El tercer derrame producido por Barrick Gold en San Juan junto a la violación de la ley de glaciares debe ser el impulso para llevar la discusión de la minería a un plano mayor.

Durante el mes de enero, Barrick comunicó un nuevo derrame en San Juan, nada más ni nada menos que el tercero en menos de un año y medio. Esto debería demandarnos serias acciones en pos de terminar con los severos daños que se le está ocasionando al ambiente debido a la actividad minera. Sin embargo, pareciera que las grandes masas urbanas solo nos mantenemos tímidamente expectantes, gracias al pequeño e insuficiente lugar que los medios hegemónicos le dan a este tema.

A este nuevo derrame debemos sumarle la solución cianurada previamente dispersada en el ambiente, que se estima de al menos un millón de litros en cada uno de los anteriores eventos que tuvieron lugar en septiembre de 2015 y 2016.

Frente a estos hechos hay quienes creemos insuficientes las medidas tomadas por el Estado argentino, entre los que podemos mencionar la multa por 9 millones de dólares tras el primer derrame, o la denuncia presentada en la justicia de la provincia. Por este motivo, acompañamos las exigencias de las asambleas locales, la Asociación de Abogados Ambientalistas, Greenpeace, entre otras organizaciones, que reclaman el cierre definitivo de las operaciones de la Barrick en la zona, que no significa otra cosa que la simple aplicación de la ya sancionada ley de glaciares.

Además, estas actividades son ilícitas ya que se encuentran en ambiente periglaciar, por lo tanto, protegidos por esta ley. La misma, en su artículo dos, permite a las autoridades ordenar el cese de la actividad y llevar adelante las medidas de protección, limpieza y restauración que corresponda.

Sin embargo, la situación amerita llevar la discusión a un plano mayor.

¿Cuáles son los beneficios de continuar sosteniendo la actividad minera?

La minería no genera trabajo, ya que es una actividad capital intensiva que genera entre 0,5 y 2 empleos por cada millón de dólares invertidos. Esto explica como en 2014 solo el 1% del empleo en San Juan era producto de la minería. Además, como bien explican Maristella Svampa y Enrique Viale, importantes referentes a nivel nacional en esta temática, la promesa de la minería como el motor del desarrollo y el puente de las poblaciones locales hacia una mejor calidad de vida no se ha cumplido en ninguna de las provincias que desarrollaron esta actividad. Por el contrario, luego de muchos años los índices de pobreza e indigencia siguen siendo más altos que la media nacional, a lo que debe sumarse los pasivos ambientales generados.

Entonces, se arruina el espacio en donde vivimos simplemente por desarrollar una actividad que no genera empleo, que genera un 3% de ingresos para el Estado (de lo declarado por la misma empresa a boca de mina) y que solo beneficia en términos económicos a un reducido número de personas.

¿Qué sucede con el Estado?

Las señales que emite el Estado argentino no son esperanzadoras ya que, a contraposición de lo que refleja la realidad, se manifiesta que el sector minero puede ser una solución al desempleo y el progreso. Esto se ve reflejado en sus declaraciones, cuando promete a los gobernadores de empresas mineras trabajar para generar más proyectos, pero también cuando decide eliminar las retenciones a esta actividad, siendo ésta una de las primeras decisiones de la actual gestión.

Si bien se ha cobrado una multa a la empresa Barrick y se ha presentado una denuncia ante la justicia, la seriedad con la que se toma el tema en el gobierno no parece ser suficiente, o al menos así se puede entender mientras, selfie de por medio, el presidente Macri se reúne con el primer ministro de Canadá y se acepta una insignificante muestra de preocupación por parte del ministro sobre lo que está provocando la empresa canadiense en nuestro país.

No se debe olvidar que esto se da en el marco de la gestión de un ministro de ambiente y desarrollo, Sergio Bergman, que nulos antecedentes posee en el tema, lo que no deja de ser un indicio de la importancia que se le da a este Ministerio. Entre las primeras declaraciones que se recuerdan del ministro, podemos mencionar la siguiente: “No tengo demasiado conociendo técnico en el área del medio ambiente; es más sentido común”.

¿Cuánto falta para lograr una ciudadanía sostenible en la Argentina?

Hablando de sentidos comunes, el debate sobre la minería y la insostenibilidad ambiental de nuestras producciones y formas de consumo todavía se mantiene postergado.

Aun manteniendo grandes deudas sociales, durante el siglo XXI se han generado avances positivos en términos de derechos en nuestro país, no sin haber provocado grandes debates y disputas de sentidos. Lamentablemente la insostenibilidad ambiental de ciertas actividades productivas y, sobre todo del estilo de vida occidental que se ha adoptado como sinónimo de progreso, no ha tenido el lugar necesario en la agenda pública urbana.

Esto no es algo menor, ya que entre los responsables de esta situación debemos mencionar al gobierno anterior, que ha alimentado la proliferación de ciudadanos consumidores que mediante sus prácticas y proyectos están muy lejos todavía de acercarse a las problemáticas ambientales.

En términos de minería basta con mencionar al ex gobernador de San Juan, Jose Luis Gioja, actual presidente del partido justicialista, quien tiene la misma concepción que el presidente Macri sobre la minería: “hay que promover la minería, que da más plata que la soja”, “soy un fervoroso defensor de la minería” o “No hay ninguna actividad humana, para tener las cosas mínimas que necesitamos, que no produzca algún efecto o que a algunos les guste más que otros”.

Estas declaraciones no solo están erradas, sino que tampoco son menores ni circunstanciales, ya que el actual presidente del partido justicialista las ha mantenido durante toda su trayectoria política, desde que fue electo legislador hasta sus tres gobernaciones. Esto nos permite pensar que hoy en día esta postura tiene un gran peso en el peronismo, en parte porque el debate aún se mantiene alejado de los sectores populares del movimiento peronista.

Sin embargo, más allá de que no todas las actividades económicas generan los mismos impactos ambientales, la insostenibilidad ambiental de nuestro estilo de vida no se acota solo al sector minero y cruza de lleno los valores y principios que se han instalado en la sociedad actual. El acceso al consumo, desde un libro a una cerveza en un bingo, sin discriminación, se ha tomado como un avance en la inclusión, y sobre esta premisa se ha avanzado. El consumismo se enraizó en nuestra sociedad, reflejo de la cultura occidental, y ha creado ciudadanos que solo conciben la prosperidad o el progreso como el consumo de bienes materiales alimentando un modelo de desarrollo económico insostenible. En este punto el anterior gobierno tuvo como objetivo crear nuevas clases medias a partir del consumo, sin tener en cuenta, como explica Álvaro García Linera, la necesidad de volverlo consciente. Por el contrario, solo se crea una nueva clase media con capacidad de consumir, pero portadora del viejo sentido común conservador, y en este caso, economicista e insostenible.

Mientras solo se pretenda hacer responsable a una firma y no a la actividad, los problemas serán los mismos, y continuarán sucediendo los desastres ambientales como el actual derrame.

Desde las ciencias económicas la respuesta solo puede venir desde la economía ecológica, que hace de la discusión de la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales, un elemento central para la comprensión del problema de la sustentabilidad. De aquí que debe comenzar a darse la discusión y el debate por disputar, en el sentido común de los argentinos, el modelo de país y de actividades económicas alternativas a la minería. Esto debe lograr involucrar a las grandes masas urbanas en la lucha política que acompañe a las admirables puebladas en el interior, y que siente las bases para que esta vez efectivamente la tercera sea la vencida.

* Tesista de Lic. En Cs. Ambientales – UBA

** Lic. En Comercio Internacional y Doctorando en Desarrollo Económico – Investigador UNQ

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El ministro Sergio Bergman viajo a Jáchal para escuchar las exigencias de un pueblo que resiste la mega minería a cielo abierto. La Asamblea reclamó la plena vigencia de la Ley de Glaciares. La UBA realizará un peritaje que dé cuenta de la salud de las y los vecinos luego de seis meses del derrame de cianuro en la Mina Veladero. En materia judicial, nueve empleados de la Mina Veladero procesados y una multa de 145 millones de pesos.

El domingo pasado se presentó el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la plaza San Martín de San José de Jáchal. Reunidos en una asamblea ampliada, el pueblo sanjuanino expuso sus demandas acerca del derrame de agua con solución cianurada en la cuenca minera del río Jáchal que se produjo el 12 de septiembre pasado.

Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, la visita del ministro fue tomada como un gran gesto ya que cumplió con la promesa de visitar al pueblo sanjuanino, tal como se había comprometido cuando integrantes de la asamblea se entrevistaron con él en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esta buena impresión, el discurso del Funcionario nacional no colmó las expectativas.

Domingo Jofré, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en declaraciones a Marcha, relató la impresión que dejó el ministro de Medio Ambiente: “Fue muy claro al expresar que no estaba en sus manos cerrar Veladero en forma inmediata, ni estaba en sus manos parar otros proyectos de megaminería”. A su vez, el asambleísta de Jáchal expresó que ya están trabajando en un proyecto de consulta popular para que el pueblo se expida, dé su opinión, y su resolución se respete, como ha ocurrido en otras partes del país.

Diego Seguí, abogado querellante contra la Barrick Gold, difundió en las redes sociales que se le ha demostrado al ministro Bergman que el valle de lixiviación de la Mina Veladero se encuentra sobre ambiente periglacial, y el rajo de Pascua Lama está sobre el glaciar binacional Toro 1, según lo demuestra la información científica aportada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), utilizado para los informes de impacto ambiental.

El abogado Seguí ratificó que contiene el rigor jurídico necesario y correspondiente ya que son instrumentos públicos que según el Código Civil y Comercial “hacen plena fe de existencia material de los hechos que se informan” y, a su vez, en materia ambiental “tienen la fuerza probatoria de los dictámenes”. La información aportada por el IANIGLIA proviene de información propia de la empresa concesionaria por lo que son hechos plenamente admitidos. En este punto, el abogado sanjuanino sintetiza su fundamentación con el viejo adagio popular “A confesión de parte relevo de prueba”. Esta serie de puntos aclaratorios sirvieron para exigir que se cumpla con la obligación de inventariar los glaciares de forma inmediata.

El ministro Berman reconoció que La Ley de Glaciares no estaba siendo cumplida por parte de la Barrick Gold y se comprometió a hacerla cumplir. También confirmó que el gobierno nacional solicitó que el Juez Casanello ejecutara el seguro ambiental, e informó al pueblo, reunido en asamblea, acerca del envío de dinero para remediación de las comunidades de Jáchal e Iglesia.

Desde la Asamblea de Jáchal destacaron que el Ministro se haya pronunciado a favor de la plena aplicación de la Ley de Glaciares. También recordaron que el funcionario nacional expresó que si la Ley de Glaciares no se respeta, no puede haber minería. Sobre el tema, Domingo Jofré argumentó: “Nosotros sabemos que la Ley de Glaciares no se está respetando porque claramente esta empresa está trabajando en un ambiente periglacial”.

En declaraciones a medios locales de la capital sanjuanina, el ministro Bergman ratificó la ejecución del seguro ambiental: “Nosotros somos la autoridad de aplicación de los seguros ambientales y va a ser la primera vez que se va a aplicar, vamos a hacer valer esa póliza y en este caso va haber una cuenta de garantía que será depositada en el juzgado, en este caso el de Sebastián Casanello que es el juez federal que interviene en esta acción”.

 La UBA realizará un peritaje por el derrame de Cianuro

El Juez actuante en la causa por el derrame de cianuro de la Mina Veladero, Sebastián Casanello, determinó que un equipo de especialistas de la UBA realice un peritaje para determinar si se produjeron afecciones de salud en la población de los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Esta sentencia surge luego de que integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca viajaran a la ciudad de Buenos Aires donde lograron entrevistarse con el Juez Federal. La pericia ordenada a la Facultad de Medicina de la UBA se focalizará en relevar las potenciales enfermedades producto del derrame de agua cianurada en la cuenca del río Jáchal. La metodología a utilizar en los peritajes encargados tiene que ver con la extracción de muestras de sangre y orina.

El 11 de marzo pasado el juez de San Juan Pablo Oritja, afirmaba que el derrame de cianuro de un ducto de la mina Veladero, había contaminado los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia, pero no habría alcanzado a afectar al río Jáchal, ubicado kilómetros abajo del yacimiento minero. Esta definición del juez sanjuanino contradice la reciente determinación del Juez Federal, Sebastián Casanello.

El juez Oritja también se manifestó en disidencia con los peritajes realizados por la Policía Federal donde encontraron la presencia de metales pesados en cinco ríos: Jáchal, Potrerillos, Blanco, Palca y Las Taguas. “No se demuestra que hayan cambiado por efecto del derrame y los valores encontrados son similares a la línea de base trazada desde 1940 a la fecha” ratificó el Juez de San Juan.

Multa a la Barrick Gold y nueve empleados procesados

El 11 de marzo se conocía que el gobierno de San Juan había aplicado una multa de 145 milllones de pesos a la minera Barrick Gold como consecuencia del proceso administrativo que se inició después del derrame de agua cianurada en la Mina Veladero. Por su parte, desde la corporación canadiense intentaron restarle importancia a lo sucedido. “Todas las mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente” expresaron ejecutivos de la empresa canadiense.

A su vez, se conoció que el juez provincial, Pablo Oritja, procesó por negligencia a nueve ejecutivos de la Barrick por el derrame de cianuro. Se trata del jefe de Procesos, Leandro Poblete; el subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; el supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; el supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; el supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortés; el gerente de Procesos, Walter Pizarro, y el gerente general, Antonio Adames, que fue removido de su cargo por el incidente.

El Juez Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame de cianuro producida por la rotura de una válvula de la tubería, y determinó un embargo de 100.000 pesos a cada uno de los procesados.

Al respecto, Jofré expresó a este portal su disidencia y la de la Asamblea de Jáchal No Se Toca a la determinación del Juez sanjuanino: “Ningún Ceo ni la empresa fueron procesados. En particular, los trabajadores fueron los procesados, la empresa, no. ¡Ni siquiera los funcionarios encargados del control!”.

Jachál sabe que sólo el pueblo tiene el poder de parar la Megaminería a cielo abierto en esta región. Los jachalleros saben que tienen el poder –tan incómodo para los poderes de turno– de recuperar la Ley de Glaciares como instrumento de lucha. La consulta popular en San José de Jáchal es una causa que trasciende la provincia de San Juan, incluso la cordillera argentina. Citando a Miguel Bonasso, “la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del ambiente es la versión actual de la vieja lucha contra el imperialismo, la vieja lucha de los trabajadores por una sociedad sin explotadores y explotados”.

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