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A días de debatirse el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Senadores de la Nación el aborto ilegal se cobró una nueva vida, la de Liliana Herrera. Mientras en el recinto los responsables de modificar, en primera instancia, esta situación siguen priorizando sus privilegios a espaldas de las mujeres. 

Marcha dialogó con Cecilia Canevari, profesora e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social y de la Facultad Humanidades, Ciencias Sociales y Salud de la Universidad de Santiago del Estero previo 8A sobre la historia de Liliana Herrero, la joven de 22 años que recientemente murió por una práctica de aborto clandestina.

-¿Cómo pueden caracterizar la situación de la salud de las mujeres en Santiago del Estero teniendo en cuenta la reciente muerte evitable de Liliana Herrera?

La situación de la salud de las mujeres en Santiago del Estero es bastante preocupante, tenemos una realidad, un contexto social y económico en la provincia que no colabora con la salud de las mujeres. Situación que por un lado tiene que ver con la ruralidad, ya que Santiago tiene una enorme cantidad de población rural -casi un 30% vive en comunidades campesinas-, y la otra es, por supuesto, el contexto de pobreza. Y si a eso le agregamos la enorme presión que la iglesia católica ejerce sobre estos mandatos respecto a la sexualidad y la reproducción, la cosa se complica un poquito más. Entonces las mujeres efectivamente están enfrentando riesgos y, por supuesto que la muerte es lo peor que puede suceder, pero las que no mueren muchas veces quedan con secuelas productos de abortos clandestinos u otros problemas asociados a la salud.

-¿Qué mirada tiene del feminismo organizado a días de que se trate el proyecto de IVE en el Senado?

El movimiento feminista en nuestro país y en nuestra provincia ha crecido enormemente, eso es muy visible y no hace falta aclararlo demasiado. Las mujeres desde hace más de 30 años que nos organizamos en los ENM, luego hubo algunos hitos, como la convocatoria para las marchas del Ni Una Menos, que hicieron que el movimiento de alguna forma explotara y creciera, tomara las calles, y cobrara una visibilidad muy importante. Esto creo que es una presión política que los senadores y las senadoras tendrán que escuchar mañana cuando se trate este tema en el senado.

-¿Qué actividades estarán realizando en la provincia para el 8A?

En Santiago estamos en campaña y en actividad desde principio de año, cuando este tema empezó ser un debate mucho más intenso. Mañana en la plaza Libertad, que es la plaza principal de la ciudad, se va a estar realizando un acto con algunos pronunciamientos, algunos discursos, así como también la participación de músicos, músicas, actores, actrices, que van a estar marcando y acompañando aquello que va a estar sucediendo en los alrededores del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.

-¿Qué crees que implicaría el posible rechazo del proyecto en el Senado? ¿Qué consecuencias podría acarrear?

El rechazo en el Senado sería una verdadera calamidad porque en realidad el problema es que ellos están defendiendo el Statu quo. Esto significaría que las mujeres van a seguir interrumpiendo los embarazos que no desean, porque está demostrado que el marco legal que existe hasta este momento no las disuadió de no abortar, entonces van a seguir interrumpiendo sus embarazos y van a seguir accediendo a la clandestinidad y sufriendo las consecuencias de los abortos realizados en condiciones pocos seguras. Entonces defender el Statu quo, es defender el aborto clandestino, defender el negocio, defender la muerte, y en verdad confiamos en que el sentido común y la conciencia de los derechos hagan que los senadores y las senadoras voten a favor de esta ley.

-En Argentina sabemos que se realizan aproximadamente 500.000 abortos por año, y a raíz de la historia de Liliana se supo que en ese mismo hospital en lo que va del año, ocurrieron otras dos muertes evitables. ¿Se ha elaborado alguna estadísticas de cuántas muertes suceden anualmente por consecuencia de abortos clandestinos en la provincia? ¿Existe alguna red o colectivo feministas que informe y acompañe a las mujeres que desean interrumpir su embarazo?

Las estadísticas en la provincia son bastante difíciles de conseguir y también tienen bastantes solapamientos, situación que genera que al final uno no sepa cuántos casos son. Es más, ayer el Ministerio de Salud salió a decir que la muerte de Liliana no estaba confirmada que fuera por aborto, entonces tienen siempre la intención de esconder los números debajo de la alfombra.

En Santiago está organizado Socorro Rosa desde hace un par de años, han atendido un número muy importante de casos con mucho éxito. Y sí, cuando el estado se retira, cuando el estado no cuida a las mujeres, cuando el estado criminaliza y penaliza las prácticas de las mujeres, somos nosotras entre nosotras mismas quienes decidimos cuidarnos, quienes decidimos tomar las riendas de los vacíos políticos que el estado deja.

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Roger Almaraz, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) detalló el conflicto territorial en la comunidad de Vitiaca con Goloeste S.A. Denuncian a Luis Gregore, dueño de la empresa, por intentar apropiarse espuriamente de tierras comunales en el Departamento de Jiménez, al noroeste de la capital provincial.

En el Departamento santiagueño de Jiménez, la comunidad de Vitiaca denuncia la difícil situación que viven en defensa de su territorio. Desde el año 2014, resisten en forma pacífica un conflicto de tierras con el empresario Luis Gregore, quien cuenta con la connivencia policial para amedrantar a lugareños y lugareñas.

Vitiaca es un paraje de seis mil hectáreas habitado en forma comunal desde hace siglos. En la actualidad, viven quince familias de pequeños productores y productoras, donde crían ganado vacuno, cabras y ovejas en corrales y potreros comunitarios. También aprovechan el monte para la recolección de leña, algarroba y chañar para autoconsumo.

Mantienen una disputa por un lote de cuatro mil hectáreas que la empresa Goloeste S.A., a través de sus empleados, viene intentado alambrar e incluso instalar una casilla. Las familias no permiten que se alambre el campo, que prácticamente corresponde a las tres cuartas partes de la superficie reivindicada ancestralmente por la comunidad.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) ha denunciado a la empresa por los atropellos violentos que sufre la gente de Vitiaca desde el año pasado. Piden a la Justicia que reconozca a las familias como poseedoras con ánimo de dueño del territorio, porque viven allí hace muchas generaciones.

Roger Almaraz, integrante del MOCASE-VC, aclaro sobre el conflicto: “Las familias están resistiendo el embate empresarial de Luis Gregore, oriundo del conurbano bonaerense. En Laferrere estaría la sede de la empresa que se dedica a la compra de campos para molinos, siembra de granos y la producción de aceites”

Sobre la comunidad de Vitiaca, remarcó Almaraz que “existe la firme contundencia de las familias que están ahí peleando en el plano judicial y también desde la resistencia a esta empresa. La resistencia está a la orden del día, porque cuando se intenta alambrar las familias desalambran y arrancan el empostado”.

Sobre el rol de la policía, remarcó que “no es función de la policía pedir papeles y títulos de propiedad a las familias, ni amedrentar y amenazar a las personas que resisten. Algunos han sido detenidos sin orden judicial, porque hay una connivencia terrible entre la policía de Pozo Hondo, donde está la Comisaria n°26, con el empresario”.

Acerca de las detenciones de campesinos y campesinas por resistir, detalló “hay una vieja enfermedad viciada de la policía santiagueña, que inmediatamente toma partido por el más fuerte. La manera en que actúa la policía es detener a tres o cuatro personas, porque viene alguien de la otra parte y denuncia que lo han amenazado con armas de fuego. Inmediatamente actúan sin tener la orden de ningún juez ni fiscal”.

Desde el Mocase lamentan el accionar y las promesas incumplidas por parte de la fuerza de seguridad, “a pesar de innumerables ocasiones que el movimiento campesino se ha reunido en mesas de diálogo con la cúpula de la policía, a veces por ignorancia y muchas con mala intención porque reciben coimas, no han dejado de estar rápidamente al servilismo del empresariado”.

De la misma forma, Almaraz también reconoce que existen lugareños “que están trabajando para la empresa, que me hace acordar a la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, donde se aliena tanto el campesino que termina hostigando y oprimiendo a su propio par, que están a punto de sacar del lugar de donde vive”.

A pesar de todo, “la Mesa Provincial de Tierras junto con los delegados y delegadas del movimiento campesino, se han juntado para diseñar estrategias, así que la vamos llevando también en el plano legal. Ojalá haya una medida cautelar urgente a favor de la familia, para que detengan a este empresario y no avance”, exclamó Almaraz.

Por último, asegura que en el Mocase “también nos manifestamos en contra de la detención arbitraria del compañero Lula Da Silva. No queremos a nuestros líderes latinoamericanos en la cárcel, queremos que estén motivando y dando fuerza al pueblo”.

Fuente: Panorama Federal, por Radio Gráfica FM 89.3

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El próximo 27 de noviembre vence la última prórroga de la ley 26.160, que suspende el desalojo de comunidades indígenas de todo el país. Debido a que la problemática no fue solucionada, se hace necesaria una nueva prórroga, hasta que se encuentre finalizado el proceso de relevamiento territorial, técnico y catastral de todas las comunidades existentes del territorio nacional.

Esta información surge del informe de la Comisión Unicameral Especial de los Pueblos Indígenas, reunida el pasado 13 de julio. Una necesidad que se produce al mismo tiempo en que las políticas de gobierno avanzan favoreciendo la concentración económica y territorial en manos de las grandes corporaciones económicas transnacionales. La desaparición de Santiago Maldonado así lo atestigua y parece ejemplificadora, sobre todo por el rol del Estado, responsable de esta situación.

Una Ley que sigue en emergencia

El 23 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley 26.160 que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan las comunidades indígenas originarias del país. Una ley que venía a proteger los derechos territoriales sobre las tierras ancestrales que suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto fuera el desalojo o desocupación de esas tierras. Esta legislación impulsaba el relevamiento que permitiera identificar la posesión territorial que habitan las comunidades originarias, a cargo del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Sin embargo, a pesar de la vigencia de la legislación, los desalojos se producen de manera extrajudicial. Más allá de cualquier regulación jurídica, se suceden los desalojos de hecho que son consecuencia de incendios intencionales, patotas financiadas por los grandes terratenientes, en complicidad con gobernadores y la anuencia de las fuerzas de seguridad junto al Poder Judicial, tal como viene sucediendo, por ejemplo, en Santiago del Estero, (http://www.marcha.org.ar/mocase-organizarse-por-el-derecho-la-tierra-y-la-vida/). Recordamos a Cristian Ferreyra, un joven habitante de esos parajes, baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida.

Ocupadas versus habitadas

Tal como consigna un informe de Amnistía Internacional, de acuerdo con los datos que el Estado nacional ha suministrado, hay 1532 comunidades originarias identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). Apenas el 49% del total, es decir unas 759 comunidades, han iniciado el proceso de relevamiento de las cuales sólo lo han culminado, a las que se reconocen la ocupación actual, tradicional y publica. Es decir que a más de 10 años de la promulgación de la ley, el relevamiento concluido apenas alcanza alrededor de un 25%. Además, se trata de una ley que no reconoce la titulación de las tierras, sino que solo permite que las propias comunidades identifiquen los territorios que ocupan para que luego puedan avanzar a la regulación dominial, aunque aún no se reconoce la legalidad de la titulación colectiva que permitan respetar las lógicas y costumbres indígenas.

A pesar de un informe que esta organización internacional ha presentado, para denunciar la situación en resguardo de los derechos humanos, resulta llamativo el empleo del término ocupación para referirse a territorios que han sido habitados históricamente por las comunidades.

En octubre de 2013 la BBC llamaba la atención sobre la situación: “Una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola-industrial o forestal se superpone con tierras de comunidades indígenas”.

Derecho indígena

Conflictos territoriales, desalojos, represiones, criminalización de la protesta y otras situaciones adversas, tienen a los Pueblos Originarios, que habitan en la Argentina, como víctimas frecuentes de la vulneración de sus derechos. Así lo denuncia el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA. Ya en el año 2010 alertaba por el muy bajo nivel de ejecución del relevamiento territorial a comunidades indígenas, a nivel nacional. En 2013 reiteraba la advertencia sobre la inejecución de lo que ordenaba la ley, y además llamaba la atención al destacar que en las provincias donde la conflictividad con las tierras indígenas era más elevada como: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén el relevamiento en promedio solo alcanzaba alrededor de un 4%.

Nuestra Constitución Nacional, en la reforma realizada en 1994, reconoce la legitimidad del derecho indígena. En el artículo 17 de la Carta Magna, en su inciso 17 expresa: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Conquista y colonización

La conquista de América se basó en el despojo y usurpación territorial como política de colonización, produciendo el exterminio de los pueblos nativos de la región. No parece casual que la campaña del desierto emprendida por Julio Argentino Roca, donde se exterminaron a los legítimos habitantes de las tierras patagónicas, para apropiarse de ellas, hoy reactualiza una práctica de Estado que se cobra vidas o las hace desaparecer, como en el caso de Santiago Maldonado, donde la Gendarmería Nacional emprende contra quienes detentan la legitimidad de una ínfima porción de tierras del Benetton Goup.

La historia más reciente atestigua estas disputas por la tierra y sus recursos. De norte a sur y de este a oeste de nuestra región asistimos a la apropiación con el uso de las fuerzas públicas contra los pueblos, para apropiarse y favorecer el usufructo de sus recursos a empresas privadas. Solo algunos ejemplos son suficientes. La disputa por la tierra en Colombia aparece silenciada tras una larga guerra fratricida que diezmó y obligó a uno de los mayores desplazamientos poblacionales del mundo. El Presidente Lugo fue destituido, en Paraguay, tras una violenta embestida contra pacíficos agricultores, obligados a defenderse, que detentaban tierras que estaban destinadas al negocio de las grandes corporaciones agrícolas, en un país donde solo un 2% es propietario de casi todas las tierras. Berta Cáceres fue asesinada en Honduras por su continua y reconocida lucha contra los mega proyectos que intentaban quedarse con las tierras y apropiarse de los cursos de agua esenciales para las comunidades. La lista se vuelve infinita de reconocidos y anónimos luchadores y sus pueblos, por el derecho a las tierras que habitan.

El próximo 27 de noviembre vence la prórroga de la ley 26.160. Distintas organizaciones hacen un llamamiento por la necesidad de una nueva prórroga, en virtud del incumplimiento sistemático por parte del Estado para avanzar en regularizar esta situación territorial. Muchas son las necesidades que tienen las comunidades indígenas, a las que se busca despojar de sus tierras. Una prórroga que parece necesaria en momentos que avanza como políticas de estado la vulneración de derechos para favorecer a los grandes grupos económicos. Al igual que la asfixia que sufren las agriculturas familiares, en áreas periurbanas, la discriminación a la que son sometidos los trabajadores de la tierra de origen boliviano, por las políticas del Ministerio de Agroindustria, el empobrecimiento de las agriculturas regionales por la creciente concentración económica, con fuerzas de seguridad que el Estado pone al servicio de los poderosos mientras margina a los más desfavorecidos.

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Entrevista a Antonio Elio Brailosvsky, escritor y economista especializado en historia ambiental, quien hace referencia a las inundaciones, la falta de saneamiento del agua y las políticas de Estado al respecto.

– Nos mandaron a rezar nuevamente, esta vez fue el Ministro de Agroindustria frente a las inundaciones a lo largo del país. Esta situación que afecta a Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Chubut y Catamarca, ¿solamente se debe al cambio climático?

– El cambio climático existe pero lo potencian los errores agrarios y urbanísticos. Acabo de ver una nota en un periódico colombiano donde están diciendo: no es que el río se metió en sus casas, sino que ellos metieron sus casas en el río. Mientras se siga construyendo adentro de los lugares de riesgo de desborde de los ríos vamos a seguir teniendo desastres. Aquí, en Colombia y en Perú, países que han tenido enormes desastres por inundaciones y aluviones en las últimas semanas.

– Llama poderosamente la atención cómo es posible que no se hayan desarrollado las obras necesarias en un lugar con la riqueza petrolífera y gasífera como lo es Comodoro Rivadavia.

-Lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador diciendo que va a reconstruir todo en el mismo lugar. Un lugar que se inunda se va a volver a inundar muchísimas veces. Por un lado está el negocio de haber loteado terrenos inundables vendiéndolos para la vivienda, y ahora el negocio de obras públicas que no van a servir para nada porque la fuerza del agua se lleva todo. Hay que pensar en dejar de construir sobre terrenos inundables.

– Con el peligro que significa esa inmensa montaña de barro que es “el chenque” al lado de la ciudad.

-Claro. Por qué seguir negando que hay un problema, insistir en que esto es algo que no va a volver a pasar. Una vez que se metió a la gente adentro de un lugar inundable, se van a volver a inundar.

– En cuanto a deforestación, en 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy y en los últimos 25 años se desmontó una superficie equivalente a la Provincia de Entre Ríos. Esto también se vincula al problema de las inundaciones, entonces, ¿qué paso con la Ley de bosques que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2009?

– El bosque y en general la vegetación natural ayuda con las raíces a desviar el agua de lluvia al subsuelo y las napas, es un mecanismo de recarga de agua subterránea, si no hay bosques y árboles el agua escurre en superficie, hay más agua con la misma cantidad de lluvia y eso inunda.

La Ley de bosques tenía un punto débil, el centro estaba puesto únicamente en el dinero, porque la ley planteaba como único medio de mantenimiento de los bosques un subsidio a los que no destruían el bosque nativo, no planteaba sanciones a los que sí lo hacían, entonces terminó siendo una cosa económica. Además, en el gobierno anterior las partidas para subsidios de la Ley de bosques se desviaron hacia otros lados, especialmente hacia la televisación del fútbol.

En el gobierno actual no sé hacia dónde se desviaron pero tampoco tuvieron un uso importante. Si no hay sanciones, y si talar es negocio porque sirve para plantar soja y si se inunda o se destruye el suelo que se arregle otro, se sigue desmontando. Yo creo que la Ley de bosques funcionó solo para la foto, fue una ley principalmente publicitaria.

– Además la deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en Argentina y un análisis de la Ley ambiental para la Argentina del Banco Mundial, de octubre del año pasado, sitúa la degradación ambiental en el 8.5 del PBI argentino equivalente a 40.000 millones de dólares. En todo el tema de la deforestación para plantar soja los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas.

– Eso pasa con todos los temas ambientales. Siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los demás.

– El pasado 31 de marzo, en el Día nacional del agua, a raíz de la Resolución Nº 1630 de 1970, en Clarín salió un suplemento llamado “Plan de agua saneamiento nacional”. Más adelante en el suplemento señala que el Día mundial del agua se celebra el 22 de marzo, respondiendo a una recomendación de la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. ¿Fuimos unos adelantados los argentinos entonces?

– Siempre es fácil hacer una declaración, el tema es qué gestión se hace después sobre eso. Y la gestión en Argentina sobre el agua es extremadamente débil. No sabemos, porque no hay ningún control sobre qué residuos peligrosos hay en el agua de red, por ejemplo. En gran parte del interior del país se saca el agua de red de napas que están debajo de campos fumigados o de ríos que reciben el agua de fumigación que viene arrastrada por las lluvias hasta los ríos. Yo preferiría menos festejos y más análisis del agua de red y qué se hace para eliminar esos tóxicos.

– En este espacio publicitario al que hago referencia, el pasado 3 de abril, se menciona un Plan nacional del agua que establece como meta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cloacas. Dice que van a instalar 55.000 kilómetros de tuberías para distribuir agua potable, 30.000 para cloacas, que ese volumen de obra generará más de 300.000 puestos de trabajo entre los años 2016 y 2020 y se estima que las inversiones totales para el logro de la cobertura universal y cloacas para ¾ partes de la población alcanzarán una inversión de 21.600 millones de dólares. Este plan ¿existe?

– Esperemos que sí, porque hace falta. Argentina está muy retrasada en cuanto a vecinos más pobres como Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura de la población mayores que los nuestros. Siempre hay planes, esperemos que pongan el dinero y hagan las obras y además controlen que el agua de red sea efectivamente potable.

– Otra cosa que me llamó la atención de esta producción especial referida al Día del agua, dice que avanzan las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, parece que hicieron un recorrido un grupo de periodistas especializados, ejecutivos de Aysa y las empresas contratistas, dicen haber recorrido el predio de Dock Sud donde pudieron comprobar los avances de la obra Riachuelo, proyecto que permitirá incorporar al servicio de redes cloacales a un millón y medio de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4.300.000 habitantes, es decir, que según esta información ha tomado impulso la obra en la cuenca Matanza- Riachuelo.

– Están haciendo obras, la pregunta es si son las mejores posibles y qué riesgo tienen. La obra grande que es el caballito de batalla de Aysa, es un caño que va por debajo del Río de la Plata y trata de mandar lejos toda la contaminación del Riachuelo. Dicen que con tratamiento pero en realidad es un pre tratamiento, una licuadora que disuelve la materia fecal y la traslada adonde no se vea, más lejos. Allí hay dos problemas, por un lado el riesgo de que al mandarla más lejos vaya hacia las tomas del agua, con lo que empeoraríamos la situación; el otro riesgo es que al mandar ese caño de agua del Riachuelo río adentro, cambie la forma de sedimentación del suelo y se empiecen a formar pantanos costeros y si hay pantanos la contaminación va a tardar mucho más en dispersarse.

Estos temas han sido estudiados de manera débil, con lo cual yo no estoy muy conforme con estas obras, la gente tiene la ilusión de que una obra mejora las cosas y no necesariamente es así. Esta es una obra de altísimo riesgo.

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Nuevamente la provincia de Santiago del Estero es escenario del atropello y las disputas por la tenencia de tierras que son habitadas por familias de campesinos. Una vez más, un empresario en complicidad con el poder judicial, tal como denuncia el MOCASE Via Campesina, intenta apropiarse de tierras que no le pertenecen con el uso de la fuerza pública.

Una situación que se viene repitiendo en la provincia, como el conocido caso de la empresa Manaos. Una realidad que parece extenderse por nuestro territorio nacional favorecido por las políticas del gobierno nacional, como evidenció lo sucedido en El Bolson y Esquel. Una misma lógica: usurparción de tierras en connivencia con el poder político y judicial para favorecer, en este caso, al igual que con Manaos,  a empresarios del agronegocio.

Desde el Movimiento Campesino Indígena denunciaron que el 3 de marzo pasado 50 oficiales de policía y de infantería policial llevaron a cabo el desalojo de una familia campesina, habitantes ancestrales de la tierra. El operativo tenía como objetivo entregarle las tierras a una persona de nacionalidad francesa que es acusado de comandar bandas armadas para expulsar campesinos.  El  Juez Álvaro Mansilla fue quien avaló la medida y de esta manera parece darle respaldo al accionar mafioso del empresario.

Intento de desalojo

En la localidad de Añatuya vive la familia Quiroga,  compuesta por el matrimonio de Oscar y Claudia Coronel y los hijos Maira Milagros (13) y Braian (10) que viven en Lote 48. Sobre 1395 Has   la familia produce,  y  convive con el monte nativo,  donde cría vacas, cabras, ovejas, caballos, siembra sorgo, maíz, zapallo, sandía, algodón.

La familia viene  soportando la amenaza de desalojo desde hace varios años por parte de Patrice Francois Louis Rene Lannou, que detenta esas tierras. En varias oportunidades Lannou recurrió a patotas y bandas armadas que fueron contratadas para intentar desalojar a la familia Quiroga. Durante los años 2014 y 2015 en varias oportunidades bandas armadas a punta de pistola y encapuchadas se hicieron presentes para amenazar a mujeres y niños para que se fueran. Desde el Mocase se acusó a la medida de viciada e ilegal.

Este desalojo se produjo en momentos en que los adultos no se encontraban en el lugar, vulnerando los derechos de los menores  exponiéndolos a una situación de extrema violencia y terror.

El MOCASE se declaró en estado de emergencia y alerta por la situación. La familia y vecinos  montaron una Carpa Negra en la entrada del campo, en un proceso de resistencia territorial hasta tanto se regularice la situación de la familia Quiroga.

Patoteros, terroristas y mafiosos

A partir de una denuncia que radicó el Mocase VC en el Comité de Emergencia de la Provincia y en la Policía, se consiguió que se realizara un allanamiento donde encontraron a los integrantes de esta banda armada. Sin embargo desde la organización campesina revelan que no se produjeron detenciones, pese a la gravedad del hecho y solo les retuvieron las armas que luego fueron enviadas al juzgado para que el Juez Álvaro Mansilla se las devolviera a los delincuentes, tal lo afirmado desde la histórica organización de campesinos.  Patoteros, personas que utilizan el terror con fines de lucro y que son avalados desde el Estado.

En medio de un debate mediático que se ha instalado desde el gobierno nacional que criminaliza a los inmigrantes, desde el MOCASE afirman que la persona acusada de impulsar este accionar casi delictivo, se trata efectivamente de una persona de origen extranjero que además está cometiendo el delito de usurpación y apropiación indebida de tierras. Sin embargo a diferencia de la suerte de cualquier inmigrante pobre o trabajador, sobre el que pesa una estigmatización, este inmigrante ilegal tuvo su premio: la complicidad del Juez Álvaro Mansilla, así afirman desde la organización.

Un poco de historia de organización

El  Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE VC) surge como organización en Santiago del Estero para luchar por la tenencia de la tierra y las condiciones de vida de las familias campesinas indígenas. El problema generalizado de tenencia precaria de la tierra por parte de los campesinos indígenas había generado un histórico proceso de desalojos silenciosos en la medida en que no había conciencia sobre el derecho a la posesión veinteañal, como tampoco organizaciones que fortalecieran la autoestima y esperanza de un horizonte de justicia. El surgimiento de la organización (4 de agosto de 1990), tal como ellos mismo lo relatan,   resulta un punto de quiebre con esta situación preexistente, de modo tal que el silencio se convirtió en conciencia del derecho hecha palabra y acción. Se promovió la organización para la autodefensa de los pobladores, se acompañó con asesoramiento legal y de defensa jurídica correspondiente, se fue logrando una mayor visibilidad política ante los dueños del poder, se amplió los lazos solidarios con otros sectores de la sociedad que se sintieron atraídos por esta lucha.

Campesinas, campesinos indígenas que van conformando organizaciones en  sus territorios, los parajes rurales. Más de 9 mil familias en movimiento por la solidaridad, la producción de alimentos sanos, por la agroecología, la justicia y el cambio social.

Santiago del Estero, parte del Gran Chaco Americano, fue saqueado por las empresas que se llevaron la inmensa riqueza forestal. Hoy nuevamente, con la excusa del progreso, vuelven empresas transnacionales de los agronegocios que con la complicidad de los gobiernos, los jueces y la policía quieren destruir los bosques y los bienes naturales. Evitar la destrucción del medio ambiente y recuperar la identidad cultural, la forma de vida comunitaria y solidaria es el paradigma que sostienen.

Articulados a nivel nacional en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), continental en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) e internacional en La Vía Campesina (LVC), porque la lucha por un mundo mejor para todos los pueblos y todos los hombres y mujeres, es la lucha por la liberación planetaria.

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