“Mi tumba no anden buscando
porque no la encontrarán
mis manos son las que van 
en otras manos tirando
mi voz la que va gritando
mi sueño el que sigue entero
y sepan que sólo muero
si ustedes van aflojando
porque el que murió peleando
vive en cada compañero”.

A más de 14 años de aquel 26 de junio de 2002 donde Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados durante una multitudinaria y masiva movilización al Puente Pueyrredón, familiares, compañerxs y organizaciones sociales y de DDHH exigieron sobre el mismo escenario al Juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4 de los Tribunales de Comodoro Py, que lleve adelante los pasos necesarios para que la investigación sobre las responsabilidades intelectuales y políticas de la Masacre de Avellaneda avance.
Desde Marcha elegimos guardar los planos generales y concentrarnos en retratar, a través de algunas pocas miradas, el anhelo de justicia de miles de compañeras y compañeros que mantienen viva una lucha que es de todas y todos los que somos capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia, cometida en cualquier parte del mundo.

Galería completa acá: http://www.marcha.org.ar/gallery/porque-el-que-murio-peleando-vive-en-cada-companero/

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El pasado viernes diversas organizaciones, nucleadas en la Comisión independiente Justicia por Darío y Maxi, se hicieron nuevamente presentes ante los Tribunales de Comodoro Py para exigir el avance en la causa que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de la Masacre de Avellaneda.

Cerca de las nueve de la mañana del viernes, en la fiscalía número 10 presidida por la fiscal titular Paloma Ochoa, se presentó Oscar Laborde, ex intentente de Avellaneda y el tercero de los ex funcionarios de Avellaneda en brindar su testimonio en la causa judicial por las responsabilidades políticas en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Se trata de un testigo de especial relevancia por su rol de funcionario del poder ejecutivo en el lugar de los hechos pero también por ser uno de los funcionarios que una vez pasada la represión del 2002, deslizó que las afirmaciones del canciller Carlos Ruckauf acerca de que volvería a firmar el decreto que abrió el camino a la represión ilegal durante la dictadura militar, se habrían convertido en puntapié para la actuación de las fuerzas de seguridad y que el gobierno estaba teniendo una actitud de confrontación en sus declaraciones previas.  (1)

En esta ocasión, tanto los familiares y compañeros de Darío Santillán como los abogados querellantes adujeron que se trataba de un testimonio con elementos de suma importancia a los que la fiscalía tendrá que poner completa atención. Alberto Santillán comentó al salir de los tribunales: “Las declaraciones de hoy son más que suficientes para que la fiscal no mire para otro lado. Tiene más de un elemento para trabajar e investigar hacia arriba”. Mariana Gerardi Davico, militante de la Coordinadora Aníbal Verón en el momento de los asesinatos y hoy integrante de Pañuelos en Rebeldía y la Comisión Independiente, añadió en la misma sintonía: “Lo que sucedió hoy es un paso muy importante. Son más de 13 años en esta lucha y no vamos a parar hasta que se condene a todos los responsables”

La perseverancia como método de lucha

La causa por las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda se reactivó a fines del 2014 tras años de inactividad en el plano judicial. Fue gracias a la insistencia y la inquebrantable perseverancia de las familias y las organizaciones sociales que se acercaron, y a los organismos de Derechos Humanos –la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre– que con su colaboración, lograron reimpulsarla.

La nueva fiscal Paloma Ochoa, quien tomó la causa a partir de que el juez federal Ariel Lijo accediera a reabrirla y la delegara al ministerio público fiscal, comenzó con el llamado a declaración testimonial de ex funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda a partir de junio de este año. Laborde completa la serie de testigos clave que contempló también a Hernán Fernández y Mayán, quien era secretario de Gobierno de la Municipalidad de Avellaneda en junio de 2002 y a Eduardo Villalba Secretario de Seguridad durante el mismo período.

“A donde vayan los iremos a buscar”

El martes pasado las organizaciones que conforman la Comisión realizaron un escrache a Felipe Solá, actual candidato a gobernador –mismo cargo que en 2002– por el massimo y señalado por su responsabilidad en la Masacre de Avellanda, y fueron brutalmente agredidos. La gran mayoría de los medios de comunicación, como lo hicieron luego de aquel trágico y doloroso 26 de junio, reprodujeron una serie de acusaciones falseando la información y acusando de violentos a quienes se hicieron presentes para señalar a uno de los principales responsables.

Leonardo Santillán, hermano de Darío, recordó ante los medios que Solá, por entonces gobernador de la provincia, “felicitó por su impecable tarea desempeñada en la represión” al comisario Alfredo Fanchiotti, quien estaba a cargo del operativo y fuese condenado tiempo más tarde a reclusión perpetua por lo acontecido en 2002 y añadió: “Para que se haga justicia falta que estén presos los que idearon, planificaron y fogonearon los hechos del 26 de junio, por eso vemos necesario seguir señalando a estos personajes”.

La Comisión Independiente Justicia por Dario y Maxi repudió la falsas acusaciones que “buscan correr el eje del legítimo pedido de justicia” y convocó desde las redes sociales a concentrar frente a las puertas de los tribunales de Comodoro Py para acompañar a familiares y abogados, afirmando que “No es cuestión de campaña, no es cuestión de operaciones, es cuestión de que haya justicia”

(1) Página 12, Viernes 28 de junio, 2002

*Integrante de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi

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