Por Isapi Rua | Fotos: Mirko Eterovic Skaric*

Limpiar los matorrales de la chacra, carpir para mover la tierra, amontonar los rastrojos, sembrar el maíz, carpir entre dos a tres veces mientras crece el maíz para controlar las malezas, controlar las plagas, cosechar el maíz, acopiarlo, trasladarlo, almacenarlo, pelarlo, desgranarlo con las manos, molerlo en el mortero, hervirlo a fuego lento, mascarlo, volverlo a hervir y fermentar. Esos pasos sigue Sabina Ortiz para convidar chicha más tarde a su familia y sus amistades en el cumpleaños de su sobrino.

Sabina tiene 56 años y guarda al menos nueve variedades de maíz nativo guaraní en un depósito de almacenamiento, al que llama “su troje”, instalado en su casa, en Sararenda. Lo cuida como a una caja fuerte, de animales, de insectos y de plagas. Desde niña su vida giró en torno al maíz, para ella sembrar sus múltiples colores, junto a sus padres, era jugar. Más grande, el maíz era el centro de su actividad agrícola o de su preparación en la cocina.

En las diecisiete comunidades del territorio guaraní Huacareta, en Chuquisaca, departamento de Bolivia, el maíz nativo es la base de su alimentación. Al maíz se lo celebra, como en las fiestas del Arete Guasú; se da las gracias a la tierra por su abundancia. Reina la chicha, preparada con maíz amarillo duro, al que en lengua materna llaman “avati täta vae”.

Sabina muele también otros granos de maíz bayo blando, amarillo, blanco y negro, para darle diversos colores y sabores al guitimimbo, una especie de torta que prepara para acompañar con el té de la mañana de su familia. “Del maíz bayo hacemos roscas y del maíz blanco, tostao, del maíz negro hacemos api, del maíz amarillo hacemos mote y tojori. Yo he criado a mis nueve hijos con puro alimento de maíz”, dice.

En la nación guaraní, uno de los 36 pueblos indígenas de Bolivia, que se extiende en la región del Chaco boliviano, el maíz es el cultivo más importante dentro de su sistema agrícola. Luego vienen las variedades de fréjol, zapallos y maní. El 80% del maíz cultivado por las familias de Sararenda lo destinan a su alimentación. El resto se reparte entre semillas para los próximos cultivos y alimento para los animales.

Las 22 familias guaraníes que habitan Sararenda son guardianas de semillas nativas y son parte del 85% de productores y productoras agrícolas que preservan variedades en la zona del Chaco. El 38% de la producción de maíz está en manos de mujeres.

Los datos surgen del registro comunitario de custodia de semillas, del proyecto “Conservación y uso sostenible de la Agrobiodiversidad para mejorar la nutrición humana en cinco macro regiones de Bolivia”, del Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia. Hasta 2020, este proyecto registró 22 razas de maíz criollo en esa región del Chaco boliviano. En la zona de Huacareta, donde está la comunidad de Sabina, se producen seis variedades.

Fronteras porosas para los transgénicos

La variedad de colores, nutrientes y usos de las semillas criollas, tiene una amenaza monocroma: el ingreso de maíz transgénico, ya presente en cultivos ilegales. En 2017, la plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, el CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) y la organización Probioma (Productividad Biosfera Medio Ambiente) denunciaron cultivos con la presencia de eventos de maíz Bt y Roundup Ready (RR), en la colonia menonita Pinondi, de la entidad territorial autónoma indígena guaraní Charagua Iyambae. Se trata del municipio más grande de Bolivia. También denunciaron la comercialización de semillas de maíz transgénico en esa entidad territorial y en otros municipios de Villamontes, Yacuiba, Camiri.

“Realizamos un estudio basado en el análisis de la proteína CP4 EPSPS que se aplicó a muestras de semilla y granos de maíz recolectados en centros de comercialización mayorista y en casas comercializadoras de semilla, que confirmó una vez más la presencia de cultivos de maíz transgénico Roundup Ready (RR) evento NK603 en los campos agrícolas”, alertaba Néstor Cuellar, director de Cipca Cordillera, en 2018.

En el territorio de Huacareta, donde habita la comunidad de Sabina, hay cultivos transgénicos de un par de medianos productores. Uno de ellos produce desde hace dos años, a 8 kilómetros de Sararenda. Vamos a llamarlo Jaime. Tiene sus parcelas en Casa Alta donde sembró dos hectáreas de maíz transgénico. Compró 20 kilos de semillas a 80 dólares, en Yacuiba, un municipio fronterizo con la Argentina. Para esa cantidad usa 40 litros de glifosato: dos bidones. “Rinde más, el año pasado me ha ido bien, no tuve problemas por las sequías, la diferencia está en el grano; este es más delgado”.

Por ley, el Estado prohíbe la introducción, producción, uso y liberación al medio, y la comercialización de semillas genéticamente modificadas, de las que Bolivia es centro de origen o fuente de diversidad, como el maíz.

En Bolivia, el único cultivo transgénico autorizado es el de soja resistente al glifosato. La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece que el Estado debe proteger el patrimonio genético de la agrobiodiversidad. Para eso prohíbe la introducción, producción, uso y liberación al medio, y la comercialización de semillas que estén genéticamente modificadas en todo el territorio de Bolivia. No todas las semillas, sino aquellas de las que Bolivia es centro de origen o fuente de diversidad, como el maíz, y de las que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Según distintas organizaciones, Bolivia tiene 7 complejos raciales (alto andino, amazónico, perla, morocho, harinoso de los valles templados, pisankalla y cordillera), 45 razas y centenares de variedades. La Dirección Nacional de Semillas publicó en 2021 el registro de variedades y variedades protegidas. Chuquisaca, el departamento donde se ubica Sararenda, es el centro de mayor diversidad del maíz en el país.

Desde 2015, empresarios agropecuarios dedicados al monocultivo vienen planteando al Estado abrir el uso de biotecnología agrícola como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia y aumentar el rendimiento mediante los cultivos genéticamente modificados. Durante la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”, de ese año, el Gobierno propuso que los grandes, medianos y pequeños productores llegaran a un consenso. Los pequeños, las familias campesinas, se opusieron al uso de esas semillas.

Cinco años después, en 2020, el gobierno de facto de Jeanine Áñez dictó dos decretos que autorizaban la evaluación del maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja transgénicos, en sus diferentes eventos, para el consumo interno y la exportación. También autorizaban la identificación de las áreas que son centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) rechazó estas disposiciones y exigieron su abrogación. En un comunicado resaltaba que “El uso de transgénicos significa infringir la seguridad y soberanía alimentaria a base de nuestros productos propios”.

“El uso de transgénicos significa infringir la seguridad y soberanía alimentaria a base de nuestros productos propios”.

Sabina asegura que no cambiará sus semillas por transgénicas. Incluso cuando instituciones como la FAO y la Alcaldía Municipal de Huacareta les entregaban semillas nativas, las aceptaban pero no las usaban en la siembra. No quieren contaminar sus maíces, que guardan de generación en generación. Armando Gomez, agrónomo del Centro Arakuiyapo y brazo técnico de la APG, dice que el temor de la nación guaraní es que sus maíces vayan degenerando sus potencialidades y nutrientes. Porque el maíz “es de polinización cruzada; al contaminar los cultivos de variedades criollas, el traslado del polen por los insectos se perderá progresivamente”.

Si bien los decretos de Áñez fueron derogados por el nuevo gobierno de Luis Arce Catacora, organizaciones como Bolivia Libre de Transgénicos temen una alianza entre el gobierno y los agroempresarios, ya que estos últimos se ven beneficiados por normativas económicas, tributarias y controles laxos. En abril de 2022, además, se liberó la importación de agroquímicos. En 2020 el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) pidió a Bolivia la derogación de 14 normas que consideran una habilitación para provocar incendios. La ampliación de las fronteras del agronegocio afectaron comunidades, bosques, plantas y animales. La promulgación de esas leyes y decretos se distribuyen en once en la etapa de Evo Morales y tres en la de Áñez.

Las aduanas fronterizas son porosas y por allí ingresa el maíz transgénico que es comercializado y cultivado. Los empresarios de Anapo registran con drones el cruce del maíz desde la Argentina. La denuncia de la irregularidad les sirve para presionar: ellos también quieren semillas transgénicas.

La amenaza de la seca

“Tuve mucha fe, no esperé a la tercera lluvia como mis demás compañeras, sembré en las primeras. Con la gracia de Dios nacieron y crecieron mis maíces, así como crecía mi bebe en mi panza. Embarazada caminaba por la chacra hablando con las plantas para que resistan a la sequía”, cuenta Santa Carvajal, a 350 km de la casa de Sabina. Santa también es productora guaraní de la comunidad Tentami de Macharetí, otro de los municipios de Chuquisaca. Mientras convida un mate con unas roscas de maíz blando amarillo, que preparó junto a su madre, mira el bosque seco que rodea su casa.

De las 25 mujeres que se dedican al cultivo de variedades de maíz guaraní, ella fue quien mayor cantidad logró rescatar de la producción de este año. La rescató de la sequía que azotó nuevamente a las familias productoras.

De las 11 variedades que se preservan en Macharetí, Santa logró salvar 7, en 50 quintales. “Una cosecha exitosa son 100 quintales, rescaté sólo el maíz duro amarillo, el maíz cubano, el maíz blando, perla, canario, blanco y el maíz negro. Perdí otras dos”, se lamenta. Las que perdió son del maíz overo blanco y el maíz morocho, cuando a raíz de las intensas sequías de 2019, no cultivó las semillas que tenía reservadas para esa campaña.

La ausencia de lluvias que marca el ciclo agrícola en la agricultura guaraní es uno de los factores a los que se enfrentan las medianas y pequeñas productoras de la región del Chaco.

El ecosistema de la zona está caracterizado por subzonas semiáridas y áridas, con precipitaciones entre 750 y 500 milímetros anuales, que no alcanzan a cubrir las necesidades de crecimiento de la vegetación durante todo el año. Es decir, el índice de aridez no supera el 0,5%, según datos de la Plataforma Semiáridos de América Latina.

El historial de sequías en Bolivia y concretamente en la región del Chaco es un drama sin final. La más grave de los últimos 25 años fue registrada en 2016. Los productores de las comunidades de Macharetí fueron los más afectados y perdieron el 90% de sus cultivos. Este año suman 2.140 hectáreas perdidas de cultivos de maíz.

Conocimientos tradicionales y nuevos

Sobre la misma ruta 9 de la carretera, a 78 kilómetros, Lucía Torrez, semillera de maíz criollo de la comunidad guaraní de Salinas, del territorio Kaami, en el municipio de Cuevo, perdió el 90% de su cultivo. Pese a las técnicas que aprendió e incorporó en talleres de la FAO, desde el 2019 la producción de sus semillas ha sido un desafío. “Teníamos 10 variedades, solo recuperamos 3. De las 5 hectáreas que sembré sólo alcé unos 100 kilos. Venderé eso a las comunidades que necesiten y dejaré un poco para el consumo de la familia”, se lamenta.

Mientras Lucía habla, saca el polvo de una pizarra de madera donde tiene pegadas fotografías de sus dos primeros y mejores años, de su trabajo en la recuperación de variedades de maíz, junto a otras diez mujeres de su comunidad. Explica con nostalgia que “Después de dos años, el grupo se fue disolviendo, mis compañeras eran más activas, ahora ya no; otras fallecieron. En toda la comunidad estoy sola con mi esposo, recuperando nuestras semillas. Yo no me veo trabajando en otra cosa que no sea mi maíz”.

Entre esas mujeres estaba su compañera Elvia Romero, quien dejó la producción de maíz. Por la sequía, pero también para asumir otras responsabilidades, como un cargo dirigencial en su capitanía Kaaguasu, organización de las 22 comunidades guaraníes de esa zona. Elvia llega a la casa de Lucía y la ayuda a sostener la pizarra. Con los ojos aguados recuerda el rol que tenía a cargo, la purificación de semillas de maíz blando. Tenía que germinar semillas: “por ejemplo ponía cien y si nacían todas quiere decir que la semilla es buena. También hacía seguimiento cuando las plantas florecían para que no se crucen las semillas. Hay un proceso para que salga una semilla pura. Si una planta tiene tres espigas se selecciona ahí mismo, con cintas rojas para semilla”, explica.

Los conocimientos del sistema agrícola guaraní en la producción de comunidades como Sararenda, Tentami y Salinas están vigentes. Se aplican a cultivos asociados, al control de plagas con pesticidas naturales y al trabajo manual a punta de azadón.

Pero requiere fortalecerlos con tecnologías como sistemas de riego, explica Armando Gómez. “Fortalecer la producción de maíz criollo no pasa por el tema genético de la semilla, sino por problemas técnicos. Durante la preparación de la tierra hay que aflojar el suelo con subsoladoras para que acumule agua de las lluvias en una especie de esponja, porque si no acumulas agua en el suelo, cualquier tipo de maíz se va a secar. Los grandes agricultores lo usan, por eso les va mejor en tiempos de sequía. Tenemos que fusionar el sistema agrícola guaraní con el tecnificado”.

Elvia, Santa, Lucía y Sabina coinciden en que requieren de sistemas de riego para garantizar los cultivos asociados característicos en el sistema agrícola guaraní, en donde a la siembra del maíz le acompañan otros como el zapallo y la cumanda, para fertilizar la tierra. Es una manera de que el maíz enfrente las sequías.

Lucía alista algunos kilos de semillas para llevarlas a Santa Cruz y entregarlas al INIAF, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, donde se encuentra el banco de semillas criollas. Mientras, Santa desgrana maíz para guardar las semillas para su próxima siembra y camina hacia la Casa de Semillas -este año, vacía- instalada en su comunidad. Sabina atiza el fogón de su cocina para inundar de humo su troje y garantizar que su maíz no sea atacado por insectos como el gorgojo. Mientras las políticas públicas que apoyen el trabajo que ellas hacen, de conservación y protección de las variedades de maíz criollo, Sabina, Lucía, Elvia y Santa aseguran que continuarán haciéndolo, con todos los recursos y conocimientos que tengan a su alcance.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
• Edición y mentorías: Flor Alcaraz y Vanina Escales
• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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Por Camila Albuja Salazar | Fotos: Katherin Nohemi Aguas Guerrero *

Con las yemas arrugadas de sus dedos, Mercedes Quizhpe, mujer indígena del pueblo Kichwa Saraguro, una a una va lavando las hortalizas apenas cosechadas de su huerto. Ella, parada en un pequeño banco, con sus manos bajo el fuerte torrente del agua helada y el frío viento de las 6 de la mañana, revisa que cada una de sus hortalizas estén listas para el día de feria. En aquella acción se guarda una historia de resistencia histórica que prioriza el cuidado de la vida por medio de la defensa del territorio y la soberanía alimentaria.

El pueblo Saraguro está ubicado al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, y comienza sus labores antes de que salga el sol. A las 5:00 de la madrugada ya se escuchan los ladridos de los perros, guardianes de cada casa, que sin miedo defenderán su morada cuando un intruso pase por ella. El suelo desprende aquel olor tan característico de la tierra húmeda del rocío de la mañana. A su vez, ya se escuchan a las ovejas, que serán una constante en toda la jornada. Con toda esta vida, los cantos de los gallos madrugadores no se escuchan tan solitarios.

El domingo es un día importante para Mercedes. Es el momento de la feria, donde podrá vender sus productos. Ella sabe que no tiene tiempo que perder y muy ágil se pone unas botas de caucho y toma su cuchillo para cosechar. Mercedes prefiere sembrar “de todo, un poquito”, así, las plantas, en su variedad, se nutrirán unas a otras sin desgastar el suelo del que vive. En su huerto sabe bien cómo moverse. Rápidamente identifica qué plantas están listas para la cosecha: un poco de lechugas, un poco de romero, un poco de perejil.

Mercedes Quizphe es presidenta de la fundación Mashi Pierre y coordinadora de la Red de Mujeres Rurales. ‘Mechita’ se define como una warmi (mujer) chasqui del pueblo Saraguro. Hace más de 20 años, Mercedes enviudó y se quedó a cargo de sus 8 hijos e hijas. Al poco tiempo falleció su madre, quien había sido también su refugio. Mercedes tendría que enfrentar una realidad de muchas: según el último censo nacional, realizado en 2010 en Ecuador, 339 656 (4.7%) mujeres son “madres solteras”, según la identificación estatal. Tras su nueva realidad, sus amigas y vecinas la invitaban a cosechar, a actividades y a talleres que, aunque en ese momento no lo sabía, la involucrarían en una vida de activismo por la soberanía alimentaria.

Una a una, fue limpiando las hortalizas para que estén ‘bonitas’ para la venta. Orgullosa dice que las hojas secas servirán de abono. “Aquí nada se desperdicia”, menciona en un tono fuerte. Las cenizas de la leña, las plantas que no serán para la venta, las heces de las gallinas y cuyes sirven para hacer abono natural con lo cual cumple con el objetivo de alimentos libres de químicos, además de un sistema de producción circular, muy diferente a lo que sucede en el mundo.

Las cenizas de la leña, las plantas que no serán para la venta, las heces de las gallinas y cuyes sirven para hacer abono natural con lo cual cumple con el objetivo de alimentos libres de químicos, además de un sistema de producción circular, muy diferente a lo que sucede en el mundo.

Isabel Pazmiño, miembro del Banco de Alimentos, asegura que según el Diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre la Situación de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) en Ecuador del 2017, en el país se desperdicia 939 000 toneladas de alimentos al año. Con ello se alimentaría a 1,5 millones de personas, es decir, el 8,8% de la población. Además, sólo el desperdicio en supermercados está valorado en $144 000. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), mundialmente el despilfarro de alimentos llega a 1 600 millones de toneladas. Esto también tiene impactos ambientales. “La huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3 300 millones de toneladas equivalentes de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por año”, asegura el informe.

Según United Explanations, una de las principales causas del desperdicio de comida es el “mito de la perfección”, reforzado por una industria, que enfatiza que los productos en las estanterías son los de “mejor calidad” por su apariencia. Sin embargo, la estética del producto no tiene relación con su valor alimenticio. Pero aún así, esto provoca que muchas frutas y hortalizas, en especial, sean descartadas desde las primeras fases de recolección, ya que según estos estándares, como tamaños específicos o cierto tipo de texturas, no llegarán a ser ni siquiera aceptadas por la industria para exhibirse en los supermercados. La organización Imperfect Food, que se encarga de darles una segunda oportunidad a aquellos alimentos que fueron descartados por su apariencia de los supermercados, asegura que lo imperfecto no son los alimentos, sino el sistema alimenticio.

Mientras tanto, en el horno de piedra de Rosita Medina, parte de las ‘chasquis’, suena la leña quebrarse por las fuertes llamas. Rosita forma parte de la red de turismo comunitario de Saraguro. Desde su mirador en la comunidad Gera, lxs viajerxs además de deleitarse con sus bellos paisajes, también comparten de las actividades de la comunidad. “Hay que ser habilidoso”, dice Javi, uno de los visitantes desde España, que junto a Laia y más amigxs, tratan, con grandes esfuerzos, moler el trigo tal y como la mamá y abuela de Rosita solían hacer, con una gran y pesada piedra.

Al otro lado del pueblo Saraguro, en la casa de Mercedes, de repente el chorro del agua deja de sonar, ella baja del banco, pone sus hortalizas, rápido, pero con cuidado en tres cestos. Limpia el espacio y relata todas las veces que se ha enfermado por lavar las hortalizas en el agua fría en la madrugada. Corre a tomarse una ducha, se cambia de ropa y se pone el atuendo típico de su comunidad. Una falda larga negra con un fajín con bordados dorados, una blusa color rosa pastel bordada, un poncho azul, un sombrero de ala interna que imita la textura de las vacas que acompañan su casa de barro y un distintivo collar de mullos que Mercedes misma lo tejió y simboliza una de las artesanías más reconocidas de su pueblo. Para el pueblo Saraguro es de gran importancia siempre llevar su identidad a todos los espacios que habitan. “Que nos vean con nuestro atuendo es la elegancia de nosotros y con eso demostrar, con esa sonrisa, que nuestra identidad es muy importante, con ese orgullo que llevamos como pueblos y nacionalidades indígenas. Para el mercado es más tranquilo que en las fiestas, pero nuestra identidad no se puede perder en ningún momento”, con alegría comenta Mercedes.

Para el pueblo Saraguro es de gran importancia siempre llevar su identidad a todos los espacios que habitan. “Que nos vean con nuestro atuendo es la elegancia de nosotros y con eso demostrar, con esa sonrisa, que nuestra identidad es muy importante, con ese orgullo que llevamos como pueblos y nacionalidades indígenas.

El camino hacia la feria en el centro de Saraguro es largo, más aún cuando las muñecas empiezan a quejarse por cargar el peso de los cestos por un tiempo prolongado de casi 20 minutos, aunque sean unas cuantas hortalizas. Cuando la carga es demasiada, Mercedes debe tomar un taxi, que le cobrará aproximadamente $1.50. Un precio representativo ya que ganará entre 50 y 75 ctvs. por una lechuga que tuvo aproximadamente 3 meses de cuidado hasta ser cosechada. Aun así, la retribución por su trabajo empeora con los intermediarios. Según el Centro de Estudios Asia-Pacífico, alimentos como las lentejas, se venden 117% más caro desde que salen del sitio de producción. Es decir, en las ciudades puede llegar a ser vendidas seis veces más costosas. Sin embargo, quienes sembraron y cosecharon estos productos no reciben una ganancia extra del mismo, independientemente de la cadena de comercialización. “Desde antes es duro ver que tú trabajas para ganar y no te pagan lo justo, nunca se paga lo justo, y uno se desgasta el cuerpo, la energía, la mente. Queremos que se reconozca lo justo”, exige Mercedes, quien comienza amistosamente a saludar a sus amigas del mercado.

El mercado ‘3 de mayo’, ubicado en el centro de Saraguro, se distingue por dos colores: el celeste y verde. El celeste por el color del que están pintados cada puesto de venta y verde por el color de las arvejas, las lechugas, las vainas, las coles. Se oyen a las personas ofreciendo sus productos y comprándolos. Al fondo suena algo que parece ser una canción ranchera. Este pasillo tiene una característica especial en todo el mercado, es un corredor exclusivo de agroecología sostenido por mujeres. “La diferencia es que las compañeras tienen un certificado que garantiza que todos los productos están sembrados como en mi huerta, nada de químicos, nada de fumigación y hechos por mujeres”, cuenta Mercedes.

Al igual que en el corredor ecológico, y los espacios en los que las mujeres se encuentran, conversan entre ellas. Hablan de la vida, los hijos, la subida de los precios, la huerta, el gobierno, los amores, los maridos, los cuidados, las violencias, los temores. Mercedes sabe de eso. “Ese miedo de muchas compañeras que dicen: no, yo no me quiero separar de mi marido, no voy a salir adelante; pero yo he tenido la oportunidad de pasar por todo eso y sí se puede salir, sí se puede vivir”. La historia de Mercedes es la de muchas mujeres indígenas que han crecido con la frase “aunque pegue o mate, marido es”, que por medio de procesos sociales se fortalecieron para salir de sus entornos de violencia.

La historia de Mercedes es la de muchas mujeres indígenas que han crecido con la frase “aunque pegue o mate, marido es”, que por medio de procesos sociales se fortalecieron para salir de sus entornos de violencia.

Son mujeres admirables, como Rosita, que en su mirador, levanta ágilmente la piedra, de lado a lado, para moler el trigo con el que ella y sus visitantes harán pan. Ese largo y cansado procedimiento lo podría hacer con un molino, pero ella se niega, ya que esa práctica es lo que la comunidad llama “tecnología ancestral” y es una forma de resistencia muy importante para preservar la cultura. “¡No!, hay que hacer como mi mamá y mi abuela sabían hacer. Yo sabía ver cómo lo hacían y ahora estoy recordando. Pelaban el trigo así, sin chancar, sin destruir”.

Ella al ver los intentos de sus visitantes, rápidamente les toma fotografías y les pide que anoten un mensaje de su estadía en su cuaderno de hojas a cuadros. Rosita orgullosa dice: “estamos haciendo conocer cómo es nuestra vida para que lleven el mensaje”, tal y como los chasquis, mensajeros del imperio incaico, solían hacer. Finalmente, antes de despedirse, les ofrece uno de los varios libros que las chasquis han escrito. Entre la multitud, uno resalta frente a los demás.

El libro “Cómo aprendimos a volar” recoge los testimonios de las mujeres indígenas de Saraguro que a través de los procesos colectivos y de militancias han cortado ciclos de violencias. “Con mis compañeras tuve otro tipo de aprendizaje, compartíamos nuestros problemas en las casas, nos dábamos abrazos fuertes, nos confiábamos muchas cosas” menciona el libro. Mercedes, muy segura de sí misma y con una gran fortaleza en el tono de su voz dice: “No me hace vergüenza contar mi historia porque es la que viví y les pasa a muchas mujeres, y les digo que no tienen que pasar lo que yo pasé porque no podía entender”. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 6 de cada 10 mujeres en Ecuador ha experimentado algún tipo de violencia de género, y son las mujeres indígenas las más afectadas con un 67,8%.

Mercedes en los talleres que da sobre tejido de collares y manillas, con las propias semillas de la comunidad, también enfoca el taller en que las mujeres puedan hablar de las violencias que han vivido, de lo que tienen en común.

Mercedes en los talleres que da sobre tejido de collares y manillas, con las propias semillas de la comunidad, también enfoca el taller en que las mujeres puedan hablar de las violencias que han vivido, de lo que tienen en común. Mercedes les cuenta su historia. Para ella no es solo hacer una pulsera, sino hacer nudos con las mujeres para tejer y fortalecerse entre todas. Una forma de apoyarse es con los cuidados, con las maternidades compartidas. Es lo que llaman “hacer solidaridad”. “Si una vecina o familiar tiene una necesidad nos echamos la manos para ayudar a cuidar a los niños, para que puedan hacer sus trámites. En nuestras comunidades todavía mantenemos eso de ser solidarias, sobre todo con las mujeres”.

Hasta el 2022, desde la Fundación Mashi Pierre, en la que Mercedes Quizhpe es presidenta, se apoyó a las madres que trabajaban en el mercado, al recibir durante las tardes a sus hijxs en la fundación y brindar asistencia con las tareas escolares pero también con actividades lúdicas como proyectos de artesanías, comida y deportes. Se espera retomar estas actividades el próximo año con 8 centros educativos bilingües en diferentes comunidades. Según el estudio de casos del pueblo Saraguro: ‘Impunidad ante la violencia hacia las mujeres indígenas en el acceso a las justicias’, la violencia de género limita la participación de las mujeres, tanto dentro como fuera de la comunidad. Además de generar una afectación psicológica que afecta directamente a la autoestima y provoca estados depresivos, que han provocado casos o tentativas de suicidios. Por ello, el apoyo y el “hacer solidaridad”, es tan importante para estas mujeres.

Mercedes se reconoce como una mujer indígena feminista que ha participado en plantones, marchas y ha fortalecido procesos con mujeres de su comunidad. Con fortaleza relata cuando ella y sus compañeras estaban en un plantón en la provincia de Loja para exigir justicia por una chica que había sido violada en Saraguro. Ellas se enfrentaron a los policías que querían desplazarlas, pero como los collares que tejen, se unieron de brazos, se tejieron entre ellas y no permitieron que las separaran o movieran.

Mercedes y sus compañeras se identifican como Chasqui Warmi Quna y realizan activismo a favor de la vida desde la protección de las semillas, el turismo comunitario y sensibilización sobre la violencia de género. Han realizado talleres de liderazgo, artesanías, pesticidas ecológicos, autoconocimiento desde una mirada crítica al sistema patriarcal y capitalista . “El turismo comunitario no es barrer la casa para que venga el turista, es barrer la casa para la familia y juntos compartir actividades”, dice Ricardo, hijo de Mercedes. Esta serie de actividades son importantes para su comunidad porque mantienen su cultura y se oponen a un sistema que todo el tiempo exige producción a gran escala. Mercedes explica que sería muy sencillo introducir la maquinaria, pero esto provocaría que se pierdan los procesos sociales que se forman, por ejemplo, en una minga. Mercedes reafirma la importancia de la protección de la tecnología ancestral que ayuda a prevalecer su cultura. “Para nosotras es ir y apoyar desde tu sentir, desde el compartir, relacionar con las otras personas, de reír y armar fuerza, eso teje a la comunidad”.

El domingo avanza y Mercedes, con la compañía de Cuco, un perro café pequeño, de orejas levantadas y mucha seguridad en sí mismo, la escolta por las calles de Saraguro. A esta altura del día, se llenaron de carpas, automóviles y vendedorxs. Mientras Mercedes ‘ojeaba’, recuerda con ternura que no siempre fue la lideresa que es hoy. Mercedes le tenía terror a hablar. Recuerda un momento de su infancia, en un colegio religioso y mestizo, en el cual por no responder la encerraron en un cuarto oscuro, lleno de palos y basura. “Cuando empecé a dar talleres le perdí el miedo a hablar. Así empecé a decir lo que sientes, a no quedarte callada. Ahora ya no tengo miedo. Por eso no puedo callarme, así no diga con palabras técnicas nosotras somos personas sabias y ese conocimiento está guardado en nuestro práctico vivir”.

La voz, aprendizajes y sabiduría de Mercedes ha trascendido del pueblo de Saraguro y ha llegado hasta diferentes ciudades del país, una de ellas, Quito, capital del Ecuador. Relata llena de anhelo cuando en el 2012 caminaron desde Zamora Chinchipe a Quito, junto a 66 compañeras por la defensa del agua. Un tramo que demoró aproximadamente 15 días de caminata. Al llegar a Quito en este septiembre, diez años después, se asombra al recordarse sentada junto a ONU Mujeres en la capital del Ecuador, denunciando las violaciones de derechos que sucedían en Saraguro.

Si no tenemos una buena alimentación, no tenemos una buena educación, ni una buena salud. Todo eso ha sido un proceso de lucha que hemos tenido, ya que los gobiernos nos quieren impedir que nuestras semillas sigan produciendo.

“En estos encuentros he tenido la oportunidad de contar las experiencias que he tenido que vivir, una historia de lucha por nuestros derechos como mujeres, sobre la alimentación y la salud que está dentro de nuestras comunidades. Como se dice: diciendo y haciendo. Haciendo en la práctica. Si no tenemos una buena alimentación, no tenemos una buena educación, ni una buena salud. Todo eso ha sido un proceso de lucha que hemos tenido, ya que los gobiernos nos quieren impedir que nuestras semillas sigan produciendo. Ellos dicen: ustedes no producen a grandes cantidades porque sus semillas no sirven y nos quieren implantar las semillas transgénicas de grandes productoras, de grandes capitalistas que nos quieren dominar”, menciona con rabia Mercedes.

Todo esto sucede a pesar de que el artículo 13 de la Constitución ecuatoriana establece que “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.

El enojo que siente Mercedes le recuerda el origen de las manifestaciones de 2015. Ese fue el año de la “huelga nacional y el levantamiento” contra una serie de enmiendas constitucionales, el rechazo de la minería a gran escala, la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, nuevas leyes de tierras y aguas, y en defensa de la educación intercultural bilingüe. El conflicto duró semana y el Estado respondió con represión y detenciones. “Yo me salvé por mis nietos”, menciona. Mercedes siempre estuvo al frente con su tambor en Saraguro. Sin embargo, una noche sus hijas decidieron vender empanadas y café a los militares, ya que ahí encontraron una oportunidad de tener un ingreso económico que les hacía mucha falta. Por ello, Mercedes quedó al cuidado de sus nietos. “Empezó la guerra y me salvé de que me llevaran presa. Yo quería ir a protestar a Quito, pero no me dejaron por la fuerte represión que se vio aquí”. En aquella noche, 29 personas del pueblo de Saraguro fueron criminalizadas y encarceladas. Entre ellas, 14 mujeres indígenas, según el informe de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Durante su detención policías y militares las agredieron por medio de golpes en partes sexuales, jalones de cabello, humillación y amenazas de violencia sexual: “la Policía les levantaba la blusa, les sacaban el anaco”, dice el informe. A quienes fueron criminalizadxs se lxs conoce como ‘los 29 de Saraguro’ y eran pobladores, campesinxs, madres, padres de la comunidad. Sin embargo, no se judicializó a los policías que agredieron física y sexualmente a lxs manifestantes.

“Todo ha sido una lucha fuerte de estar yo en Quito, en las mesas, con otras compañeras, la lucha social de defender un territorio, de hablar, de amanecer con la ceremonia. Todos estos espacios me han dado la oportunidad de participar como una mujer emprendedora, fuerte y valiente”. La jornada cierra con una ligera llovizna, con la luz de la luna y el constante sonido del tambor de Mercedes, en la parte central de su casa. Ese tambor le ha acompañado en los movimientos sociales, pero también en el sostenimiento espiritual. Termina el día en las tierras altas del sur de Ecuador.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
• Edición y mentorías: Flor Alcaraz y Vanina Escales
• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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Por Krissia Girón y Eugenia Olan | Fotos Katya Romero*

El agua y el viento se escuchan entre las ramas en el manglar. El manglar es fuente de vida; un bosque fangoso en cuya base las aguas dulces de los afluentes se encuentran con las saladas del mar. El ritmo de las aguas y sus mareas da armonía y resistencia a los inmensos mangles, cuyas raíces, como bailarinas en puntas de pie o como miles patas de flamencos, permanecen sobre la superficie y se adaptan a la salinidad de las aguas. El manglar es un ecosistema de asombrosa plasticidad natural y por eso mismo es tan valioso.

—Si no tenemos manglar, no tenemos agua. Si no tenemos río, tampoco.

La que habla es María del Cid. A las 7 de la mañana, puntual, va desde su comunidad en Bola del Monte hacia la carretera que conduce a Garita Palmera, donde se encuentra uno de los manglares de la zona baja de San Francisco Menéndez, en el fronterizo departamento de Ahuachapán, El Salvador.

María llega hasta El Mirador, un hotel turístico con servicio de lanchas, que utilizan para recorrer el manglar. Ahí la espera Glenda Lara. Las dos llevan ropa ligera, porque el lugar es extremadamente caluroso. Están organizadas en la Asociación Intercomunitaria para el Desarrollo y la Gestión Sustentable de la Microcuenca El Aguacate (ACMA), con quienes generan un frente contra los impactos que sufre el bosque de manglar.

Preparadas para iniciar el recorrido, antes de subir a la lancha se colocan unas blusas con mangas largas por encima de su ropa y unas gorras, eso las protege del sol y de los mosquitos que habitan el bosque de manglar. Ahora sí están listas para partir.

Los manglares son “ecosistemas extraordinarios”, así los definió la UNESCO. El manglar de Garita Palmera es el bosque más importante para la población del municipio de San Francisco Menéndez. Abastece de alimentos a más de 1.700 familias que viven de la pesca artesanal y de la captación de animales que habitan en el manglar, como cangrejos, camarones y variedades de peces.

Según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, los manglares deberían ser terrenos pantanosos, con alta biodiversidad y múltiples ramificaciones hidrológicas. Sin embargo, el manglar ha sufrido transformaciones en los últimos 40 años debido a la urbanización, el cambio climático y los impactos negativos de prácticas como la construcción de mecanismos para el riego de monocultivo de caña, la contaminación, la deforestación. Contra esos y otros males luchan mujeres como María y Glenda, en su trabajo de vigilancia del bosque.

El manglar ha sufrido transformaciones en los últimos 40 años debido a la urbanización, el cambio climático y los impactos negativos de prácticas como la construcción de mecanismos para el riego de monocultivo de caña, la contaminación, la deforestación.

El mismo estudio reveló que la extensión del manglar de Garita Palmera se redujo a 200 hectáreas, “de las cuales la mitad han sido taladas casi totalmente, mientras que en la otra mitad, el promedio de tala encontrado es de 1.200 árboles por hectárea”.

María y Glenda tienen en el horizonte tres de las cinco zonas del manglar: El Bajo del Caballo, El Enganche y El Perol. A las 9 de la mañana, la marea está alta y la corriente hace que la lancha avance más rápido.

Mientras recorre el manglar, María explica que una de las acciones de cuidado es la siembra de mangle colorado y de istaten. Para ello, realizan campañas de reforestación del bosque. Sin embargo, no siempre han culminado con éxito, por el pastoreo de ganado, que se come el manglar recién sembrado y no permite que crezca. La lancha llega a la orilla de una de las zonas del manglar donde hay sembrado istaten y no ha crecido más de un metro por los animales. “Si ustedes ven, se está comiendo el istaten, porque es su comida favorita, se está terminando la plantación, porque además donde patean, se pierde el manglar”.

“Para que el manglar tenga vida”, explica María, “deben fluir las aguas dulces del río Paz y las aguas saladas del mar. El equilibrio perfecto para la conservación de este ecosistema”. Sin embargo, ambos cuerpos de agua ya no fluyen de la misma forma que hace algunos años. El punto de encuentro entre el río Paz, fronterizo con Guatemala, y las aguas saladas del mar es un canal al que las comunidades llaman “zanjón El Aguacate”. Según el MARN, este ha sido el único punto de comunicación entre el río y su antiguo delta de inundación del lado salvadoreño, luego de que en 1974,el paso del Huracán Fifi desviara su curso completamente hacia territorio guatemalteco.

Según el informe del MARN, “El Aguacate ha sido convertido por empresarios cañeros en una acequia para el uso exclusivo de riego de caña de azúcar. Este fenómeno tiene impactos severos en el desarrollo y productividad del manglar”. “Ahorita vemos fluidez de agua porque estamos en invierno, tenemos esa dicha, pero en el verano es cuando se sufre porque no tenemos agua del río Paz, porque en la boca hacen tapas los cañeros. Con piedras y sacos llenos de arena detienen el agua y luego ingresan los motores para sacar miles de litros de agua por horas. También hacen tapas en los brazuelos del río Paz, para sus cañales, y perforan pozos”, dice María con preocupación.

Un paraíso para la agroindustria

Durante el recorrido, María vuelve a los inicios de ACMA y a la indignación que causó en las comunidades el crecimiento de la industria azucarera. “La idea surgió en un grupo de hombres y mujeres, de ver la falta de agua en el estero y dándonos cuenta de que había más cultivo de caña que de otra hortaliza. Ellos comenzaron a sacar el agua de los ríos, a tirar el veneno de las avionetas y ahí nos dimos cuenta de que también nos estaba afectando la salud”.

María llama “ellos” a la industria cañera salvadoreña, esa que no escatima en recursos para desviar los ríos y afluentes de agua para el riego de un monocultivo que deja graves daños a los suelos y bienes naturales de la zona. Y que, además, posee 113.670 manzanas cultivadas a nivel nacional, según la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), del Ministerio de Agricultura (MAG).

El MARN detalla que parte de los cultivos de caña se concentran en la zona costera del país, territorios donde es necesaria la implementación de sistemas de riego, lo que vuelve aún más crítica la demanda de agua en estas zonas. Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) explica que, pese a la importancia de conocer la cantidad de hectáreas de caña de azúcar que requiere de riego para su producción, no existe un dato exacto al respecto, pero se estima que “casi la totalidad del cultivo en la zona oriental requiere riego, de la misma forma que en la zona costera occidental”.

En las zonas cercanas al manglar de Garita Palmera, donde se ven grandes cultivos de caña de azúcar, las mujeres de la ACMA mencionan que para el riego se extrae anualmente el 80% de recursos hídricos subterráneos disponibles.

Las extracciones de bienes del manglar, la contaminación por ganaderos, la quema de caña, el uso de plaguicidas y el acaparamiento del agua para el beneficio de las grandes industrias azucareras, hizo que las comunidades decidieran vigilar el manglar desde 2012.

Tomaron la iniciativa para la vigilancia comunitaria, el monitoreo del clima y las prácticas de sustentabilidad en huertos comunitarios, viveros dulces y salados, para restaurar, proteger y preservar los recursos naturales.

Así, formaron una asociación que con los años se convirtió en ACMA y que, ahora, está liderada por alrededor de 83 mujeres de las comunidades. Pero no siempre en la asociación fueron mayoría las mujeres.

“La asociación empezó con más hombres que mujeres, pero con el tiempo hemos ido motivándolas, diciéndoles que somos las mujeres las que ocupamos más el agua. ¿Qué hacemos las mujeres? ¿No lavamos los trastes, no vamos al molino? La higiene del cuerpo, también. Ahí es donde las mujeres se van motivando”, dice María.

“Es una gran responsabilidad ser madre, mujer y defensora del territorio”, cuenta Glenda Lara, quien además de ser lideresa, es madre de dos hijas que la acompañan en los procesos de formación de ACMA. “Mis niñas tienen 12 y 6 años, pero yo siempre las he andado, porque me dieron permiso de andarlas, no las puedo dejar. Así hacen bastantes madres aquí en las comunidades”.

María asiente con su rostro para confirmar lo que dice Glenda y agrega que se han convertido en una gran familia de defensoras. “A veces, cuando vemos a Glenda llegar sola le preguntamos por las niñas. Hacen falta, porque compartimos con ellas. Ariel, una de las niñas, nos comparte historias porque se fija en todo. Entre todas las cuidamos y ella ha logrado hacer amigas en otras comunidades como Sonsonate, Guaymango, con hijas de otras defensoras del territorio”.

Este encuentro entre defensoras de diferentes territorios del país ha motivado a otras jóvenes a organizarse y a aprender más sobre la protección de los bienes naturales

Este encuentro entre defensoras de diferentes territorios del país ha motivado a otras jóvenes a organizarse y a aprender más sobre la protección de los bienes naturales, afirma Glenda. “Nuestras hijas participan en un grupo juvenil donde van aprendiendo sobre lo que se tiene que hacer para el cuidado de los manglares. Hay alrededor de unas 25 jóvenes de 18 a 25 años que ya participan. Ya están organizadas”.

Ahora, la junta directiva de ACMA está conformada por seis mujeres y un hombre, y contabiliza a más de 83 mujeres que hacen recorridos por el manglar, controlan la humedad, incorporan huertos ecológicos y de manglares, viveros y bancos de semilla, así como se involucran en procesos de ecofeminismo y justicia fiscal.

Las mujeres son el pilar fundamental de estas comunidades. Sobre sus cuerpos recae el cuidado de la vida humana y natural. También están expuestas a los peligros de ser defensoras de sus territorios y guardianas del manglar.

Los riesgos de ser guardiana del manglar

Ahuachapán es uno de los departamentos fronterizos con la República de Guatemala. Justo en el límite se encuentra San Francisco Menéndez y las playas de Garita Palmera y Bola del Monte. Esto hace que el territorio sea zona de paso de narcotráfico y tráfico de personas hacia Estados Unidos. Y que la respuesta estatal sea recrudecer la militarización del municipio, para fortalecer la seguridad de las fronteras. En la actualidad hay un alto despliegue de agentes de seguridad pública y militares en los puntos ciegos que atraviesan pequeños caminos de agua en el bosque.

Esta medida, en lugar de dar seguridad a las mujeres y a las personas de la comunidad, se ha convertido en una problemática de acoso sexual que niñas y jóvenes viven día a día.

Uno de los puntos de destacamento está a un costado del Centro Escolar Brisas del Mar. Un día normal para el ingreso a su centro de estudios se vuelve un hostigamiento por parte de los soldados.

—Salen de ahí, de su estación, y cuando pasamos enfrente comienzan a decirnos cosas, tirar besos.

Las familias han hecho la petición a los docentes para que el Ministerio de Educación solicite el traslado de la estación de militares. No sólo es el acoso lo que acecha a las niñas y jóvenes, sino la intimidación que les causa cuando el grupo de soldados salen de su estación.

Otro factor de inseguridad para las lideresas de ACMA son las diferentes amenazas que reciben de otros miembros de la comunidad, de los cañeros, de los dueños del ganado. Son quienes ven amenazados sus intereses en las acciones de cuidado del manglar.

—Nos han dicho que nos retiremos porque podemos amanecer un día y el otro ya no.

En medio de esta situación de inseguridad, el trabajo de ACMA no se detiene. “A veces, es 24/7”, dice María. “Como organización tenemos grupos de whatsapp donde a diario recibimos denuncias sobre el ganado, los cañeros o alguna otra cosa que se haga en contra del manglar. También se dan denuncias para las vedas de camarón y para la recolección de huevos de tortugas”.

Mujeres del agua y el clima

La lancha se detiene en medio del manglar, y el motor apagado deja escuchar mejor la voz de María y de Glenda. María aprovecha para hablar sobre el trabajo de monitoreo del clima para el que han recibido capacitaciones por parte de organizaciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

En 2014 crearon un Sistema de Monitoreo Climático comunitario en la zona sur de Ahuachapán. Las lideresas se capacitaron, involucraron y responsabilizan en la toma y análisis de datos en invierno. Así, pueden dar sustento científico a la toma de decisiones relacionadas a la protección y defensa de sus territorios.

Para realizar el control de las aguas y monitoreo climático, UNES capacitó en el uso de pluviómetros que miden el agua lluvia y el clima. Esto ayuda a definir medidas preventivas, restaurativas y protectoras, ante un riesgo de desastre. Cuando las lideresas tienen una medición de 45 mm de agua lluvia, dan esos datos al Sistema de Protección Civil para que alerte a la zona costera y envíen excavadoras que liberen el cúmulo de sal y arena que pueda generarse en la bocana.

“Tenemos un grupo de personas monitoreando el pluviómetro para el conteo del agua lluvia, porque ahí vemos la cantidad de agua que cae por mes, por año y cuánto puede guardar de humedad la tierra. El invierno de este año no nos ha impactado mucho con las llenas del río Paz, porque ha llovido unos días y ha parado otros, entonces el agua se ha logrado consumir y esa humedad la guarda la tierra”, explicó María.

Si nos mantenemos reforestando la zona verde y deteniendo al humano a no sacar la fluidez de las cuencas, y lograr que el agua llegue a la zona baja, vamos a tener un mejor nivel de vida: agua con menos contaminación, menos enfermedades.

“Si nos mantenemos reforestando la zona verde y deteniendo al humano a no sacar la fluidez de las cuencas, y lograr que el agua llegue a la zona baja, vamos a tener un mejor nivel de vida: agua con menos contaminación, menos enfermedades. En la lucha que llevamos con los cañeros, ya paramos a la avioneta y logramos que no estén quemando, pero en un descuido nos vuelven a atacar”.

El recorrido en lancha termina. A lo lejos se atraviesan otros botes de mujeres jóvenes que salen a pescar para el almuerzo familiar o para la venta. María y Glenda las saludan.

Un mes después de este recorrido, la tormenta tropical “Julia” dejó graves estragos en Centroamérica. Hablamos con María para conocer la situación del territorio. El agua había llegado a los 100 mm, un índice altamente perjudicial para los medios de vida. Alrededor de diez familias fueron evacuadas de las comunidades. En la zona baja del río Paz, su desbordamiento provocó inundaciones en las comunidades de San Francisco Menéndez.

—Hacemos una lucha ambiental con el agua pero también la lucha con las personas. Siempre hay algo por lo que una debe estar luchando y abriendo brechas.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

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Por Bárbara Corneli | Fotos Yamila Suárez *

Dicen que la maleza cuenta lo que le sucede al suelo. Dicen que no la arrancan por mala, sino por lo que sabe del campo. Están quienes, incluso, la llaman “bueneza” porque cuando aparece, es una oportunidad de sanar, de mejorar la tierra.

Como una auténtica “bueneza”, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, es una política pública municipal que desde 2002 propuso que las tierras en desuso dentro de la ciudad podían trabajarse en tiempos de crisis económica, social y política y así re-habilitar relaciones de producción, convivencia y consumo agroecológico con la potencialidad de contribuir a la soberanía y la seguridad alimentaria de la población en riesgo.

Son pocas las ciudades de América Latina y el Caribe que cuentan con programas de agricultura urbana y menos aún aquellas que lo desarrollan con apoyo municipal, provincial o estatal.

Actualmente en Rosario existen 7 parques huertas (PH) y 6 huertas grupales donde trabajan más de 250 huerterxs produciendo en 25 hectáreas unas 2500 toneladas de hortalizas al año que se comercializan en los “Puntos Verdes” y ferias y mercados “Arriba Rosario” (puntos de venta en distintos sectores de la ciudad).

Sostener una iniciativa de estas características a lo largo del tiempo supuso no sólo la voluntad política, sino la confluencia de muchos factores: estudios académicos sobre las condiciones del suelo de los terrenos disponibles y los beneficios de la agroecología para el ecosistema, proyectos de organizaciones de apoyo financiero internacional, donación de terrenos privados, convenios con establecimientos que elaboran sus alimentos con productos agroecológicos; y, sobre todo, el trabajo sostenido de huerteras y huerteros en sus parcelas y puntos de venta.

Ser huertera en la ciudad

Ida Pintos está sentada en un banco dentro del quincho que de mañana da lugar a la consulta de distintos profesionales de la salud y de noche le da de comer a 300 familias del distrito sur, donde se encuentra el Parque Huerta Molino Blanco. Desde ahí no se siente el ruido de los autos, ni llegan las esquirlas de la violencia de las calles. Para recuperar la historia, la memoria de Ida retrocede hasta 2001, cuando este terreno de 4 hectáreas era un basural. Lo primero que recuerda es la desconfianza con que recibieron al equipo de agrónomos que venían a contarles del proyecto de agricultura urbana: “la comunidad estaba toda encabronada porque no había para comer, la gente no tenía laburo, las personas estaban de mal humor, estos políticos que no hacían nada y cae esta gente a decirnos que había algo muy bueno para hacer”. Junto a su familia sembraban una huerta pequeña. “Pero ellos nos enseñaron un montón, aprendimos a cuidar las semillas y la tierra y hoy mis hijos son todos productores y emprendedores de la agroecología”, relata.

Al igual que Ida, Roberta Valencia Muñoz fue una de las primeras huerteras del Parque Huerta el Bosque (al límite del Bosque de los Constituyentes y el arroyo Ludueña), cuando eran sólo tres familias trabajando en un pedacito de las 5 hectáreas del lugar. En ese entonces ella cargaba el agua desde la villa en 20 litros de bidón. Hoy le deja el trabajo pesado de la cosecha de hortalizas a su marido y su hermano y ella ordena en el invernadero los plantines de flores, suculentas y aromáticas que al día siguiente va a vender en la feria del Boulevard Oroño y Avenida Rivadavia, a pasos del río.

A principios de 2002, las ferias de comercialización de productos agroecológicos cultivados en los parques huertas (PH) y demás espacios del programa de agricultura urbana, se ubicaron en puntos centrales de los distritos de Rosario. La zona intersección de la costanera y la calle Corrientes, donde Ida participó de la primera feria de Rosario, era la huella que había quedado tras la relocalización del puerto. Al comienzo, a las huerteras les daba vergüenza vender. Roberta había llegado hacía poco de Bolivia e Ida venía de Villa Gobernador Galvez, “éramos gente de barrio y mujeres de barrio que no encajábamos con la gente del centro más allá. Parecía que nosotros éramos menos que ellos”.

Con el tiempo, el trabajo sostenido en la agroecología, decantó en el Banco de semillas Ñanderoga que en 2017 encontró su lugar en el Centro Agroecológico de Rosario (CAR), donde alberga más de 400 especies y variedades de plantas y fomenta una red de madrinas y padrinos de semillas locales y criollas. El cuidado y la reproducción de las semillas consolidó el sentido de la soberanía. “Si no perdés la cadena de la semilla, ahí tenés para milenios”, dice Marta Queña y con las manos dibuja círculos en el aire, “eso que es tan pequeñito vos sabés que te va a cubrir de verdura, de fruta”. Los aprendizajes para Marta y para las demás huerteras están ligados a trabajar y “querer la tierra”, como dice Ida.

“Nosotros crecimos mucho como personas porque producimos con nuestras manos cosas para comer, que no lo hace cualquiera. Y tienes que querer a la tierra, tienes que querer cuidar el medioambiente, las plantas, hacer el compost, hacer el humus que hace cobertura en la tierra. Como veneno no se usa, la tierra tiene que estar bien alimentada, sino no te va a dar buen fruto”, explica.

El lugar importa

El paisaje de Rosario ha cambiado mucho desde principios de este siglo. Es la tercera ciudad más poblada de Argentina y, aunque abundan los espacios verdes, el territorio está marcado, cada vez más, por la expansión de los commodities inmobiliarios, de la producción agrícola-ganadera y por la violencia regulada por el narcotráfico que aumenta anualmente. A su vez, como toda la región del litoral argentino, hace años que se ve sofocada por los niveles de partículas tóxicas en el aire, producto de las quemas de pastizales en las islas del Delta del río Paraná, que han superado los límites considerados peligrosos para la salud, provocando estrés respiratorio y otros síntomas en la población en lo inmediato y contribuyendo a afecciones mayores a largo plazo.

La inauguración del puente Rosario-Victoria en 2003 posicionó a la ciudad como nodo del Mercosur, en concordancia con el reordenamiento que trajo la puesta en marcha del Plan Urbano 2007/2017. El microcentro tiene como escenario el tránsito de buques de carga altos como edificios que surcan el río Paraná pese a la bajante histórica de su cauce desde 2019. Mientras el Gran Rosario ha llegado a ser el nodo portuario agroexportador más importante del mundo, la producción agroindustrial centrada en la soja (que en Argentina es en un 99% transgénica) profundiza un modelo de producción extractivo y contaminante que provoca la devastación de los suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y acuíferos y la exterminación de la biodiversidad.

Según Antonio Lattuca, uno de los ingenieros agrónomos que desde la década de 1990 conformaba el Centro de Producción Agroecológica de Rosario (CEPAR), que luego confluyó con el programa Prohuerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para impulsar la política pública del PAU en 2002, “la agroecología propone la construcción conjunta de algo nuevo. Acá en Rosario la primera etapa de migración en esos años fueron los toba, los qom y gente de Goya, Corrientes, con un conocimiento muy grande de plantas medicinales. Los ecologistas dicen que se tarda 100 años en recuperar el horizonte fértil de la tierra en terrenos tan maltratados, como los basurales y los terrenos que teníamos al costado de los arroyos que no eran construibles o habitables. Pero en muy poco tiempo de trabajar el suelo así, aparecieron insectos, aves que no había. En 3 o 4 años, cuando trabajás en conjunto con la naturaleza, la naturaleza te responde y se transforma”.

Darle de comer al mundo

El Parque Huerta Oeste, donde Marta Queñas dedica su parcela a producir plantas aromáticas y flores, se inauguró en diciembre de 2020. Y, además del trabajo “a la vieja usanza, con pala, rastrillo y riego en mano”, la organización de las 35 familias y 7 organizaciones sociales que integran las 21 parcelas incluye el trabajo grupal, “dos veces a la semana cosechamos, dividimos y hay dos vendedoras designadas que representan a todo el parque en la feria. Tenemos asamblea cada 15 días y planeamos el trabajo, la siembra, el cuidado del parque”, dice Marta.

En los espacios como el PH El Bosque y Molino Blanco, la organización interna está bastante más desgastada y fragmentada. “En su momento nosotros armamos una organización que se llama La Red de Huerteros en Rosario y o sea, la familia huertera de todos los distritos, que ahora quedó como que en nada”, cuenta Ida. Y agrega: “no es todo color de rosa, ahora ya no podemos vender en la feria que empezamos nosotros”. Roberta da cuenta de que no se han hecho reinversiones de mantenimiento que vuelvan a dar oportunidad a lxs huerterxs de El Bosque de adquirir herramientas o de producir en una cantidad que rinda para el autoconsumo y la venta y “por eso también hay gente que queda desanimada y no siguen”.

Si bien integran un registro de emprendedorxs para trabajar en los espacios del PAU, la relación entre huerterxs y la coordinación del municipio también parece errática en el tiempo. Roberta se planta bajo la sombra de un árbol al lado del invernadero en el que trabaja y aún a la sombra los ojos se le achinan cuando se enoja. “Nosotros hace 14 años que estamos acá, desde 2008, nunca tuvimos comodato y ayer vino la gente del municipio queriendo hacer el comodato. Quizás es necesario, pero primero y principal nos tienen que venir a exponer y explicar de qué se trata, qué significa, qué cláusulas tiene. Eso tendrían que haber hecho, no venir y querer hacernos firmar”, dice. En América Latina y el Caribe solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, quienes reciben apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector, aunque sean ellas las responsables de la mitad de la producción de alimentos en todo el mundo. La irregularidad en la firma de comodatos que aseguren que las huerteras del PAU pueden seguir disponiendo de la tierra para trabajar, se suma a problemas para acceder al agua para riego o con otros productores. Dolores Pintos, que es prima de Ida y también tiene su parcela en Molino Blanco, dice: “nosotros estamos cansados, hay algunos vecinos que tienen gallinas encima de la huerta, el de ahí está haciendo un criadero de chanchos”, conflictos en los que la coordinación municipal no interviene.

Abandonar la tierra

En 2021, Rosario recibió un premio de 250 mil USD por sus políticas de agricultura urbana y periurbana como un ejemplo de un urbanismo resiliente, comprometido con el medioambiente, otorgado por el Instituto de Recursos Mundiales por el Centro Ross para ciudades sostenibles. De todos modos no es excluyente la distancia entre el reconocimiento internacional a la política pública y las dificultades y disparidades que se encuentran en su implementación. Ida y Dolores se agarran la cabeza y giran en el lugar. “Cuando salió la noticia del premio salí yo en la foto y después me llamaron los huerteros: Ida, ¿la plata esa dónde está? ¿Quién te la dio? y ¿por qué te la dieron? Me volvieron loca”. Ida no sabe aún en qué se invertirá ese dinero.

Patricio Flinta, Coordinador general de espacios productivos de la subsecretaría de Economía social de Rosario dice que el dinero del premio será utilizado por el PAU y por el Cinturón verde periurbano que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y que “lo que se consensuó fue conformar la gran parte de la cuestión económica financiera en dos PH que hoy están en construcción y tener en cuenta la falta de infraestructura que es vieja, escasa y algunas tienen niveles de complejidad que ameritan hilar finito”. Los nuevos parques a los que hace referencia Flinta se ubican “uno en el Distrito Suroeste y otro en el Distrito Norte, que va a ser el primer PH en el distrito norte y el más grande”.

Históricamente los premios otorgados a la agricultura urbana han permitido visibilizar el programa, “pero ahora estamos en un momento distinto. La municipalidad sigue apoyando pero quieren mostrar cosas nuevas y no se profundiza en lo que está”, agrega Antonio Lattuca. Y en el mismo sentido, Lilli Marinello señala que “el problema es que se generaron algunos espacios pero no se ha hecho una política de estado”.

Lilli Marinello fue representante en Argentina de la ONG italiana Gruppo di voluntariato civile (GVC) que apoyó el PAU en Rosario con proyectos financiados por el gobierno de Italia y también fue coordinadora de proyectos enfocados en la seguridad alimentaria en Cuba donde el programa de agricultura urbana y suburbana es nacional y “de los programas agrícolas es el que más creció desde los años 90 y fue sostenido por el gobierno porque resolvía una serie de problemas después de la caída del bloque socialista. Y ha sido de suma importancia porque acerca la producción a las grandes ciudades y porque instaló la cultura de la producción agroecológica que antes no estaba”. En Rosario, en 2016 al PAU se sumó el Cinturón verde, con 800 hectáreas de producción agroecológica periurbanas. Según la ONU, en 2030 cerca del 61% de la población mundial vivirá en ciudades y esta forma de producir contribuye a apartar las fumigaciones en torno a las ciudades y evita el desabastecimiento de la población con menor capacidad adquisitiva que por lo general habita la periferia.

Dolores señala a Ida inclinando la cabeza: “yo la veo que ella le da de comer a todo el mundo, pero no puede todo salir de nuestro bolsillo. Nosotros estamos abandonados, yo no tengo una ayuda, nada de nada”. En este sentido Lili observa, en relación a la sostenibilidad de la agricultura urbana y periurbana, una política que tienda a un modo de producir agroecológicamente de forma extensiva. Aunque esto requiere otros recursos, “una tiene el imaginario de que la pobreza rural es mejor que la pobreza urbana, pero también es terrible. Si no proveés a las zonas rurales de servicios sanitarios, obviamente la gente migra a las grandes ciudades. Así es el abandono de la tierra en todas partes”, concluye.

No vamos a comer cemento

“Vos salis del portón para afuera de la huerta y es otra historia”, dice Ida. Las huerteras no sólo trabajan en la huerta, sino en multiplicar los espacios donde otros aprendan y lo hagan en sus terrazas, patios, balcones. Marta lleva cajones a la feria para mostrarle a sus clientes cómo plantar “yo les digo: si te salió bien contale a tus amigos, entusiasmalos”. En el centro agroecológico y en las huertas y parques huertas el aire parece más fresco al ingresar. ¿Cómo respira una ciudad si no es a través de sus fisuras? “Vamos a necesitar muchos más productores y mucha más tierra. Estamos haciendo mucho cemento pero después no vamos a poder comer cemento”, cierra Roberta.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
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