“El único héroe valido, es el héroe colectivo”. H.G Oesterheld.

El 18 de enero concluyó la campaña que iniciaron desde la organización Naturaleza de Derechos para impulsar la participación en la Consulta Pública Nº 309, convocada por el SENASA, y rechazar la aprobación del uso de DICLORVÓS -un agrotóxico potente-, en el sistema agroalimentario argentino, y de los productos formulados que lo contengan.

La campaña obtuvo un alto índice de participación, si bien tuvo poco tiempo para su difusión. Los fundamentos para impulsar la prohibición se basan en las legislaciones de otros países, “teniendo en cuenta las incertidumbres de las propiedades genotóxicas y carcinogénicas de la sustancia y no se ha demostrado que la exposición estimada del operador, trabajador y la población en general sea aceptable”.

A falta de una normativa general, en algunas localidades de nuestro país, ya se han elaborado legislaciones locales para limitar el uso de estos agrotóxicos, si bien las corporaciones hacen lobby para pedir que se reviertan las medidas, tal el escandaloso caso de Rosario.

Con la nota de oposición a la consulta, 130 mil personas manifestaron su voluntad solicitando que el SENASA prohíba “el Diclorvós, su importación, comercialización y uso en granos, incluidas las etapas de producción, poscosecha, transporte, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento, así como en instalaciones para el almacenamiento de granos y de tabaco”. En los controles en los mercados de abasto Central, La Plata y Gral. Pueyrredon se detectó Diclorvós en Acelga y Espinaca.

El SENASA es la autoridad administrativa que en la Argentina autoriza, controla, reclasifica, suspende y cancela los registros de agrotóxicos para uso en el sistema agroalimentario. Tal como expresan desde Naturaleza de Derechos “se le ha solicitado oportunamente una revisión total de los registros, tanto principios activos como formulados comerciales”.

Cuidado: veneno

Tal como se explica en los prospectos de algunos venenos que contienen Diclorvós, este es un insecticida-acaricida organofosforado indicado para el control de todo tipo de plagas rastreras y voladoras. También tiene uso veterinario y actúa por contacto e ingestión, generando un efecto instantáneo y fulminante, permitiendo controlar de esta manera y de forma inmediata, las plagas en instalaciones pecuarias. Controla los siguientes Insectos: cucarachas, chinches, ácaros, insectos de los granos almacenados, moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, polillas y coleópteros de importancia veterinaria.

Entre los fundamentos que plantea la organización Naturaleza de Derechos, se toman evidencias de otros países donde se ha legislado para prohibir su uso.

El 6 de Junio de 2007, la Unión Europea ha retirado completamente el DICLORVÓS del mercado agrícola: ya no se admiten residuos de ningún tipo en productos vegetales.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha dictaminado que el DICLORVÓS es posiblemente carcinogénico para los seres humanos. En el 2001, la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA) lo clasificó como probable cancerígeno humano tras los resultados obtenidos en laboratorio con ratas y ratones.

Es considerado un Neurotóxico Nivel 2. Tiene efecto colinérgico, neuropatía retardada. Hay evidencias científicas que la exposición crónica al DICLORVÓS puede provocar el Mal de Parkinson. También es un Genotóxico. Se ha comprobado que la exposición crónica al DICLORVÓS provoca daño genético (aberración cromosómica). También es considerado un disruptor endocrino (clase 2). Esta demostrado que el uso concomitante del DICLORVÓS con otros agrotóxicos organofosforados aumenta la probabilidad de intoxicación aguda. Por su alta toxicidad representa un riesgo para los organismos acuáticos.

En nuestro país, se recuerda que el Ministerio de Salud de la Nación, por Resolución 1631/2013, prohibió la comercialización para uso domiciliario de todos los formulados que contengan mas de un principio activo cuyo mecanismo de acción sea inhibir las colinesterasas.

Así se solicita que: “Por razones de Salud Publica, corresponde la prohibición del DICLORVÓS, no solamente para el almacenamiento de granos, sino también para su uso en todo el sistema agroalimentario.

Pueblo versus corporaciones

Se viene repitiendo la organización de las y los habitantes de distintos pueblos y ciudades del interior para oponerse al uso de agrotóxicos. En algunas localidades de la pampa húmeda sus habitantes han conseguido impedir que los fumiguen, promoviendo una zona de exclusión que preserve la vida. Hasta en las escuelas rurales se formó la Red de Docentes por la Vida, para evitar las fumigaciones. Los casos de envenenamiento, malformaciones, y el aumento exponencial de cáncer en las poblaciónes ponen en evidencia la toxicidad a la que nos someten. La OMS alertó respecto del peligro de los agrotóxicos, aún con la amenaza de las corporaciones que se enriquecen con la muerte.

El noviembre del año pasado, el concejo deliberante de Rosario aprobó el proyecto de ordenanza que prohíbe el uso del herbicida glifosato en la ciudad. La iniciativa fue presentada a pocos días que en Europa la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo calificara como “probable cancerígeno” tanto para uso agronómico como en espacios públicos y jardines particulares. Sin embargo el lobby corporativo pudo más, tal como lo expuso el diario La Nación el 1/12/17:“Un grupo de quince concejales, que habían aprobado por unanimidad la prohibición, cambiaron de parecer luego de una reunión que mantuvieron con representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja)”. Pocos días después se dio marcha atrás con la resolución que se cambió por un protocolo que regule su aplicación. El pueblo rosarino puso el grito en el cielo y salió a las calles a protestar, sin embargo no fue suficiente.

En Gualeguaychú también la situación ha decidido a sus habitantes a movilizarse cada día martes en una Marcha contra el cáncer. Otras ciudades como Paraná y Concordia también impulsaron medidas contra los agrotóxicos.

Los intereses que afectan estas resoluciones son tan poderosos que por ejemplo desde el INTA se impulsó el cambio de denominación de agrotóxicos por productos fitosanitarios, con una circular que insta a su personal a usar esta denominación. También en algunas escuelas rurales el INTA impulsa actividades educativas con esta denominación. Sin embargo, la agricultura sin la dependencia de agroquímicos es totalmente posible y además muy rentable. Así lo plantean con énfasis desde la Red de Comunidades y Municipios (RENAMA) que fomentan la agroecología, como lo decíamos en mayo de 2017.

Las madres de Ituzaingó, Córdoba, fueron las pioneras que nos mostraron a partir de los casos que las afectaban a ellas y a sus hijos e hijas, que la lucha organizada podía frenar a las corporaciones. El último fin de semana Sofía Gatica se interpuso con su cuerpo a las fumigaciones que se hacían de manera ilegal y fue detenida por la policía.

Naturaleza de Derechos es una organización comunitaria que viene interponiendo recursos jurídicos de protección de derechos de la naturaleza, la biodiversidad y la defensa de los derechos humanos en la Argentina.

En la nota de oposición se concluye que: “Un residuo de agrotóxico en un alimento es un residuo peligroso y la inacción de las autoridades al respecto, puede representar una conducta que encuadre en la figura penal de omisión de los deberes de funcionario público”.

Con esta oposición se le pide al SENASA que nos considere personas de igual calidad que en otros países. Hasta ahora la acción de las personas organizadas ha logrado mitigar los efectos del veneno, no solo para impedir su fumigación sino para reunirse con otros a enfrentar a los poderosos.

Source

Ante las leyes en nuestro país que avalan el uso de agrotóxicos y la ausencia de debate en el senado, el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, junto a numerosas organizaciones elevaron una Carta abierta a las y los legisladores para que no legislen “a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

Este martes debía tratarse en el Senado Nacional, en reunión plenaria de distintas comisiones, la “Ley Basterra”, que regula la elaboración, registro, comercialización y control de productos (mal llamados) fitosanitarios y lo pone en manos del SENASA. Además, se hubiera tratado el proyecto del senador Solanas sobre el control de la aplicación de agroquímicos. Pocas horas antes de concretarse, se suspendió el debate, que prometía ser intenso. Extraoficialmente circuló que el pedido fue formulado por el senador Alfredo De Angelli, que hace pocos días abogó a favor del trabajo infantil. Hoy el mundo de las corporaciones ligadas al agronegocio celebra la designación al frente del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, en un país que parece cada vez más atendido por sus propios dueños. Las iniciativas colectivas aparecen hoy como la más férrea y efectiva oposición.

En general, poco nos enteramos de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Sin embargo, las organizaciones o colectivos le dan estado público al tratamiento de proyectos que vulneran derechos que afectan a la vida. Tal es el caso de la “Carta Abierta a Diputados/as y Senadores/as de la Nación” que impulsó el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, y que contó con la inmediata firma de una enorme cantidad de organizaciones y numerosas adhesiones que apelan a las y los legisladores que “han sido elegidos/as para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

La letra de la Carta abierta

En la misiva dirigida a las y los legisladores nacionales se explicitan las intenciones y la necesidad de protección que tiene la vida misma, frente al masivo envenenamiento que viene sufriendo la población del país, que encabeza el ranking mundial en la utilización de agrotóxicos. Esta ley es parte de un paquete de leyes que intenta regular el mercado del veneno para beneficio de las corporaciones que las comercializan y de los grandes productores (dentro de los cuales se encontraría el flamante Ministro de Agricultura) y que atentan contra la supervivencia.

“Es para nosotros y nosotras indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental y sanitario en el territorio nacional, probado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de estado, universidades nacionales y equipos independientes. Ésta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar venenos en el medio ambiente puesto que se detectan cantidades alarmantes de éstos hasta miles de kilómetros de la fuente de emisión. Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante”.

En la Carta Abierta además se expresa que “entre los sectores consultados no se encuentran los habitantes afectados por la agricultura industrial, que depende del uso de estos agrotóxicos, y alertan sobre las consecuencias del modelo tóxico industrial: desempleo, mala alimentación, deterioro de las economías regionales, concentra las tierras y recursos, reprimariza de la economía, genera perdida de la biodiversidad, destruye el ambiente en general y los ecosistemas, acarrea perdida de fertilidad de los suelos y es causa principal de las inundaciones que van en aumento año a año desde la ampliación del modelo agroindustrial. No podemos dejar de mencionar el cambio detectado en morbilidad y mortalidad relevados en las poblaciones afectadas directamente por las pulverizaciones, hasta cuatro veces mayor incidencia en diferentes trastornos y enfermedades a la media nacional”.

Al mismo tiempo que el Parlamento Europeo acaba de apoyar, en los últimos días de octubre de 2017, la prohibición total de los herbicidas a base de glifosato a partir de diciembre de 2022 y rechazó la propuesta de la Comisión Europea de renovar la licencia de uso del controvertido herbicida 10 años más, en Argentina se impulsa una legislación contraria. Al parecer, la vida merece otras consideraciones en otras regiones.

Lo colectivo es necesario

La carta fue compartida por un amplio espectro de organizaciones de distinto tipo y localización. Los testimonios y trabajos que se vienen llevando adelante en los pueblos, a través de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (una de las organizaciones firmantes) lo demostró, al igual que el trabajo pionero del Dr. Andrés Carrasco, que se llevó su vida en medio del esfuerzo denodado para luchar en soledad como un Quijote, contra gobiernos y corporaciones.

Son numerosos los estudios que lo prueban. La publicación científica del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz demostró evidencias de asociación entre el cáncer y la exposición ambiental al glifosato. Esta información científica sobre los daños a la salud del actual modelo de agricultura tóxica mereció que sus autores fueran perseguidos por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculadas al agronegocio. La Red de Comunidades y Municipios que fomentan la Agroecología, Renama, es otra de las tantas iniciativas colectivas que demuestra que la agroecología es sustentable y produce excelentes rendimientos. Esto también demuestra que el paradigma que se busca imponer solo favorece a los negocios de las corporaciones.

Las organizaciones firmantes además manifiestan que “este proyecto de ley busca barrer con las medidas de resguardo que supieron conquistar en distintas provincias y localidades, respecto de las prohibiciones de diferentes principios activos. Este proyecto se basa en datos sesgados, presentados por las mismas cámaras empresariales que sólo buscan aumentar sus ganancias y continuar externalizando costos”.

SENASA y los fitosanitarios

Otro eslabón de esta cadena de complicidades parece recaer en la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El SENASA aparece como el organismo encargado de ejercer el contralor, evaluación y registro del uso de los productos mal llamados fitosanitarios.

Por eso en la Carta Abierta, se afirma: “En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y registro, denunciamos la actuación indolente del SENASA en lo que respecta a los criterios de observación, la dosis letal 50% (DL50), y datos sobre intoxicaciones agudas a muy corto plazo (3 meses), es un mero artilugio retorico. Ante ello exigimos que las evaluaciones sobre riesgo y peligro sean realizadas sobre los principios activos, los diferentes formulados y las potenciales sinergias, tomando en cuenta los efectos agudos y crónicos, evaluando efectos subletales a mediano, largo y muy largo plazo (estudios multigeneracionales)”.

Además se suma otra situación sobre el SENASA como ejecutor de políticas públicas que ordena el Poder Ejecutivo Nacional. El pasado mes de junio el presidente, Mauricio Macri, fue denunciado penalmente por reducir hasta casi eliminar los controles del SENASA a las exportaciones por el legislador Carlos Del Frade, quien expresaba que se está “desprotegiendo la salud y la integridad” y “se está corriendo al Estado del control de todas las exportaciones que hagamos de productos y subproductos vinculados con harinas, aceites y todo lo que tiene que ver con oleaginosas, esto significa que las empresas se van a controlar a sí mismas”. Es decir, pone en manos de las exportadoras el autocontrol. Cabría entonces preguntarse si el SENASA se encargaría de ejercer los controles necesarios para preservar la vida por sobre el interés de las corporaciones.

Mientras el senador ruralista del PRO, Alfredo De Angellis, exponente de la clase política que nos gobierna, es capaz de proponer, sin ruborizarse, que se legisle a favor del trabajo infantil, las corporaciones y los grandes grupos económicos parecen estar conduciendo el país para su beneficio. Tan solo hace pocos días se llevaba a tratamiento legislativo la Ley Monsanto http://www.marcha.org.ar/contra-la-ley-de-semillas-para-que-la-siembra-siga-siendo-vida/ que pone en evidencia que el agronegocio de la mano de las corporaciones avanza para hacer negocios con nuestros recursos, a cualquier costo.

Las iniciativas colectivas por los derechos más elementales parecen constituirse en el módo más efectivo de resistencia y lucha por la vida, contra este modelo de negocios que conduce las políticas públicas de nuestro país. Así nos lo demuestran cotidianamente las y los miles que se movilizan en defensa de los derechos más elementales que pretenden ser vulnerados.

Source

En las últimas semanas venimos asistiendo a una diversidad de situaciones que ponen de manifiesto las dificultades que atraviesa la agricultura, en manos de pequeños productores, mientras la población aumenta el riesgo de contaminación. Distintas iniciativas de organización muestran que aún contra los gigantes, apañados por el Estado, es posible luchar de manera organizada. 

La agricultura sin la dependencia de agroquímicos es totalmente posible y además muy rentable. Así lo plantean con énfasis desde la Red de Comunidades y Municipios (RENAMA) que fomentan la agroecología. El pasado fin de semana cumplió un año y lo celebró con un encuentro en la localidad de Lincoln, donde se llegaron desde distintos lugares para debatir sobre otra manera de cultivar y de cuidar la vida.

Además, con el destino de visibilizar la gravedad de una situación que afectan directamente a la vida, se realizó una nueva edición de la Marcha Mundial Contra Monsanto el pasado 20 de mayo. Mientras tanto, desde las políticas públicas se alientan a las grandes corporaciones, que incluso tienen un lugar en la TV Pública y hasta en el INTA se ha indicado no usar la palabra agrotóxico. Una  política nacional vampirezca que mientras hace crecer a las corporaciones, le chupa la vida a las personas.

RENAMA

El viernes 12 y sábado 13 de mayo, en la localidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, se reunieron distintas organizaciones, municipios, defensorías, público, investigadores/as, médicos/as, abogados/as ambientalistas, ingenieros/as agrónomos, productores y otras agrupaciones bajo la consigna: “Tenemos un motivo común: la salud, el campo y la vida”.

Con distintas mesas y paneles se realizó un intenso debate, con presentación de experiencias y propuestas diversas en torno a la Agroecología como una posibilidad concreta de producción. También estuvieron presentes mesas acerca de la salud, las cuestiones relacionadas a lo legal, entre varios paneles propuestos para los dos días.

RENAMA es una organización incipiente que viene alentando y difundiendo una realidad contraria a las políticas públicas: es posible producir de manera agroecológica y además es rentable. Tal como ellos lo expresan: “RENAMA es un colectivo de personas que logra demostrar que la agricultura extensiva (y la no extensiva también) sin usar pesticidas es posible, y es rentable”. Una red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecologia, con el propósito de ofrecer una herramienta de gestión y producción alternativa, ya probada y con resultados exitosos en diversas partes del mundo y del País.

Un nuevo encuentro que muestra la necesidad para la vida humana: producir lo que consumimos de otro modo que no sea el envenenamiento progresivo.

¿Qué tiene que ver Monsanto?

Monsanto, una corporación que se expande a costa de la muerte de las personas, fue encontrada culpable por el Tribunal Internacional de La Haya, del delito de Ecocidio, de afectar el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a la libertad para la investigación científica. Un juicio impulsado por organizaciones y llevado adelante por un tribunal integrado por cinco juristas internacionales.

Este 20 de Mayo se realizó la Marcha Mundial Contra Monsanto con múltiples actividades destinadas a exponer y visibilizar la grave situación, auspiciada por distintas organizaciones que han entendido que no solo se trata de una cuestión de la ecología. Una corporación emblema del modelo extractivista que desprecia la vida humana para hacerse de ganancias y que además tiene políticas extorsivas hacia los productores, amenazados para cobrarles regalías por la patente de las semillas, por pooles de abogados y alentados desde el propio Estado Nacional que lo patrocina.

INTA prohíbe

Otra de las políticas que se promueven desde el Estado acaba de difundirse. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), el Ingeniero Agrónomo Hernán Trebino, Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, ordenó a través de un comunicado que “Deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo de el término agrotóxico, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa”. Además, agregó que se debe emplear productos fitosanitarios o agroquímicos en vez de agrotóxicos. La capacidad de asombro crece a cada minuto, una decisión institucional que pone en tela de juicio la ética profesional de las y los trabajadores de la institución.

Esta política de silenciamiento en favor de las corporaciones ya se está extendiendo hasta a la educación. En el cuaderno de un chico de escuela primaria de Totoras, provincia de Santa Fe, se puede ver una foto con el logo del INTA, donde se habla de fitosanitarios y se les enseña que no se llaman agrotóxicos, con trabajos alusivos. Las y los Vecinos Autoconvocados de la Ciudad están organizándose y denunciando estas acciones, que silenciosamente intentan borrar la responsabilidad del Estado, aliado a las corporaciones para favorecerlas.

También merece mencionarse como el propio Estado municipal en Totoras viola un amparo judicial que hizo lugar al establecimiento de un límite agronómico, para proteger a la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con mucha demora ha comenzado a reconocer el daño que produce el uso de agrotóxicos. Los médicos de los pueblos fumigados también se vienen organizando para denunciar lo que se percibe en su vida cotidiana: muerte, enfermedad y malformaciones que se expanden como una plaga, algo que hasta hace poco tiempo no sucedía. Una ecuación que incluye en su primer término la expansión del monocultivo sojero y el uso de agrotóxicos para aumentar el negocio, cuyo resultado es la contaminación que llegó incluso a la cuenca del Río Paraná y hasta el SENASA encontró sus rastros en productos de origen animal.
Agriculturas familiares en extinción

Otro aspecto son las políticas públicas dirigidas al sector de las agriculturas familiares. Apenas comenzado el mes de mayo, con el Decreto N° 302/2017,  se eliminó la Secretaría de Agriculturas Familiares. Una formalidad que en la práctica vienen denunciando desde las economías regionales a lo largo y ancho del país, al que se suman los pequeños productores de las agriculturas familiares. Mientras el Estado apela a la formalidad de la modificación del organigrama ministerial, que permite desentenderse del conjunto de las problemáticas para dividirlas burocráticamente, se multiplica la organización de los diversos sectores que representan al gran conjunto de pequeños productores. Un funcionario poco idóneo parece ser la mejor justificación para transformar las políticas que se dirigen a una actividad que se realiza a pequeña escala pero que produce ingresos para miles de familias.

En la práctica la Secretaría ya había sido desarticulada, sin dar ningún tipo de respuesta a las problemáticas de los pequeños productores que se quejaban amargamente, afectados por el conjunto de medidas económicas que beneficiaron a las grandes corporaciones y terratenientes con quitas de retenciones, subsidios y favores financieros a su medida. Mientras que los pequeños productores, mucho de los cuales vive en condiciones de extrema precariedad, vieron afectados sus costos por la dolarización de sus insumos, el aumento de los servicios y las políticas abusivas de los grandes monopolios que concentran la comercialización. Las imágenes de verdurazos en Plaza de Mayo, parecen bastante elocuentes.

Entre los antecedentes del depuesto Secretario de Agriculturas Familiares, Oscar Alloatti, se puede leer en el portal de Chacra: “Vivían en una casa (estilo) chorizo, de barro, techo de paja, tenían 8 vacas y 10 caballos en un campo arrendado, en Entre Ríos”. El funcionario también fue secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe en el período 1999-2003, con Carlos Reutemann como gobernador. Luego hizo comunicación con Luis Landriscina en Tv y radio, lo que finalizó en 2009. Hasta asumir el actual cargo y ya jubilado, conducía un programa de TV rural semanal “Ñu porá” (campo bueno) y cubría todos los rincones del Litoral.

Organizarse

Con políticas públicas que promueven a la gran corporación Monsanto, se regula a favor de los grandes terratenientes mientras empobrece y abandona a los pequeños productores y a las economías regionales, el campo y la agricultura sufren un proceso de concentración y especulación. El gigante Monsanto es promovido por las políticas públicas que le conceden hasta un programa en la tv pública y el paquete incluye la promoción de un cambio en el uso de la lengua. La Argentina es hoy el país donde se realiza el mayor uso de agrotóxicos a escala global, un gran laboratorio.

Sin embargo las comunidades se oponen con organización, tal el caso de distintas iniciativas colectivas como RENAMA, la Marcha Mundial Contra Monsanto, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y muchas otras iniciativas como la de los Vecinos Autoconvocados en Totoras, que encuentran su fuerza en juntarse, organizarse y luchar para preservar la vida. Cabe preguntarse ¿de donde se extraerían las ganancias si no hay vida humana?

Source