Un nuevo derrame se produjo en la mina Veladero. El gobernador Sergio Uñac se vio obligado a suspender la actividad en la mina. La Asamblea Jáchal No se toca exige el cierre total de la mina, remediación y prohibición de la minería.

Mientras el gobierno de Mauricio Macri hacía gala de su neoliberalismo explícito en el Foro de Inversiones organizado en el CCK, donde reunió a más de 2000 empresarios, la noticia de un nuevo derrame en el valle de Lixiviación de la mina Veladero, en la provincia, de San Juan los traía nuevamente a la cruda realidad. Un día antes, los jachalleros estuvieron en la plaza principal recordando un año sin justicia efectiva del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada de la mina explotada por la Barrick Gold.

El martes 13 la plaza San Martín había asistido a una nueva jornada de lucha contra la megaminera a cielo abierto. “Hoy seguimos de pie, después de un año, marchando por las calles de argentina bajo el grito de JÁCHAL NO SE TOCA” era el grito de resistencia del pueblo sanjuanino que se juntaba nuevamente bajo la consigna “echemos a Barrick”.

Un día después, un nuevo comunicado de La asamblea Jáchal No Se Toca resonaba por las redes sociales alertando sobre un nuevo derrame. “La asamblea Jáchal No Se Toca y el pueblo jachallero en general exige al Ministro de Minería de la Provincia: Alberto Hensel, al Ministro de Medioambiente de la Nación Sergio Bergman y a las autoridades de Policía Minera de San Juan que en el plazo de 24 horas den las explicaciones pertinentes sobre un nuevo derrame que habría ocurrido en la mina Veladero entre el miércoles y jueves de la semana pasada”.

El pueblo de Jáchal se juntaba nuevamente en la plaza del pueblo para exigir una respuesta inmediata al rumor que ya se tornaba una triste realidad. El gobernador peronista, Sergio Uñac, sabía que no tenía tiempo para dilatar una respuesta. La experiencia del derrame del año pasado, donde oficiaba como vicegobernador del ahora presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, no podía repetirse. Rápidamente el ejecutivo sanjuanino anunciaba una conferencia de prensa del Gobernador para las 12 de la noche.

La postura oficial y la reacción popular

El gobernador Uñac confirmó el derrame de solución cianurada y anunció el cese de las tareas hasta tanto se determine que no existen riegos. Ante la comunicación de la empresa Barrick Gold de lo que el Gobernador llamó un “incidente”, advirtió que si bien debe ser determinado por la autoridad minera decidió “detener totalmente la actividad en la Mina Veladero hasta tanto se determine que no existe riesgo alguno”. A su vez, exigió a la empresa canadiense “la intangibilidad laboral y salarial de sus trabajadores aun en el periodo determinado por la detención”.

Por parte de la Barrick Gold, en un comunicado expresó: “El día 8 de septiembre una tubería por donde circula la solución del proceso en el área de las pilas de lixiviación resultó dañada por la caída de un gran bloque de hielo. Como resultado, una limitada cantidad de solución circulante salió del valle de lixiviación”. La empresa canadiense expresa que la solución cianurada no alcanzó ningún río. La historia de hace una año atrás obliga al pueblo jachallero a no confiar.

Luego de la noticia, la asamblea Jáchal no se toca y vecinos autoconvocados realizaron un corte de ruta. En la noche del jueves, se realizó una masiva concentración en la plaza 25 de mayo de la ciudad de San juan, “exigiendo el cierre total de Veladero, remediación y prohibición de la megaminería contaminante”.

La caravana “de los Andes al mar”

En el mes de julio pasado se cumplieron diez meses de uno de los desastres ambientales más importantes de la historia reciente argentina. La Asamblea aprovechó la fecha para organizar una caravana que los llevó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza y al mismo obelisco en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

A los pies del obelisco, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal no se toca, expresó a Marcha que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

Bergman en Jáchal

Más atrás en el tiempo, corría el mes de marzo y el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, decidía presentarse en la plaza San Martín de San José de Jáchal. El pueblo sanjuanino reunido en asamblea interpelaba al funcionario macrista acerca del derrame de agua con solución cianurada en la cuenca minera del río Jáchal.

Domingo Jofré, referente de la Asamblea, relataba a Marcha su pensar acerca de la visita del ministro de Medio Ambiente: “Fue muy claro al expresar que no estaba en sus manos cerrar Veladero en forma inmediata, ni estaba en sus manos parar otros proyectos de megaminería”. 

La Asamblea de Jáchal destacaba que el Ministro se hubiera pronunciado a favor de la plena aplicación de la Ley de Glaciares. De aquella visita solo quedarían algunas fotos y las palabras de ocasión para calmar la bronca de los jachalleros.

La resistencia al saqueo de los recursos naturales se une a otras resistencias como son la extranjerización de la tierra, o el Acuerdo de Asociación Trans-pacifico (TPP). Se ve un reverdecer de la década del 90, y la fotografía del mini davos en el CCK es una muestra de ello. En todas estas luchas, tal vez este naciendo un nuevo “NO al ALCA”.

Source

El miércoles pasado se cumplieron diez meses del derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero en la provincia de San Juan, explotada por la corporación canadiense Barrick Gold. La “Asamblea Jáchal No se toca” se hizo presente en el mismo obelisco para reclamar la plena aplicación de la Ley de Protección de Glaciares.

La caravana “de los Andes al mar” inició su marcha con 18 integrantes de la Asamblea de Jáchal en un recorrido que tuvo su primera posta el lunes pasado en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) en la ciudad de Mendoza. El IANIGLIA es el responsable de realizar el inventario de los glaciares. En 2010 el Instituto definió que los glaciares deberían tener al menos una hectárea para ser tomados como tales y, a su vez, decidió relevar sólo los ambientes periglaciares, allanando así el camino a las corporaciones mineras.

El miércoles pasado, en lo que fue su segunda posta, la “Asamblea Jáchal no se toca” realizó una conferencia de prensa en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en la que denunció la plena aplicación de la Ley de Glaciares sin modificaciones inconstitucionales. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea, expresó que “el IANIGLIA tiene que hacer el inventario de glaciares porque ese inventario nosotros lo necesitamos de forma urgente, pero legal. Es decir, que se respete la ley. No puede ser que haya un protocolo en donde la extensión mínima para hacer inventariado de un glaciar tiene que ser de una hectárea de extensión siendo que la misma ley dice que un glaciar es cualquier puerto de hielo que tenga cualquier forma y cualquier dimensión”.

El referente de la asamblea de Jáchal aclaró que el ejemplo concreto que se les dio a las autoridades del IANIGLIA es la del glaciar Toro 1, que tiene menos de una hectárea y que según el “manual o protocolo” no tendría que ser inventariado. “Nosotros exigimos a través de una nota que presentamos en el IANIGLIA, y que luego se presentó ayer en el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se cumpla con la ley debidamente y no que se nos engañe y se nos trampee en función de una reglamentación que es de menor categoría que la ley”, explicó Saúl Zeballos en conferencia de prensa.

Faustino Esquivel, otro de los integrantes de la “Asamblea Jáchal no se toca”, habló con Marcha y contó su parecer acerca de la lucha que vienen llevando a cabo. En ese sentido, xpresó que ni el gobierno provincial ni el nacional ha dado ningún tipo de respuestas, por lo que “nuevamente venimos a peticionar para que por lo menos saquen la ley de glaciares, que es lo que prácticamente nos daría la razón de que la Barrick Gold estaría trabajando sobre los glaciares”.

Por otra parte, el costado judicial del conflicto tuvo un freno difícil de digerir para los asambleístas de Jáchal. Robert Moran, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas, y Perito de parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, había logrado demostrar que el glaciar Almirante Brown está seccionado y cortado a la mitad por el camino minero. Además, corroboró que el Valle de Lixiviación, donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro, está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente peri glacial. El curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Y a su vez, el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares.

La justicia decidió frenar la causa que venía avanzando prolijamente a lugares que no le convenían al gobierno ni mucho menos a sus socios canadienses. No podían mostrar otro triunfo de la lucha popular después del amparo contra la mina Agua Rica en Andalgalá. “La Corte Suprema, una vez más jugando a favor de las corporaciones, le saca la causa de forma arbitraria al Juez Casanello y la manda a la complaciente justicia de San Juan, donde apenas llegó la causa, se fue a dormir a un cajón del Juzgado de Jáchal”, explicó a Marcha el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Voces de apoyo

Distintas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas barriales y partidos políticos se acercaron al obelisco a solidarizarse con la lucha del pueblo jachallero. Las acciones realizadas en la gran capital se completaron con una jornada de concientización en la sede de la CTA autónoma, donde los referentes de la “Asamblea Jáchal no se toca” charlaron con organizaciones sociales de la multisectorial antiextractivista. La caravana “de los andes al mar” finalizó el día jueves acompañando la ronda de las madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Silvina Reguera llevó el apoyo de las y los miembros de la Asamblea de Andalgalá, quienes en el mes de marzo pasado consiguieron que la Corte Suprema emitiera un fallo a favor de los reclamos del pueblo de Andalgalá contra la provincia de Catamarca, la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc. y el municipio de Andalgalá.

Desde la asamblea El Algarrobo y de todas las asambleas cordilleranas expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo de Jáchal. La presencia de la asamblea de Andalgalá tiene diferentes motivos. Por un lado, el derrame de millones de litros de cianuro. Pero por otra parte, Reguera expresó a Marcha su preocupación respecto de que los habitantes de Jáchal no pueden tomar agua de la canilla y se ven obligados a comprar agua envasada. Así también, la resolución de este conflicto se hace más urgente tomando en cuenta que hay varios emprendimientos que están empezando. Según la referente catamarqueña, en la cordillera de San Juan hay más de 800 proyectos de megaminería.

Ya pasaron seis meses de la audiencia que tuvieron la “Asamblea Jáchal no se toca” con el ministro de Ambiente Sergio Bergman. Reguera, quien fue partícipe de aquella reunión, concluyó que “el ministro macrista se va en palabras, habla mucho, dice poco y hace nada”. “Ya pasaron seis meses. Les cobraron una multa [a Barrick Gold] que no va al pueblo. El dinero iba a ir un poco para sanear el río y otro poco para dar el agua a la población y no pasó eso. El agua que llegó a Jáchal fue producto de la colecta que se realizó a nivel nacional. Están en un peligro permanente y por eso están acá” agregó Reguera.

Orestes “Beto” Galeano, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA autónoma, se refirió acerca de la falsa dicotomía en la que se entrelazaron los partidos del poder, macrismo y kirchnerismo, cuando reducen la megaminería a una disputa por las retenciones: “Hay un reduccionismo a la cuestión económica. Si se llevan más o se llevan menos. La consigna “el agua vale más que el oro” está absolutamente clara. Y también nos tiene que servir a los que vivimos en las pampas donde ya, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ya no tenemos agua potable. Cavás y hace décadas que el agua está contaminada. Hay que sacar del río o del acuífero puelches. El acuífero guaraní quizás sea el próximo coto de caza de los imperios. No es solo la megaminería. La megaminería es hoy, el fracking es hoy, pero evidentemente el saqueo de todos los recursos naturales está en marcha desde hace tiempo, y los gobiernos desde el arribo de la democracia, no han hecho más que animarlo y ser cómplices de ello”, explicó Orestes Galeano a Marcha.

Diez meses después del derrame de cianuro en los ríos de la cordillera sanjuanina. Seis meses después del arribo de un nuevo gobierno que nada hizo por pensar y ejecutar nuevas políticas distintas al extractivismo imperante en San Juan y en todo el país. Con un ministro de ambiente que no dudó en aprovechar cada oportunidad que tuvo para aclarar su más absoluta ignorancia en la cuestión referente a los peligros que conlleva la explotación megaminera a cielo abierto. No hay dudas de que la “Asamblea Jáchal no se toca” tiene claro cuál es el camino: la lucha popular de los pueblos afectados y la concientización y solidaridad de los que miramos desde lejos.

Source

Cumpliendo con la orden del Juez Penal de Esquel Ricardo Rolón y del Fiscal General Oscar Oro, la guardia de infantería de la policía de Chubut y de la Unidad de Abigeato reprimió el martes pasado a la comunidad del Lof Mapuche en resistencia del Departamento de Cushamen, territorio ubicado en Vuelta del Río, entre las ciudades de Esquel y El Maitén de la provincia de Chubut. Las tierras mencionadas fueron recuperadas de las garras del magnate Luciano Benetton.

La represión se inició al amanecer, cuando la claridad empezaba a mostrarse en la estepa patagónica. No hubo distinción alguna, disparaban tanto a hombres, mujeres y niños. La excusa para ejecutar los disparos fue un supuesto robo de ganado en terreno de la familia Benetton. Las fuerzas de seguridad provinciales emprendieron con balas de goma y gases lacrimógenos contra las familias mapuches: hubo varios heridos producto del alcance de los proyectiles en las piernas, el pecho y los brazos de los presentes. Integrantes de la comunidad llegaron a encontrar 242 cartuchos de color verde calibre 12/70 con la inscripción anti-tumulto.

Julio Saquero Lois, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H. – Chubut), relató lo sucedido en la madrugada del 29 de junio, “Grande fue la sorpresa y el miedo de los pequeños al despertar con la gritería policial y grande fue la reacción de la comunidad que eludiendo balas de plomo, perdigones de goma y gases lacrimógenos, logró con sus armas ancestrales, hondas y piedras, resistir y luego perseguir entre matas y lomadas a los oscuros hasta hacerlos abandonar el predio”. La feroz represión continuó durante dos horas.

Bruno Deias, Defensor Público de la Oficina de Defensa Penal de Esquel, expresó que no hubo ningún tipo de garantías para tratar de evitar estos episodios de violencia policial. En declaraciones al portal Noticias Esquel, el fiscal Deias afirmó que “cuando los animales se pasan de un campo a otro, haya conflicto o no, no se hace una denuncia penal ni se motiva un allanamiento con semejante despliegue de armamento y de personal inevitablemente termina en este tipo de situaciones”. El fiscal expresó que el verdadero motivo que se persigue es poner a los integrantes de la Lof en Resistencia del departamento Cushamen en calidad de ofensores.

A su vez, desde la Unión de Asambleas Patagónicas repudiaron el accionar de las fuerzas represivas en un comunicado difundido como conclusión del 14º Encuentro de la UAC realizado en San Carlos de Bariloche los días 18 y 19 de junio. En el documento expresaron la solidaridad con las “Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen (Chubut, Puel Huili Mapu), por la represión sufrida por su población”.

Mientras la comunidad mapuche aún reclama por la recuperación de tierras ancestrales, el poder político sigue defendiendo al magnate italiano. Horas después de la represión en Vuelta del Río, el intendente de El Maitén, Oscar Currilén reveló que pagó el aguinaldo de los trabajadores municipales en tiempo y forma gracias a que el grupo Benetton hizo un pago anticipado de impuestos municipales.

Recuperación del territorio de Vuelta del Río

El 13 de marzo del 2015, en un comunicado emitido por el Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Autónomo del Puel Mapu (M.A.P.) anunciaron que iniciaban una recuperación del territorio ancestral mapuche en la región de Vuelta del Río. En una conferencia de prensa brindada para un grupo de medios comunitarios y alternativos que se hicieron presentes en el lugar, los referentes de la resistencia denunciaron que estaban obligados a presentarse con las caras cubiertas producto de la persecución política y hostigamiento que sufrían por parte de la policía.

Un grupo de hombres, mujeres y niños de distintas comunidades mapuches de la zona decidieron saltar el alambre para iniciar la recuperación de las tierras que hasta ese entonces eran usurpadas por el magnate italiano Luciano Benetton. En el momento que la comunidad se asentaba en el predio de la vuelta de Río, un grupo de personas vestidas de civil atacaron a balazos al pueblo mapuche. En aquellos días, se reclamaba por la presencia del poder político y judicial para poder resolver ese conflicto de tierras.

En el comunicado difundido el año pasado se describió con certeza el despojo al que se sentían expuestos. “Ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, la desertificación prolongada en las últimas décadas, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada “conquista del desierto”, hasta la actualidad, por parte del estado, los grandes terratenientes, sumado a esto, la inmensa cantidad de Peñi-Lamuen, Reiñma (familias) sin tierra donde `poder siquiera subsistir´ dignamente y desarrollarnos como nuestro Az Mapu nos demanda” denunciaba el Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen.

Un mes antes, otra vez represión en la Vuelta del Río

El 27 de mayo pasado la policía de la provincia de Chubut junto a la gendarmería y el grupo GEOP desalojaron los territorios ancestrales que el Lof en Resistencia del departamento de Cushamen se propusieron recuperar. Según lo informado por la Red de Apoyo a las Lof en Resistencia del departamento de Cushamen hubo siete detenidos. Entre ellos, Facundo Jones Huala, sobre quien pesaba una orden de captura internacional. El vocero de la Red de Apoyo denunció en declaraciones a Radio Kalewche de Esquel que “No hay nada. Nunca apareció una orden. Era una orden verbal”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias La Vaca, Martiniano Jones Huala, vocero de la Red de Apoyo describió el momento: “Era impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno”.

Esta cronología de sucesos represivos desembocó en la amenaza por parte del Defensor Oficial de Esquel, Fernando Radziwilowski, de realizar una presentación ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) como última instancia para frenar la escalada de violencia financiada por la familia Benetton y ejecutada por las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut.

A modo de conclusión, es necesario agregar que la visibilización urgente de la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus tierras ancestrales no solo tiene una connotación desde el punto de vista material sino también para romper el cerco mediático que los condena al estigma de la violencia que solo es practicado por quienes acusan con el dedo.

Source

La entrada de las Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacifico abre las puertas al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) y a una nueva etapa de relaciones carnales con los Estados Unidos.

A finales del año 1972 el por entonces presidente chileno, Salvador Allende, denunciaba en las Naciones Unidas la falta de control de los estados sobre las empresas multinacionales. Decía que “Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden y no están fiscalizadas por ningún parlamento, y por ninguna organización representativa del interés colectivo”.

Aun faltaban un par de años para que el gurú ultraliberal Milton Friedman, asesorara a la dictadura de Augusto Pinochet. Todavía debían pasar más de quince años para que el paquete de reformas neoliberales del  “Consenso de Washington”,  impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, cayeran como una guillotina sobre el pueblo latinoamericano. Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú, hijos predilectos de la Escuela de Chicago, tuvieron la triste tarea de empujar la pobreza a índices escalofriantes.

Después llegó el 2001, el “que se vayan todos” y el rechazo a la clase política en general, salvo honrosas excepciones. Pero casi con exclusividad podemos afirmar que la resistencia popular que se llevó puesto cinco presidentes en menos de una semana, estuvo dirigida hacia forasteros personajes como Anoop Singh y Anne Kruger, principales exponentes de las políticas económicas aplicadas en este lado del mundo. Con posterioridad a las puebladas del 19 y 20 de diciembre, se inició una etapa de gobiernos progresistas en Latinoamérica. El rechazo al Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU. (ALCA) en la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en la Ciudad de Mar del Plata, dieron el puntapié inicial hacia una política exterior redireccionada a acuerdos comerciales y políticos que fortalecieron  el MERCOSUR y dieron nacimiento al UNASUR.

La restauración conservadora que encabeza Mauricio Macri y su canciller Susana Malcorra, pretende exportar su concepción del mundo o, en su defecto, la de los países centrales, al resto de América Latina. Una muestra clara de ello es el rápido apoyo al golpe blando producido contra la ex presidenta del Brasil, Dilma Rouseff, o el intento de presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro exigiendo que se realice antes de fin de año el referéndum revocatorio del mandato presidencial.

La decisión tomada por el gobierno argentino de ingresar como miembro observador de la Alianza del Pacifico (acuerdo comercial integrado por los países de Colombia, Perú, Chile y México), vuelve a poner en debate los acuerdos de libre comercio con las potencias centrales. Recordemos que  la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 como un mecanismo de integración económica abierto al libre comercio.

La puerta abierta al Acuerdo Trans-Pacífico (TPP)

El ingreso a la Alianza del Pacifico es visto como un viaje sin escalas hacia el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. La apertura económica, como nunca antes, se avisora en el futuro próximo. Depende del surgimiento de una resistencia similar a la que se dio hace diez años que este pacto no pase. El Acuerdo Transpacífico no es otra cosa que un acuerdo de Libre Comercio que asegura a los Estados Unidos la influencia imperial que mantuvo hasta que aparecieron con fuerza los países emergentes. No es casual que estén excluidos de este pacto económico China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

En un comunicado de prensa difundido recientemente por la Asociación por una Tasa a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos (ATTAC) se rechaza la adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico porque entienden que queda allanado el camino para suscribir el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este Tratado Transpacífico, además de las regulaciones comerciales a favor de los EE.UU., abre la posibilidad de que inversores extranjeros demanden al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. En el comunicado difundido por la ATTAC expresan que el TTP incluye “obligaciones en materia de coherencia regulatoria que obliga a los Estados firmantes a coordinar cotidianamente sus legislaciones, por lo cual hay una imposición de las regulaciones de otros países, que suelen ser a la baja.”

El TPP es solo una parte de una estrategia mucho más global y ambiciosa que incluye la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con los países de la Unión Europea, y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA por sus siglas en inglés). Este Acuerdo comercial busca regular un gran número de áreas que abarcan desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. El TPP es integrado por Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Estas economías agrupan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y reúnen un mercado de 800 millones de personas.

El 5 de octubre del año pasado se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Al finalizar la firma, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, expresó que se acaba de cerrar la eliminación de más de 18.000 impuestos nivelando el campo de juego a favor de los granjeros norteamericanos. A su vez, el mandatario norteamericano afirmó que “Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global”.

Las semillas y las patentes

En el caso de las semillas, se volvería a la carga con la vieja Ley Monsanto que intentó aprobar el kirchnerismo el año pasado. En el capítulo sobre Propiedad Intelectual, el acuerdo obliga a los países a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla. El Colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionaban acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.

En este cortometraje, Carlos Vicente relataba que la norma UPOV91 “Limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la Argentina sea privatizada”. Esta norma va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores. “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmaba Carlos Vicente en referencia al proyecto de Ley de Semillas. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961.

A modo de Conclusión, Vandana Shiva, referente mundial en la lucha contra Monsanto, afirmó que en Estados Unidos muchas iniciativas independientes de conservación de semillas están siendo llamadas “actos de terrorismo agrario”, en declaraciones al diario La Jornada de México. La doctora Shiva, una de las precursoras en la lucha contra los agrotóxicos, afirmó que también hay leyes como la de California o Pensilvania donde está prohibida la conservación de semillas propias.

A partir de la decisión de Mauricio Macri de empujarnos a la Alianza del Pacifico como miembro informante, la resistencia al acuerdo de TPP se torna más visible pero sobre todo más urgente.

Source

El ministro Sergio Bergman viajo a Jáchal para escuchar las exigencias de un pueblo que resiste la mega minería a cielo abierto. La Asamblea reclamó la plena vigencia de la Ley de Glaciares. La UBA realizará un peritaje que dé cuenta de la salud de las y los vecinos luego de seis meses del derrame de cianuro en la Mina Veladero. En materia judicial, nueve empleados de la Mina Veladero procesados y una multa de 145 millones de pesos.

El domingo pasado se presentó el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la plaza San Martín de San José de Jáchal. Reunidos en una asamblea ampliada, el pueblo sanjuanino expuso sus demandas acerca del derrame de agua con solución cianurada en la cuenca minera del río Jáchal que se produjo el 12 de septiembre pasado.

Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, la visita del ministro fue tomada como un gran gesto ya que cumplió con la promesa de visitar al pueblo sanjuanino, tal como se había comprometido cuando integrantes de la asamblea se entrevistaron con él en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de esta buena impresión, el discurso del Funcionario nacional no colmó las expectativas.

Domingo Jofré, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en declaraciones a Marcha, relató la impresión que dejó el ministro de Medio Ambiente: “Fue muy claro al expresar que no estaba en sus manos cerrar Veladero en forma inmediata, ni estaba en sus manos parar otros proyectos de megaminería”. A su vez, el asambleísta de Jáchal expresó que ya están trabajando en un proyecto de consulta popular para que el pueblo se expida, dé su opinión, y su resolución se respete, como ha ocurrido en otras partes del país.

Diego Seguí, abogado querellante contra la Barrick Gold, difundió en las redes sociales que se le ha demostrado al ministro Bergman que el valle de lixiviación de la Mina Veladero se encuentra sobre ambiente periglacial, y el rajo de Pascua Lama está sobre el glaciar binacional Toro 1, según lo demuestra la información científica aportada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), utilizado para los informes de impacto ambiental.

El abogado Seguí ratificó que contiene el rigor jurídico necesario y correspondiente ya que son instrumentos públicos que según el Código Civil y Comercial “hacen plena fe de existencia material de los hechos que se informan” y, a su vez, en materia ambiental “tienen la fuerza probatoria de los dictámenes”. La información aportada por el IANIGLIA proviene de información propia de la empresa concesionaria por lo que son hechos plenamente admitidos. En este punto, el abogado sanjuanino sintetiza su fundamentación con el viejo adagio popular “A confesión de parte relevo de prueba”. Esta serie de puntos aclaratorios sirvieron para exigir que se cumpla con la obligación de inventariar los glaciares de forma inmediata.

El ministro Berman reconoció que La Ley de Glaciares no estaba siendo cumplida por parte de la Barrick Gold y se comprometió a hacerla cumplir. También confirmó que el gobierno nacional solicitó que el Juez Casanello ejecutara el seguro ambiental, e informó al pueblo, reunido en asamblea, acerca del envío de dinero para remediación de las comunidades de Jáchal e Iglesia.

Desde la Asamblea de Jáchal destacaron que el Ministro se haya pronunciado a favor de la plena aplicación de la Ley de Glaciares. También recordaron que el funcionario nacional expresó que si la Ley de Glaciares no se respeta, no puede haber minería. Sobre el tema, Domingo Jofré argumentó: “Nosotros sabemos que la Ley de Glaciares no se está respetando porque claramente esta empresa está trabajando en un ambiente periglacial”.

En declaraciones a medios locales de la capital sanjuanina, el ministro Bergman ratificó la ejecución del seguro ambiental: “Nosotros somos la autoridad de aplicación de los seguros ambientales y va a ser la primera vez que se va a aplicar, vamos a hacer valer esa póliza y en este caso va haber una cuenta de garantía que será depositada en el juzgado, en este caso el de Sebastián Casanello que es el juez federal que interviene en esta acción”.

 La UBA realizará un peritaje por el derrame de Cianuro

El Juez actuante en la causa por el derrame de cianuro de la Mina Veladero, Sebastián Casanello, determinó que un equipo de especialistas de la UBA realice un peritaje para determinar si se produjeron afecciones de salud en la población de los departamentos de Jáchal e Iglesia.

Esta sentencia surge luego de que integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca viajaran a la ciudad de Buenos Aires donde lograron entrevistarse con el Juez Federal. La pericia ordenada a la Facultad de Medicina de la UBA se focalizará en relevar las potenciales enfermedades producto del derrame de agua cianurada en la cuenca del río Jáchal. La metodología a utilizar en los peritajes encargados tiene que ver con la extracción de muestras de sangre y orina.

El 11 de marzo pasado el juez de San Juan Pablo Oritja, afirmaba que el derrame de cianuro de un ducto de la mina Veladero, había contaminado los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca en el departamento Iglesia, pero no habría alcanzado a afectar al río Jáchal, ubicado kilómetros abajo del yacimiento minero. Esta definición del juez sanjuanino contradice la reciente determinación del Juez Federal, Sebastián Casanello.

El juez Oritja también se manifestó en disidencia con los peritajes realizados por la Policía Federal donde encontraron la presencia de metales pesados en cinco ríos: Jáchal, Potrerillos, Blanco, Palca y Las Taguas. “No se demuestra que hayan cambiado por efecto del derrame y los valores encontrados son similares a la línea de base trazada desde 1940 a la fecha” ratificó el Juez de San Juan.

Multa a la Barrick Gold y nueve empleados procesados

El 11 de marzo se conocía que el gobierno de San Juan había aplicado una multa de 145 milllones de pesos a la minera Barrick Gold como consecuencia del proceso administrativo que se inició después del derrame de agua cianurada en la Mina Veladero. Por su parte, desde la corporación canadiense intentaron restarle importancia a lo sucedido. “Todas las mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente” expresaron ejecutivos de la empresa canadiense.

A su vez, se conoció que el juez provincial, Pablo Oritja, procesó por negligencia a nueve ejecutivos de la Barrick por el derrame de cianuro. Se trata del jefe de Procesos, Leandro Poblete; el subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; el supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; el supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; el supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortés; el gerente de Procesos, Walter Pizarro, y el gerente general, Antonio Adames, que fue removido de su cargo por el incidente.

El Juez Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame de cianuro producida por la rotura de una válvula de la tubería, y determinó un embargo de 100.000 pesos a cada uno de los procesados.

Al respecto, Jofré expresó a este portal su disidencia y la de la Asamblea de Jáchal No Se Toca a la determinación del Juez sanjuanino: “Ningún Ceo ni la empresa fueron procesados. En particular, los trabajadores fueron los procesados, la empresa, no. ¡Ni siquiera los funcionarios encargados del control!”.

Jachál sabe que sólo el pueblo tiene el poder de parar la Megaminería a cielo abierto en esta región. Los jachalleros saben que tienen el poder –tan incómodo para los poderes de turno– de recuperar la Ley de Glaciares como instrumento de lucha. La consulta popular en San José de Jáchal es una causa que trasciende la provincia de San Juan, incluso la cordillera argentina. Citando a Miguel Bonasso, “la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del ambiente es la versión actual de la vieja lucha contra el imperialismo, la vieja lucha de los trabajadores por una sociedad sin explotadores y explotados”.

Source

Las asambleas ciudadanas socio ambientales que luchan contra la megaminería a cielo abierto expresaron su repudio absoluto al Pacto Federal Minero impulsado por el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello.

En el comunicado “Pronunciamiento de los Pueblos Cordilleranos y Patagónicos afectados por el Extractivismo en Repudio al Pacto Federal Minero” expresaron su absoluto repudio a una nueva reorganización del “Estado minero” que se va perfilando con la noticia del lanzamiento de un nuevo Pacto Federal Minero. Este pronunciamiento que difundió La Asamblea El Algarrobo, también tiene el apoyo de más de treinta firmas que van desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, la Asamblea Jáchal No se toca de San Juan y la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, hasta Miguel Teubal y el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto.

Las declaraciones realizadas por el Subsecretario Mario Capello a comienzo de este año encendieron las voces de alarma en las asambleas socio-ambientales. La Asamblea El Algarrobo se pronunció remarcando que los funcionarios de turno demuestran una vez más que las políticas mineras están hechas “a favor de las trasnacionales, en detrimento de los pueblos y los territorios”. La quita de las retenciones a la minería anunciada semanas atrás acompaña el sentir de la asamblea catamarqueña.

Cada nuevo avance del lobby minero, esta vez encarnado en la personalidad de Mario Capello, recibe su correspondiente rechazo por parte de las asambleas que luchan para resistir la megaminería a cielo abierto. Un ejemplo de ello son las declaraciones realizadas por el funcionario macrista cuando afirmó que su “principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras”. Para la Asamblea El Algarrobo ya es motivo de repudio que los llamen “provincias mineras” ya que la diversidad y riqueza de su producción excede la categoría que quieren imponer los empresarios, lobbistas y políticos “mineros”.

Los pueblos que luchan a diario contra la megaminería saben que tienen en la puerta de la casa el peligro de la contaminación y el riesgo de enfermedades producto de los tóxicos utilizados. Pero cuando se acerca el final de una explotación, la incertidumbre se intensifica. Las Asambleas ciudadanas expresaron que en Andalgalá no tienen “idea de qué pasará con el dique de cola tras el cierre de operaciones, no hay ninguna presentación en los organismos correspondientes del informe de impacto ambiental. No se hacen cargo de los diversos informes que indican contaminación ambiental producida entre otros varios factores por la rotura del mineraloducto y fisuras en el dique de colas, violando efectivamente tanto la Ley de Ambiente como el Código Minero”. La Mina La Alumbrera finaliza sus actividades el año que viene y corresponde resaltar que es explotada por una UTE suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciada por el delito de contaminación ambiental.

En referencia a la preocupación latente de qué pasará cuando finalice la explotación, Silvina Reguera, integrante de la asamblea El Algarrobo charló con Marcha y expresó que “es un tema de mucha preocupación. Porque también es sabido que en todas partes que las grandes empresas mineras abandonaron los diques de cola, están fisurados. Y eso a su vez, trae aparejados montón de problemas de contaminación”. Silvina Reguera, junto a otros integrantes de la asamblea de Andalgalá están acampando en la Plaza Lavalle reclamando que la Corte falle a su favor en un amparo que haga frenar el emprendimiento Agua Rica. Este proyecto, que se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, está pensado que sea tres veces más grande que la Mina La Alumbrera y se emplaza donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño.

La asociación casi natural que se va instalando de que la megaminería a cielo abierto nos lleva indefectiblemente a la contaminación, la enfermedad y la muerte, no es casual. En pocos meses, los casos del derrame de cianuro en Jáchal y el desastre ambiental y las muertes producidas por la rotura del dique minero en el Departamento de Minas Gerais en Brasil el año pasado, sirvieron de fundamento a lo que siempre fue una convicción en los luchadores ambientalistas y que ahora se transformó en una violenta realidad.

Los gobernantes de los sucesivos gobiernos, desde la década del 90 a esta parte, se vieron en la necesidad de ahondar en sus mentiras para encontrarle algún beneficio a su rentable asociación con las empresas mineras trasnacionales. Al respecto, Mario Capello es el encargado de esta función en el gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que cuando sólo cumplía funciones como Secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, afirmaba que la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca, luego de 14 años en operación, “puede constatarse el aumento de las hectáreas cultivadas en Andalgalá, Santa María o Belén”. Tres años después, el derrame de cianuro en Jáchal, la filtración del mineraloducto en la Alumbrera y el genocidio ambiental de la minera Samarco en Brasil modificaron el pensar de mucha gente, pero no es el caso del ahora Subsecretario Nacional de Minería.

Tres años después, Mario Capello, en su afán por obtener un buen recibimiento de la prensa nacional sobre el anuncio de un Nuevo Acuerdo Minero, ratificó “Que le sirve al agro, a la forestación, a todo el desarrollo sustentable y al desarrollo social”. Al respecto, el pronunciamiento difundido por las asambleas socio-ambientales expresó que ese cuento ya lo vienen escuchando hace veinte años y que no sólo han comprobado que las economías regionales han desaparecido sino también que “todos estos tipos de planes responden a los intereses de las transnacionales”. Silvina Reguera expresó a Marcha que ese tipo de frases impactan en la gente que no conoce del tema pero no tiene ningún significado real. Sólo ellos creen que la megaminería va a pasar a ser sustentable porque lo mencionen. “Sustentable es un trabajo que se autogenera, que no tiene fin. Se vuelve a generar con los mismos recursos que te da la tierra. La Megaminería jamás va a ser sustentable” sentenció Reguera.

La asamblea El Algarrobo de Andalgalá acampa frente a la Corte Suprema reclamando que se resuelva el amparo que frene la Mina de Agua Rica y los demás emprendimientos que se aprestan a atacar la cordillera argentina y el agua de nuestro territorio. A su vez, en una causa que lleva catorce años citaron a declarar a directivos de Minera la Alumbrera por el delito de contaminación ambiental. Mientras tanto, el gobierno de Macri haciendo oídos sordos como lo hiciera antes Cristina Kirchner, impulsa con vehemencia un nuevo Pacto Federal Minero. No hubo Licencia Social la década pasada. Tampoco la hay en la actualidad. Los pueblos siguen resistiendo.

Source

El presidente Mauricio Macri junto a los gobernadores mineros viajó a la localidad sanjuanina de Barreal para anunciar la quita total de las retenciones a la minería.

Las asambleas que ya se encontraban en alerta cuando días atrás funcionarios del ministerio de minería anunciaban la necesidad de un nuevo código federal minero que impulse nuevamente la actividad. Andalgalá sigue acampando frente a la Corte Suprema de Justicia y Jáchal sigue esperando respuestas ante el derrame de cianuro en la mina Veladero.

El decreto 349/2016 fue publicado en el boletín oficial el 15 de febrero pasado. En uno de sus primeros párrafos inventa una rara interpretación en su fundamentación. Según el diagnóstico macrista, las retenciones afectaron seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Claramente esta idea se basa en la necesidad de alivianar las críticas que se aprestaban a recibir. En un momento donde las economías regionales claman a gritos soluciones inmediatas para el sector. En la misma semana donde se conoció que en el alto valle de Río Negro tuvieron que tirar miles de kilos de peras, un buen justificativo es relacionar la quita de las retenciones con los pequeños productores. Ni siquiera las declamaciones de ciertos sectores aliados del radicalismo y el massismo lograron frenar las nuevas definiciones políticas en materia de minería.

La medida es una extraordinaria transferencia de ingresos a las empresas trasnacionales ya que reducirán un 8% los costos y a su vez el Estado Nacional dejará de recaudar U$S 223 millones por la eliminación de las retenciones. Independientemente de la recaudación que deja de percibir el estado argentino, más importante aún es la pérdida de soberanía a la que nos somete el gobierno de Mauricio Macri.

Frente a este diagnóstico las asambleas ciudadanas se aprestan a resistir un nuevo avance extractivista. Saben que la lucha se va a intensificar. Lo sabían desde antes de que asuma el nuevo gobierno y reafirmaron sus convicciones cuando el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, planteó que su “principal preocupación es hacer que vengan inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras”.

Agua Rica no pasará

Los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de la localidad de Andalgalá, están acampando frente a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Sergio Martinez y otro grupo de representantes de la asamblea catamarqueña reclaman en Plaza Lavalle que los jueces de la Corte resuelvan el amparo que prohíba la explotación del emprendimiento Agua Rica. Este acampe coincide con el aniversario de la represión que sufrieron en Andalgalá en el año 2010 cuando se manifestaban en contra del mismo proyecto. Desde la Asamblea El Algarrobo expresaron a Marcha su preocupación por que las políticas macristas en materia de minería profundizan lo que hizo Menem y el kirchnerismo, de manera absolutamente inconsulta.

Sergio Martínez, expresó que “esta situación nos hace ver que vamos a tener que seguir en las calles. Mas unidos para defender a nuestro territorio y a nuestros bienes comunes. Es gravísimo lo que está haciendo este gobierno, en regalar nuestros bienes más preciados como son el agua, el aire y nuestro territorio”. Las asambleas ciudadanas lo tienen bien en claro. Las retenciones es solo un disparador en la discusión, la gota que rebalsó el vaso en esta larga lucha. Lo que están poniendo en cuestión los pueblos afectados por la megaminería es sencillamente que no hay licencia social para que un puñado de políticos entregue las tierras y las montañas, el agua y el aire. La identidad de un pueblo no vale ni siquiera unos cuantos millones. Las montañas se resisten a desaparecer y los pueblos también. Porque en cada cráter gigantesco que nace en nuestra cordillera, un poco de ese pueblo que suele estar montaña abajo, empieza a irse un poco también. Muestra de ello es que hace 15 días que integrantes de la Asamblea El Algarrobo resisten la megaminería en la ciudad de Buenos Aires, donde dicen que a veces atiende Dios. Lo único que podemos afirmar es que sí atiende El Gran Capital.

Jáchal no olvida

Otro de los pueblos paradigmáticos en la lucha contra la megaminería es el pueblo de Jáchal. Este pueblo tiene enfrente a la empresa canadiense Barrick Gold, insignia de la megaminería. Los jachalleros no solo son famosos por resistir a las corporaciones en el patio de su casa. El año pasado la Barrick les dejo el regalo más temido, un derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal. El derrame de agua cianurada se produjo en plena campaña presidencial donde los principales candidatos presidenciales ni siquiera esbozaron un intento de repudio a la actividad minera, y menos el envío de ayuda para la población sanjuanina. Hacerlo implicaba reconocer la lucha de los pueblos por prohibir la megaminería a cielo abierto.

El referente de la Asamblea Jáchal no se toca, Mingo Jofré, dialogó con Marcha acerca de la eliminación de los derechos de exportación a la actividad minera. La posición de la Asamblea que aún se está produciendo no se va a referir solamente al anuncio de Macri en San Juan, sino a la serie de beneficios que desde la implementación del código minero se han venido haciendo hasta esta última medida. “Las concesiones no fueron a la minería sino a la megaminería con lixiviación con uso de cianuro o de algún otro elementos ejecutadas en latinoamérica por las corporaciones mineras que tienen un pasado de contaminación y de saqueo que es reconocido a nivel mundial” expresó Jofré a este portal.

Mingo Jofré identifica con claridad a los principales responsables del saqueo y la contaminación al que nuestros pueblos están siendo sometidos. “En los últimos veinticinco años los funcionarios de gobierno, tanto de San Juan como a nivel nacional, son meros gerentes de las corporaciones” ratificó. La afrenta al pueblo de Jáchal se intensifica y adquiere un tono burlón cuando el presidente Mauricio Macri llegó hasta la provincia para anunciar el fin a las retenciones mineras y decirles que son un ejemplo a seguir en materia de minería. En ningún momento el presidente hizo referencia a que la provincia de San Juan y sus controles fueron los responsables de que “la empresa derramara más de un millón de litros de agua cianurada por lo menos en las nacientes del Río Jáchal”.

En el discurso de Macri ni en ninguna parte del decreto figura como está el pueblo jachallero, que les pasó o que necesitan. Al igual que el gobierno de los Kirchner, el macrismo cae en la misma tentación: el olvido. Todavía los jachalleros esperan esa visita, esa reunión o esa ayuda.

Source

La asamblea El algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, está realizando el Segundo acampe por la vida en la plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia.

Con la consigna “Andalgalá, un pueblo que no descansa”, el pueblo catamarqueño está reclamando que los jueces de la corte se expidan acerca del amparo ambiental presentado a principios del año 2010 donde solicitan que se cumpla con el derecho a vivir en un ambiente sano, el acceso al agua como un derecho humano fundamental, y que se respete la ley de protección de glaciares.

Rosa Farías, integrante de la asamblea El Algarrobo, en diálogo con Marcha, expresó que “el amparo ambiental que interpusimos tiene el propósito de que el proyecto minero Agua Rica no se lleve a cabo”. Agua Rica se encuentra a diecisiete kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos con los que se alimenta el pueblo catamarqueño. El proyecto minero pretende explotar cobre, oro y molibdeno y sería tres veces más grande que la mina Bajo La Alumbrera, actualmente en ejecución.

Los integrantes de la asamblea El algarrobo tienen en claro que el amparo ha pasado por todos los despachos de los distintos ministros de la corte de la era kirchnerista. En el año 2014 realizaron un primer acampe donde lograron que el amparo pasara de la Procuraduría a la Corte Suprema donde descansa hasta el día de hoy. Rosa Farías contó que “se mantuvieron activos con las gestiones para que el amparo sea una realidad. Durante el año pasado distintos integrantes de la Asamblea vinieron desde Catamarca a establecer diversas reuniones con los secretarios privados de los jueces de la Corte”.

Asimismo se amplió el pedido de amparo a la Corte Suprema de Justicia donde el margen de acción excedería a la provincia de Catamarca y el partido de Andalgalá. “No solo se pretende que se pare Agua Rica. Tampoco queremos que se inicien otros emprendimientos, como sería el de Cerro Atajo y que se respete nuevamente la Ley de Glaciares” expresó Rosa Farías. La integrante de la asamblea amplió su exposición advirtiendo que la Ley de Glaciares ya en su artículo 6º expone que en ambientes glaciares y periglaciares no debiera haber emprendimientos mineros y petroleros. “Los argumentos por los cuales nosotros estamos en la defensa están en la ley, no estamos inventando nada” expresó.

El amparo impulsado por el pueblo de Andalgalá ha sido denominado como de trascendencia institucional, social, económica y política. Por lo tanto, si el fallo saliera favorable, el gobierno nacional se vería obligado a realizar ciertos cambios en la política de trabajo y en la política minera. Con este amparo “Agua Rica se frenaría seguro, pero a su vez sentaría un precedente político legal. Por ejemplo, la Barrick Gold no puede empezar Pascua Lama. Está parado por un amparo ambiental desde el lado chileno” expresó Farías.

Por otro lado, también duermen en la Corte Suprema de Justicia otros recursos de amparo de Andalgalá. Una de las causas es de la familia Cruz, que es la dueña de los terrenos de La Alumbrera. Rosa Farías expresó que La Alumbrera nunca le pago un peso por los terrenos “que ya destrozó y que el año que viene ellos se van a ir”. El segundo recurso presentado por la familia Cruz tiene que ver con el emprendimiento de Bajo El Durazno “donde la Alumbrera también avanzó”, expresó.

Macri amenaza con un nuevo Pacto Federal Minero

El cambio de signo político en el gobierno nacional no significó ningún cambio relevante en el diagnóstico de la Asamblea El Algarrobo. Farías expresó su preocupación y repudio a que el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello, haya manifestado que “tienen que volver a enamorar al pueblo argentino de la minería”. Concretamente la asamblea entiende dichas expresiones como una puñalada. Y a su vez, que el CEO de la Shell, Juan José Aranguren, haya sido elegido como ministro de Energía, son interpretadas como señales muy negativas ya que ellos insisten en reafirmar el Pacto Federal Minero.

Al respecto, después de que se conocieran las declaraciones del Subsecretario Capello se difundió un comunicado denominado como el “Pronunciamiento de los pueblos cordilleranos y patagónicos” en repudio al pacto federal minero. En este comunicado las asambleas ciudadanas denunciaron con total claridad su postura, lo cual amerita que sea citado textualmente: “Desde ya le decimos que estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. Estamos cansados de que nos tomen el pelo, que nos mientan en la cara, que subestimen a los pueblos, que nos declaren pueblos sacrificables”.

En la etapa de los doce años en que el kirchnerismo estuvo en el poder, la lucha de las asambleas ciudadanas contra la megaminería a cielo abierto se ganó un espacio en el mapa de la resistencia política y social. En estos cincuenta días de gobierno macrista, desaparecieron rápidamente las dudas de que las luchas se irán intensificado. La resistencia a la megaminería tiene que volver a enamorar al pueblo argentino.

Source