Por Darío Cavaccini

Durante el pasado 2 de mayo los psiquiatras Franco Rotelli y Benedetto Saraceno (*) participaron del primer del Ciclo de Conversaciones organizado en conjunto por la Conferencia Franco Basaglia Argentina, la radio Fragola Gorizia y la cooperativa social La Collina de Trieste (ambas de Italia) con el apoyo del Departamento de Salud Mental de Trieste y la Universidad de los Estudios de Trieste.   

La actualidad de los sistemas de salud está configurada por un estado de emergencia, en términos formales y materiales. Sin embargo, estas situaciones de emergencia ponen de relieve las dificultades de los sistemas sanitarios en general y de los servicios de salud mental en particular ¿Cómo el amplio campo de la salud mental y no la psiquiatría reacciona frente a este estado de emergencia? ¿Las respuestas tienen que ser homogéneas, globales o bien a nivel regional?

F.R.- No hay políticas nacionales amplias de salud mental en ningún lugar del mundo. Puede haber políticas específicas, de organización y gestión de servicios, pero no hay una política que se ponga al servicio de salvaguardar la salud mental de la población. Tenemos enfrente una situación de coyuntura que afecta y abarca sobre todo a las fragilidades. El Covid-19 no afecta a todo el mundo de la misma manera, entonces tenemos que preguntarnos cómo el virus afecta a cada fragilidad y cómo defendemos o las dejamos atacar aún más. Sabemos que la situación es diferente según grupos diferentes. Los recursos se deben focalizar en los lugares de mayor vulnerabilidad, en términos de prevención, pensando en la complejidad de la situación actual. Nada de eso fue hecho y la consecuencia es que la mitad de los muertos son personas que están en las residencias de ancianos. Estas fragilidades no han sido protegidas. Se ha corrido con respuestas y creación de cuidados intensivos en hospitales que ahora están vacíos, pero esa no puede ser la respuesta prevalente y prioritaria. Es necesario pensar en los determinantes sociales que ayudan a que ese virus haga más o menos daño en las personas. Vemos que ciertos grupos, lugares y condiciones particulares son las más afectadas. Esas complejidades son negadas, lo que hay son respuestas del tipo causa-afecto, simplificadoras de las condiciones materiales que responden a una situación aguda en el hospital a través de los cuidados intensivos.

B.S.- Una emergencia es algo imprevisto, que tiene una duración corta. Mientras que otras situaciones ponen de relieve a los problemas sistémicos, como el de la inmigración, por ejemplo. El virus no debe considerarse una emergencia. Los sistemas deberían estar preparados para la emergencia del virus, no solo en tener camas en hospitales, eso es la respuesta frente al aspecto agudo. El aspecto no agudo, es que este virus viene a interpelar los aspectos sistémicos que deben ser manejados a largo plazo. Todo lo que se refiere al énfasis en el hospital, es el aspecto agudo y se transforma en una tiranía de la emergencia que lleva a pensar que algunos elementos son sistémicos, cuando en realidad se trata de elementos agudos. Hay que pensar en elementos que sean respuesta más allá de la situación aguda. Eso no ha sido hecho en ninguna de las fases que llevamos con este virus. ¿Que se hará después? Se comprarán máscaras, respiradores, etc. Como forma de dar respuesta a una situación aguda, pero ha faltado una respuesta que ponga de relieve el carácter sistémico que deja en evidencia este fenómeno. Con esto me refiero a un sistema de salud cuya organización no fuera basada en el hospital.

Los gobiernos de derecha han parado la inversión en la salud pública, y se ha puesto énfasis en los hospitales privados, lo cual muestra la fragilidad del sistema. La atención primaria incluye respuestas que van más allá de la salud, ahí entran en juego los determinantes sociales, la identificación de los sectores más vulnerables. Todo esto es un sistema que tiene que existir antes de la emergencia. Tenemos que salir de la cultura de la emergencia y entrar en la cultura del sistema. Para ello, son necesarias grandes intervenciones a nivel de los sistemas de salud porque son los fracasos los sistemas los que han generado esta situación. Los 600.000 ancianos en los geriátricos italianos son los nuevos habitantes de los antiguos manicomios. Tenemos que revisar todas las políticas de los ancianos. Las residencias son altamente institucionales. La falta de atención hacia los vulnerables de la psiquiatría, se ha hecho extensivo a la vulnerabilidad de los ancianos cuando están en residencias. Tenemos que tomar el aspecto de las residencias de ancianos con la misma radicalidad con la que se ha tomado el tema de los manicomios en Trieste.

El virus es global, de lo global puede venir algo malo, lo único bueno es a nivel local, como la gente y los servicios se organizan. No es incompatible decir que hay determinados lineamientos para dar respuesta a esta situación que tienen que ser globalizados, es decir reunidos por el gobierno central y su implementación debe ser local. La respuesta debe ser local.

– ¿Se puede pensar en una dimensión amplia de salud centrada en el territorio como respuesta ante la situación actual? 

F.R.- Nosotros hemos imaginado hace 40 años servicios de salud mental descentralizados, es decir en el territorio, que también pueden pensarse para esta situación de pandemia. Eso significa poder penetrar en los barrios teniendo herramientas de control social y no de control policial o de seguridad. Tener mecanismos de protección y seguridad social que sean capaces de entrar en la complejidad socio sanitaria de nuestras comunidades, identificar los mecanismos de contagio, los focos, y todas estas cuestiones para ser capaces de enfrentar esta situación.

Estos dispositivos territoriales sirven para garantizar los trayectos integrales que dan respuesta a la salud y a la salud mental, para sacar a las personas de las residencias e integrarlas comunitariamente. Se trata de un control social democrático que debe ser llevado a cabo por instituciones democráticas para hacer frente al daño que esta epidemia ha generado y a todo el resto de cuestiones que siguen abiertas, para las cuales se siguen dando respuestas reducidas. Si la respuesta, por ejemplo en salud mental, son psicólogos que atienden teléfonos, entonces estamos jodidos.

B.S.- Es como una línea donde, en un extremo hay un hospital con camas, y en el otro hay una persona cuidándose en su casa tratando de ser responsable, y en el medio no hay ningún dispositivo. El individuo tiene que enfrentar el miedo a la muerte o a la policía: es una lógica del miedo. Falta lo que el antropólogo hindú Arjun Appadurai menciona como democracia profunda: aquella que se construye dentro de la comunidad, que viene desde abajo. Eso ha faltado antes de la pandemia. Soy muy crítico que después de la pandemia todo vaya a cambiar, todo eso es basura, lo que va a pasar es la regresión hacia la media, a como estaba antes. Después vamos a tener los mismos enemigos, las mismas batallas y el problema seguirá siendo cómo crear una democracia profunda.

–La microárea es un modelo de lo que es democracia desde abajo, una comunidad que se utiliza a sí misma como recurso, como elemento activo de constructor de salud y no pasivo esperando intervenciones. ¿Cómo pueden pensarse esas estrategias ante la situación actual?

F.R.- Tenemos los recursos lejos de la gente, cuando en realidad, se tienen que articular servicios y mecanismos donde viven las personas, en los municipios, en las organizaciones sociales. Ahí deben intervenir los recursos públicos para que las comunidades puedan producir sus propias riquezas, no hay que quitarles recursos a las comunidades. Cuando hablamos de control social, es relacionado a que la recuperación debe ser en el marco del territorio, como una estrategia para estar cerca de la gente, potenciando sus propios recursos y creando posibilidades de tolerancia. Las microáreas son la capacidad de estar en las pequeñas comunidades y llevar los recursos ahí, para fortalecerlas.

B.S.-  Salud mental en tiempos de pandemia no es un problema clínico si no de organización de servicios, es un problema de salud pública. La respuesta de salud mental no puede ser clínica, ni individual. El problema es cómo retomar la idea de dispositivos democráticos dentro de los cuales el sufrimiento individual pueda tener voz, pero enmarcado en un dispositivo de construcción democrática que incluya una reorganización de servicios fuera del hospital. Eso se aplica para problemáticas de salud en general, no solo de salud mental.

-¿Cuál es la posición que se asume para no renunciar a la desinstitucionalización en los sistemas de salud mental en vista a la crisis que se generará después de la pandemia?

F.R.- Una renta de ciudadanía sin vinculación con el trabajo, que sea universal, que elimine       la pobreza absoluta en nuestras sociedades. Si pudiésemos conseguirla, podríamos decir que el virus no solo ha producido daños en este contexto.

B.S.- Estoy seguro que en los estudios epidemiológicos que se harán en los próximos tres o cuatro años, darán como resultado que el Covid-19 ha afectado más a los pobres que a los ricos. Un determinante social es ser viejo en casa de ancianos, y los viejos que están ahí son pobres, no ricos. Las clases más vulnerables, están más expuestas, mayor conglomeración de gente, transporte público, etc. La pandemia ha sido, en su contagio y difusión, más dura entre los más vulnerables. Los obesos norteamericanos son los que van a morir más y sabemos que esos, son los pobres en EEUU. Hay muchos determinantes sociales que son relacionados con enfermedades preexistentes asociados con la vulnerabilidad. Estoy convencido que hay que hacer epidemiología social que ponga de relieve estos determinantes.

–La reflexión sobre los sistemas, tiene que ser en relación a las instituciones totales, de totalización de los servicios de cuidado, porque si no el riesgo es que la defensa del sistema sanitario se vuelva únicamente en defensa de las urgencias de los hospitales en esta situación ¿Cómo se podrían preservar los sistemas sanitarios territoriales construidos en relación al derecho a la vivienda y la solidaridad social de proximidad?

F.R.- Pensando a la salud más allá de la sanidad, salud en el sentido complejo del término. No creo que el después del virus nos encontrará más fuertes, tenemos que tener mucha fuerza para defender las reformas que se han hecho y tener profundos debates donde las sociedades sean recurso de salud y no solo recipiente de salud.

B.S.- Dos cuestiones me gustaría resaltar. La primera, es que espero que se llegue a un momento en que podremos saber más de este virus, no solamente para pensar a quién hará más daño si no ¿porque el virus ha tenido tanta fuerza y que lo hace tan peligroso en algunos lugares específicos? Por otro lado, qué pasará después con las políticas de psiquiatría. El distanciamiento social es un problema para los servicios de salud mental que han encontrado en la cercanía social la manera de funcionar. El riesgo es que al estar afectada ese punto, se pueda volver a una situación de hospitalocentrismo. El distanciamiento es algo momentáneo, pero hay que pelear contra eso desde hoy mismo. Porque eso conlleva poner en valor el funcionamiento de los servicios sanitarios de cercanía social y afirmando esa importancia, es que se podrá reconstruir los sistemas, teniendo como eje a la cercanía social. 

– ¿Qué peligros pueden observar en relación a la posibilidad de que esta centralidad del sistema sanitario en relación a los hospitales, se acentúe más luego de la pandemia?

F.R.- creo que el virus ha estresado los servicios psiquiátricos del mundo, como han estresado la vida cotidiana y a los servicios sanitarios en general. Sin embargo, donde se han encontrado buenos servicios, se han podido dar respuestas acordes, y cuando no, han dado respuestas absurdas como servicios Covid-19 especializados en salud mental. Hay que reinventar los mecanismos de intervención comunitaria, de atención territorial. Cuando entendamos de dónde viene y a quién afecta, tendremos un ADN reorganizado y sabremos responder de otra forma. Hay una dimensión comunitaria, y hay que afirmarla como respuesta central para este tipo de situaciones, de modo que la salud mental sea abordaba en términos comunitarios. Esta situación es importante para crecer. Después de esta crisis podremos hacernos nuevas preguntas. Ojalá tengamos mayor conciencia del peligro del distanciamiento físico y social y cuán preciosa es la cercanía interpersonal. Incluso puede hacer que los psiquiatras entiendan que esta cercanía es necesaria para la salud mental. Los virus pasan, pero las ideas pueden quedar y si son ideas buenas, importantes, pueden contagiarse.

B.S.- En Trieste, los servicios de salud mental se trasladaron desde el hospital a la comunidad. Quizás nos espere otra transición de la salud mental afuera del sector salud. El problema de la salud mental es un problema tan relevante que tenemos que pensarlo cada día inmerso dentro de un contexto más amplio, donde se ofrezca primero salud en general. La separación entre salud mental y salud general es artificial. Debemos pensar en una salida del sector salud mental hacia el sector del bienestar social, que incluya a la salud general como un hecho más y no dependiente de este sector específicamente. Un lugar donde la sociedad, al construir democracia, construya salud. Eso implica salir de los territorios conocidos por nosotros, basados en el hospital.

Las mismas prácticas que están sucediendo en al ámbito de la medicina, intervenciones especializadas que apuntan hacia el problema alejadas de la vida de las personas, usando tecnología para actuar sobre las fases agudas, puede acontecer también en el ámbito de la salud mental. Donde esas prácticas son especialistas, donde los protocolos entran y construyen instrucciones cotidianas que dejan de lado la complejidad de nuestro trabajo. Quiero compartir mi temor de que eso se quede y estos protocolos queden institucionalizadas como prácticas de salud mental habituales.Sin cercanía social, es muy difícil tener buenos servicios de salud mental en la comunidad, porque eso implica cercanía, afectividad, cuerpos, relaciones, construcciones de democracia y afectividad. Las buenas prácticas no dependen necesariamente de que estén insertas en países ricos, estamos viendo el fracaso en esa materia en países como Estados Unidos, Italia, Francia o Inglaterra y vemos como en países menos desarrollados, las respuestas están siendo las adecuadas. No es una garantía tener mucho dinero inyectado en el sistema de salud para que sean adecuados, no es cuánto se gasta sino cómo se gasta. Ser rico no es una garantía de ser buenos en salud pública. El gasto manicomial es prueba histórica que no es una cuestión de cantidad, porque nada de ese gasto se ha traducido en buena salud mental para los que viven dentro de los manicomios. Hemos aprendido que los sistemas que tienen excelencia clínica no necesariamente tienen excelencia de sistemas. Tendrán médicos clínicos de buena calidad, pero eso no significa buena calidad sistémica. Entre hospital e individuo se necesita una riqueza de dispositivos sociales que nos permitan retomar la propiedad de la salud en manos de los individuos y las comunidades.

Franco Rotelli: Es un psiquiatra italiano que trabajó con Basaglia en la transformación y cierre del manicomio en Trieste entre 1971 y 1979. Desde 1980 dirigió el Servicio de Psiquiatría en dicho lugar y continuó con el trabajo de desinstitucionalización luego del fallecimiento del propio Basaglia. Es uno de los referentes mundiales del campo de la salud mental.

Benedetto Saraceno: Es un neurólogo y psiquiatra italiano, también formado en la escuela de Basaglia. Entre 1996 y 2010 fue Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de OMS. Actualmente es secretario general y profesor en el Instituto Lisboa de salud mental.

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Texto y fotos de Darío Cavacini

Con esta decisión, tomada por decreto un domingo por la tarde y comunicada formalmente al día siguiente, Mauricio Macri se transformó en el primer presidente elegido democráticamente en eliminar este Ministerio. Los anteriores habían sido los dictadores Pedro Aramburu en 1955 y Juan Carlos Onganía en 1966.

Este retroceso institucional histórico, que redujo considerablemente los presupuestos de áreas sensibles para el acceso a la salud de miles de personas en todo el país, no sólo afectó al área sanitaria, sino que también fueron degradados a Secretaría (con la consecuente reducción y subejecución presupuestaria) los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.

El presupuesto sanitario, desde la asunción de esta gestión saliente, se ha visto reducido año tras año, quedando siempre varios puntos por debajo del índice de inflación. Este ajuste se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en el mecanismo de la elaboración de los presupuestos; en este aspecto, la gestión macrista no ejecutó los mecanismos administrativos necesarios para actualizarlos en función de la inflación anual y de las necesidades de la población, sino que se fue replicando el del año anterior sin tener en cuenta estos factores. El otro punto se centra en la ejecución de los mismos, donde en general se han autorizado partidas presupuestarias que no llegaron a cubrir las necesidades básicas de la población, quedando incluso varios millones a pagar por la gestión de Alberto Fernández.

La reducción presupuestaria tiene, en términos concretos, efectos nocivos para la salud de la población en general, y estas decisiones en particular han afectado a los sectores más vulnerables, quienes vieron disminuidas sus posibilidades de acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

Es necesario repasar algunos de estos efectos, pensados desde el nivel central de la cartera sanitaria, sin desconocer las particularidades con las que estos procesos se han llevado adelante en cada una de las provincias y municipios, para tener en claro los alcances de una gestión que se ha preocupado más por el marketing que por proponer y sustentar planes, proyectos y programas reales que mejoren la calidad de vida y la accesibilidad a los sistemas de salud de la población.

En relación a la compra de medicamentos, se han producido dos hechos significativos. Por un lado, la dolarización de su precio, que hizo que año tras año sea más dificultoso la compra de los mismos, ya que los presupuestos no se han actualizado en función de esta realidad (aun cuando administrativamente se podría haber realizado). Por otro lado, la no-exención de impuestos aduaneros a los insumos que salud importa, lo que genera que un porcentaje grande del presupuesto vuelva circularmente a ser parte de la recaudación fiscal,  dificultando aún más la compra de los mismos por su alto valor agregado.

Estas dificultades creadas por el desinterés de la propia gestión han generado la falta de accesibilidad a medicamentos para el tratamiento continuado y sostenido de tuberculosis, HIV y otras enfermedades de trasmisión sexual y la imposibilidad de compra de los insumos necesarios para llevar adelante estrategias de APS para la prevención de las mismas y para ser distribuidos gratuitamente en los centros de salud (preservativos, tests de embarazo, métodos anticonceptivos varios, misoprostol, hormonas, DIUs, etc).

Tampoco se han podido realizar en su totalidad las compras necesarias de medicamentos para virus respiratorios (especialmente los dirigidos a los sectores de la población más vulnerables en relación a este problemática: niños/as y adultos/as mayores), medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales (aquellos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias).

Estos recortes han impedido las compras de las vacunas que completan el calendario nacional (uno de los más completos de América Latina según la OMS). En 2018 se dio el ejemplo más claro de esta política de ajuste, al quitarse el refuerzo contra el meningococo para niñas y niños de 11 años, en medio de la aparición de nuevos casos que pusieron en riesgo la salud de miles de personas en todo el país. Además, durante estos cuatro años, casi no se entregaron descartables ni otros insumos, no se pagaron programas de capacitación profesional y se redujo a más de la mitad la cantidad de vacunadores/as, médicos/as, psicólogos/as y personal administrativo del Programa Médicos Comunitarios.

Vinculado con el desfinanciamiento del calendario vacunatorio, la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación mostró su preocupación por registrarse, en noviembre de 2019, más de 60 casos de sarampión, el mayor número desde el año 2000. Los afectados fueron principalmente niñas y niños menores de un año. A pesar de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas) es la que se utiliza para su prevención y una de las que más se han registrado faltantes a nivel nacional.

No han habido políticas públicas suficientes en relación a la prevención de enfermedades como Chagas, zika, chikunguya, fiebre amarilla, hanta virus (en enero de 2019 se registró un brote en Chubut que se cobró la vida de más de una docena de personas) y dengue (registrándose en 2016 la peor epidemia de la historia de nuestro país, con más 40.000 casos).

En relación a las políticas de género implementadas, se han visto fuertemente afectadas, a pesar de la constante tarea y compromiso sostenido por las trabajadoras de esa área. Entre las más relevantes se puede mencionar, como ejemplificadora de la gestión, la escasa articulación entre los diferentes programas y direcciones vinculadas con esta temática, tanto a nivel central como en las diferentes instancias regionales. Se ha producido, de manera consciente y deliberada, la reducción de las compras de métodos anticonceptivos y de medicamentos necesarios para llevar adelante los procesos de hormonización para las personas trans y se ha cerrado el programa Qunita que brindaba asistencia a la madre del/la recién nacida/o.

Sobre el debate acerca de la interrupción legal del embarazo, más allá de que el por entonces Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se había pronunciado a favor de su aprobación en el debate de 2018, no hubo a nivel institucional expediciones para pensar cómo abordarla en términos de problemática de salud pública. Como punto final de esta falta de políticas públicas, se produjo la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva había realizado un trabajo de meses con una fuerte articulación inter y multisectorial para actualizarla en concordancia con el fallo FAL, actualizando el protocolo vigente desde 1921.

El área de discapacidad ha sido una de las más afectadas en este último tiempo. Hacia finales de 2018 se produjo su descentralización, es decir, dejó de depender del ex Ministerio de Salud para quedar baja la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante su gestión se produjeron la baja de miles de pensiones no contributivas (sin evaluación mediante de las situaciones particulares, aumentando la vulnerabilidad de las personas que las percibían), la discontinuidad de los tratamientos terapéuticos por falta y/o atraso en los pagos a las instituciones de salud y significativos faltantes en psicofármacos y medicamentos varios.

El deterioro de las instituciones públicas de salud fue otro de los puntos sobresalientes de la gestión, con infraestructuras abandonadas por obras paralizadas o suspendidas, falta de insumos básicos, precarización laboral de sus trabajadores/as y despidos masivos. Quizás los ejemplos más significativos hayan sido los de los hospitales dependientes del área central de la cartera sanitaria como el Garrahan y el Posadas. Este último establecimiento de alta complejidad, reconocido a nivel regional por la calidad de sus prestaciones, ha sufrido más de 800 despidos que afectaron directamente a las áreas de enfermería, anatomía patológica, farmacia, neumología, cardiología infantil, neurocirugía y otras.

Como corolario de gestión, durante estos cuatro años se produjeron miles de despidos, tanto en el área central como en los diferentes ministerios provinciales, encubiertos en su gran mayoría como no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas. Se han precarizado las condiciones laborales, con contratos monotributistas y tercerizados de corta duración, atraso en el cobro de los sueldos y viáticos (llegando en algunos casos a estar más de un año sin cobrar) suspensiones de tareas y el vaciamiento de direcciones y secretarías nacionales, provinciales y municipales. El punto de cierre de estas políticas ha sido la reciente represión sufrida por concurrentes y residentes a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Nunca se contó con un plan de acción ni evaluación detallada de la situación socio-sanitaria a nivel nacional ni regional que permita dirigir las políticas públicas hacia alguna dirección, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de la población y en base a eso pensar la prescindencia, continuidad o transformación de algunas funciones y programas.

Si bien han habido diferencias en las dos gestiones en salud que llevó adelante el gobierno macrista en estos cuatro años (Jorge Lemus fue Ministro de Salud entre 2015 y 2017 y Adolfo Rubinstein -primero Ministro, luego Secretario de Salud- entre 2018 y 2019) la lógica imperante no ha cambiado su tónica: siempre estuvo dispuesta a cumplir a rajatabla los imperativos del FMI que proponía reducir paulatinamente el gasto en materia de salud en concordancia con las políticas neoliberales de vaciamiento. Basta ver lo números oficiales de los presupuestos sanitarios de estos últimos cuatro años y compararlos con los números oficiales del INDEC en relación al índice inflacionario en ese mismo período.

El desinterés por mejorar el sistema público de salud para que sea accesible a la mayoría de la población fue quizás el aspecto más significativo de una gestión de CEOs preocupada siempre por sus propios intereses en desmedro de las necesidades y derechos de las grandes mayorías populares.

Para pensar en una salud pública con la calidad y la amplitud necesaria para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, hay que volver al pensamiento siempre vigente de Ramón Carrillo, quien enunciaba: “El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo, el más trascendente, porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz”.

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Jano cumpliría 4 años. Una sonrisa que ilumina. Iluminaba. El niño de la Villa 21/24 fue la primera víctima de la bacteria estreptococos pyogenes. Sus padres denuncian la mala praxis y la desidia con la que fue tratado. Jano pasó por 4 hospitales y nunca lo trataron a tiempo. Su muerte era evitable y la responsabilidad es del Estado.

Valeria no tiene tiempo para llorar. Nos recibe en su casa, junto a Daniel. Esta con Román, de 10 meses en brazos, y sabe que tiene que sacar fuerzas para cuidar a sus tres hijos y luchar por justicia. Nos cuenta la pesadilla que vivió las últimas dos semanas y que terminó de la peor manera. Escuchando los gritos de su hijo de 3 años que la llamaba mientras lo entubaban en el hospital.

“Mi nene empezó con fiebre el jueves de la semana pasada. El viernes lo llevé a la salita del barrio, al Cesac 35, y me mandaron a hacer una placa al hospital Penna. Ese mismo día me voy al Penna, le hacen la placa y me dicen que debe ser gripe, me mandan con ibuprofeno a casa.

Durante todo el fin de semana estuvo con la medicación y la fiebre le bajaba y le volvía a subir. El lunes, preocupada porque seguía igual, me fui al Hospital Garrahan con la placa. Había tanta gente que salí a la medianoche del hospital.  Ahí le miran la placa, le hacen otra y me dicen que neumonía no es. Yo respondí que a él le dolía la parte del pulmón y la cabeza. Me contestaron que a veces cuando los chicos tienen fiebre les duele todo.

Esa noche me mandaron con Ibuprofeno a mi casa. El martes baño a mi hijo porque había empezado con diarrea y le veo las manchas en el cuerpo: en la mano, en la panza, lo llevo corriendo a la salita, pensando que era sarampión. Ahí le vieron manchas en la lengua me mandaron a hacer un hisopado. En el Penna lo revisan en la guardia del hospital, le doy la orden del hisopado y me responden que ese estudio no necesita hacerlo. Me mandan a hacer placas de nuevo y ahí dicen que tiene neumonía y lo dejan internado.

A la noche le hacen le hacen una eco y me explican que tiene líquido en el pulmón diciéndome que se lo tienen que drenar, que me iban a derivar al hospital Gutiérrez, al Casa Cuna o al Garrahan porque ellos no tenían los métodos ni las herramientas para hacer un drenaje. Al día siguiente me dicen que Jano no necesita drenaje.

Horas después viene una doctora que le midió el pulso y me dice “Mami, tu hijo se está quedando sin pulso”. Me llevan a otra sala, me dicen que salga. Ahí lo entubaron. Tuvimos que esperar al terapista, lo hicieron todo de urgencia y Jano gritaba que quería venir conmigo, que no quería que le hagan eso. Ya no respiraba bien. Esos gritos son lo último que escuche de él.

Después me dijeron cosas de todo tipo. Primero que le había agarrado un paro. Después que lo había superado. Después que estaba estable y si lo quería ver. Cuando lo veo me largo a llorar porque ya no era mi nene. Estaba en coma, me dijeron que ellos son los que lo pusieron en coma para que no sienta el dolor, estaba todo hinchado. Me habían dicho lo estamos ayudando a respirar, está estable.

Ahí en el Penna paso otra noche y me dijeron que cuando se estabilizara lo iban a trasladar al Elizalde. Cuando me dicen que lo trasladan, hacen todo rápido, bajan el ascensor, todo rápido. Pero claro, en la ambulancia una máquina no andaba, faltaban mangueritas. Ellos mismos decían “como no anda esto, que pasa acá”. La máquina iba conectada a mi hijo y yo rogando que no se me muera. Por suerte arreglaron la maquinita, trajeron la manguerita y arrancamos.

En el Casa Cuna me dicen que era mucho el riesgo de vida que tenía mi hijo. Duró todo el miércoles. En el medio nos dicen que tiene una enfermedad nueva. Recién supieron de la bacteria al final. Jano murió el jueves a las 10.05. Podrían haber hecho algo antes pero no pasó. Y a Jano no me lo devuelve nadie”.

La solidaridad de unos, el abandono de otros

Nadie del gobierno se comunicó con la familia. Pero Daniel habla de sus vecinos y la ayuda para garantizar el velorio, el entierro. Porque mientras despedían los restos de Jano empezó el recorrido para que les dieran las historias clínicas en cada hospital en donde estuvieron y reclamar justicia.

“Nos mintieron en todo. Nos dijeron que no nos podían dar la historia clínica, después que estaba en un lado, en otro. Hasta que no hicimos la denuncia no nos dieron nada. En el Penna “perdieron” la orden de hisopado que llevamos de la salita y que nunca le hicieron. Recién cuando hicimos la denuncia empezaron a dar respuestas.

Ahí en el hospital hablé con una de las médicas cuando fui a buscar la historia clínica y le dije “con el corazón en la mano dígame la verdad, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Se podría haber salvado? Me dijo que sí, que  se podría haber salvado.

Desde la muerte de Jano no paramos de movernos, con Aarón de 7 años, con Román de 10 meses. A todos lados fuimos para que se sepa lo que realmente pasó y haya justicia”.

Para que no haya más muertes evitables

Los hijos de Valeria y Daniel están junto a ellos. Cada tanto los abrazan. Y Valeria cuenta que Aarón sigue preguntando por su hermano. “Yo también me quiero morir”. Con 7 años, sufrió con sus padres la impotencia en el hospital, en la comisaria y hoy no va a la escuela por miedo al contagio.

Valeria dice con voz cansada pero firme: “yo no quiero que le pase a otros chicos lo que le paso a Jano. Por eso hablo con las mamás del barrio, que no se queden con lo que les diga el médico, que se muevan, que cuiden a los chicos. Las guardias están colapsadas y nadie te explica nada. Los chicos están contagiando entre ellos y se siguen sumando las víctimas. El hombre de seguridad del Penna dice que ahí nomás en la guardia murió una nena por esperar el numerito. Y no sale en ningún medio. Se está pudriendo todo y nadie dice nada”.

Daniel agrega: “la gente come lo que ve en la tele y lastimosamente van a perder lo que más aman y no se van a poder recuperar nunca porque yo con mi señora nunca nos vamos a recuperar de este dolor. A nosotros nadie nos llamó para saber lo que había pasado. ¿Qué hago si me cambiaron la historia clínica del Penna? ¿Qué hago?

Antes de irnos, proponer hacer una colecta y ponernos a disposición, le preguntamos a ambos que le dirían al Jefe de Gobierno de la Ciudad, si pudieran hablarle: “que se deje de preocupar tanto por lo político, si estás de un lado o del otro. Que ponga la plata donde la tiene que poner que es en la salud. Eso es lo principal: la salud. La plata va y viene pero la salud es lo que más importa. Porque Jano no está más, lo perdimos para siempre y fue culpa del sistema de salud”.

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En el marco de las exigencias de un mayor ajuste por parte del FMI, el presidente Mauricio Macri degradó el Ministerio de Salud de la Nación a una Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley. Hablamos con Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), una de las organizaciones sindicales que convocó al abrazo al Ministerio del día de ayer.

¿Qué implica para el sistema de salud la degradación del Ministerio a una Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social?

La degradación tiene varias lecturas. Se puede hacer una lectura histórica y decir que volvemos a la etapa pre-Carrillo, cuando todos los hospitales y centros de salud estaban en mano de las Damas de Beneficencia y donde el Estado era un actor absolutamente secundario. La estatización del sistema de salud es algo que empieza a ocurrir a comienzos del siglo XX.

Si le sumamos que lo van a subsumir al Ministerio de Desarrollo Social, es decir lo que es la política asistencialista del Estado, vemos que la mirada de estos CEOs de pacotilla es que la salud pública es beneficencia para los más pobres. Al estar dentro de Desarrollo Social hay una concepción de que la salud de calidad es para quien se la pueda pagar.

Es la salud de tres velocidades: por un lado la de las prepagas para las clases más pudientes, por otro lado la salud de los que tienen una obra social buena, en blanco y en el territorio donde esa obra social trabaja, y por último el pobre que usa el sistema público.

El sistema público es mucho más que eso. Por ejemplo, es el que garantiza el conjunto de las inmunizaciones para el conjunto de la población. El plan de vacunas o el plan de tratamiento gratuito para VIH, los medicamentos oncológicos, los subsidios para diálisis renal o cardiopatías congénitas atraviesan al conjunto de la población.

Cuando decimos que la salud pública es la vanguardia en la atención pediátrica, hablamos del Garrahan o del Gutiérrez y todas las cabeceras de los hospitales pediátricos, eso no es solamente para los chicos pobres. Todo el mundo sabe que son la vanguardia tecnológica y de calidad para las prestaciones pediátricas en la Argentina.

En la salud pública es donde se forman de diez mil a doce mil residentes, donde se atienden la mitad de los partos de nuestro país y el 90% de los accidentes. Inclusive toda la gente con autos de alta gama que se da un palo termina en un hospital público porque es el único que tiene la estructura y la extensión territorial para bancarlo.

Con lo cual esta mirada de restringir el derecho a la salud es una mirada profundamente reaccionaria, anti-histórica y por sobre todas las cosas, amén de oligárquica y elitista, es una mirada procíclica. Porque cualquier manual de economía, keynesiano o no, dice que en tiempos de recesión se tienen que aumentar las prestaciones sociales para contener a la población que cae en la pobreza.

Ahora vamos a tener a fin de año un 60% de chicos pobres en Argentina. ¿Y qué le vamos a brindar? ¿Mejor calidad de atención pública gratuita? ¿Va a aumentar la oferta de servicios públicos? No, va a disminuir, es decir, vamos a agravar y profundizar el ciclo recesivo con consecuencias para la salud de toda la población y especialmente para los chicos pobres.

¿El convertir el Ministerio de Salud en una Secretaría implica un recorte presupuestario?

Sí, porque Dujovne cuando se sienta con Lagarde en Washington no le dice “mira qué lindo, le puse un moño rosa y va a llamarse Secretaría en vez de Ministerio” y ella le responde “me encanta”. No es así. Él va con la planilla Excel para decirle acá recorto 23 Secretarías, 11 Direcciones, tanto en personal y tanto en insumos.

Eso terminó con la renuncia reciente del Director de Enfermedades Transmisibles, que dijo que le pidieron recortar un 25% en todos los ámbitos. Ese es el porcentaje promedio en que se van a recortar los programas y las plantas en el Ministerio de Salud. Esto significa directamente una carnicería. Menem la llamó cirugía mayor y Macri la llamó medicina dura pero la única.

Es la receta del Fondo y de las clases dominantes, todo para que después vengan las famosas inversiones que nunca llegan y que los ricos sean muy ricos y derramen para que lleguemos a la felicidad completa. Esa es una receta que la conocemos de los 90 y sabemos que no funcionó y ahora tampoco va a funcionar.

¿Podemos asumir que van a despedir a muchos trabajadores y trabajadoras por recortes de tareas?

Sí, seguro. Inclusive, aunque la gente esté en función de sus tareas, van a venir con la planilla Excel y la van a echar igual. Así hicieron al comienzo de su gestión, dijeron 120 en Salud Reproductiva y las limpiaron. Conclusión, nadie hacía las licitaciones. Cuando llegó la nueva directora no tenía gente y perdieron cuatro meses durante los cuales no hubo anticonceptivos en las salas de los centros de salud de todo el país. Las provincias y los municipios debieron salir a comprarlos o no los repartieron.

Cuando vienen a despedir con la planilla al estilo Quintana del Ministerio de Modernización no se fijan en la función del empleado. Un ejemplo muy claro es lo que están haciendo en el Hospital Posadas. Echaron tantos en farmacia, otros en neurocirugía, a tantos enfermeros y después toman monotributistas si el hospital llega a estar muy al cuello. O sino liquidan esa prestación. Pero siempre empiezan con la planilla de despedidos y el cumplimiento de las metas de cantidad de despidos para hacer.

¿Les sorprendió la eliminación del Ministerio de Salud? ¿O era algo que se podía prever en base a la política sanitaria de Cambiemos?

No, no sorprende porque la Cobertura Universal de Salud (CUS) va en esa dirección. Cuando plantean que va a cambiar la filosofía de aportar los U$D 14 mil millones antes de la devaluación, que tenían de presupuesto los 1600 hospitales y 6000 unidades sanitarias, significa que van a recortar y ahora está muy devaluado ese presupuesto. Significa que quieren reemplazar la oferta universal de servicios gratuitos que ya de por sí tiene restricciones implícitas producto de su ineficiencia, demoras en los turnos, problemas edilicios y falta de personal.

Ellos quieren transformar esas restricciones implícitas en explícitas, es decir, en lugar que todo se desarrolle con garantía de derechos, aunque sean restringidos, ahora directamente te dicen que no pueden darte ese derecho. Solamente vas a recibir una canasta básica de prestaciones diminuta, esa es la CUS. La restricción de programas, de financiamiento y de personal va directo a concretar la CUS en su filosofía más importante que es la filosofía de la canasta básica.

¿Aunque no se nombre lo que están haciendo como una política CUS?

La CUS no es sólo una cosa, sino un programa, o como dijo Rubinstein en la mesa que tuvimos en la Facultad de Medicina, es una filosofía. En broma yo decía que es como Boca, un sentimiento. Pero es una meta de transformar el sistema de atención universal de la salud en un sistema restringido basado en un seguro para pobres que integre el programa de seguros diferenciado y segmentado que termine de completar, como en el tetris, el agujerito que falta para asegurar a toda la Argentina.

Esta segmentación profunda implica que se empeora justamente al instrumento mayor de la atención al público que no tiene cobertura, el sistema público de salud.

¿Es decir que implica un cambio cultural sobre la concepción de la salud, más allá del ajuste fiscal y la reforma en el sistema?

Claro, porque desplazan la concepción existente desde la aparición del sistema público en tiempos de Carrillo y la transformación de la filosofía de beneficencia en la filosofía de la garantía de derechos, que aparece con el Ministerio de Salud en el año 1947. Esa mirada de universalidad que tenía Carrillo era similar al sistema de salud inglés que era su inspiración.  

Perón le dijo que si llegaba hasta ahí, él tenía el compromiso con los muchachos para armar las obra social ferroviaria y arma las obras sociales. Ese sistema de dos velocidades luego se transforma, con la aparición de las prepagas, en un sistema de tres velocidades, y de alguna manera se concreta que en toda la Argentina iba a haber un seguro de acuerdo a sus capacidades de pago. Con este cambio, desaparece el derecho ciudadano, ese es el gran cambio cultural.

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Como preámbulo de la eliminación de la cartera de Salud como Ministerio, hace pocos días se conoció la noticia de la suspensión de la aplicación gratuita de la vacuna obligatoria contra el meningococo. La salud pública, en retroceso.

La discontinuidad de la aplicación de una vacuna que está incluida en el calendario oficial de vacunación y que recae directamente sobre las y los niños de nuestro país y en especial sobre los sectores más vulnerables es una medida de ajuste sin precedentes. La creciente reducción de recursos en el sistema público y la negación de derechos que implica, pone en riesgo la salud de la población y es una decisión que se enmarca en la reducción de las políticas públicas de salud, tal como lo pone en evidencia la inédita noticia de la desaparición del Ministerial a la Salud.

El calendario de vacunación indica qué vacunas son obligatorias en un país para el tratamiento preventivo de enfermedades que son prevenibles. Muchas de las que lo integran –16 en total– serían, por sus costos, inaccesibles para gran parte de la población. Y el formar parte del calendario las vuelve tanto gratuitas como obligatorias.

Para que nos profundice en la problemática entrevistamos a María Fernanda Boriotti, Secretaria General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FesProSa).

– ¿Cómo evalúa la medida de suspensión de una vacuna del calendario oficial de vacunación?

Es un retroceso en lo que debe garantizar el Estado para el derecho de la salud de la población. Enmarcamos la suspensión de esta vacuna dentro del calendario oficial como parte de las políticas de ajuste y restricción en un sector tan sensible como es la salud. Más allá de la necesidad, retirar una vacuna dentro de un programa habla a las claras de recortes y lo vemos no solo en el sistema de vacunación sino con la medicación de alto costo, con los medicamentos oncológicos, con la discontinuidad y el atraso en los tratamientos, que es algo gravísimo. Lo vemos también con los programas de tuberculosis y de salud sexual y reproductiva y muchas otras entregas que debería hacer Nación, en tiempo y forma, y no las hace.

– ¿Desde la Federación relacionan esta medida con las políticas de salud?

Esto para nosotros habla a las claras de la aplicación de las políticas CUS (Cobertura Universal de Salud), que bajan desde el Banco Mundial. Es decir, un paquete mínimo de prestaciones garantizadas por el Estado y el resto habrá que pagarlas. De esta manera se va a debilitar el sistema público de salud con mayor derivación al sector privado. Implica una derivación de fondos públicos al sector privado, para que se haga en forma privada o en vías de aseguramiento, que es lo que planteaban en los ´90 el Banco Mundial. Después le cambió la forma y pasó de aseguramiento a cobertura universal de salud, pero siempre hablando de una cuestión mínima focal, orientada a determinado sector y no pensando en una salud integral accesible y gratuita para toda la población.

El debilitamiento del sistema público es grave y sería un retroceso, más allá de la diferencia que hay entre provincia y provincia, al tener federalizada la salud cada provincia es rectora per se del sistema que aplica. Nación lo que hace es tener programas pero no es rector ni garantiza los derechos en las distintas provincias, así que tenemos distinta salud según la provincia en la que estemos o según la provincia que pisemos.

El sistema que pretende el gobierno de la Cobertura Universal de Salud es una política del Banco Mundial que ya había sido avalada por el gobierno de Néstor Kirchner, por el gobierno de Cristina Fernández en 2012, y en el intento de implementarlo por parte del gobierno de Mauricio Macri es parte de los objetivos del desarrollo sustentable para 2030, llevando ese verso lindo para los oídos que es la Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que el ingreso de los seguros al sistema público.

– ¿Cómo evalúan la continuidad de las políticas de salud?

Vamos a empezar a ver un retroceso en los programas, vamos a ver un retroceso en los fondos que manda Nación y esto se ha explicitado en las reuniones del Consejo Federal de Salud, COFESA. En las dos últimas hubo una embestida muy fuerte del gobierno nacional contra las provincias que aún no habían adherido a la CUS amenazándolas, chantajeándolas, que si no adherían formalmente a la CUS no solo no iban a recibir el fideicomiso destinado para la CUS, ni el dinero que mandaba el Banco Mundial, e iban a dejar de mandar todo lo que demandan hasta hoy: insumos, vacunas, la medicación de alto costo, todos los programas y eso implica mucho dinero para las provincias que sumado al recorte del Fondo Sojero es un deterioro en las arcas destinadas a salud en todas las provincias. Obviamente según las políticas de salud que tenga cada uno de los gobiernos provinciales el impacto en la población va a ser de distinta magnitud.

– ¿En qué situación se encuentran las y los trabajadores?

En las distintas provincias están en conflicto, no solo por salarios sino que se suma a eso la grave falta de insumos en los hospitales de referencia. El conflicto por salarios además implica que es fundamental tener a las y los trabajadores de la salud pública para garantizar la atención frente al aumento en la demanda que estamos viendo y que además son quienes garantizan el sostén del sistema público.

Tenemos provincias como Chaco que han ofrecido una mejora salarial del 10% , provincias como Santa Cruz donde no hay paritarias desde el 2016, provincias como La Rioja que han ofrecido un 15% y en Buenos Aires con una paritaria que está inconclusa. La situación es de precarización de los y las trabajadoras con bajos salarios, sin pases a planta permanente, como está pasando en la provincia de Santa Fé, que se ha retrocedido en esa desprecarización continua en la que estaban,  y eso muestra que si no hacemos algo se va a ir deteriorando el sistema público de salud, si no salimos a defenderlo como derecho de la población.

Hoy estamos con 300 nuevos despidos en el Hospital Posadas, que es el hospital nacional más grande del país, con un deterioro en la atención de la población, con servicios que van quedando despoblados de profesionales y trabajadores, una situación en donde avanzan más allá de lo que es legal, despidiendo trabajadores y trabajadoras que inclusive son miembros de la comisión directiva de gremios como la seccional CICOP del Posadas. Lo que hemos visto en ese hospital es para salir a denunciar fuertemente desde todo el sector salud y toda la población que entiende lo que implica el desguace de un hospital. Desde que comenzó esta gestión hay 1.000 despidos en el Hospital Nacional Posadas. Estamos con planes de lucha en distintas provincias, vamos a un paro nacional de salud en septiembre e intentaremos confluir con otros sectores que salgan a las calles: docentes, estatales, que nos plantemos para decirle al gobierno nacional que este no es el camino, que las y los trabajadores no estamos dispuestos a ver el colapso y la caída de sectores emblemáticos en Argentina como son salud y educación.

Una grave situación de crisis provocada por las políticas del gobierno nacional que siguiendo con los lineamientos del FMI y el Banco Mundial llevan al achique del Estado y están avanzando sobre derechos elementales como salud y educación. En este contexto de achique sin duda está favoreciendo al sector privado que hace negocios con la salud y la educación.

Sin derechos para las y los más débiles

Hay una política deliberada que asocia la salud al consumo y que se transforma en políticas de exclusión y muerte para las grandes mayorías que no tienen posibilidades de acceso. Mientras desde el ex Ministerio de Salud de la Nación, hoy degradado a Secretaría, intentaban desligarse de la responsabilidad de la falta de vacunas, los laboratorios proveedores pusieron en evidencia la mentira: “hay disponibilidad de vacunas en el mercado”. Un riesgo grave, promovido desde las políticas de Estado, para las y los pibes más vulnerables que debieran recibir la vacuna a los 11 años. La salud y las políticas de Estado que intentan transformar derechos en pura asistencia social.

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Desde el inicio de su gestión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encaró una campaña de venta de tierras públicas, desde terrenos ferroviarios y parques, hasta edificios como el de Bolívar 1, patrimonio histórico de la Ciudad. En ese marco, avanza en la Legislatura un proyecto oficial que propone la creación del Complejo Hospitalario Sur, alrededor del Hospital Muñiz, que implica la mudanza y fusión de cinco hospitales, rebajados a institutos.

Las comunidades afectadas denuncian que se perderán especialidades y cientos de cargos médicos, y que el objetivo final es el negocio inmobiliario, producto de la venta de los predios donde actualmente funcionan los hospitales.

Desde la Ciudad señalan que la nueva obra demandará 160 millones de dólares, pero con sus ventas obtendrán 123,7 millones de dólares, y se “ahorrarán” más de cien millones de pesos al tener que limpiar y mantener un solo centro de salud, y ya no cinco. Esa estimación no fue realizada por el organismo oficial, el Banco Ciudad, sino por L J Ramos (brokers inmobiliarios).

Se trata de un ambicioso proyecto que el actual Presidente, no logró concretar: el Complejo Polivalente Hospitalario Sur. El plan pretende trasladar los hospitales monovalentes de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de Rehabilitación Respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de Oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.

En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.

Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos muy grandes, en ubicaciones preferenciales, y con un alto valor de mercado.

Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: “No al 5×1”.

El jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.

“El proyecto implica un achicamiento a las prestaciones del Sistema Público y una reducción de la inversión en Salud que afecta a la población más vulnerable”, sostiene un comunicado de la asamblea de trabajadores. Y advierte que “constituye un ataque a los trabajadores de la salud precarizando sus condiciones laborales” y esconde un gran “negocio inmobiliario”.

En total el Complejo tendrá 500 camas, la mitad de la capacidad que hoy suman los cinco hospitales implicados. También planean “demoler los pabellones del Muñiz de servicios centrales como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc.”.

Trece hospitales casi listos sin funcionar

La lista abarca desde un infantil en Catamarca hasta centros de Medicina Nuclear. La mayoría superaban el 85% de ejecución hace dos años y medio, pero la gestión Cambiemos no los continuó. Vidal dijo que no inaugurará los seis frenados en Provincia, según consigna Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino.

En Entre Ríos, los nuevos hospitales de Paraná y Gualeguaychú ya deberían estar funcionando. De hecho, abrieron una primera etapa a fines de 2015. Y hasta ahí llegaron. La ejecución de ambas obras superaba el 82%. En febrero pasado, tanto la gobernación como legisladores nacionales de la provincia reclamaron al Pami por la finalización de estos centros de salud, teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento corría por cuenta de ese organismo. En el caso del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú, recién el último 21 de mayo la provincia anunció la posibilidad de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación, que correrá por cuenta de la gobernación.

A fines de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear–Núcleovida, que preveía invertir 4.300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de “ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país”.

El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos. A pesar de que ya fue construido por más de $ 400 millones, aún no se puede usar. “La obra edilicia se hizo, el equipamiento está, pero no se avanzó más. No está instalado. Ni tampoco está designado el personal”, informó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.

En el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, hace casi tres años. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el centro cuenta con el equipamiento “pero la obra todavía no está terminada”. Lo mismo que el de Santiago del Estero, que tuvo un aporte de más de 300 millones de pesos en 2015.

A pesar de estar casi finalizada su construcción desde hace dos años y medio, por $ 328 millones, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos sigue sin inaugurarse. Ante la negativa del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren, la provincia de Santa Cruz anunció en marzo que se haría cargo del centro, que atenderá la demanda de toda la Patagonia sur e incluso Chile, y que ya debía estar funcionando desde 2016. La única colaboración nacional que se prestará a Santa Cruz será la capacitación de la CNEA. Será administrado por una fundación compuesta por profesionales de la región. Su presidente, Héctor Tejada, un pediatra reconocido en la ciudad, señaló: “Va a ser importantísimo para nuestra gente, especialmente para subsanar el desarraigo”. Cuando comience a funcionar, dentro de sus 3.500 metros cuadrados habrá desde un equipo de braquiterapia con equipamiento de anestesia completa, tabla quirúrgica y ecógrafo, hasta un laboratorio de radiofármacos y una sala de quimioterapia con capacidad para tratar hasta seis pacientes en simultáneo.

En el Conurbano

La gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que con las Universidades, fue franca con el tema: “No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia”, había dicho antes de las elecciones, cuando fue cuestionada por no inaugurar los centros de salud.

Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, seis hospitales bonaerenses esperan su oportunidad. Dos de ellos (el Presidente Néstor Kirchner, de Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) están en La Matanza, donde más urge el reclamo por la cantidad de población que necesita el servicio. Estaba previsto que funcionaran a comienzos de 2017. Por eso fue la propia intendenta, Verónica Magario, quien le respondió a Vidal: “La Matanza necesita hospitales, así que pedimos humildemente esfuerzo en conjunto. Tenemos dos hospitales listos para poner en funcionamiento. Necesitan partidas para personal y equipamiento. Mientras se remodela el Paroissien, podemos trasladar todos sus servicios al de Gregorio de Laferrere”.

Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son los otros municipios que aguardan la buena noticia.
Con más de $ 1.300 millones de inversión, la mayoría de los seis hospitales tenían a diciembre de 2015 un 90% de ejecución. Iban a atender a una población de 500.000 personas. Y cada uno se ocuparía de demandas específicas de sus regiones. El de Cuenca Alta, en Cañuelas, que tiene equipamiento comprado hace tres años, fue planificado para funcionar como referencia nacional en toxicología, trabajando en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la resolución de los casos de intoxicación, generados por la contaminación del río.

Las y los médicos y demás profesionales del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata nucleados en CICOP y ATE denunciaron la grave situación edilicia del nosocomio y volvieron a reclamar por una nueva convocatoria a paritaria, por la falta de personal, las recurrentes filtraciones de agua y la presencia de roedores.

En una conferencia de prensa brindada en el predio hospitalario de 14 y 66, el personal puso énfasis en los constantes cortes del suministro de electricidad y las complicaciones causadas por las inundaciones derivadas de las filtraciones a través de los techos.

En ese marco pidieron por la finalización de las obras que se están llevando a cabo “ya que no están garantizadas las condiciones de trabajo”.

Ariel Longuinho, delegado de  CICOP, sostuvo que “el sistema de salud está inmerso en una situación crítica, y de parte de las autoridades no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos acordado, en paritarias anteriores, distintas mesas de trabajo, una de ellas era infraestructura y hoy no se están llevando a cabo, no encontramos ese espacio de diálogo junto al gobierno”, afirmó.

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Con paro y movilización se realizó una medida de protesta el pasado 29 de junio en la Provincia de Buenos Aires. 78 hospitales de toda la provincia estuvieron llevando adelante esta medida gremial que además movilizó a las y los trabajadores de la salud a La Plata y que frente al Congreso Nacional instaló una Carpa para darle visibilidad a la protesta.

Las y los trabajadores de la salud de los hospitales públicos bonaerenses nucleados en la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), rechazaron la propuesta de aumento salarial del 15 por ciento en tres cuotas planteada por el gobierno bonaerense y realizaron un paro el viernes 29 de junio. Con la medida de fuerza no solo se visibilizó el rechazo a la oferta salarial de la gobernadora Vidal, sino las difíciles condiciones que atraviesa la atención de salud en la Provincia de Buenos Aires, con políticas de ajuste sobre los principales servicios. En medio de un importante operativo policial se consiguió instalar una Carpa de Salud frente al Congreso Nacional.

Bonaerense

Tal como lo revelan las fuentes oficiales, la Provincia de Buenos Aires está integrada por una superficie de 307.571 km2 (11.06% del total del país). El censo poblacional del 2010 constató una población de 15.625.084 habitantes, con una densidad poblacional de 50.8 habitantes/ km2. Es decir que es el territorio de mayor población del país, seguida por Córdoba y Santa Fé con algo más de tres millones cada una. El acceso al derecho a la salud pública y gratuita se encuentra en franco deterioro, tal como lo revelan desde la asociación gremial, que nuclea a las y los trabajadores de la salud en la provincia. La situación también se replica en otras provincias y en la CABA, con dificultades en el acceso a los servicios básicos.

Emmanuel Alvarez, médico del Hospital Narciso López de Lanus e integrante del Consejo Directivo Provincial de CICOP y del M.P. La Dignidad, dio algunas precisiones sobre la medida de fuerza, sobre las condiciones de la atención en salud en la provincia y las acciones de las y los usuarios del sistema público de salud.

-¿Cuáles son las preocupaciones de las y los profesionales de la salud en la provincia?

-Desde la CICOP estamos viendo un programa de ajuste para las grandes mayorías, con una política publica de salud donde prima el bajo presupuesto y una forma de manejar el sistema, a través de los hospitales, que se parece más a una franquicia o a una filial de Mac Donnald´s en lugar de un estado que tiene que estar presente con políticas públicas. Nosotros venimos planteando la defensa del sistema público a través de salarios dignos para los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la provincia, obras de infraestructura, que puedan cambiar la grave situación en la que se encuentran los hospitales, la defensa de nuestro sistema jubilatorio, además la necesidad de mayor pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras de la salud con recursos humanos que están a disposición para cubrir las necesidades que tiene la población bonaerense.

El Ajuste

El Dr. Alvarez además consignó que no solo se trata de reclamos sectoriales sino que  “también impulsamos que se frene el Ajuste que se refleja en el deterioro en las condiciones de vida. El empobrecimiento, el hambre, la miseria y  los problemas de vivienda hace que necesariamente los problemas de salud se agraven y el sistema de salud no está en condiciones de poder garantizar esos derechos, frente a tantas necesidades”.

Toda esta política del gobierno afecta a toda la población que no es solamente la gente que no tiene obras sociales, es decir que hay entre un 30 y un 40% de la población que usa el sistema público,  que no tiene obra social y que fue aumentando estos últimos años con la política de despidos del macrismo, por lo cual los hospitales están cada vez más colapsados por la gran cantidad de camas que se necesitan para poder atender las necesidades de la población.

Estas políticas de Ajuste en la salud pública afectan en la falta de insumos, en la falta de atención, en la mala cantidad de atención, en las guardias, en el vaciamiento que hay en los distintos servicios, en las dificultades que hay para acceder a las cirugías programadas. Toda una serie de servicios se van deteriorando y cerrando, que sobre todo afectan a la población con patologías crónicas, que son las enfermedades que hoy en día más sufre la población.

Usuarias, usuarios, pacientes…

Las situaciones más visibles como el Hospital Posadas y el Hospital El Cruce pusieron en evidencia la intención de ajustar la salud pública, con la consiguiente privatización de la salud que hasta ahora se hacía cargo el Estado, y permitía garantizar no solo el acceso sino la calidad del servicio. La movilización de usuarias, usuarios, y público en general logró revertir por ejemplo la medida sobre el Hospital El Cruce, de Florencio Varela o en el caso del Hospital Posadas la movilización y la solidaridad visibilizó las políticas públicas que se ejecutan, a la vez que los funcionarios livianamente afirman lo contrario, sin tener en cuenta a las personas que afectan.

¿Cuáles son las acciones de las personas frene al deterioro del sistema?

La población en general es activa frente a esta problemática. El tema es que generalmente uno atiende a la salud cuando se enferma, que no es la mayoría del tiempo, con lo cual uno se entera cómo funciona el sistema de salud cuando lo necesita, no antes. Hay quejas y formas de protestar para que se garanticen derechos en los hospitales y centros de salud. También es mucho lo que se hace desde las organizaciones sociales, comunitarias y de vecinos, donde muchas veces se plantan en los distritos frente a las direcciones de salud, se plantan para plantear una agenda de salud en función de las problemáticas que tiene cada lugar. Si bien esto no es la mayoría, se está viendo en los últimos meses en lugares como Moreno, o distritos de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Lanús, San Vicente, Guernica, entre otros. En varios distritos además está habiendo una articulación entre los gremios y organizaciones sociales, políticas y comunitarias, tal como sucedió en el Hospital Posadas o con el Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde la población va a encontrando maneras creativas de manifestarse.

La salud no parece ser percibida como un derecho más, tal como lo revela el Dr. Alvarez “la salud solo es percibida cuando uno se enferma”. Una perversión en la que nos mete el sistema de consumo, donde se ha desdibujado la necesidad del cuidado de sí mismo y las y los otros en función de no necesitar del sistema. Así la salud aparece ligada al sistema de consumo, que se han encargado de moldear las corporaciones, la industria farmacológica junto con la biotecnología en función del negocio. El derecho a la salud parece más cercano a la enfermedad que a la salud, que solo parece un estado a recobrar.

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Hace días circula insistentemente en espacios de izquierda y progresistas la idea de la “distracción de agenda” operada por el gobierno a propósito del debate sobre la ley de despenalización del aborto. Me parece una visión equivocada. El debate llega al Congreso a fuerza de años de masivas movilizaciones e intervenciones del movimiento de mujeres que lograron instalar el tema, coronando como lo más adelantado del impulso del Ni Una Menos.

Pretender que el debate se da por la inteligencia maquiavélica del gobierno para ¿dividir? a las bases y dejar de discutir temas de agenda como la reforma previsional o laboral y no por la militancia y presión constantes en torno a esta reivindicación fundamental, equivale a pensar la acción de las personas/sujetos como pasiva frente a las estrategias (siempre omnipotentes) de quienes están en el poder. Sin menospreciar que el macrismo ve la oportunidad y hace política, entiendo que la clave está en sostener la movilización, la vitalidad y la radicalidad que arrancaron este principio de conquista, para garantizarla y convertirla en ley, porque en la calle es donde tenemos la fuerza para hacerla efectiva.

Peleamos para avanzar, para ganar, no solamente para denunciar y dar testimonio.

Tampoco me parece que se trate de un tema secundario ni de una reivindicación cultural. Es, más bien, un grave problema de salud pública sobre la base de una fuerte desigualdad, que se cobra la vida de muchas mujeres cada año, que son las que tienen menos recursos para pagarse abortos clandestinos pero un poco más seguros en clínicas que funcionan a la luz del día, arregladas con la cana y los funcionarios que se hacen los que no las ven. Todas abortamos, pero los riesgos son mayores si proyectamos variables de clase. Lo sufren más las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las que no pueden pagar un aborto en condiciones mínimas de seguridad. Por eso todas debemos tener derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Pelear por este derecho tan postergado no alternativiza otras peleas contra el ajuste o contra el techo a las paritarias, ni le “lava la cara” al gobierno para habilitarle más tropelías. Cansan bastante esas posiciones, a decir verdad, como los palcos tan llenos de machos.

El 8M nosotras paramos.

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Es Técnica de Anatomía Patológica especializada en Inmunohistoquímica. Publicó un emotivo texto en las redes sociales y contó que tenía una función clave de determinar qué tipo de tratamiento deben tener los pacientes con cáncer. Después de 15 años como contratada y a pesar de que no existen muchos profesionales capacitados para cubrir su puesto, la echaron sin previo aviso.

Karina tiene 15 años de antigüedad en el Hospital Posadas. El martes 16 de enero no pudo entrar a trabajar porque la echaron. En total, 122 personas se quedaron en la calle. La Dirección Ejecutiva del hospital, a cargo del médico Pablo Bertoldi Hepburn, no informó de manera individual sino que publicó una resolución con los nombres de los que sí renovarían su contrato. Si no aparecías en la lista, te dabas por despedido. Para ejecutar ese plan, las autoridades blindaron el imponente centro de salud ubicado al costado de la Autopista del Oeste. El paisaje urbano había cambiado esa mañana porque a todos sorprendía la presencia de la infantería, los policías armados que recorrían los pasillos y los agentes de civil que vigilaban desde afuera.

-¿Cómo fueron los despidos?

Nos enteramos ayer (martes 16 de enero). Sin mediar telegrama ni notificación alguna, simplemente se nos dice verbalmente que nuestro contrato venció el 31 de diciembre. Los directivos sacaron una resolución firmada el 12 de enero, incluso con membrete de presidencia de la Nación, donde publican una lista con el nombre del personal que tendrá un contrato renovado por tres meses. Y quienes no aparecemos en esa nomina nos tenemos que dar por despedidos

-¿Son muchos?

Por ahora somos 122 despidos. Hace un mes habían echado a otros 10 compañeros, pero ellos si fueron notificados con telegramas. Y recordemos que hace un año fueron más de 800 los empleados que se quedaron en la calle.

-¿Hace mucho tiempo trabajas en el Posadas?

Entre en el año 2002, son 15 años acá adentro. Y hay otros compañeros despedidos con 19, 20 y hasta 25 años de antigüedad. O sea, gente que entró a mediados de los noventas y pasó por diversas gestiones. El problema es que nunca fuimos incorporados a planta permanente y seguíamos con la modalidad del “Contrato Posadas”, como se le dice, que tenía una cláusula de renovación automática.

-¿Qué función cumplís vos acá?

Soy Técnica de Anatomía Patológica especializada en Inmunohistoquímica. O sea, el trabajo que hago yo es un estudio que le permite a los médicos determinar que tratamiento debe seguir un paciente enfermo de cáncer.

-Es una tarea importante…

Es un estudio muy avanzado, muy especializado. En el hospital no hay otro técnico o técnica que haga mi trabajo. Con el agravante de que hay muy pocos en el país, y quienes lo hacen están en el sector privado con mejores sueldos

-¿Son muchos años, cómo vas atravesando este momento?

Es muy duro, todavía estoy shockeada. Uno se acostumbra a los compañeros, el lugar, el ambiente y los pacientes, por ese trato diario que se entabla. Trabajamos con muchísimo amor, a pesar de los bajos sueldos y las malas condiciones laborales. Y no es justo que ahora tengamos que sufrir así”.

-¿Vos sos de la zona?

Yo antes alquilaba cerca, en Ramos Mejía. Pero no lo pude solventar y me tuve que ir para Marcos Paz, que es bastante lejos.

-¿Venís en auto o en transporte público?

No, yo viajo todos los días en colectivo y en tren para llegar acá. Dos para venir y dos para ir.

-¿Y cómo vas hacer ahora?

Esta muy complicado. Mi pareja es carpintero, pero ahora es cuentapropista porque no hay trabajo y hace changas. Por eso mismo, en principio vamos a pelear por la reincorporación.

La carta de Karina Almirón

Entré a trabajar en el hospital Posadas en el año 2002, reemplazando a técnicas que se habían ido a vivir al extranjero por la crisis del 2001, soy técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquimica, el estudio que hago permite determinar qué tratamiento se hace a cada paciente con cáncer y otras enfermedades. Profesión que elegí a los nueve años cuando una prima mía de 11 falleció por un tumor cerebral.

Tengo dos títulos terciarios y formación en bioseguridad, gestión de calidad y manejo de equipos. Rechacé puestos de trabajo en Casa Cuna, en el Roffo, en el Sommer, porque no quería renunciar al Hospital Posadas, a mí Hospital. A pesar de las condiciones de trabajo y el sueldo miserable, porque sabía que del otro lado había pacientes esperando un resultado.

Yo misma me enferme de cáncer en el 2005, y supe en carne propia lo que es esperar el resultado para definir un tratamiento. Seguí apostando a defender y sostener la salud pública, porque es un derecho básico y universal que a ningún ser humano puede ser negado.

En estos años vi pacientes que fueron a cuatro hospitales diferentes antes de llegar al Posadas. Vi Gente humilde romper la receta al salir porque no tenían plata para comprar el remedio. Pacientes que venían caminando desde muy lejos porque no tenían para viajar. Gente en situación de calle buscando refugio y comida en nuestro hospital. Vi mujeres víctimas de violencia de género buscando ayuda. Ví compañeros que dieron literalmente su vida, como Emanuel García, tirado al vacío por un paciente psiquiátrico, o compañeros que murieron por enfermedades causadas por el estrés y la insalubridad de nuestro trabajo.

Estuvimos al pie del cañón durante la gripe A, el accidente ferroviario de Castelar y dimos respuesta a miles de contingencias sanitarias.

Conmigo despidieron a enfermeros de terapia intensiva pediátrica, de unidad coronaria, de hematooncologia pediátrica.

Están vaciando el hospital, privatizando sectores y luego vendrá el arancelamiento a los pacientes. En definitiva, las consecuencias del ajuste la paga el pueblo pobre. No tenemos que permitirlo. Por nosotros, por nuestros hijos, por los pacientes, porque el Hospital Posadas es parte de nuestras vidas.

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En agosto del año 2016 el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que promueve la Cobertura Universal de Salud, que parece avanzar contra el sistema público de salud. Asociaciones de salud, gremios, organizaciones sociales dieron la voz de alerta contra este sistema que promueve un paradigma que no se basa en la promoción de derechos y que afecta a los más vulnerables.

La semana pasada la Cobertura ha comenzado a ser implementada en la provincia de Mendoza y amenaza con extenderse frente a la perplejidad y el desconocimiento de los menos entendidos.

Marcha entrevistó a Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) que nos brindó mayores precisiones respecto de la salud entendida como un negocio.

-¿La CUS o Cobertura Universal de Salud es una iniciativa de este gobierno, que implicaciones tiene?

-La CUS no es una estrategia de este gobierno, sino que es una estrategia a nivel mundial llevada adelante por el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y luego cooptada por la Organización Mundial de la Salud a fines de los 90 y comienzos del 2000. Argentina durante el gobierno de Nestor Kirchner votó esta reforma en la asamblea de la OMS del 2005 y luego Cristina Kirchner la apoyó también en el 2012 en la asamblea mundial de las Naciones Unidas, votando la consigna Cobertura Universal para Todos en el 2030 y el gobierno de Macri la instrumenta a través del decreto 908 de 2016.

Estamos frente a una política que dice que el sector más pobre de la población que no tiene cobertura sindical formal,  a través de su seguridad social y ni medicina prepaga, la va a cubrir un seguro público, un seguro de pobres, con una canasta básica de prestaciones, para que los eventos más catastróficos no lo afecten o por lo menos no impacten negativamente en su economía según lo que la declaración de la CUS plantea.

-¿Cuál es la postura de FESPROSA y que plantean?

-Nosotros siempre estuvimos en contra del seguro de pobres y  planteamos como estrategia la conformación de un sistema universal de salud basado en el que ya tenemos, que son 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias, que son insuficientes para cubrir la demanda de la población pero tienen un gran liderazgo en la atención del sector más pobre, para cubrir accidentes, pediatría, en formación de recursos humanos. Un sistema que es insuficiente pero que con inversión pública, con reorganización nacional y aumento de su eficacia social, podría bien ser el gran sistema de salud que los argentinos necesitamos.

La CUS era en su origen una estrategia para sacarle recursos al sector público ponerlo en un seguro y establecer la eficiencia basada, no en parámetros, sino en la competencia entre el sector público y privado, al modelo de Colombia y terminar de segmentar el mercado de la salud entre quienes pueden pagarlo y tienen trabajo y  el sector pobre, con su seguro de pobres. Esto necesitaba de una inversión, que no aparecía, no había quien ponga la plata. Hablaron primero de los 8.000 millones del fondo de redistribución de las obras sociales, que no alcanzan ni para empezar a organizar el padrón y ahora después de analizar los presupuestos provinciales y nacionales, no hay dinero para la CUS. La CUS es un seguro que presupone población nominalizada, una cápita dineraria y prestaciones garantizadas, es decir una canasta, pero ninguna de esas tres cosas está. El viceministro (de salud de la Nación) Adolfo Rubinstein,  en una polémica que  sostuvimos en la Facultad de Medicina el viernes pasado, dijo que la CUS no es un seguro, que no hay canasta básica, que no es carnet de pobre y que se accede con el documento, es decir, la CUS no es nada y no tiene presupuesto.

La CUS  es una estrategia,  un programa de reorganización,  basado en la digitalización de la historia clínica, con un archivo nacional, pero la nación no tiene plata fresca para poner y lo tendrán que poner las provincias, que esperaban recibir plata por la CUS y no tener que poner. La empiezan a mirar con recelo. Es decir que, por el momento, la CUS es un discurso político de los funcionarios del ministerio de salud y no es nada más. Puede ser que transforme al hospital público en una gran guardia con prestaciones restringidas, pero al día de hoy, en coincidencia con lo que vienen diciendo distintos sectores, no deja de ser un anuncio de campaña. De hecho los 8.000 millones que aportó el fondo de redistribución (ANSES) para empezar a organizar la CUS aún siguen depositados en el Banco Nación y, no solo eso, ahora son 9.200 millones porque rindieron 1.200 millones este año, porque no se tocó.

La estrategia para nosotros está basada en la rentabilidad financiera, el mix público-privado. Frente a eso ponemos la necesidad de un sistema nacional desde la perspectiva de derechos.

-¿Qué recortes implica respecto a la atención en el hospital público?

-Esto es lo que toda canasta básica implica, que se cubren algunas cosas y otras no. Teóricamente se creó a través de un decreto la Administración General de Tecnológía Médica, que entre sus misiones incluye confeccionar esa canasta donde íbamos a saber que se cubría y que no. Ahora el viceministro de salud dice que no va a haber canasta y que vamos a seguir cubriendo todo como siempre con lo cual toda restricción es hipotética, no hay manera de saberlo. La prioridad absoluta la tiene materno infantil, que está en todos los seguros de pobres en el mundo.

Esto último que dice Yabkowski, se refiere a la exposición del el viceministro que la semana anterior había hecho en la facultad con gran extensión  (50 minutos)  donde no dio precisiones concretas sobre la CUS . Mientras desde FESPROSA expresan que “la plata no está y  tenemos que hacer conciencia entre la gente para que este proyecto no avance”.

-¿Qué implicancias puede tener respecto a las condiciones laborales de los profesionales de la salud?

-El viceministro de salud, Rubinstein,  dice “Nuestro modelo es el plan de medicina familiar de Brasil, que introdujo a 110 millones de brasileños en un programa”. Nosotros respondimos que  el plan de medicina de Brasil incluía salarios elevados, carrera sanitaria, fomento para la vivienda y educación de las familias en zona desfavorable, así consiguieron profesionales. ¿Cómo vas a armar un sistema basado en la atención continua e integral? Si la base son los médicos comunitarios que ganan 10 mil pesos y están precarizados, los de Córdoba no cobran hace nueve meses, porque el sistema está basado en la precarización laboral. A lo cual el viceministro contestó que efectivamente es así, y que hay que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.

Si un hospital trabaja para el seguro como los médicos colombianos, lo que tiene que hacer es captar asegurados y hacer muchas prestaciones. Si hay un hospital privado que compite con él, estas prestaciones pueden ser absorbidas por el sector privado.

En las últimas convenciones colectivas de trabajo, como por ejemplo la que firmó Andrés Rodriguez por UPCN, en el convenio colectivo de trabajo de la administración central de la Nación, incluye clausulas de productividad y de presentismo. Si nosotros metemos al sistema de salud con clausulas de productividad, la transformación que puede sufrir es tener un salario de 95% por convenio, como es ahora, algunos estímulos por el recupero del dinero de las obras sociales, como es el plan Sama (u otros planes de recupero) en la provincia de Buenos Aires, a tener un 20 o 30% de salario básico y el resto cobrar si atendés a la gente que viene por el seguro. Ahí se produce un cambio donde se subsidia la demanda, que en lugar de financiar al hospital público se financie al seguro y se cree un sistema de competencia público-privada para atender ese seguro, que es lo que ocurrió en Colombia y terminó con el cierre de 20 hospitales que no pudieron resistir la competencia.

En este caso el viceministro dice que todo lo que aparece como peligro para el modelo no lo van a hacer, hay una precarización que no se está resolviendo.

-¿A qué concepción ideológica responde este modelo de salud?

-El trabajo que publicó Mapfre en EE. UU. ve la transformación del sistema de salud como una oportunidad. La filosofía de esta gente es que el problema es el sector público, que es pesado e ineficiente, y que el derecho a la salud no está garantizado porque hay restricciones implícitas. Si bien todo el mundo tiene derecho a todo, las listas de espera, el arancelamiento, el gasto privado de bolsillo para comprar insumos y medicamentos, habla de restricciones implícitas. Ellos de lo que hablan es de transformar estas restricciones implícitas en restricciones explícitas, es decir saber qué se va a dar y qué no se va a dar y el mejor de ese programa va a ser el que se quede con la plata del seguro. Entonces el sector público va a tener que esforzarse más en la competencia con el privado para captar estos fondos que atiendan la canasta, o sea las restricciones explícitas. Esto responde a una concepción del estado abiertamente neoliberal donde tiene por función en  salud regular y financiar, en parte, y nunca ser prestador. Es el modelo norteamericano donde no existe el hospital público, son todos prestadores privados y seguros, donde no hay derechos de la ciudadanía a la salud, el concepto es de renta, costo/beneficio y cuál es el piso mínimo de prestaciones. Por eso los socios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están con la CUS para todos en el 2030, con la participación de tres grandes actores: el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melina Gates, los filántropos que están penetrando en el mercado de la salud por encima del Banco Mundial y del gobierno de EE. UU.

Un medida lejos del pueblo

La CUS hoy parece más cercana a un anuncio de campaña, pero amenaza con transformar al sistema público de salud que tenemos. La gestión de la salud, parece ser una temática reservada a los especialistas, que deja bastante alejados a los sectores populares que solo acceden como usuarios mayoritarios y pasivos del sistema. Queda oculta la relación de la salud con las condiciones de vida, la vivienda, el trabajo, la educación como un conjunto del cual forma parte. Quizás se haga necesaria la participación popular en la evaluación de las necesidades, en la gestión y construcción de respuestas, como otro modo posible, que movilizará las iniciativas que impulsen la defensa de los legítimos derechos para y por el pueblo.

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