Por Carla Perelló y Laura Salomé Canteros desde Santiago, Chile / Fotos: Gabriela Franchini + Prensa Senado Chile

“Esta vez, el discurso de un presidente electo se escuchó a medio camino entre Plaza Dignidad y La Moneda. Esa es la verdadera esperanza”. La reflexión se escuchó horas antes del cambio de mando tras un encuentro realizado entre activistas feministas y LGBTIQ+ por la municipalidad de Santiago. Hoy asume Gabriel Boric Font como presidente de Chile, y más allá de los primeros gestos políticos, hay quienes apuestan a que el camino que hoy inicia en el país trasandino sea de escucha, participación ciudadana y de transformaciones profundas.

La jornada comenzó temprano en el Congreso de la Nación. Allí, en una sesión que duró más de dos horas asumieron sus bancas 155 parlamentarixs para el periodo 2022-2026 y se eligió a quienes estuvieron a cargo de presidir la mesa del traspaso de mando que son, a su vez, los presidentes de las cámaras: Raúl Soto (Partido por la Democracia), en Diputados y Diputadas; y Álvaro Elizalde (Partido Socialista), para el Senado.

Soto y Elizalde llevaron al recinto las exigencias que el pueblo hizo grito en la revuelta de 2019: “Creo que la Cámara de Diputados, y el Congreso, no pueden restarse de este proceso de cambio, no podemos ser espectadores de lo que está pasando en la sociedad chilena”, sostuvo en su discurso el primero. “Si el objetivo final es la paz social, necesitamos generar condiciones de justicia social, dignidad y la libertad”. Los movimientos feministas y LGBTIQ+, sociales y populares allí estaban con figuras como Emilia Schneider, primera diputada trans; Fabiola Campillay en su banca de senadora. También estaban los carteles por les detenides desaparecides de la dictadura comandada por Augusto Pinochet y los Chicago Boys, las Wiphala y los pañuelos verdes e insignias de las disidencias sexuales.

Mientras se aguardaba la llegada del presidente, la sala se llenaba lentamente de colores y abrazos. No faltaron las selfies entre mandataries y referentes internacionales que hicieron caso omiso al llamado del locutor a sentarse en tres oportunidades. ¿Será la tan mentada tradición republicana conservada por el gobierno de Gabriel Boric? Los 30 años de terror neoliberal deberían tal vez terminar con la formalidad de cartón para dar paso a los cambios reales que desde la Plaza Dignidad se reclamaron elevando las demandas de los territorios, desde las poblas a las zonas de sacrificio.

Tampoco faltaron los gestos de desdén. “Fue la derecha, pero ya acomodamos todo nuevamente”, dijo un trabajador del Congreso que sudaba la gota gorda en la frente. Había tenido que reasignar los asientos a les invitades del ahora presidente, Gabriel Boric, porque una señora coqueta decidió ocupar el centro del palco que daba frente a la mesa del traspaso de mando a la comitiva que acompañaba al saliente Sebastián Piñera. A sus lados, quedaron ubicades referentes de organizaciones sociales, de pueblos originarios, así como internaciones. Entre elles, la escritora Gioconda Belli y Anielle Franco, hermana de la diputada brasileña asesinada Marielle Franco.

Sebastián Piñera llegó al Salón de Honor a las 12.15 y fue aplaudido de forma sostenida, principalmente, por quienes ocuparon el palco en cuestión. Inmediatamente comenzó la sesión de traspaso de mando. Antes, el ministro de Salud autorizó a presenciar el acto sin barbijos. Casi nadie obedeció. Sin corbata y con sonrisa despreocupada, llegó Boric, acompañando con la mirada a su familia, quien emocionada le devolvía los gestos con manos en el corazón y alzando la bandera magallánica.

“Ante los pueblos de Chile, sí, prometo”. De esta forma, Gabriel Boric tomó juramento. Y como clima de época que traspasa los muros, desde lo alto del Senado se escuchó el reclamo, “Viva la nación mapuche” y seguido “Verdad, justicia y memoria por las víctimas de la dictadura y de la represión de Piñera”.

Tras la firma, la entrega de piocha de O’Higgins y la banda presidencial, a las 12.30, y con puño izquierdo en alto, Boric ya era presidente. La primera en prometer fue Izkia Siches, ministra del Interior y Seguridad Pública. Luego, por cuestiones de protocolo, se llamó a les ministres entrantes unx por unx y se les tomó juramento de manera conjunta. Allí, Maya Allende, ministra de Defensa de Chile –y sobrina del expresidente Salvador Allende-, fue de las más aplaudidas en el marco de un acto que se parece bastante a la justicia poética. En derredor, estuvieron delegaciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Haití, Ecuador, República Dominicana, Países Bajos y España.

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Atrás quedaron los cuatro años del peor presidente de la historia. Sebastián Piñera no solo deja la banda presidencial con los más bajos niveles de aprobación de sus políticas neoliberales sino que no será olvidado por haberle declarado la guerra a su pueblo y haberlo reprimido tras el estallido que reclamó por redistribución de las riquezas y dignidad para la vida entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Afuera, en la calle, entre los pasajes enrevesados de Valparaíso, aguardó parte del pueblo de “Valpo”. “Tenemos presidente, no un delincuente”, se escuchó entre las consignas que traen la sensación de que el cambio de época no es algo que sólo se pronuncia, sino que se espera y mira de cerca lo que sucederá. En esa misma línea, se pronunció ante Marcha Noticias el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera: “Lo que me ha impactado es la imagen que he visto ahí. Una generación de ideas, de personas y de políticas senil y encorvada; y una generación brillante, nueva, joven que se erguía para conducir su país. Creo que eso es una señal para América Latina”. En el mismo sentido, el presidente argentino, Alberto Fernández, destacó el “coraje, la fuerza y las ganas” de la generación que estará al mando los próximos cuatro años.

“Se viene un tiempo que son de transformaciones para la gente, con la gente, que es lo que nos interesa para el día de hoy. Y de reconstruir vínculos que se han perdido”, dijo ante la prensa Camila Vallejo, ministra Secretaria General de Gobierno. Es que, ese es uno de los puntos que hizo mella durante los últimos 30 años y que se pusieron sobre la mesa en 2019. Este nuevo gobierno da las pautas de que ese es el camino que pretende tomar para los próximos cuatro años. “Creemos que podemos hacer las cosas bien para que el pueblo chileno pueda sentirse representado en estos espacios que durante tanto tiempo habían perdido. Se habían perdido las ganas y la emoción de sentirse representado en los espacios políticos institucionales, desde ahí vamos a trabajar”, afirmó la recientemente asumida diputada Ericka “Coca” Ñanco.

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Por Redacción Marcha / Foto: @dezetag

El domingo volverá a ser un momento histórico para los pueblos de Abya Yala. A pesar de los sondeos y por encima del hecho eleccionario. La realidad política de Chile rumbo a las elecciones presidenciales de este domingo, 21 de noviembre de 2021, es un entramado de sucesos dignos de una teleserie en prime time. En una mixtura de protagonismos que reflexiona sobre los valores históricos pero también sobre el destino colectivo ineludible de esta época: la dignidad.

El terrorismo neoliberal post dictaduras tuvo a Chile como uno de los países vanguardia en la expropiación del trabajo para convertir en negocio -y riqueza para las élites- los derechos más básicos. Hasta que trabajadores organizados, estudiantes secundarias, movimiento feminista y pibes de las poblas consolidaron una alianza simbólica que estalló la normalidad del saqueo a escala estado para poner en agenda en los medios, en deslegitimadas instituciones y en las calles, la urgencia de transformarlo todo. También el protagonismo de la participación popular.

La elección presidencial estará acompañada de elecciones de senadores y senadoras, diputados y diputadas y de consejeros y consejeras regionales. Si al finalizar el conteo, ninguna candidatura obtuvo más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre.

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Los índices de aprobación a la gestión de Sebastián Piñera son de las más bajas en la historia. El empresario dejará de ser presidente pero su mandato no será olvidado por les familiares y amigues de víctimas de la represión estatal, fundamentalmente de los abusos de parte de Carabineros tras el estallido de 2019. Por eso, lo que se juega en estas elecciones es claro: o se consolida una agenda de cambios en manos progresistas, postura que representa mayoritariamente Gabriel Boric y que permitirá continuar con el proces constituyente; o la fragmentación de la derecha y el consecuente ascenso del nazi José Antonio Kast atentarán contra la demanda refundacional.

Como sea, en estas elecciones no escapamos a una frenética polarización, que a esta altura deberíamos aprender a sobrellevar en la región, pero algunos elementos históricos nos permiten una causa; la radicalización es producto del desgaste de los partidos de centro -tanto izquierda como derecha- de la antigua Concertación y la Alianza por Chile, que fueron las dos grandes coaliciones de la transición democrática y que gobernaron durante casi tres décadas Chile pero que en este momento son los más cuestionados en su legitimidad y crisis del sistema de partidos.

A otros dos elementos comunes en la región no escapa Chile y la cita de elecciones para el domingo: uno de los datos a observar será el porcentaje de participación/ voto; el otro, qué definirán las juventudes, no solo de Santiago sino también en las regiones.

¿Quién es la candidata y quiénes son los candidatos presidenciales?

– Gabriel Boric (Frente Amplio por el pacto Apruebo Dignidad) – El candidato más jóven y que lleva un programa de gobierno feminista, ecologista y colectivo. Es el candidato que lidera las encuestas y que mayor número de votos recibió en las primarias de la izquierda (1.058.389).

– Yasna Provoste (DC por Nuevo Pacto Social) – La candidata de la Concertación y de la ex presidenta Bachellet. Actual senadora, propone una agenda progresista aunque carga con el desgaste de formar parte de los partidos tradicionales que tan deslegitimados se encuentran.

– Marco Enríquez-Ominami (PRO) – Cuarta vez candidato presidencial, es socialista y representa al Partido Progresista. Se educó en el exilio en Francia y fue cineasta antes de político. Su programa está volcado hacia transformaciones tributarias y de apoyo al proceso constituyente.

– Sebastián Sichel (Independiente por el pacto Vamos por Chile) – Ex presidente del Banco Central, candidato de Piñera caído en desgracia tras un debate televisivo en que fue interpelado por la candidata Yasna Provoste por ser “lobbysta” empresarial, del gas y de las AFP.

– Eduardo Artés (Unión Patriótica) – “El profe” de Chile. Trabajador de la educación, ha ganado la simpatía de los sectores populares en los últimos debates desde la izquierda. Será su segunda elección presidencial.

– Franco Parisi (Partido de la Gente) – El candidato prófugo. Dirige su campaña desde EE.UU ya que está acusado de cometer delitos de estafa y lavado de dinero. Su “Partido de la Gente” es el segundo más grande de Chile. Un ingeniero que lleva un programa neoliberal.

– José Antonio Kast (Republicanos por el Frente Social Cristiano) – El nazi que se vio beneficiado por la caída de las intenciones de voto hacia Sichel. Agente del odio y negacionista de los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura, propone derogar el aborto en tres causales vigentes.

Destituyentes- constituyentes: ¡que sea plurinacional y feminista!

Los acontecimientos recientes de Chile están cargados de historia. Por primera vez, una Convención Constitucional surgida de un plebiscito en el que las y los electores eligieron “apruebo” y tras unas complejas elecciones que duraron dos jornadas, redactará la Carta Magna que reemplazará los marcos de la dictadura. Un órgano paritario y plurinacional que lleva como presidenta a Elisa Loncón, constituyente y autoridad mapuche, activista por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas; y que contiene las propuestas para el Buen Vivir de convencionales feministas, ambientales, independientes y populares.

La Convención realizó el pasado 4 de julio de 2021, su sesión inaugural. Fue a 15 días de la realización de las elecciones primarias que definieron lxs candidatxs presidenciales, y a un año y 9 meses del estallido popular del 19 de octubre de 2019 que evidenció la agresión contra la vida del capitalismo neoliberal. Los y las constituyentes fueron electas mediante el voto popular el 15 y el 16 de mayo pasados y asumieron 155 representantes, 17 de ellxs integrantes de naciones originarias. Una Constituyente paritaria que ya elegió Mesa Directiva, calendario y recorridas territoriales, que ya redactó su reglamento -que incluye mecanismos de participación ciudadana-, definió la división del trabajo en comisiones temáticas y que está pronta a comenzar la redacción.

“¡Es posible refundar este Chile!”, declaró Loncón en su discurso inaugural y agregó: “Estamos instalando una manera de ser plural, democráticos y participativos, esta Convención transformará a Chile en plurinacional, un sueño de nuestros antepasados que se hace realidad”. El hito también llevó a la Convención a la Machi Francisca Linconao, la primera mujer mapuche en ganar un juicio por el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado chileno a respetar su rewe. Una mujer que fue perseguida judicial y políticamente, acusada de “terrorismo”, que resistió a una huelga de hambre en la cárcel que generó la solidaridad sin fronteras y que fue absuelta de todo delito.

Leé también:
https://www.marcha.org.ar/chile-plurinacional-por-una-constitucion-para-el-buen-vivir/
https://www.marcha.org.ar/a-dos-anos-de-la-revuelta-popular-la-lucha-sigue/

La Convención tiene el desafío de trabajar mientras sigue vigente la impunidad -y la provocación- del gobierno de Sebastián Piñera. La semana pasada, y con la atención de toda la región, el legislativo trasandino discutió y rechazó el juicio político contra el presidente. No sin la épica del momento: la propuesta de destitución fue largamente explicada por las 15 horas y las más de mil fojas de argumentación del diputado socialista Jaime Naranjo, y aprobada en Diputados, pero no así en el Senado. Piñera había sido acusado de beneficiarse por la venta de la minera “Dominga” a través de un paraíso fiscal, información relevada en los “Pandora Papers”.

Es que en el Chile plurinacional que llega a elecciones presidenciales el próximo domingo, conviven pulsiones constituyentes- destituyentes entre los poderes deslegitimados y el poder que se construye desde la Convención Constitucional de mandato popular. Parte de “lo viejo” es el Senado que salvó a Piñera; sin embargo, en ocasión de la acusación se pudieron escuchar argumentos como “crimen político” o “abuso de poder en detrimento de la sociedad”. Una institución que podría desaparecer si así lo define un nuevo sistema político -porque en Chile se está discutiendo todo- pero que en estas elecciones también postula a políticas del pueblo, como Fabiola Campillai, víctima de trauma ocular y candidata a senadora que afirma: “necesitamos que las personas sencillas, humildes y trabajadoras lleguemos a los espacios de poder”.

Resistir ante la polarización: el programa de Boric

El programa de Gabriel Boric es abierto a la comunidad y colaborativo. Significó la participación de más de 33 mil personas que llevaron 13.250 propuestas a 603 mesas ciudadanas. En sus más de 200 páginas enumera las propuestas consensuadas de la coalición “Apruebo Dignidad”, una cohesión en el programa político para “ser un gobierno que brinde certeza de cambios” y que cuenta con el apoyo del candidato de izquierdas que superó en las primarias, Daniel Jadue (PC).

La propuesta de Boric se basa en cuatro reformas estructurales: el acceso garantizado universal a la salud, la garantía de pensiones dignas sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de la historia de Chile. Propone que todas las áreas de política pública sean llevadas adelante desde una lógica de descentralización e incorporando una mirada feminista. Lleva el reconocimiento también de las naciones originarias.

Más detalladamente, propone terminar con el sistema de AFP y crear una pensión mínima universal; crear una Comisión de Diálogo Social para enfrentar las consecuencias de la pandemia; la recuperación de 500 mil empleos femeninos; un plan comunitario de activación educativa; aumento del salario mínimo; reducción de la jornada laboral; condonación de la deuda educativa de más de 1 millón de estudiantes; reforma tributaria para la contribución de quienes más tienen; una ley de salud mental y otra integral contra la violencia por razones de género; aborto legal y ley de identidad de género; firmar el Acuerdo de Escazú; garantizar el derecho humano al agua; reparar a quienes fueron vulneradas por el Estado desde el 18 de octubre de 2019; refundar Carabineros; un Sistema Nacional de Cuidados y diálogo plurinacional para la restitución de tierras.

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Por Camila Parodi *

La actual jornada de plebiscito realizada para el cambio de la constitución chilena de 1980, que fue creada por el dictador Augusto Pinochet, se inscribe en un contexto particular donde el pueblo chileno dijo “basta”. Si bien, el inicio de su lucha se relaciona contra el aumento desproporcional de los servicios de transporte y la respuesta organizada de la juventud, el proceso de los últimos meses nos habla de un hastío popular que se sostiene hace más de 30 años. Desde entonces, Chile dijo “no al neoliberalismo” e hizo de las calles un cotidiano para la construcción de la vida digna. Esta respuesta organizada se enfoca, la actual coyuntura, contra el gobierno de Sebastián Piñera que representa la consolidación de un modelo para pocos. 

Al calor del proceso de votación, intercambiamos unas palabras junto a Camila Moreno. “El proceso de lucha ha sido maravilloso y duro” explica la cantautora al dimensionar las vivencias llevadas a cabo durante los últimos meses en Chile. Y sostiene “la gente ha tenido mucha claridad, organización y lucidez de forma que la colaboración ha sido fuerte y consistente”. En este contexto, la organización popular sostenida durante casi un año fue fuertemente perseguida y controlada, “las autoridades han respondido de la peor forma, en Chile la violencia estatal ya no tiene límites y eso ha sido duro, vimos como matan y torturan sin importarles. A su vez, los medios de comunicación no construyeron ninguna perspectiva para contrarrestarlo. Les importa más una iglesia quemada que un humano arrojado al río a manos de la policía -manifestó- es de una crueldad tremenda, de mucha impunidad. En Chile no hay justicia. Y por eso nosotros y nosotras decimos que sin justicia no habrá paz”.

Ante la actual jornada de votación y, desde las calles haciendo valer el voto popular, Camila Moreno nos comentar que el actual, se trata de “un proceso histórico y se homologa a lo que fue el si y el no. Estamos acabando con el legado de Pinochet y su tropa de psicópatas desalmados por eso, el actual plebiscito es un avance hacia la dignidad y un logro del pueblo. Es un paso que se debió dar hace muchos años, ya que tener una constitución escrita en democracia es un derecho básico” respondió. “El plebiscito me tiene muy emocionada, se que vamos a ganar, confío en la gente -manifestó la cantante- este es un primer paso para poder tener un país más justo y es el inicio de un gran trabajo porque a partir de ahora todos y todas vamos a ser parte de la construcción de un país más digno: es algo por lo que vale la pena luchar”.

En lo que respecta al rol que tuvieron las y los artistas durante las distintas protestas y manifestaciones realizadas en Chile, la cantautora reflexiona que “ha sido un gran aporte el de las y los distintos artistas”. En ese marco, sostiene que el mejor ejemplo para ella son Las Tesis, refiriéndose al grupo performativo que logró traspasar las fronteras impuestas para señalar los abusos y las violaciones de los Estados con la canción “El violador eres tú” como forma de respuesta a la criminalización de las luchas populares y feministas que se daban en los distintos países del continente durante el año 2019. “Hicieron una performance tan potente, que lograron hacer un himno feminista que llegó a muchas mujeres en el mundo entero” reflexiona Moreno. “Es muy emocionante ¿sabes? Las mujeres sabemos escuchar y colaborar” afirmó.

* Cobertura Sin Fronteras junto a Fm La Tribu

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Por FM La Tribu*

Curamil estuvo detenido durante 16 meses en 2018 por una causa en la que se lo acusaba de un presunto robo. En el juicio el Tribunal lo absolvió de todos los cargos por no probarse su participación en los hechos. En 2019, el Lonko fue reconocido internacionalmente con el premio Goldman, conocido como el “Nobel verde”, debido a la lucha junto a su comunidad por haber logrado detener proyectos hidroeléctricos que ponían en riesgo el territorio.

Desde Curacautín, región de La Araucanía al sur de Chile, Curamil se refirió a los ataques de grupos civiles de ultraderecha contra comuneros e integrantes de la comunidad mapuche la noche del sábado 1 de agosto.

Los comuneros ocupaban pacíficamente edificios municipales de la región en apoyo a la huelga de hambre que iniciaron hace más de 90 días el Machi Celestino Corodva junto a otros presos políticos Mapuche. Exigen al gobierno de Piñera que cumpla con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Los ataques a manos de este grupo de civiles armados de ultra derecha fueron cometidos ante la presencia de Carabineros. Las fuerzas de seguridad, no solo no impidieron los ataques de los grupos armados, si no que reprimieron y detuvieron a integrantes de la comunidad mapuche, incluyendo mujeres, niños y niñas.

Curamil estuvo presente en el lugar y responsabilizó por los hechos de violencia al ministro del interior, Victor Pérez, a los grupos de civiles armados y a Carabineros.

El Lonko advirtió que el ministro del interior se hizo presente días previos a los ataques, sin embargo, en esa visita “no se sentó a conversar con los representantes Mapuche para buscar una vía de solución con respecto a las demandas que llevan adelante nuestros hermanos, se juntó con una líder de la ultraderecha de la zona”. En este sentido, Curamil hace referencia a la presencia de un grupo paramilitar que opera en la zona desde hace años y se denomina “Comando Trizano” compuesto por empresarios y latifundistas cuyo accionar organizó campañas de exterminio contra la comunidad Mapuche.

“Creo que Chile tiene un gobierno fascista, Chile tiene un gobierno racista y son ellos lo que hoy están en el poder”, advierte el Lonko y reflexiona que “si la ciudadanía no logra abrir sus ojos vamos a caer en el juego de estos empresarios que buscan acabar con nuestra vida. ¿Por qué nos criminalizan? Ellos quieren explotar nuestros recursos que están en el Wallmapu. Acá están las empresas forestales, hidroeléctricas, las concesiones mineras, la ruta interoceánica que se quiere construir en nuestra zona”.

En octubre se cumplirá un año del estallido social en Chile. En cada manifestación estuvo presente la bandera Mapuche. Curamil recuerda que en ese momento “aún estaba en la cárcel cuando comenzó el estallido social y comenzamos a ver nuestra bandera y otras banderas. Creo que nos llenó de mucho orgullo. Hasta el día de hoy me sigo sintiendo orgulloso porque el pueblo chileno, aquellas personas pobres de las poblaciones, reconocieron la lucha de un pueblo que lleva años contra este fascismo, contra este racismo, contra este sistema, estos gobiernos empresariales.”

En cuanto se viralizaron las imágenes de la violencia en La Araucanía en diferentes regiones y ciudades de Chile hubo manifestaciones de apoyo a la nación Mapuche. Además, una campaña internacional.

Escuchá el informe completo en FM La Tribu

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Fotos y texto por Gonzalo Pehuén desde Santiago, Chile

Tres meses.

Era una tarde de octubre, el día 18 más precisamente; cinco días atrás una chica de Liceo daba un salto que sería fundamental para los tiempos subsiguientes: aún cuando todavía no lo sabían, el salto de ese torniquete del metro el lunes 14 sería un salto para la historia reciente de Chile. Era una tarde como cualquier otra, y quienes desde ese lunes llevábamos la cuenta de los hechos en el metro a raíz del alza en el pasaje, nos encontrábamos con que el centro de Santiago ardía; las autoridades habían decidido cancelar el servicio en plena hora punta con el fin de evitar las evasiones masivas, y aquello que días atrás habían dicho que no había prendido, se extendió como reguero de pólvora, y ardió por todo Chile. Era el 18 de octubre del año 2019, una fecha que quedaría marcada literalmente a fuego en el cuerpo de todo el país. Ese día, sin saberlo, la incompetencia del gobierno había dado inicio a la revuelta.

El panorama ya era conocido, pero no por eso resultaba tedioso. Aunque el número de personas distaba mucho de ser el que fuera dos meses atrás en que ni caminar se podía los viernes en los alrededores de la Plaza de la Dignidad (por entonces todavía denominada Plaza Italia), toda el área en torno era nuevamente escenario de batallas.

Era 17 de enero, apenas a pasos de cumplirse tres meses y la Plaza de la Dignidad nuevamente ardía contra la represión del Estado.

El piso de las veredas ya no existe, un barrial que hace recordar al conurbano bonaerense un día de lluvia es lo que se pisa en la esquina de la Alameda Bernardo O’Higgins con el pasaje Ramón Corbalán, a una cuadra de la plaza. Las calles se riegan como no lo están en casi todo el año; es como si esa agua que es saqueada fuera devuelta por el guanaco, mezclada con ácido, y transformara la Alameda en un pequeño río como aquellos que han sido robados por “Aguas Andinas”.

Una nube ardiente inunda el aire, y solo los gritos de “paco muerto” o “paco perkin” son capaces de cortarla. Los gritos surcan el aire cuales lacrimógenas, la multitud que da cara a los Carabineros se infunda ánimos aullando al unísono mientras avanzan palmo a palmo con los escudos, mientras los “camotes” calientes, recién picados de alguna vereda, vuelan en dirección a la línea de pacos que se encuentra enfrente. El ruido del metal golpeado, el festejo cuando una molotov da en el blanco, los cantos surgidos de algún video viral, la solidaridad despertada de forma espontánea y que en las calles es casi moneda corriente.

Tres meses de revuelta han dejado mucho aprendizaje. Tres meses de revuelta cambiaron la vida de todo un pueblo.

Al contemplarse las cifras duras, las mismas duelen más que cualquier herida que pueda recibirse en el día a día. Más de 300 son los casos de lesiones oculares, 2500 las personas privadas de su libertad, y más de 30 las víctimas fatales del terrorismo del Estado. Los casos de torturas, de apremios ilegales, de violencia política sexual, son casi incontables. Las agresiones perpetradas de forma arbitraria se suman a los casos de secuestros llevados a cabo por civiles, sustrayendo de la vía pública a personas que luego aparecen en alguna comisaría. Los ultrajes sexuales no cesaron al igual que las cacerías desmesuradas en las poblas.

Los números de la revuelta, sin embargo, no logran reflejar el pulso de la calle. El número de personas heridas es realmente mucho mayor al graficado en las estadísticas, ya que no todas son atendidas por equipos médicos. Muchas de las personas detenidas han llegado a figurar como desaparecidas, en algunos casos por días, y en otros han sido “liberadas” sin siquiera haber pasado por una comisaría o dependencia de Carabineros. Los centros de torturas son ocultos por el velo del Estado, que busca tapar bajo la alfombra su accionar terrorista desplazando de su cargo a apenas un puñado de funcionarios. Algo distinto sucede con la ahora emblemática estación Baquedano del metro, esa misma que ubicada en pleno centro de la ciudad y que tras funcionar como centro de tortura durante los días del toque de queda, fue objeto de pedradas, molotovs y de cuanto objeto arrojadizo pudiera valerse la población, tapando casi al completo sus entradas; accesos mismos desde los que en más de una ocasión dispararon perdigones y gases a la multitud que reclamaba.

Sin embargo la población no es “weona” y si de números hablamos, el porcentaje de apoyo al gobierno es cada vez menor, llegándose a mencionar un irrisorio 6% de aprobación. ¿Pero qué puede esperarse de un gobierno electo por menos de un cuarto de la población en condiciones de votar? Tan solo la consulta ciudadana de diciembre contó en algunas regiones con una mayor participación que más de una elección presidencial, contando alrededor de 2 millones y medio de votantes, del cual el 92% se inclinó a favor de una nueva Constitución.

La realidad chilena se va transformando día tras día, y si bien puede que muchxs no estén del todo de acuerdo con las formas democráticas liberales, con el tipo de representatividad que otorga el sufragio, es innegable que el aumento en la participación dan cuenta de un mayor compromiso en las políticas del país, algo que se puede ver en las expresiones de diferentes figuras en los festivales típicos del verano chileno. Y no hace falta mirar las señales de televisión para notar eso: en las calles, en las micros del transporte público, la coyuntura actual es tema de conversación.

La realidad chilena se va transformando a medida que los días se convierten en semanas, y estas se transforman en meses. La realidad chilena lleva tres meses mutando.

La convocatoria del sábado 18 no llegó a ser lo masiva que podía esperarse. No obstante lo que podía apreciarse en la plaza, cordones de Carabineros en las arterias que discurren hacía la Plaza de la Dignidad impidieron el acceso de mucha gente. De todas maneras, se protestó en las poblas, y así y todo ya el mismo viernes el número cuadruplicaba al del sábado. El pasar de las semanas va dejando su huella, no solo por la tierra que va resurgiendo donde otrora hubiera cemento, sino por las heridas en los cuerpos y el ánimo. La tan fetichizada primera línea fue dejada a su suerte en más de una ocasión, acrecentando los riesgos de detenciones y atropellos.

Al transcurrir tres meses, los efectos de no dejar ni un solo día las calles se van sintiendo. El debate frente a quienes solo van a “carretear” (tomar alcohol y “festejar”) se va marcando profundo y plantea un escenario que no a todo el mundo le resulta agradable. Y sin embargo esa masa “pacifista” es muy consciente de que todo es posible gracias a esas personas que arriesgan todo por buscar un Chile más justo.

La celebración del Año Nuevo fue una muestra de ello y de los cambios que se van operando. Desde las 18hs del martes 31 de diciembre hasta las 6hs del 1 de enero no se le dio tregua a los efectivos de Fuerzas Especiales apostados en los alrededores de la Plaza de la Dignidad, mientras miles de personas se congregaban en la misma a compartir la cena de despedida del año. Lxs encapuchadxs recibían comida de parte de voluntarixs que habían instalado una cocina frente a la estación del metro, al igual que las familias que habían trasladado mesas, sillas, heladeritas, y comida de sobra como para repartir a quien no tuviera cena. Hasta el mismo momento de las 00hs fue distinto a cualquier otro; no hubo cuenta regresiva ni gritos de “Feliz Año”, solo el canto de “El pueblo unido jamás será vencido” mientras se compartía el brindis al igual que había sucedido con la cena.

El “Año Nuevo” se comenzaba luchando. Tal y como se especula que pueda llegar a seguir.

Si bien se aprecia una notable baja en las convocatorias, enero no es un mes exento de lucha. El boicot a las PSU estuvo marcado por una fuerte represión al igual que las evasiones al metro, y el atropello de un chico de Liceo por parte de Carabineros en la comuna de Pudahuel llevó a feroces jornadas de manifestaciones en sus calles, desmedidamente reprimidas.

El verano se ha tornado una suerte de tiempo de “descanso”; aunque el centro de la ciudad parezca vacío, en las periferias y regiones la actividad se descentraliza y adopta nuevas modalidades.

Sobre febrero poco se especula, pero se espera que para marzo la “cagá” quede nuevamente. El gobierno se prepara para ello con el paquete de medidas que hacen de los cortes de calle y las caras tapadas delitos mayores que un abuso sexual.

El proceso iniciado el 18 de octubre del 2019 es largo, y aunque mucho ha pasado en el medio, es algo que recién comienza. Las especulaciones son muchas pero ninguna logra dar un panorama certero. Qué puede llegar a surgir del devenir de los hechos se oculta tras una nube de incertidumbre; pero hay una certeza que asoma entre todo eso, y es que al asentarse la tierra del estallido, Chile ya nunca será lo mismo.

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Por Meritxell Freixas @MeritxellFr* / Foto: Frente Fotográfico

Mientras la comisión técnica de partidos que trabaja para definir el proceso constituyente avanza dificultosamente, las organizaciones feministas y en defensa de los derechos de las mujeres empiezan a plantear sus demandas para que sean incorporadas en la nueva Carta Fundamental.

Las mujeres exigen ser consideradas en el proceso que recién empieza y en el cual, por ahora, ya quedaron infra-representadas, con sólo cinco expertas de los 14 que integran el órgano negociador. Para las activistas es fundamental participar activamente de la nueva etapa que se ha impulsado desde la calle, y la consideran una oportunidad para terminar con el texto diseñado e implementado en dictadura. Una texto que ellas mismas han tenido que enfrentar en varias peleas; quizás las más larga y difícil fue la de la aprobación de la Ley de Aborto en tres Causales, que tuvo su batalla final en el Tribunal Constitucional.

Ante la relevancia del momento y la ventana de oportunidad que se abre para reivindicar los derechos de las mujeres en la nueva Carta Magna, El Desconcierto ha conversado con tres abogadas de tres organizaciones distintas –Abofem, La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Corporación Humanas– para conocer sus propuestas para la nueva Constitución.

Un proceso constituyente paritario

En junio de 2017, a partir del intento de proceso constituyente iniciado por Michelle Bachelet al final de su mandato, Corporación Humanas publicó el documento “Por un proceso constituyente inclusivo, participativo y paritario. Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres”, en el que buscaba aportar una mirada de género y de derechos humanos, a partir de la sistematización de las experiencias de cambios constitucionales en países de la región y del mundo. La investigación es hoy más contingente que nunca tiene relevancia por su foco en los procesos que llevaron a cabo los movimientos feministas para incorporar los derechos de las mujeres en las nuevas constituciones.

En el estudio, Humanas pone énfasis en que “la elección de asambleístas en los procesos constituyentes latinoamericanos dan cuenta que, independientemente de asegurar la participación a las mujeres en candidaturas, es importante establecer mecanismos que garanticen la paridad en la composición final del cuerpo colectivo”. La paridad (traducida en las cuotas de género) es hoy, de hecho, uno de los principales obstáculos de las negociaciones de la comisión técnica, puesto que la derecha rechaza una fórmula de 50%-50%.

“Hay que asegurar que la Asamblea Constituyente (AC) o la Convención Constituyente sea una mecanismo democrático, participativo, representativo y paritario, y establecer cuotas o escaños reservados para pueblos originarios, población LGBTIQ y personas”, explica Bárbara Sepúlveda, abogada y presidenta de Abofem. Según ella, es necesario dejar atrás la lógica de las elecciones al Congreso o para concejales. Propone implementar un “mecanismo que corrija los vicios de la democracia liberal representativa”, pero que a la vez asegure el resultado de la elección. Se trataría de un sistema distinto a la Ley de Hondt “propiamente tal”, dice, y que tendría que ser pensado “para esta elección de la AC en particular, de forma puntual”.

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo planteó dos consideraciones acerca del proceso hacia la redacción de una nueva Constitución. Por una parte, mencionó “otros cortapisas” para quienes sean electos: “Exigimos que no sean agresores de mujeres, no hayan tenido ni denuncias ni condenas”. Además, la abogada criticó que en el proceso actual “ni movimientos sociales ni partidos políticos estén incluyendo a las mujeres”. Astudillo criticó que tanto unos como los otros están “invisibilizando” a las mujeres y llamó a asegurar “que quienes escriban esta Constitución tengan la conciencia suficiente de lo que significa ser mujer en este país”.

Los derechos en el nuevo texto

En 2016 la Corporación Humanas publicó una encuesta a más de 1.200 mujeres que reveló que el 93% de las encuestadas considera que la Constitución debe incorporar derechos específicos de las mujeres. ¿Cuáles son estos derechos y cómo incorporarlos al texto?

Constanza Schönhaut, abogada de Humanas, sostiene que “la perspectiva de género no se puede limitar a una norma o un capítulo, sino que tiene que atravesar toda la norma y estructura constitucional”. Para ella, los puntos esenciales son cuatro: “El reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; asegurar una vida libre de violencia, en particular, de la violencia de género; el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados; y reconocer la diversidad de las mujeres que habitan nuestro territorio”. La organización dispone de una publicación online en la que recoge algunos de los derechos de las mujeres que una nueva Carta Magna debiera considerar. Algunos de ellos son: “derecho a la maternidad voluntaria, derecho al reconocimiento del trabajo realizado (reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva), derecho a la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor, derecho al reconocimiento de las diversas familias e iguales derechos para todas las familias, derecho al buen vivir”.

Las feministas de la Red, por su parte, están en proceso de estudio de los derechos específicos que quieren exigir, pero consideran como lineamientos básicos “ser nombradas [en la nueva Constitución] y reconocidas en nuestra diversidad y en nuestra amplitud de ser mujer, no bajo el estereotipo clásico”. Proponen la elaboración de un texto “antipatriarcal, plurinacional, antirracista y que reconozca la dignidad de la vida”.

Desde Abofem, Bárbara Sepúlveda sugiere cuatro ideas “estructurales”. En primer lugar, generar mandatos específicos para que instituciones concretas saquen adelante políticas públicas en paridad de género, para erradicar la violencia, contra la discriminación, etc. “La Constitución actual tiene mandatos formales y abstractos (‘El Estado deberá…’), pero nunca llega a determinar quién es el responsable de generar los cambios”, dice.

En segundo término, Sepúlveda apunta hacia “los derechos específicos” para mujeres, niñas, adolescentes, y población LGBTI y su exigibilidad: “Que estén asociados a una acción de protección constitucional que se pueda interponer ante los tribunales de justicia cuando éste se vulnere o amenace”, precisa. En tercer lugar, la abogada considera imprescindible que el texto contenga una cláusula específica que indique cómo se van a incorporar los tratados internacionales a derechos nacional para resolver “la ambigüedad que hoy existe respecto a este tema”.

Finalmente, en relación a los órganos e instituciones del Estado, propone “reconfigurarlos” y que sean paritarios; la creación de la figura del ombudsman o defensor del pueblo, que vele por los derechos de las personas; y “una redistribución del poder para quienes históricamente no lo han ejercido”. Critica, también, el sistema “hiperpresidencialista” vigente y la conformación “contra-mayoritaria y antidemocrática” del Tribunal Constitucional.

Sean cuáles sean las demandas de las mujeres, Lorena Astudillo, de la Red, lanza una reflexión para mirar un poco más allá del proceso constituyente y su resultado. Recuerda que la nueva Constitución “no hará que de un día para otro dejen de matarnos, de violarnos y de darnos agarrones” y subraya que es necesario un cambio estructural más profundo: “El machismo y el patriarcado imperan en este país y la responsabilidad va más allá del legislador o de la Constitución, es de quienes replican este patriarcado en las prácticas cotidianas y diarias”.

*publicada originalmente en El Desconcierto

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Por Sonia Izquierdo @izquierdosim

Al sonido del redoble de las cacerolas, “Cacerolazo” se ha convertido en el himno de las movilizaciones que se detonaron por el aumento a la tarifa del subte (metro). “Nace de la necesidad de acción y reacción, de la rapidez e inmediatez; inmediata es la represión, inmediata tiene que ser la respuesta creativa”, explicó Anita Tijoux.

En entrevista telefónica con Marcha Noticias, la artista manifestó sus inquietudes y aseguró que no puede ser sólo observadora; asimismo se sumó a la lucha a través de esta canción, que tiene cerca de dos millones de reproducciones en Instagram y 1 millón en YouTube.

“Se han mofado de la dignidad del chileno y han pisoteado al modelo neoliberal, desde ahí nace el descontento de la privatización de la vida y el alzar la voz”, aseguró la rapera chilena.

Las protestas convocadas como “evasión masiva”, fueron protagonizadas principalmente por cientos de estudiantes que irrumpieron las estaciones del metro y tomaron las calles en reclamo a las políticas públicas del actual presiente, Sebastián Piñera.

“Las demandas estudiantiles son un eje fundamental, porque han despertado a un país completo. Y siempre lo digo, no hay nada más lindo que los jóvenes tengan educación pública y de calidad. La apertura que ellos han abierto en el tema educativo ha sido fundamental para abrir todas las luchas y verlas también de manera colectiva”, indicó.

Quien también se sumó a la lucha al ritmo de la canción: “Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda… Cacerolazo”, fue el movimiento feminista, que se situó en contra del sistema económico que precariza la calidad de vida de todas las personas, y en particular el de uno de los sectores más vulnerables: las mujeres.

Para la rapera chilena esta lucha no es sólo de un sector u otro, sino que todo “Chile despertó” y está unido tras la crisis política, económica y social, producto de un modelo económico desigual.

“No puedes vencer al patriarcado sin pensar en la lucha de clases, desde un anticapitalismo, que también es lucha de la colegial política. Los movimientos feministas han sido clave también para reposicionar a la mujer en el lugar que siempre ha tenido: de protagonista pero totalmente invisibilizada; todas las luchas estamos unidas con un objetivo en común que es la dignidad humana”.

Tras el estallido social, Piñera calificó los primeros días como un “estado de guerra” y decretó toques de queda, lo que hizo recordar a los chilenos la época dictatorial de Pinochet. La decisión del gobierno de sacar a los militares a las calles sólo avivó más las movilizaciones.

“Fue clave para demostrar que el lenguaje de la dictadura nunca se había ido. Ha estado siempre en el inconsciente de esta gente que tiene el poder; la manera en que ellos articulan, en términos de violencia, es un lenguaje que da a entender que, en ese sentido, él (Piñera) está hablando como hablaba Pinochet. Y que el lenguaje sí tiene que ver con la represión y la violencia”, señaló Anita.

Para Tijoux es importante el papel que juegan lxs artistas, ya que son acompañantes históricos que a través de sus canciones van relatando lo que vive el pueblo chileno.

La artista tiene la expectativa de una mejora social a pesar de la represión y las torpezas políticas que se han realizado por años en el país sudamericano.

“Las expectativas son de esperanza, que tiene que ver con que esto no va a parar hasta que las demandas sean oídas. De esta rebelión popular ante el silencio y la ceguera del Estado, obviamente que hay esperanza de hacer las cosas de manera distinta y el poder político tendrá que responder a las necesidades de la población”, apuntó.

Asimismo, indicó que no sólo se trata de que Piñera deje el cargo para que las movilizaciones frenen, sino que se tiene que ir más allá para realizar un cambio de fondo y necesario en Chile.

“La salida del presidente claro que sería algo, pero va más allá, tiene que ver con una nueva Constitución. Porque él se puede ir y renunciar pero va a aparecer otro peor. Esta gente forma oligarquías políticas que funcionan como monarquías. Lo importante es hacer un cambio radical en el sistema económico chileno y también una Asamblea Constituyente, que yo creo que si se pide, sería un tremendo pase para despertar en concreto, en términos legales, la rebelión popular chilena”, señaló.

En las calles, las y los chilenos siguen resistiendo al ritmo del “Cacerolazo”…

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Hace diez días que el descontento social en Chile reventó en forma de gritos, cacerolazos y barricadas, movilizando a millones de personas. Fue así que “el jaguar de Latinoamérica”, como los economistas chilenos en los años 90’ describían a nuestro país, se sacó la máscara, revelando que solo era un lugar donde la desigualdad se acumulaba bajo la alfombra, ante la pasividad de sus habitantes y la ceguera de sus autoridades.

Las movilizaciones explotaron con tremenda fuerza, ante un Gobierno atónito, siendo calificado por la Primera Dama, Cecilia Morel como “alienígena”. Su primera respuesta: declarar Estado de Excepción y sacar a fuerzas policiales y militares a las calles, en directo enfrentamiento con los y las manifestantes, que fueron víctimas de disparos y fuerte represión por parte de Carabineros.

Habían transcurrido menos de tres días de Estado de Emergencia y el mismo presidente, Sebastián Piñera, afirmó que se trataba de “una guerra”, aunque el enemigo solo sostuviera letreros, cucharas y ollas. El saldo de esta decisión: 20 personas muertas (información corroborada hasta este momento), más de 3.500 personas detenidas, 1.100 personas heridas, según informaciones desde el Gobierno e informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta la mañana del martes 29 de octubre. Además de esas cifras la Defensoría de la Niñez, señala que 19 niños, niñas y adolescentes recibieron impactos de perdigones, 18 fueron víctimas de daño físico y más de 240 fueron detenidos.

Pero eso no detuvo las movilizaciones: a pesar del cansancio de las continuas marchas y el miedo y angustia por la represión, el viernes 25 de octubre se logró convocar a la marcha más grande de Chile, la cual reunió a más de 1 millón doscientas mil personas, solo en la capital; escenario que se repitió en regiones y ciudades de todo el territorio. Las calles se vieron desbordadas de protesta, en postales que pasarán a la historia. Con esto se probó que, a pesar de los continuos intentos por criminalizar las manifestaciones, estas siguen siendo representativas del malestar que aqueja a todos los chilenos y chilenas: la profunda necesidad de una vida digna, donde no esté privatizado cada derecho social. Las movilizaciones han sido descritas como las más convocantes luego del plesbicito que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

El viernes por la noche, la estrategia del Gobierno fue “felicitar” la pacífica marcha, e intentó atribuírsela (a pesar de que cientos de asistentes dieron a conocer vídeos de represión, uso de camiones lanza agua y gas). Ahí, el mismo mandatario que solo hacía unos días había declarado una guerra contra quienes protestaban, señaló que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”, declaró Piñera, señalando más tarde que pediría la renuncia de todo su gabinete de ministros.

En paralelo, debido a las constantes denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y peticiones de algunos parlamentarios chilenos, la alta comisionado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunciaba el envío de una misión que debía arribar el lunes 28 de octubre al país. Por lo que, rápidamente, se pasó de aplaudir la gran marcha, a intentar retomar la “normalidad”.

No hay “normalidad” sin justicia

Durante todo el fin de semana, destacaron los constantes discursos invitando a retomar trabajos, clases, recorridos y rutinas en la jornada del lunes 28 y esto se vio acompañado de una serie de decisiones desde el gobierno.

Primero, se quitó el toque de queda que restringía el movimiento en distintas ciudades del país y luego, fueron publicados los decretos que establecían el término del Estado de Excepción en 15 de las 16 regiones del país. En Santiago, se anunció el funcionamiento parcial del Metro; mientras que, en las otras capitales, se intentó retomar la frecuencia de buses interurbanos y el comercio. Los canales de televisión abandonaron la cobertura a las movilizaciones y retomaron su programación habitual; incluso dedicaron largas notas a los primeros centros comerciales que abrieron sus puertas.

Pero, ¿cómo volver a la “normalidad”, si no se logran los cambios estructurales exigidos? Aún con una salud y educación públicas en crisis, aún con niños y niñas muriendo en el Servicio Nacional de Menores, aún con la misma Constitución escrita en Dictadura. ¿Cómo volver a trabajar y transitar como si nada, por las calles donde murieron decenas e hirieron a miles? ¿Y con nadie tomando responsabilidad política por lo ocurrido? Eran las preguntas que cruzaron por la mente de la población.

La respuesta claramente era “No hemos logrado nada. Esto sigue”. El sábado, en Concepción, miles de personas volvieron a salir a marchar. Fue en la Plaza de la Independencia, el mismo lugar donde Bernardo O’Higgins realizó la declaración solemne de la independencia chilena, que los militares decidieron disparar en contra los y las manifestantes, quienes huyeron con terror.

AHORA. Efectivos militares dispararon sobre manifestantes y cargan contra estos en la Plaza Independencia de Concepción #EstoNoHaTerminado #Chile #Constitucion2020 #Concepción pic.twitter.com/ozc2IRvhTU

— Resumen (@rsumen) October 26, 2019

Mientras que el domingo, la Región del Valparaíso sorprendió con una multitudinaria nueva marcha, que repletó la costanera entera de toda esa zona costera; nuevamente, el actuar de militares y fuerzas policiales fue de reprimir entre balines de goma, chorros de agua, disparos con armas de fuego y lacrimógenas, sin importarle que hubieran niños, niñas, adultos mayores y familias enteras en el lugar.

Si bien, el lunes no llegó la comisión de la ONU y se anunció su reprogramación “unos días después”, las protestas continuaron con aún más fuerza, en respuesta, no solo a la falta de cambios estructurales, sino que, también, debido a un cambio de gabinete tan insólito, que parecía una mala broma. No se removió a los actores principales de la indignación: Salud (Jaime Mañalich, expulsado incluso del Colegio Médico), Educación (Marcela Cubillos, quien reprimió a educadores en paro durante mediados de este año), Transporte (Gloria Hutt, tema que originó el alza del descontento).

Santiago, Concepción, Valparaíso y otras ciudades volvieron a manifestar su descontento, y mientras finalizaba la actividad, espontáneamente plazas públicas y calles comenzaron a llenarse de manifestaciones y fuego, remarcando que ya no es posible volver a cerrar los ojos ante tantas atrocidades.

Este tercer informe busca resumir las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período.

La prensa en el blanco de críticas y balas

Una de las instituciones sociales que ha estado en el centro de las críticas, como también de la represión, ha sido el periodismo. En Chile, los medios de comunicación se caracterizan por estar fuertemente centralizados -ubicados en la capital, Santiago- y por pertenecer a unos pocos empresarios poderosos. Aunque se intenta romper el cerco informativo con reportes desde medios independientes, portales web, radios comunitarias, organizaciones civiles y redes sociales, claramente el alcance de estos no es el mismo que el de un canal nacional o diario parte del duopolio.

Uno de los medios más denunciados estos días fue La Tercera, periódico que está entre los más leídos del país (tanto en su versión impresa como digital), luego de que adjudicaran los ataques incendiarios del Metro de Santiago a supuestos ciudadanos extranjeros. La nota, firmada solo como “Equipo La Tercera”, declaraba que “según fuentes de inteligencia policial, se detectó participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en las manifestaciones”. Al rato después, también subieron una segunda nota titulada “Gobierno rastrea rol de venezolanos en Twitter”.

Rápidamente, esta información fue descartada por el fiscal a cargo de la investigación de destrozos en el Metro, Omar Mérida: “La Fiscalía no tiene antecedentes de identidades ni nacionalidades específicas”. Por lo que, ese mismo día en la tarde, La Tercera sacó una aclaración y afirmaron que se trataba de “un error del que nos hacemos cargo”, negando que buscaran criminalizar a ciudadanos extranjeros viviendo en Chile, aunque claramente ese fue el efecto de la nota, además de aumentar la “conspiranoia”.

Este no es el único medio de difundir información falsa o de criminalizar al movimiento social. Son constantes las notas informativas centradas en los daños materiales -quema de supermercados, destrucción de estaciones del Metro-, por sobre las violaciones a los Derechos Humanos y muertes por acción del Estado, lo cual genera que desde ciertos sectores de la ciudadanía vean con malos ojos la protesta social, justifiquen la violencia de Estado y exijan el regreso del Estado de Excepción y toque de queda. A esto, se suma la denuncia de la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión, que expuso cómo el presidente y su ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, citaron a máximos ejecutivos de canales de televisión a La Moneda el 26 de octubre. “El país debe conocer cuáles han sido las intenciones del Gobierno para convocar a los directivos de estos medios televisivos, en una práctica intervencionista y que atenta contra la independencia que deben tener los medios en una sociedad democrática”, declararon desde el Colegio de Periodistas.

Pero mientras ocurre esto en medios con más alcance y poder, existen otros comunicadores y comunicadoras intentando generar otro tipo de cobertura, quienes se han visto también expuestos a la violencia. Fue el caso de reporteros del medio independiente Piensa Prensa, quienes recibieron una golpiza por parte de Carabineros –fuerzas policiales chilenas-, mientras grababan su violento accionar.

Como relató Sacha Rojas a El Desconcierto: “Nos fijamos en una detención ilegal de una persona que estaban arrastrando por el piso y dando lumazos -golpes con bastón policial- en las costillas. Siempre mantuvimos una distancia considerable”. Ahí, “uno de los carabineros, sin ninguna provocación, empezó a golpear a toda la prensa y el último fui yo, después de haber golpeado a toda la gente que estaba sacando fotos. Le dije ‘soy prensa’; me dio tres golpes en la cabeza con la luma, me bota al suelo y pierdo la consciencia durante unos segundos”. Tras volver en sí, encaró al efectivo, pero el piquete abandonó el sector.

URGENTE | URGENTE (19:50)
CARABINEROS APALEARON COBARDEMENTE A NUESTRO EQUIPO DE PRENSA. Fueron brutalmente golpeados por el piquete (05-03 Alvarez) Furgón, B-489 Aquí registro de la descomunal golpiza.
. URGENTE URGENTE@inddhh pic.twitter.com/c3decmuKEm

— PIENSAPRENSA 315 mil Seguidores (@PiensaPrensa) October 24, 2019

Sería una de las primeras denuncias públicas, de muchas más que vendrían. En Concepción, el camarógrafo Alejandro Torres recibió un disparo en el ojo, quedando en estado grave. Aunque posteriormente logró estabilizarse, acabó con la pérdida del globo ocular. Ese mismo día, recibió un disparo de balín en el pecho el periodista y académico de la Universidad de Concepción, Fernando Venegas, quien quedó con lesiones leves. También, desde el medio local, Sabes.cl, denunciaron que una de sus gráficas, la fotógrafa Jasna Núñez, fue arrollada por un grupo de Carabineros a caballo, quienes no la asistieron. Desde el Colegio de Periodistas de la zona se condenaron estos hechos y además, se acusó a una página de periodismo ciudadano, Amigos Penquistas, de incitar a la gente a atacar la oficina de otro medio, la Radio Bío Bío y de difusión de noticias falsas..

Mientras que en extremo norte del país, en Arica, tres periodistas del diario La Estrella de Arica, Estefani Carrasco, Patricia Torres y Alfredo Sanhueza, no solo denunciaron haber sido arbitrariamente detenidas, sino que, en el caso de las mujeres, fueron obligadas a desnudarse en una comisaría y a realizar sentadillas con la ropa interior abajo, de manera de humillarlas. Lo ocurrido es una de las 18 querellas por violencia sexual que está interponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Incluso, un grupo de reporteros argentinos, Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Díaz del Campo (ANCAP) fueron retenidos por largas horas en el Aeropuerto de Santiago y estuvieron a punto de ser deportados debido a que el contenido en sus redes sociales “incitaban al odio”. Tras la intervención del INDH y diversos parlamentarios, se logró revocar la medida.

La PDI reconsideró decisión de no ingreso de los periodistas argentinos Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Diaz del Campo (ANCAP) y se les permitió entrar a Santiago. pic.twitter.com/mv34ECuSFR

— INDH Chile (@inddhh) October 27, 2019

¿El derecho de vivir en paz?

No solo periodistas están expuestos a la violencia de Estado. Las denuncias de activistas y líderes sociales detenidos de manera arbitraria e ilegal se acumulan a diario. Anteriormente, mencionamos las detenciones desde sus hogares de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y Valentina Miranda, todos militantes de las Juventudes Comunistas. También, del estudiante de sociología y activista medioambiental, Francisco Reyes Aguayo. A esto, se suma la detención en su casa del dirigente estudiantil de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Rodrigo Martínez Caices, en Iquique, información que fue posteriormente corroborada por el INDH.

Un joven, que se identifica como dirigente estudiantil y de nombre Rodrigo Alejandro Martínez (18607918-3), es detenido esta noche por @Carabdechile.

La detención ocurrió en la intersección de calles Amunátegui con José Joaquín Pérez, en #Iquique. @inddhh #LoQueLaTeleNoMuestra pic.twitter.com/ZfSrOUvxkq

— RADIO PAULINA (@radiopaulina) October 28, 2019

A esto se suma la denuncia del boxeador y activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes, Cristóbal Yessen, quien fue detenido en Santiago Centro durante un control de identidad. El deportista, conocido por su fuerte lucha contra la violencia que enfrentan NNAs en el Servicio Nacional de Menores (SENAME), relató en sus redes sociales que el funcionario policial le dijo que le detenía por “hablar weas en redes sociales”. En la comisaría fue torturado “golpeando mi rostro, cabeza y manos. Me arañaron mi abdomen y espalda, me provocaron un trauma serio en el ojo, que podría llevar a un pérdida parcial de visión. Mi abogada, Pía Corvalán, jamás pudo hablar conmigo, porque estaba incomunicado”.

No tengamos miedo de alzar la voz, por 30 años de injusticia, de dolor y de saqueo.
Gracias a todos/as quienes me han apoyado, me han enviado sus buenas vibras. Disculpen no poder contestar mensajes , tengo un trauma severo en un ojo y están determinando si hay algún daño mayor. pic.twitter.com/TT6m2UL1h5

— Cristóbal Yessen (@CristobalYessen) October 29, 2019

Los traumas oculares han sido un ataque distintivo por parte de agentes del Estado. Como informó el Colegio Médico y la Asociación Chilena de Oftalmología, más de 100 personas han perdido la visión en un ojo por impacto de perdigones, hasta el 27 de octubre. Estas entidades especificaron que “desde el 19 al 26 de octubre se presentaron 96 pacientes con Trauma Ocular Severo, de los cuales 84 (86%) eran hombres y 12 (14%) mujeres”. Del total de pacientes, 29 (32%) presentaban Traumatismo Ocular con Globo Abierto (estallido ocular 15, herida penetrante ocular 14) siendo el principal mecanismo de acción herida por balines de goma (82% del total). Lo más grave es que esto fue provocado por agentes del Estado”, agregaron, señalando además que nunca habían tenido tal cantidad de casos semejantes en un lapso tan breve de tiempo.

Natalia Aravena Contreras, joven conocida por informar sobre productos de belleza libres de crueldad animal, fue una de las personas afectadas por disparo de balines. Había salido a marchar el 28 de octubre por Santiago centro, cuando se vio rodeada por la represión policial, por lo que intentó alejarse. “Me di vuelta a ver nuevamente dónde venían [las fuerzas policiales] y sentí un golpe muy fuerte en mi ojo derecho. Solo atiné a taparme el ojo y entre el aturdimiento no veía. Suerte la mía que un cabro Técnico en Salud me vio y me ayudó”. Su evaluación fue estallido ocular y lo más probable es que lo pierda. “Salí porque yo quería luchar contra las desigualdades que nos tienen viviendo mal, con la gente infeliz y triste. Pero los pacos andan jugando a la guerra […] se llevaron mi ojo, pero no mis ganas de luchar”.

La Naty es piola, la Naty solo salió a manifestar su descontento.
La Naty perdió un ojo a manos de carabineros.
Hoy siento rabia y pena de ver alguien tan bakan sufriendo.
Por ti Naty, por y ti y todos.
Vas a pagar Sebastián.#ChileNoSeRinde #fueraPiñera pic.twitter.com/KtuLbV5bV7

— J a v i Queen (@Ms__Queen_Bee_) October 29, 2019

Otro caso grave que se dio a conocer públicamente, fue el de una adolescente de 16 años, identificada solo como D.U., quien, transitaba por su familia por La Pintana, cuando se vieron rodeados por la represión policial a la gente. Ahí, ella fue herida a bala por un civil que, por la postura y el arma que tenía, su padre describió “como un experto, como un militar”. El proyectil le perforó un pulmón y la rompió la columna vertebral. Estuvo a punto de morir, pero fue estabilizada y fuera de riesgo vital. El diagnóstico indica que quedará parapléjica.

El cuerpo como territorio de conquista

A las personas con heridas graves, traumas oculares y detenciones arbitrarias, se suma la violencia sexual por parte de agentes del Estado. El INDH ya suma 19 querellas por delitos sexuales presentadas por 40 víctimas. De estas, 14 son menores de edad, 20 mujeres y 6 hombres. Una de las víctimas, “estaba puesta boca abajo contra la basura y con el arma de servicio fue amenazada con dispararle si se movía. Luego con esa misma arma se tocó su cuerpo y se le amenazó con penetrarla con el fusil”. A otra, se le obligó a hacer sentadillas desnuda, se le insultó y se le amenazó con violencia sexual física en una comisaría:

“Antes de ingresar al calabozo me llevaron a un baño, y me revisaron la ropa, los bolsillos. Me hicieron sacarme los zapatos, los calcetines, después me dicen ‘ya, ¡súbete la polera, muéstrame los senos!’, yo andaba sin sostén, después ‘¡bájate los pantalones!’, y yo ya listo y me dicen ‘¡bájate los calzones!’, ‘tenís que agacharte ahora’, sin explicar por qué, nada”, relató Bárbara Urquieta a The Clinic.

Las disidencias también se encuentran expuestas a esta violencia. Un estudiante de Medicina de la Universidad Católica, Josué Maureira, denunció públicamente haber sido torturado y abusado sexualmente por carabineros de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Desde su universidad lo apoyaron en un documento, en el que relatan los hechos: “Lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna e insultado por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de la víctima dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento”. Posteriormente, este declaró estar amenazado de muerte por Carabineros.

Al poco tiempo después de esta denuncia, salió a la luz el caso de Lucas Rocha, otra persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+ que denunció haber sido víctima de violación por parte de Carabineros. “Estaba caminando por la Alameda, yo no estaba haciendo nada, me estaba yendo a mi casa y me subieron a una camioneta”, relató el afectado. Tras golpearlo, torturarlo y violarlo por alrededor de dos horas, fue lanzado desde una camioneta en pleno Santiago Centro, donde fue hallado y asistido por transeúntes.

Estación Baquedano, combinación con 1973

Otra de las graves acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, fue que se estaba utilizando la Estación Baquedano del Metro de Santiago como centro de torturas y detenciones ilegales. Todo comenzó cuando Nicolás Lüer, de 22 años, denunció haber en este lugar por efectivos de Carabineros, donde opera la 60° Comisaría. “Lüer acusaba haber recibido golpes con toallas mojadas y sufrir una luxación en la rodilla, y dice haber escuchado disparos con balín de goma y haber visto a otros manifestantes colgados del techo por sus manos, según una publicación realizada por su hermana a través de Instagram y un posterior relato entregado a su abogado”, recoge el medio independiente Interferencia.

La acusación e investigación comenzó el miércoles 23 en la madrugada. Al mediodía, La Tercera publicó un artículo titulado “Jueces que se constituyeron en estación Baquedano: ‘No encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo’”. El texto buscaba desestimar completamente su denuncia. Pero como recogió el medio Interferencia y también Radio Canal 13, cuando llegaron no habían personas, pero sí tenían razones para creer que dos horas antes se había torturado gente en el mismo lugar.

Como relató el juez Daniel Urrutia, los efectivos policiales estaban nerviosos, agitados y cayeron en contradicciones. El lugar de las torturas, que no suele estar abierto a público, fue vívidamente descrito por la víctima, lo cual le aportó aún más veracidad a su relato. Además encontraron siete cartuchos de escopeta, seis de ellos ya percutados y amarras plásticas. No habían rastros de sangre, pero horas antes Carabineros había limpiado  completamente el lugar, aduciendo que lo habían hecho porque se habían ensuciado las escaleras con un baño químico. En una nueva entrevista, este mismo juez agregó que todo ocurrió en un punto ciego deprovisto de cámaras, por lo que la investigación continúa.

No son sólo cifras

Hasta el momento, 20 muertes han sido informadas por el gobierno chileno, al menos de manera oficial. Desde los primeros días, estos anuncios se han quedado en entregar cifras, más que en ahondar sobre sus nombres, historias ni las condiciones en que fueron asesinados. Parecen ser solo números que sobra. Incluso, como algunos y algunas fueron encontrados calcinados al interior de establecimientos saqueados e incendiados, se les asoció al robo. Como fue el caso de un adulto, cuyo cadáver calcinado fue encontrado en un Construmart -cadena de ferreterías- en La Pintana, Región Metropolitana.

No fue hasta varios días después que se le identificó como José Atilio Arancibia Pereira, de 74 años. Su familia había puesto una denuncia por presunta desgracia, luego de que “don Tilo” se extraviara en medio de las manifestaciones e incendios. Apenas lo reconocieron, tiraron por el suelo la teoría de que se encontraba saqueando: él padecía Alzheimer y se había desorientado.

Una criminalización similar sufrió Manuel Rebolledo Navarrete, un hombre de 23 años de la Población La Libertad de Talcahuano, quien murió arrollado por un camión militar, conducido por un infante de la Armada. Rebolledo fue acusado de participar en los saqueos a los frigoríficos de una pesquera -como si eso justificara su muerte-, pero sus familiares desmintieron esto, afirmando que el joven padre se encontraba en una cancha del lugar, cuando vio que ocurrían los saqueos y la fuerte represión, por lo que intentó huir de regreso a su hogar. Ahí fue cuando el agente del Estado se salió de la vía y le pasó por encima con el vehículo, matándolo. Este infante fue  formalizado por cuasi delito de homicidio y luego, fue reintegrado a sus funciones.

La historia de Rebolledo, contada por familiares cercanos, fue recogida por el Colectivo Frente Audiovisual en un video titulado “El Polera”:

Otro de los asesinados por agentes de Estado fue Álex Núñez, un eléctrico de 39 años y padre de tres hijos, quien salió la noche del domingo 20 de octubre a realizar unas entregas. Cuando llegó a la Plaza Juan José de Rivera, fue interceptado por la policía. Era la segunda jornada con la restricción de circulación y la habían decretado más temprano que el día anterior.

“Lo emboscaron por atrás y ahí lo golpearon en la cabeza, todo el rato en la cabeza”, señala Rodrigo Núñez, su hijo. Este joven se encontraba manifestándose en su barrio, cuando vio que por la calle “venía caminando como podía. Ya al verlo llegar, era él. Era mi papi, estaba todo desfigurado. Ahí le dije que se fuera para la casa. Lo trajimos para acá y después al rato lo vino a ver mi mamá”, añade. Alex le decía a su hijo que le dolía la cabeza y sólo quería acostarse. A las ocho de la mañana del día siguiente, el tío de Rodrigo lo llamó por teléfono y le dijo que ya no estaba respirando. Falleció la madrugada del martes a causa de los golpes propinados por Fuerzas Especiales de Carabineros.

Otra víctima incluida entre las querellas ante el Estado, es José Uribe Antipani, un soldador de 26 años y padre de un niño de año y medio. El joven de 26 años, José Miguel Uribe Antipani, murió mientras se trasladaba desde Santiago a Curicó -su ciudad natal- producto de un disparo de un militar en el tórax; otros dos amigos que le acompañaban resultaron heridos. Su padre, Nelson Uribe, afirmó a The Clinic que “ellos andaban golpeando una ollita y los militares no encontraron mejor cosa que matarlos”.

Estas son solo algunas de las muertes reconocidas por el Estado. Existen otras muertes que no han entrado a las cifras oficiales, mientras la ciudadanía exige su investigación, como fue el caso de la artista callejera de 36 años, Daniela Carrasco. El cadáver de “La Mimo”, como era conocida, fue encontrado colgado de una reja de la comunidad Pedro Aguirre Cerca, al sur de Santiago de Chile. Desde el Servicio Médico Legal se afirmó que había muerto por asfixia y que se trataba de un suicidio; mientras que vecinos y vecinos denuncian que ella fue vista por última vez cuando era detenida por un grupo de Carabineros.

A modo de cierre

Mientras se escribía este reporte, durante toda la jornada del martes 29 de octubre, continuaron las movilizaciones en todo el país, como también las violaciones a los DDHH. Las educadoras de párvulos salieron a las calles, denunciando los problemas del proyecto de “Sala cuna universal” que se quiere promover en el país; se encontraron con las fuerzas policiales atacándoles con chorros de agua, gases, lacrimógenas y balines.

Se llamó a una marcha que llegara hasta el Palacio de La Moneda, mas, no se logró debido a la fuerte represión, la cual fue tan violenta, que hasta un observador del INDH recibió siete impactos de balines disparados por agentes del Estado, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

[ URGENTE] Observador del INDH se encuentra herido por siete balines disparados contra su cuerpo, es trasladado de urgencia a un centro asistencial desde la Alameda pic.twitter.com/h9dX7nwqKF

— INDH Chile (@inddhh) October 29, 2019

Los manifestantes en Santiago se han encontrado con grandes perímetros cercanos a La Moneda cercados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, además de tiradores apostados en los edificios que rodean el Paseo Bulnes. Recientemente, Londres 38, un ex centro de tortura, represión y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que en la actualidad fue recuperado y gestionado como un espacio de memorias abierto a la ciudadanía, denunció que policías habrían gaseado intencionalmente el espacio:

Hace minutos @Londres_38 fue atacado por @Carabdechile quienes lanzaron gas con zorrillo a este espacio de memorias que presta apoyo de primeros auxilios.

— Londres38 (@Londres_38) October 29, 2019

Un reportaje de Ciper sobre los documentos de las fuerzas policiales chilenas que un hackeo reveló, mostró cómo Carabineros monitoreaba a agrupaciones sindicales, estudiantiles y medioambientalistas, al considerarlos “blancos de interés”.

Desde Amnistía Internacional se aseguró que las violaciones a los Derechos Humanos que se han registrado durante los últimos días en Chile, son comparables con las realidades de Venezuela, Nicaragua, México y Honduras. Mientras, se apronta la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que iniciará su trabajo en Chile desde este miércoles 30.

Debido a esta presión internacional, y los cuestionamientos al Presidente Piñera sobre su gestión y las violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo en el país, se decidió cancelar las convenciones APEC y COP, que se realizarían en los meses de noviembre y diciembre de este año. El mandatario se encuentra cercado por el nulo apoyo extranjero que ha tenido su represión violenta y el miedo a sufrir un papelón de proporciones frente a la prensa extranjera, mandatarios y las manifestaciones que podrían haberse desencadenado con aún más fuerza.

*periodistas integrantes de la ONG Amaranta

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Por Camila Parodi

Ante la necesidad de comunicar la situación de permanente conflicto en Chile, Valentina Doniez Sciolla, Camila Miranda Medina y Claudio Rodríguez Díaz, integrantes de organizaciones sociales de Chile realizaron un diálogo urgente con Marcha para actualizar la realidad cambiante que habitan desde hace más de dos semanas contra las políticas de ajuste, censura y represión del gobierno de Sebastián Piñera. A pesar que las empresas de comunicación argentinas hayan elegido dejar de comunicar la situación de los últimos días, así como el furor de las redes sociales parece mermar, desde Chile sostienen que es imprescindible la comunicación y solidaridad internacional con el pueblo porque se trata de días decisivos para los posibles escenarios futuros.

Sobre esto, como voceros de la actual situación chilena coincidieron en la necesidad de reforzar el apoyo internacional para que no haya impunidad tras la reciente brutal violación a los Derechos Humanos. A su vez, sobre el panorama regional, destacaron que la posibilidad de cambiar de rumbo, de salir de los modelos neoliberales, implica un cambio en toda la región. En ese sentido lo que pasa en cada país es clave y la intervención internacional es fundamental.

Si bien, es conocida la existencia de un cerco mediático ya que es desde lo comunicacional que hay un manejo corporativo que busca limpiar la imagen del gobierno chileno, para las organizaciones chilenas es muy importante tener contacto y conocimiento de fuente directa con organizaciones sociales, con instituciones que están armando una reflexión más estructural, y ese punto no puede quedar sin puntualizarse. Porque es posible que el diagnóstico pase a un segundo plano ya que ahí será la disputa. “Creemos que este sistema ya no va más” sostuvieron “es necesario que se visibilicen también todas las demandas de Chile que han sido ocultadas”.

Para comenzar Valentina Doniez Sciolla, miembro de la Fundación Sol, diagnosticó “las manifestaciones que ya llevan 12 días han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema, que se ha conocido como el modelo chileno, donde hay una alta concentración del ingreso”. Para la antropóloga señala que para entender el actual contexto de conflicto chileno es necesario conocer su estructura histórica, “un 1 % se lleva cerca del 33% del ingreso total del país, lo que se contrasta con los bajos salarios, lo cual no alcanza para generar una vida digna y cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores y en los hogares chilenos”. De forma tal que esto se conecta con una situación compleja de “auto endeudamiento” caracterizó, “tenemos 11 millones de personas endeudadas en Chile. Y ha y 4,6 millones de deudores morosos, es decir, que no están en condiciones de pagar sus deudas”.

En ese sentido, la situación actual de Chile da cuenta de un problema estructural, que para Doniez Sciolla evidencia “la mercantilización de la vida en los hogares chilenos. Y las élites económicas y políticas no han sabido dar una respuesta contundente”. Sobre esto, si bien el presidente salió a hacer un “mea culpa” y salieron a hacer algunas “medidas cosméticas” como señala la integrante de Fundación Sol, “subsidiar las pensiones y el ingreso mínimo” aún “seguimos teniendo una falta de derechos colectivos, una privatización de los derechos de salud, de educación, privatización de las aguas y los recursos naturales”. Entonces desde esta perspectiva, se puede concluir que “las respuestas de Piñera y algunos grandes empresarios no tocan en ningún sentido la estructura ligada a la crisis que vivimos hoy, crisis que está poniendo en cuestión la reproducción de la vida de las comunidades de Chile” afirmó.

Por su parte, Claudio Rodríguez Díaz es el Secretario Ejecutivo del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) para él “hoy día Chile está viviendo un punto de inflexión histórico”. “Probablemente no se ha visto desde el período de dictadura, que refleja la profunda desigualdad y malestar social que se viene incubando con la profundización del modelo neoliberal en las últimas décadas”. Desde ese punto de vista, “las movilizaciones son las más importantes desde los últimos treinta años y probablemente en la historia del país” sostuvo para Marcha Lipschutz, “y responden a este profundo malestar que da cuenta de una ruptura entre la ciudadanía y el mundo social y la institucionalidad”. Esta situación, para el Secretario del ICAL de Chile, “en lo esencial requiere soluciones de fondo y no soluciones cosméticas como las que ha dado el gobierno hasta ahora, con su escuálida agencia social, que lo que hace es mantener el rol subsidiario del estado y no apunta a resolver los problemas de fondo de la ciudadanía”.

“Las demandas que surgen del movimiento social tienen un sentido estructural que tienen correlaciones sociales y que se basan en la profunda desigualdad y en la cantidad de privilegios que tienen que tienen unos pocos por sobre la mayoría de la población” afirma Lipschutz en un diálogo urgente sobre la situación que están atravesando como pueblo chileno. En ese sentido, “lo que la oposición y los movimientos sociales demandan, es que al menos se paren esos proyectos de muerte y pueda, por un lado, fortalecer el pilar solidario, y por otro pueda congelar la reforma que propone de fortalecimiento de la AFP”.  En este contexto, “la ciudadanía se está movilizando por una nueva constitución, hay una demanda de avanzar hacia eso a través de una asamblea constituyente”. Con esta propuesta, para Lipschutz “lo que se está poniendo en la mesa es que se generen las condiciones con plebiscito que permita dar un curso de salida democrática en este escenario”. Y reforzó “esperamos que la salida sea en conversación, en diálogo con los actores sociales, con el espectro político amplio de la oposición y que no sea una salida que busque mantener las condiciones actuales, que no sea una salida alejada del diálogo social y las organizaciones y movimientos”.

Para finalizar fue el turno de Camila Fernanda Miranda Medina, se trata de la Directora de la Fundación Nodo XXI de Chile. Recién llegada de Santiago, Miranda Medina afirma “nuestra movilización supera toda institución política y social, y es una movilización de auto convocados que hoy día está teniendo organicidad porque los movimientos sociales coordinados están haciendo llamados transversales que cuentan con mayor legitimidad social que las mismas organizaciones políticas, pero que actualmente es un proceso que las excede”. En ese sentido, reflexiona que están abiertas las oportunidades, pero advierte que también hay peligros. Por un lado, las oportunidades de aprovechar el ánimo constituyente de la sociedad para efectivamente cambiar el rumbo del modelo chileno. Pero por el otro, no se puede negar que “hay una derecha autoritaria y antidemocrática que está impulsando a través de la apelación del vandalismo, una descomposición de la movilización social y tratar de reponer las reformas y las medidas que tienen una profundización del modelo neo liberal, pero presentados como agenda social en cuanto focalizan en darle recursos a los sectores más vulnerables, pero no apuntan a una transformación sustantiva de la sociedad”. En ese sentido, se abrieron conversaciones sobre cuáles serían las salidas políticas que involucren una participación democrática. “De ahí la idea de un plebiscito, de ahí la idea de una asamblea constituyente, y de ahí la idea de avanzar en la nacionalización de derechos sociales que hoy están privatizados, como la salud, la educación, y la previsión social” refuerza Miranda Medina.

La directora de la Fundación Nodo XXI caracterizó “hoy estamos frente a un escenario abierto”. “Hoy hay una convocatoria de paro nacional, que hace una coordinadora que es Unidad Social junto a otros espacios” sobre esto anticipó “esperamos una convocatoria grande, ya que el gobierno sigue respondiendo con violencia en las calles y con una política que sigue muy ensimismada”. Por eso, reforzó “no queremos sólo un cambio de gabinete, queremos un cambio de políticas, queremos a través de las movilizaciones superar la apelación a la violencia, e impedir la violación de los derechos humanos, y que se abra un proceso de cambio en Chile que pueda conducir a una reforma de nuestra constitución”.

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Por María Brun Lubatti / Foto: Migrar Photo

Lo que está pasando en Chile nos moviliza. Los motivos sobran: la cercanía geográfica y el accionar que nos recuerda a un pasado no tan lejano son algunos de ellos. Para entender lo que está pasando en Chile es necesario corrernos del horror que nos producen las imágenes y videos que están circulando a toda hora por las redes.

Las movilizaciones del pueblo chileno -bajo la consigna #ChileDespertó- buscan visibilizar un malestar político y social sintomático acumulado por años y gobiernos de injusticia social. En este momento, es importante resaltar la dignidad del pueblo chileno que está recuperando las calles -a pesar de la violencia estatal- para hacerse escuchar con la intención de generar un cambio en el sistema económico y político. La violencia del gobierno de Piñera no logra silenciar aquel malestar. En Valparaíso, no alcanzan “los pacos” -como se llama a los Carabineros, su policía- para reprimir todos los puntos de manifestación en una ciudad de 300 mil habitantes.

A diferencia de las versiones que buscan instalar medios masivos y oficiales, las movilizaciones no tienen como leitmotiv crear caos: son sus integrantes quienes han frenado en varias ocasiones algunos intentos de saqueo. No hay total desabastecimiento, y, al menos en Valparaíso, los pequeños locales, o despensas están abiertos y brindan servicio.

Hasta el momento fueron varias las marchas de asistencia masiva organizadas en la ciudad portuaria: en reclamo de la salud, movilizaciones pacíficas reclamando el cese de la presencia militares en las calles, improvisando carnavales y una marcha hacia Viña del Mar donde se realizó una fiesta. También se están organizando mesas de debate para visibilizar reclamos específicos acorde a los distintos territorios. Son muchas las acciones de protesta: pequeños cacerolazos, concentraciones en la Plaza Aníbal Pintos -plaza neurálgica de Valparaíso- hacia Plaza Victoria, la cual es sede de los inicios de las manifestaciones, concentraciones en Plaza Italia. gente desde los balcones gritando y acompañando la marcha, micros y autos tocando bocina.

Las casas son como pequeños bunkers: grupos de amigues o familias se reúnen para pasar este momento en comunidad. No es un momento para estar en soledad. La gente está habitando la calle en disputa por el espacio público negado por la derecha. La violencia del Estado chileno aparece muchas veces como algo impensado desde una lectura argentina.

Antecedentes cercanos

La actual constitución chilena fue promulgada por la misma dictadura que derrocó el 11 de septiembre de 1973 a Salvador Allende. Allí se declara inconstitucional “todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases”. Al igual que en nuestra dictadura, la violación a los Derechos Humanos, la represión y la anulación de derechos civiles fueron las bases de este sistema. En Chile se instaló el modelo neoliberal -tanto en lo económico como en lo ideológico-; que implicó la reducción del gasto público, la privatización de las empresas públicas y los recursos naturales, así como también la promoción de la libre empresa. Fue esta la usina de producción de las grandes desigualdades sociales que hoy afectan a la sociedad chilena.

El pasado miércoles 16 de octubre, frente al aumento de la tarifa del metro, les estudiantes comenzaron a organizarse para hacer una evasión masiva: rompieron los molinetes para pasar y dejar pasar gratis a otras personas. La respuesta fue una represión muy violenta. Piñera quiso cortar de raíz la problemática y le creció un bosque: frente a la represión en Santiago, la gente comenzó a salir a las calles. Tanto que hoy, les chilenes están habitando las calles, en muchos lugares de manera pacífica y legítima, con mucha adrenalina generada por la posibilidad de hacerse oír activamente frente a un Estado neoliberal y represor.

El sistema de salud es una de las instituciones del Estado más desfinanciadas junto al educativo y el previsional. La salud en Chile está repartida en dos tipos de sistemas: las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) -privadas, las cuales cuentan con profesionales de las universidades más prestigiosas de Chile, una mejor infraestructura y equipamiento, y también son más costosos- y el Fondo Nacional de Salud  (FONASA), único de carácter público.

Les chilenes perciben atención médica por sus ingresos y no por su estado de salud.  Este año, la situación llevó a una crisis sanitaria: el Estado no destina el presupuesto que hace alta para abastecer condiciones mínimas en los hospitales públicos. Esta situación  es consecuencia de la privatización de los servicios y derechos por parte de la dictadura de Pinochet y los gobiernos neoliberales consecuentes.

Por su parte, el sistema educativo también fue otra víctima de la neoliberalización, que en la actualidad se rige bajo la lógica de bien de consumo, de carácter mercantil. La educación en Chile estuvo mucho tiempo “municipalizada” y es privada. Cada municipio administraba con sus recursos la infraestructura y los recursos humanos. Aquellos municipios con menos recursos son más vulnerables, ya que no pueden brindar el acceso a una educación de calidad, lo cual genera gran desigualdad social e imposibilita el acceso a formación superior y trabajos calificados. En el mandato de Bachelet se realizó una reforma a modo de parche, creando instituciones regionales para administrar la educación, que no significaron ningún cambio estructural. Los servicios locales de educación se agrupan por barrios o zonas, los cuales quedan igualmente marcados por la desigualdad.

Por último, el sistema previsional actual -también privado- de Chile fue orquestado en plena dictadura por José Piñera, hermano del actual presidente. Este sistema privado de pensiones es denominado AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones.

Las AFP recaudan un 10% del salario de les trabajadores, y utilizan esas sumas para inversiones en el sistema bancario y financiero nacional e internacional. El aporte es de aproximadamente del 10% del salario de las instituciones que luego les cobran altos porcentajes de interés por créditos. Asimismo, los bancos utilizan lo recaudado para realizar inversiones en el sistema bancario y financiero nacional e internacional. Quienes no pudieron realizar aportes a las AFP tienen la posibilidad de solicitar una pensión mínima al Estado, que actualmente es de de $110.200 pesos chilenos (U$S 150), es decir, un tercio del sueldo mínimo.

Hoy, les chilenes están habitando las calles, y en muchos lugares está siendo de manera pacífica y legítima, con mucha adrenalina generada por la posibilidad de hacerse oír  activamente frente a un Estado neoliberal y represor. Es importante difundir la represión, pero también es importante dar a conocer el trasfondo del reclamo y de una situación que era inminente que sucediera por la historia chilena.

*Esta nota fue realizada con información brindada principalmente por Julieta Mazzoni, argentina que actualmente reside en Valparaíso, Chile. Julieta, junto a amigues de ese país, realizaron un informe para difundir por distintas redes, con el objetivo de  generar una síntesis del panorama chileno y brindar un poco de claridad a quienes desconocen la realidad presente y pasada de este país. Si bien este no tiene rigurosidad académica, está basado en fuentes de información legítimas de que dan a conocer  las principales problemáticas denunciadas por el pueblo chileno. Las fuentes fueron sistematizadas en paralelo a la información de las calles, las protestas y la policía y militares en las esquinas, helicópteros en el aire y el ruido de gente gritando, caceroleando, reclamando.

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