Por Mariángeles Guerrero

El 11 de septiembre de 1973, radio Magallanes fue acallada. El metal tranquilo de la voz del presidente socialista Salvador Allende se perdió entre el estruendo de las bombas y el sonido agudo de los brindis en los barrios altos de Santiago. Así celebraron los momios, la derecha chilena, el golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos contra el gobierno de la Unidad Popular, el del marxismo por la vía democrática en ese país largo de montañas y de mar, al sur de Nuestra América.

Allende sabía que la transmisión por radio Portales, antes de que la emisora fuera destruida por el bombardeo, sería su último discurso.También, que serían sus últimas palabras. En ese momento, los generales de la traición, comandados por Augusto Pinochet, atacaban La Moneda.

Enfrentado a la muerte, dejó un gesto de dignidad para quienes —sabía—, serían perseguidos “porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder”. Allende estaba dispuesto a pagar con su vida la lealtad del pueblo: de las campesinas, de los obreros, de la juventud. “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”, dijo entonces, confiado en los destinos de su tierra. De nuestra tierra.

Había ganado las elecciones el 4 de septiembre de 1970. Esa noche, desde un escenario improvisado en la sede de la Federación de Estudiantes de Santiago, Allende selló el pacto que tres años después defendería mientras ardía La Moneda: “Mi único anhelo es ser para ustedes el Compañero presidente”. Con ese compañero caminaban mujeres y hombres anónimos que levantaban las banderas de la Unidad Popular con convicción revolucionaria.

Aquella noche festiva de 1970, Allende anticipó el plan de gobierno: “Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”.

Dos certidumbres tenía Allende: que la revolución no implica arrasar sino edificar y el pueblo chileno estaba preparado para esa tarea. De la derecha no esperó siquiera el reconocimiento del resultado electoral: “Ella no será jamás capaz de reconocer la grandeza que tiene el pueblo en sus luchas, nacida de su dolor y de su esperanza”.

El 20 de diciembre de 1970, el gobierno de la UP envió un proyecto de reforma constitucional para introducir el concepto de “nacionalizar” como una facultad del Estado. En 1971 se votó en el Congreso la nacionalización del cobre. “Porque el pueblo es Gobierno, es posible que hoy digamos que el cobre será de los chilenos. Porque los grupos minoritarios que gobernaron el país, las viejas y rancias oligarquías siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros defendieron los intereses extranjeros”, dijo entonces el compañero presidente.

En el amanecer de la victoria, en la primavera de 1970, quedó claro que la vía chilena al socialismo no tenía fronteras. Así lo vio Allende: “Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la dictadura y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino”.

En diciembre de 1972, lo reafirmó ante las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en México: “Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista sólo cabe la respuesta agresiva de los países explotados”.

Guadalajara fue emblemático porque allí se dirigió especialmente a la juventud, a la que entendía como la vanguardia de la batalla contra el capitalismo. La herencia de aquel discurso fue la célebre frase “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica”. Pero precisamente la concepción de juventud de Allende no era para nada biologicista.  

“Hay jóvenes viejos que comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba, qué dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses”, ejemplificó.

El compañero presidente dejó entonces un mensaje que no pierde vigencia: “La juventud tiene que entender que no hay lucha de generaciones; que hay un enfrentamiento social, que es muy distinto, y que pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento los que hemos pasado de los sesenta años y los jóvenes que puedan tener 13 o 20”.

Allende pasó a la historia como un ejemplo, aunque siempre se mostró como un deudor de su pueblo, el que le había permitido estudiar y ser médico, luego diputado, luego presidente. No falló a esa gratitud y fue plenamente consciente de ser el intérprete de una afrenta al capital en un momento bisagra, de revoluciones y dictaduras. 

“Vivimos la época inquietante de un mundo que cruje, donde el hombre hecho pueblo y el pueblo hecho hombre quieren estar presentes, no sólo en el derecho a vivir, en el derecho cotidiano al trabajo, a la educación, a comer, al descanso o la recreación, sino también en la grande y noble dimensión histórica de construir con su esfuerzo, de poner los ladrillos del gran edificio que no se improvisa: de una nueva sociedad, sobre la base, también, de la moral de un hombre nuevo”, afirmó ante la Cámara de Diputados, meses antes de asumir su mandato como presidente.

“Sé que, más allá de lo que puede un hombre, aunque tenga el poder, y más allá de los partidos o fuerzas sociales que forman la base política de su acción de gobernante, está el pueblo; el que ha conquistado los derechos, el que ha luchado y se ha abierto camino, desbrozando la maraña de los intereses bastardos, para asomarse por su propio sacrificio a un pedazo de justicia que era tan necesario”, agregó. 

Hoy recordamos a Allende porque su camino no se detuvo el 11 de septiembre de 1973.

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Por Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires, Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)

Contra la amnesia social instalada desde los diferentes gobiernos de turno, post-dictadura, desde la Concertación hasta la derecha, quienes han sembrado en las bases sociales de nuestro país; en los barrios más humildes, en las capas medias y en la estructura social y política de Chile, el olvido. Contra este olvido es que luchamos, porque creemos necesario recordar y reivindicar a la Unidad Popular, al compañero presidente Salvador Allende, y a compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos que lucharon y se organizaron para construir una nación que entregue derechos sociales a sus protagonistas: las los trabajadores.

Nos negamos a olvidar a ese Chile que centraba sus esfuerzos en la educación y la salud como derechos humanos inalienables para la vida del pueblo, y que era obligación del Estado garantizar dicho acceso. Nos negamos a olvidar a ese Chile que pretendía nacionalizar sus recursos naturales para terminar con la dependencia económica de los países centrales, desarrollando su propia industria con control obrerx y comunitario. Nos negamos a olvidar a Miguel Henrriquez, a Salvador Allende, a Víctor Jara, a Violeta Parra. Actores y actoras de un proceso único en el mundo, en donde el poder popular y el protagonismo de las comunidades sociales y los territorios tenían centralidad estratégica.

La llegada de la Unidad Popular al poder, la llegada de las bases sociales de Chile al centro político, fue quizás el intento más importante de la historia reciente, intento por dejar atrás la sumisión, presente en la historia pasada de nuestro pueblo. El laboratorio estadounidense, aplicado en nuestro continente, diseñó un modelo neoliberal para Chile, que terminó potenciando la matriz social del siglo XIX, un modelo de subordinación a los dictados de las clases dominantes, obediente a la nueva dictadura económica, instalada desde el golpe de Estado en adelante.

La dictadura genocida de Pinochet, y la contrarrevolución neoliberal instalada a sangre y fuego, tuvieron dos principales objetivos: violar los derechos humanos de todos aquellos y aquellas disidentes de la dictadura, e instalar un modelo político, social y económico neoliberal importado desde Estados Unidos con Milton Friedman, los Chicago Boys y compañía, que privatizaron los bienes públicos y los sectores estratégicos del país. Esto tuvo consecuencias correlativas: la desarticulación de las organizaciones sociales, sindicales y políticas; la privatización de la vida pública y comunitaria; el predominio del individualismo apático y la desintegración de los lazos sociales anteriormente construidos.

A pesar de que a mediados de la década del 80 y 90 se reactivaron las luchas populares en contra la dictadura, la hegemonía neoliberal siempre estuvo presente en la columna vertebral del Estado Chileno y sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría -coalición de partidos que se hacen llamar de centro izquierda-, gobernaron continuamente durante 20 años, administraron el modelo político-económico de Pinochet sin generar transformaciones estructurales.

En la tan aplaudida democracia chilena, no hubo, ni ha habido cambio de la constitución vía asamblea constituyente, derecho a la educación, salud, vivienda, pensiones y condiciones laborales dignas. Solo introdujeron cambios cosméticos que no modificaron la raíz de la herencia dictatorial. Además contribuyeron significativamente a la despolitización de la sociedad, tecnificando y reduciendo la política a los partidos del establishment local y a los supuestos expertos internacionales, despojando el carácter social, comunitario y popular característico de la vida política chilena. La supuesta transición en realidad fue un pacto entre la junta militar y la oposición para mantener el legado de Pinochet, fue un pacto inter-burgués exitoso a diferencia de otros procesos latinoamericanos.

En la actualidad, la herencia del modelo neoliberal pinochetista es claramente visible: toda la vida social está mercantilizada, y encausada a las ganancias de los especuladores financieros y corporaciones empresariales dueñas de todo. La salud, la educación, las jubilaciones, las viviendas, la comida, son un negocio y sus acciones están en Wall Street, mientras tanto la mayoría de las familias chilenas trabajan para consumir y endeudarse, endeudarse y consumir. En este círculo vicioso entre trabajo, consumo y ganancias solo se benefician los mismo de siempre.

Ahora bien, donde hay represión y falta de acceso a derechos sociales, hay también resistencia. La repolitización de la sociedad chilena, desde los 2000 en adelante, comenzó y continúa desde la organización social, desde las bases, es decir, desde abajo y a la izquierda. Los movimientos sociales por la educación-secundarios, universitarios, profesores y apoderados-, el movimiento feminista, los sindicatos, el pueblo mapuche, las organizaciones socioambientales, han sosteniendo las luchas sociales hasta la actualidad, en pos de una sociedad mejor.

Sin embargo, la escasez de unidad y dirección política han obstaculizado el acceso a conquistas concretas y derechos humanos fundamentales. Sobre todo en un gobierno derechista, neoliberal y represor como lo es el de Sebastián Piñera, quien en este año y medio de gestión ha orientado principalmente sus políticas a precarizar las condiciones sociales y materiales de la clase trabajadora, las mujeres, los niños y niñas, el pueblo mapuche, las disidencias sexuales, entre otros sectores en lucha.

Este modelo de saqueo instalado a partir de la dictadura de Pinochet, basado en el extractivismo y la agroindustria, con el saqueo de los recursos naturales, están llegando a un punto de crisis social, política y ambiental nunca antes vista. Este nuevo escenario abre una nueva etapa de crisis y luchas sociales, en el marco de conflictos orientados a defender las condiciones de vida, en cuestiones tan básicas como el derecho a un entorno libre de contaminación, derechos laborales, educación pública y gratuita, salud pública y de calidad, jubilaciones por encima de la línea de pobreza, entre otras tantas luchas reivindicativas que tiene por delante el pueblo chileno.

En este sentido, es una necesidad urgente que las organizaciones chilenas estén a la altura de las circunstancias y puedan articular una resistencia y ofensiva lo más organizada posible para poder frenar la inevitable crisis social, no solo en Chile sino también en Latinoamérica. El laboratorio gringo está por estallar, y la lucha en el terreno institucional y no institucional, la síntesis de estos dos métodos, harán la diferencia en esta nueva etapa. Chile, sus trabajadores y trabajadoras, necesitan salir del lugar de subordinación y convertirse, de una vez por todas, como lo que se merecen: un pueblo digno, un pueblo libre, un pueblo con todos los derechos, recuperando toda la rica tradición de su historia y luchas sociales.

Ver más: Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires

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El 11 de septiembre se conmemoraron 45 años del asesinato de Salvador Allende en Chile. En la Casa de Amistad Argentino Cubana se realizó una actividad política cultural.

El viernes 21 de septiembre se realizó la actividad político cultural: Los 1000 días de la Unidad Popular en Chile, para recordar el aniversario del asesinato de Salvador Allende y el derrocamiento del proyecto de gobierno que representaba. Con un panel integrado por Jorge Kreynes, del Partido Comunista Argentino, Gino Straforini militante del MIR y coordinador del proyecto Propuesta Tatú y Patricio Gutierrez del PC Chileno.

La actividad se realizó,  en la sede de Buenos Aires, de la emblemática Casa de Amistad Argentino Cubana, lugar de referencia para actividades del campo de las izquierdas argentinas y regionales, organizado por el Centro Cultural Neruda y con la adhesión del Partido Comunista de Chile, el Frente Amplio de Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, Federación Juvenil Comunista y Patria Grande.

El hoy como continuidad histórica  

Para terminar la semana, en un ambiente de militancia, distendido se llevó adelante la actividad político cultural, con exposición, debate y buena música de la región, al finalizar. Los panelistas, sobre el fondo de Martí,  el Che y los revolucionarios de nuestramérica,   hicieron algunos aportes a la reflexión colectiva.

El gobierno de Salvador Allende en Chile constituye un hito en la historia de las conquistas populares en la institucionalidad de la región. “El gobierno de la Unidad Popular, forma parte del movimiento de avance de las fuerzas populares en Latinoamérica, que es la continuidad a nivel regional de la revolución cubana y un paso previo a la revolución sandinista y que muchas veces se omite”, así lo destacó Jorge Kreynes. Por su parte Patricio Gutierrez, a su turno, sumó  su aporte al expresar que “el 11 de septiembre no solo representó el derrocamiento de un gobierno sino que representa la instalación del neoliberalismo en América Latina,  y además remarcó que,  con él se instaló una cultura que hoy sigue vigente en Chile y contra la cual es muy difícil luchar”.

El lugar central del panel, estuvo reservado a Gino Straforini, reconocido por su militancia en el MIR desde aquellos años, que aportó una lectura del momento histórico con continuidad hasta el momento actual.  “Desde este Chile que ha conocido el dolor y que ha buscado por todos los medios la posibilidad de la vida, la utopía del amor, hoy volvemos a colocar los ojos en un pasado que es un presente permanente del cual hemos salido heridos, pero decimos con orgullo que ninguna gota de odio ha roído nuestro corazón”.

Salvador Allende ejemplar

“Si hablamos de Chile y su 11 de Septiembre, hablamos de ese Allende que produjo cambios en mi país, que fue Ministro de Salud, que siendo senador salvó la vida de los compañeros que quedaron vivos de la guerrilla del ELN y el Che en Bolivia, que le abrió los brazos a los militantes fugados de Trelew y permitió su salida a Cuba, que hablando en Naciones Unidas, denunció a la ITT, transnacional norteamericana y al mundo financiero de aquel entonces. Del Allende que poco tiempo antes del golpe, en un estadio dijo :  cumpliré el mandato que me dio el pueblo, no tengo pasta de mártir pero defenderé con mi vida el gobierno popular, del Allende que fue capaz de tomar el (fusil) AK,  que le regaló Fidel, se puso un casco en su cabeza y a pesar de ser un pacifista, combatió, casi en soledad, pero combatió, y que cumplió con su palabra dada al pueblo chileno, Latinoamericano y del Caribe”, así describió Straforini y agregó: “estas tareas revolucionarias, latinoamericanistas e Internacionalistas eran y son, las que tanto esperaban y esperan, millones de desposeídos y excluidos de este continente”.

Chile

En la síntesis que trazó Gino Straforini se destaca el valor de una historia que ha sido silenciada, cuyas raíces se hunden en las profundidades. “Chile es un país de síntesis y contrastes, de belleza esplendorosa, de cultura milenaria, de horizontes dilatados, pero es también una tierra de una áspera historia, basta recordar la Masacre de Iquique[i], de una sociedad polarizada, de riqueza y miseria, con un pueblo admirable, ese es mi país”.

“Chile, ha sido escenario de uno de los conflictos más cruentos y complejos del presente. Desgarrado por sus contradicciones y por la represión, cuando le han cerrado todos los caminos este pueblo ha tenido que recurrir a las armas, al igual que en la época de los mapuches,  ahí estalló un conflicto cuyas raíces están en la injusticia, en la opresión y en la miseria”.

Breve historia

La historia tiene sus complejidades, que es imposible reducir a pocas líneas, a riesgo de perder en el camino importantes factores de análisis.

“Desde 1950 se venía dando un proceso ascendente de la lucha de clases en Chile, donde la Central Única de Trabajadores, CUT,  planteaba, desde sus definiciones,  la toma del poder, un proceso de acumulación y crecimiento por parte de la izquierda de clase. En ese proceso, las clases dominantes, como consecuencia de la democratización progresiva que experimentó la sociedad chilena,  durante los 60 y hacia los 70,  se sintieron amenazadas por el avance territorial del proletariado, del campesinado, de los trabajadores, de la pequeña burguesía empobrecida y radicalizada.  En 1970, la crisis de la unidad política de la burguesía, permitió el triunfo electoral de un movimiento político de carácter popular, aunado por la Unidad Popular y encabezado por Salvador Allende”.

Straforini continuó haciendo un recorrido necesario. “Quien facilitó que esta alianza de clases, es decir la Unidad Popular, UP, ascendiera al control de los cargos ejecutivos del aparato del estado, fue otra alianza de clases representada por la Democracia Cristiana,  que condicionó el programa de la UP.

Esta alianza,  formalizada a través del parlamento, cobró expresión propia en el llamado Pacto de Garantías Constitucionales, que ató a la UP al proyecto burgués de democracia. Un pacto que incluía el compromiso de no realizar reformas en las FF.AA., ni a la policía, ni tocar los medios de comunicación ni la iglesia.

La crisis de estos acuerdos UP-DC, comienza después de instalado el gobierno de Allende y la UP.

Programa de transformación

El programa de la Unidad popular fue aprobado en 1969, allí se incluían cuestiones que vistas desde el presente tienen aún mayor contenido revolucionario. La lucha contra la burguesía monopólica, la democratización e integración de las FF.AA. y de seguridad, la transformación del estado y la sustitución del sistema capitalista que permitiera superar a un capitalismo dependiente,  la construcción de la propiedad social de los medios de producción, la transformación del sistema de redistribución del ingreso, aumento de la participación del salario en esta redistribución, nacionalización de las explotaciones mineras, la reforma agraria y la transformación de los sistemas de educación, salud, vivienda, cultura y recreación, son solo algunos puntos de un amplio programa de transformación  que se había puesto en marcha en Chile, y que amenazaba con profundizarse.

Straforini como militante activo, en ese momento histórico, que luego sufrió el exilio, hoy puede poner distancia y echa una reflexión crítica sobre ese proceso que fue abortado y hace hincapié en algunas cuestiones, “Se confundió un proceso de profundización democrática que, asumía un carácter popular,  cada vez más pronunciado, con la transformación de la lucha democrática en lucha socialista”.

Además agrega según su parecer y a la distancia lo que podrían constituir algunos errores que continuaron a través del tiempo,  y cuyas consecuencias aun hoy perviven “en la escasa o nula oposición al pinochetismo desde la burguesía, a la falta de una adecuada interpretación de las izquierdas de la crisis del patrón de acumulación,  en el contexto geopolítico global de las crisis, a la confusión entre los movimientos de protesta con movimientos insurreccionales de masa, entre otros”.

“Salvador Allende nos sigue mostrando el camino y, ese camino es el camino de los revolucionarios, de la izquierda en general, del campo popular, es la consecuencia, es el camino de la humildad, del compromiso, el de la entrega total, entendiendo que la lucha es por amor a los seres humanos, a la tierra, a la vida. Allende nos muestran a cada instante el camino para vivir luchando por lo que diremos y haremos, como los hombres y mujeres libres como Micaela Bastidas, Tupac Amaru , Che Guevara, Allende, Miguel Enriquez, Bolivar, Juarez y Fidel, entre otros, que  dieron hasta sus vidas por los pueblos de esta América”.

[i] Masacre de la Escuela Santa María de Iquique

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Dos leyes cambiaron la fisonomía del campo y la sociedad chilena en 1967: la Ley de sindicalización campesina y la Ley de Reforma Agraria. Fue el fin del latifundio, cuyas raíces se hundían en la Colonia. Luego vino el golpe y sucesivos decretos sepultaron lo conquistado. Fue la llamada Contrarreforma, cuyos mecanismos son los que han estructurado el campo actual.

José Bengoa, Memoria, patrimonio y terremoto en haciendas y pueblos de Chile central, señala: “El Estado de Chile se construyó en los hombros de la sociedad que existía en el valle central […] No es el Estado el que construye la sociedad del valle central. Esta sociedad ya estaba construida.”

Se trataba de otro país cuya mayor población se encontraba en el campo. Una época donde los fundos, muchos herederos de las encomiendas de la Colonia, se extendían por miles y miles de hectáreas. Por ejemplo, el caso de la hacienda Catapilco de la familia Ovalle, que se mantuvo casi sin modificaciones desde 1599. Época de “la obligación”, como era conocido el vínculo que los campesinos sin tierra y los inquilinos tenían con el hacendado. Tiempos donde el terrateniente tenía poder sobre la vida de quienes vivían al interior de la hacienda. De tratos como “mande patrón”, “mande mesía” y miradas al suelo. De castigo físico con el cepo donde se amarraba de los pies a los rebeldes. De paga en regalías con sacos de porotos, trigo y leña para el año. De “la galleta”, que era la colación que le entregaban a los trabajadores cuando se presentaban en la llavería de la hacienda, al despuntar el alba, antes de iniciar su faena diaria. De descuentos en las colas de pago, de analfabetismo y carencia de escuelas. Ni siquiera había radio ni diarios dentro del fundo. El que los tenía debía esconderlos.

Mayoría de edad

En 1967 fue promulgada la Ley 16.625 de sindicalización campesina por el gobierno de Eduardo Frei (padre).

“La Ley de Reforma Agraria y la de sindicalización campesina no se explican por separado”, señala Sergio Gómez, quien a partir de 1967 trabajaría en el Instituto de Capacitación e investigación en Reforma Agraria (ICIRA), desarrollado por la FAO y el gobierno chileno de la época.

Gómez agrega otra causa más: la reforma electoral de 1958 y la creación de la cédula única. “Hasta ese momento no había libertad electoral. Los patrones decían por quién se votaba en la hacienda. El nuevo sistema crea las condiciones para que los partidos progresistas hagan un trabajo electoral. El voto rural pasa a ser disputable”, recalca.

El anterior gobierno de Alessandri ya había realizado una reforma agraria que, debido a sus limitaciones, fue conocida como “la de los maceteros”. No obstante, “a mediados de los 60 había un acuerdo nacional sobre el tema”, plantea Gómez. No solo coincidían la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Comunista (PC), sino también las organizaciones campesinas, la Iglesia Católica -el Cardenal Raúl Silva Henríquez entregó los fundos de la curia para su expropiación- y organismos internacionales como la mencionada FAO, CEPAL y hasta la Alianza para el Progreso, creada por Kennedy a inicios de la década, para contrarrestar el fuego de la Revolución Cubana.

El 27 de julio de 1967 se promulga la Ley 16.640 de Reforma Agraria. Entre 1964 y 1970, se expropiaron 1.408 predios, el 23,4% de la tierra fértil del país, beneficiando a 21.270 campesinos, especialmente de la zona central.

Haciendas gigantes como Ñuble-Rupanco o El Huique llegaron a su fin. A los antiguos propietarios se les dejaron 80 hectáreas de riego básico como reserva. La Comisión Nacional de Reforma Agraria (CORA) no solo mensuraba terrenos sino que capacitaba y financiaba. Así se iniciaron los asentamientos, forma de propiedad colectiva cuyo objetivo era la producción agrícola a cargo de los campesinos organizados.

“La tierra para el que la trabaja”

En consecuencia, la tierra que no era explotada se expropió. Durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) la reforma agraria se profundizó. En tres años se expropiaron 4.401 predios, correspondientes al 35,3 % de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias.

El plan de gobierno era transformar los asentamientos en Centros de Reforma Agraria (CERAS). Así ocurrió en los lugares donde los campesinos favorables a la UP eran mayoría. En otros casos, se mantuvieron los asentamientos. Otro objetivo fue la creación de los Centros de Producción (CEPROS) que pretendían ser granjas modelo de propiedad estatal. Hacia 1972, se repartían en los campos chilenos 300 asentamientos, 700 Comités campesinos, 100 CERAS y 30 CEPROS.

En territorio mapuche, el gobierno de Allende usaría la Reforma Agraria para devolver tierras usurpadas a las comunidades.

El golpe

El golpe de Pinochet modificó de raíz lo que pasaba en el campo. Desde los primeros momentos, la represión contra dirigentes sindicales y campesinos cercanos a la UP fue brutal. Los crímenes de Paine, los fusilamientos de Lonquén, el encarnizamiento con que fueron perseguidos los obreros del Complejo Forestal Panguipulli o la persecución a los mapuches de Malleco, pueden considerarse revanchas con fines ejemplificadores.

El Decreto Ley 208, en los hechos, expulsó de las tierras a la dirigencia sindical de izquierda y a quienes participaron de tomas de fundo.

En 1978, otro decreto ley disolvió las organizaciones sindicales. La CORA corrió similar destino en ese año.

Sin embargo, no todas las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Un tercio se reasignó a campesinos, algunos pertenecientes a asentamientos. La dictadura profundiza un proceso de privatización de la tierra. Tal como en el llamado “capitalismo popular” se hizo creer a los campesinos, en tanto pequeños propietarios rurales, que tenían alguna posibilidad de desarrollo. Paralelamente se desincentiva la organización cooperativa y se paraliza la ayuda estatal. La Reforma Agraria fue derogada en los hechos, por el mencionado Decreto Ley 208 y los 1600 y 2262, que entre otras cuestiones permitieron la venta de parcelas del proceso derivado de la Reforma.

Asfixiados por deudas, los campesinos empezaron a vender. Por ejemplo, en la región de Maule, de 9.750 asignatarios de tierra en 1974, el número baja a 2.061 en 1980, y apenas 640, un par de años después. La superficie en hectáreas, en manos de pequeños propietarios desciende de 225.464 a 14.632 en 1982. Hacia 1984, el 50 % de las tierras entregadas por la CORA habían sido vendidas.

Los nuevos actores

Los nuevos actores del campo provienen del empresariado y la banca. Es el inicio del agronegocio. La dictadura permite y promueve que el campesino venda el pedazo de tierra individual que le tocó con la Reforma Agraria. Al no tener capital, ni recursos, ni asistencia técnica, las tierras son vendidas o arrendadas por unos pocos pesos, pero no se reconstituye el latifundio, sino que se produce una inyección de capital y tecnología en el campo. Eso la realiza la banca o la industria.

En este sentido el Decreto Ley 701, que bonifica la reforestación, en los hechos, subsidia la plantación de miles de hectáreas de pino insigne y eucaliptus por parte de empresas privadas como Mininco y CMPC, o antiguas estatales privatizadas como Arauco. Las gigantescas extensiones del Complejo Maderero Panguipulli acabaron en las manos de un puñado de apellidos de la élite empresarial.

Vastas zonas del campo chileno se transformaron en un complejo agroindustrial con plantaciones de cítricos, paltas, arándanos, kiwis, viñedos, flores mayormente para exportación. También comienza el incremento de centros productores de aves y cerdos.

¿Una nueva reforma?

Francisca Rodríguez es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri y sostiene: “Ya terminamos con el latifundio pero tenemos que terminar con la extranjerización de la tierra, con la reconcentración para los grandes negocios; el campo no se puede convertir en parques del recuerdo, canchas de golf, parques privados, poblaciones. Tiene que alimentar al pueblo”, sostiene.

“Habría que sacar los (agro) tóxicos y la transformación genética, especialmente de la semilla”, agrega Carlos Opazo, antiguo dirigente de la Confederación Campesina Ranquil y hoy guardador de semillas. “Esa nueva reforma debiera garantizar la protección de la naturaleza, desarrollando tecnologías limpias. El derecho a la tierra de mujeres y jóvenes, campesinos y de los pueblos originarios. Que le otorgue valor de bien de uso común a las aguas dulces. Que se garantice que el trabajo en el campo sea permanente. Que haya una verdadera educación rural para los niños”, señala entre varias demandas.

Fuente: El Ciudadano, Santiago, Chile, Julio-Agosto 2017.

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