, a quienes no tienen otra forma de capitalizar el poder político que mediante la generación de odio, miedo y violencia.

La extrema derecha, representada por el cuestionado expresidente y ahora senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, tiene como propósito “hacer trizas los acuerdos de paz”. Juegan a confundir. Torpedean cualquier intento de cambio a sus lógicas guerreristas. Sin embargo, es una de las fuerzas políticas más grandes del país, como quedó demostrado en octubre pasado con los resultados del Plebiscito por la Paz, donde ganó el NO, con ayuda de publicidad engañosa y propaganda con mentiras orquestadas por sectores eclesiales, moralistas fanáticos y anticomunistas acérrimos de dicho partido.

Finalmente, cabe señalar que por dicha explosión fueron capturadas nueve personas, una de ellas puesta en libertad por definirse como una captura ilegal. Lo curioso es que, como viene sucediendo en los últimos años, son personas reconocidas en materia académica, política o social. Causas armadas (falsos positivos judiciales) que envían un mensaje negativo al país, pues no solo es recurrente la captura de personas inocentes bajo pruebas y testigos falsos, sino que se aprovecha cualquier ocasión para estigmatizar aún más a la universidad pública; abogadas, artistas, periodistas y especialmente profesionales de las ciencias humanas comprometidos con la paz desde sus organizaciones sociales. Un sistema de justicia fallido, el cual sigue sin estar preparado para este momento político.

Así, se hace imprescindible la movilización social y la unidad en la práctica, para que no triunfe el odio, para que no gane el mayor cáncer que tiene Colombia, es decir, Uribe y el uribismo. En el futuro pueden surgir nuevas guerras, ojalá me equivoque y pronto podamos hablar del conflicto armado como un asunto del pasado.

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Quien haya visto el documental “El Baile Rojo”, sabe de quién se habla cuando se nombra a Imelda Daza. Militante histórica del Partido Comunista Colombiano (PCC). Sobrevivió a un plan genocida del Estado colombiano y los paramilitares, que asesinó alrededor de 4.000 de sus copartidarios de la Unión Patriótica (UP) en los años 80 y 90. Luego de 30 años de exilio, regresó en 2015, esta vez para quedarse. Hoy es una de los seis integrantes de Voces de Paz, agrupación política que actualmente vela dentro del Congreso de la República por el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. En esta entrevista para Marcha durante su visita en Argentina relata su visión sobre la coyuntura colombiana, justo en un momento álgido en el marco de los diálogos de paz y en un periodo preelectoral.

Sergio Segura: ¿Cómo te trata Buenos Aires? Eres una de las invitadas internacionales al 17 Festival de Cine de Derechos Humanos…

Imelda Daza: El Festival me ha parecido una expresión de arte muy interesante. Vi dos películas sobre Colombia: Chocolate de Paz y El Silencio de los Fusiles. Chocolate de Paz es una película conmovedora, se trata de la situación que se vive en la comunidad de paz de San José de Apartadó y todo el genocidio contra la Unión Patriótica en esa región. Es una filmación que de verdad cumple con el objetivo de cualquier película que es ejercitar sentimientos, muy conmovedora para uno que sabe que esa fue la verdad. Natalia Orozco, directora de El Silencio de los Fusiles, es una periodista que intenta registrar hechos históricos y más bien deja en manos del espectador la opinión sobre el trabajo. Para mí fue extraordinario, capta las opiniones de los actores políticos, no solo de los actores armados, sino de la opinión política de todo el país durante el proceso de negociación.

También estuve en entrevistas con Radio Cooperativa y Russia Today. Para nosotros es muy importante tener estos espacios de difusión porque sabemos que los medios nacionales están cooptados por el gran poder del país. Es información parcializada, egoísta, mezquina, miserable con el resto de los colombianos. Yo he querido aprovechar esta visita a Buenos Aires para poder referirme a la situación de Colombia y clamar por la solidaridad internacional que es tan importante en este momento.

Tuve también la oportunidad de asistir a la multitudinaria marcha de mujeres, aunque también había muchos hombres, por la consigna “Ni Una Menos”. Me sorprendió la variedad, la convergencia, la confluencia. Distintas concepciones se reunieron bajo una única consigna. Ejemplar. Creo que eso significa un avance en la lucha de las mujeres por la reivindicación de nuestros derechos, y me encantó el documento final, el manifiesto, porque le encontré un carácter internacionalista, hicieron mención de mujeres de toda Latinoamérica.

S.S.: Hace poco estuviste en el Parlamento Europeo pidiendo apoyo para combatir el “genocidio paramilitar”. Voces de Paz les está permitiendo esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta vocería dentro del Congreso de la República?

I.D.: Ha sido interesante porque nos ha ayudado a entender cuál debe ser el rol de los cinco senadores y los cinco representantes que va a tener las FARC en el Congreso. Ha sido una escuela intensiva, de comprensión de cómo funciona ese cuerpo legislativo. Está lejos de ser el órgano legislativo con independencia, todos los vicios de la democracia colombiana se manifiestan allí, pero en esa medida le sirve a uno para reflexionar sobre qué es lo que hay que corregir.

Nos han acusado de representar a los peores criminales de Colombia. A los secuestradores, extorsionistas, narcotraficantes, narcoguerrilleros, reclutadores de menores y violadores de mujeres. Somos víctimas de ese hostigamiento y esos insultos, sabemos que la intención es la de provocarnos para que también caigamos en la discusión vulgar, en el debate grosero y en la descalificación con adjetivos a falta de argumentos y de ideas. Nos hemos cuidado de caer en esa provocación, pero todo tiene su límite, estamos llegando a un punto que nos va tocar responder también para llamar por su nombre a los ‘parauribistas’, que son los que nos agreden siempre. Sin embargo, debo reconocer que muchos parlamentarios de los partidos tradicionales son los que han salido en defensa nuestra, y se han enfrentado al Centro Democrático (partido liderado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe) acusándolos a ellos también, diciéndoles todo de lo que son culpables ellos y su jefe. Creo que la izquierda nunca había tenido tanta solidaridad de parlamentarios liberales y hasta conservadores, además de los del Polo, verdes y de la representante a la Cámara del MIRA, de quienes hemos contado siempre con su solidaridad.

S.S.: Simón Trinidad fue su amigo desde los años 70 y luego fueron compañeros de militancia en la organización Causa Común. Años después se convirtió en comandante de las FARC, ahora condenado en una cárcel de Estados Unidos. Aunque han presionado pidiendo su retorno, no hay voluntad del gobierno colombiano ni atención del gobierno norteamericano. ¿Hay resignación? ¿Otro preso político al olvido?

I.D.: Olvidado nunca por los que tenemos compromiso con el cambio en Colombia, resignados tampoco, no es de revolucionarios resignarse. Por lo tanto mantenemos firme la solicitud de retorno de Simón Trinidad, para mí, Ricardo Palmera, con quien se cometieron todas las injusticias posibles. Primero, el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos dice que no puede tener nunca móviles políticos, y segundo, que nunca puede haber extraditados condenados a cadena perpetua, a Ricardo se le hizo un juicio eminentemente político. Los argumentos para juzgarlo fueron inventados, se rebuscaron testigos en Colombia para acusarlo. Dos juicios fallaron a su favor y en contra del Estado norteamericano, hasta que pudieron convencer a un equipo de jurados para que lo condenaran a cadena perpetua, porque él tenía 52 años y fue condenado a 59 años de prisión. Es decir, todos los exabruptos jurídicos de aquella falsa democracia se juntaron.

Eso fue obra de Álvaro Uribe Vélez. Se lo propuso y lo logró. Pero tampoco nos resignamos. Él esta condenado jurídicamente, pero apelamos a la sensatez del gobernante de turno de Estados Unidos para que conceda el indulto y pueda volver a su país, del que nunca debió ser enviado a ninguna parte, porque a él se le juzgó por el delito de rebelión y eso está contemplado en la ley y el Código Penal. Por ese delito han podido condenarlo el resto de su vida en una cárcel, pero no en otro país.

En estos momentos se está montando una campaña que esperamos sea internacional, pidiendo el indulto para que Ricardo pueda retornar. No es de extrañar que sea Donald Trump el que conceda ese indulto, de ese señor se puede esperar cualquier cosa. Barack Obama no negó el retorno de Ricardo, a Obama no se le hizo la solicitud. Creemos que, aunque el gobierno colombiano muchas veces dijo que sí estaba haciendo diligencias para ese fin, nunca pidió el retorno de Ricardo. En cambio sí le pidieron a las FARC guardar secretos, que no se hiciera campaña en ese sentido. Aunque (John) Kerry (secretario de Estado de USA) estuvo en La Habana (Cuba) y habló con los negociadores de las FARC de que sí era posible ese indulto, el que nunca aceptó la posibilidad fue el representante que tenía Obama en la mesa de negociación.

S.S.: El ELN dice que la mesa de Quito (Ecuador), sin participación de la sociedad, no va. Juan Camilo Restrepo, jefe negociador por parte del Gobierno, anunció que espera ataques militares “con todos los fierros” en las próximas semanas contra esa guerrilla. Por otro lado, la Corte Constitucional tomó medidas que afectan parte del espíritu del acuerdo de paz firmado en noviembre. La implementación no va bien, principalmente por incumplimiento del Gobierno, incluso en los aspectos más básicos, como la logística y condiciones necesarias de las zonas donde están concentrados los y las excombatientes. Con este panorama, ¿qué futuro le ve a la mesa entre el ELN y el Gobierno?

I.D.: Yo creo que el gobierno de Juan Manuel Santos está empecinado en el silencio total de todos los fusiles, entonces la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) va, a pesar de las dificultades. También hubo dificultades cuando se empezó la negociación con las FARC. No fue fácil, todavía no es fácil la implementación ni lo será. Sería una actitud errada del ELN quedarse solos como combatientes en Colombia, la correlación de fuerzas sería muy desigual. Sin duda ellos son muy agudos observadores de lo que está ocurriendo con la implementación del acuerdo con las FARC. Espero que aprendan de las falencias, de las carencias y de las fallas que ha habido en este proceso, que las asimilen bien para que su proceso de negociación se maneje de mejor manera. Igualmente el Gobierno también está aprendiendo.

Yo creo que Santos y Humberto de la Calle reflexionan hoy en esto que hizo la Corte Constitucional, en que se equivocaron al escoger esos magistrados, y es importante que esos errores no se cometan con el ELN. Ahora están en el momento de posicionarse cada uno de la mejor manera posible. La arremetida contra el ELN ha sido durísima, lo sé de cerca porque la Policía y el Ejército en el Cesar (noreste del país) ha cometido toda clase de abusos contra líderes campesinos, mujeres, líderes sociales, la organización y el movimiento social en general, para bajar la moral a los negociadores del ELN, porque acusan a todos esos líderes del Congreso de los Pueblos de ser miembros activos de esa organización. Aunque uno no lo crea eso hace parte del proceso, es el ‘tira y jale’ que se da antes de que se inicie en forma la dinámica de acuerdo.

S.S.: El paramilitarismo continúa invadiendo territorios y desplazando comunidades. Los asesinatos, amenazas y judicialización de líderes sociales no cesan. Por su parte, varios ministros de Santos afirman que el paramilitarismo es cosa del pasado. Igualmente la Fiscalía, que parece más preocupada por dejar sin plata a las FARC que por esclarecer estos graves hechos.

I.D.: Las declaraciones del ministro de Defensa, de la Fiscalía, del ahora ministro del Interior cuando era viceministro, solo ayudan a la impunidad, se vuelven cómplices de lo que está ocurriendo, ellos niegan la sistematicidad, yo por el contrario la veo diáfanamente. El modus operandi de esta etapa es idéntico al que se implementó contra la Unión Patriótica, porque igual que en aquella época los asesinatos se siguen cometiendo en la periferia del país: zonas rurales, pueblos pequeños, veredas, corregimientos, y poco a poco se va acercando a las ciudades y a las capas medias…así fue el genocidio contra la UP, hasta que llegó a la capital, al aeropuerto El Dorado, donde fueron asesinados Bernardo Jaramillo, candidato presidencial por la UP, y José Antequera, presidente de la Juventud Comunista.  El plan es paralizar a la población porque se viene la implementación del acuerdo, porque se viene el derecho a la oposición, cuya ley ya fue aprobada, y se viene el fortalecimiento de la organización popular, porque el silencio de los fusiles nos permite una mayor visibilización a partir de ahora.

S.S.: Se aproximan las elecciones presidenciales (2018) y no hay consensos claros. La fusión entre Gustavo Petro (Progresistas) y Jorge Robledo (Polo Democrático Alternativo) cada día parece más distante para la izquierda. Ustedes están con el llamado “gobierno de transición”, propuesta que se verá traducida con un candidato que tenga como bandera la implementación de los acuerdos y no dar marcha atrás en la paz. Sin embargo la intención de voto del país se inclina hacia la derecha nuevamente.

I.D.: Yo comparto la idea del gobierno de transición. Como izquierda colombiana no tenemos con qué aspirar a un triunfo total el próximo año. Se vale un gobierno de transición al cual le exigimos dos cosas muy sencillas: primero, que sea un candidato decente. Decente en Colombia quiere decir no ligado a la corruptela ni a las componendas, ni a las mafias electorales. Y segundo, que se comprometa a implementar el acuerdo. Porque esto toma años, más de una década, entonces necesitamos un gobierno que en esta primera etapa se comprometa a fondo con la implementación del acuerdo de paz. La figura que por ahora cumple ese perfil es Humberto de la Calle, él ha tenido unas salidas pero no ha tenido el eco que se esperaría. Lo mas posible es que esa figura que necesitamos sea un liberal con estas dos características. Esa es mi opinión personal, no la de Voces de Paz. Voces de Paz no ha tenido tiempo ni para reunirse y deliberar sobre estos temas.

En cuanto a la unidad de la izquierda, yo creo que no hay condiciones todavía para que aspiremos al proyecto alternativo. Movimiento alternativo digámosle a los verdes (Alianza Verde), al Polo, quizás a Poder Ciudadano. A Sergio Fajardo, que no sé a qué pertenece. Al MOIR, a Progresistas con Petro. Y la familia comunista: Unión Patrótica, Marcha Patriótica, Partido Comunista, y el nuevo partido que aquí va a surgir. Aspirar a que en a seis meses, que es cuando tiene que empezar la campaña, haya una candidatura única lo veo muy difícil. En la izquierda nos caracterizamos por proclamar la unidad, pero todos queremos la unidad alrededor de nosotros mismos. Yo pienso que en todo caso la unidad de la familia comunista sí tiene que darse y creo que eso no tiene mayor dificultad.

Para nosotros está clara la unidad, es un deber político, una necesidad histórica, un compromiso con el país. Si es factible que aquella otra fuerza, de izquierda o democrática o alternativa, se unifique alrededor de un candidato, pues eso sí haría fácil un acuerdo con nosotros. Pero es muy difícil negociar con el MOIR, con Robledo, que se niega a hablar en un escenario donde yo estoy, así lo dijo. Esperemos que la discusión interna se dé y ojalá el candidato sea Petro, porque es un hombre inteligente, honrado diría yo, tiene una visión a futuro, coherente, bien planteada, aunque no llene las aspiraciones de esta familia comunista. El camino es el gobierno de transición que es al que debemos apuntarle, y mi llamado es a asumir en serio el compromiso de acceder al poder.

Hablo con la autoridad de los años de una izquierda que asumió una posición muy cómoda. Criticar con el dedo a los pícaros, a los manzanillos, a los leguleyos, enjuiciar a los corruptos, condenarlos, pero nunca asumimos la responsabilidad en serio de elaborar un proyecto de país, no sabemos cuál es la Colombia que queremos, no sabemos a dónde queremos ir. El pueblo colombiano está cansado de los diagnósticos. La gente exige soluciones porque los problemas los conoce muy bien, los padece todos los días, esa es la tarea de la izquierda, y tenemos que reafirmar la voluntad firme de ser poder. Yo estoy cansada de ser oposición, esa es la verdad. 50 años haciéndole oposición a sucesivos gobiernos. Yo quiero ser poder, yo quiero gobernar, con gente que piense como yo, que se identifique conmigo o que yo me identifique con ellos. Es muy cómodo pasarse toda la vida criticando sin asumir nada, hay que cambiar en ese sentido, ustedes los jóvenes tienen ahí una tarea dura para desarrollar.

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“En el sur del continente, tierra de Evita y el Che, nos encontramos compañeras y compañeros de la Coordinación Política del ALBA Movimientos entre los días 15 y 17 de mayo de 2017, con el objetivo de perfilar el programa político para la integración de los pueblos.”

Con estas palabras comenzó la conferencia de prensa realizada por la Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA el pasado miércoles en Buenos Aires (Argentina), donde presentaron una serie de medidas concertadas en el marco de los diferentes encuentros durante la semana.

“Nuestro continente enfrenta una disputa de proyectos hegemónicos donde las derechas locales intentan a cualquier precio romper de manera definitiva con las alternativas soberanistas, populares y revolucionarias para consolidar la posición del imperialismo yanqui en la región (…). Para el debate de nuestros pueblos, la articulación en nuestras organizaciones de base, para promover las luchas en las calles y la disputa de los programas institucionales de gobierno, estamos proponiendo el desarrollo de seis ejes estratégicos: 1. El internacionalismo solidario, 2. La batalla ideológica y cultural, 3. La defensa de los derechos de la madre tierra y la soberanía de los pueblos, 4. Nueva economía para el buen vivir, 5. La democratización y la construcción de poder popular y 6. Los feminismos populares”.

Además, la articulación lanza como contraofensiva a la injerencia mediática e imperialista en la crisis venezolana la campaña “Venezuela Corazón de Nuestra América”, siendo la solidaridad y el internacionalismo parte de las enseñanzas que dejó el líder histórico de la Revolución Cubana.

Cátedra Fidel Castro

En el marco de esta cátedra creada por el ALBA se llevó a cabo un panel con la participación de referentes políticos y líderes y lideresas sociales de distintas organizaciones de América Latina: Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba y Argentina dejaron constancia de la coyuntura que vive cada uno de los países. Así, con el objetivo de encontrar puntos comunes y lazos para fortalecer la articulación continental de los pueblos de Nuestra América, las organizaciones sociales y demás asistentes conversaron sobre la importancia de visibilizar problemáticas silenciadas por los medios masivos de comunicación y la necesidad de repuntar en la movilización, justo en un momento donde la represión avanza y las oligarquías de la región se radicalizan.

Desde Colombia, militantes del Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, abordaron un balance de las principales problemáticas que aquejan a su pueblo, principalmente la agudización del terrorismo de Estado: asesinato selectivo de líderes sociales y defensores de derechos humanos (más de 150 en 14 meses, 43 durante 2017 -uno cada dos días-), aumento de la criminalización de la protesta y judicialización de líderes sociales, la avanzada del paramilitarismo (negado por el Gobierno), el incumplimiento del gobierno de Juan Manuel Santos en el acuerdo de paz firmado con las FARC-EP (y el asesinato de varios guerrilleros amnistiados), la profundización de las políticas extractivistas, entre otros. Igualmente denunciaron que en el país se mantiene privados de la libertad a más de 9500 prisioneros y prisioneras políticas, la mayoría acusados arbitrariamente bajo el modelo de los ‘montajes judiciales’. En ese sentido, asistentes argentinos exigieron la libertad del estudiante Mateo Gutiérrez (a quien conocieron en Cuba en jornadas de solidaridad), joven bogotano de 20 años quien lleva encarcelado bajo el mismo modelo desde el 23 de febrero.

A su vez, reiteraron que existen siete bases militares que permanecen en directo control yanqui, demostrando el papel geoestratégico de Colombia no solo para mantener la doctrina del enemigo interno, sino también para organizar la logística e inteligencia militar necesaria para atacar a Venezuela y demás países de gobiernos progresistas. Los integrantes de dichas organizaciones cerraron sus intervenciones bajo las consignas “la paz de Colombia es la paz del continente” y “la paz son cambios”, invitando además a respaldar los diálogos entre la guerrilla del ELN y el Gobierno, quienes transitan por la segunda fase de conversaciones en Quito (Ecuador) con el fin de acordar la solución al conflicto armado que aqueja al país hace más de medio siglo.

Por su parte, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y La Araña Feminista, pasaron a analizar la situación actual en la República Bolivariana de Venezuela. Entre la ya conocida injerencia imperialista, la guerra económica, las ‘guarimbas’ y la batalla mediática, aprovecharon para contar cuál es la situación real del país y cuáles son los retos actuales del movimiento popular. Otro de los puntos analizados fue el papel del movimiento feminista, del cual se celebra que sea un eje transversal dentro del ALBA “en el marco de la lucha contra el machismo y el patriarcado capitalista”. “América Latina está reflejando un feminismo que es socialista, de las bases, de los pueblos en lucha. La patria socialista se construye desde nuestros cuerpos, nuestros corazones, nosotras creemos que esa es la manera de derrotar la agenda violenta de la derecha, de las transnacionales, del bloqueo económico del capital internacional financiero”.

Asimismo resaltaron la importancia de Fidel para la revolución bolivariana: “Chávez se inspiró en él, fue su amigo, su defensor y la tarea es seguir el pensamiento filosófico-político de ambos líderes, para estudiarlos y practicarlos”. Las dos venezolanas, aunque críticas con su mismo proyecto, señalaron la importancia de apoyar la Constituyente que propone el gobierno de Nicolás Maduro, teniendo por delante el desafío de unir al movimiento popular venezolano a pesar de la desinformación y el cerco mediático internacional.

Por otro lado, la representante de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (ANAP), aportó su experiencia en el proceso revolucionario cubano, celebrando a su vez el aniversario del acto donde Fidel entregó personalmente, el 17 de mayo de 1959 (después del triunfo de la revolución), el primer título de tierra como parte de la reforma agraria. Celebró también la importancia de la liberación de Oscar López Rivera, militante puertorriqueño encarcelado en Estados Unidos desde hace 36 años.

El vocero por Perú demarcó el recrudecimiento del neoliberalismo que impera en el país desde hace varias décadas, siendo esta una de las razones de la eliminación física y política de la izquierda en el país. Por su parte, el integrante del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia hizo un recuento de las disputas en su país desde que llegaron al poder: “Como movimiento campesino e indígena empezamos a hablar, a pensar, a alcanzar el poder, y vimos que no era suficiente la tierra, quedarnos como simples pastores o cuidadores. Los campesinos hemos alcanzado al poder, eso pertenece hoy a la mayoría del pueblo y no a la oligarquía. Gracias a la lucha y el apoyo del continente hemos logrado este triunfo. Y ahora es el turno de Bolivia y nos toca nosotros apoyar a Colombia, a Venezuela, a Argentina. Todos los representantes de los movimientos nos hemos reunido para empezar las batallas, no dejaremos solos a los pueblos, hay que defender la democracia en Venezuela y apoyar a Colombia en su proceso de paz”.

Una de las conclusiones finales que comentaron fue “que no hubo como tal un retroceso de los movimientos populares en América Latina, pero sí un avance marcado de la derecha en detrimento de los gobiernos progresistas”.
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