El conflicto del transporte público en Córdoba ha quedado paralizado. Los medios comerciales ya no hablan de eso. Hay 183 trabajadores y trabajadoras despedidas y un chofer fallecido ante la desolación del desempleo y la corrupción. Las mujeres operadoras del trolebús continúan su lucha con un acampe frente a la Municipalidad cordobesa. Mientras la UTA, el municipio y la provincia hacen tiempo para lograr la mejor salida acorde a sus intereses. La burocracia y el poder que cuesta la vida de las y los trabajadores.

Ya es media mañana y el cielo parece aún amanecer con un sol tenue que cobija las calles. Frente a la puerta de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, una carpa blanca deja leerse en sus paredes de lona carteles que exigen la reincorporación de las y los despedidos del transporte. Adentro, dos carpas más chicas con abrigos, un baño químico, sillas, agua, un calentador entre otros insumos que a lo largo del mes se han ido acumulando haciendo el hogar de las trabajadoras que allí se rotan para dormir.

“Las mujeres somos las que vamos al frente. El hombre no tiene alma de guerrero”, comienza Graciela Caliva. “La mujer va a la lucha por todo y no le teme a nada”. Graciela es riojana y hace 22 años que maneja un trolebús.
Los trolebuses llegaron a la ciudad de Córdoba en el año 1989 desde Rusia, ya que se desarrollaron en la mayoría de los países de la Unión Soviética que tenían más de 200.000 habitantes. De la mano del intendente radical Ramón Mestre -padre-, se firmó un convenio por el cual sólo pueden ser manejados por mujeres. De inmediato ellas coparon el volante y comenzó una historia que también tienen marcada en sus cuerpos.

Cuando Graciela describe el funcionamiento de un trole parece reconocer cada artefacto, cada pieza que hace a su marcha. “El trolebús es eléctrico, le entran 550 volts de electricidad. Va enganchado con lanzas a una línea. Por ahí se te escapa la lanza y pega tirones en el cuerpo. En mi caso tengo los dos tendones rotos de los hombros, deshilachados. Atrás nuestro hay dos llaves generales, que cuando vos vas manejando salta, te deja sorda, vas perdiendo la audición. Tenemos frenos y aceleración, contactos y un compresor que continuamente hace ruido. Los pedales son hacia abajo. Yo tengo los meniscos fisurados y las rótulas cruzadas, se te van rompiendo las rodillas. Los asientos son duros, con una amortiguación pesada y los golpes secos se sienten”. El relato de Graciela se hace extensivo a la situación de la mayoría de las trabajadoras. Problemas de columna, intestino, tumores, y muchas mujeres con cáncer de útero que han debido ser operadas. Con el tiempo, la falta de inversión para mejorarlos incidió en un desgaste que se fue trasladando a las condiciones de vida de las trabajadoras.

“Hace cinco años que me sacaron el útero”. Interviene Viviana Chiaty, con 25 años de antigüedad en el transporte. “Hay chicas que recién entran y le sucede lo mismo. La mayoría comienza con endometriosis y hemorragias”.  La resistencia, depende de cada cuerpo. “Las condiciones siempre se pudieron mejorar. Nosotras mismas hemos colaborado para mejorarlos”, dice Viviana y recuerda lo cotidiano que se les hace meter las manos en los contactores por las fallas intermitentes del trole y sentir el empujón de la corriente.

“Pero nosotras no le tenemos miedo a nada -reafirma Graciela-. Quieren terminar con nuestra fuente de trabajo. Amamos los trolebuses, queremos que los pongan en condiciones. A raíz del vaciamiento quedó una frecuencia precaria, de cada siete minutos ahora pasó a veinticinco. La gente se ha acercado a la carpa, se han solidarizado y dejado dos mil firmas pidiendo por la reincorporación”. Las mujeres al volante son un distintivo que el y la usuaria percibe, “hay más gente esperando el trole. También lo eligen por el buen trato con los pasajeros”, reconoce Graciela, y aclara que su lucha es por todos y todas las compañeras. A pesar de los 28 días de acampe su semblanza es fresca y se organiza para estar siempre arreglada: “Quiero lo que es justo. Le pongo el alma, el cuerpo, todo mi ser a esta lucha. Este gobierno está llevando a un pueblo a la esclavitud. Ojalá todos se nos unan”.

El camino de la desinversión

Los trolebuses pertenecen desde el 2004 a la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad Anónima (TAMSE). Ahora el municipio ha decidido comenzar a despedir a las trabajadoras con más años de servicio y en esa lista aparecen los primeros legajos confeccionados en la historia del trolebús de Córdoba. “Nosotras no llegamos a los 30 años de aportes”, dice Viviana Gómez, con 25 años de trabajo en el trolebús.

Viviana, “Mumi”, tiene 46 años y su estado de salud no es mucho mejor que el de sus compañeras. “Este es mi segundo despido bajo el mandato de Mestre, porque tengo una tarea pasiva a raíz de que los médicos de la ART me bajaron del coche y mi situación no es rentable para la lógica empresarial. Tenemos un convenio donde se nos reconoce por siete horas de trabajo, por considerarse  insalubre y aun así no alcanza. Hay que actualizarlo y modificarlo. Pero, lejos de eso, Macri entongado con Schiaretti y la municipalidad vienen con otra historia: la intención es ampliar la cantidad de horas, como la reforma de flexibilización laboral de Brasil”.

Mumi se acerca a la ronda para hacerse escuchar mejor. Hace poco tiene una afección en la garganta y tiene que esforzar su voz. El conflicto del transporte tiene un claro trasfondo de corrupción donde se beneficia la UTA, el intendente radical Ramón Mestre hijo, y la empresa de origen correntino, ERSA (Empresa Romero SA) que está monopolizando el transporte público en Córdoba.

“Somos la mayor cantidad de despedidas: de los 183, 68 trabajadoras son de trolebuses. Nosotras somos la empresa más chica de transporte urbano de Córdoba, ocupamos solo un 6% del total, sin embargo de ese 6% han sido despedidas un 40%. En números, a ERSA, la empresa más grande, que ocupa el 70% del recorrido y del personal, les despidieron 37 trabajadores y nosotras con 120 trabajadoras nos despidieron 68”, explica Mumi.
Tres semanas antes del paro que comenzó a principios de junio contra la paritaria cerrada por UTA Nacional, las trabajadoras del trole denunciaron en el Concejo Deliberante que los subsidios al transporte eran desviados, ya que la desinversión iba en aumento. “Después se vino el paro, fuimos al frente de la marcha y gritamos demasiado. La intención de Mestre es desaparecer el sistema, por lo que ha reemplazado prácticamente en su totalidad por colectivos. Los empresarios nunca quieren mujeres, las consideran deficitarias por los embarazos, por los hijos cuando se enferman. Es un ataque a nuestros derechos, tanto por parte de Mestre como de la UTA”.

Hoy en las calles de Córdoba la flota de colectivos ERSA, está reemplazando a las otras líneas de transporte. Pero el entramado entre el sindicato, los empresarios y el poder político es lo que lleva a la situación de desgaste que están padeciendo los casi doscientos trabajadores y trabajadoras despedidas. “Los empresarios son simulacros, porque el verdadero dueño de las empresas, por ejemplo ERSA, es Mestre, socio de Romero. El gobierno municipal y provincial están asociados ilícitamente a una mafia que es UTA. Y a UTA se la compra con mucho dinero. Muchos intereses económicos y gubernamentales, poderes que se dan entre ellos, dinero que se mueve de manera ilícita, donde toda esa situación no solo la pagamos las y los trabajadores del transporte sino también los usuarios que es a donde va destinada su plata”, enfatiza Mumi.

La solidaridad vino de todas partes, de la UTA solo vinieron amenazas y extorsión.  “Han venido hasta con armas a la madrugada para levantar la carpa. El sindicato está actuando como los empresarios. No estaríamos acá si nos representaría”, interviene Graciela. “Tanto la empresa como el gremio controlan que no nos juntemos ni organicemos”, agrega.

“A mí me lo propusieron: -querés volver Mumi, andá a la punta de línea y traé cinco compañeros activos, que levanten la mano para el desafuero de los delegados y volvés a trabajar-. Yo no lo hice”.

A dos meses de no cobrar el salario, inmersos e inmersasas en extorsiones que juegan con la vida de los y las trabajadoras, la UTA consiguió el desafuero de los delegados y la situación continúa igual. Años de burocracia sindical, siendo el mismo sindicato el que se pone del lado de la patronal junto a los delegados de las empresas más importantes:  ERSA y Coniferal, funcionales a la Municipalidad y la UTA Nacional. En cambio los y las delegadas que representaban los intereses de las trabajadoras y los trabajadores perdieron sus fueros y son quienes pertenecen a TAMSE trolebuses y AUCOR.

La lucha de las mujeres es una batalla dura contra un patriarcado enquistado tan violentamente en un rubro que hegemonizan los hombres y con un sindicato que destila machismo por todos lados. Los troles llevan 28 años circulando por las calles de Córdoba y sin embargo nunca se pudo lograr que la UTA homologue en el convenio de trabajo los derechos de las mujeres. Por eso, cuando una mujer se embaraza tiene que sacar carpeta médica. “Un embarazo no es una enfermedad, pero como no estamos en el convenio la mujer tiene que sacar carpeta y sufrir un descuento salarial por eso”, expresa Mumi.

Desde el 9 de junio el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba tiene el acta donde se compromete a la reincorporación de todas y todos los trabajadores. El desgaste a que apelan tiene como telón de fondo la desinversión, principalmente, del servicio de trolebús: sacar a las trabajadoras con más antigüedad y por ende con más problemas de salud y de a poco dejar el transporte concentrado en una o dos empresas.

“En esa demora ya llevamos dos meses en la que se ha llegado a que un compañero pierda su vida, agobiado y extorsionado por toda esta situación. Muchas compañeras son sostenes de familia. Les han cortado obras sociales, hasta la cobertura médica a compañeras con hijos discapacitados. Por eso, al usuario hay que decirle que los problemas que padecen son los mismos que los trabajadores, que no debemos prestarnos a la división que ellos nos quieren generar”, enfatiza Mumi.

A la salida de la carpa el cielo ya se ve más despejado. “Mañana hacemos la olla popular”, dice Graciela al despedirse. La solidaridad de clase se condensa en la carpa como un punto de encuentro para mantener viva la lucha, “para que la gente no se olvide”, dicen. Y aparece la hermandad de reconocerse entre tantas, la fortaleza que nace ante la convicción de lo justo y la calidez de un abrazo colectivo que prologa al día para salir a guerrear al tiempo que no se detiene.

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Desde el colectivo de investigación El llano en llamas tomaron la ciudad de Córdoba como ejemplo concreto en el que la lucha contra la “seguridad” sólo determinó detenciones ilegítimas y estigmatización de pobres y jóvenes. Un modelo que se intenta imponer a nivel país, los resultados para las clases populares.

El año 2016 empezó con nuevos anuncios en materia de seguridad por parte del actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Entre los puntos más relevantes se encuentra una megainversión de 300 millones de pesos para la compra de recursos destinados a la policía de Córdoba, la construcción de nuevas comisarías y la incorporación de 1.550 agentes en el mes de junio –que se sumarían a los 17.000 efectivos activos actualmente–.Este anuncio es expresión de la continuidad de una política de seguridad sostenida en el tiempo por la gestión de Unión por Córdoba, amparada por los medios de comunicación hegemónicos y legitimados por un discurso social que reclama una y otra vez “mayor seguridad”. Así, durante todos estos años aumentó inescrupulosamente la cantidad de efectivos policiales, vehículos e infraestructura; se sancionaron las leyes de Seguridad Pública (9235) y de Seguridad Privada (9236); se reformó el Código de Faltas; se firmó un convenio con el ManhatanInstitute a través del cual deben instalarse más de 1.000 cámaras de vigilancia en “zonas críticas” de la ciudad de Córdoba; y se aprobó la ley del registro de huellas genéticas (ADN) para almacenar datos de “sospechosos” , entre otras muchas cosas.

Asimismo, los conceptos de “paz social” y “consenso social”, el programa “Córdoba más segura” y la creación de la Policía de Pacificación, entre otros, operaron no sólo como slogans de campaña política, sino como discursos legitimadores de una política de “pacificación” cuyo principal objetivo ha sido reprimir y controlar a los sectores populares. En este mismo sentido, la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo ha cobrado particular importancia en los discursos de la actual gestión. Sin embargo, lo que no dicen los medios de comunicación, el gobierno, ni el sector social que aplaude este tipo de medidas, es que dichas políticas estatales no han tenido resultados exitosos en términos de reducción de la delincuencia y la inseguridad.

¿Seguridad o estigmatización?

La clave está, por cierto, en preguntarnos qué se entiende por seguridad: ¿Seguridad para quién? Una primera reflexión es que esta concepción hegemónica de seguridad refiere exclusivamente a la protección de personas y cosas entendidas como bienes jurídicos individuales, excluyendo las nociones de inseguridad social y económica en un contexto marcado por necesidades básicas irresueltas e incluso crecientes, acompañadas de un preocupante incremento de la desigualdad y el racismo. En este sentido, podemos tomar nota de algunas cuestiones que dan cuenta de cómo opera el dispositivo de seguridad bajo dicha concepción.

En Córdoba, es particularmente llamativa la variación interanual (2014-2015) del gasto en Seguridad, superior a los incrementos observados en otros rubros igualmente sensibles. En el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” la variación presupuestaria anual fue de +54,5%, en “Salud” fue de +44,1% y en “Educación inicial y primaria” fue de +9,6%. Lo mismo sucede si analizamos comparativamente el gasto per cápita durante 2015: en el rubro “Educación inicial y primaria” se registra un total por habitante de $1.311; en “Salud” implica una inversión presupuestaria anual por persona de $1.734 y en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” el valor es de $2.255 per cápita*.

La otra cara de la política de seguridad provincial se hace visible a partir de estrategias de intervención territorial desplegadas principalmente por las fuerzas policiales. Este accionar se intensifica en aquellos espacios de la ciudad donde residen los sectores populares, que son los más intervenidos a través de los denominados “operativos de saturación” y “razzias”.

Los operativos de saturación incluyen controles permanentes en puentes y vías principales de circulación, retención masiva de motocicletas y mega allanamientos periódicos en barrios populares y villas. Por otro lado, las razzias o “corralitos” son allanamientos ilegales que realiza la policía para detener masivamente a vecinos de villas y barrios populares. En la mayoría de los casos se registra también una nueva modalidad de tratamiento de los detenidos, quienes son expuestos en espacios públicos rodeados de vallas (los denominados corralitos), no para generar mayor seguridad pública o personal para los detenidos, sino para montar un show mediático que busca legitimar el accionar policial frente la sociedad y, al mismo tiempo, generar efectos “pedagógicos” disciplinantes en los sectores populares.

En este contexto, y a partir de estas preocupaciones, en 2014, desde “El Llano en Llamas”, pudimos relevar un total de 31 operativos entre el 13 de febrero y el 28 de mayo: la conclusión fue que en un período de casi tres meses y medio se realizaron aproximadamente 9 procedimientos mensuales (un operativo cada 3 días).En todos los casos revisados encontramos un alto número de detenidos, con un total de 668 en los 15 operativos conjuntos o simultáneos. Esto da por resultado aproximadamente un total de 191 detenidos por mes en razzias y un promedio de 45 detenidos por operativos conjuntos o simultáneos, todos ellos desarrollados en barrios populares o villas, tales como Villa Angelelli, San Jorge, Villa La Lonja, Barranca Yaco, Bajo Pueyrredón, entre otros. Los días 2 y 3 de mayo de 2015 este dispositivo se ejecutó violentamente, o cual generó un saldo de 451 personas detenidas, la mayoría por aplicación del inconstitucional Código de Faltas (sólo 37 de ellas tenían antecedentes penales), entre las que se encontraban menores de edad (109).

Este accionar policial necesita de la construcción de un estereotipo de sujeto peligroso, para legitimar una política de seguridad orientada a intervenir y regular un sector de la población y del territorio: las clases populares y sus espacios vitales. Esta estrategia se despliega incluso antes de que los delitos sucedan, invirtiendo así garantías constitucionales, como por ejemplo, el principio de inocencia (se presume la culpabilidad en lugar de la inocencia).

Así, la ciudad de Córdoba se instituye como espacio de control de la población gracias a complejos mecanismos de vigilancia puestos en marcha por una fuerza policial que actúa con estrategias espacialmente orientadas, pero también por la configuración urbana que avanza al ritmo del desarrollo del capital inmobiliario cada vez más hacia un modelo de “ciudad exclusivista” pensada para el consumo donde el joven pobre, morocho, boliviano, peruano, etc. no tiene lugar en el orden económico y social. La noción de “seguridad” habilita un accionar de la estatalidad enfocado en la represión y/o criminalización, más que en políticas y programas dirigidos a solucionar las condiciones que hacen a la violencia social, esto es resolver situaciones extremas de precarización, vulnerabilidad y marginación; consecuencia de necesidades vitales irresueltas, esenciales para una vida posible: tierra, vivienda, educación, trabajo, salud.

*Informe “El costo del miedo. Cifras claves respecto a los gastos de seguridad para el caso de la provincia de Córdoba”, noviembre de 2015.

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