Por Waldemar Fink |

Como todas las vacaciones escolares, sea invierno o verano, contaba los días, ansioso, esperando para salir en La Internacional desde Retiro hasta La Criolla, al norte de Santa Fe, pueblo donde vivían mis abuelos y abuelas. Las vacaciones de invierno de 1995 no fueron la excepción.

El partido de ida por la final del Octogonal del Nacional B 1994-1995 contra San Martín de  Tucumán lo había visto en casa, en Buenos Aires. ¡Cómo grité el golazo del “Chupete” Marini en la victoria por 1 a 0 de visitante! Enseguida pensé dónde iba a ver el partido de vuelta, sabiendo que iba a estar en La Criolla. La respuesta llegó al instante: un tiempo con cada abuelo.

Aquel sábado 29 de julio de 1995 el primer tiempo lo vi junto a mi abuelo Moncho, hombre que con 47 kg de peso máximo, poca resistencia tenía a unos vasitos de caña Piragua. Cuando los bebía nunca volvía a la casa en línea recta. Moncho era hincha de Huracán (y de Colón). Disfrutamos de los goles del Pampa Gambier y del Chaqueño Uliambre entre mates y anécdotas de partidos épicos del Club Social y deportivo Huracán de La Criolla, donde jugó (luego, incluso, fue aguatero titular indiscutido durante varios años).

Tenía solo quince minutos para atravesar “todo el pueblo” (unas diez cuadras de esas que se alargan cuando se hacen de tierra y las casas se van separando) y llegar a la casa de mi abuelo Tibi que vivía sobre la ruta 11, en el comienzo del pueblo, luego de la curva de “la YPF”.

Me subí a la bici que me había prestado el abuelo Tibi, que días atrás había puesto en condiciones luego de descolgarla del gancho que la sostenía en el galpón. Era de esas bicis que carecían de armonía alguna. “Puro injerto”, debería haber sido la marca: mezcla de bicicleta de paseo sin guardabarros ni cubrecadena con manubrio de bicicleta de carrera, pero girado 180 grados, con las puntas para arriba… y sin frenos.

En el camino había una parada obligada: el kiosco de doña María Olloco para comprar semillitas de girasol y caramelos. Había que hacerle frente al segundo tiempo para calmar la ansiedad y los nervios. Doña María tenía Parkinson y requería de una gran destreza atajar los caramelos y las monedas de vuelto que salían despedidas de sus dedos en todas las direcciones. Creo que había más monedas en el piso que en la caja.

Superada la primera demora, comencé  a acelerar el pedaleo porque no llegaba al comienzo del segundo tiempo. Cuando doblé en la esquina de la calle paralela a las vías, tuve la mala suerte de casi chocarme a Víctor Balario y su caballo. Alcancé a frenar como pude, arrastré los pies como diez metros, el caballo se le avalanzó y, antes de acomodarse, Víctor me reboleó un rebencazo. Era hombre de armas tomar, don Víctor. Con un reflejo innato, esquivé la agresión y seguí pedaleando. Sólo escuche de su boca un “Chooooooooto” que me gritó con bronca.

Efectivamente, el segundo tiempo había empezado cuando llegué y mi abuelo Tibi me estaba esperando con unos mates. El descuento de San Martín casi que no hizo mella, había dos goles de ventaja en el global. Igual, yo seguía meta semillitas de girasol. Es que con Colón ,si no se sufre no se disfruta.

Tibi rememoró viejos logros de su Racing querido, al único que ubiqué fue al Chango Cárdenas, los demás eran ilustres desconocidos para mis quince años de vida.

Llegando el final del partido, el Pampa Gambier desató la locura con esa hermosa sutileza en la definición del tercer gol y todo fue festejo para mí. Hacía frío esa tarde, pero mi abuelo destapó una Biecker Africana bien fría. “Tomá, hacete hombre y a ver si te afeitás esos pendejos de laucha que tenés”, sentenció con cariño (con “su” cariño).

Salí de la casa de mi abuelo con toda la adrenalina, no lo podía creer. Llegando a la vía vi venir al tren. En ese momento nada ni nadie me podían parar, me sentía indestructible. Todos los músculos de mi cuerpo se pusieron de acuerdo para lograr la hazaña: tenía que atravesar el paso a nivel antes de que pasara el tren. Crucé con cierto margen de tiempo, el problema fue que lo que seguía era una curva en bajada y yo, sin frenos. Lo poco que me quedaba de suela lo gasté en el intento de frenar y casi termino estampado en el edificio del viejo Correo. Aún conservo una cicatriz en mi codo como trofeo de guerra de aquellos raspones.

El jueves siguiente se organizó “La cena de los Campeones” en el Club SyD Huracán. Siempre hay motivos para juntarse en los clubes de pueblo y, de paso, el encargado del buffet se hacía unos mangos extra. El gran “Cuney” Brasca fue el anfitrión ideal. Mi tío Cato me pagó la tarjeta para que fuera. Él no era hincha de Colón, pero era un tipo generoso. La parrilla rebalsaba de amor vacuno y la noche se pasó entre comida, bebida y cánticos sabaleros. Terminando la jornada, se hicieron presentes el “Loro” Minotti y el “Miro” Celino (personaje si los hay), traían un mantel a cuadros rojo y blanco que no paraban de rebolear sobre sus cabezas. Irrumpieron en la escena sabalera, los muy maleducados, saltando y cantando consignas tatengues. Inmediatamente fueron callados a sifonazos (esos que  usaron algunos para “asustar” al  tinto camorrero) y todo terminó entre risas y brindis varios. Tal vez no lo sepan quienes celebran campeonatos a lo pavote, pero ese ascenso fue como haber salido campeón del mundo. En mi pueblo y con mis abuelos.

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Por Redacción Marcha

El Triple Crimen que se llevo la vida de Jere, Momo y Patón en Rosario, logró visibilizar en el país la situación que cientos de pibes y pibas viven día a día en los barrios rosarinos. Ocho años después de este suceso, ¿ves algún cambio en esa cotidianeidad? ¿Qué implicancia tuvo ese crimen en la historia de Rosario y la lucha contra la violencia institucional?

Para situar un poco, en el 2012, cuando asesinaron a nuestros compañeros, las cifras de asesinatos crecía en Rosario (llegó a su punto más alto en el 2013), la violencia de las bandas (ligada a la venta de drogas) ganaba las calles de las barriadas, siempre con participación o complicidad policial. La circulación ilegal de las armas de fuego, también alarmaba. La justicia no investigaba, las causas se archivaban bajo el rótulo “ajustes de cuentas”, por falta de pruebas, etc. En los medios masivos de comunicación solo aparecían estos hechos en la sección de policiales y casi siempre el relato se construía en base a la versión policial.

Hoy, tras 8 años del inicio de aquella lucha por justicia, podemos decir que:

●Logramos visibilizar la situación que se vivía en los barrios y poner esta problemática en la agenda política y mediática

● Logramos que los trabajadores y trabajadoras de prensa desnaturalizaran esa dinámica o lógica de trabajo y empezaran a escuchar a las familias, a las organizaciones sociales.
● También logramos individualizar a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros (y de la violencia que sufrieron otros vecinos y vecinas y el barrio entero), pudimos llevarlos a juicio donde fueron condenados.

Sostuvimos una lucha ininterrumpida de 35 meses. Esto fue un punto de inflexión, las y los familiares vieron que con lucha y organización podían exigir justicia. En ese punto la lucha por justicia del triple crimen demostró que había que hacerse escuchar, rechazando la posibilidad de hacer justicia por mano propia (porque eso solo nos hubiese llevado a un espiral de violencia), exigiéndole a los poderes del estado (en especial al poder judicial) que hagan su trabajo. Y con el tiempo también los familiares se fueron encontrando, organizando, y pariendo espacios de lucha colectiva como es la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

Al pensar la actualidad, tenemos que arrancar diciendo que hace poco mas de un mes, nuevamente nos golpea la violencia con el asesinato de Eduardo Trasante, un compañero de lucha de tantos años, una figura muy relevante que acompañó a centenares de familiares de victimas, un ex concejal. El hecho está en investigación, desde el barrio no conocemos la causa, por lo que preferimos, al menos por el momento, no profundizar en este hecho. Sin embargo, si analizamos la realidad de los últimos años en los barrios rosarinos debemos señalar que notamos un mayor desarrollo de las estructuras delictivas, con dinámicas distintas a las del 2012 y nuevos actores que van apareciendo. La policía sigue metida en todas: drogas, armas, juego clandestino. Estamos convencidas/os que en estos años, en todos estos años, no se atacaron esas estructuras, sino al contrario, se permitió que se desarrollaran, que construyeran más poder y eso solo se logra con complicidades políticas y judiciales.

La crisis económica, social, que viene pegando desde hace algún tiempo, profundizada por la pandemia, empuja a la pibada hacia las “posibilidades” o “trabajos” que ofrecen las economías delictivas. El producto, las ganancias reales del negocio, de los negocios de estas estructuras, jamás queda en las barriadas, se lavan en otro lado, otros son los beneficiarios.
Lo que deja en el barrio es más violencia, mas roces, broncas, disputas, pibes que mientras más comprometidos están con esas estructuras se sienten protegidos, bancados y pretenden instalar el miedo. La mayor parte de los muertos, de los tira tiros y sicarios siguen siendo de las barriadas populares. Entonces, si bien logramos muchas cosas con la lucha por justicia, el fondo no cambió, en términos generales la realidad de la pibada en los barrios rosarinos sigue siendo la misma, a pesar del enorme trabajo que seguimos haciendo las organizaciones populares para transformarla.

¿Qué implica el trabajo territorial que desarrollan? ¿Cómo intervienen en territorios a veces dominados por las lógicas del narcotráfico y la violencia policial?

Nuestro trabajo como movimiento arrancó en Moreno en el 2010, y sin dudas a partir del asesinato de los pibes, nuestro trabajo se profundizó. La lucha por Justicia emprendida aquel 1ro de enero de 2012, comprendía el objetivo de individualizar y condenar a los responsables del asesinato de nuestros compañeros, pero también lo excedía. Desde el barrio motorizamos la lucha poniendo al descubierto la soledad en la que trabajamos y construimos desde los barrios populares.

Por eso lo primero que planteamos fue la necesidad que el Estado llegue al territorio, que el Estado empodere esta organización popular que trabajaba todos los días acompañando a las familias, a las víctimas y testigos del triple crimen. Así logramos acordar con el Gobierno Nacional que se abriera el Centro de Acceso a la Justicia, CAJ, en febrero de 2012. El carácter militante de quienes constituimos el equipo de trabajo, hizo que rápidamente el CAJ construyera una gran referencia, no sólo en Moreno, sino en muchos barrios más, pero cuando asume Macri decide cerrar el CAJ (y despedirnos a quienes trabajábamos ahí) en marzo de 2016.

Desde el barrio emprendimos una lucha por la reapertura del CAJ, que pudimos sostener 6 meses (marzo/septiembre de 2016). No nos escuchó ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Si bien el cierre de este espacio fue un golpe tremendo, definimos resistir al avance neoliberal y sostenerlo desde el trabajo militante y la autogestión, así nació
la Oficina de Empoderamiento Comunitario:

● Un lugar de acceso a derechos, donde el protagonismo de quienes viven en el barrio es imprescindible, y se trabaja desde una perspectiva feminista.
● La Oficina funciona dentro de la Central de Cuidados Colectivos en barrio Moreno, pero está en movimiento permanente y es una gran referencia para otros barrios también.
● Es un espacio que aporta conocimientos, socializa herramientas, que acompaña a las vecinas, vecinos y a la comunidad en general en el arduo camino de acceder a los derechos.

Desde la Oficina de Empoderamiento Comunitario ejercemos una especie de mediación, entre el Estado – con sus políticas públicas pero absolutamente alejado de la realidad- y el territorio. Se posibilita el acceso a derechos colectivos e individuales. A grandes rasgos podemos decir que trabajamos ante problemáticas barriales (de acceso a servicios, infraestructura, etc), con dificultades en el acceso a la justicia (alimentos, detenciones, cuestiones laborales), aportando en todos los trámites administrativos necesarios (Anses, DNI, cv), en situaciones de violencias (de todo tipo), en el acceso a derechos de personas con discapacidad, en aspectos de salud integral (dificultades en conseguir turnos con profesionales, ILE/ salud sexual y reproductiva, consumos problemáticos, salud mental), entre otras cuestiones.

Para nosotrxs esta nueva etapa que se abre con la pandemia/pos pandemia, deben pensarse nuevas institucionalidades, y este es un ejemplo, por eso estamos retomando conversaciones con funcionarios/as para avanzar en este sentido; para que el Estado reconozca que cuando se fue del territorio, otras/otros estuvimos. Ya no queremos aplausos, queremos que se
reconozca el trabajo, que el trabajo popular es esencial (lo sabíamos desde antes pero la pandemia lo dejó más claro aún) necesitamos el reconocimiento institucional y laboral de lo que venimos desarrollando. Como decía, la lucha por justicia nos transformó y pudimos seguir transformando la realidad, construyendo comunidad. En territorios dominados por las lógicas del narcotráfico, es fundamental el trabajo con las infancias y juventudes. Por eso en la Central de Cuidados Colectivos (donde funciona la oficina) también funcionan sus propios espacios.

En el espacio, las juventudes se juntan, se encuentran, buscan otras salidas, salidas colectivas. Buscan caminos que tengan que ver con la proyección de vida, con referencias dentro del territorio (referencias que son esencialmente opuestas a las referencias violentas de las bandas), juventudes que aportan en la construcción de la comunidad teniéndolos también a ellos y ellas como protagonistas. Entendemos que un un pibx vinculada a estos espacios es un pibx que encuentra y se encuentra con otrxs mas allá y mas acá de la violencia cotidiana que lo atraviesa.

El espacio de infancias arrancó en el 2012, cuando nos encontramos con niñas y niños que jugaban a levantar vainas y pintaban caras de jóvenes asesinados, cuando desde el barrio entendimos que era una prioridad abrir espacios donde lxs “niñxs puedan ser niñxs, donde puedan jugar, soñar, y vincularse de modos mas amorosos. Hoy la colonia de vacaciones reúne 200 niñas y niños durante las vacaciones, este espacio permitió con los años ir
rompiendo límites territoriales que existian y un espacio que se proyecta mucho mas allá de las vacaciones.

¿Cuál es el horizonte de Territorios Saludables?
Buscamos prefigurar políticas de cuidados, acceso a derechos y salud colectiva e integral, en clave feminista. Se trata de construir comunidad e inaugurar nuevas institucionales. Nuestra apuesta fue, y es, poner el barrio (los barrios) en movimiento, buscando ampliar los protagonismos, analizando las problemáticas de cada territorio y los recursos que existen en cada lugar, definiendo colectivamente como abordarlas, y tejiendo las redes necesarias; adoptando diversas estrategias pero siempre desde una mirada integral, territorial, feminista y popular. Sabemos que en el país hay muchísimas experiencias en ese sentido; que ya no pueden ser invisibilizadas, y la Pandemia lo dejó más claro aún, evidenciando las
desigualdades pero también las respuestas rápidas desde la organización territorial y la proximidad. Lo que salva es la comunidad, pero no debemos caer en romantizar las tareas. Es urgente que estos trabajos de la economía popular, sean reconocidos, retribuidos y deben fortalecerse con nuevas políticas públicas; deben incorporarse a la agenda política.

Ya han pasado 6 meses del comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y día a día han aparecido más casos de gatillo fácil en varias provincias, ¿han visto un aumento de la violencia policial en los barrios donde intervienen?

Definitivamente durante el aislamiento, y especialmente los primeros meses, vivimos un incremento de la violencia policial. No tenemos datos duros sobre esto (no hemos hecho ese trabajo de registro) seguramente lxs compañerxs de la Multisectorial contra la violencia institucional puedan dar precisión pero sí podemos afirmar que se repiten los hechos relatados de maltratos, golpes, y detenciones violentas.

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Por Redacción Marcha |

A días de cumplirse dos meses del asesinato del pastor y ex-concejal Eduardo Trasante, padre de Jere –víctima del triple crimen– y reconocido activista por la búsqueda de justicia, es, al menos llamativo la poca visibilización que tuvo su homicidio a manos de dos sicarios el pasado martes 14 de julio. Más allá de la causa y las responsabilidades individuales del crimen, este hecho, y sobre todo el silencio que lo acompañó, es un triste retrato de la realidad rosarina de los últimos años.

Naturalizar la violencia en las barriadas no se vincula de la misma manera para quienes viven allí respecto de la responsabilidad del Estado. Para quienes habitan los territorios, naturalizarla es, en parte, una herramienta para no vivir atemorizadas y atemorizados; pero por parte de los poderes de turno no es más que una posibilidad de desligarse de la responsabilidad de los altos índices de violencia que atraviesan la ciudad y la provincia. Por eso hoy, es difícil separar a Santa Fe de estos indicadores, del avance del narcotráfico y la estructura política, judicial y policial que lo ampara.

Para hacerse una idea de la situación que atraviesa la provincia litoraleña, basta tener en consideración como en 9 de los últimos 13 años ostenta el triste récord de ser la provincia con mayor tasa de homicidios, que llegaron en 2014 a un pico histórico de 13,2 asesinatos cada 100.000 habitantes. A pesar de que ese índice ha disminuido en los últimos años, la cantidad de vidas arrebatadas por homicidios sigue siendo enorme. Solo durante 2019, esta tasa duplicó la media nacional que se encontraba en 5,0.

Aún más alarmantes son estos números cuando hablamos de las dos principales ciudades de la provincia: su capital, y la ciudad de Rosario. En ambas ciudades se concentran el 80 por ciento de estos homicidios, donde son víctimas, en su gran mayoría, pibes jóvenes de los barrios populares. Quizás una de las historias que más sacudió el tablero de la agenda política y mediática sobre esta problemática fue el Triple Crimen de Villa Moreno, donde fueron asesinados los militantes populares Jere, Mono y Patón.

Triple Crimen: un punto de inflexión

Para profundizar sobre la implicancia que tuvo este suceso en la realidad santafesina Marcha dialogó con Jéssica Venturi, integrante de Territorios Saludables, abogada querellante de la causa por el Triple Crimen y compañera de los jóvenes asesinados. Para contextualizar, nos relató que “cuando mataron a nuestros compañeros, las cifras de asesinatos crecía en Rosario, la violencia de las bandas –ligada a la venta de drogas– ganaba las calles de las barriadas, siempre con participación o complicidad policial, y la circulación ilegal de armas de fuego también alarmaba”. Y recordó cómo las instituciones amparaban ese accionar: “La justicia no investigaba, las causas se archivaban bajo el rótulo ‘ajustes de cuentas’, por falta de pruebas, etc. En los medios masivos de comunicación solo aparecían estos hechos en la sección de policiales y casi siempre el relato se construía en base a la versión policial”.

“Tras ocho años del inicio de aquella lucha por justicia, podemos decir que logramos visibilizar la situación que se vivía en los barrios y poner esta problemática en la agenda política y mediática”, detalló Venturi sobre las conquistas que consiguieron durante ese camino recorrido. En esa misma línea, remarca como parte de estos logros “que los trabajadores y trabajadoras de prensa desnaturalizaran esa dinámica o lógica de trabajo y empezaran a escuchar a las familias, a las organizaciones sociales”. Finalmente, respecto de los autores del triple crimen, explicó que lograron “individualizar a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros, y pudimos llevarlos a juicio, donde fueron condenados”.

Más allá de las victorias que implicaron la lucha por justicia de los familiares, la violencia e impunidad con que se manejan estas bandas sigue presente en las barriadas populares de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Así lo describe Venturi: “Si analizamos la realidad de los últimos años en los barrios rosarinos, debemos señalar que notamos un mayor desarrollo de las estructuras delictivas, con dinámicas distintas a las de 2012 y nuevos actores que van apareciendo”. Y, en ese mismo sentido, concluyó: “Si bien logramos muchas cosas con la lucha por justicia, el fondo no cambió; en términos generales la realidad de la pibada en los barrios rosarinos sigue siendo la misma”.

Respuestas comunitarias a una crueldad cotidiana

Comprender los entramados institucionales que amparan este accionar es necesario hoy como reflexión para poder pensar la posible salida a esta problemática, que ha sido desconocida gobierno tras gobierno y continúa quedando al margen de la agenda pública. Desde la última dictadura al presente, la respuesta frente a la llamada “inseguridad” ha sido siempre la misma: punitivismo y mano dura, una respuesta que, precisamente, ha profundizado el problema.

Es que dotar a las fuerzas de seguridad de más equipamiento, más integrantes y más tecnologías, no cambia el trasfondo ya que las raíces y estructuras que la sostienen están prácticamente corrompidas. En consecuencia, cuando el Estado no da respuestas el único camino posible recae en las acciones solidarias de las mismas comunidades y de las organizaciones en los territorios. Y es desde ahí qué surge la pregunta de cómo defender a quienes defienden los derechos, sobre todo en los territorios donde se sucede la mayor tasa de homicidios.

Para comprender mejor cómo responde la comunidad frente a estos atropellos entrevistamos a Claudia “la Negra” Albornoz, de La Poderosa, quien es parte de la organización en el barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe, ubicado en la zona oeste de la ciudad, y uno de los más empobrecidos de la capital. Allí, como en la mayoría de las barriadas populares, resulta cotidiano tanto el accionar de las bandas criminales, como complicidad policial que las apaña. Sobre esto, Claudia explicó: “Vemos cómo se llevan a los pibitos como soldaditos, y la policía ahí mira para otro lado. Nosotros podemos llegar a tener sospechas de que hay una connivencia, no la podemos probar, pero vemos cómo esa policía no actúa en lugares en donde sabemos que hay kioscos”.

Si nos detenemos a analizar un momento las estadísticas que publica el Ministerio Público de Acusación de la provincia de Santa Fe, se ve con claridad que las principales víctimas de la crueldad son los pibes y pibas menores de 30 años de las barriadas más empobrecidas, que abarcan aproximadamente el 50 por ciento de los homicidios en el último tiempo. Y un dato que no pasa inadvertido es que cerca del 90 por ciento de las víctimas son varones, como lo es en un porcentaje similar el correspondiente a los responsables de dichos crímenes.

Sobre este último aspecto señalar que sería ingenuo pensar que las únicas víctimas de esta problemática sean varones, la cuestión es cómo la violencia cotidiana atraviesa a unos y a otras de diferente manera. Si bien los conflictos no son ajenos al género y se encuentran atravesados por relaciones de poder patriarcal, existen distintas maneras de exponerse a los mismos.

Frente a esta lógica criminal que sostiene el Estado en complicidad con las bandas narcotraficantes, surge una iniciativa que la Poderosa multiplicó en diferentes barrios del país donde construye comunidad: el Control Popular de las Fuerzas de Seguridad. Albornoz nos cuenta sobre los inicios de ese sistema: “Nace en función de que esas fuerzas de seguridad, que muchas veces liberan zonas donde el narcotráfico termina matando, sean controladas”. En la misma línea nos explicó que el primer dispositivo surgió en Zavaleta, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires en el que en un enfrentamiento de bandas narco asesinaron a Kevin, de sólo 8 años, adentro de su propia casa: “Lo que hicieron los “vecinos sin gorra”, tiene que ver con esto, en que si las fuerzas de seguridad nos obligan a identificarnos, ellos también tienen que identificarse, que el uso de la fuerza de ninguna manera está contemplado”.

La referente de La Poderosa siguió detallando el funcionamiento de estos dispositivos de control: “Lo que hacemos primero es tener una base de datos en donde podamos decir cuántos pibes son detenidos sin ningún tipo de garantías, saber a dónde tenemos que llamar”. A partir de esa lista, “hay diferentes familias que se van organizando, diferentes grupos de vecinas y vecinos que nos organizamos en función de hacer funcionar ese control popular, para que las fuerzas de seguridad no funcionen en nuestras barriadas como una cosa sin freno, sin mirada”, contó La Negra. 

Por otro lado, en 2017, en la ciudad de Rosario, surgió la Multisectorial Contra la Violencia Institucional como una plataforma que se propuso unificar los diferentes reclamos que existían en torno a esta situación. Julieta Riquelme es hermana de Jonathan Herrera, víctima de gatillo fácil el 4 de enero de 2015 en manos del comando radioeléctrico y la policía de acción táctica. Como parte de la organización, nos contó que la Multisectorial “se propone no solamente denunciar un caso específico, si no denunciar toda la problemática en cualquier contexto y en cualquier lugar donde esté conectada la policía directamente”. Al respecto, profundizó: “Acompañamos a les familiares de víctimas en el proceso de búsqueda de justicia, y esos trabajos tenían que ver con distintas actividades que van desde festivales, murales, hacer pintadas por les pibes hasta comunicar a la gente cómo se estaban llevando adelante esos procesos”.

El coronavirus no es lo único que viene con curva ascendente

La pandemia, sin dudas, atacó gravemente a la economía del país, y los planes del gobierno de Santa Fe y la Nación. En ese sentido, la cuarentena vino a poner en evidencia ciertas cuestiones que en otro contexto quizás hubiera sido mucho más sencillo ocultar. Así como el Estado dio cuenta de los más de ocho millones de trabajadores/as informales que tiene el país, también han aflorado los actos de racismo, femicidios y abuso institucional. 

“La violencia institucional de los últimos meses es innegable, y debe analizarse también en contexto. Hablamos de una policía que desde hace años viene participando, y siendo un común denominador en distintas estructuras delictivas; una policía estructuralmente violenta y corrupta, que siempre está atenta a aprovechar las coyunturas que las habilitan a desplegar todo ese poder a su manera”, explicó sobre el tema Jessica Venturi. 

En un contexto actual atravesado por reclamos salariales, y hasta acuartelamientos, de diferentes fuerzas provinciales incluidas las santafesinas, no deben pasar inadvertidos estos relatos que nos hablan de una institución transversalmente corrupta, que aprovecha los escenarios de vulnerabilidad para avanzar en el fortalecimiento de su estructura de poder y control. Es importante también señalar que un sueldo de treinta o cuarenta mil pesos no es suficiente para nadie en este contexto, pero el debate sobre las fuerzas de seguridad debe necesariamente girar en torno a su funcionamiento y formación, y no exclusivamente sobre sus condiciones laborales. Hablemos de sueldos dignos para trabajos dignos. 

Un dato de color que nos parece interesante apuntar en este escenario de acuartelamientos fue lo sucedido en Rosario durante los similares episodios ocurridos en 2013. Es que durante los tres días que duró ese reclamo, y con una ciudad desprovista de cuerpo policial, no sucedió ningún homicidio. Obviamente no es posible hablar hoy de desintegrar a las policías, pero sí urge –aún más bajo la virulencia de las manifestaciones de estos días– dar un profundo debate sobre el rol de las fuerzas, su formación, y entonces sí, de sus condiciones laborales. 

Sin embargo, es necesario pensar en este entramado de violencias prestándole especial atención al rol de los medios hegemónicos de comunicación y un discurso que apunta a la criminalización de la pobreza. Claudia Albornoz reflexionó sobre el mensaje que transmiten los grandes medios: “Cuentan, en definitiva, la noticia que vende, la noticia que se metió como agenda pública en los grandes medios amarillistas, que venden miedo, desconfianza; por eso a veces cuando queremos salir de nuestros barrios la gente nos discrimina”.

Frente a esta construcción mediática que las y los margina, surgió la revista La Garganta Poderosa como una respuesta de las villas para batallar ese sentido común amparado por los grandes medios. “Fue un gran aprendizaje tener nuestro medio de comunicación, y a través de nuestro medio poder gritar lo que nos pasaba, y lo que tiene que ver con la injusticia social, con la desigualdad, y con este estigma que se pone sobre la pobreza que muchas veces no desarma sus causas, sino que ataca sus consecuencias”, cerró Albornoz.

Santa Fe: semillero de resistencias

A pesar de que los números alarman, y que la violencia se ha impregnado en muchos aspectos en el cotidiano de las barriadas santafesinas, nos parece fundamental centrar la atención en quienes día a día defienden los derechos a una vida digna, hacen frente a los habituales atropellos del aparato policial, sostienen las ollas populares y fortalecen las comunidades: los defensores y las defensoras comunitarias. 

Son, precisamente, activistas que el Estado se esfuerza por invisibilizar, pero que en un contexto de pandemia resultaron cruciales para sostener las situaciones de injusticia que desbordaron en los barrios populares. Sobre esto, apuntó Venturi: “Lo que salva es la comunidad”, aunque, al mismo tiempo, nos alertaba del peligro de “caer en romantizar las tareas. Es urgente que estos trabajos de la economía popular sean reconocidos, retribuidos y deben fortalecerse con nuevas políticas públicas; deben incorporarse a la agenda política”. 

Podemos decir entonces que frente a las instituciones que amparan y sostienen esta crueldad, nacen también los defensores y defensoras que acompañan y sostienen a las familias de víctimas de violencia narco y policial, empoderan a nuestros pibes y nuestras pibas, hacen del derecho a decidir una realidad, protegen nuestros territorios y fortalecen las economías populares. Defensores y defensoras de la vida digna y del sueño de un mundo más justo, y mucho menos cruel. 

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Por Huerquen, comunicación en colectivo*

«Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar la empresa iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina», declaró el presidente Alberto Fernández el pasado lunes 13 de julio.

La desazón presidencial por la falta de algarabía con el anuncio de intervención y envío de un proyecto de ley de expropiación, es leída desde distintos ángulos (aparentemente antagónicos) como una capitulación.

Sobre las maniobras de vaciamiento de los directivos de Vicentin venimos aportando en estas páginas con copiosa información. Urge analizar el nuevo escenario.

Entrevero judicial

Francisco Caputo es abogado, trabajó con empresas recuperadas y actualmente con organizaciones como la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y el Instituto para la Producción Popular (IPP); es miembro fundador de la Red de Abogadxs por la Soberanía Alimentaria (RedASA).

Para que el común de los mortales podamos separar los elementos certeros del “pescado podrido” con que la discusión se embarra en los medios de comunicación, aporta una serie de consideraciones jurídicas pero advierte: “Vicentin no es una cuestión de argumentos jurídicos, es una cuestión política en defensa de determinados intereses”.

El centro de las miradas está puesta en el concurso que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini en Reconquista. “Un juez que tiene un nivel de parcialidad a favor de Vicentin muy alto” al decir de Claudio Lozano, actual director del BNA.

Le preguntamos a Francisco ¿Qué es un concurso preventivo?

“Es una herramienta legal para evitar que una persona física o sociedad quiebre por su estado de cesación de pagos. El deudor, pide su concurso, no pierde la administración, se suspenden los juicios y los pedidos de quiebra, se suspenden intereses, y se hace una propuesta de pago que debe ser aceptada por un porcentaje de acreedores.”

“Una sociedad concursada puede ser expropiada, si lo que está concursada es la empresa, las acciones son de los accionistas. No hay interferencia con el juez del concurso. Digo esto, porque se acusó al Poder Ejecutivo de pretender ejercer funciones judiciales. Nada que ver, solo dispone una expropiación de acciones y una intervención para asegurar la continuidad de la empresa.”

“Hay diversos tipos de intervenciones, como las solicitadas por los accionistas contra los directores. La intervención judicial en los concursos, que son dispuestas por el Juez a pedido del síndico o de acreedores en caso de mala administración por ejemplo. También puede ser intervenida una sociedad cuyas acciones van a ser expropiadas, para que no se frustre la expropiación por conducta de los administradores.”

Además del concurso en Reconquista hay otras causas judiciales en curso.

Una es la causa penal que lleva en juez Julián Ercolini e instruye el fiscal Gerardo Pollicita en los juzgados federales, en la que el 8 de julio pasado se decidió la inhibición de bienes de todo el directorio e importantes funcionarios del Banco Nación en la gestión anterior que encabezaba González Fraga; y de los directivos del Grupo Vicentin, “los mismos que el juez comercial del concurso ha repuesto al frente de la empresa” al decir de Lozano.

Al mismo tiempo en Nueva York avanza la causa que iniciaron allí un grupo de bancos internacionales acreedores de Vicentin; en el marco de la cual se disparó un relevamiento (“discovery”) de las transacciones de la empresa en el sistema financiero internacional para ver cómo desaparecieron 1.000 millones de U$S. Según Lozano se estima que Vicentin habría sacado del negocio hacia cuentas particulares de accionistas en el extranjero unos 400 millones de U$S.

En esa causa neoyorquina sí están los estados contables y el balance del 2019 de Vicentin, que inexplicablemente faltan en el concurso de acreedores de Reconquista.

Francisco aporta un dato adicional: “Del Registro de Propiedad de Santa Fé surge que directores y accionistas de Vicentin, como Daniel Buyatti, Roberto Vicentin, Martin Colombo, Bettina Padoan se desprendieron de bienes personales como propiedades, a través de trámites por donaciones, desafectaciones de bien de familia para ventas, hechos que fueron denunciados por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fé. Todas operaciones de enero del 2020 es decir, inmediatamente después del anuncio de “estrés financiero” y cese del pago de deudas”.

La propuesta santafecina

Después del anuncio de la intervención y eventual expropiación del 8 de junio, y con la reacción del poder concentrado en curso; entró en escena la propuesta del gobierno de Santa Fe que encabeza Omar Perotti, que era anunciada en la prensa como «superadora y racional» frente al «arrebato populista» inicial, que el gobierno nacional acompañó.

Si la jugada de los directivos y accionistas de Vicentin a través de su juez amigo en el pago chico era lograr impunidad a una fenomenal estafa, el planteo de Perotti se inscribe dentro del concurso que lleva ese juez, y que también lo rechazó.

¿Qué pretende el Gobierno de Santa Fe?

“Evitar la expropiación, llegar a una estatización a través del proceso concursal, y lograr la intervención conjunta del Estado Nacional y Provincial”, contesta Francisco y agrega:

“La base del pedido es la ley concursal. La administración, según la ley, queda en manos de los directores de Vicentín, pero el gobierno santafesino sostiene con razón que como las conductas de los directores están vaciando la empresa; se están insolventando personalmente y llevando a la empresa concursada al estado de cesación de pagos, son motivo suficiente para obtener la intervención de la administración. La idea es quedarse con el control societario (más del 50% del capital social de Vicentín), ya sea vía de capitalizar los créditos del Estado Nacional y provincial, bancos, AFIP, etc, ya sea vía de ejercer un salvataje judicial.»

“Este camino depende de muchos factores. Para cualquier propuesta de arreglo se necesita un porcentaje elevado, una mayoría de acreedores que representen un 66% del capital verificado. El crédito del Banco Nación puede ser impugnado por Vicentin, acreedores y/o sindicatura; una de las causas podría ser la connivencia entre los funcionarios del Banco y la concursada; es un riesgo. Obtener las mayorías requeridas no es tarea fácil. Este trámite podría durar quizá 1 año.”

Lo que viene aquí es una audiencia de conciliación entre el Gobierno de Santa Fe y la empresa este miércoles 15 de julio.

El camino de la expropiación

Francisco dice “La expropiación es constitucional. La Constitución de 1853, con las sucesivas reformas, hasta la de 1994, mantiene la posibilidad de expropiar. Significa que el Estado pueda obtener un bien privado, amparándose en 3 requisitos: que sea por ley, que el bien sea calificado de utilidad pública e indemnizado (artículo 17 CN). La ley 21.499 reglamenta las expropiaciones, y dice en su artículo 1 “comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”.

Vicentin debe casi 100.000.000.000 de pesos a productores, cooperativas, AFIP, bancos públicos y extranjeros, etc; además de la subfacturación comprobada de exportaciones en operaciones de triangulación con sus subsidiarias. Involucra 130.000 personas: sus 7.000 trabajadores directos y 28.000 indirectos, más sus familias; 1895 productores y 98 cooperativas; toda una economía en el norte santafecino. En el marco del comercio exterior de granos que es “sumamente opaco” al decir de Lozano y que es fuente de evasión, contrabando y fuga de divisas, controlado por un puñado de corporaciones, imbricado en cadenas de valor tras-nacionalizadas donde nuestro país se inscribe subordinado como fuente de commodities (naturaleza) y resignando su soberanía (política, alimentaria, económica, tecnológica, productiva).

El 9 de julio pasado mientras las cámaras de todos los grandes medios transmitían en directo las movilizaciones “en defensa de Vicentin” en Santa Fe junto a las de Olivos y el Obelisco donde fueron agredidos trabajadores de prensa; en la propia provincia hubo también una enorme movilización convocada por organizaciones sociales, gremiales y políticas en apoyo a la expropiación.

Allí el diputado provincial Carlos del Frade planteó: “no hay nada más transparente que el debate en el Congreso de la ley de expropiación, para tener una empresa estatal con participación de los trabajadores, productores y cooperativas. Hoy, en este Día de la Independencia sólo tiene sentido hacer flamear la bandera Argentina si la Argentina es propiedad de las mayorías y no de las minorías. La antinomia de hoy es: o ganan las mafias o gana la democracia”.

Para Francisco “es totalmente viable la propuesta de una futura sociedad Vicentin estatal, donde el Estado Nacional y Provincial tengan el 50% más 1 del capital social con derecho a voto, y el resto de las acciones con derecho a voto sea para productores, cooperativas y trabajadores que accederían al capital social capitalizando sus créditos contra la empresa concursada”.

Para Lozano “estamos en condiciones de transformar lo que ha sido una estafa, de las tantas de grupos empresarios importantes sobre el país, en la construcción de una herramienta pública, asociada con cooperativas para tener una intervención en el comercio exterior y la soberanía alimentaria”.

El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, ha sido de los primeros espacios en plantear la expropiación de Vicentin y su transformación en una Empresa Pública al servicio de la Soberanía Alimentaria con participación de trabajadores y productores; durante todo este tiempo desplegamos iniciativas para dar esta disputa concreta y sostener el reclamo que va en sintonía con los 21 puntos elaborados en mayo de 2019 para otro modelo agropecuario en Argentina.

Claramente «el tema Vicentin» continuará.

*Publicada originalmente en Huerquen

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Por Bárbara Favant, Lucía Media y Ma. Julia Porta* | Foto: Analía Cid

Este lunes pasado, el juez penal de la capital de Santa Fe, Nicolás Falkenberg, en un fallo ejemplar, absolvió a R., una mujer de 27 años que en 2019 tuvo un parto sola en el patio de una casa en Desvío Arijón, llegó al hospital Cullen con una hemorragia y con su beba muerta. La respuesta del nosocomio fue denunciarla en el medio de un posparto traumático y salir a los medios locales a dar detalles de la muerte de la recién nacida -se la calificó de feto en ese momento- sin que se le haya hecho una autopsia.

R. se enteró que estaba embarazada cuando cursaba el quinto mes y lo ocultó a sus conocidos y familia por distintas razones que la llevaron a esa decisión. Entre ellas, la posibilidad de reproche y rechazo de su círculo íntimo y de la sociedad de su pequeña localidad, que no es en la que parió. De distintos peritajes psicológicos que fueron expuestos durante las audiencias se desprende que tenía intenciones de llevar a término la gestación y que nunca quiso causarle daño a su bebé. Estaba en una situación compleja en lo personal en el marco de sus creencias y entorno.

Todo comenzó la noche del 8 de febrero del año pasado cuando, según la misma fiscal que la imputó, Roxana Marcolín, R. comenzó con trabajo de parto estando en su cama, y al no lograr continuar ya que había coronado “se levantó y se fue hasta el patio, no sabía qué hacer”. “Trató de que culmine el parto pero no lo podía hacer“, expresa la fiscal durante las audiencias en las que cuenta que la joven hizo todo el trabajo estando parada. Al mismo tiempo relata que “sale de forma rápida, se termina de producir el parto, mientras se estaba sacando el short que aún tenía puesto y es allí donde se produce la caída de la bebé y la fractura que termina causándole la muerte. Se encontraba en estado prácticamente de shock, la vuelve a alzar, vuelve a caerse y ella se desvanece junto con la bebé”.

Antes de caer inconsciente, alcanzó a pedir ayuda a su madre con un grito. En la casa quinta en la que se encontraban, había cuatro personas más que no sabían que estaba embarazada y menos que estaba pariendo. Cuando la mamá de R. salió a auxiliarla se encontró con toda esa situación junto con la bebé en el suelo. Comenzó a ayudarla, la puso en una caja y trató de levantar a su hija. Llegaron alrededor de las 4 de la madrugada al hospital Cullen con un cuadro de hemorragia. “Fue atendida con nula empatía y posteriormente denunciada”, según describe Falkenberg en el fallo absolutorio al que accedió Periódicas.

Según consta en el mismo, la escena fue minuciosamente estudiada por los grupos de pericia y no hay ningún indicio físico ni psicológico que pueda contradecir el relato de la joven a las autoridades, que fue corroborado además con varios testigos desde un principio.

No fue su culpa, ni su intención

Les fiscales fueron Roxana Marcolín y Raúl Nessier. A la defensa de la mujer la tomaron Carolina Walker Torres y Martín Risso Patrón. Cabe destacar que ambas partes pactaron una pena de tres años de prisión efectiva para R., con el fin de evitar que se llegue a un juicio oral. Aunque se estimaba que terminaría en una absolución, acordaron para que la mujer no tenga que pasar por ese proceso judicial que sería doloroso. Al mismo tiempo les investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cambiaron la imputación de homicidio doloso (con intención) a culposo.

Para argumentar este trato expresaron que era “una pena justa en virtud de que la imputada violó un deber de cuidado que resultó determinante para provocar la muerte de su bebé -y aún para poner en riesgo su propia salud- al no realizar los controles pertinentes del embarazo que estaba cursando, es decir, no tomó los recaudos tendientes a evitar el hecho”. Al mismo tiempo remarcaron que “provocó el fallecimiento de su bebé sin intención de causar el resultado”, que la misma “sufrió un daño psicológico importante” y que luego “demostró arrepentimiento”.

Este argumento fue desterrado totalmente por el juez Falkenberg quien además de absolver a la joven imputada, apunta a que “los hechos atribuidos a la misma resultan atípicos, ya que han sido elaborados sobre la presunta omisión de un pretendido “deber de cuidado”. También expresa que en quienes estuvieron a cargo de la investigación (fiscales) “subyacen estereotipos de género que resultan intolerables, en orden al comportamiento que se espera de la mujer sujeta a proceso”.

Al extenderse sobre el presunto “deber de cuidado”, explica que hay “inexistencia de imperativos legales -con consecuencias penales- que impongan obligaciones a la mujer embarazada”. En esta misma línea advierte que, según los testigos que había al momento del hecho, el trabajo de parto “se habría precipitado de un momento a otro, en el que necesariamente debió ponderarse el estado de shock en que se encontraba la joven”.

En el fallo absolutorio además destaca que en la legislación nacional se “le asigna a la autonomía de la mujer, sobre su propio cuerpo, aún estando embarazada”. Para sostener este punto cita el art. 88 del Código Penal que sanciona el aborto causado por la propia mujer -o que consiente que otro se lo causare-, “pero sólo cuando estas acciones son dolosas”, remarca Falkenberg. Y agrega: “No existe el delito de aborto culposo, cuando la autora es la mujer embarazada. Sólo algunas legislaciones -gr. El Salvador-, contienen punibilidad del aborto culposo, pero siempre respecto a la conducta de un tercero, más nunca cuando es causado por la propia mujer embarazada”.

En síntesis, la sentencia absolutoria de Falkenberg se funda en la atipicidad del delito atribuido, como así también en los principios de la ley de parto respetado y en textos y jurisprudencia que proponen una mirada despojada de estereotipos de género.

MPA y el sesgo de género

Otro capítulo aparte es el que Falkenberg le dedica a les fiscales Marcolín y Nessier a quienes les apunta que “evidencian sesgos de género” que “invalidan y atentan contra el regular juzgamiento de este tipo de sucesos”. El juez recuerda que el caso se inició con una imputación dolosa acusándola a R. de haber dado muerte de manera intencional y mediante el empleo de golpes a su bebé que “devino en una acusación culposa”, como ya se señaló.

Falkenberg les explica que “no puede pasarse, sin más de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico”. Lo que dice el juez es que como no pudieron acreditar los fiscales el homicidio intencional, doloso, fueron con las mismas pruebas a tratar de probar una supuesta infracción al “deber de cuidado”. Específicamente a Marcolín le cuestiona que durante la audiencia “no puede advertirse en modo alguno cuál es la conducta que se le puede reprochar” a la imputada.

Además relata que R. fue “sometida a un escrutinio” por parte de les fiscales en el que no se le reconoció su autonomía ni su derecho a la libre elección de sus relaciones ya que durante las investigaciones se trató una y otra vez de comprobar que la mujer había ocultado su embarazo como si ese dato fuera un indicio incriminatorio.

“No cabe más que interpretar que en el reproche a tales ‘in’ conductas, subyacen -como adelanté- estereotipos o preconcepciones que están fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer; a la idea de que su realización como tal sólo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define”, expresa Falkenberg.

Y profundiza: “Se analiza el relato de R., según lo narrado por la fiscal en la audiencia, resulta deshumanizante indagar cuál hubiera sido su comportamiento ‘apropiado’, apenas se advierta la magnitud y trascendencia que para una mujer tiene transitar un trabajo de parto y alumbramiento natural inminente”.

El Cullen

Falkenberg tampoco dejó pasar la actitud del médico del Cullen, Justo José Cibil, que denunció a R. cuando llegó al nosocomio para pedir ayuda después de un posparto. “No hace más que evidenciar la violencia obstétrica posparto”, expresa el juez.

Además, detalla que R. fue sometida por parte del personal del efector de salud a “una práctica de nula empatía, humillante y criminalizante de quien estaba atravesando su estado puerperal y recurrió al hospital para su atención médica, tras el parto espontáneo que había transitado en el domicilio en el que se encontraba”.

“Ello impactó negativamente en la situación de R., en tanto pese a ser evidente que acudió al nosocomio en busca de ayuda tras dar a luz a su beba -y conforme surge de la imputación original fue trasladada de urgencia para tratar un cuadro de hemorragia-, recibió por respuesta una clara violación a la confidencialidad y a la intimidad, extremo éste último expresamente: contemplados en la Ley de parto humanizado (ley 25.929)”, agrega.

Y apunta a que “la divulgación efectuada por el profesional del efector público, no se encontraba amparada en ‘justa causa’ alguna”. Cabe recordar que ese día Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen, dio detalles del caso a la prensa. En este punto Falkenberg coincide con lo antedicho con la defensa: Poletti había realizado declaraciones “poco felices”, que fueron “bastante duras”, cuando ni siquiera estaba el resultado de la autopsia.

Por los mismos argumentos Falkenberg critica la intervención efectuada desde el órgano a cargo de la investigación, por intermedio del Licenciado en Psicología Matías Tabeni dependiente de la División Científica Forense de la Agencia de investigación Criminal quien entrevistó a la mujer para obtener “información en beneficio de la investigación, en abierta contradicción a las garantías que como tal le correspondían a R.”.

Un fallo para destacar

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó el fallo del Juez en lo Penal Nicolás Falkenberg de la provincia de Santa Fe. Allí absolvió a la joven que en febrero de 2019, ante un evento obstétrico que se produjo en un domicilio particular, acudió al Hospital Cullen en estado de shock y en busca de atención médica, pero fue denunciada por quienes trabajan en el nosocomio y luego imputada del delito de homicidio doloso, y luego le cambiaron la carátula a homicidio culposo.

“En el momento de la imputación, como integrantes de esta Campaña nos pronunciamos y exigimos la inmediata libertad para la joven, señalando que se trataba de un proceso judicial generado por la falta de perspectiva de género entre los mismos agentes del Estado. Por eso valoramos hoy, además, que el juez haya rechazado el acuerdo de la Fiscalía y la defensa de condenar a la mujer mediante un juicio abreviado, reconociendo que en verdad la misma fue una víctima y no una victimaria”, expresaron en un comunicado.

Y agregaron: “El fallo del juez Falkenberg pone en evidencia la vulneración de derechos que suponen los estereotipos de género en dos ámbitos: en el Poder Judicial y en los servicios de salud pública. En este caso en particular, dichos estereotipos se cristalizaron en la Fiscalía -que basó su acusación en el supuesto “deber de cuidado” que la mujer debía asumir en su rol de “madre”- y en el Hospital José María Cullen, cuyo personal violó el secreto profesional y el derecho a la privacidad y a la intimidad de la joven, para denunciarla ante la policía y ante los medios de comunicación”.

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*original en Periódicas

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Por Redacción Periódicas* / Foto: Titi Nicola

El frío en los tobillos crece sin importar la multitud de pañuelos verdes en una tarde gris de junio de 2018. Una carpa sobre Avenida Rivadavia reúne frente al Congreso de la Nación a cientos de mujeres que buscan escuchar y conocer el trabajo de las socorristas. Al armazón que poco resguarda de la llovizna y el frío, se lo distingue desde lejos por el cartel de referencia que lleva el nombre de Ana María Acevedo. Allí, atestado de santafesinas, los brazos se cruzan con otros por compañía, calor y las ansias de una marca en la historia. “No estás solx”, dicen los folletos con información sobre el protocolo ILE que reparten las trabajadoras de la salud. Pero también atraviesa un punzante dolor: el recuerdo de la agonía de una verense en la cama de un hospital público, presa del fundamentalismo religioso y un Estado que no reconoce la soberanía de las mujeres.

Más de una década tuvo que pasar para que el derecho a decidir se debata en la Cámara de Diputados y en la de Senadores de la Nación. Ana María murió el 17 de mayo de 2007, a los 20 años, en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. El director de la institución era Andrés Ellena, la ministra de salud era Silvia Simoncini, y el gobernador Jorge Obeid.

La joven fue en mayo del 2006 al Samco de su ciudad, en Vera, para que se le extrajera una muela. Por el fuerte dolor, estuvo cuatro meses con antibióticos que le fueron recetados y volvió a consultar de manera recurrente sin recibir respuestas sobre su salud. Seis meses después de la primera consulta llegó a Santa Fe. En el hospital Cullen le diagnosticaron un sarcoma de apenas tres centímetros sin ramificar y se la derivó al Iturraspe para iniciar el tratamiento oncológico, como se hace en esos casos. Tenía posibilidades de curarse.

En diciembre de ese año, contó que tenía un atraso menstrual. Los profesionales de la salud le hicieron un test de embarazo que dio positivo y calcularon que estaba en la tercera semana de gestación. Pero ni a Ana María, ni a sus padres –Norma Cuevas y Aroldo Acevedo– les informaron sobre el embarazo. Tampoco les dijeron que la realización de un aborto se presentaba como la alternativa para poder iniciar el tratamiento contra el cáncer. Los médicos y médicas decidieron enviarla nuevamente a Vera, con la única información que debía regresar a la consulta cinco meses después, sin indicarle ningún tipo de medicación ni tratamiento para su enfermedad.

Con el pelo enrulado pasando los codos, Norma le apoya la mano en la cabeza a su hija, Ana María, que volvió antes de lo indicado al hospital Iturraspe -al mes-, con dolores intensos y la cara deformada. Le acaricia el brazo y le susurra palabras de amor. Las dos pidieron un aborto terapéutico para que pueda empezar la quimioterapia y la radioterapia, pero no recibió tratamiento ni del área de Ginecología ni de Oncología. Ana María quería volver a casa con sus tres hijos. Cuando nació el menor de ellos, los médicos no le practicaron la ligadura tubaria que había solicitado. A pesar de la insistencia de la paciente, el Comité de Bioética del Iturraspe desestimó el pedido y la obligaron a continuar con su embarazo hasta el 26 de abril de 2007.

Según documentos de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, describieron: “Según detalla la historia clínica, se encontraba en estado pre-mortem, con insuficiencia respiratoria y falla de órganos internos, por lo que se le practicó una intervención quirúrgica –que los médicos llamaron cesárea– a las 22 o 23 semanas de gestación. Nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas. Luego de la intervención, pese a su crítico estado de salud, Ana María recibió tres sesiones de quimioterapia que minaron aún más sus defensas, y finalmente murió el 17 de mayo de 2007, sin haber tenido la oportunidad de pelear por su vida”.

Su muerte y la de su bebé marcaron un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal. “Ni una muerta más. Que nunca más le pase a ninguna lo que le pasó a mi hija”, dijo Norma once años después, en la plaza que lleva el nombre de su hija, ubicado en la esquina del hospital donde en la impotencia la vio morir. Pero ya no está entre paredes grises y autoridades que no le responden. Los hijos de Ana María la siguen de cerca, con los pañuelos verdes puestos alrededor del cuello. Adolescentes, jóvenes, adultas y mujeres mayores se acercan a ella. La abrazan y le muestran el mural que vuelven a pintar por décima vez. Los números de teléfonos de las socorristas se pintan cada vez más grandes en las paredes del hospital, más fuertes. Como los cantos para que el aborto sea legal, en el hospital, en cualquier lugar.

En 2015 Norma se pone para la foto que le piden los medios locales en Tribunales. Nunca sonríe, la mirada la mantiene arriba, fija. El pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lo tiene desde hace años, colgado del cuello o de la cartera en cada oportunidad, cada vez que le hacen una entrevista. Ese año, el gobierno provincial firmó un convenio de reparación con los padres de Ana María y recibieron disculpas públicas.

En el debate en Diputados de 2018, Norma participó como oradora. En Santa Fe, después, contó: “No sé qué cabeza tenían con la conciencia que ellos tuvieron. A Ana María no la mataron en uno o dos meses, a ella la mataron en un año y nueve días. Me la asesinaron en ese tiempo. Cuando ella murió éramos tres o cuatro nomas, entre nosotros que somos la familia y la sectorial de mujeres de acá de Santa Fe. Ahora vemos que hay muchas. Estoy muy emocionada y agradecida. Vamos a seguir en la lucha para que ni una mujer más muera como Ana María. Voy a luchar por todas las mujeres que son pobres para que no les pase lo que le pasó a ella, que nadie deje chicos sufriendo esperando a su madre como hacen mis nietos”.

*nota informe publicada en Periódicas el 28 de mayo de 2018

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Por Vivian Palmbaum / Foto: Colectivo Manifiesto

Se acerca la finalización de un período de gobierno signado por la profundización del modelo productivo extractivo y contaminante y por la defensa de las corporaciones mientras se minimizaban las consecuencias para la salud de todas las formas de vida. En ese marco se implementaron las “Buenas Prácticas” en agricultura, una iniciativa del gobierno nacional para soslayar los efectos de los agrotóxicos, en consonancia con el discurso de las corporaciones, los terratenientes, pooles de siembra y otros que defienden sus intereses.

Como contrapartida y en defensa de la vida una gran cantidad de asambleas y colectivos se organizaron para resistir y enfrentar un modelo productivo que viene profundizándose en estos últimos cuatro años a la par que se recortan derechos elementales.

Facundo Viola, de la localidad de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad capital, donde se localiza la producción frutihortícola,  nos contó que en la provincia, se estima que unas “700 escuelas rurales son fumigadas o están en permanente riesgo de fumigación”, y agregó que “además una cantidad que seguramente supere esta cifra de escuelas están dentro de los ámbitos urbanos, en pequeños pueblos al borde de las ciudades donde también les llega la fumigación con agrotóxicos provenientes de los campos que se cultivan bajo el modelo agroindustrial de manera permanente”.

Facundo Viola nos contó que la normativa que en la provincia de Santa Fe prohíbe fumigar, sin excepción, a menos de 500 metros de los centros educativos, tiene 25 años de vigencia, pero que no se cumple. Así fue como “comenzamos luchando contra las fumigaciones que se daban a dos metros de una ventana de una escuela. Lugares en donde además de fumigarse dejaban envases de agrotóxicos tirados muy cercanos a donde pasan los niños. Además escurrían las aguas de los campos cuando se inundaban hacia la puerta de la escuela y toda esa agua era pisoteada por docentes, alumnos y padres cuando iban a retirar a sus niños”.

Facundo Viola contó respecto de las acciones que vienen llevando adelante que “con la organización colectiva,  en la localidad de Arroyo Leyes, hemos hecho numerosas denuncias penales, acciones administrativas y en base a en nuestra localidad de Arroyo Leyes se fumiga a unos 400 metros de distancia desde las escuelas”. Además, contó que “la situación varía según la ciudad y el compromiso que tengas sus pobladores, en algunos lados no lo hacen tan cerca de las escuelas y en otros lo hacen tan cerquita”.

Desde el campo y la Academia

Docentes y habitantes forman son parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras rurales de Arroyo Leyes.  Consultado respecto de la situación de quienes trabajan la tierra y la población más precaria el docente, Facundo Viola nos contó cómo es su situación. “Las y los trabajadores rurales se encuentran en una situación muy precaria. La mayoría de los que se emplean en la producción frutihortícola hacen fumigaciones sin ningún tipo de control y protección, como ser guantes, botas,  equipos impermeables, máscaras. Fumigan sin saber lo que están aplicando, muchas veces con indicaciones de los ingenieros agrónomos que son los mismos que venden los venenos. Las y los hijos de estos trabajadores rurales conviven con los agrotóxicos y con los envases desechados, muchas veces utilizándolos como utensilios: asientos, baldes o depósitos para juntar agua, bañarse, lavar los platos, darle de beber a los animales; juegan muchas veces con estos envases y terminan flotando en los cursos de agua. Hemos detectado de hasta 100 envases juntos atados con una piola flotando en el medio del río. Es una situación terrible que viven las y los niños”.

También desde los ámbitos académicos se han sumado a detectar y evaluar la situación actual en la provincia de Santa Fe. “En nuestra localidad se fumiga sin ningún tipo de control desde hace más de 20 años. La Universidad Nacional del Litoral, UNL, validó lo que la población vive cotidianamente, detectó desde el año 2010 un alto índice de discapacidad por encima del promedio y en 2016 detectaron patologías poco frecuentes en niños como niños azules, probablemente por consumir agua con residuos de fertilizantes, que para nosotros también son agrotóxicos. Desde el año 2007 en todo el cordón frutihortícola santafecino, que rodea la ciudad capital, se ha detectado por estudios de la UNL la doble posibilidad de contraer daño genético y padecer cáncer leucemia abortos espontaneos,  malformaciones para aquellas mujeres que estén en el período ventana expuestas a las fumigaciones. Una situación muy difícil, donde la población tiene escasa o muy poca información  acerca de los riesgos y por lo tanto se ha hecho muy poco al respecto como para generar medidas de protección”, nos cuenta Viola.

La fuerza de la organización colectiva

Facundo Viola contó que forma parte de la organización Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes, y que articulan con Vecinos Fumigados de la provincia de Santa Fe y con distintos colectivos de pueblos, que impulsan la agroecología en distintos territorios como Desvío La Raíz, Agroecología por la Vida de San Justo, Paren de Fumigarnos y diversos colectivos socioambientales que operan en los territorios cercanos. A nivel nacional también participan de la Red Federal Docentes por la Vida.

– ¿Cuál es la propuesta colectiva frente a este modelo productivo agro contaminante?

Nuestra propuesta de fondo es la transformación del modelo productivo agro contaminante por un modelo basado en la agroecología que respete la mano de obra,  que permita abastecer de alimentos sanos variados y de estación a la población que se encuentran cercanas a la zona donde hoy se produce embate del  modelo con las consecuecias trágicas de las fumigaciones. Que se pueda revertir esta situación a través de procesos de cultivos sustentables que no contaminen a la población.

Eso de fondo y mientras tanto buscamos medidas restrictivas a través de distintos proyectos de ley que hemos presentado en la legislatura provincial, ordenanzas locales y además protocolos como el que intenta impulsar CTERA desde el mes de julio en las escuelas fumigadas.

– La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, adoptó el “Protocolo de actuación ante una fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de las Escuelas Rurales” para distribuirlo en escuelas de todo el país y mitigar los efectos de las fumigaciones sobre escuelas rurales.

Todas aquellas acciones que desnaturalicen, sensibilicen y ayuden a concientizar a la población son importantes en la medida que vamos conquistando distancias y zonas de resguardo para que se puedan practicar estos consumos saludables,  para dar muestras que se puede producir sin contaminar, sin utilizar agrotóxicos de manera rentable, sin utilizar agrotóxicos ese es el camino que necesitamos como humanidad para lograr nuestra propia supervivencia. Sabemos que los agrotóxicos son genotóxicos y que el daño genético puede afectar a las futuras generaciones. Por eso ante la posibilidad que se produzca un daño irreversible, según lo establece el principio precautorio,  según la Ley de Ambiente General de la Nación pedimos que esto se detenga ya y que se pase a la producción agroecológica en general.

Lee más:

Protocolo de actuación ante casos de fumigación en una escuela rural

 

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Por Nadia Fink y Camila Parodi (desde Rosario)

Ciudad Futura demostró que el “batacazo” de 2015 era el principio de su incursión en las instituciones. El 16 de junio pasado, confirmaron que el proyecto sigue creciendo y que la alianza con el Partido Social y Popular fue una apuesta para seguir mostrando otras formas de construir en la arena política.

Los números fueron claros: con Caren Tepp a la cabeza, se obtuvieron 97 mil votos y se volvió a conformar el bloque de concejalas y concejales que sumó a Pedro “Pitu” Salinas y a María Luz Olazagoitia, además de Jésica Pelegrini, quien ya está cumpliendo con esa función. Por su parte, en su primera presentación como candidato a intendente, Juan Monteverde obtuvo casi 80 mil votos para posicionarse como una alternativa futura en la Ciudad. Y Carlos del Frade, con casi 100 mil votos retuvo su banca como diputado, además de sumar a Dámaris Pachiotti como segunda diputada por la provincia. Mientras tanto, Yanina Mennelli ingresaba como Concejala por Pueblo Esther, para ampliar el horizonte a nivel provincial.

Pero además, otras características distinguen a esta confluencia… la fiesta y el ida y vuelta con su militancia.

“En cuatro años, gobernamos la ciudad”

Habían pasado unos minutos de las 22 cuando las candidatas y los candidatos aparecieron en el escenario. El festejo fue en el ya clásico Distrito 7, el bar cultural de Ovidio Lagos y Córdoba. Abajo los bombos, las banderas multicolores y los cantos continuos se hacían ver y oír. “El futuro será como lo soñamos, feminista y popular”, cantaban las cientos y los cientos de jóvenes que caracterizan una parte importante de la militancia de esta confluencia.

Monteverde tomó el micrófono para, primero, agradecer: “Nos devolvieron la ilusión”, dijo mientras daba cuenta de los resultados que los habían llevado hasta ahí. Así dio cuenta del salto que se dio desde aquel primer bloque que ingresó en el Concejo hasta el que se conformó hoy: “97 mil votos contra los 85 mil de 2015”, explicó Monteverde para dar cuenta de que la palabra y la acción se conforman colectivamente. Recordemos que por aquellos momentos, expresaba a Marcha: “Hace falta audacia política y ponerle el cuerpo a las iniciativas”. Con ese horizonte, aseguró: “En cuatro años gobernamos la ciudad, no tengo dudas”.

Fue el tiempo de Carlos del Frade, el periodista que se hizo un lugar entre la gente por sus investigaciones comprometidas y por su humildad. “Los ideales le ganan a la guita”, expresó, mientras se alegraba de celebrar ese día del padre junto a su hija que milita en el FSyP y que agitaba desde abajo como una piba más. El desafío de Del Frade y Pachiotti es grande: “Se consolida lo peor del Opus Dei y los evangelistas”, detalló en referencia al ingreso de la diputada Amalia Granata y su bloque por el partido Unite por la Familia y la Vida.

Caren Tepp tomó el micrófono y la militancia cómplice acompañó desde abajo. Los fueguitos se encendieron con cada palaba. “Nunca sufrí tanto el machismo y el patriarcado como el momento en el que me tocó subirme a ese alero hace cuatro años y decir que iba a ser la tercera concejala de CF, que iba a entrar en las instituciones y tener que día a día batallar con una institución que todo el tiempo a nosotras nos está tomando examen. Y ahora me seguían subestimando por el hecho de ser mujer, pero acá estamos, para demostrar que la revolución feminista va a transformarlo todo”, abrió la flamante reelecta concejala.

“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, subía desde las voces de las pibas que se habían vestido para la ocasión: pañuelos verdes y rosas y glitter, símbolos que representan la fiesta feminista.

Esa revolución de la que habla Tepp, sobre la que detalla: “No sólo nos enseñó a cooperar en lugar de competir, sino que también nos enseñó que con la hipocresía y con el pacto de silencio de la política no vamos a ninguna parte”. Después de dar cuenta de la idea que es la base del hacer político del partido (“Nosotras y nosotros no visitamos los barrios; venimos de ahí y nuestras compañeras y compañeros son quienes tienen el protagonismo”), siguió interpelando a las pibas y pibes que son la base de todo: “La verdadera política transformadora de las pibas y de los pibes no se está organizando para soñar un sueño bajito de volver a tener un mayor nivel de consumo; este proyecto político, que le está haciendo frente al neoliberalismo, lo que quiere hacer es llegar a esas instituciones pero para transformarlo todo, para distribuir el ingreso de manera más equitativa, pero fundamentalmente para distribuir el poder y que el poder esté en manos de la gente común y no de los partidos políticos burócratas de siempre”.

“Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”, rugió desde abajo para dar cuenta de ese horizonte transformador, pero también del ida y vuelta que se genera entre el arriba del escenario y el debajo de la juventud, entre el adentro de las instituciones y el afuera de la gente común.

“La política tradicional sigue estando muy miope al proceso revolucionario de las mujeres”

Es el día después. El Distrito 7 vuelve a su rutina habitual y quienes ayer hablaban desde el escenario hoy están en sus tareas cotidianas. Vacaciones es una palabra que suena distante para la actividad que no cesa en Ciudad Futura.

Caren Tepp se toma un tiempo para la reflexión. Desde Marcha, la invitamos a reflexionar cómo fue ese pasaje de ingresar tercera (y sorprendida) en aquella elección de 2015 a encabezar la fórmula 2019 con un gran caudal de votos.

Por supuesto, la mirada se torna colectiva y contextualizada en el tiempo que les toca transitar a las y los Ciudad Futura. Así, Caren cuenta lo que significa que CF se construya como un partido de movimientos “para que podamos expresar desde las expresiones políticas lo que va pasando la sociedad”. Por eso, en 2015, lo que buscaron fue “poder expresar las luchas de los movimientos sociales que dieron origen a Ciudad Futura (la lucha contra los barrios privados y en la defensa de la tierra, la lucha contra el narcotráfico y por justicia, la construcción en cada uno de los territorios, la preponderancia en lo territorial de toda la lucha barrial) y eso tuvo un peso específico. Eso tratamos de expresar en términos de quiénes conformábamos las candidaturas, en qué orden, y en términos de campaña. En ese momento, donde me tocó entrar en la banca siendo la única concejala, hasta cuatro años después hubo un proceso y una revolución impresionante que se dio en nuestro país y en el mundo. En ese sentido, nuestra fuerza política, tal como concebimos la clave de construcción de expresar y empujar los avances y las transformaciones, no podía en esta elección, que el partido decidió orgánica y colectivamente, dejar de expresar esta revolución”.

Tepp insiste en poner de relieve la composición de personas que empujaron y dieron fuerza a esta campaña: “Me siento muy parte de esa cantidad de jóvenes, siento una empatía muy grande por los procesos que están traccionando, que están viviendo. No tengo dudas de que el sujeto potagónico que le dio impulso a esta elección fueron las pibas, las juventudes y las mujeres de todas las edades y clases sociales de todos los territorios”.

Como en toda organización o grupo, el proceso es de ida y vuelta: lo que sucede en la sociedad influye hacia adentro y viceversa. El primer intento para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en el seno de Ciudad Futura fue aquella apuesta arriesgada que hicieron en junio de 2017 y que se llamó “El poder de las mujeres”. Se trataba de una lista encabezada por la propia Tepp, que sumaba 15 candidatas mujeres a diputadas pero el juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Reinaldo Rubén Rodríguez, impugnó la lista de candidatas porque “rompía con la ley de cupo, pero al revés”. Sin embargo, la semilla estaba sembrada y el trabajo no cesó. En ese sentido, Caren relata que, desde aquella lista a esta parte, “hemos logrado expresar lo que se va viviendo. La propia tarea en el Concejo nos ha permitido vincularnos con colectivos que tienen como protagonista fundamentalmente a las mujeres. Y vamos así prefigurando un tipo de vínculo y de construcción distinta con esta concepción: desde las madres que se plantan, las luchas por las colectiveras, todo un trabajo en ese sentido”. Y en ese doble vínculo del que hablábamos antes, el hacia dentro también se fortalece en el hacer: “Con mis propias compañeras tenemos una complicidad feminista en la cual vamos construyendo, dialogando, deconstruyendo y es de ida y vuelta”, explica la concejala.

Por supuesto, la mirada crítica que tiene la organización sobre la política tradicional no estuvo ajena de su análisis. Tepp considera que esa política “sigue estando muy miope al proceso revolucionario que están haciendo las mujeres en nuestra sociedad. Si los partidos tradicionales no reaccionan a la revolución feminista, se los va a llevar puesto… Pero no solamente por la lucha de las mujeres y disidencias, sino porque hay una sociedad que vuelve a poner en crisis la idea de representación y que se ejerce con la lógica de dominación. Parte de cómo se construye de forma vertical en los partidos que nada tienen que ver con la forma de construcción que tiene y que plantea el feminismo, y eso entra en choque”.

Para cerrar, el horizonte siempre. El futuro de la mano de lo que está sucediendo hoy y que vale la pena seguir recorriendo. Es por eso que Tepp cierra para seguir abriendo: “No hay mayor orgullo para mí que ser contemporánea a esta revolución feminista que nos vino a dar el empuje y la fuerza necesaria para seguir entrando en esas instituciones patriarcales, machistas a deconstruirlas, a desarmarlas, a llenarlas de voces, a llenarlas de pueblo, a llenarlas de esperanza, de amor, de sueños, de revolución”.

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El año 2019 se inició con una gran cantidad de conflictos laborales, y riesgo de cierre de fuentes de trabajo. Los augurios para este año electoral no parecen buenos. Trabajadoras y trabajadores resisten las políticas. 

Una gran cantidad de conflictos laborales y cierres de fuentes de trabajo amenazan con extenderse durante el año 2019. Un panorama localizado en distintas partes de nuestro país.

COFCO (ex Nidera) anunció el cierre de la planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, peligran 200 puestos laborales. La alimenticia impidió el ingreso de las y los trabajadores, mientras informaba el cierre a causa de una supuesta crisis, si bien es una de las grandes exportadoras agrícolas. Desde el sindicato de aceiteros advirtieron que no van a permitir este ataque y que pelearán “hasta las últimas consecuencias”.

Los choferes de las líneas de colectivos 51, 74, 69, 177, 263, 370, 385, 388, 435 y 503 de la firma San Vicente realizaron un paro total de actividades debido al despido de un trabajador. Las y los empleados aseguraron que no volverán a subirse a sus coches hasta tanto se reponga en su puesto al trabajador despedido.

Este viernes las y los trabajadores de Fundición Aguilar de Palpalá (Jujuy) realizaron una marcha rechazando 128 despidos. En Buenos Aires la UOM también rechazó el Proceso Preventivo de Crisis y habría nueva reunión el 8 de enero.

La empresa Pilisar S.A.-Siam se niega a acatar la orden judicial de reinstalación de la delegada Alejandra Vercellino. Ya han denunciado el incumplimiento de la orden judicial ante la Inspección General de Justicia y se mantendrán en lucha hasta el cumplimento efectivo de la   reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos.

En un comunicado, los gremios aeronáuticos anunciaron que recibieron “una citación urgente de la Secretaría de Trabajo, para una reunión el jueves con el fin de resolver la pauta salarial que los llevara a anunciar el día 27 de diciembre de 2018 un paro por tiempo indeterminado. Hoy y al finalizar tres horas de reunión, sin alcanzar ningún acuerdo, el Secretario de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y fijó una nueva audiencia para el próximo 9 de enero a las 13 hs.” De esta manera el Gobierno frenó la medida de fuerza que estaba anunciada, con la temporada veraniega recién iniciada.

La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSALA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y de Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA) habían anunciado la paralización por tiempo indeterminado de todos los vuelos de la empresa Avianca.

El conflicto surge a partir de la negativa de la empresa a pagar el bono de fin de año acordado por el Ministerio de Producción, las Cámaras patronales y la CGT. Además, la propuesta salarial para 2019, prevé un incremento del 23% en dos pagos.

La firma de maquinarias agrícolas Deutz Agco cerrará durante los primeros meses de 2019 sus plantas de motores y tractores, ubicadas en la provincia de Buenos Aires: se perderán 190 puestos de trabajo.

La cordobesa Dulcor anunció la compra de las plantas mendocinas de Alco-Canale por seis meses. La preocupación de los 190 trabajadores y trabajadoras efectivas y  1.000 temporarios no tardó en llegar. Hay temor por el cambio de firmas y sus implicaciones en relación a “reestructuraciones”  y las cesantías que pudiera ocasionar.

Muchos son los pueblos que tienen sus economías locales atadas a la suerte de algunas industrias que allí se localizan. Tal es el caso de lo que ocurre en Eldorado, #Misiones, donde la multinacional Dass tiene emplazada su planta de fabricación de calzado.

Luego del anuncio de 175 despidos y con reuniones en las que no hubo avances y soluciones, las y los vecinos salieron a la calle a protestar y convocaron a un cacerolazo en  reclamo de las reincorporaciones.

“Es la primera vez en 30 años que en la fábrica no hay ruidos”, explica Marco Meloni, dueño de la textil Filotex ubicada en el municipio de Quilmes, que tuvo que paralizar su producción por la falta de demanda.

La histórica pizzería Roma, en la peatonal Lavalle al 888 de la ciudad porteña, con 60 años de existencia dejó a sus cuarenta trabajadores en la calle. Los dueños tapiaron las puertas para que nadie pueda ingresar.

Este cierre se suma a la crisis que vive el sector gastronómico que cerrará uno de sus peores años. Íconos como Clo Clo y Hermann, son sólo algunos lugares emblemáticos que cerraron sus puertas. Mientras en Puerto Madero, la mayoría pidió Procedimiento Preventivo de Crisis por las obras mientras que en la calle Corrientes, La Giralda sigue buscando comprador porque no puede sobrevivir a los altos costos y la caída del consumo.

La cadena de electrodomésticos Musimundo, en Concurso Preventivo de Acreedores, cerró otros tres locales: Abasto, Caballito y Liniers y despidió a todo su personal, con lo que ya suman 33 las bocas cerradas.

La feliz

Mientras la gobernadora Vidal eligió Mar del Plata para lanzar la campaña política, y la ciudad feliz esperan la llegada de las y los veraneantes un paro de municipales la  pone en jaque.

Desde el municipio confirmaron que desde el 11 de diciembre pasado las y los empleados de todas las áreas realizan una retención de tareas. Durante el año 2018 las y los trabajadores municipales  recibieron sólo un 18% de aumento y exigen al menos un 32% efectivo para llegar a un acuerdo.

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) advirtieron la posibilidad de iniciar un paro total de actividades en el primer fin de semana de enero, en plena temporada, en el caso de no alcanzar en las próximas horas un acuerdo salarial con la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (CEBRA).

“Estamos hablando de entre un 45 y un 50% pero nos ofrecen un 30% y estamos lejos de poder alcanzar un acuerdo”, dijo Luciano Grimaldi, Secretario General del gremio.

La justicia dejó sin efecto el desalojo de 14 trabajadores y trabajadoras de la tradicional confitería Boston  que permanecen desde hace 209 días ocupando el local situado en la zona de Playa Varese.  El propietario del comercio retiró la solicitud para que se produzca  el desalojo.

“Estoy absolutamente segura de que hoy no se llevó a cabo este desalojo por esta masiva resistencia y apoyo que tuvieron los trabajadores por parte de concejales, gremialistas y por los propios marplatenses, que salieron a apoyar para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, expresó la abogada de UTHGRA, Selena Marinelli.

Los empleados llevan más de 200 días de lucha, vendiendo al paso café, medialunas, pan dulce y viandas, para poder llevar un plato de comida a sus familias.

Córdoba

Empleados y empleadas de la fábrica de alfajores Estancia El Rosario protestaron por las calles de La Cumbre para reclamar una deuda salarial de cuatro meses y declarar la incertidumbre laboral de sus 34 trabajadores.

Más de 200 obreros fueron despedidos por Vialidad Nacional en el sector donde realiza obras de la autopista de ruta 19, en Córdoba y los trabajos están paralizados.

Tras 64 años, la firma Macoser S.A. dejó de fabricar las clásicas máquinas Singer en su planta de San Francisco, Córdoba. Era la última empresa nacional dedicada a ese rubro que no puede competir con los importados. La paralización total de la producción se concretó el pasado 3 de diciembre.

ATE

En los últimos días de 2018, 50 trabajadores fueron despedidos en las Fábricas Militares de Río Tercero y Villa María,   Córdoba, de Fray Luis Beltrán en Rosario y en sede central. Otros 20 perdieron sus puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional.

En respuesta, en el segundo día hábil de 2019, ATE volvió a las calles para rodear de solidaridad a los sectores golpeados y exigir la reincorporación. Además, llamó a construir un Paro Nacional para febrero.

CABA, docentes

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó a la ministra de Educación porteña y los gremios docentes para destrabar el conflicto provocado por la resolución que abrió la puerta al cierre de establecimientos educativos. Las partes firmaron un acta para conformar un cuerpo que analizará la continuidad laboral y la adecuación de la oferta educativa y los planes de estudio.

La reunión entre las y los docentes, funcionarios de gobierno y la Defensoría de la Ciudad, se realizó luego que desde el gremio advirtieran que si no derogaba la resolución ministerial anunciarían medidas de fuerza que impedirían el inicio del ciclo lectivo.

¡¡No al Tarifazo!!

El pasado viernes se realizaron un cacerolazo y protestas en muchas esquinas de la CABA y en diversos barrios bonaerenses, donde en las calles se gritó: “Paso, paso, paso, abajo el tarifazo”.

En Lanús se escuchó el tradicional “Olelé, olalá, si esto no es el pueblo el pueblo dónde está”. En Cabildo y Juramento lo más elegido fue el hit del verano MMLPQTP, que se repitió en casi todas las esquinas acompañada de carteles alusivos como el de “No al tarifazo, luz, agua y gas son impagables”, que mostraban en Parque Chacabuco.

En Triunvirato y Avenida de los Incas un enorme cartel preguntaba “¿Qué porción de tu sueldo se llevan las tarifas?” y en Acoyte y Rivadavia aseguraban que “Los servicios de agua, luz, gas son un derecho”.

El Ruidazo convocado desde las redes sociales, a partir de las 20 hs.  se empezó a sentir     en distintos sitios de la ciudad. Uno de los hastags principales fue #NoAlTarifazo, siempre conteniendo cuestionamientos que se extendieron a varias de las consecuencias más criticadas de la gestión nacional de Cambiemos: “Basta de tarifazos, basta de inflación, basta de inseguridad, basta de corrupción”.

Algunas de las organizaciones convocantes  fueron la Coordinadora de Asambleas Barriales, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, y Pablo Moyano, en su rol de referentes del Frente Sindical por el Modelo Nacional, encabezaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la realización de acciones judiciales contra el tarifazo y el comienzo de un plan de lucha con una seguidilla de movilizaciones en diferentes puntos del país.

El cronograma de movilizaciones comenzará el 10 de enero en la Ciudad de Buenos Aires y continuará el 17 en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Mendoza.

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En los últimos 30 meses, nuestro país perdió un puesto laboral cada tres minutos, sea por despidos, suspensión o retiro voluntario. En Santa Fe cerraron, en ese mismo período, tres empresas por día. Se estima que por cada puesto laboral en blanco que se pierde, desaparecen cuatro puestos “en negro”.

El diputado provincial Leandro Busatto presentó a principios de agosto el informe “Cierre de industrias y despidos en Santa Fe”. Ese trabajo expone que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 cerraron en la provincia de Santa Fe un total de 2.726 empresas. Un promedio de 91 empresas por mes. Tres empresas por día.

“Cambiemos está destruyendo las industrias santafesinas. Los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional, que fueron acompañados sin titubeos por la administración provincial, sumados a la devaluación de los últimos meses, dispararon los costos de producción de industrias que, encima, deben afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones”, afirmó Busatto. Y puntualizó que “el desplome del poder adquisitivo de la clase media afectó los niveles de ventas, por lo que el ajuste macrista selló la suerte de 2.611 locales comerciales sólo en la ciudad de Rosario”. Para Busatto, “esas políticas afectan a la provincia de norte a sur, de este a oeste, en cada pueblo, cada ciudad. En ninguno de los 19 departamentos hay más empresas registradas que en 2015”.

El informe consigna que sólo en el departamento Constitución existen hoy 67 empresas menos que en diciembre de 2015; el departamento General López perdió en el mismo período 192 empresas; el departamento Caseros cuenta con 69 empresas menos; mientras que los departamentos San Lorenzo y Rosario perdieron 58 y 1.196 empresas respectivamente en estos 30 meses.

Entre Electrolux, General Motors y Helvética suman 2.500 suspensiones

En medio de la crisis económica y el ajuste de Cambiemos las patronales de estas empresas, con el aval de las direcciones sindicales peronistas, suspendieron a miles de trabajadores industriales de Santa Fe.

En julio un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó los casos de despidos y suspensiones en el período enero-junio 2018, que sumaron más de 4.000 por mes, cifra que implica un aumento del 17 % con respecto al mismo período del año pasado.

En ese marco, la firma de electrodomésticos Electrolux dio licencia a todo su personal, la empresa automotriz General Motors dio también inicio a un esquema de suspensiones rotativas y la empresa productora de vehículos acoplados Helvética paralizó su producción hasta fin de este año. Así, la crisis generalizada se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe.

En Electrolux, la patronal decidió adelantar las vacaciones,  de 1.000 trabajadores y trabajadoras,  durante todo el mes de octubre. Cabe recordar que el año pasado despidió a 80 trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, en General Motors suspendieron de manera rotativa a 1.400 trabajadores y trabajadoras que solo están cobrando el 70 % de sus sueldos. Y en la fábrica de acoplados Helvética suspendieron a 90 operarios y operarias, pagándoles la mitad de su salario.

En julio pasado, la UOM Rosario y las fábricas de línea blanca firmaron un convenio para evitar despidos y suspensiones. “Estamos moviéndonos por todos lados para frenar despidos y suspensiones hasta diciembre en diferentes empresas”, dijo el líder local de los metalúrgicos, Antonio Donello. Sin embargo, frente a estos nuevos ataques hacia las y los trabajadores las direcciones sindicales los dejan pasar, incumpliendo lo pactado. Es evidente que la UOM se ha puesto a tono con el gobierno y las empresas para perjudicar a los trabajadores y garantizar sus propias ganancias.

La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, explicó que en la provincia hay 170 empresas en Procedimiento Preventivo de Crisis. El universo de trabajadores y trabajadoras alcanzadas por ese sistema de conciliación llega a 15.000.

La crisis económica que atraviesa la Argentina como producto de la política llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri,  y sus aliados, golpea duro a los y las trabajadoras. En ese escenario, la dirigencia sindical peronista también juega un rol clave cuando dejan pasar las suspensiones y despidos. Los kirchneristas que dirigen estas seccionales solo piensan en juntar votos para 2019.

Esto sucede en sintonía con el FMI que busca profundizar un paquete de condiciones para el ajuste entre los que exige más desocupación, tarifazos, ajuste y otras tantas miserias para el pueblo.

Con despidos y suspensiones las empresas profundizan el ajuste en Santa Fe

Las y los trabajadores,  de la rama metalúrgica,  son los más golpeados por estos ataques. Metalsur, carrocera de Villa Gobernador Gálvez, es otra empresa que impulsa un esquema de suspensiones rotativas,  durante un mes,  de los 400 operarios de la planta. El sindicato metalúrgico firmó la paz social con la patronal, la que incluye la imposibilidad de despedir hasta fin de año. Sin embargo,  se habilitan los retiros voluntarios, que son despidos encubiertos.

La metalúrgica Bambi también suspendió a todo el personal, y en Liliana electrodomésticos despidieron a 20 operarios.

Estos ataques se suman a los que llevaron adelante Mefro Wheels y Vassali. El fabricante de llantas Mefro Wheels cerró sus puertas y dejó en la calle a los más de 170 operarios y operarias. La UOM aboga por que aparezca un interesado en comprar la planta y las y los trabajadores aún se encuentran a la espera, después de casi dos años de que la multinacional alemana se fuera.

Vassalli aún adeuda un promedio de 100.000 pesos a cada uno de sus casi 400 trabajadores, y aún no está claro si la empresa va a seguir funcionando. La accionista mayoritaria Mariana Rossi Vassalli asegura que, una vez que recupere la totalidad de las acciones que había cedido a tres empresarios,  hace algunos años, saldrá a buscar inversores para aumentar la producción.

En la metalúrgica Dasa, también de Firmat, los y las operarias se encuentran en conflicto con la empresa hace casi dos meses a raíz de que no está pagándoles el salario. La propietaria amenaza con el cierre de la planta.

Las patronales aceiteras vienen lanzando ataques en distintas empresas. Comenzaron por Cargill,  de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear, donde luego de un largo conflicto lograron el despido de 49 operarios, con dos lock-out patronales incluidos.

Luego siguieron por Molinos Agro, que suspendió a toda la planta y abrió los retiros voluntarios. Jefes y gerentes vienen apretando a las y los trabajadores para que acepten irse con el retiro. Les dicen que la reducción es una decisión tomada para la empres:  o aceptan los retiros o los van a despedir en poco tiempo más, pero se irán con menos plata en el bolsillo. Una verdadera extorsión.

Por su parte Bunge Ramallo en julio despidió a 84 trabajadores y trabajadoras. Nuevamente en Cargill hay amenazas de suspensiones y despidos, con la intención de eliminar un turno.

En el fabricante de cafés La Virginia vienen repitiéndose despidos antisindicales, en el marco de una brutal reducción de la planta en los últimos años. Entre las operarias y operarios hay temor a nuevos despidos.

En Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán hubo  49 despidos en agosto, que se suman a los 36 del año pasado, y los directivos de la empresa amenazan con que habrá más. En esa misma localidad el intendente recién asumido despidió a 11 trabajadores a comienzos de este año, y aún 7 pelean por su reincorporación.

La petroquímica Dow Dupont, de Puerto San Martín, en junio cesanteó a 22 operarios y operarias, que luego de un largo proceso de negociaciones,  con la intervención del Ministerio de Trabajo, se mantuvieron bajo la figura de retiros voluntarios.

Otros casos de ataques contra los y las trabajadoras,  en el cordón industrial de San Lorenzo, son los de la petroquímica IDM, la petrolera Oil y la aceitera Buyatti. IDM afirma que se encuentra en crisis y hace algunas semanas despidió a dos delegados.

Oil y Buyatti se encuentran paralizadas y sin certeza acerca de su futuro. La petrolera Oil está en un largo proceso de remate judicial,  para poder ser comprada por otra firma. Si bien hay varias interesadas, lo más atractivo para las potenciales compradoras resultan el puerto y las bocas de expendio de combustible, no así la refinería. Eso podrá implicar la pérdida de unos 200 puestos de trabajo de los 400 que hoy existen.

En el caso de Buyatti la familia propietaria de la empresa aún no definió si la venderá, si alquilará el inmueble o retomará las tareas. La incertidumbre es total para los más de 120 trabajadores de esta aceitera.

En la fábrica de motos Guerrero también se rumorea que podría haber despidos entre las y los 200 operarios que trabajan allí.

La agroquímica Síntesis Química, localizada en Fighiera, suspendió a todo el personal hace tres meses, sin goce de sueldo. La patronal se fue y los 40 trabajadores permanecen tomando la fábrica.

¿Empresas en crisis?

Muchas de las empresas que están llevando adelante estas medidas alegan crisis por una reducción en las ventas y por el aumento de los costos operativos debido a los tarifazos, la importación de materia prima y otros componentes para la producción, que se encarecieron con el aumento del dólar. Según testimonios del ministro de Trabajo Julio Genesini, unas 200 empresas radicadas en Santa Fe solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, que entre otras cosas facilita las rebajas salariales, la reducción de aportes laborales, las suspensiones y los despidos.

Las patronales toman estas medidas, en acuerdo con las direcciones sindicales y el visto bueno del Ministerio de Trabajo provincial, con la excusa de que están haciendo lo posible para no despedir. Este engaño les sirve para despedir y suspender de manera encubierta: con retiros voluntarios, que de voluntarios no tienen nada, los y las trabajadoras son presionados y extorsionados para acogerse a estos falsos retiros o también con diferentes modalidades de suspensión como la rebaja salarial, el banco de horas para devolver las horas  cuando a la patronal le convenga, o mediante el adelanto de las vacaciones, como Electrolux.

Todos estos artilugios lo realizan las empresas a costa de no perder ni un centavo de sus ganancias, mientras llevan adelante prácticas de flexixbilización,  explotación y degradación de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidas,  que tienen que hacer malabares para sobrevivir con los recortes salariales y con el miedo, como constante,  de quedarse en la calle. Si estas empresas realmente están en crisis tendrían que abrir sus libros de contabilidad y demostrarlo, para que muestren qué hicieron con las enormes ganancias de todos estos años.

El paro convocado por la CGT y las CTA para el martes 25 de septiembre expresó la bronca que existe por abajo, por los durísimos ataques que viene recibiendo la clase trabajadora con tarifazos, inflación, despidos y suspensiones. Esa bronca organizada es la fuerza para pararles la mano y pelear para que la crisis no la paguen los y las trabajadoras, sino los que la generaron: las y los empresarios y el gobierno de la alianza del FMI-Cambiemos.

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