A pesar de que en nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, realizaron una cesárea a una niña de 11 años en Tucumán. El Estado incumplió el protocolo y sometió a tortura física y psicológica a Lucía. Las voces de médicas y abogadas.

Otra nena violada, embaraza y forzada a parir en el NOA. Esta vez fue en Tucumán. Lucía, de 11 años, es la segunda niña, en lo que va de 2019, sometida a una dilación aún más extensa que la nena de Jujuy, ambas torturadas obligadas a cursar un parto por cesárea. “En ambas provincias, hubo una violación sistemática del Estado a los derechos de las niñas de ser oídas, de que se respete su voluntad. Se rechazó, obstaculizó, manipuló la información para el asesoramiento, y presionó a las familias y a las niñas en su decisión”, señaló la abogada Fernanda Marchese, titular de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en declaraciones a este medio.

Tanto en Tucumán como en Jujuy, la interrupción del embarazo llegó en forma de cesárea forzada, más tarde que temprano, y luego de que se obstaculizara el aborto legal que las niñas pidieron y que es derecho de todas embarazadas menores de 13 años. La maniobra ya había sido denunciada en Jujuy por miembras de la regional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: buscan que la gestación avance lo máximo posible y hacer un laboratorio de adoración con el feto también sentenciado a una agonía post cesárea. Durante la madrugada del miércoles, Lucía fue sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón de Tucumán. La intervención fue llevada adelante por tres profesionales externos al centro, en tanto todos los profesionales del sistema público de Salud se negaron a practicar la intervención.

“Dudo que el feto viva más de un par de días, si llega a eso. Si dicen que sobrevive, habrá que exigir ADN, porque seguro que lo cambiaron por otro. Mientras, torturaron por un largo mes a una niñita, y le hicieron un tajo de más de 10 centímetros en su abdomen. Odian las dos vidas. Odian a la niña que torturaron, y odian al feto que sacan antes de la viabilidad”, denunció Stella Manzano, médica y ginecóloga que practica ILE (Interrupción Legal del Embarazo), desde las redes sociales. Anoche, en declaraciones a radio La Retaguardia, Manzano criticó que se realizaran cesáreas como modo de interrumpir embarazos, señaló las similitudes entre el caso de Lucía y el de la niña en Jujuy en el mes de enero, y cuestionó las versiones médicas que indicaron cesárea porque Lucía padecía hipertensión. “Esto no fue una interrupción legal del embarazo. Esto no fue aborto. Esto fue un parto forzado, prematuro y por cesárea también forzada. Buscan confundir a la población. ¿Se va volver una rutina operar a las niñitas?”, concluyó Manzano, conocida por haber realizado el aborto que habilitó el fallo FAL.

En Tucumán, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) era el encargado de garantizar la interrupción del embarazo que fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. Allí Lucía había acudido por un dolor de panza, y tras constatar el estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, quien por lo mismo enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter. En ese momento, comenzó otra violación de derechos para Lucía, esta vez, desde las instituciones de la provincia.

“Esto no termina acá. El Estado debe arbitrar los mecanismos para contener y acompañar a esa niña en su salud física, emocional y psicológica. Por otra parte, el Ministerio y las instituciones públicas van a ser investigadas respecto de por qué no se aplicó el protocolo ILE como lo dispone la ley”, señaló Marchese, en comunicación con Marcha. Fue recién el viernes, cuando Andhes y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) presentaron un pedido ante la Justicia para poder intervenir en el caso como amicus curiae, que la familia de la nena recibió la contención interdisciplinaria prevista para estas vulneraciones.

“Se vulneró su derecho a ser oída y opinar debidamente en aquellas decisiones que la involucran ya que, desde que Lucía ingresó al sistema de salud de Tucumán, manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo, en distintas instancias del Estado provincial. Sin embargo, hemos tenido que llegar a este momento para que el Estado acceda a practicar la interrupción del embarazo. Otro derecho vulnerado es el derecho a la salud integral de la niña, que debe tener presente la salud física, psicológica y emocional”, describió a este medio Florencia Vallino, abogada, Coordinadora del Área Derechos Niñez y Adolescencia de Andhes. Vallino, que acompaña a Lucía y su familia, señaló también que el Estado provincial vulneró el derecho a una infancia libre de violencias.

Según fuentes del Hospital del Este Eva Perón, Lucía evoluciona bien. Lo afirman aun cuando la niña no ha recibido contención suficiente para el cuadro que atraviesa. La criatura resultado de la gestación pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología con bajas posibilidades de sobrevida.

En nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual prevé tres causales: cuando pone en riesgo la salud de la persona gestante, su vida, o si éste proviene de una situación de violencia sexual. En el caso de Lucía, se cumplían las tres causales. El Estado no cumplió con su obligación de garantizar ese derecho. Ahora deberá responder por haber vulnerado la salud integral de la niña.

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Desde el 31 de julio se realiza en la Ciudad de Esquel, Chubut, el juicio oral y público a la médica residente de El Maitén que garantizó el derecho de interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años en el año 2015, con el objetivo principal de proteger su vida y salud conforme a actual legislación.

El juicio duró dos semanas, a lo largo de sus distintas instancias se demostró en él -según como lo explica la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– que la médica actuó “conforme a derecho” en el marco de lo establecido el Código Penal en su Art. 86, inciso 1, el Fallo F,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de marzo 2012, la Ley XV-14 de Aborto no punible de la provincia de Chubut, vigente desde 2010 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015.

A lo largo del juicio, se pudo dar cuenta no sólo la “no relación” entre la muerte de la joven con la práctica de aborto realizada, sino también las múltiples irregularidades que se llevaron a cabo durante la investigación. Entre ellas, se demuestra que se investigó y procesó sólo a la médica que garantizó la práctica previa que casualmente se trata de un aborto legal con todo lo que esta práctica trae aparejada. Y no así a las y los médicos de los  hospitales de El Maitén y Esquel donde se atendió posteriormente.

Esta historia no hace más que volver a poner en evidencia la persecución y criminalización por parte de las instituciones estatales a aquellas médicas que, en el marco de la ley, otorgan derechos a las mujeres que eligen sobre sus cuerpos. A su vez, este accionar podría consolidar un marco restrictivo para quienes deciden continuar eligiendo libremente sobre sus cuerpos.

Sin embargo, dispuestas a continuar disputando los sentidos que se construyen alrededor de la práctica del aborto, las organizaciones, redes, radios y espacios feministas de la Comarca Andina acompañan -en esta ocasión- a la médica haciendo de su accionar cotidiano una pedagogía feminista, de cuerpo presente y con el compromiso cotidiano. Marcha dialogó con Andrea González de Socorro Rosa – Comarca Andina e integrante del programa Conjuros a Viva Voz de la Radio Fm Alas de El Bolsón.

Pedagogía del acompañamiento

¿Cuál es la práctica de las Socorristas en Red?

Las socorristas acompañamos a las mujeres porque la urgencia del aborto así lo indica, sabemos de la seguridad del medicamento esencial como es el Misoprostol. Acompañamos porque creemos que es nuestro derecho decidir sobre nuestras vidas y cuerpos. Y también acompañamos a las médicas y a todos y a todas que garanticen este derecho y nos acompañen a cuidar la salud.

¿Qué lectura hacen del desarrollo del juicio?

Desde Socorristas en Red venimos acompañando todo el proceso, desde las audiencias preliminares hasta las realizadas en lo concreto del juicio desde el 31 de julio, a nuestro entender el inicio de este juicio es político ya que es perseguir penalmente a una médica por haber garantizado un derecho. Decimos que es una acusación política porque solamente se seleccionó a esta médica, entre todos más de veinte profesionales de la salud del Hospital Subzonal del Maitén como del Hospital Subzonal de Esquel que durante una semana atendieron a la adolescente fallecida allá por el mes de diciembre del año 2015, de todos estos profesionales que intervinieron en prácticas médicas se seleccionó y responsabilizó solamente a esta médica de la muerte de la adolescente.

Una muerte que, como pudimos escuchar durante todos los testimonios, cuyas causas no se han podido probar aun y posiblemente no se van a poder probar nunca por una decisión de la fiscalía que, representando al Ministerio Publico Fiscal no admitió la producción de pruebas en el momento oportuno, es decir el momento en el que ni los peritos de parte ni los puestos por el Ministerio pidieron esos peritajes por lo cual ya no van a ser posibles por el paso del tiempo pero esos peritajes hubieran dado pistas o razones para poder saber cuál fue la causa de la adolescente, nosotras tanto como la defensa escuchamos y sostenemos que no hay nexo causal entre la práctica realizada por la médica y la posterior muerte.

En este contexto, para ustedes ¿cual es el objetivo de este juicio?

El objetivo de este juicio desde un inicio es amedrentar, intimidar, disciplinar a médicos y médicas que garantizan derechos pero también entonces a las mujeres que los solicitamos. Detrás de este juicio creemos que se esconde también el mensaje de que las interrupciones legales del embarazo realizados con medicamento en hospitales públicos son riesgosos.

Este es un nudo muy importante porque sabemos que el Misoprostol como medicamento esencial, afirmado esto por la OMS (Organización Mundial de la Salud), ha disminuido el riesgo de muerte de mujeres gestantes o personas con capacidad de gestar, esto también se puede encontrar en las estadísticas realizadas a partir de los primeros registros sobre interrupciones legales del embarazo que comienzan en este país a partir de la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo entonces creemos la construcción del discurso durante este juicio se va dando dia a dia y anudando como objetivos políticos de disciplinar a medicas, medicos y mujeres.

¿Cómo fue el accionar del juez ante esta causa? ¿Qué interpretación hacen al respecto?

A pesar de que dos hospitales y más de veinte profesionales estuvieron involucrados en esa asistencia médica hay una sola imputada y procesada quien recibirá hoy martes 22 de agosto la sentencia por parte del Juez Oscar Colabelli. Sabemos también que este juez, en el año 2012 negó un aborto no punible a una niña de 12 años víctima de violación, esta causa fue judicializada por los profesionales de la salud logrando que ese aborto sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Chubut. Creemos que, si bien se recusó al inicio del juicio, como el juez no lo aceptó es el responsable de esta sentencia ya que es quien escuchó los testimonios durante dos largas semanas de juicio.

Sin embargo, también tenemos que reconocer que el mismo juez le dio la oportunidad a la médica de hacer las preguntas por cuestiones técnicas, durante el juicio a gran parte de testigos durante el juicio, fueron preguntas que, se sostuvieron con mucha firmeza, compromiso, responsabilidades y entereza por parte de la médica y que nos fueron enseñando y dando a conocer cuáles fueron los vericuetos por los cuales en principio creemos que ella fue llevada a juicio y por lo cual no va a ser demostrada la causa real de la muerte de la adolescente.

¿Qué repercusiones creen que puede tener este juicio en el territorio de Chubut que, en términos de políticas públicas de salud ha sido siempre progresista?

Podemos también aclarar que de parte del fiscal hubo una clara intención de prestar a confusión, ya que sostenía que no era ese el objetivo que se perseguía ya que la práctica del aborto estaba garantizada en esta provincia tal como lo decís. Se trata de una provincia precursora porque Chubut tiene su Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo bastante antes del Fallo Fal por lo tanto es precursora en este sentido. Sin embargo el fiscal debía estar aclarando permanentemente que no era el aborto en sí lo que se estaba juzgando cuando la carátula de su acusación justamente es “aborto seguido de muerte con consentimiento”. El único cambio bastante radical que hubo durante el juicio por parte del fiscal fue la condena pedida de 4 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación, y al finalizar las audiencias en los alegatos pide un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación pero sostiene que la médica incurrió en mala praxis.

¿Cual es la relación entre el movimiento de mujeres y las profesionales de la salud que acompañan la decisión de las mujeres?

Desde el nacimiento de Socorristas en Red uno de los objetivos políticos ha sido la articulación con el trabajo de la salud, de la salud pública en especial. A partir de la conformación de Socorristas al poco tiempo se crea también la Red de Profesionales por el derecho a decidir y con ellos y ellas venimos codo a codo trabajando en la articulación para garantizar derechos pero también en un trabajo de despenalización social es decir imprimir otros sentidos a la práctica de aborto y este juicio va directamente a ese punto, a revertir esos nuevos sentidos y aa desarticular este compromiso y de médicas que garantizan derechos como así también del conjunto de mujeres que venimos hace muchos años luchando para que el aborto sea legal para que tengamos el derecho a decidir sobre nuestras vidas y cuerpos.

¿Qué estrategias se van a dar desde el feminismo organizado de la provincia?

Nosotras vamos a acompañar la lectura de la sentencia de parte del Juez Oscar Colabelli. Podemos dimensionar la importancia que ha tenido este juicio y lo que suceda con esta sentencia ya que creemos que la puesta en marcha de este juicio su desarrollo en si, más allá del resultado, evidencia la amenaza que representa este antecedente para las prácticas médicas como así también para cualquier persona que a través de su práctica garantice nuestro derecho por eso creemos que es indispensable el acompañamiento a la médica y puesta en escena acompañando en el juicio y la posibilidad de la comunicación de lo que nos permita hacer de nuestras prácticas cotidianas prácticas pedagógicas en la accesibilidad al ejercicio de nuestros derechos.

La lectura de la Sentencia será trasmitida por la Radio Kalewche de Esquel y retrasmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos, Fm Alas, Conjuros a Viva Voz, Radio Presente y Radio Zona Libre desde las 15.45hs.

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