Por Redacción Marcha / Foto: Alejandra Malcorra

A diez días de las elecciones primarias, P.A.S.O, gran parte de los movimientos y partidos políticos volvieron a ocupar esas calles que, durante los últimos tres años de macrismo fue espacio político de disputa. Por fuera de las acciones propias de la agenda feminista, la Plaza de Mayo no desbordaba desde el paro del 30 de abril y luego de la histórica marcha del 24 de marzo. En año electoral, las tensiones existentes se fueron negociando por otros medios que no necesariamente utilizan a la calle como espacio político. Mientras nos íbamos enterando –e indignando- por las distintas hostilidades cotidianas, vimos cómo las mismas se fueron resolviendo desde las redes sociales y especulaciones electorales. 

Pero, ¿quién logró convocar a las y los miles que ocuparon la Plaza durante la tarde de ayer? Fueron las y los familiares, nuestras Madres, Santiago. Una historia de impunidad que no cierra para ninguna de las banderas políticas que se oponen al macrismo. Un activista anarquista que defendía, junto al pueblo mapuche, los territorios políticos y ancestrales de la Pu Lof Cushamen. Santiago, asesinado por las fuerzas represivas del macrismo es hoy la figura que (nos) convoca y obliga a salir. Santiago, demuestra que este pueblo tiene memoria y que más allá de la coyunturas hay paradigmas con los que nadie se puede meter. La palabra autorizada de familiares y organismos de Derechos Humanos en tiempos electorales sentaron, durantes estos años, los límites del “hasta donde” al macrismo.

Así lo advirtió Sergio Maldonado desde el escenario, ante el aplauso de las miles de personas que se acercaron a Plaza de Mayo, y en el que no será el último reclamo por justicia para Santiago su hermano: “El 1 de agosto del año que viene nos volveremos a ver acá mismo. No habrá justicia hasta que sepamos dónde están todos los desaparecidos en democracia. Basta de represión, de gatillo fácil, de femicidios y travesticidios. No necesitamos el Servicio Cívico Voluntario, los pibes necesitan salud y educación. Santiago, anarquista, luchador, caminante solitario, fue un ser libre y solidario. Santiago no especulaba con las fechas electorales para ser solidario. Sobre todo fue y seguirá siendo mi hermano. No al cierre de la causa, basta de impunidad”.

Santiago Maldonado es un grito de denuncia. Al lado de las Madres, con un pañuelo verde y el puño en alto. “Santiago estuvo desaparecido 78 días para amedrentar, aleccionar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas”, dijo Sergio Maldonado: “El 25 de noviembre, mientras se velaba el cuerpo de Santiago la Prefectura asesinaba a Rafael Nahuel. Al ver que acá hay un montón de gente que viene a apoyar, que sigue manifestándose, y necesita que se resuelva lo de Santiago porque dejarlo impune naturaliza, deja un patrón que la impunidad sea lo que nos gane”.

Y es que Santiago nos propone una lucha atemporal que no se limita a la división de años por periodos electorales. La coyuntura, para él, se ponía en juego cuando había que defenderse de algún desalojo. Estar donde había que estar sin cálculos electorales. Quizás por eso la Plaza volvió a ser epicentro de lucha. Santiago como un nuevo símbolo de unidad de quienes gritan(amos) que las y los desaparecidos son 30 mil, que a Luciano Arruga lo mató la policía de Daniel Scioli y que a Santiago Maldonado lo desapareció y asesinó la Gendarmería de Patricia Bullrich.

Foto: Emiliana Miguelez

Un entramado estatal para garantizar la impunidad 

“Desde el Estado se está haciendo todo lo posible en sus distintos estamentos, no solo para que la causa sea archivada, sino también por conseguir que la Gendarmería sea reivindicada”, declaró Myriam Bregman a Marcha. “Las leyes están hechas para los poderosos, para que a la cárcel vayan los pobres y los ricos queden impunes por sus crímenes contra el pueblo”, agregó, “y este caso en particular no escapa de esa lógica”.

“La decisión del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa de desaparición forzada y muerte de Santiago (Maldonado) no resiste ningún análisis técnico ni lógico”, afirmó María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) a Marcha. “En ningún momento se analizó algo tan básico y central como que la desaparición se produce en el marco de un operativo de Gendarmería”, agregó, analizando que es una forma de operar histórica que tienen jueces y fiscales para “desresponsabilizar al aparato estatal”. “Es una vieja maniobra, pero no por vieja menos efectiva. Por eso una de las consignas central de hoy es ´No al cierre de la causa´”.

“El caso de Santiago es fundamentalmente representativo de una modalidad que, si bien no empezó con él, ni empezó con Jorge Julio López, ni con Luciano Arruga, tenemos más de 200 desaparecidos y desaparecidas en democracia en manos de las fuerzas de seguridad”, contextualizó Verdú, quien realizó hincapié en que la represión que mató a Santiago fue “en el marco de un operativo represivo a un conflicto social tan paradigmático y central como es la reivindicación de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, especialmente en la Patagonia y en la Pu Lof Cushamen que venía sufriendo desde antes este tipo de embates”. 

“En las principales represiones la Gendarmería tuvo un rol protagónico, participando directamente o como apoyo de otra fuerza nacional o provincial”, declaró Myriam Bregman, abogada de Derechos Humanos. “La Gendarmería es una fuerza que durante toda la dictadura fue armada por y subordinada al Ejército. Es una fuerza completamente militarizada, con el viejo espionaje como hemos denunciado en el Proyecto X. Es una fuerza que cumple o sustituye el rol que cumplían las fuerzas armadas en otro momento en la seguridad interna”, agregó. Recordamos además que fueron las fuerzas armadas quienes en época de dictadura estuvieron subordinadas a los grandes intereses económicos que hoy nuevamente están al frente del gobierno por la vía electoral y que nunca fueron juzgados. 

En campaña electoral: macrismo y represión explícitos 

“Solo con mucha movilización se logró que esta causa se abra”, dijo Bregman, analizando los contextos que no le ganan a la organización: “solo con movilización y lucha de la familia se logró instaurar que Santiago estaba desaparecido, que sufrió una desaparición forzada y que, para que esa causa avance, vamos a seguir movilizados”. 

“El período electoral marca su impronta en todas las causas vinculadas a las luchas sociales y políticas”, analizó Verdú. “Por ejemplo, en el caso de Daniel Ruiz, preso desde septiembre del año pasado por participar de las movilizaciones contra la reforma previsional, ya debería haberse hecho su juicio; sin embargo, el Tribunal viene dilatándolo porque precisamente no es un juicio que quieran hacer en campaña electoral”. Y agregó: “tenes preso a Daniel Ruiz por tirar una cañita voladora y tenes en libertad a policías imputados de homicidio calificado, como (Giuliano) Fattori, autor del fusilamiento de Leo Sotelo”, un pibe de 19 años asesinado en 2016 en Burzaco. 

Foto: Emiliana Miguelez

Santiago vive 

El Brujo, el Lechuga, el Ardilla o el Viquingo. Así lo conocían a Santiago Maldonado sus compañeros y compañeras en las distintas luchas a las que se acercó. Luchó contra la injusticia sin fronteras y por eso hoy, además de resignificar una fecha que nos es triste, celebramos que Santiago se transformó en un símbolo de respeto. Lejos de las especulaciones políticas y electorales. El se solidarizó con los presos por los saqueos de Bariloche, luchó en las asambleas y barricadas de Chiloé, cortó la ruta 40 por la liberación de Facundo Jones Huala, entre tantas acciones solidarias contra la vulneración de derechos.

“Es parte de una muy buena tradición de nuestro pueblo no permitir que estos crímenes queden impunes”, dijo Bregman, ”porque es un pibe, porque las víctimas las pone el pueblo, porque son jóvenes, como Maxi y Darío, todos pibes y pibas que siempre salieron a luchar y que sufrieron las políticas represivas”. Para Verdú, “la desaparición forzada de Santiago logró algo que hace mucho tiempo no concretábamos, la movilización unitaria de todos los sectores vinculados a la defensa de los Derechos Humanos”.

Por eso y por más, Santiago vive en la lucha. Porque lxs brujxs no mueren.

Foto: Leo Crovetto

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Por Ignacio Marchini / Foto: Oscar De la Vega 

Hoy se cumplen dos años desde que Santiago Maldonado desapareció en una represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Un hecho que ocasionó el apoyo popular en grandes manifestaciones y puso en jaque la continuidad del macrismo como sistema político y cultural dominante que vio la necesidad de tomar la decisión política de incrementar la represión.

Desde entonces, la lucha de la familia y amigos y amigas de Santiago busca determinar los responsables materiales e intelectuales y las responsabilidades judiciales, penales, administrativas y políticas tras lo que significó una desaparición forzada seguida de muerte en Argentina. Por eso, señalan al juez Gustavo Lleral, a cargo de la causa, quien se rehúsa a investigar las inconsistencias de las pericias.

En diálogo con Marcha, Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, contó los fundamentos sobre los cuales basan el pedido de reapertura de la causa y de una nueva investigación que sea imparcial e independiente al gobierno y a las fuerzas represivas.

¿Cuál es el estado actual de la causa por justicia para Santiago?

Desde el 29 de enero de este año la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe resolver si mantiene o no el archivo de la causa dispuesta por el juez Gustavo LLeral el 29 de noviembre de 2018. Por lo tanto, han pasado seis meses, todos los plazos legales están vencidos. Observamos una vez más que los plazos de esta causa van a responder a las elecciones, porque de aquí a fin de año quedan tres comicios. Los jueces, de aquí a fin de año, van a elegir en qué momento van a decidir, no va a responder a una cuestión legal ni judicial la resolución.

Nosotros presentamos todo en tiempo y forma, porque los plazos son perentorios. A los tres días que el juez dictó la sentencia de archivar la causa apelamos. El 4 de diciembre de 2018 la Cámara de Apelaciones nos citó a una audiencia el 29 de enero y, hasta la fecha, no dictó ninguna resolución. Cualquier decisión que se adopte, ya sea mantener el archivo o desarchivarla, no va a responder a los plazos legales. Los jueces están manejando políticamente la causa de Santiago.

¿Qué momento pensas que están esperando? ¿Después de las elecciones?

No lo sé. Lo que sí sé es que están todos los plazos vencidos. Lo que sabemos es que de acá a fin de año hay tres elecciones y en algún momento van a resolver. Están especulando con esa decisión. No responde a los plazos legales, no responde al Código Procesal. Uno de los jueces, el Presidente de la Cámara, forma parte de la comisión que tiene a cargo las escuchas telefónicas, Javier Leal de Ibarra. Él ya había dicho que la causa había que cerrarla. Lo recursé cuando dijo eso y negó lo que dijo.

Las expectativas sobre esta justicia forman parte de la desconfianza que el propio relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión dijo en su comunicado: “En Argentina, la gente no cree en el poder judicial”.

¿Cuáles son las irregularidades de la causa?

Primero, nos opusimos a que la investigación siga estando en manos del Ministerio de Seguridad. Desde el primer momento dijimos que tanto el juez, como la fiscal, como la ministra de seguridad, forman parte del problema y, obviamente, de ellos no va a salir ninguna solución. Logramos apartar al juez Guido Otranto, pero aún con todas las recusaciones que hicimos contra la fiscal Silvina Ávila no la pudimos sacar de la causa, se mantuvo con apoyo del Ministerio Público Fiscal. Tampoco logramos que el juez Gustavo Lleral resolviera iniciar una investigación sin Prefectura ni la Policía Federal. Mientras Prefectura mata a Rafael Nahuel por la espalda, acá hace las pericias, y mientras que Gendarmería reprime la protesta donde desapareció Santiago, hace las pericias de Nahuel. Todo muy pornográfico.

Ya veníamos advirtiendo que esto iba a quedar en la nada y efectivamente el juez resolvió que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas del Río Chubut y ahí la muerte lo encontró en un pozo donde cayó. Así, groseramente está escrito en la sentencia. Por eso apelamos todo, desde la primera hasta la última resolución. Todo dijimos que estaba mal hecho, que no se había investigado porque no podían investigarse a si mismo quienes llevaban adelante la investigación. Esto es lo que venimos reclamando desde el primer momento: la conformación de un grupo de expertos independientes, con la lógica de los 43 normalistas en México, como la comisión que lleva adelante la investigación sobre la muerte de Berta Cáceres. No estamos pidiendo un absurdo, se ha hecho en diferentes partes del mundo cuando el hecho es claramente generado por el propio Estado, que no está organizado para investigarse a sí mismo.

¿Cuáles son las inconsistencias de las pericias?

Se instaló que en la autopsia se había firmado que Santiago se ahogó sólo el primero de agosto y que ahí permaneció hasta que fue encontrado el 17 de octubre. Eso lo autopsia no lo dice. Se instaló que 55 peritos habían dicho esto. No solo no dice esto, sino que no fueron 55 peritos, son 26. A partir de ahí, todo lo que se instaló mediáticamente, la autopsia no lo dice.

En la autopsia hay 55 firmas porque aparte de los 26 peritos está la del juez, los secretarios, las personas que abrían la puertas, los que cerraban, los que sacaban fotos, etc. Es un escrito que tiene 100 hojas, de las cuales las primeras diez son todas firmas y presentaciones y las últimas veinte también. Es un escrito muy escueto, muy pobre, y por eso hicimos preguntas para que se amplíen las afirmaciones que estaban en ese escrito y eso es lo que nos rechazó el juez.

¿Qué sí dice la autopsia y el juez no quiso aclarar? Dice que el estado en el que se encontraba el cuerpo de Santiago era producto de la crioconservación artificial y natural. La crioconservación natural se da a menos de 80 grados centígrados. El Río Chubut no llega a 0°. Todas las temperaturas del río que el propio informe de la autopsia dice, es más de 7° promedio. Nosotros le preguntamos al juez por qué los peritos afirman eso, de qué crioconservación hablan. Es ejemplificado el chiste que hizo la diputada Elisa Carrió (NdR: comparó a Santiago con Walt Disney). El cuerpo de ese chiste no está en ningún río, está en un lugar artificial, acondicionado para eso.

¿En la autopsia figura alguna temperatura en la que encuentran el cuerpo?

Ellos nombran el estado perfecto del cuerpo de Santiago, que conservaba hasta las huellas digitales. El cuerpo estaba perfecto. Yo vi el cuerpo. Cualquier persona que haya estado en el agua sabe como te queda la piel luego de horas, imaginate tres meses. No es lógico. ¿Qué explicación dieron? Que el cuerpo de Santiago estaba crioconservado naturalmente y eso, por lo menos en las aguas del Río Chubut, es imposible. Entonces, si estuvo crioconservado de manera natural, no fue en el Río Chubut, y si no fue en el Río Chubut, fue en otro lado. Es así de simple y eso está escrito en la autopsia y el juez no lo dijo. No solamente no lo dijo, sino que no nos permitió preguntar y que nos dieran explicaciones.

Hablan también de otras inconsistencias en las pericias

Así como dice crioconservación artificial y natural dice “muerte violenta”. Eso él tampoco lo dijo ni explicó por qué habla de muerte violenta. Lo que no dice la autopsia es que Santiago murió ahogado solo, sin que nadie lo viera, que se cayó en un pozo donde fue encontrado el 17 de octubre. Por eso, el perito de la familia en ese momento firmó la autopsia porque eso no lo dice y había que explicar y explayarse sobre qué puntos sí se estaban diciendo. Más allá de que él es antropólogo, no es especialista en crioconservación ni médico forense.

Cuando se presenta la autopsia, lo primero que hacemos es preguntar sobre todos estos puntos, que expliquen por qué escribieron eso. Ni siquiera es que los forenses negaron la respuesta, el problema es que el juez no permitió que hiciéramos la pregunta. Los peritos son especialistas en distintos temas, ellos hacen el informe y se abre una instancia para que, como abogada, pueda pedir que se amplíen ciertos puntos. El juez negó que se formularan las preguntas.

Si hay algo que no le interesó a Lleral fue saber la verdad. Él llegó para encontrar el cuerpo, que nadie explicó por qué Guido Otranto no lo encontró si el cuerpo estaba ahí el 18 de septiembre, cuando fue con 400 personas. Le pedimos a Lleral que lo citara a Otranto y que viniera a explicar cómo él sabía que Santiago estaba ahí y no lo encontró. Por supuesto, negó esa citación. Todas las preguntas que hicimos están formuladas en tiempo y forma en el expediente. El juez dio por terminada su labor cuando se encontró el cuerpo, sin ningún interés de saber qué pasó.

Hay ciertas declaraciones desde el oficialismo en pos de intervenir en la causa para darla por terminada

La injerencia del Poder Ejecutivo en la causa fue clarísima desde el primer momento. A este gobierno le interesa que la causa de Santiago siga siendo utilizada mediáticamente y electoralmente, como ellos la utilizaron en su momento. Instalaron que Santiago no estaba, que formaba parte de la RAM (NdR: Resistencia Ancestral Mapuche), que era violento, que había un 20% de probabilidades de que esté en Chile. Se dijeron barbaridades, una tras otra. Luego, cuando apareció el cuerpo, dijeron que se ahogó solo. Se terminó. La misma gente que antes hacía todo un razonamiento y decían que estábamos inventando un desaparecido, cuando aparece el cuerpo dicen que se ahogó solo. De ese modo el juez afirma en una sentencia lo que el Poder Ejecutivo estaba diciendo. Ahora quieren que esto se instale.

¿Qué pensás de la relevancia que tomó la figura de Santiago?

Santiago representa la denuncia a todo el sistema, al sistema represivo, al sistema capitalista, al sistema extractivista, la defensa de los pueblos originarios. Todo eso representa Santiago. Así que al Gobierno le interesa que quede que Santiago se ahogó solo, que se ahogó como un tonto.

Vamos a estar este primero de agosto, como vamos a estar el primero de agosto de 2020 y el primero de agosto de todos los años hasta que sepamos realmente qué pasó con Santiago el primero de agosto de 2017, qué pasó con Santiago desde el primero de agosto al 17 de octubre y qué pasó desde ese momento hasta ahora, que se está garantizando la impunidad. De allí podremos determinar los responsables materiales e intelectuales y las responsabilidades judiciales, penales, administrativas y políticas.

Maldonado y Santillán, hermanados contra la impunidad

Santiago Maldonado: principio y final.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

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La semana pasada la Comunidad Mapuche Curruhuinca, realizó una acción de reserva territorial en Quila Quina, ante la amenaza de venta de territorios sobre los que detenta legitimidad. Frente al temor de una nueva acción judicial y represiva desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes impulsó una mesa de diálogo, que se realizó el viernes pasado y que abrió un compás de espera a un nuevo encuentro el próximo viernes 22 de marzo.  

Una larga historia de despojo sufre el pueblo mapuche y los pueblos originarios de nuestra región. Con renovados impulsos favorecidos y promovidos por la actual gestión del gobierno de la alianza Cambiemos, amigos del presidente Mauricio Macri, promotores de su gestión, anfitriones para sus descansos están en la lista de los nombres célebres por los intentos de usurpación en la región.

Villa Quina Quina se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de San Martín de Los Andes, sobre la margen sur del lago Lácar. Se trata de un conjunto de casas residenciales que tienen su origen en el loteo que la Administración de Parques Nacionales llevara a cabo en el año 1942 de las tierras que expropiara a los pobladores originarios (mapuches) con motivo de la creación del Parque Nacional Lanín.

Desde Marcha entrevistamos a Luis Alberto Curruhuinca, que hasta hace poco tiempo llevaba la voz de la comunidad y es descendiente del Lonko Bartolomé, que estaba en el territorio cuando llegó la Conquista del Desierto y se funda San Martín de Los Andes.

“Hace dos años Parques Nacionales hace entrega de las tierras de la comunidad para un emprendimiento privado, nuestras tierras son usurpadas sin aviso y sin consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169”, relata Luis Alberto Curruhuinca, sobre los más recientes sucesos de usurpación territorial y emprendimientos comerciales. La fecha no parece casual ya que ese mismo año avanzan las fuerzas de Gendarmería y Prefectura con acciones represivas en defensa de la propiedad privada de grandes terratenientes, lo que les cuesta la vida a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

“Hemos pedido a Parques Nacionales esos terrenos que son de la comunidad que nunca se fue de esos territorios y nos niegan” relata Curruhuinca y agrega “en esas tierras hay un lugar de ceremonia que debe ser restituido y que también entregaron”.

Este integrante de la comunidad cuenta que en esas tierras tenían previsto hacer una salita de primeros auxilios, un vivero y otros emprendimientos productivos que llevaría adelante la propia comunidad como una manera de generar sus fuentes de recursos, para una población empobrecida y muy explotada, en un territorio que tiene un gran flujo turístico.  “Queremos que nuestro territorio sea restituido para que podamos manejar nuestros recursos y no ser mano de obra barata para los trabajos de las empresas concesionadas”.

Desde el propio Concejo Deliberante de San Martín de Los Andes reconocen la importancia de estas iniciativas comunales, “la comunidad Curruhuinca vienen gestionando, en los ámbitos políticos institucionales, terrenos en Villa Quila Quina para una posta sanitaria que será de uso de todos los pobladores y vecinos de la villa residencial; un espacio para la concreción de un vivero de especies nativas en el marco de un programa de conservación de recursos naturales dentro de la propiedad comunitaria, dado que las investigaciones científicas dan cuenta que las poblaciones de roble pellín en los bosques de la región son los más biodiversos de toda la cuenca, siendo su conservación de máximo interés en contextos de cambio climático”.

Luis Curruhuinca explica que la primera mesa de negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 22, porque le ofrecieron a la comunidad que los terrenos sean entregados en comodato, una figura de tenencia precaria: “nuestra intención no es el comodato, sino que los terrenos sean restituidos”.

Legitimidad territorial

Dentro del Parque Nacional Lanin la comunidad mapuche tiene derechos territoriales, sin embargo desde años esas tierras vienen siendo concesionadas, sin la consulta a la comunidad, para diferentes emprendimientos privados como pistas de Ski, concesión de explotación fluvial del lago, entre los más importantes.

“En la comunidad de Quila Quina hay un territorio que tiene una larga historia”, así relata Luis Alberto Curruhuinca. “Ya en el año 1937 las tierras se entregaron a una elite porteña y durante muchos años se hizo este reclamo. En 1938 hubo una reunión con el Lonko en un acuerdo que luego en 1947 es violentado con la quema de todas las casas de la comunidad”. Una historia que sufre el pueblo mapuche en cualquiera de sus territorios y que adquirió gran notoriedad con la llegada de las actuales políticas del gobierno nacional. “Los Perez Companc, los Zubizarreta y otros apellidos de notables y oligarcas porteños son los nombres que encabezan el despojo”, tal como lo hace saber Luis. Esas tierras están mezcladas con la sangre de sus pueblos, una herencia que se trasmite de generación en generación y que viene desde Julio A. Roca, célebre como exterminador de los pueblos de la Patagonia, con la lógica de apropiación territorial.

Tal como lo establecen los tratados incorporados al a Constitución Nacional, la comunidad debe ser consultada.  Así lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El Convenio 169 fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989. El Convenio es, hasta la fecha, el tratado internacional más avanzado específicamente dedicado a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio incorpora una serie de disposiciones relativas, entre otros, a la administración de justicia y el derecho consuetudinario indígena; el derecho a la consulta y a la participación; el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; derechos sociales y laborales; educación bilingüe, y cooperación transfronteriza.

El avasallamiento de sus derechos, las noticias periodísticas que circulan sobre la posible venta de esos lotes y la negativa a responder al pedido por parte de Parques Nacionales impulsó una acción de reserva de la comunidad sobre el territorio, con una ocupación pacífica. Desde el Concejo Deliberante habilitaron el espacio de la Mesa de Protocolo Intercultural que ayude a abrir un diálogo entre la comunidad Curruhuinca y Parques Nacionales, ante la posibilidad de que se produzca un escenario represivo con la intervención del Ministerio de Seguridad. Situaciones similares terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel (los más conocidos entre tantos casos de represión que sufren las comunidades).

“Hemos sido traicionados por el Intendente del Parque porque ni nos consultaron, corre el rumor que están en venta el diez por ciento de las tierras de Parques Nacionales”, afirma enfáticamente Luis Curruhuinca.

Organizaciones sociales y gremiales locales en un comunicado expresaron su aval al reclamo histórico de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, mientras  que denuncian las maniobras y hacen notar la legitimidad del reclamo mientras advierten  “no aceptamos la militarización del Territorio y exigimos a la Administración de Parque Nacionales, que la situación desatada sea tratada bajo la figura de la Resolución No Violenta de los Conflictos, tal como lo recomiendan todos los organismos internacionales incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Facundo Jones Huala

Hace pocos días conocimos la noticia de la absolución que dictó la justicia de Facundo Jones Huala y otros integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, de los cargos de abigeato y ocupación territorial que impulsaban Benetton y el gobierno de la provincia de Chubut y que estaba avalado desde el gobierno nacional.

Esta parece ser una de las continuas situaciones que viven las comunidades originarias mapuches en el sur de nuestra región, a un lado y otro de la Cordillera, con sus integrantes criminalizados por defender la legitimidad territorial.

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Se cumplen cien años del llamado “último malón indígena”. El Estado inventó que la Masacre de Fortín Yunká fue perpetrada por el Pueblo Pilagá de Formosa. Nada se dirá de la venganza, de las muertes indígenas ni del rencor que continúa vigente tras aquel hecho. Un siglo después, la idea de enemigo interno se reactualiza en distintos puntos del país para seguir justificando la represión sobre esos cuerpos.

Inventar un enemigo, señalarlo para reprimirlo y marcar para siempre la historia a través de su circulación en los libros escolares, discursos oficiales, materiales turísticos y medios de comunicación. Así fue la invención del último malón indígena y las consecuencias represivas futuras hacia el pueblo Pilagá.

Año 1919. Formosa era territorio nacional. Una línea de fortines marcaba las fronteras.  El Fortín Yunká estaba ubicado en el centro norte de la ahora provincia. Vivían siete soldados, algunas mujeres e hijos e hijas. El fortín sufrió un ataque el 19 de marzo de ese año. El Sargento 1º Fernando Leyes, seis soldados a su cargo y sus familias aparecieron muertos. Y de inmediato, se desplegó una maquinaria de violencia feroz que se perpetúa hasta estos días.

Unos días después, las tropas enfurecidas -a cargo del Teniente Narciso Del Valle y el capitán Enrique Gil Boy- asesinaron a mansalva familias pilagá y apresaron al Caquice Garcete, uno de los líderes más importantes del Pueblo Pilagá. De esa masacre feroz quedan pocos registros.

Los militares necesitaban venganza y culpables. ¿Habían sido los Pilagá? Quizás ni se lo preguntaron. No importaba saber la verdad, quién había sido ni por qué. Lo importante era el castigo. Y que el castigo sea público. Había que vengarse y que “los indios” supieran cuáles eran las reprimendas.

Se suponía que las campañas militares al Chaco habían terminado dos años antes, en 1917. Era mentira. Aquél había sido sólo un discurso, porque las fuerzas militares de las Campañas al “Desierto verde” seguirán operando hasta 1938. Así lo relatan los propios militares en sus partes.

Fortín Yunka pasó a la historia como el último malón. Así se puede leer en la una guía YPF como reseña turística. La idea que los Pilagá habían sido los perpetradores se fue repitiendo en diarios y libros escolares.

Sin embargo, sólo hace falta ir al monolito que recuerda a los caídos para ver que los militares no mencionan a los Pilagá en sus placas.

Gendarmería

Poner punto final al malón es uno de los argumentos históricos que se esgrimieron para avanzar sobre los cuerpos y los territorios indígenas. Para fundamentar una maquinaria genocida que permitiera la violenta anexión de territorios al incipiente Estado-Nación.

Cinco años después de Yunká -en 1924-, el Regimiento de Gendarmería de Línea también participó (junto a la policía territoriana del Chaco) de la Masacre de Napalpí, una represión a una protesta indígena por las condiciones de vida en la Reducción de Napalpí en la que se fusilaron a cientos de indígenas qom y moqoit.

Ese Regimiento es el antecesor de la Gendarmería Nacional, que actuó en muy diversos lugares del país destilando un odio profundo a esas otredades indígenas.

En el documental y libro Octubre Pilagá, Valeria Mapelman recupera con claridad cómo casi treinta años después del ataque, la Gendarmería Nacional perpetró la masacre de La Bomba, en cercanías de Las Lomitas, a unos 200 kilómetros de Fortín Leyes (nombre que tiene hoy el antiguo Fortín Yunká) con ansias de venganza.

El 10 de octubre de 1947 comenzó la feroz represión que extendió durante días. Durante las persecuciones, entraron a la Reducción de Indios Francisco Muñiz -donde estaban sometidas familias wichí bajo el control y sometimiento del Estado Nacional- y la mención a la venganza por Yunká también estuvo en las voces gendarmes.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. La avanzada de la Gendarmería Nacional junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

El 1º de agosto de 2017 la Gendarmería Nacional ingresó de modo ilegal al Pu Lof en Resistencia de Cushamen en Chubut y reprimió violentamente. Ese día, en ese marco, desapareció Santiago Maldonado, que estaba acompañando a la comunidad mapuche en el corte de ruta. El 17 de octubre fue hallado muerto en el Río Chubut.

A partir de la desaparición de Maldonado, se construyó una campaña mediática para blindar la acción del gobierno obstinado en proteger a la Gendarmería Nacional en su responsabilidad por el asesinato. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desligó instantáneamente a la fuerza de seguridad. Lo mismo hizo tras el asesinato de Rafael Nahuel con la Prefectura. Expresó públicamente el apoyo al accionar de las fuerzas para desalojar el territorio. Poco después, sus palabras fueron avaladas por la vicepresidenta Gabriela Michetti y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Genocidio vigente

Si para las campañas militares se necesitó construir al indígena como malonero y salvaje, ahora se lo reinventa como parte de una organización terrorista armada que ocupa ilegítimamente rutas y territorios. No importa dónde. El tema es que no se junten, no reclamen. Porque miedo del malón sigue vivo. En el norte y en el sur. Y la represalia está de guardia.

En Las Lomitas, último bastión del ejército en Formosa, existía hasta hace poco años una escuela infantil de la Gendarmería Nacional. Se llamaba “Agrupación Yunka”. Allí se reunían a niños y niñas para regar esa sed de venganza. Diversos procesos educativos dentro de las fuerzas que siempre van a hablar de esa versión de Yunká. Que van a permitir justificar cualquier represión.

Atrás quedó la verdad, enterrada. Lo que circuló fue el discurso hegemónico y la versión instalada. Los Pilagá, los supuestos asesinos de Yunká, siempre estarán en riesgo.

Ese resentimiento no sólo flotó en la Masacre de La Bomba, sino que siguió en el aire en las amenazas a las comunidades de Oñedié y Penqolé, dos recuperaciones territoriales que el Estado nunca termina de reconocer. Y que la Gendarmería Nacional se ocupa de “amenizar” con hostiles rondas nocturnas.

Nuestro país se constituyó sobre un genocidio indígena que aún no es reconocido ni por el Estado ni por la sociedad. Pervive no sólo el racismo brutal, sino también el sutil, el casi imperceptible, que lleva a desconocer estos hechos históricos y sus consecuencias que siguen vigentes.

No conocer muchos de los modos que adquirió el disciplinamiento de los pueblos originarios implica participar en la reproducción de silencios y olvidos. Porque una de las maneras en las que el Estado consigue reproducir estas prácticas sociales genocidas es justamente invisibilizando sus violencias.

Mientras no se reconozcan las represiones indígenas como parte de un proceso genocida, la muerte seguirá merodeando de noche a las comunidades indígenas. Como lo hace la Gendarmería Nacional en Formosa.

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Trascendió,  por los medios,  que la Fiscal Federal que investiga la causa de Santiago Maldonado elevó un pedido de indagatoria a los principales testigos del operativo de Gendarmería.

El pasado 20 de diciembre, tras la condena al Lonko Facundo Jones Huala, trascendió a través de una nota publicada en Infobae,  que la Fiscal Federal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, elevó un pedido de indagatoria a 11 miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen. Se los acusa de ser “una organización destinada a desviar la investigación para responsabilizar a la Gendarmería Nacional (sic)”. Un cinismo que va en aumento y que parece destinado a sostener el relato oficial.

Al hecho se suma a que este 26 de diciembre la Policía de Chubut detuvo y torturó a un integrante de la comunidad y golpeó a su familia cuando se acercaron.

Poder judicial, fuerzas policiales y medios hegemónicos vuelven a actuar articuladamente para perseguir, reprimir y tergiversar los hechos, mientras se da consistencia a la construcción de un relato oficial. Condenado el Lonko avanza el montaje judicial sobre Pu Lof en Resistencia Cushamen.

Los múltiples intereses del poder para garantizar la impunidad de la represión,  desaparición forzada seguida de muerte, reforzar el enemigo interno, y finalmente vaciar el territorio para garantizar el saqueo.  Lo que está en juego son los poderosos intereses para quedarse con el territorio.

Comunicado del Comité de perseguidos políticos por la lucha mapuche 

En respuesta a lo publicado por Infobae, el Comité elaboró un comunicado que difundieron el pasado 26 de diciembre. Allí se denuncia “el montaje político ejecutado por el Estado Argentino a través de su Poder Judicial, fuerzas represivas y aparato mediático para continuar con su campaña racista de estigmatización y desprestigio generando la discriminación por parte de la sociedad al instalar relatos mentirosos y así crear un falso enemigo interno”. Continúa, “después del paso del Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, por la localidad de Esquel, la fiscal Ávila presentó este pedido de indagatoria, de algunos de las y los que fueron testigos claves de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.”

“Si bien el juez Gustavo Lleral cobardemente le manifiesta a la madre de Santiago Maldonado que cerraba la causa de desaparición forzada por presiones políticas del gobierno de Macri, su familia lejos de bajar los brazos continúa las instancias judiciales para exigir el esclarecimiento de la causa.”

En el comunicado se desmienten las acusaciones de la Fiscal, recordando que fue el Estado, y los medios hegemónicos quienes se encargaron de crear pistas falsas para desviar la investigación. Al igual que “haber escondido y/o ocultado pruebas, mientras que ningúno de las y los denunciados se apoderó de algún elemento de Santiago”. En cambio, se recuerda,  que jamás se investigó desde el Estado quién fué la persona que atendió el teléfono de Santiago,  una vez que él ya estaba desaparecido, o dónde se encontraba ese móvil,  ni se explicó lo que sucedió con su mochila que secuestró Gendarmería. “No se tuvieron en cuenta pericias realizadas sobre el cuerpo que dejan constancias que aún no está claro dónde, cómo y cuándo fue la muerte de Santiago”.

Una situación que no ha podido ser esclarecida a pesar que las Fuerzas de Seguridad entraron al territorio  “todas las veces y cuando quisieron para hacer rastrillajes (unas cuatro veces)”, mientras que los medios que difunden noticias que favorecen el montaje oficial “comunicaban lo contrario”. En una de las oportunidades denuncian que se realizó un operativo con más de 500 efectivos que nunca se hizo público.

Es importante visualizar la forma sistemática en la que viene actuando el gobierno junto al Poder Judicial, en lo que refiere a las causas que involucran al pueblo mapuche: en lo que debería ser una investigación a las fuerzas represivas en su accionar al desaparecer y/o asesinar se investiga -a partir de falsas acusaciones- a quienes son las y los principales testigos del accionar de las fuerzas represivas.  No sólo se instala el intento perverso de deslegitimar a las víctimas, sino que judicialmente se pretende inhabilitar a las mismas para prestar declaraciones. Tal lo que sucede con Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes en el caso de Rafael Nahuel son testigos claves del accionar de Prefectura, pero se encuentran judicializados, con orden de captura, y así forzados a pasar a la clandestinidad, lo que impide su importante aporte a la causa.

A menos de un mes de que el juez Lleral se comunique con Estela, mamá de Santiago, para decirle que cerraba la causa por extorsiones, (justo antes de que se llevara adelante la cumbre del G20), sería inocente pensar que nada tiene que ver este nuevo intento de ensuciar a las y los testigos clave, ya no sólo de la represión y desaparición de Santiago el 1º de Agosto,  sino también de todo lo que vino después.

El Poder Judicial, en una decisión que solo parece favorecer la hipótesis de criminalización de la comunidad,  no esclarece la desaparición de Santiago y cerró esta causa sin respuestas. La resolución del juez ya fue apelada por la abogada de la familia Maldonado, que como bien dice el comunicado lejos está de bajar los brazos.

Golpiza policial. Clarín “miente que algo quedará”

El pasado 24 de diciembre Tomás Pilkiman (integrante de la Lof) estaba haciendo dedo sobre la ruta cuando un policía lo reconoció y lo detuvieron. El policía al detenerlo le dijo: “vos me escrachaste”. El uniformado era el mismo que hace tres meses ingresó al territorio de la Lof en Resistencia Cushamen, haciéndose pasar por un pescador.

Su familia encontró a Tomás el Hospital de Lago Puelo golpeado y detenido. Cuando su familia se quizo acercar también fue golpeada.  El argumento policial, cuando las detenciones no tienen justificación:   “averiguación de antecedentes”. La noticia tuvo rápida difusión en redes y a partir de la presencia de organizaciones solidarias, de derechos humanos, políticas y sociales frente a la comisaría tuvieron que liberar a Tomás Pilkiman.

Hasta la victoria siempre, querido Osvaldo

A solo tres días de la muerte de Osvaldo Bayer  las organizaciones se autoconvocaron para rendirle un sentido homenaje en el día de hoy. Osvaldo fue quien mejor investigó y describió el complejo entramado polítco, judicial y mediatico para despojar a las comunidades ancestrales de sus territorios, a través de la construcción de un enemigo interno peligroso para la construcción de la nación. Tal como continúa sucediendo en la actualidad.

Osvaldo Bayer fue quien ha luchado incansablemente por desterrar el racismo histórico, que aún perdura no sólo en cada nombre de calle, en cada monumento a los genocidas (Roca, Rauch, Sarmiento, entre otros) reivindicados por la mayoría de la sociedad como próceres.

Las organizaciones sociales,  políticas y culturales y diversas agrupaciones  nos debemos un merecido homenaje a Don Osvaldo, convocado para la tarde en el barrio donde vivió, Belgrano, que debiera extenderse como un compromiso sostenido para con los pueblos originarios y su lucha en los territorios y para denunciar y eliminar todo racismo de nuestra sociedad que, tal como él lo decía “contiene en su ADN la violencia de la conquista y el colonialismo”.

Enlaces:

Red de Apoyo Comunidades en Conflicto – MAP

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A raíz de la muerte de Osvaldo Bayer, se lanzó en forma espontánea una campaña en redes sociales para exigir que se impusiera su nombre a la calle Ramón Falcón. Ayer se presentó el proyecto en la Legislatura porteña y se están juntando firmas para impulsar el cambio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las miles de escuelas que llevan nombres de genocidas de pueblos originarios?

Exigir que la calle Ramón Falcón pase a llamarse Osvaldo Bayer tiene que ser sólo un comienzo, no un final.

¿Por qué una escuela se puede llamar Roca, Rostagno o Victorica y no podría llamarse jamás Jorge Rafael Videla?

¿Por qué permitimos que dependencias públicas expongan cuadros que enaltecen las “Campañas al Desierto” y jamás permitiríamos que hagan lo mismo con la última dictadura cívico militar?

¿Por qué nos reconocimos en los ojos celestes de Santiago Maldonado, pero no tanto en los marrones de Rafael Nahuel?

No nos vamos a cansar de decirlo: hay que entender cómo nos cruza ese genocidio indígena que nunca fue reconocido por el Estado. Pero no sólo hay que preguntarle a las instituciones, hay que ponerle primera persona, hay que interpelarse individual y colectivamente. Porque hay racismos obscenos, pero también sutiles, casi imperceptibles, que en principio negamos tener. Y si nos rascamos un poquito, podemos reconocer que hay muertes y luchas que nos conmueven más que otras.

Y –aunque sea incómodo decirlo– hay que preguntarse por qué organismos y militantes de derechos humanos se movilizan mucho menos por un genocidio que por otro.

Repetimos una y otra vez: si el Estado y la sociedad no reconocen el genocidio indígena en el que se fundó esta Nación, si no podemos comprender por qué hay dolores y víctimas que nos afectan y comprometen más que otras, si no podemos mirar hacia atrás y hacia adentro para poder cambiar lo que sigue; no hay igualdad, diversidad, interculturalidad ni reparación histórica real posible.

Osvaldo fue (pucha, ¡cómo cuesta escribirlo en pasado!) una de las personas que más luchó para que se reconociera el genocidio contra los pueblos originarios.

Yo no quiero más genocidios de segunda.
No quiero genocidas en calles, escuelas, ni efemérides escolares.

Exijamos con la misma furiosa rebeldía memoria, verdad y justicia tanto para muertes no indígenas como indígenas.

Ponerle el cuerpo, palabra y acción. Todo junto. En todas las luchas. Como nos enseñó el viejo. Como nos sigue enseñando Norita.

Honremos estos ejemplos con más y más lucha.

Memoria, Verdad y Justicia para los Pueblos Originarios.

(*) Periodista, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina

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Días antes de la Cumbre del G20, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dictó una resolución que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas represivas federales. Ante esto, el vocero oficial del ministerio aclaró que era una medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros; sin embargo, la Resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución fue fuertemente repudiada por organismos de Derechos Humanos y de la lucha antirrepresiva, problemática que se llevó la vida de una persona cada 23 horas en el año 2017, y este año se estima que será superior. Todas pobres y sin acceso a la mal llamada justicia. “El gatillo fácil es ley”, tituló CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la declaración que publicó apenas se conoció la reforma. “La norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”, afirman. “Esos intentos de justificar el tiro por la espalda o la nuca contra una persona desarmada, hoy, Cambiemos mediante, son ley en Argentina”, agrega el comunicado.

Solamente la semana pasada, antes de la Cumbre del G20 y con 24 hs. de diferencia, hubo dos asesinatos a manos de las fuerzas represivas. Uno en La Matanza y otro en Córdoba. Las víctimas pertenecían a los sectores más vulnerables. A las pocas horas de firmarse ya se conocía otro nuevo caso.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad, dado su carácter de funcionaria pública, ya que la decisión política de ampliar el uso de las armas vulnera principios constitucionales y tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere. Además, la Resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos por lo que los integrantes de las fuerzas represivas que pretendan amparar su accionar bajo esta resolución no podrán invocarla en el proceso penal. Este sistema de jerarquías no se deroga por una Resolución siendo también una provocación más de parte del gobierno de Mauricio Macri y de la funcionaria. La Resolución nos vuelve a todas y todos sospechosos de haber cometido un delito. “La presunción de inocencia, principio rector que confiere el Código Penal pretende ser derogado y las fuerzas de seguridad parecen tener el derecho juzgar por lo que interpretan de lo que ven”, expresó Maria del Carmen Verdu.

En las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires. Será importante como sigue en las diferentes instancias judiciales así como también si se continúa la misma vía para el conjunto del país.

Cronología de la represión

Desde que se inauguró la etapa democrática los casos de gatillo fácil se vienen incrementando año a año. Ningún gobierno fue la excepción y tampoco fue capaz de contener a las fuerzas de seguridad.

El gobierno actual lleva el triste ranking de estar en primer lugar en el amparo del accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La construcción de un enemigo interno peligroso que necesita ser reprimido es la hipótesis necesaria para reprimir cualquier intento de resistir a una política que castiga a quienes menos tienen. Fue la misma lógica reglamentarista que se usó durante la última dictadura cívico-militar-clerical para perseguir, torturar, desaparecer y matar a luchadores y luchadoras populares y es la cristalización de la Doctrina Chocobar, la persecusión seguida de muerte de Santiago Maldonado o el fusilamiento de Rafael Nahuel.

La madre de Juan Pablo Kukoc, asesinado por el policía Luis Chocobar, expresó frente a esta Resolución que “Van a matar a los pibes pobres como perros, habilitaron la pena de muerte en Argentina”. Recordemos que Chocobar fue felicitado por el presidente Mauricio Macri por el asesinato y luego la justicia confirmó la autoría del hecho delictivo.

En una entrevista a María del Carmen Verdú (AM 830), referente de Correpi y reconocida por su intervención en defensa de los excesos de la fuerza de seguridad, fue consultada respecto de la Resolución. Allí expresó que “La única mirada que se puede tener como una persona de bien, es que esta Resolución habilita a dispararle a una persona desarmada, habilita a tirarle por la espalda, habilita a tirar en una serie de circunstancias. Como explica la Resolución, pueden ser otras las circunstancias, porque no se trata de una enumeración taxativa y lo que deja en la esfera de las propias fuerzas es determinar qué es una situación de peligro inminente o qué es el indicio o gesto inequívoco de peligro. Esa enumeración de distintas circunstancias es una especie de resúmen del menú de excusas habituales de policías, gendarmes, prefectos, etc. en los juicios: eso de pensó que tenía un arma. En el juicio del policía Otero, condenado hace un mes y pico a prisión perpetua, el policía dijo: ‘yo estaba seguro que estaban armados, porque le ví algo en la mano y era un celular con el que estaba jugando el más chico de los tres que estaba sentado en el asiento de atrás mientras los perseguía’”. Además, Verdú aseveró que “Carla Céspedes la policía exculpada escandalosamente después de fusilar a Ariel Santos cuando intentaba escapar en la moto, después de haber intentado robar un supermercado dijo que sintió que había una silueta a su lado -que en el video se ve claramente que no estaba- y que el muchacho hizo un movimiento con el brazo que le dio la impresión que iba a sacar un arma. Cuando lo fueron a ver, después que lo había acribillado no tenía nada en el bolsillo. No hay tal indefensión de los policías que argumenta Patricia Bullrich porque tenemos más de un muerto por día por gatillo fácil, hasta noviembre de 2017. Si voy a cuidar la sociedad pegando un tiro por la espalda al primero que se me cruza y me resulta sospechoso entonces definamos que es sociedad, porque por lo menos al segmento que sufre esta represión no se lo está cuidando. Facundo Ferreyra tenía 12 años, iba en una moto que no paró en un control policial, eso técnicamente es fuga, tiro por la nuca, aplauso medalla y beso a partir de esta resolución”.

Consultada respecto de la legalización de la doctrina Chocobar, expresó que “esta Resolución es convertir el gatillo fácil en ley, porque lo que Bullrich llamaba nuestra nueva doctrina (en relación al caso Chocobar) confrontaba en la caracterización con la justicia, pero esta Resolución lo que habilita es a sacar un arma. La gravedad de esta Resolución es que deroga toda resolución contraria y de pactos internacionales que le ponían un límite al accionar de las fuerzas de seguridad. Esta Resolución no es constitucional, pero nuestra doctrina permite invocarlo con el caso concreto y no antes, por eso estamos convocando a defendernos de esta verdadera legitimación del gatillo fácil en la calle con movilización con lucha organizada. Pasado mañana (por el jueves) vamos a estar en la calle con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora con dos exigencias: el repudio y exigencia de anulación de esta Resolución y el repudio y exigencia de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado”.

El contexto

Más allá de la Resolución en sí y todo lo que se viene exponiendo hasta el momento, es importante destacar la coyuntura en que se da.

La gestión macrista está claramente atravesada por el ajuste, los tarifazos, desempleo, inflación, entre algunos de los problemas que aquejan al pueblo trabajador. Esto es producto de un plan específico en términos políticos y económicos que tienen una gran impronta en relación a la sumisión del gobierno frente al capital extranjero. Por esta razón y teniendo en cuenta que la receta cierra con represión, es que la gestión de que encabeza Mauricio Macri pone de relieve la criminalización de la pobreza y la protesta social, como si de allí surgieran los responsables de la crisis por la que atraviesa el país.

Esta resolución se enmarca, además, en un presupuesto 2019 que se ajusta en las necesidades populares pero aumenta la inversión en fuerzas represivas y tecnología para Seguridad. El terreno se termina de allanar con una justicia cómplice que se hace la distraída como en el caso de Santiago Maldonado o demora en las investigaciones de los militantes de la CTEP asesinados días antes de la Cumbre del G20. Cuando le preguntamos a María del Carmen Verdú a qué se debe este plan, sentenció: “Todo esto se da en un contexto y objetivo claro: el plan de ajuste y represión del gobierno que se puede realizar con la orden a las fuerzas de seguridad de que vayan a fondo y garantizando impunidad”.

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A un año del asesinato, de Rafael Nahuel, que aún está impune,  y mientras su comunidad lo recordaba, volvió a ser reprimida y criminalizada. Una sucesión de abusos de las fuerzas de seguridad avaladas por el Estado y la Justicia en defensa de los terratenientes globales que desconocen la propiedad comunitaria ancestral de los territorios.

El domingo pasado se cumplió el primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, de 22 años, a manos de Francisco Javier Pintos, integrante del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Pocos días han pasado del asesinato de Camilo Catrillanca en Chile con el mismo modus operandi: asesinato por la espalda a un hermano mapuche en el seno de su comunidad  por parte de grupos especiales, y el intento desde el poder de instalar un supuesto enfrentamiento.

Aquel 25 de noviembre de 2017, (mismo día en que se realizaba el entierro de Santiago Maldonado, en la provincia de Buenos Aires), las fuerzas de seguridad federales ingresaron al territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, -ubicada cerca del Lago Mascardi- torturaron y encarcelaron mujeres y niñxs de la comunidad, y llevaron adelante una cacería con balas de plomo, dejando como saldo dos heridos y la muerte de Rafa. Los Albatros tendieron una emboscada a los mapuches, varios kilómetros más arriba, determinado por una orden de desalojo que dictó el juez anti-mapuche Gustavo Villanueva. Irónicamente, el mismo juez Villanueva,  que estaba como juez subrogante y hasta hace poco a cargo  de la investigación de estos hechos de los que él mismo es responsable.

Patricia Bullrich, los medios, y la habilidad para ocultar la verdad

En los días siguientes a la represión se sucedió la ya conocida estrategia de desinformación por parte de las y los funcionarios estatales -responsables políticos del hecho- en connivencia con los medios de comunicación hegemónicos. Solo pasaron dos días para que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto con el ministro de justicia Germán Garavano, justificaran el accionar de Prefectura en una conferencia de prensa donde aclararon “no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión que nos da la Prefectura con carácter de verdad (…) fueron a enfrentarse con un grupo violento”.  Un discurso que luego repetirían reiteradas veces en distintos medios practicando aquella triste máxima de propaganda nazi que la ministra parece haber tomado como propia: “miente, miente, que algo quedará”. El enunciado de una política de estado que quedó estampado en la realidad.

En marzo de 2018, las pericias oficiales confirmarían lo que la comunidad mapuche dijo desde el primer momento: todas las balas fueron disparadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las recibieron las y los mapuches.

A Rafa lo mataron de un disparo por la espalda, más precisamente en su glúteo. Fueron -al menos- 114 disparos contra quienes allí resistían, y simplemente defendían su derecho a propiedad comunitaria de la tierra como pueblo preexistente.

Las versiones falaces circularon y lograron su cometido: reforzar la figura del enemigo interno, que tan fácil prende en el sentido común de una sociedad fuertemente racista. Enseguida, sin pruebas, se señala como culpable a un grupo de mapuches, pobres, que se deciden a pelear por sus derechos. Y vale recordar, que esos mismos derechos son reconocidos en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17, pero esto no parecen reconocerlo quienes desde sus mesas de verborragia televisiva hablarían impunemente de “usurpación”, como habitualmente lo hacen en relación a este tipo de conflictos.

Un discurso instalado que beneficia a los grandes terratenientes, amigos y aliados del gobierno, que quieren liberar sus territorios de esos que llaman “intrusos” porque limitan el uso y abuso de esas tierras.

Lautaro González y Fausto Jones Huala de testigos clave a imputados

Elízabeth Loncopan, vocera de Fausto y Lautaro, el pasado lunes fue entrevistada por Radio La Retaguardia*.

“Lautaro y Fausto son continuamente sometidos a una judicialización sistemática.  Hoy imputados por resistencia a la autoridad y usurpación dentro de la misma causa donde se investiga el asesinato de Rafa. Es importante dejar en claro que ellos no sólo bajaron el cuerpo de Rafael hasta la ruta 40, tratando de auxiliarlo, sino que son sobrevivientes y principales testigos de la emboscada sufrida aquel día por parte del Grupo Albatros. Al llegar a la ruta, fueron detenidos, y a partir de ahí comienza la persecución judicial que hoy les imposibilita ser testigos en la causa.”

“Fueron excarcelados 4 días después y el 15 de mayo se les revocó la excarcelación por una orden de la Cámara de Casación que pretende acusarlos por otro delito: atentado al orden constitucional.  A los pocos días sale la orden de detención. A pesar de los reiterados pedidos de excarcelación en junio la Corte Suuprema lo rechazó”.

“La fiscal a cargo de la causa introduce un nuevo elemento en la causa: tenencia de arma, aunque no haya ninguna prueba de esto. El 10 de agosto se les dicta una nueva orden de captura, y días después se les suspende la defensa. Posteriormente se pide nuevamente la pericia sobre las ropas de Rafael, Lautaro y Fausto, para constatar si habían restos de pólvora, y se volvió a probar que los mapuches no portaban armas.” Y prosiguió: “ellos no decidieron darse a la clandestinidad sino que fueron obligados por las presiones que les impusieron tanto jurídicamente como políticamente. Esperamos que las comunidades, las organizaciones sociales y de derechos humanos tomen una postura necesariamente política y salgan a defenderlos.  Ellos son quienes pueden decir lo que pasó durante esa emboscada y pueden decir quienes dispararon además de Pintos (que ya está probado) pero también hay 6 Albatros que intervinieron y cuyos roles no están definidos, hoy están llamados solamente como testigos”, concluyó Loncopan. Hace dos días, y estando ya a días del comienzo del juicio a Facundo Jones Huala en Chile, Interpol libró un alerta roja como pedido de captura para Lautaro y Fausto”.

Actividades en reclamo de justicia, y más represión como respuesta

Los días 25 y 26 se llevaron a cabo distintas actividades en el país reclamando justicia para Rafael Nahuel. Una forma de darle visibilidad al caso, pero también de encuentro entre organizaciones sociales, originarias, culturales; y para darse newen (fuerza) ante un contexto político cada vez más hostil hacia los sectores oprimidos.

En Buenos Aires también el domingo se realizó una actividad en Parque Los Andes que incluyó un Palin Weichan (juego tradicional mapuche), ceremonia-encuentro político y social de las organizaciones, colectivos y personas allí presentes, mizawün (almuerzo compartido), radio abierta, muestra fotográfica y panel sobre el genocidio en los territorios. Irma Caupan del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir nos dijo que, “hoy estamos recordando el asesinato, el fusilamiento de nuestro lamien Rafael Nahuel. En el recordamos a todos los lamien que han ido desapareciendo que siguen siendo oprimidos a lo largo de todo el territorio, por este sistema que nos sigue aniquilando y que va profundizando a un lado y otro de la cordillera un genocidio sistematico. Este es un dia de lucha resistencia y sobre todo de seguir proponiendo la vida, a pesar de la impunidad que castiga a nuestros pueblos originario. Nos reunimos acá hasta las 18 hs y mañana en el monumento del genocida roca, para seguir sosteniendo la memoria, nos reunimos a las 17 hs. como una manera de no olvidar pero si de seguir haciendo propuestas ante un Estado que nos quiere desaparecer, que nos aniquila y nos sigue hostigando permanentemente”

Patagonia

Este lunes 26 en Bariloche, familiares y amigos de Rafael Nahuel junto con integrantes de distintas comunidades marcharon reclamando por acciones judiciales concretas que determinen responsabilidades y condenas, por el asesinato que ya lleva un año en plena impunidad. El Cabo Pintos, prefecto cuyo disparo terminó con la vida de Rafa aún no está procesado.  El juez a cargo de la causa se negó a un pedido de reunión, lo que representa un nuevo acto de ninguneo y desprecio del Estado hacia la familia.

Una vez más, cuando las y los integrantes de la comunidad presentes comenzaron a desconcentrarse, integrantes de las fuerzas federales comenzaron a perseguir y detener manifestantes, entre ellos tres menores de edad, con una mujer que se encontraba herida y también detenida. Además también fueron amedrentados y cercados por las fuerzas federales la madre, el padre y el hermano de Rafael Nahuel. Esta acción de amenaza y represión también se repitió en el día de ayer. La presencia e insistencia de la comunidad logró el excarcelamiento de la mayoría de las y los detenidos.

En Esquel también hubo una marcha hacia el juzgado de la ciudad, en donde participaron distintas organizaciones como las comunidades Lago Rosario, Gualjaina, Costa de Lepa, Pillan Mawisa, Vuelta del Río, Lof Cushamen, APDH,  No A la Mina, docentes y estudiantes, que entregaron una carta al célebre juez Otranto, conocido por entorpecer la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Mapuche significa en lengua Mapudungún “gente de la tierra”. Sus poblaciones que viven principalmente en el sur de Chile y suroeste de Argentina constituyen una comunidad lingüística, cultural e histórica. La comunidad mapuche lucha desde hace mucho tiempo por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas con engaños y violencia.

La potencia de los hechos y sus verdades parece que solo puede ser contrarestada por el ejercicio del poder y de la (in) justicia.

*Radio La Retaguardia 

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El encuentro entre Sergio Maldonado y Leonardo Santillán, hermanos de Santiago y Darío, el pasado viernes 28 de septiembre en la plaza San Martín de Quilmes, fue un símbolo de constancia en la lucha contra la impunidad. La jornada obedecía a una ronda más de la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes.

El viernes 28 de septiembre, la Ciudad de Quilmes se vio interpelada por las más importantes demandas de Justicia de los últimos tiempos. Estas ya se han configurado, en la agenda nacional, como puntos bisagras de nuestra historia. Este encuentro se sintetiza en la incansable lucha de Las Madres por la aparición con vida de sus hijos e hijas desaparecidas. Leonardo Santillán, en su cruzada por que se realice un juicio y se castigue a los responsables políticos del asesinato de su hermano, y Sergio Maldonado, que lucha en la búsqueda de castigo a los culpables de la desaparición forzada y posterior muerte de su hermano Santiago. Los une un solo reclamo. Se atraviesan como con un hilo invisible, que nos muestra que insistiendo en la lucha se construye un camino que sirve. Lograr condenar a los culpables de estas injusticias.

Kosteki-Santillán y Santiago Maldonado configuran grandes deudas internas de la democracia, y por eso se han convertido en verdaderas causas del pueblo.

Los hermanos se cruzaron en un fuerte abrazo. Las miradas eran profundas. Sentimientos contradictorios y emociones variadas inundaron el aire donde se respiraba. Era que se estaba formando una unión que ya existía, pero necesitaba la formalidad de los cuerpos. Era, sobre todo, para que los sentidos se pusieran en funcionamiento y activaran nuevas ideas. Inmenso el fuego producido por semejante encuentro de hermanos. El contexto, ronda de las Madres, acompañados por una movilización multitudinaria. Un arco interesante de representaciones sindicales, sociales, políticas y culturales, pusieron el marco para hacer fuerte la interpelación a la sociedad quilmeña.

En definitiva, para que se debatan estos temas y aporten de algún modo a la lucha por justicia, es que se realizan este tipo de eventos.

Despertar músculo y conciencia

El escenario era la calle y la plaza. Los testigos ruidosos y silenciosos se reparten entre personas que se movilizaron organizadas y por sus propios medios. Hay quienes, por diferentes motivos, caminan por el lugar. Autos, colectivos, edificios y árboles aparecen como en una escenografía natural y espontánea para recibir y amplificar el grito por justicia que desde ahí se disparaba.

Un gazebo blanco protege el sonido para la música y los micrófonos, de la intermitente llovizna que no desanima ni un poquito a la concurrencia. Formados y llevando con sus manos una bandera de arrastre con la leyenda “Madres de Plaza de Mayo Quilmes”, marcharon y se acomodaron delante de la glorieta de lona improvisada para la ocasión, entre otros y otras, Cristina Cabib presidenta de la citada comisión, Lidia Braceras histórica dirigente sindical de Suteba, Claudio Arévalo Secretario General de ATE Quilmes, Alejandro Quiñonez Secretario General Adjunto de ATE Quilmes, Sergio Maldonado, Andrea Antico y Leonardo Santillán.

Un muestra más que revela que en el seno del pueblo existen dispositivos activos. Es decir, que no está dormido ni el músculo ni la conciencia.

Este encuentro de hermanos simboliza mucho más que un abrazo y un apretón de manos. Representa como va configurando el pueblo, la organización de sus luchas más importantes, su coordinación, su empatía entre sí, su solidaridad, su pertenencia popular y su sentido cultural. Sin dudas también se refleja en el espejo de la integralidad de las luchas. Porque el pueblo va consolidando su identidad día a día, y particularmente en estos casos, por haber sido tan importantes, generan un aporte a la pertenencia identitaria. Es así como se enaltece cada vez más este histórico encuentro.

Sobre el final, Sergio agradeció con emoción la solidaridad y el calor recibido en la jornada quilmeña. Este día ya había comenzado a las diez de la mañana con una charla en la Universidad de Quilmes y finalizó con una radio abierta, ronda y acto de cierre ya a las últimas horas de la tarde.

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Pasó la sexta fecha del querido y nunca bien ponderado torneo local. Y con ella, el único superclásico del campeonato. Nos negamos a subirnos a esa ola berreta que pronostica Boca-River hasta en la Champions y les pedimos a los señores periodistas que dejen de sacarle la magia al fútbol. Pero además del clásico más grande de la Ciudad de Buenos Aires, hubo otros partidos.

La cosa arrancó el viernes en el Nuevo Gasómetro, donde ganó San Lorenzo pero perdimos todas y todos. Perdimos porque las autoridades de esto que han bautizado Superliga les negaron a los jugadores de San Lorenzo la autorización para salir a la cancha con una bandera que decía: “Verdad y Justicia por Santiago Maldonado”. Ante la negativa, la Subcomisión de Derechos Humanos del club decidió colgarla en la tribuna visitante. ¿Qué pasó? La policía les obligó a sacarla. Otro atropello de las fuerzas de seguridad de Bullrich. En la cancha San Lorenzo arrancó ganando con gol del pibe Glaich, pero antes de los quince Patronato lo había dado vuelta con goles de Ledesma y Carabajal. Cuando faltaban quince para el final, Gonzalo Rodríguez lo empató y a dos de los noventa Franco Mussis clavó un zurdazo tremendo de afuera del área para el triunfo del ciclón. Era la vuelta de Mussis después de un año afuera por lesión. Hermosa montaña rusa, con el Pampa Biaggio incluido, en el festejo del tercero.

En Santa Fe apareció el pibe Heredia, que hasta el viernes a la tarde no tenía goles en primera. No hizo uno ni dos, fue hat trick, como les gusta decir a los cipayos. ¿Se habrá llevado la pelota? No sabemos. Lo cierto es que de la mano de Heredia y Bruno “Yisus” Zucculini, Colón hizo un gran partido y se llevó puesto al equipo del año. Godoy Cruz descontó con un gol en contra de Olivera.

Tempranito el sábado y con casi cuarenta grados de térmica, Newell’s le ganó a Lanús. El grana arrancó mejor pero Alan Aguerre sacó todo lo que iba al arco. Sobre el final del primer tiempo, El Negro Figueroa puso el uno a cero de penal. Lanús siguió yendo y yendo, pero no concretó. El que sí la metió fue Fértoli para el dos a cero. Flojo partido de la lepra que se llevó tres puntos clave. Lanús, con técnico nuevo, sigue sin ganar en el torneo.

Al ratito nomás, pero con el mismo calor de locos, empataron Talleres y Vélez. ¿Sabrán los señores de la Superliga que en la cancha no hay aire acondicionado? Partido a tono con la temperatura: espeso y pesado. Ganaba la T con gol de Nahuel Bustos. Guido Herrera hizo justicia atajándole al Monito Vargas un penal que no había existido. En el segundo tiempo, Cufré puso el empate. Lo que vino después fue un partido sin mediocampo, con mucho ida y vuelta. La figura ya la conocemos: El Cholo Guiñazú. ¿Alguna vez se cansaran los periodistas de hacerle comentarios con dudosa gracia sobre su edad?

Donde sí hubo suspensión fue en Varela. Una lluvia de relámpagos obligó a parar la pelota. Pero con veinticinco minutos alcanzó para que haya goles entre Estudiantes y Defensa y Justicia: el paraguayo Rojas marcó el primero con un lindo chanfle de afuera del área; Noguera empató por el segundo palo ante la siesta de los defensores del Halcón. Todavía no se sabe cuándo se sigue.

A pesar de que hay pocos kilómetros entre Varela y Banfield, el clima no dijo lo mismo. Ni una gota en el Florencio Sola. Parece que San Pedro es hincha del Halcón y quiso que descansen mientras que el Taladro jugó, todo esto pensando en la Sudamericana. Volviendo al duelo entre Banfield e Independiente, a los diez ya había un expulsado: Pablo Hernández dejó con diez al rojo por doble amarilla. De la mano de Cechini y Cvitanich Banfield se puso en ventaja, pero en el segundo tiempo le costó aguantar los embates de Independiente que llegó al empate por medio de Gigliotti.

El domingo a la mañana volvió a ser protagonista el calor. En Tucumán fue insufrible la temperatura y el fútbol. Poco y nada entre San Martín y Argentinos. Un cero a cero que deja mejor parado al bicho. En los de La Paternal debutó Carboni, mientras el ciruja espera (parece) por Coyette.

En el otro partido que fue vendido a China, una de las sensaciones del torneo bancó la parada. El Globo, de la mano de Juan Fernando Garro y un cen-tra-zo del Dani Alves argentino (Scaloni o quien venga, Chimino es argentino) se puso uno a cero arriba. Cuando los minutos se agotaban y Damonte le gritaba “¡Tenela!”, Mendoza sacó un zapatazo infernal para clavarla por encima del pobre Batalla. Dos a cero en Victoria y Tigre se quedó sin DT. Desde acá bancamos al Lobo Ledesma que, a pesar de ser un equipo bipolar, mostró ratos de gran fútbol aunque esté muy jodido con el descenso.

Nos vamos a San Juan. Atlético de Tucumán, flamante escolta de Racing, ganó y se acomodó después de perder con Gremio de local. Gran partido del decano, aunque hubo que esperar al segundo tiempo para que la pelota toque la red. Guillermo Acosta (uno de los mejores volantes del torneo), el inagotable Pulga Rodríguez y Mauro Matos le dieron el triunfo. Sobre el final descontó Palacios Alvarenga para San Martín.

En La Plata Pedrito Troglio se fue dándole piñas al pobre Lobo que hace de manga. Parece que algún plateista le recordó a Codesal. En la cancha hubo más patadas que juego. El Central del Patón parece estar tomándose un respiro. Golazo del Colo Gil, ex Estudiantes, de tiro libre para el uno a cero. Empató el Loco Silva, ex Newell’s con un penal fantasma.

El superclásico estuvo más anunciado que las inversiones. TNT y Fox lo publicitaron como si el fútbol se fuera a terminar al día siguiente. Boca agradece todavía la lesión del Pity, que había arrancado enchufadísimo. Tremendo partido del Pibe Palacios, Maidana y Pinola. Boca volvió a quedar expuesto perdiendo todas las pelotas divididas. Zárate se la agarró con Cardona como si fuera un rival y lo tuvieron que calmar Pinola y Vigliano ante la sorpresa de Ponzio. Dos golazos: una volea infernal del Pity Martínez y un bombazo de Nacho Scocco, que siempre que entra moja. Para el recuerdo la tapada del final de Armani.  Gran triunfo de River en la Bombonera.

En La Feliz jugaron Aldosivi y Belgrano. Se prestaron la pelota y el dominio todo el partido. Buenos chispazos de Matías Suárez y Brunetta. Pero el as de espadas lo tuvo el Tiburón en Chaves. Dos goles para que Aldosivi se suba al podio.

Cerraron la fecha Racing y Unión en el Cilindro. El puntero hizo un primer tiempo calculador y lo ganó en el segundo tras un error en la salida de Damián Martínez, centro de Mena y cabezazo de Solari. Un Racing mucho más batallador y menos vertical se mantiene invicto arriba de todo.

El torneo recién arranca, pero Racing se va cortando de a poco, a dos lo sigue Atlético de Tucumán y a cuatro Aldosivi. No hay que dormirse que el campeonato no es tan largo. Nos sumamos a San Lorenzo y decimos: VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO.

*Redactor del blog Lástima a nadie, maestro.

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