Por Redacción Marcha

El flamante ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, inauguró su gestión con dos medidas que podrían dar señales clarísimas del rumbo de su política pública. En primer lugar, el miércoles pasado resolvió despedir al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, y el viernes anunció el cierre del servicio de guardia e internación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. Al personal de la institución se le informó que ya estaría firmado el decreto para el cierre definitivo de la institución ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. 

La noticia llegó a pocas horas del fin de semana, pero en muy poco tiempo se activó una red urgente de acción colectiva para denunciar la medida del gobierno que implicaría el despido de 600 trabajadores y trabajadoras y dejaría sin atención a miles de pacientes que concurren a la institución. De inmediato se multiplicaron los comunicados en redes sociales, los mensajes y la convocatoria a un festival destinado a las infancias que tuvo lugar durante toda la tarde del domingo en las puertas del hospital donde también funciona el “Jardín de los abrazos”. La comunidad fue a abrazar al Bonaparte, a sus trabajadores y pacientes, porque tal como lo expresó una psicóloga del hospital, Sofía Marino, “esta lucha también es de los pacientes”. Sofía trabaja en el área de demanda espontánea y coordina un grupo de mujeres y disidencias, al ver la cantidad de gente que se hizo presente destacó la respuesta de la comunidad y de diferentes sectores para acompañar la lucha. “Es un día muy importante porque vamos a hacer una vigilia para profesionales dentro del hospital para impedir el cierre de la institución”, afirmó la psicóloga. “Es un hospital que tiene una amplia trayectoria en el trabajo con la comunidad del barrio y también a lo largo de todo el país. Somos el único hospital de salud mental con referencia nacional, acá se acercan distintas personas no solamente de Parque Patricios, sino de todo el país para consultar por tratamientos que, cabe aclarar, no se están facilitando ni se están garantizando en ningún otro espacio”.

Aunque el gobierno calificó la medida como un “reordenamiento” y “plan de reestructuración del Hospital Bonaparte”, para las y los trabajadores “el cierre del hospital es casi inminente en la medida en que no se nos dé ninguna respuesta”, afirmó la licenciada Sofía Marino. Además, añadió que “la situación es muy precaria en este momento. Nos encontramos no solamente con el inminente cierre del hospital sino con recortes. 30 profesionales, trabajadores del hospital fueron despedidos, sufrimos recortes salariales y estamos con un 1% de aumento en el último mes que, claramente, no acompaña la situación económica actual”. A esos 30 despidos se suma la pérdida de otros 30 profesionales que debido a las condiciones de precariedad laboral se vieron forzados a irse. Precarización, desfinanciamiento o cierre directo de las instituciones es la política pública del gobierno de Javier Milei en materia de salud pública. Para la comunidad del hospital es muy preocupante la situación de las 37 personas internadas, “no sabemos qué puede pasar con los pacientes. Estamos muy preocupados”, afirmó la psicóloga, “dicen que van a redirigir a los pacientes a distintas instituciones pero no va a ser posible porque son pacientes con alta complejidad que se encuentran en tratamiento psicológico psiquiátrico, algunos están internados y la situación es muy compleja. No tenemos otra respuesta por eso, la respuesta la está dando el pueblo, nosotros como profesionales y los pacientes”. Ante esta situación de deriva para las y los pacientes en situación de internación, los más de 500 adultos y 360 niños, niñas y adolescentes que se atienden en el Hospital Bonaparte, el CELS presentó un Habeas Corpus que el juzgado Criminal y Correccional 44 atendió en el día de hoy y le dió 24 horas al Ministerio de Salud dar explicaciones sobre el cierre de los servicios, el plan para las personas internadas, si serán derivadas y a dónde.   

La llegada de la gente era continua, se sumaban banderas de agrupaciones, asambleas barriales y personas que se atendieron en el Hospital que desde 2016 lleva el nombre de la psicóloga Laura Bonaparte, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Toda la extensión de la calle Combate de los Pozos hasta la Avenida Caseros estaba colmada de apoyo para impedir el cierre del Bonaparte. Llegaron quienes se atendieron en el hospital, quienes tienen o tuvieron familiares o seres queridos internados o en tratamiento. Para Alfredo Fernández Oro, integrante de Jubilados Independientes y ex trabajador estatal, el cierre del Hospital Bonaparte “es algo nefasto. En su rubro es lo mejor que hay. Cerrar la guardia, la internación. No hay otro hospital de excelencia así en la capital. Es parte nuestra el Bonaparte. Como agrupación de jubilados significa mucho acompañar esta lucha también, es un orgullo junto con las asambleas. La salud pública hay que defenderla y tenemos que ser mayoría”, afirmó. 

“Acá respetaron mi pronombre, nada más y nada menos que eso”

En la esquina la Columna Mostri convocó a una asamblea pública, allí se compartieron experiencias vinculadas con el Hospital Bonaparte y el vínculo de la institución con la comunidad LGTBIQ+. Desde el respeto por el pronombre hasta la creación de políticas públicas para darle abordaje al tratamiento de la salud mental y/o a los consumos problemáticos, el hospital desde su creación en 2016 está cerca de las disidencias sexuales. An Millet, trabajador social del Bonaparte, comentó sobre el trabajo para facilitar la accesibilidad a la salud de travestis y mujeres trans con consumos problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires iniciado en 2017 producto de una investigación que, en 2018 creó “el vínculo directo con el Hotel Gondolín y el armado de un equipo interdisciplinario que va todas las semanas, desde ese momento, a atender a las travestis y mujeres trans que viven en el hotel. Esa es una política que se sostiene hasta el día de hoy”. Posteriormente, “en 2019 se abrió el servicio de salud integral que es el que garantiza en este momento los procesos de hormonización y también los tratamientos de manejo del dolor para personas que tienen silicona mal aplicada. En 2020 se hizo un trabajo de adecuación de los formularios y los procesos administrativos para que coincidan con la identidad de género que, si bien, se hizo un primer adecuamiento cuando salió la ley en 2012, en 2020 se llevó adelante de forma más precisa”, dijo An Millet. Desde 2021, el Bonaparte comenzó a articular con una organización Socio Ballroom que es parte de la cultura ballroom de la Ciudad de Buenos Aires, porque empezaron a recibir muchas de situaciones de personas con problemáticas de salud mental o de consumo problemático. El respeto por el pronombre no es ni más ni menos que el trato digno y en muchos casos, una puerta para iniciar un tratamiento de salud mental para personas de un colectivo que supo ganar derechos y que, hoy está en riesgo por el desguace de políticas públicas. Desde su inicio el Hospital Laura Bonaparte acompaña a la comunidad LGTBIQ+, de hecho, cuenta con el 1% del cupo laboral travesti trans antes de la sanción de la ley. Además de llevar el nombre de una madre de Plaza de Mayo, el auditorio lleva el nombre de Diana Sacayán.

Foto de portada: Rocío Prim

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Por Laura Salomé Canteros / Foto: Archivo Marcha

Dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el 0800 222 3444 de Salud Sexual, brinda desde 2010 información y asesoramiento sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de forma gratuita y confidencial a quienes habitan todos los territorios del país.

Desde entonces, “la Línea”, que se sostiene por sus trabajadoras y trabajadores, es una herramienta eficaz y eficiente para la promoción de la educación sexual integral y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Brinda información, se realizan derivaciones y se brinda contención para quienes consultan sobre el marco normativo vigente y el acceso a los servicios e insumos de salud sexual, interrupciones voluntarias e interrupciones legales del embarazo, ligadura tubaria, vasectomía, anticoncepción hormonal de emergencia, métodos anticonceptivos, prestaciones para el pleno ejercicio de la ley de identidad de género, atención post-aborto, violencia obstétrica o sexual o incluso fertilización asistida.

 “En algunas temáticas, según la consulta que llega al 0800, se puede generar una secuencia que es básicamente el pedido de intervención de áreas específicas del Ministerio de Salud”, explicó ante la consulta Yamila Picasso, politóloga especializada en políticas públicas de salud. De esa forma, la cartera nacional responde a la demanda y consultas que en ocasiones “tienen que ver también con los obstáculos o las barreras de acceso a métodos anticonceptivos e interrupciones voluntarias o legales del embarazo o para dar derivación a efectores para garantizar la práctica de las interrupciones del embarazo”.

En el periodo entre 2010 y 2022, la línea 0800 del Ministerio de Salud, recibió más de 159.600 llamados de los que 55.727 generaron secuencias o pedidos de intervención; y mientras que las consultas de métodos anticonceptivos y otros motivos se mantuvieron relativamente constantes, las relacionadas con interrupciones del embarazo crecieron de forma sostenida desde 2018, año en que se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación la que es hoy Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Además de ese pico en el transcurso de estos años, lo que más aumentó fue en el año 2020, en donde fue pronunciado, en ascenso y constante de los llamados, por la sanción de la ley 27610, y por el contexto de pandemia, en donde todo lo que fue la atención telefónica recobró un gran protagonismo”, rememoró Picasso. 

Durante el 2022 se recibieron 38.384 llamados, de los que 15.612 generaron secuencias. De estas, el 90% fueron consultas por interrupciones voluntarias y legales del embarazo, el 7% de métodos anticonceptivos, y el resto de los motivos alrededor del 3%. 

“Estos datos son fundamentales para tener una empiria en la toma de decisiones de las políticas públicas”. Para Picasso, “es fundamental que el 0800 sea una política garantizada por el Estado, no por organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces pueden tener buenas intenciones, sin embargo, tienen intereses particulares”.

Y agregó: “Es el Estado el que debe dar garantías brindando información, dando contención y pidiendo derivación en los casos necesarios para que todas las personas puedan acceder a su derecho a decidir sobre su vida reproductiva”.

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Por Jenny Durán

Cynthia Hotton es una operadora política del campo religioso, más precisamente, del culto evangelista que explotó en Argentina a partir de la década de los 90´, con la presencia de pastores en los recién privatizados canales de televisión y la implantación de las iglesias pentecostales en barrios populares.

Hotton logró ser una referente del conservadurismo religioso desde su ingreso a la Cámara de Diputados en 2007. Su iniciación a la política partidaria lo hace de la mano del partido Recrear de López Murphy, partido con el cual, su padre, Arturo Hotton, con fuerte raigambre en la comunidad religiosa, miembro de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y diplomático de carrera, se postuló como candidato a vice gobernador en 2003, con Hernán Lombardi como gobernador.

Desde ese mismo partido, Cynthia Hotton fue candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en 2003 y 2005 sin mover el amperímetro. Hasta que es propuesta como candidata a diputada nacional por CABA en las elecciones de 2007 en alianza con el PRO. Federico Pinedo fue quien encabezó la lista, que para cumplir con la ley de cupo, tenía que ser secundado por  una mujer. Además, fue una elección con fuertes figuras femeninas como candidatas a primeras mandatarias: Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner, quien resultó electa por primera vez como presidenta, duplicando en votos a su adversaria.

Hotton llevó su agenda a la política como una “misión religiosa”. Su gestión en la Cámara de Diputados fue inaugurada con un proyecto de declaración de interés del Festival “Sí a la Vida Buenos Aires 2008”, a cargo del predicador evangelista Luis Palau –con quien empezó a predicar Hotton padre a sus 19 años- en la que estuvo presente el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri.

El periodo en que se desempeñó como legisladora comprende un momento político con  importantes debates de proyectos que conforman el relato kirchnerista. Votó negativamente la reglamentación de la resolución 125, la estatización de Aerolíneas Argentinas y la creación del Sistema Integrado de Pensiones de Argentina (SIPA) -que convierte los fondos provisionales en públicos-. Es más, se la vio marchando a favor de las AFJP en el momento del anuncio del proyecto, junto a “autoconvocados” acompañados por algunos representantes de la llamada mesa de enlace.

Siempre empecinada con su cruzada es en pos de “una familia con mamá y papá” y lo biológico como factor unívoco de la sexualidad se le escuchó decir “Soy mujer con ovarios. Soy femenina, soy natural, orgullosamente mujer y agradecida a Dios por ello”.  En tanto que una de las iniciativas que la tiene como firmante declara al “útero de la mujer y sus órganos como ambiente protegido” para garantizar la reproducción de la especie. 

En su rol de diputada, Hotton se erigió como representante del lobby de sectores conservadores de las iglesias. Se posicionó contra el proyecto de muerte digna y fertilización asistida con argumentos más terrenales que religiosos en base a  la noción de que se es persona desde la concepción y quiénes tienen derechos sobre la vida. Sus declaraciones se basan en interpretaciones sobre pactos internacionales, que los propios representantes de los organismos de Derechos Humanos y juristas locales se encargaron de aclarar y corregir en diversos debates en base al carácter jurídico de la persona, la autonomía y el consentimiento informado, entre otros atributos que contemplan los tratados de derechos humanos.

En su performance como legisladora demostró ser una antiderechos de toda la cancha. Se abstuvo cuando se votó la Ley de marco regulatorio a las empresas de medicina privada; estuvo ausente –aunque sí participó de la sesión- cuando se votó el Régimen para personas empleadas de casas particulares. Votó negativamente el desafuero del genocida Patti. Votó contra la jerarquización del Banco Nacional de Datos Genéticos que determinó su ámbito de actuación como organismo autónomo y autárquico; contra de la modificación de la Ley 25.323 para cobrar en igual término las indemnizaciones laborales en caso de trabajo no registrado, se pronunció en contra del informe “Papel Prensa, la verdad”.

Lobby y rosca de la derecha 

Por desacuerdos con el macrismo en la incorporación a las listas de candidatos de su culto decidió en 2009 apartarse del bloque PRO y creó el unipersonal “Valores para mi país”. La no pertenencia al bloque PRO le permitió jugar más abiertamente con otros bloques y empezar a hablar de la necesidad del pluripartidismo, una estrategia en función de acercarse a otros sectores del Congreso. Es conocida la relación con Julio Cobos durante el “no positivo” del entonces vicepresidente, corrieron maratones juntos, lo promovió en sus apariciones mediáticas como presidente en 2011, elección en la que CFK acuñó el 54 %.

En 2010 presentó el proyecto de “Libertad Religiosa”, a partir del cual se crea el Registro Nacional de Confesiones Religiosas para iglesias y comunidades de fe. Con este proyecto, Hotton, lleva a la Cámara de Diputados a diferentes representantes de confederaciones religiosas, en un intento de demostrar su poder de convocatoria de estas entidades en el ámbito político. Esta iniciativa nunca prosperó. 

También hizo tándem con Liliana Negre de Alonso, senadora del Opus Dei, amiga del ex obispo castrense Antonio Basseoto, quien en un acto en el Senado dijo directamente “nuestros enemigos son la ONU, la OEA, el Parlamento y la Comisión Europea… tenemos que verlos como enfermos a los que hay que extirparles el cáncer”. Tándem que marca la alianza de las iglesias a favor de la “familia cristiana”. El símbolo y basamento natural de la sociedad que históricamente fue defendido por el catolicismo, encontró una coalición más amplia que va a movilizar a distintos sectores confesionales.

Sin embargo, el estilo Hotton no es tan agresivo ni directo, es más acomodaticio según quienes sean sus interlocutores. Aprendió durante su mandato como diputada que debía ser cuidadosa con su prédica religiosa en algunos escenarios. En sus primeros años de mandato sí empuñaba la doctrina: “La política necesita compasión y los evangélicos tenemos mucha para dar”. 

Durante su discurso en la sesión para ratificar la medida 125 recurrió a una reflexión bíblica para pedirle a las y los diputados que no se aparten de la ley de Dios: “Dios le dio un simple consejo que voy a leer…¨Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te mandé. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra¨. Luego fue bajando su tono devoto. “No digo que soy evangélica en el recinto pero todos lo saben, pero por ejemplo yo tengo muy buen diálogo con todos los diputados”. 

Redentora

Una mujer que se formó desde chica entre la política, la carrera diplomática y la superestructura religiosa plantea que su espacio es apartidario, desideologizado, quiere ser puente, diálogo, traer a la política valores y principalmente unir a quienes estén a favor de la vida y la familia tradicional. Hotton tomó como caballito de batalla la agenda social para ir en contra de leyes y derechos ciudadanos desde los propios dispositivos de la producción de derechos: la política y la movilización.

“…La única forma para sacar adelante la situación del país es aportar valores cristianos. Porque creemos que la solución a la decencia de la Argentina necesita que nos movilicemos… Yo me veo en donde Dios me ponga”, dice en un reportaje tras haber mostrado una depreciada performance en 2019 cuando compitió como vicepresidenta en las elecciones presidenciales -junto al carapintada Gómez Centurión- sacando un 1,71% de los sufragios totales.

Con su remachada prédica de los valores como la honestidad y la transparencia, vuelve a acercarse al PRO en un año electoral. Hoy insiste con una línea 0800 para “acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado” a través de un Consejo Social que cerró con Rodríguez Larreta. Esta política de tercerización emula un proyecto de ley de la diputada María Casselles que acompañó con su firma en 2008, para crear un “Centro de Atención Telefónica y web SI A LA VIDA” con el fin de convencer a mujeres y niñas que continúen el embarazo.

De la mano de proyectos que no solo limitan, avasallan derechos y hacen utilización espuria de leyes, aparece en espacios institucionales para tener un escenario desde dónde competir electoralmente. Hotton le da a Larreta algo a cambio: una plataforma de organizaciones de fe, con quienes opera desde hace muchos años, acuñando su papel de redentora de la práctica política terrenal y corrompida.

En el acto de anuncio del Consejo Social de CABA, el pasado 10 de marzo, el autoproclamado presidenciable, Horacio Rodríguez Larreta presenta a Hotton como outsider de la política, límpida, transparente: “Ustedes siguen propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país, dando cátedra de sus valores, de su cercanía, de su honestidad, de su altruismo para dar todo por el otro sin esperar nada a cambio”. Ni outsider, ni transparente, ni altruista, con la mirada puesta en el supuesto voto evangélico, los valores que proclaman con este acuerdo es la tercerización de las políticas públicas en ONGs que llevan adelante acciones de beneficencia a cambio de la adherencia a un dogma moral. Nada de garantía de derechos. Un pacto liberal que echa por tierra cualquier responsabilidad del Estado.

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Por Laura Salomé Canteros* | Arte: Iván Barrera

La despenalización social del aborto y la creciente movilización política de los feminismos llegaron en 2018 al debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, interpelando a los poderes tradicionales desde un rol histórico. Sin embargo, a pesar de los evidentes avances y que hoy, con otro signo político en el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación tomó las iniciativas de generar políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y (no) reproductivos, hay territorios del país donde abortar sigue siendo un sinónimo de desigualdad y de poner en riesgo la vida, la salud o la libertad.

Con Estados provinciales y municipales ausentes y poderes judiciales presentes para criminalizar y encerrar, las mujeres y personas con capacidad de gestar ejercen la soberanía sobre sus cuerpos- territorios y abortan o piden auxilio de la mano de redes feministas y profesionales de la salud o de las leyes que circulan de boca en boca.

Por eso, aun con un tipo penal que transforma en delito nuestras decisiones, mujeres, lesbianas, bisexuales y varones trans ejercemos soberanía desobediente. Y muches más, acompañamos. En esta parte del especial “¿Quién defiende a lxs defensorxs” realizado por Marcha, nos proponemos visibilizar historias, testimonios y problemáticas de personas que abortaron o padecieron un evento obstétrico y sus acompañantes en: Tucumán, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Para eso, entrevistaremos a colectivas autónomas de acompañamiento en abortos. Mientras caminamos a la mayor conquista de los últimos años, aborto legal, seguro y gratuito.

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En Argentina, la emergencia sanitaria por el COVID-19 implicó que se determine el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional desde el 20 de marzo de 2020. Esto, ¿cómo afectó la difusión de información para el acceso a abortos seguros? ¿Cómo las restricciones de movimiento amplificaron las vulneraciones de derechos en aquellas provincias o territorios más conservadores política y socialmente?

La problemática no es una cuestión sectorial -ni mucho menos ideológica- y habla sobre el acceso (des)igualitario al derecho a la salud integral de más de la mitad de la población; ya que en Argentina, según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, son entre 370.000 y 520.000 los abortos por año -41 por hora- y son 39.025 las internaciones por consecuencias del aborto inseguro. En Corrientes, 1.278; en Córdoba, 1.325; en Mendoza, 2.392; en San Juan, 1.008; en Buenos Aires, 13.819; y de Tucumán no hay datos.

Y según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2018, 2.350 niñas menores de 15 años fueron obligadas a gestar y parir; y 84.768 adolescentes entre 15 y 19 años se convirtieron en madres. Situaciones biográficas que refuerzan el mandato heteropatriarcal y colonial de la maternidad obligatoria, quitando soberanía en un mensaje violento y disciplinador sobre los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres.

Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la articulación que nuclea a más de 700 organizaciones alrededor de la demanda, no garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, con un Estado presente con sus instituciones, presupuesto y capacitación para les profesionales de la salud, constituye una problemática de salud pública. Y una deuda con la justicia social y los Derechos Humanos.

Según el informe de la Red de Socorristas, con presencia de colectivas feministas organizadas en casi todas las provincias del país, solo en 2019 acompañaron a 12.575 mujeres, lesbianas, bisexuales y varones trans en sus abortos para la salud integral y desobedientes. Siendo las regiones del noroeste y bonaerense donde más les contactaron, respectivamente. Son aquellos accesos seguros, con medicamentos, que no pertenecen al sistema público y en una etapa única, ya que tras 2018, se registran la mayor cantidad de consultas, denuncias y pedidos de acceso a la información.

La demanda política obliga a reconocer y garantizar derechos desde el momento en que fue emprendida.

Sin embargo, ¿cuáles son las historias tras las cifras? ¿Cómo es abortar en pandemia en los territorios más conservadores? ¿Quiénes están dispuestas a acompañar y cuáles son los principales obstáculos para esa tarea feminista? ¿Cuáles son las historias representativas de los obstáculos que nos impiden el derecho al aborto? Y finalmente, ¿por qué seguimos exigiendo la gran deuda de la democracia: aborto legal, seguro y gratuito?

 

DESDE MAÑANA, LEÉ ESTAS ENTREVISTAS COLECTIVAS EN:

https://www.marcha.org.ar/tag/soberania-desobediente/

*periodista feminista. Editora de la sección Géneros. Activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

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Nuria Barbosa León

Además afirmaron que 700 investigaciones y 16 ensayos clínicos, con 13 bioproductos se encuentran en proceso de ejecución, incluido dos vacunas, algo también corroborado por el doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial BioCubaFarma, organismo encargado de la elaboración, producción y comercialización de medicamentos. 

El directivo reafirmó que la mayor isla del Caribe tiene gran experiencia en el desarrollo y producción de vacunas, con la fabricación de ocho de las 11 incluidas en el programa ampliado de inmunización, que ha permitido una cobertura de inmunizaciónn en el país superior al 98 %, con impacto significativo en la eliminación de varias enfermedades infecciosas y la reducción de la tasa de incidencias de otras.

La  vacuna antimeningocócica BC, para el control de la meningitis tipo B abrió este desarrollo de antígenos y luego recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Otro ejemplo es la vacuna recombinante contra la hepatitis b, que permitió hacer desaparecer la enfermedad porque desde el 2000 no se reportan casos de niños menores de cinco años infectados con el virus de la Hepatitis b. 

En el caso de las vacunas contra la Covid 19, desde el mismo momento en que aparece la enfermedad, los científicos cubanos hicieron propuestas contando con el Centro de Investigación y Desarrollo chino-cubano que tenemos en Yonzhov, provincia Hunang, en China. 

Igualmente se activó las comisiones de los consejos científicos del Instituto Finlay de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, instituciones con larga experiencia en los temas de vacunas. Además se creó un grupo de trabajo al cual se integró un núcleo de instituciones de BioCubaFarma, entre ellos, el Centro de Inmunología Molecular (CIM), el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), el Centro de Inmunoensayo (CIE) y el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (Cenpalab). 

Todos cuentan con el especial acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, incluido el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.  “La estrategia fue diseñar múltiples variantes basadas en las plataformas tecnológicas propias. Se ha trabajado con intensidad y, como es lógico, hay algunas que fueron descartándose en el camino, y otras que están teniendo muy buenos resultados. Una de ellas es Soberana 1, actualmente en ensayos clínicos.  Antes de finalizar 2020, es muy probable que tengamos, al menos, otros dos candidatos vacunales evaluándose en humanos”, explicó Martínez Díaz al periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

A la par, Cuba garantiza la producción nacional de 22 medicamentos que se utilizan para enfrentar la Covid-19, así lo divulgó en su cuenta de twitter Carlos Fidel Martín, jefe de la dirección de organismos económicos internacionales del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 

En  la isla caribeña se produce el reconocido Interferón Alfa 2B Humano Recombinante, para elevar las defensa en los organismos contagiados y puedan reducir las complicaciones en los pacientes, evitando acudir a los tratamientos invasivos de las salas de terapias intensivas.

Otro fármaco es la Biomodulina T, inmunomodulador biológico de origen natural para el tratamiento de afecciones respiratorias administrado a los adultos mayores en hogares de ancianos, centros psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos, centros de aislamiento y de protección social. 

El Nasalferón, administrado por vía nasal potencia la respuesta inmune del organismo, y cumple funciones de profilaxis y aminora los posibles síntomas de la enfermedad. Sumamos a esta lista el anticuerpo monoclonal Itolizumab, con resultados alentadores en la aplicación precoz a casos confirmados, y en aquellos pacientes que llegan incluso a la gravedad.

También se incorporan el péptido Jusvinza, conocido por CIGB 258 y el Hebertrans, un factor de transferencia utilizado para la prevención de la infección en grupos de riesgos que tuvieran una evolución desfavorable.

Por tales razones, el presidente cubano al reunirse recientemente con los científicos afirmó: “Cuando uno ve así de golpe, como lo hemos visto en esta sesión de trabajo, tantos resultados concentrados, uno siente tanto orgullo de la ciencia cubana y de su aporte, sobre todo en momentos como este en el que hemos tenido que enfrentar un problema tan complejo, que ha sido un momento crítico en la vida del país”.

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Por Analia Casares, Ornella Tabella, Celeste Romero y Darío Cavacini | Opinión Gráfica por Lucas Milton

Franco Rotelli, Stefano Cecconi y Arthur Chioro mantuvieron un espacio de intercambio y debate con diferentes trabajadores/as sanitarios/as de Latinoamérica. Este encuentro fue el segundo del Ciclo de Conversaciones organizado en conjunto por la radio Fragola de Gorizia y la cooperativa social La Collina de Trieste (ambas de Italia), ACIJ (Asociación por la igualdad y la justicia) y contó además con el apoyo del Departamento de Salud Mental de Trieste y la Universidad de los Estudios de Trieste.   

Los tres disertantes se centraron en el rol fundamental de los/as trabajadores de la salud como agentes de transformación de las políticas sanitarias y de los destinos de los recursos propuestos por cada país. El dinero que está puesto en función de ideas innovadoras, territoriales y con acceso a las mayorías o el dinero público en función de intereses económicos alejados de las necesidades de la gente. 

¿Podemos pensar en modelos económicos de desarrollo que inviertan en salud y bienestar social? ¿Qué características deberían tener para que sean eficientes? Estas y otras preguntas son parte la discusión que han sostenido los oradores que vienen de diversos recorridos institucionales, desde la administración  pública, la ejecución de políticas de Salud y el aporte sindical y la perspectiva de los/as trabajadores. 

Franco Rotelli: Psiquiatra italiano que trabajó con Franco Basaglia en la transformación y cierre del manicomio en Trieste entre 1971 y 1979. Desde 1980 dirigió el Departamento de Salud Mental de Trieste y fue director de La Azienda Sanitaria,  continuó con el trabajo de desinstitucionalización luego del fallecimiento del propio Basaglia. Ha realizado diversas contribuciones a varios países de América Latina, el Caribe y el mundo, posibilitando así el cierre de diversas estructuras psiquiátricas a nivel mundial, en la actualidad es uno de los referentes mundiales del campo de la salud mental.

Stefano Cecconi: Es responsable del área de Salud y Bienestar social de la Confederación General Italiana del trabajo. (CGIL) Activo luchador de la reforma Basagliana en Italia. 

Arthur Chioro: Es Médico sanitarista,  brasileño y Profesor de salud pública en la Universidad Federal de San Pablo. Fue Ministro de Salud, durante el gobierno de Dilma Russef, entre 2014 y 2015. Activo actor de la desinstitucionalización y la lucha antimanicomial. 

Franco Rotelli: La cuestión de la que hablaremos hoy es el distanciamiento que tienen muchas veces los trabajadores de la sanidad y de las políticas sociales, con el tema del dinero. Este tema es fundamental para pensar las políticas y sin embargo los operadores ignoran y/o desconocen completamente lo que realmente sucede. Hay que generar una campaña cultural de cómo se utiliza el dinero en materia de salud, para construir otra conciencia entre los trabajadores. 

Si vemos la experiencia del hospital psiquiátrico, vemos cómo el gasto del dinero muestra su organización. Hay una respuesta económica para sostener la vida de las personas que están ahí adentro. Hace más de 100 años se construyeron un montón de hospitales psiquiátricos enormes, que gastan muchísimo dinero. Hoy en día, tenemos la obligación de preguntarle a quien gobierna porque se gastó tanto dinero hace más de 100 años y ahora se gasta tan poco en salud mental. Sabemos que la diferencia es profunda, ese dinero se puede utilizar para mantener a una persona dentro de una institución o en la comunidad. Con la misma cantidad de dinero podés destruir una persona o apoyar su transformación social, su emancipación, su derecho a la vida.  

Nosotros, en Italia, tenemos centenares de ancianos en residencias, que han muerto a causa el COVID 19. El dinero que se gasta para tener a las personas en estos lugares se podría utilizar para que la persona acceda a otro tipo de vida, con atención en su casa, no alejándola de ella.  Entonces nos damos cuenta que es fundamental la manera en que direccionamos esos mismos recursos. 

Algunos creen que la salud y el bienestar inhiben la economía y hay otros que creen que puede favorecer al desarrollo económico; son dos modelos pensamientos diferentes. Algunos creen que la asistencia sanitaria gratuita a todos reduce las ganas de las personas de ser independientes, aquí es donde nos damos cuenta que es una situación importante el saber que se hace con el dinero. Sabemos si las ideas son las que direccionan al dinero, o si es el dinero es quien direcciona la manera en que se puedan articular las ideas? Esto me pregunto. Por ejemplo, uno de los más importantes empresarios italianos como Olivetti, decidió vender IBM, y ahora hizo una franquicia de residencia para ancianos. 

En Italia tenemos un sistema sanitario nacional, universal, gratuito, de prevención de cuidados, de cura y rehabilitación que es fruto de las luchas obreras sobre el dinero entre los 70 y 80, que garantizan la salud pública y gratuita de todos y todas. En Trieste construimos una red de servicios de salud mental en la ciudad, como alternativa del cierre del hospital psiquiátrico porque le dijimos a la administración pública que no solo bastaba con sacar del manicomio a las personas sino también el dinero, que es lo que permitió construir la red en el territorio. No basta con una buena ley y con una buena ideología para  cerrar el manicomio, se necesitaba también del dinero. 

Es un deber de los trabajadores de la salud saber cuánto cuestan y cuánto producen. 

Es fundamental que los agentes de salud sepan el valor el dinero. 

Stefano Cecconi: Estoy de acuerdo con la intervención de Rotelli y creo que tenemos que preguntarnos qué hemos aprendido y con que nos hemos enfrentado en esta emergencia. 

En primer lugar, la necesidad de políticas públicas fuertes, de un estado fuerte frente los fracasos dramáticos que el mercado ha tenido frente a la situación de pandemia. La mano invisible del mercado no funciona en esta emergencia, como tampoco ha funcionado en el momento en que las personas necesitan mayor atención.

En segundo lugar, es necesaria una asistencia  sanitaria universal, no se puede pensar el cuidado a través de la tarjeta de crédito de cada uno. En Italia el sistema universal y público ha sufrido y se ha enfrentado a grandes dificultades debido a los recortes y reducciones de financiación. Cuando la sanidad se ha ubicado en un sector marginal, de poca importancia, las políticas de austeridad se han dibujado en Europa e Italia. 

Naturalmente no basta con tener el dinero, sino utilizarlo donde se lo necesita. Por ejemplo, lo que dijo Rotelli con respecto al gasto del dinero dentro del manicomio, sabemos que este modo de gastar dinero público no le hace bien a las personas. 

En tercer lugar, necesitamos que las políticas públicas sean fuertes, y estén presentes en el territorio para poder responder  los problemas económicos y sociales de las personas que el mercado no puede resolver. Esto es posible hoy, porque Italia tiene la autorización de aumentar el débito por parte de la Europa, por lo tanto, es un gran problema de la finanza europea y global frente a la crisis del COVID19. Esta crisis develó que lo central son las personas, la regulación de la vida económica y social,  no el mercado en sí mismo. Una comunidad enferma no ayuda a que el mercado funcione. 

Otra reflexión es que esta epidemia no es la única, hay otras epidemias que están siendo menospreciadas, y son epidemias que la OMS ha señalado, la epidemia de la enfermedad crónica, tumoral, enfermedad mental. La enseñanza que nos deja esta emergencia es que el bienestar de la persona su a salud y sus  cuidados no se puede garantizar solamente dentro del hospital, se trata en cambio de construir un sistema territorial y de comunidad como ha sido el objetivo de la revolución basagliana. Se trata de potenciar los servicios territoriales, de construir mecanismos de intervención social, y fortalecer los sistemas sanitarios.

Pensar una nueva manera de organizar los sistemas de salud; diversos  y  eficaces. Viendo la emergencia no se puede limitar todo a la atención clínica como modo de intervención, se debe tomar en cuenta la complejidad de la persona. La verdadera respuesta está ahí, en el territorio, en la comunidad, se debe poder mirar a las personas de un modo nuevo. 

Arthur Chioro: A pesar de lo rápido que la ciencia ha estado produciendo conocimiento sobre el nuevo coronavirus, se están poniendo a prueba nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, las unidades de atención primaria de salud, de diagnóstico, de emergencia y los servicios hospitalarios (en particular los de atención crítica).  

Nunca nuestros sistemas de salud y sus trabajadores, habían sido tan visibles. Ahora en medio de la crisis, parece que la sociedad reconoce que somos esenciales, que debemos ser valorados y respetados. También se visibiliza, en una emergencia de salud como ésta, que los esfuerzos para conseguir respuestas adecuadas, deben desarrollarse de manera intersectorial, articulando diferentes políticas públicas, sectores gubernamentales, la propia sociedad. 

Las medidas no farmacológicas, como la cuarentena, el aislamiento social, han demostrado tener la mayor capacidad para producir impactos significativos en el Covid-19. Esto nos permitiría reflexionar sobre el alcance real de las tecnologías y servicios de salud para enfrentar la enfermedad y cuánto hemos despreciado en nuestros análisis, algunas intervenciones porque somos rehenes de este modelo biomédico, centrado en el hospital. 

Hemos despreciado las condiciones de vida, las condiciones de vida laboral, las formas de vida, el disfrutar de la naturaleza de manera no depredadora, sin compromiso con la sustentabilidad, y en particular la forma de producir las relaciones sociales. Por supuesto el impacto del COVID -19, así como de otras enfermedades, como nos enseñó Giovanni Berlinguer, no es democrático. 

Estamos obligados, en países de bajos y medianos ingresos como Brasil, a enfrentar su impacto en las poblaciones vulneradas. Este es el caso de miles y millones de personas que viven miserablemente en las calles, o en condiciones de vivienda extremadamente precarias como las favelas, presentes en la mayoría de las grandes ciudades en donde viven más de 80 millones de brasileños/as sin condiciones mínimas para protegerse de la transmisión de la enfermedad y cumplir el aislamiento social. O las más de 700 mil personas que viven en las cárceles, o los casi 3 millones de brasileños que viven en  sus  pueblos indígenas, o asentamientos rurales absolutamente precarios y sin ninguna ayuda del gobierno.

La pandemia que penetró en nuestro país por la clase media, ahora está experimentando un proceso que yo lo llamo de periferización. Brasil se ha convertido en el nuevo centro de la Pandemia, pero fundamentalmente los que están muriendo son los pobres. Y esto se debe en gran parte a la crisis política producida por el presidente Bolsonaro un “terraplanista epidemiológico”, fanático, fascista, negacionista de derecha, que ha estado produciendo un genocidio en nuestro país. Si alguien aún no ha entendido que es la necropolítica lo invito a tomar mi país y la conducta del presidente de la república como caso de estudio. La pandemia nos está atormentando cuando los líderes políticos del mundo hicieron esfuerzos para desmantelar los sistemas de salud pública e implementar procesos de privatización cada vez más orientados, guiados por la lógica de las políticas de austeridad fiscal. La regla se convirtió, incluso con apoyo explícito de las organizaciones internacionales de salud y no solo del FMI y del Banco Mundial, en la disminución progresiva del gasto en salud, en el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. 

La implementación de sistemas de salud basados en “cobertura universal”, es un nombre pomposo para la producción de prestaciones básicas de atención en salud basado en políticas mínimas y focales para las poblaciones pobres, con la transferencia de servicios de salud al mercado, como en Chile y Colombia por ejemplo. La idea de construir sistemas universales basadas en la salud como un derecho de ciudadanía, como un deber del Estado, puede garantizar el acceso para todos, integral, equitativo, capaz de satisfacer las necesidades de las personas, que no se limitan a tratar sus enfermedades, fue abandonado. Y esto sucede en un contexto cada vez más perverso, marcados por la reforma de la seguridad social, la retirada de los derechos laborales, la destrucción de otras políticas sociales, la implantación de políticas agrícolas e industriales depredadoras para los pueblos, las culturas y el medio ambiente, que operan en medio de una política neoliberal que afecta al mundo. 

Existe una disputa sobre una cosmovisión liberal y depredadora donde predomina el individualismo, el egoísmo, lo que hace que la agenda libertaria y humanista producida en la lucha de los movimientos sociales en busca de un mundo más civilizado, permanezca en un segundo plano. Como nos dice Bourdieu en su libro “Contrafuegos”, vivimos la restauración del orden conservador, y es en ese contexto que se han producido más enfermedades, muertes, desigualdades sociales, incapacidad para responder a los deseos y necesidades de las personas de las comunidades. Por lo que estamos llamados a reflexionar sobre la dimensión real del proceso salud enfermedad en un mundo post pandémico de Covid-19.  

Desde mediados de la década del 80 ha habido un debilitamiento progresivos de los sistemas de salud universales, basados en políticas de bienestar social, y la introducción de dispositivos de gestión de mercado basados en lo que se ha llamado “nueva gestión pública”, acompañado por un discurso de racionalización de gastos, se desarrollaron un conjunto de estrategias dirigidas a reducir el gasto en salud, al mismo tiempo que los fenómenos fundamentales que cambiaban la vida operaban a una velocidad vertiginosa. Me refiero al proceso de envejecimiento, al resultado de los beneficios producidos directamente a garantizar el acceso a la salud y nuevas tecnologías.

Esto produjo una transición epidemiológica marcada por el predominio de condiciones crónicas, que se hicieron aún más exigentes, porque exigen atención longitudinal, tecnología cada vez más costosas, a menudo para toda la vida, que comenzaron a desafiar nuestros sistemas de salud y exigir que la sociedad responda ¿En qué medida tenemos derecho a la vida? ¿Cuánto queremos como sociedad invertir para garantizar el derecho a vivir y morir con dignidad? Estas son dimensiones ético-políticas que no han sido exploradas y debatidas democráticamente hasta ahora. Estamos atrapados en una racionalidad insoportable y alienante que trata de hacernos creer que no es posible garantizar para todos y todas el derecho a la salud, a la jubilación, a una vida digna. 

Ahora si la lógica predominante es la del Darwinismo social, eso tiene mucho sentido. Pero si queremos construir una sociedad basada en valores solidarios, civilizados y humanistas, es necesario reestablecer este debate y redefinir las direcciones. El discurso de que la prevención de la salud resultaría en ahorro de recursos gastados en hospitalizaciones innecesarias, si de hecho era una realidad, pero ocultó otra, la necesidad de cuidar a las personas durante su proceso de envejecimiento. En el caso de países pobres o muy desiguales como Brasil, y que tiene políticas públicas frágiles e insuficientes, el fenómeno de envejecimiento, la transición epidemiológica, se ve agravado por el mantenimiento de enfermedades infecciosas y contagiosas, como la tuberculosis, la malaria, el sida, dengue, entre otras. El fuerte impacto en nuestro sistema de salud, como el resultado de la violencia, accidentes de tránsito y del trabajo, violencia de género, homicidios y suicidios. Así también, el fenómeno creciente de la obesidad y el sobrepeso resultado del acceso desigual a alimentos saludables, para completar el cuadro desafiante que se requiere. 

¿Cómo garantizar la salud como un derecho? El caso de Brasil es ejemplar. Nuestra constitución del 88 garantiza la salud como un derecho de todos y todas, en base a esto se construyó el sistema de salud único, con gran dificultad y contra la oposición de políticas neoliberales. Durante casi 30 años, aunque casi la mitad de los gobiernos fueron de izquierda, nuestro sistema de atención a la salud, no ha tenido suficientes fondos. El gobierno nacional aprobó una enmienda gubernamental, constitucional, que instituyó un nuevo régimen fiscal, durante 20 años el gasto en políticas sociales incluyendo las de salud, se ha congelado. Ahora estamos experimentando a la falta de financiamiento de políticas de salud. 

El gasto público diario es de alrededor de 70 centavos de dólar per cápita. Es decir, nuestro sistema público está obligado a garantizar desde vacunas hasta trasplantes, pasando por todas las prestaciones de salud pública, por un valor insignificante. Contradictoriamente el gasto total de salud del país, corresponde al 9,7% del PBI, lo que nos compara con gastos de países europeos con sistemas universales y Canadá. Sin embargo, el 57% de este monto, corresponde a gastos privados, realizados por apenas 23% de la población, que aún disfrutan de servicios ofrecidos por nuestro sistema público, en particular los de alto costo y de beneficios fiscales. Solo queda el 43% del gasto para garantizar a 170 millones de brasileños que dependen exclusivamente del sistema nacional de salud, el derecho a la salud, que a pesar de los esfuerzos de gerentes de los trabajadores locales nunca se realizará plenamente. Al mismo tiempo, las políticas inducen a la población a consumir las ofertas de servicios privados que son cada vez más ineficientes e incapaces de satisfacer las necesidades de la población. Debido a la incoherencia e insuficiencia de este modelo. 

Por lo tanto, no creo que esto sea una insuficiencia, sino una opción para el modelo económico adoptado hasta entonces, que suponía que más allá de lo que está escrito en nuestras instituciones, la salud no es un derecho de todos. Según esta lógica algunas vidas valen más que otras. Mientas esta lógica gobierne al mundo, no cambiaremos esta realidad.

 ¿Es posible que el mundo se dé cuenta de cuán necesarios son los sistemas de salud universales después de la pandemia de COVID-19? ¿Se abren nuevas posibilidades? No creo que esto se dé por sentado. Una nueva normalidad pasará por la disputa sobre qué lugar ocupará el derecho a la salud en nuestras vidas y que valor tendrá para nuestra sociedad. Durante el siglo XX tuvimos dos pandemias, en menos de dos décadas, enfrentamos las sexta pandemia del siglo XXI. Es necesario reflexionar sobre nuevas formas de vida, sobre la necesidad de un nuevo orden económico, una nueva forma de disfrutar de la naturaleza, y construir relaciones sociales donde todos tengan un lugar.

¿Quién apoyará un sistema universal para todos? Creo que ha llegado el momento de discutir, a nivel planetario, la distribución de las grandes fortunas, del capital que viaja en búsqueda de los paraísos fiscales, que se forman a expensas del sufrimiento y de la vida de miles de millones de pobres en todo el mundo. La salud debe ser un derecho de todos, no solo de aquellos que viven en países ricos o de aquellos que piensan que pueden resolver sus problemas a través del mercado, lo que claramente no está en línea con la realidad. La salud no puede ser tratada como una mercancía, es necesario enfrentar sus determinantes sociales, trabajo, condiciones de vivienda, alimentación, cultura, democracia, seguridad, participación social. 

Nuestros problemas no se resolverán simplemente ofreciendo más consultas o más medicamentos, ese sistema está condenado al fracaso. No es suficiente expandir la oferta de atención primaria, ni los servicios comunitarios, hay que atreverse a ir más lejos. Yo voy a concluir con una alianza profunda con los sectores que hoy están marginalizados del acceso a la salud, y un compromiso profundo de la clase trabajadora, que tiene mayor poder para enfrentar y exigir.

El desafío también es generar procesos que permitan colocar el desafío de producir felicidad en la agenda de las comunidades como un derecho para todos, que se confunde con el derecho a la vida misma. El desafío está establecido, no tengo respuesta lista para todos, de hecho, creo que tengo muchas más preguntas. Pero tengo una inmensa curiosidad por ser actor, protagonista en esta historia, que se dibujará a sí misma, mientras disputamos nuestra visión del mundo que es profundamente antagónica con la lógica neoliberal y lo que ésta representa.  

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Por Darío Cavaccini

Durante el pasado 2 de mayo los psiquiatras Franco Rotelli y Benedetto Saraceno (*) participaron del primer del Ciclo de Conversaciones organizado en conjunto por la Conferencia Franco Basaglia Argentina, la radio Fragola Gorizia y la cooperativa social La Collina de Trieste (ambas de Italia) con el apoyo del Departamento de Salud Mental de Trieste y la Universidad de los Estudios de Trieste.   

La actualidad de los sistemas de salud está configurada por un estado de emergencia, en términos formales y materiales. Sin embargo, estas situaciones de emergencia ponen de relieve las dificultades de los sistemas sanitarios en general y de los servicios de salud mental en particular ¿Cómo el amplio campo de la salud mental y no la psiquiatría reacciona frente a este estado de emergencia? ¿Las respuestas tienen que ser homogéneas, globales o bien a nivel regional?

F.R.- No hay políticas nacionales amplias de salud mental en ningún lugar del mundo. Puede haber políticas específicas, de organización y gestión de servicios, pero no hay una política que se ponga al servicio de salvaguardar la salud mental de la población. Tenemos enfrente una situación de coyuntura que afecta y abarca sobre todo a las fragilidades. El Covid-19 no afecta a todo el mundo de la misma manera, entonces tenemos que preguntarnos cómo el virus afecta a cada fragilidad y cómo defendemos o las dejamos atacar aún más. Sabemos que la situación es diferente según grupos diferentes. Los recursos se deben focalizar en los lugares de mayor vulnerabilidad, en términos de prevención, pensando en la complejidad de la situación actual. Nada de eso fue hecho y la consecuencia es que la mitad de los muertos son personas que están en las residencias de ancianos. Estas fragilidades no han sido protegidas. Se ha corrido con respuestas y creación de cuidados intensivos en hospitales que ahora están vacíos, pero esa no puede ser la respuesta prevalente y prioritaria. Es necesario pensar en los determinantes sociales que ayudan a que ese virus haga más o menos daño en las personas. Vemos que ciertos grupos, lugares y condiciones particulares son las más afectadas. Esas complejidades son negadas, lo que hay son respuestas del tipo causa-afecto, simplificadoras de las condiciones materiales que responden a una situación aguda en el hospital a través de los cuidados intensivos.

B.S.- Una emergencia es algo imprevisto, que tiene una duración corta. Mientras que otras situaciones ponen de relieve a los problemas sistémicos, como el de la inmigración, por ejemplo. El virus no debe considerarse una emergencia. Los sistemas deberían estar preparados para la emergencia del virus, no solo en tener camas en hospitales, eso es la respuesta frente al aspecto agudo. El aspecto no agudo, es que este virus viene a interpelar los aspectos sistémicos que deben ser manejados a largo plazo. Todo lo que se refiere al énfasis en el hospital, es el aspecto agudo y se transforma en una tiranía de la emergencia que lleva a pensar que algunos elementos son sistémicos, cuando en realidad se trata de elementos agudos. Hay que pensar en elementos que sean respuesta más allá de la situación aguda. Eso no ha sido hecho en ninguna de las fases que llevamos con este virus. ¿Que se hará después? Se comprarán máscaras, respiradores, etc. Como forma de dar respuesta a una situación aguda, pero ha faltado una respuesta que ponga de relieve el carácter sistémico que deja en evidencia este fenómeno. Con esto me refiero a un sistema de salud cuya organización no fuera basada en el hospital.

Los gobiernos de derecha han parado la inversión en la salud pública, y se ha puesto énfasis en los hospitales privados, lo cual muestra la fragilidad del sistema. La atención primaria incluye respuestas que van más allá de la salud, ahí entran en juego los determinantes sociales, la identificación de los sectores más vulnerables. Todo esto es un sistema que tiene que existir antes de la emergencia. Tenemos que salir de la cultura de la emergencia y entrar en la cultura del sistema. Para ello, son necesarias grandes intervenciones a nivel de los sistemas de salud porque son los fracasos los sistemas los que han generado esta situación. Los 600.000 ancianos en los geriátricos italianos son los nuevos habitantes de los antiguos manicomios. Tenemos que revisar todas las políticas de los ancianos. Las residencias son altamente institucionales. La falta de atención hacia los vulnerables de la psiquiatría, se ha hecho extensivo a la vulnerabilidad de los ancianos cuando están en residencias. Tenemos que tomar el aspecto de las residencias de ancianos con la misma radicalidad con la que se ha tomado el tema de los manicomios en Trieste.

El virus es global, de lo global puede venir algo malo, lo único bueno es a nivel local, como la gente y los servicios se organizan. No es incompatible decir que hay determinados lineamientos para dar respuesta a esta situación que tienen que ser globalizados, es decir reunidos por el gobierno central y su implementación debe ser local. La respuesta debe ser local.

– ¿Se puede pensar en una dimensión amplia de salud centrada en el territorio como respuesta ante la situación actual? 

F.R.- Nosotros hemos imaginado hace 40 años servicios de salud mental descentralizados, es decir en el territorio, que también pueden pensarse para esta situación de pandemia. Eso significa poder penetrar en los barrios teniendo herramientas de control social y no de control policial o de seguridad. Tener mecanismos de protección y seguridad social que sean capaces de entrar en la complejidad socio sanitaria de nuestras comunidades, identificar los mecanismos de contagio, los focos, y todas estas cuestiones para ser capaces de enfrentar esta situación.

Estos dispositivos territoriales sirven para garantizar los trayectos integrales que dan respuesta a la salud y a la salud mental, para sacar a las personas de las residencias e integrarlas comunitariamente. Se trata de un control social democrático que debe ser llevado a cabo por instituciones democráticas para hacer frente al daño que esta epidemia ha generado y a todo el resto de cuestiones que siguen abiertas, para las cuales se siguen dando respuestas reducidas. Si la respuesta, por ejemplo en salud mental, son psicólogos que atienden teléfonos, entonces estamos jodidos.

B.S.- Es como una línea donde, en un extremo hay un hospital con camas, y en el otro hay una persona cuidándose en su casa tratando de ser responsable, y en el medio no hay ningún dispositivo. El individuo tiene que enfrentar el miedo a la muerte o a la policía: es una lógica del miedo. Falta lo que el antropólogo hindú Arjun Appadurai menciona como democracia profunda: aquella que se construye dentro de la comunidad, que viene desde abajo. Eso ha faltado antes de la pandemia. Soy muy crítico que después de la pandemia todo vaya a cambiar, todo eso es basura, lo que va a pasar es la regresión hacia la media, a como estaba antes. Después vamos a tener los mismos enemigos, las mismas batallas y el problema seguirá siendo cómo crear una democracia profunda.

–La microárea es un modelo de lo que es democracia desde abajo, una comunidad que se utiliza a sí misma como recurso, como elemento activo de constructor de salud y no pasivo esperando intervenciones. ¿Cómo pueden pensarse esas estrategias ante la situación actual?

F.R.- Tenemos los recursos lejos de la gente, cuando en realidad, se tienen que articular servicios y mecanismos donde viven las personas, en los municipios, en las organizaciones sociales. Ahí deben intervenir los recursos públicos para que las comunidades puedan producir sus propias riquezas, no hay que quitarles recursos a las comunidades. Cuando hablamos de control social, es relacionado a que la recuperación debe ser en el marco del territorio, como una estrategia para estar cerca de la gente, potenciando sus propios recursos y creando posibilidades de tolerancia. Las microáreas son la capacidad de estar en las pequeñas comunidades y llevar los recursos ahí, para fortalecerlas.

B.S.-  Salud mental en tiempos de pandemia no es un problema clínico si no de organización de servicios, es un problema de salud pública. La respuesta de salud mental no puede ser clínica, ni individual. El problema es cómo retomar la idea de dispositivos democráticos dentro de los cuales el sufrimiento individual pueda tener voz, pero enmarcado en un dispositivo de construcción democrática que incluya una reorganización de servicios fuera del hospital. Eso se aplica para problemáticas de salud en general, no solo de salud mental.

-¿Cuál es la posición que se asume para no renunciar a la desinstitucionalización en los sistemas de salud mental en vista a la crisis que se generará después de la pandemia?

F.R.- Una renta de ciudadanía sin vinculación con el trabajo, que sea universal, que elimine       la pobreza absoluta en nuestras sociedades. Si pudiésemos conseguirla, podríamos decir que el virus no solo ha producido daños en este contexto.

B.S.- Estoy seguro que en los estudios epidemiológicos que se harán en los próximos tres o cuatro años, darán como resultado que el Covid-19 ha afectado más a los pobres que a los ricos. Un determinante social es ser viejo en casa de ancianos, y los viejos que están ahí son pobres, no ricos. Las clases más vulnerables, están más expuestas, mayor conglomeración de gente, transporte público, etc. La pandemia ha sido, en su contagio y difusión, más dura entre los más vulnerables. Los obesos norteamericanos son los que van a morir más y sabemos que esos, son los pobres en EEUU. Hay muchos determinantes sociales que son relacionados con enfermedades preexistentes asociados con la vulnerabilidad. Estoy convencido que hay que hacer epidemiología social que ponga de relieve estos determinantes.

–La reflexión sobre los sistemas, tiene que ser en relación a las instituciones totales, de totalización de los servicios de cuidado, porque si no el riesgo es que la defensa del sistema sanitario se vuelva únicamente en defensa de las urgencias de los hospitales en esta situación ¿Cómo se podrían preservar los sistemas sanitarios territoriales construidos en relación al derecho a la vivienda y la solidaridad social de proximidad?

F.R.- Pensando a la salud más allá de la sanidad, salud en el sentido complejo del término. No creo que el después del virus nos encontrará más fuertes, tenemos que tener mucha fuerza para defender las reformas que se han hecho y tener profundos debates donde las sociedades sean recurso de salud y no solo recipiente de salud.

B.S.- Dos cuestiones me gustaría resaltar. La primera, es que espero que se llegue a un momento en que podremos saber más de este virus, no solamente para pensar a quién hará más daño si no ¿porque el virus ha tenido tanta fuerza y que lo hace tan peligroso en algunos lugares específicos? Por otro lado, qué pasará después con las políticas de psiquiatría. El distanciamiento social es un problema para los servicios de salud mental que han encontrado en la cercanía social la manera de funcionar. El riesgo es que al estar afectada ese punto, se pueda volver a una situación de hospitalocentrismo. El distanciamiento es algo momentáneo, pero hay que pelear contra eso desde hoy mismo. Porque eso conlleva poner en valor el funcionamiento de los servicios sanitarios de cercanía social y afirmando esa importancia, es que se podrá reconstruir los sistemas, teniendo como eje a la cercanía social. 

– ¿Qué peligros pueden observar en relación a la posibilidad de que esta centralidad del sistema sanitario en relación a los hospitales, se acentúe más luego de la pandemia?

F.R.- creo que el virus ha estresado los servicios psiquiátricos del mundo, como han estresado la vida cotidiana y a los servicios sanitarios en general. Sin embargo, donde se han encontrado buenos servicios, se han podido dar respuestas acordes, y cuando no, han dado respuestas absurdas como servicios Covid-19 especializados en salud mental. Hay que reinventar los mecanismos de intervención comunitaria, de atención territorial. Cuando entendamos de dónde viene y a quién afecta, tendremos un ADN reorganizado y sabremos responder de otra forma. Hay una dimensión comunitaria, y hay que afirmarla como respuesta central para este tipo de situaciones, de modo que la salud mental sea abordaba en términos comunitarios. Esta situación es importante para crecer. Después de esta crisis podremos hacernos nuevas preguntas. Ojalá tengamos mayor conciencia del peligro del distanciamiento físico y social y cuán preciosa es la cercanía interpersonal. Incluso puede hacer que los psiquiatras entiendan que esta cercanía es necesaria para la salud mental. Los virus pasan, pero las ideas pueden quedar y si son ideas buenas, importantes, pueden contagiarse.

B.S.- En Trieste, los servicios de salud mental se trasladaron desde el hospital a la comunidad. Quizás nos espere otra transición de la salud mental afuera del sector salud. El problema de la salud mental es un problema tan relevante que tenemos que pensarlo cada día inmerso dentro de un contexto más amplio, donde se ofrezca primero salud en general. La separación entre salud mental y salud general es artificial. Debemos pensar en una salida del sector salud mental hacia el sector del bienestar social, que incluya a la salud general como un hecho más y no dependiente de este sector específicamente. Un lugar donde la sociedad, al construir democracia, construya salud. Eso implica salir de los territorios conocidos por nosotros, basados en el hospital.

Las mismas prácticas que están sucediendo en al ámbito de la medicina, intervenciones especializadas que apuntan hacia el problema alejadas de la vida de las personas, usando tecnología para actuar sobre las fases agudas, puede acontecer también en el ámbito de la salud mental. Donde esas prácticas son especialistas, donde los protocolos entran y construyen instrucciones cotidianas que dejan de lado la complejidad de nuestro trabajo. Quiero compartir mi temor de que eso se quede y estos protocolos queden institucionalizadas como prácticas de salud mental habituales.Sin cercanía social, es muy difícil tener buenos servicios de salud mental en la comunidad, porque eso implica cercanía, afectividad, cuerpos, relaciones, construcciones de democracia y afectividad. Las buenas prácticas no dependen necesariamente de que estén insertas en países ricos, estamos viendo el fracaso en esa materia en países como Estados Unidos, Italia, Francia o Inglaterra y vemos como en países menos desarrollados, las respuestas están siendo las adecuadas. No es una garantía tener mucho dinero inyectado en el sistema de salud para que sean adecuados, no es cuánto se gasta sino cómo se gasta. Ser rico no es una garantía de ser buenos en salud pública. El gasto manicomial es prueba histórica que no es una cuestión de cantidad, porque nada de ese gasto se ha traducido en buena salud mental para los que viven dentro de los manicomios. Hemos aprendido que los sistemas que tienen excelencia clínica no necesariamente tienen excelencia de sistemas. Tendrán médicos clínicos de buena calidad, pero eso no significa buena calidad sistémica. Entre hospital e individuo se necesita una riqueza de dispositivos sociales que nos permitan retomar la propiedad de la salud en manos de los individuos y las comunidades.

Franco Rotelli: Es un psiquiatra italiano que trabajó con Basaglia en la transformación y cierre del manicomio en Trieste entre 1971 y 1979. Desde 1980 dirigió el Servicio de Psiquiatría en dicho lugar y continuó con el trabajo de desinstitucionalización luego del fallecimiento del propio Basaglia. Es uno de los referentes mundiales del campo de la salud mental.

Benedetto Saraceno: Es un neurólogo y psiquiatra italiano, también formado en la escuela de Basaglia. Entre 1996 y 2010 fue Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de OMS. Actualmente es secretario general y profesor en el Instituto Lisboa de salud mental.

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Por Sofia Spinelli

El crecimiento de los centros urbanos: la fiebre amarilla

El avance del ser humano sobre la naturaleza, representado en los procesos de deforestación, se manifiesta como uno de los principales generadores de epidemias en la historia, a partir de la proliferación de mosquitos como propagadores vectoriales de enfermedades. Las olas migratorias habían generado ya para 1869 una tendencia de concentración en centros urbanos. Entre 1855 y 1869 la población de la Ciudad de Buenos Aires se duplicó, llegando a 178.000 personas. Esto conllevó grandes cambios urbanísticos: el rápido crecimiento de la ciudad generó una polarización entre la suciedad de las calles y la carencia de desagües y algunos edificios privados, religiosos y públicos de una arquitectura de élite.

Así llegamos a 1871, cuando la fiebre amarilla en Buenos Aires causó 13.725 muertes. Según Diego Galeano, “Buenos aires se vio paralizada, no existía un integrante de la élite del país que no discutiera seriamente la cuestión de la salud pública”. Una de las consecuencias territoriales más claras fue el traslado de las clases altas desde San Telmo, el barrio más azotado por la epidemia, a Barrio Norte y Belgrano, barrios alejados del centro. Esto comenzó el proceso de encarecimiento de esas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

En los periódicos de la época proliferaban los anuncios para alquiler y venta de propiedades alejadas del centro (“un buen remedio contra la peste”, describe Galeano), siendo las mismas autoridades las que recomendaban este éxodo. En la actualidad, en el marco de la pandemia de COVID-19, nos encontramos con situaciones similares. Según el diario La Nación, han aumentado las consultas para vivir en barrios cerrados a las afueras de la ciudad.

Uno de los debates de la década de 1870 fue sobre cómo intervenir frente a una epidemia. Mientras que el médico Guillermo Rawson planteaba la construcción de más hospitales, Sarmiento afirmaba: “Si damos agua potable al pueblo, necesitaremos menos hospitales”, atacando, de esta forma, aquello que se consideraba la causa de la epidemia. Como explica Jorge Salessi, se desarrollaron obras sanitarias para la creación de la “ciudad subterránea”, que comenzaron con la expansión de las redes de agua y cloacas en Buenos Aires. Este proyecto, que se inició en 1873 bajo el liderazgo del ingeniero John Bateman, consiguió situar a Buenos Aires con mejores redes sanitarias que el resto de los ciudades de América Latina y Europa: en menos de 20 años se consiguió en la ciudad lo que a Europa le costó un siglo.

En ese momento, el higienismo centrado en la prevención de los problemas de salud en los centros urbanos ganó legitimidad científica y poder para la transformación de la ciudad.

No eran sólo las y los médicos los actores que intervinieron en la epidemia sino que la policía pasó a tener un rol central. Fue esa institución la encargada de inspeccionar las casas de inquilinatos, asegurándose que se cumplieran las normas de higiene. Realizaban, además, los desalojos por hacinamiento, la fumigación de habitaciones y la quema de la ropa de cama de los y las infectadas. Los mecanismos de control habían logrado entrar a lo más cotidiano de las viviendas. En nuestros tiempos de cuarentena, parecerían replicarse estas condiciones. Repetimos la historia cuando nos encontramos que son los mismos actores los que entraron a una vivienda en la ciudad de Junín y luego de violentar a la familia se la llevaron presa por hacer un karaoke. Aparentemente, las condiciones están dadas para el control de la vida privada.

“La memoria de la epidemia de la fiebre amarilla de 1871 fue clave para la conformación de ese imaginario que asocia enfermedad y vivienda popular” (Galeano, 2009)

La fiebre amarilla llevó a la sanción de las primeras ordenanzas municipales que regulaban el hábitat. Con el objetivo de proteger la salud de la población a través del control de la higiene de los conventillos, regulaban el uso y la cantidad máxima de habitantes por cuarto, así como las dimensiones, materiales y estado de las habitaciones y patios.

Conventillos y ciudades utópicas: la tuberculosis

A lo largo del siglo XIX los grandes contingentes de inmigrantes que llegaban al país se asentaban en conventillos de la zona céntrica y en los distritos aledaños. Esto conllevó a un empeoramiento de las condiciones de habitabilidad en la ciudad.

Para 1876, a causa de la tuberculosis, se originaron proyectos que tenían como eje una ciudad limpia, con más espacios verdes. El cuestionamiento sobre la forma de vida de las clases populares llevó a dimensionar la importancia de la vivienda como unidad de desarrollo de la vida cotidiana. El médico Emilio Coni construyó un relato sobre una ciudad utópica en el que las enfermedades estaban controladas y el lugar del hábitat era central. El objetivo era que toda la población pudiera acceder a un bienestar modesto y saludable en sus viviendas. Incluso antes de que Louis Pasteur descubriera los microorganismos se reconocía la importancia de las condiciones del hábitat.

“En 1890 más del sesenta por ciento de la deuda externa argentina había servido para financiar las obras de salubridad. La importancia de esas obras demuestra la hegemonía de la disciplina de la higiene en el proyecto de reorganización liberal” (Salessi, 1995).

La idea del contagio relacionado con las condiciones de vida de las clases populares, particularmente el hacinamiento, se extendió durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Galeano afirma que para el siglo XX el higienismo se había consolidado como racionalidad política y la base del modelo de gestión institucional para la sociedad nueva basada en el control de la población urbana y políticas de objetivos sanitarios. Esta idea permaneció a lo largo del siglo pasado, dando cuenta del desarrollo de políticas de vivienda social que respondieron de distintas formas al mismo problema: la carencia de vivienda adecuada para las clases populares en los centros urbanos. Un siglo más tarde, el problema sigue siendo el mismo y el relato de Coni parece una utopía en el siglo XXI.

La tuberculosis es una enfermedad aún no erradicada en nuestro país, siendo las condiciones de vida de la población una influencia importante en el contagio. Solo entre Capital y Provincia de Buenos Aires se detectaron en 2019 6085 casos, según el informe de 2019 de indicadores básicos que realiza la Secretaria de Gobierno de Salud. La condición nutricional e inmunitaria, las condiciones de hacinamiento, la escasa ventilación y la escasa higiene contribuyen a aumentar las probabilidades de contraerla. Son claras las vinculaciones del hábitat con este proceso de enfermedad.

Pero que el siglo veinte es un despliegue…

Entre 1870 y 1910, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en la “París de América del Sur”. Para el centenario, el centro de la ciudad ya contaba con un buen suministro de agua, cloacas, pavimento e iluminación y una notable modernización edilicia y urbana, tanto en el ámbito público como privado. En paralelo a esto, se construyeron barrios populares que crecieron espontáneamente con escasa infraestructura y planificación y casi sin inversión pública. En el 1900, la sanción del Nuevo Reglamento de Construcciones permitió aumentar la altura de las edificaciones produciendo una consecuente densificación del centro y atentando además contra las medidas que buscaban el control de las enfermedades sancionadas en años anteriores. Esta normativa se tradujo en calles angostas con edificios que carecían del asoleamiento y la ventilación adecuadas. Comenzaba así a consolidarse el proceso mercantilizador que dominaría a la Ciudad de Buenos Aires hasta nuestros tiempos.

Por otra parte, a mediados del siglo XX se consolidan las principales características de la cultura biomédica que prevalece hasta nuestros días, centrada en la labor de la tecnología y la institución médica. Según Marcos Cueto, es en ese momento que deja de ser considerado prioritaria la resolución de los problemas sociales que generaban enfermedades epidémicas y la construcción de sistemas sanitarios integrales, así como tampoco la promoción de la salud como un derecho de todos los ciudadanos.

Hoy día, las formas de producción que modelan nuestras ciudades parecerían estar intrínsecamente ligadas con los procesos de enfermedad de la población. Los vínculos de la producción industrial-agrícola con la contaminación del suelo, agua y aire son procesos propios tanto de zonas periurbanas como de los centros urbanos.

Es en los límites de lo urbano donde nos encontramos con un proceso invisibilizado, que nos lleva a la pregunta: ¿estamos frente a una epidemia generada desde las industrias de producción agrícola? En 1996, el gobierno de Carlos Menem autorizó el uso de la primera soja transgénica en el país. Más de dos décadas han pasado, la OMS ha confirmado que el herbicida puede producir cáncer en humanos y, mientras el poder de las corporaciones económicas sigue imprimiendo su huella en el territorio, las consecuencias en la salud de las poblaciones es clara: broncoespasmos, irritación en los ojos, lesiones en la piel, alteraciones intestinales, multiplicación de los casos de cáncer y malformaciones en el desarrollo embrionario.

Sustentados en un discurso de eliminación del hambre, estos procesos extractivos conllevan desalojos a campesinos, campesinas y a pueblos indígenas, además de la concentración de tierras. Los procesos de fumigación no sólo tienen consecuencias sobre las personas que se encuentran en las inmediaciones, si no que genera contaminación en el suelo y el agua que afectan a poblaciones urbanas cercanas y no tan cercanas: “No estamos a salvo de estos químicos en ningún lugar. Similar a lo que pasó en la frontera colombiana-ecuatoriana, lo que se fumigue como mínimo a 30 kilómetros de Asunción, le podría estar afectando a los asuncenos” afirma Damián Verzeñassi, titular de la cátedra de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario.

El campo de la salud colectiva tiene un importante compromiso con esta causa al demostrar las vulnerabilidades, los daños a la salud y las inequidades sociales relacionadas con el modelo agrario químico y biotecnológico dependiente (Augusto, 2012)

En el caso del dengue se notificaron más de 39.500 casos por sospecha en los últimos 8 meses, con 14.237 confirmados. La mayoría son autóctonos (sin antecedentes de viajes) y hay 10 personas fallecidas. Las políticas de prevención en este caso están vinculadas a la fumigación para eliminar los mosquitos adultos y los programas de descacharrización y tratamiento adecuado de recipientes contenedores de agua. La responsabilidad individual de los y las habitantes sería una clave fundamental para evitar el contagio. Pero nos encontramos con barrios enteros sin acceso al agua, donde la acumulación en recipientes es la única forma de acceder a ella. El problema entonces sigue siendo las desigualdades con respecto al acceso de la vivienda en suelo urbano. Sin acceso a un sistema de agua corriente, cloacas o recolección de residuos, la potencia de prevención por descacharrización parecería más que insuficiente.

Nuevamente vemos cómo las condiciones socio-económicas afectan los procesos de salud-enfermedad-atención en las poblaciones. La necesidad de la visibilización de estos procesos históricos da pie a reflexionar sobre las causas crónicas de estos problemas. La desigualdad en sí misma es uno de los puntos comunes de los procesos epidémicos, que dependiendo del momento histórico y el color político genera más o menos transformaciones en el territorio.

El sistema de salud, como la ciudad, se encuentra también sometido a los dictámenes de producción mercantil de los poderes hegemónicos. Es este mismo sistema el que modela nuestra cotidianeidad. Hoy, frente al COVID-19, no ha quedado duda de la necesidad de modificar conductas cotidianas para la supervivencia frente al virus: el lavado de manos y salir con barbijo parecen las nuevas normalidades pero, de nuevo, casi como un disco rayado, nos encontramos con que no toda la población tiene acceso a estas condiciones mínimas, como lo demuestran las cuatro millones de personas en zonas que carecen de acceso a servicios básicos en el país.

Nos dirigimos hacia un futuro incierto. -Se habla de un fin del capitalismo, un nuevo “fin de la historia”. El destacado biólogo molecular argentino, Andrés Carrasco, reflexionaba: “Nada más perverso que plantear que los efectos no deseados de la modernidad capitalista se remedian con más desarrollo tecnológico, sin necesidad de incursionar y revisar modos de apropiación, acumulación y distribución de la producción humana”. Antes que realizar futurología deberíamos realizar una revisión profunda de los modos que tenemos de producir ciudad, con niveles altísimos de desigualdad, con formas de producción que nos enferman. Volver a la naturaleza, exigirle a lo poco “natural” que nos queda su urbanización, sería un error, implicaría la profundización de los mismos modelos de deforestación y extractivismo con lo que llegamos hasta aquí.

Textos de consulta:

· Alvarado, A. (1971) La erradicación del paludismo en Actividades y técnicas de la salud pública. El Ateneo, Buenos Aires.

· Armus, D. (2007). La Ciudad impura: Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950. Edhasa, Buenos Aires.

· Carrasco AE. El glifosato: ¿es parte de un modelo eugenésico? [Editorial]. Salud Colectiva. 2011;7(2):129-133

· Cueto, M. (2015) La cultura de la sobrevivencia y la salud pública internacional en América Latina: la guerra fría y la erradicación de enfermedades a mediados del siglo XX. Historia, Ciencias, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.22, n 1, jan-mar.

· Diego Galeano, Mens sana in corpore sano: José M. Ramos Mejía y la medicalización de la sociedad argentina , Salud Colectiva: Vol. 3 Núm. 2 (2007)

· Diego Galeano, Médicos y policías durante la epidemia de fiebre amarilla (Buenos Aires, 1871), Salud Colectiva: Vol. 5 Núm. 1 (2009)

· Salessi, J. (1995). Médicos malentes y maricas. Estudios Culturales, Buenos Aires.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Archivo

Las y los trabajadores de la salud hace pocos días empezaron a hacer circular sus demandas: más allá de los aplausos, necesitan trabajar con las imprescindibles medidas de protección para que no sean ellas y ellos los primeros afectados del contagio. “Si no están los elementos de protección completos no atendemos, basta de pedir solamente insumos”, expresó una trabajadora de la salud en una asamblea en un hospital porteño. La situación se repite en distintos nosocomios y centros de salud de todo el país. “El primer derecho es nuestra vida, necesitamos elementos de protección diaria, de la cabeza a los pies, y no solo para los de la guardia, porque lo que no dicen es que de los asintomáticos nos podemos contagiar, tenemos derecho a no morirnos”´, exigió la misma trabajadora.

En diálogo con Marcha, María Fernanda Boriotti, Presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSA), hablo sobre la situación crítica que atraviesa el sector de la salud en medio de la pandemia

¿Cómo es la situación de las y los trabajadores de la salud en relación a la protección laboral?

Los trabajadores de la salud estamos con una gran preocupación, mucha angustia y temor frente a lo que vamos a enfrentar. La situación que se da es que hay faltantes de elementos de protección y eso de esperar que llegue algo a cuenta-gotas genera mucha ansiedad, sumado a la falta de la reposición adecuada de insumos frente a los picos de la pandemia. Esa es una de las cuestiones que más preocupa a los profesionales de la salud, en todas las provincias del país. No hay excepciones, esto se da en el primer y segundo nivel de atención. Los hospitales han sido más equipados, ya que son los que van a tener los equipos de terapia, las camas con respiradores, todo el equipamiento necesario para atender a los pacientes que van a estar en estas unidades intensivas. El primer nivel de atención es el que tiene menos protección a nivel país.

Los equipos de salud están conformados en un 70% por mujeres, por lo que esta pandemia las afecta sin duda mucho más en lo que se refiere a la salud física y psíquica. A esto se le suma el tema del cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el levantamiento en muchas jurisdicciones del cuidado de hijos con la suspensión de las clases y la angustia que generó en un principio. Sin duda, como en todos los procesos de crisis, son las más afectadas.

¿Cómo son las condiciones laborales a partir de la demanda de más puestos de trabajo y la compensación salarial que decretó el gobierno?

Los bajos salarios y la precarización laboral son una constante. Los trabajadores de la salud tenemos salarios bajos que no están acordes a la responsabilidad que tenemos y la situación de la pandemia pone más de manifiesto estas condiciones de trabajo en negro, con bajos salarios, cuando uno está exponiendo su salud y, en algunos casos, la vida; sabemos que han muerto trabajadores de la salud en otros países. La compensación que ha dado el gobierno nacional es sin duda insuficiente: 20 mil pesos en cuatro veces, en negro, y no para todos los trabajadores que están afectados a la pandemia. Se genera una gran disconformidad, los trabajadores dicen “¿esto es lo que vale mi trabajo?”.

Otra cuestión es que el decreto que otorga esta suma no remunerativa habla que es una compensación por la mayor exposición, por el riesgo al que nos sometemos. Nosotros decimos claramente que no cambiamos nuestra salud ni nos exponemos a un mayor riesgo por plata. Nosotros necesitamos un salario digno, que nos permita vivir dignamente, pero no negociamos condiciones de trabajo, salud y protección por plata.

Se está convocando a personal para ampliar las plantas de trabajadores y trabajadoras para hacer frente a la pandemia. ¿En que condiciones serán incorporados? 

Ante la necesidad de mayores recursos humanos se están abriendo convocatorias en todo el país y en todos los niveles, en la mayoría de los casos contratos temporarios mientras dure la pandemia, trabajo como monotributista.  Hay mucha variedad también en el tema de la remuneración.

Nosotros estamos planteando que el personal que está afectado a la pandemia debe cobrar por lo menos 70 mil pesos, es lo que decimos desde nuestra Federación (FeSProSA) y obviamente el que ingrese en esta condición de monotributista tiene que tener las mismas condiciones y seguro.

¿Cómo es la situación en cuanto a la protección de riesgos de trabajo que cubren las ART?

Estamos planteando que el Covid-19 tiene que ser considerado una enfermedad profesional por las ART y los autoseguros profesionales, no puede ser que los trabajadores estén expuestos a enfermarse sin poder trabajar, sin ingreso, y no estén protegidos con el seguro. Estas son cuestiones elementales. Tendríamos que tener en Nación una uniformidad para las contrataciones de todo el personal que va a reforzar las plantas de los hospitales y de los centros de salud durante la pandemia.

¿Qué nos puede decir en cuanto a la capacitación del personal?

Para las terapias y las unidades de cuidados críticos se está habilitando que distintas especialidades tengan una formación extra que están brindando algunas instituciones y el Ministerio de Salud de Nación para que puedan estar ocupándose de trabajar en las terapias intensivas pero hace falta personal especializado y con una capacitación previa para poder ocupar estos lugares. Estamos enfrentándonos a una pandemia, una situación desconocida para todos, nunca hemos pasado por esta situación, ni por el aislamiento ni la cuarentena obligatoria.

Todas estas demandas se están negociando con el Ministerio de Salud de la Nación, con los ministerios de cada una de las provincias y también a nivel regional y local en cada hospital.

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Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: Cobertura colaborativa 13J 2018

La voluntad política de debatir el aborto no alcanzó y la era de garantizar derechos y ampliar reconocimientos parece haber llegado. Si el debate parlamentario de 2018 sentó las bases del acceso a la información y la sociedad consolidó, de la mano de los feminismos organizados, el apoyo multitudinario a una demanda de reconocimiento de autonomía que es histórica; el 2020 será, de forma irreversible, el año en que las decisiones ejecutivas harán más que las palabras. Serán las llamadas que recuperen la diginidad de una puebla que fue arrasada por la política gubernamental de la represión y el abandono macristas.

Alberto Fernández no mencionó que el aborto inseguro está dentro de las emergencias del nuevo gobierno. Sin embargo, en dos días, parece haber hecho más que en los cuatro años anteriores. Ginés González García ya anunció que restituirá derechos a través del recuperado Ministro de Salud de la Nación y que convocará para tal fin a sus pares provinciales previo a otorgar al Protocolo ILE 2019 -derogado por el ex presidente Mauricio Macri-, rango ministerial. En provincia de Buenos Aires, todo parece indicar que Daniel Gollán, al frente de la cartera de esa provincia, hará lo mismo. Mientras que Nicolás Trotta, al frente del Ministerio de Educación, afirmó que impulsará el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas de todo el territorio como una cuestión fundamental.

Es que si es posible volver a delinear un modelo de Estado presente, llegó el momento de garantizar el acceso al derecho y de discutir cómo será la reglamentación de una Ley que efectivamente se traducirá en el respeto a las decisiones y en una mejor calidad de vida para las mujeres y las personas con capacidad de gestar en todo el territorio nacional sin discriminación alguna. Sobre todo en un contexto de avance de los conservadurismos políticos, los fundamentalismos religiosos y los fascismo sociales en en el país y en toda Nuestra América.

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Lo que no se menciona en los palacios, existe en las calles

Lejos de ser sólo un espacio de resistencia, las calles fueron para los feminismos, la arena de disputa con los poderes tradicionales y de expresión de la organización de décadas durante el período 2015- 2019. Así fue leído el 10 de diciembre, durante el discurso de asunción presidencial del nuevo mandatario, Alberto Fernández. “Un nuevo contrato de ciudadanía social incluye los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, la juventud y el ambientalismo”, afirmó. Sin embargo, la palabra que más se deseaba escuchar no se mencionó.

“Esperaba que este nuevo presidente hable sobre aborto”, afirmó Celeste Mac Dougall, docente especialista en ESI e historiadora, integrante de la Campaña y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Es verdad que el anuncio de Macri de que iba a habilitar el debate se dio en la apertura de sesiones legislativas, pero sí esperaba que Alberto Fernández diga algo. Lo esperé cuando habló de salud, que es la perspectiva que asumió; cuando mencionó al movimiento feminista como uno de los actores sociales claves en la realidad política del país; y cuando dio los anuncios respecto a que se iba a poner por delante de las demandas de las mujeres”.

“El 2020 será el año del tratamiento y aprobación del aborto legal en nuestro país”, afirmó Jenny Durán, comunicadora e integrante de la Comisión de Cabildeo de la Campaña. “Hubo una gran aprendizaje desde el año pasado. Tras las elecciones también las fuerzas políticas mayoritarias hicieron su elección sobre cuál sería el sujeto social que interpela e identifica a cada una. Entonces, el espacio que ganó en octubre pasado tomó de las expresiones más progresistas la demanda por aborto legal, entre otras”, afirmó.

Según las fuentes de la Campaña, será el nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que encabeza la abogada feminista Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con la cartera de Salud, encabezada por Ginés González García, médico cirujano en favor del aborto legal y la Jefa Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes redactarán el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.

“Realmente estamos esperanzadas en que se acerque mucho al proyecto de la Campaña presentado en 2018”, afirmó Durán. “Los tres organismos están encabezados por funcionaries que defienden la despenalización y legalización del aborto, fundamentado en la necesidad de trasformarlo en un aspecto más del derecho a la salud, aunque también traen la mirada de la autonomía y de poder allanar los obstáculos para el acceso. Ya sean éstos obstáculos dogmáticos, territoriales o técnicos”, agregó.

“En el 2020 el aborto tiene que ser legal porque es una deuda de la democracia”, afirmó Yamila Picasso, politóloga e integrante de la Articulación federal de la Campaña. “La clandestinidad y los abortos inseguros traen consecuencias en los cuerpos y en las vidas de mujeres y personas gestantes”, agregó. “Decidir libremente sobre nuestros proyectos y cuerpos es un derecho humano”. “Estamos convencidas que todo lo debatido, las masivas movilizaciones y la necesidad de escuchar las demandas del movimiento feminista serán las condiciones a las que este gobierno deberá atender”, dijo Durán, “este también es un tema que forma parte de la emergencia social”.

“Nosotras vamos a seguir en las calles”, afirmó Mac Dougall. De hecho hoy al mediodía habrá una convocatoria para recordar que en La Plata V., madre de 3 hijxs, murió consecuencia de un aborto inseguro producto de la clandestinidad y la criminalización. “La clave es ver qué dice el nuevo presidente en la apertura de sesiones, en marzo del año que viene, para exigir que se trate y apruebe”, para que “haga realidad sus declaraciones: enviar un Protecto de Ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito”.

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El Proyecto es feminista y federal

El 28 de mayo de este año, tras el debate social y parlamentario que se dio entre marzo y agosto de 2018, la Campaña presentó por octava vez el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante el Congreso de la Nación. La primera presentación fue en 2007 y desde entonces, generalmente cada dos años, la renueva para que el derecho al aborto no pierda estado parlamentario.

El nuevo texto no es uno más. Tras años de exigirlo, incorpora los aportes que surgieron durante el debate en el que expusieron más de 350 especialistas y de la sanción de la Cámara de Diputados. Es el texto que está más cerca de ser Ley. Fue realizado por la comisión redactora de la Campaña -multidisciplinaria e intergeneracional- y retoma además las perspectivas federales de las 33 regionales y de las 4 redes feministas que la componen: de socorristas, docentes, profesionales de la salud e interuniversitaria.

Es la tercera redacción que realiza y fue actualizada al ritmo de las últimas decisiones judiciales, reformas legales tales como el Fallo F.A.L. (2012), la Ley de Identidad de Género (2012) y el Código Civil y Comercial (2015).

En su primer artículo, el Proyecto de IVE garantiza el acceso al aborto voluntario a mujeres u otras identidades con capacidad de gestar hasta las 14 semanas, inclusive de gestación. 14 semanas es el plazo que, según la legislación comparada, es el de mayor consenso.

En su artículo 2, garantiza el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos sin importar la condición de tránsito y/o status de residencia/ ciudadanía. Esto quiere decir que no hace falta ser ciudadanx ni tener residencia reconocida por una X cantidad de tiempo. Sea cual sea la situación de la mujer o persona gestante se debe garantizar la práctica.

En su artículo 3, define salud integral como el completo bienestar físico, mental y social según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

>> Qué dice el Proyecto feminista de la Campaña

El proyecto legaliza estas condiciones y elimina además cualquier tipo de penalización a la mujer o persona gestante. Establecería que en la primera consulta el/ la profesional o personal de salud debe informar a las persona gestante sobre métodos, alcances y consecuencias de la práctica y riesgos de demora; que esa información debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica. El Estado debe garantizar además un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona gestante. Deberá proporcionar formatos y medios accesibles para personas con discapacidad, accesos que no deben contener opiniones personales o religiosas ni juicios de valor.

Se propone, en resumen, mantener los abortos por causales (los que ya son legales) y sumar el aborto voluntario (sin causales) hasta la semana 14 de gestación. Luego de la semana 14, y como los abortos por causales no tiene plazos, los abortos luego de la semana 14 de gestación deben ser garantizados dentro de alguno de los dos causales: salud o violación. En relación a las y los profesionales de la salud, el Proyecto elimina la pena a quiénes causaran un aborto con consentimiento y establece que no hay pena por abortar hasta las 14 semanas de gestación y luego de las 14 semanas no hay pena si el aborto entra dentro de los causales.

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El 28 de mayo del año que viene, la Campaña cumplirá 15 años. Una herramienta de articulación y unidad feministas que contiene a activistas de más de 700 organizaciones de todos los espacios políticos, sociales, de derechos humanos y sindicales. Es la protagonista de esta etapa en que se interpela a la institucionalidad porque entre todas las colectivas que militan por el acceso al aborto seguro, es la que propone una Ley para que el Estado intervenga ante la problemática con una modificación del Código Penal para el reconocimiento de un derecho, con presupuesto, políticas públicas transversales y capacitación para las y los profesionales de la salud en todo el territorio y para todas las comunidades.

El año comenzará temprano para las activistas de la Campaña. El 19 de febrero será un nuevo aniversario del pañuelazo que dio inicio al debate en 2018 y se prevén acciones en todas las provincias. El 1 de marzo será la apertura de sesiones, ocasión en la que se esperará de forma más contundente el anuncio de Alberto Fernández en relación a qué texto legislativo enviará el Ejecutivo nacional al Congreso. El 8 de Marzo, fecha global de lucha por los derechos, encontrará nuevamente en las calles al movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries y de liberación feminista. Será una fecha en la que se volverá a exigir la demanda política de mayor consenso: ¡aborto legal ya! El proyecto que reconoce y garantiza derechos, el que hará historia sin fronteras, ya está en las calles. Será Ley en el 2020.

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