La sociedad no refrendó los acuerdos Gobierno-FARC; habrá que hacer análisis serenos, pero algo es seguro: será fundamental insistir con la agenda de solución política y paz, una agenda bien anclada en las necesidades cotidianas del pueblo. La clave para revertir esta situación desfavorable sólo puede surgir de la participación activa de la sociedad.

Hice campaña por el Sí, quería que ganara el Sí, y lamento cómo se dieron los resultados finales. Pero no hay que confundir el voto por el No con la derrota de la salida negociada. Hay que seguir trabajando por la construcción de la paz, de la vida digna y de la justicia social, y ampliar los canales de participación para consolidar una voluntad mayoritaria favorable a la solución política y a la construcción de la paz.

A 4 años de iniciados los diálogos del gobierno nacional con las FARC, y con el antecedente de la firma el pasado 26 de septiembre, el futuro del acuerdo parece quedar en la incertidumbre; sin embargo es necesario que el camino de la salida negociada se confirme y se mantenga, al igual que la instalación de Mesa de negociación con el ELN: tal vez otro modelo de negociación, como propone esa insurgencia, alumbre posibilidades de más largo aliento pero más sólidas de lo que resultaron, a la vista de una parte importante de la sociedad, los acuerdos de La Habana.

Responsabilidades

La paz, así como idea genérica, como anhelo de finalización de la guerra, sale evidentemente golpeada con estos resultados. Pero más que la paz quien debe reconocer el golpe es el gobierno de Santos, quien diseñó todo a su modo y el tiro le salió por la culata.

Más allá de sus palabras de ocasión en el discurso al reconocer los resultados, casi 6 millones y medio de votos por el No, y más de 21 millones de personas en abstención, son las cifras de la derrota de este modo de hacer las cosas.

Es una lástima para el país, porque la señal que necesitábamos era la refrendación; a pesar del convencimiento de las regiones golpeadas por el conflicto, en las cuales el Sí ganó con contundencia (Chocó, Vaupés, Cauca, Putumayo, Nariño y La Guajira), la cordillera oriental, el piedemonte llanero y el departamento de Antioquia le dijeron no a los acuerdos… y sobre todo No a Santos.

El país le cobra al actual presidente hablar de paz y subir los impuestos, hablar de paz y bajar lo salarios, hablar de paz y no resolver la crisis económica, hablar de paz y dejar todas las situaciones de inequidad y pobreza intactas. Hay una decisión equivocada en haber sometido este proceso de negociación a un plebiscito, cuando el clamor de paz en el país es histórico y contundente.

La polarización entre las grandes maquinarias santistas y uribistas, permitió que las minucias del acuerdo fueran excusa para criticar la posibilidad de una salida negociada. Argumentos como la supuesta promoción de la “ideología de género”, fueron usados para oponerse al acuerdo, desvirtuando el núcleo central de la discusión.

El movimiento social, los sectores democráticos y progresistas que hemos trabajado por la paz desde hace años, deberemos revisar formas, contenidos, no esquivar autocríticas. Pero a la vez, debemos ratificar nuestro compromiso con la salida política al conflicto armado. Por eso la pedagogía para la paz, los conversatorios, los eventos, los foros, las ollas, los festivales, todas las expresiones comunitarias y populares que estos días fueron puestas en escena deben multiplicarse.

Es fundamental seguir promoviendo la participación de la sociedad

Solo una sociedad que no fue convocada a hacer parte activa de los debates y los acuerdos, puede dar la espalda a una salida política al conflicto, deseada por todos pero que, evidentemente, no logró interpelar a todo el pueblo, hacerlo sentirse parte.

¿Por dónde seguimos? Es necesario continuar promoviendo la participación de la sociedad, insistir en la búsqueda de la paz pero dando protagonismo al pueblo y a su agenda, de la mano de una propuesta integral de justicia social.

El Gran Diálogo Nacional que el próximo 4 de noviembre se lanzará al país por parte de diversos sectores sociales, es una salida viable, pertinente y participativa, que puede ayudar a sortear las dificultades del momento. Para que la próxima vez la discusión no sea si la guerrilla gana o no gana plata, sino cuáles son las condiciones para que en los territorios haya paz y Vida Digna.

*Vocero nacional del Congreso de los Pueblos, integrante de la mesa de interlocución de la Cumbre Agraria con el gobierno para el punto Relación Campo-Ciudad.

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Colombia celebrará un plebiscito para refrendar los acuerdos que firmen el gobierno y las Farc. Desde el oficialismo hasta algunos movimientos sociales y partidos de izquierda harán campaña por el SI, mientras que el uribismo encabezará el voto al NO. Aquí, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) explica por qué rechaza la propuesta.

El ELN dio a conocer este martes, en la editorial de la revista Insurrección, su postura sobre el plebiscito que se realizará en los próximos meses para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las FARC. “Respetamos el camino que han tomado los compañeros de las FARC, así no lo compartamos, dado que los acuerdos de La Habana marcan una ruta, que no interpreta la agenda ni la metodología de negociación que hemos pactado con el presidente Santos y que anunciamos conjuntamente en Caracas el pasado 30 de marzo”, afirma el texto.

En la editorial, titulada “Un plebiscito entre dos aguas”, el ELN asegura que revisó con atención los discursos de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso y resaltó la declaración del nuevo presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien llamó a acabar con la polarización para abrirle paso al “nuevo país” y su convocatoria a que “se haga bien la paz”.

No obstante, el centro de la declaración del ELN fue catalogar como precipitada la actitud de Santos frente al plebiscito: “Santos se afana en meter en este lapso (cuatro años) toda la gestión de gobierno, así quede mal embutida. De aquí proviene el acelere del actual plebiscito, en el cual los colombianos deben pronunciarse sobre el proceso de paz en desarrollo cuando aún no se ha firmado un acuerdo final con las FARC y el gobierno mantiene congelada la negociación con el ELN”.

La insurgencia agrega que “con un plebiscito exprés no queda bien hecha la paz”, que argumentaron puede guardar relación con el pulso del expresidente Álvaro Uribe, disputa en la que el proceso de paz, aseguran, “es apenas un medio para lograr su objetivo”, expresión de una polarización creciente al conjunto de la sociedad colombiana, según el ELN.

Una polarización conveniente

El texto de la guerrilla del ELN apunta que el SI y el NO envuelven al país en una suerte de `polarización conveniente´. “Quienes voten por el SI en el plebiscito serían asimilados como aliados de Santos, mientras que quienes voten por el NO serán vistos como seguidores de Uribe”, declararon. Esta sería, en su opinión, “una estratagema que pinta todo de blanco y negro, cuando la realidad colombiana es más compleja y muy distinta a la desfiguración que pretenden imponernos”.

Según el ELN, se pretende enfrentar a las y los colombianos a favor de una u otra fracción de la oligarquía: “Lo preciso es que mediante el plebiscito se refrendará sólo el desarme de las FARC, pero aún estamos muy lejos de alcanzar la paz, ya que se mantienen todas las causas que originaron el conflicto. La polarización mediática entre Santos y Uribe en torno al plebiscito se evapora cuando se plantea que la paz sólo será posible cuando se hagan las transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado. Ahí, Santos y Uribe hacen solidaridad de cuerpo como oligarquía, pues ninguno está dispuesto a ceder sus privilegios como bloque dominante y se aferran al poder con toda la capacidad indiscriminada del uso de la violencia”, sentencia el texto.

¿Relación con el congelamiento de la mesa?

Según expresa la editorial, hay una hipótesis que apunta a que el congelamiento de la mesa de negociaciones con el ELN obedece a la táctica escogida por Santos de “primero pactar con una guerrilla para enseguida imponerle tales acuerdos a la otra y de igual manera sacar réditos políticos para luego si descongelar estos diálogos”, por lo que la insurgencia cuestionó la voluntad de paz del gobierno.

La Revista Insurrección es el medio de comunicación oficial del ELN, por lo que su editorial establece la postura de esa organización insurgente acerca de los temas de coyuntura, es este caso, el plebiscito que sentenciaron es “otra artimaña publicitaria, que intenta ser presentado como sinónimo de la Paz”.

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El Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno Nacional, acompañados de los países garantes Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile, Cuba y Noruega, comunicaron desde la sede de la Cancillería venezolana el inicio de la fase pública y la agenda de los diálogos de paz entre las partes, lo anterior luego de más de dos años de diálogos exploratorios.

Desde enero de 2014 las condiciones del proceso de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano se construyen de manera bilateral y secreta entre las partes. Desde hoy, luego de conocer los seis puntos de la agenda, este proceso contará con el protagonismo de la sociedad colombiana. La Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz es uno de los puntos neurálgicos del proceso.

Agenda

1. Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz, ha sido históricamente una de las reivindicaciones características del ELN. Así, el documento suscrito entre las partes manifiesta que la participación social será “En función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz, en el curso y contexto de este proceso”.

2. Democracia para la Paz, como un conjunto de espacios y situaciones que consientan “realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad, y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad”.

3. Transformaciones para la Paz, en el marco de las “propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad; programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”.

4. Víctimas, que son resaltadas en la mesa de negociación pues “es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido”.

5. Fin del Conflicto Armado, como respuesta al reclamo de “erradicar la violencia en la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal”. En este punto se destaca “La futura situación jurídica del ELN y sus integrantes”.

6. Implementación, que en el futuro de este proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN será “Dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta agenda, para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz […] y contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica y diplomática”.

Equipos negociadores

Desde el gobierno colombiano: Frank Pearl, negociador plenipotenciario en el proceso de La Habana con las FARC. Actualmente, encabeza la delegación del gobierno colombiano en los diálogos con el ELN; José Noe Ríos, quien no sólo fue Comisionado de Paz del gobierno de Ernesto Samper sino que es una de las personas con mayor experiencia en los procesos de paz adelantados en Colombia; estuvo en procesos de negociación con del M-19, Quintin Lame, entre otros.

Desde el ELN: Antonio García, responsable militar y miembro del Comando Central –COCE- de dicha organización, que ha estado en los procesos de paz del ELN desde comienzos de los años 90 con los acercamientos realizados en el gobierno de César Gaviria con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; Omaira Elena Vásquez, integrante de la Dirección Nacional del ELN y es la única mujer negociadora de la mesa; Pablo Beltrán, miembro del COCE y, hombre que ha estado presente en las iniciativas de paz que dicho grupo ha adelantado desde el gobierno de Samper y en los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana a finales de los noventa.

Voces que reaccionaron

El Senador de la República Alberto Castilla manifestó su apoyo: “El día de hoy amanecimos con una buena noticia para el país: el anuncio del inicio de la fase pública de diálogos entre el gobierno y el ELN. Como Senador de la República e integrante del movimiento campesino, celebro esta noticia pues se abre el camino a avanzar hacia una paz completa y a retomar las posibilidades de caminar hacia una paz con justicia social […] Creo que esa sería una buena oportunidad para que muchos sectores sociales puedan expresarse sobre cuál proyecto de país en paz esperamos construir en Colombia”.

Victor de Currea Lugo, académico y analista político, observó alrededor del eje Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz que: “Lo fundamental es la operativización. Hay un principio de cooperación que se acepta la participación de la sociedad, el problema es el límite; lo que se ha hecho es trasladar a la escena de la mesa pública el debate de la mesa preliminar, que no está mal, se construye con la gente la metodología lo cual es muy positivo desde el punto de vista democrático pero es muy complejo desde el punto de vista de la ingeniería de articulación del proceso de diálogo”.

La Iglesia católica desde Arauca se pronunció a través del Padre Luis Gonzalez y destacó “El pueblo de Dios, Iglesia católica colombiana y desde luego toda la sociedad civil, de manera especial donde se encuentra con mayor presencia el Ejército de Liberación Nacional, ve que es una grata noticia de mucha esperanza. Desde hace varios años se le ha solicitado al Gobierno y al ELN de manera respetuosa que lograsen tener este espacio de la mesa pública de negociación; ojalá se lleve al feliz término que tanto se requiere para nuestro país y el mundo”

Desde La Habana, el jefe de la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, Iván Márquez, celebró “Se consolidan así los caminos hacia la construcción de una paz completa, aspiración histórica de nuestra guerrilla y de la organización hermana, el ELN, como se conoció en la declaración conjunta de los comandantes Timoleon Jiménez y Nicolás Rodríguez Bautista al concebir un proceso de diálogo y negociación con el estado colombiano en término de dos mesas, un sólo proceso. En su cuenta de Twitter publicó: “Delegación de Paz FARC-EP celebra inicio de etapa pública diálogos ELN-Gobierno por la paz de Colombia […] Nuestro reconocimiento a Venezuela, Cuba, Ecuador, Chile y Brasil por su respaldo a la paz de Colombia”.

La delegación de paz del ELN abrió una cuenta en la red social Twitter para comunicar los detalles de la negociación.

Conozca a los negociadores del gobierno y del ELN

El inicio de la fase pública de las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y el ELN, contará con un selecto grupo de negociadores; de ellos dependerá buena parte de los avances en la mesa. Colombia Informa realizó una breve reseña para conocer perfil del grupo de personas que tendrán la responsabilidad de adelantar este proceso por parte del gobierno y del ELN.

Los dos equipos tendrán diferentes personas, del lado del gobierno el equipo estará encabezado por Frank Pearl, jefe negociador, José Noe Ríos y el General retirado Eduardo Herrera Berbel. Por el ELN estarán Antonio García y Pablo Beltrán del Comando Central y Omaira Elena Vásquez de la Dirección Nacional del ELN.

Delegación de paz del ELN

Antonio García, nació en Mocoa en el departamento del Putumayo en 1956. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Industrial de Santander. Participó del movimiento social y estudiantil. Se vinculó al ELN en los años 70. A comienzo de los 80 fue designado miembro del Comando Central. Su papel fue fundamental junto a Nicolás Rodríguez Bautista y Manuel Pérez Martínez para el ascenso y duración del ELN como uno de los grupos insurgentes más importantes de Colombia. Desde 1998 es el responsable militar de dicha organización insurgente.

Ha sido una figura clave en los procesos de paz en los que ha participado el ELN, como el adelantado entre 1991-1992 en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala en México desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Asimismo, participó en los acercamientos realizados en España y Alemania a finales del gobierno de Ernesto Samper. También estuvo presente en el proceso de diálogo realizado con el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. Entre los años de 2002 y 2008 participó en el proceso de diálogos exploratorios adelantado entre el ELN y Álvaro Uribe Vélez en Medellín donde, con autorización del gobierno, fue interlocutor con la sociedad civil en Casa de Paz. Igualmente ha estado presente en las reuniones adelantadas con el gobierno del presidente Juan Manual Santos desde 2011.

Pablo Beltrán, es miembro del Comando Central. Oriundo del departamento de Santander, nació en 1953. Estudió Ingeniería de Petróleos en la Universidad Industrial de Santander. En los años 70 se vinculó al ELN y jugó un papel clave en la reorganización de esta organización y en la superación de la crisis sufrida tras la operación Anorí en 1973.

Estuvo presente en los acercamientos realizados en Maguncia, Alemania, con el gobierno de Ernesto Samper. Participó del proceso de diálogo realizado entre el ELN y el gobierno de Andrés Pastrana. Durante el gobierno de Álvaro Uribe,  en el que se reunió con delegados del gobierno en La Habana para adelantar una serie de encuentros entre dicho gobierno y esta organización insurgente.  Desde 2011 viene participando en las conversaciones entre el gobierno Santos y el ELN.

Omaira Elena Vásquez, es miembro de la Dirección Nacional del ELN. Nacida en Barrancabermeja, milita en dicha organización desde hace 40 años y es una de las figuras con mayor liderazgo.

Ha sido capturada en dos ocasiones, la segunda vez fue en 2006 en el gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo, su detención duró poco tiempo y ese mismo año continúo en el ELN comandando estructuras tan importantes como el Frente de Guerra Nororiental o el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, ubicados en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Antioquia y el departamento de Bolívar

Equipo de paz del gobierno

Frank Pearl nació en Bogotá en 1962. Es economista de la universidad de los Andes y tiene posgrados en Derecho y Administración, y una maestría en Administración de la Universidad de Harvard.

En 2006 hizo parte del gobierno de Uribe como Alto Consejero Presidencial para la Reintegración. Después fue escogido como Alto Comisionado para la Paz hasta 2010. En 2011, fue Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo, cargo que asumió hasta 2012, cuando se dedicó de lleno al inicio del proceso de paz con las FARC. Desde ese año encabeza la delegación del gobierno colombiano en los diálogos con el ELN.

Eduardo Herrera Berbel, es Mayor General retirado del Ejército Nacional. Nació en 1950 en la ciudad de Cali. Es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova con especialización en Defensa Nacional, Análisis y Solución de Conflictos. Además de ser un militar de carrera del Ejército colombiano durante casi 40 años, posee conocimientos académicos que le permitieron llegar a ser director de la Escuela Superior de Guerra.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, entre los años 2000 y 2001, se desempeñó como asesor del Equipo Negociador de Paz. En el gobierno de Álvaro Uribe fue coordinador del equipo político de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre 2004 y 2005. Entre otros cargos ha sido asesor para asuntos de seguridad del gobierno nacional y asesor del Ministerio de Defensa.

José Noe Ríos, nació en Armenia en 1961. Es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Licenciado en Administración Educativa de la Universidad del Quindío. Durante los últimos 25 años su nombre ha estado relacionado con los procesos de diálogo y negociación adelantados en Colombia. Participó en los procesos de paz realizados a finales de los años ochenta con los grupos insurgentes del M-19, EPL, Quintin Lame y la Corriente de Renovación Socialista.

Participó en las conversaciones de paz que adelantó el gobierno de Cesar Gaviria en 1992 con las FARC, el ELN y el EPL quienes participaron en conjunto en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se desempeñó como Alto Comisionado para la Paz desde donde adelantó acercamientos con el ELN en España y Alemania. Aunque fue nombrado en 2014 como Ministro de Trabajo, estuvo poco tiempo para volver a hacer parte de los esfuerzos de diálogo con el ELN.

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Tras el anuncio del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, algunas reflexiones sobre las circunstancias históricas y coyunturales que deben tomarse en cuenta para proteger el proceso colombiano y en sintonía con el reciente reclamo zapatista de  “un pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”.

A principios de mayo de este año, en la Universidad de la Tierra Chiapas se organizó el seminario “El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista”(*1), donde los clásicos encapuchados zapatistas compartieron sus palabras con intelectuales de diversas nacionalidades, entre ellos John Holloway, Raúl Zibechi, Manuel Rozental, Vilma Almendra, Sylvia Marcos, Adolfo Gilly, Bertha Nava (madre de unos de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa), el Sub Insurgente Comandante Galeano, Juan Villorio y Havin Güneser, del movimiento de liberación Kurdo.

Allí dijo Zibechi: “Creo que la imagen que propone el EZLN de la IV Guerra Mundial y la hidra es interesante para comprender cómo funciona el capitalismo. Yo creo que estamos viviendo una guerra de extermino contra los de abajo. Frente a eso, no basta con un solo golpe por más acertado que sea, porque el capitalismo se reproduce precisamente en los lugares donde lo cortamos. Su destrucción requiere tiempo, constancia, organización… Y no se lo derrota golpeando en un solo lugar, con una sola forma de lucha, decapitando una sola cabeza, porque tiene esa doble capacidad, son muchas cabezas y además se regeneran. Pero quizá un rasgo fundamental es que la hidra es un espejo en el que podemos mirarnos y bucear en nuestras propias contradicciones”.

“Todo está encadenado y se trata de experimentos progresivos de terrorismo global para eliminar “excedentes” de población, no importa quien haga esto, las balas vengan de donde vengan, de izquierda o derecha, si el resultado es la eliminación del “excedente” de población y la liberación de territorios para intereses extractivitas del capital”, afirmó Rozental.

Es por eso que ante la noticia del nuevo acuerdo entre Juan Manuel Santos y las FARC, la ACIN aclaró en un comunicado: “La sociedad colombiana es más que el gobierno y la guerrilla, y no puede ser excluida de la negociación. Las organizaciones de la sociedad civil debemos tener un lugar protagónico en el proceso que se inicia, y no sólo ser invitados de piedra”.

Fue precisamente el supuesto quiebre del cese al fuego de las FARC en ese territorio en mayo pasado lo que sirvió como excusa para que el gobierno continuara la represión contra la comunidades que desde fines del año pasado vienen recuperando tierras en manos de uno de los principales grupos económicos colombianos (Ardila Lulle, dueños de la azucarera INCAUCA)(*2).

Quizás sin desconocer el espejo, las propias contradicciones, y mucho menos la historia de lucha y raíz popular y campesina del movimiento guerrillero colombiano, sea bueno mirar críticamente el acuerdo que se acaba de firmar en Cuba, en medio de una escalada en las múltiples formas de represión contra los pueblos que el Estado colombiano ha encarnado desde hace más de un siglo y que, no por casualidad, generan la sospecha de muchos analistas y movimientos sociales.

“La guerra o la paz en Colombia (y desde Colombia) caben dentro de las estrategias del capital transnacional para superar su crisis profundizando la conquista. Habrá guerra o paz según el costo-beneficio de uno u otro mecanismo para alcanzar los objetivos de acumulación. Esta es la paz del libre comercio, la paz de las locomotoras extractivistas de Santos, que viene implementando políticas neoliberales mucho más agresivas que las del propio Uribe”, aclara Rozental. Y agrega: “No sorprende que Geoffrey Demarest (vinculado al Defense Intelligence Agency del Ejército de los EEUU y responsable de las Expediciones Bowman que incluyen mapeo y recolección de información geoestratégica y territorial, como así también la intervención de ONGs como USAID en territorios indígenas de toda América) y el Departamento de Defensa de los EEUU, hayan puesto énfasis en Colombia y la paz del modelo (que consiste en esencia en incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos los territorios al modelo corporativo transnacional de propiedad privada)”.

La paz, más allá de La Habana

En informe titulado Los Nadies, la organización Somos Defensores registró en lo que va del año 399 líderes amenazados frente a 194 del primer semestre de 2014, a la vez que no se estarían investigando los 34 crímenes contra líderes sociales documentados este año. Una pequeña mancha más a la impunidad de un sistema judicial que aún tiene pendiente el esclarecimientos de cientos de fosas comunes y masacres paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe o los miles de casos de “falsos positivos”, jóvenes de barrios marginales o campesinos presentados como guerrilleros por el Ejército.

Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos denunciaron por estos días el secuestro de siete jóvenes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Boyacá. La Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (Anjeco) y otras organizaciones aclararon que este hecho “se encuentra enmarcado en el recrudecimiento de la represión y estigmatización de los sectores sociales del país”. Tras la reciente liberación de los 13 militantes (11 del Congreso de los Pueblos) encarcelados por supuestos “terroristas”, la semana pasada también pasó a engrosar la lista de “falsos positivos judiciales”(*3) el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, Feliciano Valencia, mientras que el 31 de julio volvía a la cárcel el profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas(*4), sociólogo emblema del “pensamiento crítico” colombiano, extraditado de México en 2009 como supuesto líder de relaciones internacionales de las FARC y luego liberado sin pruebas.

También este año se incrementaron las amenazas contra Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor, quien lleva un largo proceso de denuncia al ex-servicio de seguridad colombiano, el DAS, por su complicidad en las amenazas paramilitares a defensores de DDHH.

“Diferentes sectores han dicho que un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno sería una revolución política; no obstante, la verdadera revolución política que Colombia necesita es avanzar decididamente en una apertura que vincule de manera masiva a las mayorías en el proceso de construcción democrática de un país en paz. En los últimos 30 años hemos tenido varios procesos de paz, algunos acuerdos firmados entre insurgencias y gobierno, y pocos cambios reales en la forma como se organiza y se construye nuestro país. Ojalá podamos revolucionar políticamente a Colombia, con amplia participación popular, y aportemos de esa manera a la paz, la unidad latinoamericana y los sueños de un nuevo continente”, aseguró Sebastián Quiroga Pardo, vocero nacional del Congreso de los Pueblos.

“El conflicto armado que padece Colombia hace más de medio siglo ha producido millones de víctimas, según las cifras oficiales, que son un subregistro de la barbarie. Entre crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos se habrían producido: 5,3 millones de personas desplazadas forzadamente, 636 mil homicidios, 132 mil amenazados/as, 76 mil despojados/as, 93 mil desaparecidos/as, 30 mil secuestrados/as, 9.500 prisioneras y prisioneros políticos, 54 mil víctimas de algún acto de terrorismo, 10 mil víctimas directas de minas antipersonales, 6 mil casos de tortura, 6 mil de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, 4 mil casos de violencia sexual. El conflicto armado interno continúa en medio de la posibilidad de una salida política negociada a la guerra. En este escenario se reabren las discusiones sobre los costos de la paz, los derechos de las víctimas, la justicia transicional y que tanta justicia es viable para alcanzar la paz, garantizando mínimamente los derechos de las víctimas. Pretender desarrollar fórmulas jurídicas para la desmovilización de las guerrillas, sin contemplar la desmovilización o depuración del establecimiento criminal incrustado en la economía, en la política y en el Estado, no es una apuesta para la paz, sino para la perpetración del statu quo y la violencia estructural. Por tanto, la paz con garantías pasa porque todos los responsables de crímenes internacionales contra la población colombiana se sometan a un proceso de justicia transicional”, aclara en un reciente documento Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

*1 Ya se editó la primera parte de este libro, que puede leerse gratuitamente en http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02/1461-el-pensamiento-critico-frente-a-la-hidra-capitalista-descarga-el-libro-digital-en-espanol-e-ingles.

*2 Más información: La liberación de la Madre Tierra de los pueblos indígenas del Cauca colombiano

*3 Más información: El Estado colombiano y la vieja costumbre de las causas armadas

*4 Más información: Miguel Ángel Beltrán, historia de un secuestro

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Al encuentro del lunes entre Maduro y Santos, en la que se acordó el retorno de los embajadores y la progresiva normalización de la frontera, le prosiguió una reunión interministerial en la que empezó a delinearse la hoja de ruta para abordar de forma conjunta los conflictos de fondo: el contrabando y el paramilitarismo. Un primer paso para resolver un conflicto bilateral complejo.

Tras las tensiones que se generaron entre los gobiernos de Venezuela y Colombia por la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera el 19 de agosto para enfrentar el contrabando de combustible y alimentos, finalmente el lunes pasado se dio el tan esperado encuentro entre ambos mandatarios. La reunión se realizó en Quito y contó con el acompañamiento del presidente uruguayo Tabaré Vázquez y el ecuatoriano Rafael Correa, en sus calidades de secretarios generales de la Unasur y la Celac respectivamente.

El encuentro culminó con la firma de un acuerdo en el que se destacan siete puntos: 1) El retorno inmediato de los respectivos embajadores; 2) Realizar una investigación de la situación de la frontera; 3) Reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera; 4) La progresiva normalización de la frontera; 5) respeto a la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país 6) Hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia, 7) Continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.

“Ha sido una reunión muy franca, muy clara. Ha sido una reunión en medio de un clima de hermandad”, expresó Maduro, destacando que “triunfaron la sensatez y la paz”. El presidente venezolano se mostró muy optimista y señaló que el diálogo siempre será el mejor camino para solventar cualquier situación: “Hemos demostrado que con voluntad política sí se puede. Sólo con la colaboración de ambos países lo superaremos”.

Por su parte, aunque días antes de la reunión en Quito había manifestado que iba a la cita “con pocas expectativas”, Santos afirmó que su gobierno se compromete con los resultados que darán los grupos de trabajo binacional que abordarán principalmente temas como la seguridad en la zona fronteriza, el contrabando de alimentos y combustible y el paramilitarismo. “Nos une la lucha contra las bandas criminales, el contrabando y narcotráfico. Nos une también el propósito de llevar bienestar a los habitantes de las fronteras de ambos lados. Somos países hermanos. De parte de Colombia sólo hay cariño por Venezuela”, señaló Santos.

Posteriormente, Maduro informó que la progresiva reapertura de embajadas se realizará en un plazo de seis meses. “La normalización progresiva significa en términos concretos el logro progresivo y verificable de la instalación de nuevas condiciones para una nueva frontera… y ver a nuestros pueblos hermanados y barrer el odio que trataron de meter algunos medios de comunicación”, dijo Maduro.

El presidente venezolano informó que con el cierre de la frontera, el cual comprende siete zonas de seguridad en los estados Zulia, Táchira, Apure y pronto Amazonas, como parte de la Misión Nueva Frontera de Paz, se ha logrado reducir el contrabando de combustible en un 70%.

Adelantó que el gobierno colombiano aceptó la nueva fórmula de venta de combustible en la frontera y la exportación de gasolina hacia ese país: “La fórmula está y hay que discutirla, hemos hecho una exigencia sobre un conjunto de normativas que es soberanía de Colombia trabajarlas”.

Asimismo, Maduro dijo que estudiará la propuesta de la Asociación de Colombianas y Colombianos en Venezuela, que planteó la creación de un Plan Retorno, para que los colombianos que quieran volver a su país cuenten con la atención social necesaria por parte del gobierno de Santos.

Primer paso

El miércoles comenzó a materializarse el trabajo conjunto, con una reunión realizada en Caracas y que contó con la presencia de las cancilleres Delcy Rodríguez y María Ángela Holguín y los responsables de las carteras de Defensa, Energía y Finanzas de ambos países.

En el encuentro –del que no se difundieron demasiadas precisiones- se acordó que los ministros de Defensa, acompañados por sus equipos técnicos, se reunirán el 29 de septiembre en Santa Marta para reactivar los mecanismos de cooperación de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el contrabando.

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