En un contexto de evidentes maniobras de desinformación desde los medios hegemónicos, personas detenidas en los penales y familiares de víctimas de la violencia institucional en las calles instalan un rechazo a ser escuchado en el Congreso: ¡no a la reforma de la ley 24.660!

A la par de que se multiplican las acciones de solidaridad y las huelgas de hambre en diferentes unidades penitenciarias, familiares de personas detenidas y víctimas de violencia institucional, organismos de Derechos Humanos y organizaciones y cooperativas de personas liberadas realizaron ayer en horas de la tarde una marcha en inmediaciones al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma de la Ley 24.660 de ejecución penal.

La iniciativa parlamentaria pretende modificar parcialmente la Ley 24.660, reúne los proyectos del diputado Luis Petri (Cambiemos) y de la diputada Mónica Litza (Frente Renovador), tiene media sanción de la Cámara de Diputados y hoy se trataría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Senadores. Elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de las personas condenadas y lo reduce a su mínima expresión para el resto. Plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida.

Según esta reforma la lista de delitos se amplía a la ya existente incluyendo todo homicidio simple o agravado, todos los delitos contra la integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía, sustracción de mayores para menoscabar su integridad sexual y grooming), secuestro coactivo si se causa intencionalmente la muerte, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo si se causa intencionalmente la muerte, infracciones a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude contra la administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas.

El debate, interesadamente desinformado mediante una campaña llevada adelante fundamentalmente por operadores políticos y opinadores de la derecha en los medios de comunicación hegemónicos, fue instalado tras el femicidio que habría cometido Sebastián Wagner sobre Micaela García en Entre Ríos. Por eso, los días anteriores a la marcha de ayer, familiares, sobrevivientes de la violencia institucional y referentes de la lucha antirrepresiva instalaron una mesa frente al Congreso donde informaron sus argumentos en contra de cara a la sociedad.

La Ley Nacional 24.660 es la que regula la vida de las personas privadas de libertad, ya sean las condiciones de alojamiento como el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la recreación y los diferentes pasos que se deben dar para que una persona recobre la libertad. La lista de delitos que se incluye en ella es muy amplia y por eso no se comprende cuál fue el criterio para realizar la restricción que propone la reforma ya que se incluye, por ejemplo, las condenas por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala.

Quienes tienen posibilidades no reinciden

Para Julián Axat, Director del Programa Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), “la modificación de la ley avanza sobre los derechos de los presos que es lo que la ley precisamente consagra” y afectaría “los derechos a la progresividad en la salud, el trabajo, la educación y a recuperar la libertad”.

“La reforma otorgaría más facultades arbitrarias y represivas al Servicio Penitenciario”, afirma Ayelén Stroker desde el Frente Sin Reversa, espacio para visibilizar la lucha antirrepresiva contra esta reforma y otras hermanadas como la pretensión de imputar de delitos a niños y niñas, “se agravan ilegítimamente las condiciones de detención y se da mayor grado de decisión a los órganos técnicos de custodia dentro del SP”. Y agregó, “la única herramienta hoy para defender los derechos en la cárcel es el habeas corpus y la pregunta es, con esta modificación, el habeas corpus, ¿quién lo va a definir, el mismo Servicio Penitenciario? Si esta reforma se concreta no va a haber quien denuncie los abusos”.

Para la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el proyecto de modificación es ineficaz y acarrea graves problemas de implementación. “El proyecto contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social reconocidos tanto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y previstos como finalidad de las penas de prisión en las “Reglas Mandela”, que constituyen la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”. El organismo afirma además que “el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de las penas” y “el endurecimiento de la legislación penal y el incremento de la población reclusa” no conducen a mayor seguridad.

Para la PPN es importante avanzar hacia “una justicia fortalecida y no fortaleciendo la administración penitenciaria”, “una fuerza de seguridad, regido por una ley orgánica de la última dictadura militar, cuya democratización es una deuda pendiente del Estado argentino”. En este sentido, aseguran que poner el foco en ampliar las facultades de intervención de la administración penitenciaria es “un error irreparable”. “La clave no es retroceder en este punto sino fortalecer a la justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales”, agregan. Por otro lado, la sobrepoblación de las cárceles y las violencias que conlleva el hacinamiento son contrarias a la “resocialización”.

Para Axat, “estos intentos de reforma intentan violar el principio de progresividad constitucional son intentos demagógico punitivos que lo que hacen es discriminar por determinados delitos a determinadas personas violando la igualdad ante la ley y cercenando derechos”.

Para Stroker, “se está haciendo esto y no se está recurriendo a bases de análisis de las consecuencias de este tipo de medidas. Quedó demostrado que la lógica punitiva no ha funcionado” y que “a las cárceles abarrotadas se van a agregar condiciones de mayor hacinamiento que las actuales”. Para la activista “el trasfondo es el negocio de la cárcel, de quien la maneja” y por eso esta reforma “profundiza las problemáticas que ya existen”.

El debate sobre los delitos sexuales

El tratamiento en el Congreso de la modificación a la Ley Nacional de ejecución penal se da evidenciando maniobras de sectores regresivos tras el dolor social por el femicidio de Micaela. Y bajo el debate maniqueo se esconde la profundización y la oportunidad de avanzar en lo que se construyó en materia de Derechos Humanos en el territorio. Delitos sexuales que, por otro lado, aún nos encuentra tratando de conceptualizar que son manifestaciones violentas del poder dentro de una sociedad machista y heteropatriarcal, ejecutadas por una persona pero de responsabilidad de todo el cuerpo social.

O en palabras de antropóloga feminista Rita Segato, que en una entrevista radial pareció sorprender a la hegemonía masculina del periodismo comercial, “el violador no es un ser anómalo, en él irrumpen determinados valores que están en toda la sociedad, entonces nos espantamos y el violador se transforma en el chivo expiatorio de toda la sociedad, pero él fue el actor, el protagonista, de una acción que es de toda la sociedad”.

Por otro lado, su complejidad nos lleva a oscilar entre varias certezas: los abusos y las violaciones son mucho más frecuentes en los ámbitos intrafamiliares que en la calle y no son producto de la inseguridad; son de los delitos que menor índice de condena tienen ya que para muchos operadores de justicia siguen siendo de índole “personal” y de la “intimidad”, individualizando y trasladando el eje sobre las sobrevivientes, a quienes no se les cree y muchas veces terminan siendo investigadas. Y más cuando son personalidades públicas. Y más cuando amigos del poder como el cura pedófilo Julio César Grassi.

Por otro lado, los “violadores” -o gozadores del ejercicio del poder y la dominación- en alta probabilidad reinciden, o sea que el efecto del encierro, eje de este falso debate, es casi nulo en relación a la modificación de sus conductas. A esto se suma que el interés del violador es dar un mensaje a través de su acto de violencia sobre el cuerpo de -generalmente- las mujeres. Además, en caso de existir un imaginario de fantasía sobre las cárceles, tampoco reciben un “tratamiento” particular para lograr la tan mentada “resocialización”.

Por eso, volviendo a Segato, “un sistema de justicia que piensa que la cárcel es la solución al problema de la violencia es un sistema de justicia absurdo”. O en palabras de la abogada Ana Clara Piechestein que con contundencia anticipó las intenciones de los sectores regresivos discutiendo que más de “esta cárcel”, no es la respuesta ante las violencias sociales profundas: “es posible y necesario forzar un cuestionamiento amplio de todas las instancias del Estado en relación con el problema de los abusos sexuales y femicidios que ocurren en la Argentina”. “El uso de la cárcel como respuesta automática no puede ser sostenido sin revisar cómo opera y qué implicancias tiene”.

Hoy desde las 11 continúan las disertaciones en el Senado y será el día en que se escuchen las voces en contra de este intento de reforma que bien merece el debate social informado. Se expondrán los argumentos de quienes a la postre serán las y los afectados en sus derechos en caso de que se logre la la sanción de la Ley 24.660.

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El debate del momento económico se centra en la llamada ley anti despidos. La idea de veto por parte del gobierno de Cambiemos frente a una ley que defienda el trabajo y al campo popular. ¿Qué hay en juego?

Por acuerdo entre diversos bloques de diputados, se espera aprobar en la sesión de mañana, jueves, el proyecto con media sanción enviado desde el Senado. El proyecto en cuestión prevé la suspensión de los despidos por 180 días, un plazo menor que el proyecto original discutido en la Cámara de Diputados. El presidente, Mauricio Macri, dio a entender –y lo confirmó el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio– que en caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo vetaría la ley.

El proyecto original, promovido por la izquierda en el Congreso, ganó impulso cuando las centrales sindicales se presentaron ante la Cámara de Diputados y reclamaron alguna medida de contención ante el deteriorado escenario social. A pesar de la negativa del gobierno de Cambiemos a reconocer el marcado deterioro social, y el bloqueo estadístico provocado por la no publicación de datos del INDEC, semana a semana se suman consultoras privadas que constatan la ola de despidos. Una de las últimas en sumarse fue Tendencias Económicas, que demostró casi 140.000 despidos en la etapa Cambiemos. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino de la AFIP confirman que la cantidad de empleados y empleadas en el sector privado bajo condiciones de formalidad cayó respecto de 2015 en no menos de 20.000 personas. La ola de despidos es una realidad y requiere una veloz respuesta. La propuesta era declarar la emergencia ocupacional nacional hasta fin de año –y retroactiva a marzo– y prohibir así los despidos.

La multiplicación de proyectos fue la jugada del gobierno para dilatar el debate mediante la confusión de posibilidades. Para esto, contó con la complicidad de diversas fuerzas políticas. La reunión de Macri con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rindió frutos, pues esta fuerza inició una ronda de debate sobre una ley propia con supuesto énfasis en las PyMEs, que pasarían a ser el argumento de extorsión en el debate. La ley, sin embargo, sólo promovía mecanismos de contención de la crisis para este sector empresarial –que, vale la pena remarcar, abarca empresas de hasta 500 empleados– y dejaba el nudo del problema sin ninguna mención: los despidos en las grandes empresas. Este sector concentrado del poder, a pesar de haber recibido todos los beneficios de las políticas del gobierno, están aprovechando para suspender y cesantear masivamente. Como mecanismo de “purga” del capital, la idea de una crisis es suficiente para despedir, sin comprobación fáctica. La falta de control y la “señal” del Estado al despedir sin causa justa (toda la pantomima de los nunca comprobados “ñoquis”) promovieron esta práctica.

Por su parte, el gobierno presentó la ley de Primer Empleo, un revival de la flexibilización de la Convertibilidad, donde se quitaban contribuciones patronales para aquellas empresas que contratasen jóvenes. Aunque ciertamente este sector social es víctima de toda clase de abusos con la excusa del aprendizaje y la falta de experiencia (que se volvieron legales merced a las reformas laborales menemistas, que habilitaron los contratos basura aún vigentes), el proyecto del gobierno no apunta a resolver esto, sino a precarizar aún más. La pérdida de contribuciones patronales como mecanismo para abaratar el empleo no ha resultado antes en la Argentina ni en otros países, pues no reconoce límite para lo que el empresariado puede exigir sin dar nada a cambio. Lo único que produce es pérdida de recursos fiscales, situación que termina sirviendo para justificar la necesidad de nuevos ajustes.

El propio Frente para la Victoria (FpV) apuró el proyecto alternativo en el Senado, que sólo alcanza los 180 días a partir de la aprobación de la ley. Rápidamente aprobado, la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, dilató lo más que pudo el envío a la otra Cámara, pero cedió ante la presión social. La mayoría de las fuerzas ha anunciado su interés por aprobar este proyecto, incluso el Frente Renovador. Se prevé por ello su aprobación, no sin debate. A los pedidos urgentes de que se le dé curso, por parte de las centrales sindicales, expresados en la masiva manifestación del 29 de abril, se sumó la semana pasada la presencia organizada de las PyMEs en el Congreso. Sus cámaras representativas (APYME, CEEN, CGERA, CAME y CADIEEL) dejaron claro que no se oponían a la ley, porque el problema no estaba en los despidos sino en el plexo de medidas tomadas desde el 10 de diciembre, que incluye, pero no se limita a, la devaluación, el tarifazo, el aumento del combustible, la liberalización del comercio y el aumento de las tasas de interés. Es que para una empresa pequeña, el costo de una indemnización es tan prohibitivo como su doble, no es el eje del problema.

En cambio, el llamado Grupo de los 6, una nueva confluencia organizada de lo más concentrado del capital, hizo expreso su repudio a la ley. El conjunto del empresariado más poderoso (la Unión Industrial, Adeba, la Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Comercio) se encuentra despidiendo masivamente en este momento. Consideraron –en consonancia con el gobierno– que esta ley era una mala señal porque “modificaba las reglas de juego”. Bajo esta lógica, se debería cerrar el Congreso, pues toda nueva ley es por definición una regla. Haciendo abuso de la política de la expresión de deseos, el gobierno y el Grupo de los 6 afirma que es necesario cuidar el “clima de inversiones” para que el segundo semestre haya reactivación. Conocida excusa, este “clima” parece alterarse con cualquier política que toque sus intereses.

Por esto mismo, el gobierno ya ha expresado su decisión: vetará la ley. Esto es de suma gravedad y sirve de muestra de lo que Cambiemos entiende por democracia: cada quien dice lo que gusta o piensa, y luego se impone la decisión de quien tiene más poder. Se trata de una demagogia de la peor calaña.

Pero contra su propia voluntad, Macri se vio obligado a proponer alguna alternativa ante los despidos. Por eso, firmaron un pacto con cerca de 200 empresas, que expresaron “querer comprometerse en mantener la plantilla”. Además de ser notable cómo diluyen su responsabilidad, ni siquiera pudieron afirmar no despedir, sino mantener el número total –lo cual, en el contexto de falta de control estatal, permite las peores prácticas de reemplazo de trabajadores/as en peores condiciones. Las fuerzas organizadas del capital concentrado no están dispuestas a conceder, menos cuando tienen un gobierno que las defiende a toda costa.

Sin lugar a dudas, la ley antidespidos es una propuesta defensiva, que no puede alterar el rumbo de la valorización del capital y sus consecuencias. Pero es una ley necesaria para poner freno a la brutal ofensiva contra la clase trabajadora, y debe servir como punto de confluencia mínimo contra las ambiciones revanchistas de Cambiemos.

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