“El objeto artesanal guarda impresas,

real o metafóricamente,

las huellas digitales del que lo hizo”

Octavio Paz

Los artesanos y artesanas de la calle Defensa, del barrio porteño de San Telmo, siguen sin poder trabajar. Se cumplieron más de dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad los desalojó, policía mediante, de la histórica feria. Cerca de 300 familias se quedaron sin esa fuente de sustento.

El patrón de los adoquines de la calle Defensa se ve interrumpido por carteles que recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un puesto en ese lugar. Lo que alguna vez fue la histórica feria de San Telmo se ha convertido en un desfiladero de policías y funcionarios públicos. Los y las artesanas, que durante más de 10 años llenaron de vitalidad las calles del barrio porteño, no se resignan a aceptar la decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad y también se les puede ver por todos lados: marchando todos los domingos, fiscalizando los puestos afectados, llenando de música el ambiente, haciendo intervenciones artísticas. Exigiendo, de todas las maneras posibles, que las y los dejen volver a trabajar.

El conflicto surgió el 13 de enero de este año, cuando a los y las artesanas de la cooperativa El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Gobierno de la Ciudad (GCBA) les ofreció 220 permisos de trabajo sobre la calle Defensa al 700. El reconocimiento del trabajo artesanal como una actividad comercial legítima es un derecho que vienen reclamando desde que la feria de San Telmo se estableció hace 12 años. Lo que no les dijeron a las y los miembros de El Adoquín es que los permisos obtenidos eran sobre los lugares de trabajo de los y las artesanas de Defensa al 700, que se encontraban por fuera de la cooperativa y del arreglo. El Gobierno de la Ciudad pretendía que las y los miembros de la cooperativa usurparan el lugar de otros trabajadores y trabajadoras. Engañados, pero con la dignidad intacta, las y los trabajadores de la calle Defensa al 800, 900 y 1000 se rehusaron a ocupar los puestos de otros compañeros y compañeras. La cooperativa se fracturó y buena parte de sus integrantes se retiraron y formaron Artesanxs Unidxs de la calle Defensa.

Desde ese domingo, las cuatro cuadras de la calle Defensa, entre Chile y Carlos Calvo, se encuentran ocupadas por fuerzas policiales que amenazan e impiden trabajar a artesanos/as, artistas y músicos/as. Las únicas personas habilitadas se encuentran sobre la calle Chile, esquina Defensa, custodiadas por fuerzas policiales y un patrullero. Se trata de quienes se quedaron en la cooperativa El Adoquín, presidida por Gabriela Olguín, escrachada en numerosos carteles a lo largo de las calles, acusada de traidora y de que era plenamente consciente del acuerdo que había firmado.

Confianza legítima

86 artesanos y artesanas de la calle Defensa al 700, que nunca formaron parte de la cooperativa, presentaron una acción de amparo contra el GCBA ante el Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido es claro: la nulidad de la disposición N°10/DGFER del 9 de enero, es decir, la resolución del Gobierno de la Ciudad, dictada por el Director General de Ferias, Carlos Gabriel Kuasñosky Somozala, que otorgó los 220 permisos precarios sobre la calle Defensa entre el 701 y el 799.

El 31 de enero, la primera jueza actuante, Patricia G. López Vergara, tuvo definiciones contundentes en relación al conflicto. Defendió la noción de espacio público como el lugar de “lo común, de la cultura y la política común”, un “lugar de materialización de las relaciones sociales y la expresión colectiva”. Su concepción de las calles y las plazas como un punto de encuentro nodal en la construcción de la identidad ciudadana y de la expresión comunitaria respalda el reclamo de los y las artesanas, que defienden no solamente su lugar de trabajo, sino también la identidad cultural del barrio de San Telmo y el ejercicio pleno del derecho a la Ciudad.

Además de remarcar la acuciante necesidad de trabajar en un contexto de asfixia económica en todo el país (desde el 13 de enero que la mayoría de los y las trabajadoras de la feria no pueden vender sus artesanías), la jueza López Vergara instó al Gobierno de la Ciudad a brindar una solución real al conflicto, apelando al principio jurídico de “confianza legítima”. Marcha dialogó al respecto con el defensor público Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General adjunta Nº5, encargado de presentar el amparo en el que se sumaron las y los 117 artesanos que integran Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, quienes durante 12 años trabajaron entre Defensa al 800 y el 1000.

“Hay una cuestión técnica que se llama ‘confianza legítima’, que es que cuando durante muchos años el Estado reconoció o permitió una actividad, no puede de un día para el otro desconocerla. Eso pasó en las cuadras del 800, 900 y 1000. Después de más de 10 años de estar trabajando ahí, de un día para el otro los desalojaron violentamente. A esto se suman las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que protegen el derecho a la cultura, a las actividades culturales, a la identidad cultural de los barrios. Todas esas manifestaciones culturales y artísticas están protegidas por la Constitución”.

Las dos presentaciones son complementarias, ambos abogados buscan lo mismo: que les den permiso para trabajar a los artesanos, artesanas y manualistas que están hace 12 años. La causa ahora se encuentra en manos de la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, que sigue una línea muy similar a la jueza López Vergara y que dictaminó hace dos semanas que el Gobierno de la Ciudad tiene que plantear una propuesta superadora para que todas y todos los artesanos puedan trabajar.

Desde el gobierno se niegan a revisar la disposición que dio origen al problema, los permisos para la cooperativa El Adoquín. “Por lo pronto, estamos en una etapa de conciliación, tratando de acercar las partes y que el Gobierno haga alguna propuesta superadora. Los artesanos no quieren tener permiso en cualquier lado. Quieren los permisos donde venían trabajando, donde ya los conocen, donde ya se organizaron. Les ofrecieron a algunos otras cuadras pero esa solución no es aceptable porque no respeta su historia.”, puntualizó Dos Santos.

Para dimensionar la falta de voluntad del Gobierno, una de las propuestas es trasladar a los y las artesanas que rompieron con El Adoquín al pasaje San Lorenzo, que está cortado a mitad de cuadra y que tiene una afluencia de gente infinitamente menor que la calle Defensa. Para solucionar este problema, proponen poner unas vallas “que obliguen a la gente a meterse al pasaje”. Como si fueran ganado.

Desnudar un santo para vestir otro

Luciana, ex integrante de la cooperativa El Adoquín, trabaja la vitrofusión desde hace más de 10 años y con su trabajo y el de su pareja mantienen a sus dos hijos. Es sólo una de las cerca de 300 familias que se quedaron sin esa fuente de ingreso. El agotamiento de haberse levantado a las 6 de la mañana, como cada domingo desde hace 2 meses, se hace evidente en sus ojos. La fatiga y la tristeza, productos de un Estado hostil que cercena su derecho a trabajar, no le impiden aplaudir y esbozar una sonrisa ante cada banda musical que toca en apoyo a su lucha y a la de tantos otros y otras. Mientras hace de guía por las calles de San Telmo, narra por centésima vez la serie de eventos que llevaron a la situación actual.

“Nosotros ya contamos que somos más de 90 que estamos fuera de El Adoquín. Al gobierno le planteamos que como se fueron más de 100 personas (contando las que están de vacaciones o haciendo temporada en otros lados), que los de El Adoquín se queden en Chile, que les alcanza para la cantidad de gente que quedó dentro de la cooperativa. Que dejen liberado Defensa al 700, que se queden quienes estaban originalmente, y que a nosotros nos dejen trabajar entre Defensa al 800 y el 950”.

En un primer momento, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decía que esa cuadra (la del 700) no se podía legalizar. Al darle los permisos a la cooperativa se contradijo, demostrando que sí era posible. Por lo que queda la duda de por qué ciertas personas son legalizables y ciertas no. Desde la organización Artesanxs Unidxs de la calle Defensa, de la cual es parte Luciana, piden que los y las integrantes de El Adoquín resignen su derecho sobre la calle Defensa, ya que acusan a la conducción de la cooperativa de haber firmado un acuerdo sin el consentimiento de las bases ni de las partes involucradas y que fue el que originó todo el conflicto.

“Nosotros tratamos de presionar mediante la CTEP, de la cual El Adoquín es parte. Tuvimos una reunión muy trucha con Juan Grabois (referente de la CTEP y del Frente Patria Grande) que, muy astuto, nos citó en un bar, nos escuchó a todos, nos dijo que nos iba a dar una respuesta en 24hs. Nos contestó con una carta diciéndonos que las cooperativas de la CTEP son autónomas, que él no se puede meter en eso, que cree que el acuerdo está mal pero que lo deja en manos del ‘Gringo’ Castro”, narró Luciana. Esteban “Gringo” Castro es el Secretario General de la CTEP y respaldó públicamente, durante la marcha contra los tarifazos del 26 de febrero, el acuerdo logrado entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa El Adoquín.

“Cuando llamamos al ‘Gringo’ Castro, que ya a esta altura no queríamos saber nada con la CTEP, no nos contestó la llamada. Castro fue uno de los que ayudó a negociar el acuerdo”, puntualizó la artesana. Antes se habían contactado con Rafael Klejzer, Secretario General de la CTEP Capital. Klejzer reconoció hace poco más de dos semanas en la AM 530 que “si el acuerdo deja afuera a la mitad de los laburantes, entonces no es un acuerdo feliz”. Esperanzados/as por sus declaraciones, la desilusión fue mayúscula cuando la respuesta de él fue proponer una reunión con Gabriela Olguín. “Ahora estamos sólo en la vía judicial. Hay dos juezas que nos reconocen y le piden soluciones rápidas al gobierno, lo cual lo vemos como algo muy positivo. Nadie quería una reunión con Olguín que fue la que hizo este acuerdo”, explicó Luciana.

Por su parte, Gabriela Olguín, Presidenta de El Adoquín, se negó a dar declaraciones a Marcha.

“No somos ilegales, queremos trabajar dignamente”

Después de 8 domingos sin trabajar, y ante la evidente dilatación por parte del Gobierno con el objetivo de que se agoten y se marchen de San Telmo, lxs Artesanxs Unidxs de la calle Defensa convocan este domingo 10 de marzo a marchar desde las 12 del mediodía en la calle Defensa al 1000 “por nuestro lugar de trabajo, por la dignidad de nuestro reclamo, porque la calle es de quien la trabaja, porque el arte es cultura y la cultura es identidad colectiva”.

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Hace un mes que cerca de 400 familias están sin poder trabajar en la feria de la calle Defensa en San Telmo. El conflicto surgió a partir de un acuerdo firmado por el Gobierno de la Ciudad y El Adoquín, una cooperativa de trabajo que integra la CTEP. Dejaron fuera del arreglo más de 120 puestos.

Paños vacíos y turistas preguntando por la mítica feria. Una marcha de resistencia que recorre Defensa y el color de siempre, el del barrio, olvidado. Una juntada de firmas que crece como la solidaridad con las y los feriantes. Una familia venezolana que se acerca a Humberto, el trabajador que amablemente nos contó el proceso de lucha que llevan por el reconocimiento de la cultura popular.

El desalojo y la represión policial del último domingo a los y las artesanas de la histórica Feria de San Telmo fue la cara más visible (y violenta) de un conflicto de largo arrastre. Cerca de 400 familias se quedaron sin trabajo desde hace un mes, dejando vacío un espacio que ocupan, sobre la calle Defensa entre el 700 y el 1000, hace más de 10 años. Todo a partir de un arreglo que varios y varias trabajadoras denuncian espurio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) firmó un acuerdo con la cooperativa de trabajo El Adoquín, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Hace varios años que vienen habiendo negociaciones (con amenazas de desalojos y denuncias en el medio) para legalizar a los cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hace más de 10 años ofrecen sus productos manufacturados en la feria del barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa, a lo largo de las cuatro cuadras entre las calles Carlos Calvo y Humberto Primo.

Este acuerdo pareció lograrse el 11 de enero de este año, cuando en una asamblea de la cooperativa El Adoquín, la presidenta Gabriela Olguín anunció que después de 12 largos años de lucha, el Gobierno de la Ciudad les había legalizado, otorgándoles un permiso oficial para poner sus puestos y reconociendo sus derechos como trabajadores y trabajadoras de la vía publica. El acuerdo no había sido discutido en asamblea pero en principio parecía un enorme triunfo de los y las artesanas de San Telmo.

El conflicto surgió cuando los y las trabajadoras que integraban la cooperativa fueron a ubicarse a los puestos designados en la calle Defensa al 700. Allí se encontraron con que los y las artesanas de esa cuadra no sólo no estaban de acuerdo con el arreglo, sino que tampoco habían arreglado su reubicación, como les habían dicho a las y los integrantes de El Adoquín. Ese sector de trabajadoras y trabajadores de Defensa al 700 se encontraban por fuera de la cooperativa, aunque organizados y organizadas hace más de 10 años. Incluso presentaron un proyecto para su legalización en la Legislatura porteña.

Luciana es ex integrante de la cooperativa El Adoquín. Se dedica a la vitrofusión y junto con su compañero Marcial, que trabaja el cuero, viven de su trabajo artesanal desde hace casi 10 años. Trabajo con el cual mantienen a sus dos hijos. Una de las tantas familias que se quedó sin fuente de sustento a partir de este arreglo. En diálogo con Marcha, Luciana contó los detalles de este acuerdo inconsulto. “Fue una trampa, nos dijeron que ellos (lxs trabajadorxs de Defensa al 700) iban a ser reubicados y que estaban de acuerdo. En ese momento se fracturó El Adoquín, ya que varios de nosotros no queremos poner nuestro puesto de trabajo en el lugar de otro trabajador. Los pocos que quedaron dentro de la cooperativa pusieron sus puestos sobre la calle Chile”.

Hasta este momento la situación sigue así. Lxs trabajadorxs del 700 presentaron un amparo. Quienes se fueron de la cooperativa estuvieron visibilizando el conflicto, además de presentar un escrito pidiendo la nulidad de ese acuerdo que no tiene respaldo mayoritario y que fue acordado por la cúpula de la cooperativa que comanda Olguín. “Quisimos armar y nos mandan a la policía. Nos prohíben armar en nuestras cuadras y en la cuadra de Defensa al 700 está prohibido armar tanto para los artesanos que estaban ahí originalmente como para los integrantes del Adoquín”, agregó Luciana, por lo que la mayoría de los y las artesanas se encuentran sin poder trabajar desde el domingo 13 de enero.

“Venimos a San Telmo cada domingo, venimos desde provincia, desde todo el país para sumar al patrimonio cultural del barrio y a buscar nuestro sustento ofreciendo lo que sabemos hacer”, nos cuenta Humberto, que hace más de 10 años vende platería mapuche a quienes pasen por el barrio. Está a cargo de la planilla de firmas y relata a quienes se acercan cómo es el conflicto. “Realizamos un montón de peticiones para que se nos incluya, cuando esto pasó el Gobierno nos vetó dejándonos afuera”, dice un cartel a su lado, “reclamamos la restitución de nuestro lugar de trabajo. No somos ilegales”.

El acuerdo

Ex integrantes de la cooperativa denuncian que la decisión de firmar el acuerdo fue de Gabriela Olguín, presidenta de El Adoquín, sin llamar a asamblea ni consultar a las bases. En declaraciones al diario La Nación, Olguín sostuvo que “no tenemos ninguna condena con los otros trabajadores que aún no se han sindicalizado. El acuerdo no implica que se desaloje a otros trabajadores, por eso no estamos trabajando en Defensa, todavía, somos respetuosos de eso. Estamos conversando con ellos para que se integren”.

Luciana cuenta otra versión de los hechos. “El domingo 13 de enero empezamos a darnos cuenta de cómo había sido el arreglo. Hasta ese momento pensábamos que era una trampa del Gobierno para que ocupáramos el lugar de otros trabajadores. Cuando fuimos nos dimos cuenta de que no, que la cúpula de El Adoquín sí estaba al tanto de lo que sucedía y que pensaban que nosotros igual íbamos a ocupar el espacio. Hasta el Gobierno nos preguntaba si nosotros dábamos el ok para que “limpien” la calle para que nos establezcamos nosotros. Por supuesto que dijimos que no”.

“Olguín dice que trató de hablar muchas veces con ellos para incluirlos en el acuerdo. Lo que ella omite es que mediante ese acuerdo pretendía que de la cuadra que ellos ocupan y por la que luchan hace más de 10 años, les pretendía dar 30 puestos. Ellos son más de 150. Los demás fíjense donde pueden ser reubicados en las propuestas del Gobierno en otras ferias”, agregó la trabajadora.

El Adoquín había conseguido 220 puestos. Varixs no se habían unido a la cooperativa porque decían que El Adoquín iba a terminar estafándolos. “Nos usaron políticamente. Los acompañamos, estuvimos ahí para llegar al acuerdo y cuando llegamos resulta que firmaron algo que no nos consultaron, sin asamblea de por medio. Ese día vaciamos las cuadras pacíficamente, sin ninguna resistencia”, explicó Luciana.

Los Anticuarios

“No nos vamos nada, que nos echen a patadas”. Era un domingo atípico en San Telmo. Hace un mes lo es. La marcha que llevaba la bandera de “Artesanos unidos de la calle Defensa en lucha. Unidos” recorría las cuadras donde el desalojo mostraba paños vacíos en resistencia. Las y los turistas filmaban, parecían ya acostumbrados a un país de conflictos latentes. Las y los trabajadores de la cultura popular se detienen sobre el 1000, a poco de llegar a la Plaza Dorrego, y tiran amablemente unos panfletos en dos anticuarios: “Calvaresi” y “Alberto Roldán”.

Otra arista del conflicto viene por parte de los anticuarios, históricos ocupantes de esas cuadras que detentan el mayor poder de negociación con el Gobierno de la Ciudad. Según Luciana, “quieren hacer un proyecto inmobiliario de food trucks en la zona del 800, 900 y 1000 de la calle Defensa. Este conflicto empezó hace más de 4 meses, nos empezaron a poner vallas en distintas cuadras de la calle. Se suponía que era provisorio”.

Los anticuarios trabajan allí desde que arrancó el mercado de pulgas en 1970. Hace años que vienen exigiendo que retiren a los y las artesanas de la zona, argumentando que obstruían los negocios y bajaban las ventas, además de generar el rechazo del público. Para Norberto Medrano, presidente de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, a partir del desalojo violento ahora “todos podremos vivir en armonía y trabajar en paz”.

El proyecto de extranjerizar la zona no sólo perjudica a los y las artesanas que perdieron su puesto de trabajo, sino que implica un golpe doble tanto para los comerciantes de la zona, que vieron bajar sus ventas un 60%, como para la cultura popular del barrio de San Telmo. La feria forma parte de la esencia del barrio hace más de 10 años.

Según la ex trabajadora de la cooperativa, el enfrentamiento no es tal. “Nosotros trabajamos y vivimos de nuestros productos. Siempre propusimos una convivencia pacífica y que trabajemos todos, incluso los anticuarios. Los comercios normales están de nuestro lado porque saben que llevamos gente. Nos conocen en todos lados, la gente pregunta por la feria de artesanos de San Telmo y esta gente nos quiere sacar diciendo que somos manteros. Es cuestión de clase. Los que están ahí son los que siempre quieren estar ahí y no quieren compartir ese espacio con otra parte de la sociedad”.

Respuestas de la comunidad

Ante el desamparado del Estado, los y las artesanas están visibilizando el conflicto. En la web www.tvsantelmo.com.ar puede verse su trabajo, en el programa Ferias y Mercados, donde se visualiza la economía social. Lxs artesanxs piden el apoyo de la comunidad no sólo por ellos y ellas, sino en defensa de la cultura popular.

En plena recesión, con tarifas que aumentan periódicamente hasta precios impagables, un mes sin trabajar es un golpe letal para la economía de cualquier familia. Si a eso se suma la violencia policial y el abandono estatal, la situación se vuelve sinceramente angustiante. “Cuando quisimos armar el último domingo nos tiraron gas pimientas, nos atacaron. Nadie vino a negociar con nosotros. Lo bueno es que tuvo mucha repercusión, nos llaman de otros medios, nos llaman de otras ferias. Y sale a la luz el acuerdo nefasto que firmaron”, desarrolló Luciana. Y concluyó: “Nosotros tenemos códigos, tenemos dignidad y sostenemos a nuestras familias de lo que hacemos con nuestras manos”.

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El domingo 10 de julio, durante los festejos por la Independecia, el Estado nacional esperaba a más de 300 artesanas y artesanos de la Feria de la calle Defensa con una escena violenta: la Policía Federal, Infantería y funcionarios de Espacios Públicos en sus puestos de trabajo.

La directiva fue clara: impedir que las y los artesanos podamos trabajar como cada domingo, con la orden de decomisar nuestras artesanías si armábamos los puestos, cuestión que hubiese generado una represión masiva porque ningún trabajador ni trabajadora iba a permitir que tal situación ocurriera.

Los efectivos estaban completamente armados para la acción: con escudos, palos, armas, chalecos y cascos, siguiendo las líneas ideológicas claras de un Estado fascista neoliberal, que tiene el objetivo -represivo- de eliminar toda clase de manifestación de arte callejero, de trabajo popular organizado.

Quieren las calles vacías, “limpias” de todo aquello que pueda significar algún tipo de resistencia. Las denuncias de varios anticuarios de San Telmo (que no son más que grandes empresas oligárcas), sumado al deseo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de despejar la calle Defensa, hizo que este operativo llegara tal cual lo veníamos esperando. Quieren organizar un gran corredor gastronómico, vendiendo la zona a varias conocidas multinacionales, para transformar el antiguo y tradicional Barrio de San Telmo que siempre fue reconocido por su artesanía, en una zona más de negociados liberales.

Este operativo de desalojo se suma a los transcurridos hace unos meses en la Feria autogestiva Las Cholitas en Ramos Mejía (feria organizada por sus integrantes que con mucho esfuerzo lograron no sólo formar una feria sino un espacio cultural con expresiones artísticas callejeras y música en vivo), a las y los artesanos de la Plaza Irlanda (desalojados para poder organizar el Buenos Aires Market), a las y los trabajadores manteros de la calle Avellaneda y a las y los de Caballito. Y, por supuesto, al cierre de varios centros culturales autogestivos.

Como suele ocurrir, los medios de comunicación masivos estuvieron entretenidos difundiendo los varios festejos del día de la Independencia, ocultando sistemáticamente hechos de este tipo y silenciándolos para que la gente no acceda a la información de lo que realmente ocurre en las calles de nuestro país, muy contrario a la “revolución de la alegría”.

Y cuando sucede que algunos de estos hechos se visualizan, la herramienta elegida es tergiversar la realidad, tratando de dividirnos como sociedad, difundiendo que las y los manteros molestan, que les sacan el trabajo a trabajadores registrados, que son una mafia, que hay que hay que borrarles de las calles porteñas.

Quienes trabajan en la vía pública, sostienen que no van a ser divididos y ya sea manualistas, revendedores o artesanas/os son trabajadores/as del espacio público, con derecho a trabajar y a ganarse la vida en las calles. Por ejemplo, como artesanas y artesanos de “El Adoquín”, cooperativa de trabajo hecho a mano que pertenece a la CTEP (Confederación de trabajadores de la Economía Popular), “vamos a seguir resistiendo todo intento de desalojo”.

El pasado domingo no pudieron trabajar, el domingo que viene seguramente nos enfrentaremos a una situación similar, pero seguiremos resistiendo y defendiendo nuestro espacio de trabajo.

Frente a  un país flexibilizado, con desempleo en aumento, no vamos a ceder ante provocaciones estatales. Las caras de desesperación de varios compañeros que cuentan con los domingos para llevar el pan a sus hijos, los gritos en defensa de sus puestos de trabajo, los cantos de resistencia, la rabia de no poder trabajar como de costumbre, la incertidumbre de depender del buen clima para poder vender… todo esto se transforma en combustible para seguir adelante con nuestra lucha.

*artesana de San Telmo, integrante de la cooperativa de trabajo El Adoquín

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