Por Redacción Marcha

El flamante ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, inauguró su gestión con dos medidas que podrían dar señales clarísimas del rumbo de su política pública. En primer lugar, el miércoles pasado resolvió despedir al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, y el viernes anunció el cierre del servicio de guardia e internación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. Al personal de la institución se le informó que ya estaría firmado el decreto para el cierre definitivo de la institución ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. 

La noticia llegó a pocas horas del fin de semana, pero en muy poco tiempo se activó una red urgente de acción colectiva para denunciar la medida del gobierno que implicaría el despido de 600 trabajadores y trabajadoras y dejaría sin atención a miles de pacientes que concurren a la institución. De inmediato se multiplicaron los comunicados en redes sociales, los mensajes y la convocatoria a un festival destinado a las infancias que tuvo lugar durante toda la tarde del domingo en las puertas del hospital donde también funciona el “Jardín de los abrazos”. La comunidad fue a abrazar al Bonaparte, a sus trabajadores y pacientes, porque tal como lo expresó una psicóloga del hospital, Sofía Marino, “esta lucha también es de los pacientes”. Sofía trabaja en el área de demanda espontánea y coordina un grupo de mujeres y disidencias, al ver la cantidad de gente que se hizo presente destacó la respuesta de la comunidad y de diferentes sectores para acompañar la lucha. “Es un día muy importante porque vamos a hacer una vigilia para profesionales dentro del hospital para impedir el cierre de la institución”, afirmó la psicóloga. “Es un hospital que tiene una amplia trayectoria en el trabajo con la comunidad del barrio y también a lo largo de todo el país. Somos el único hospital de salud mental con referencia nacional, acá se acercan distintas personas no solamente de Parque Patricios, sino de todo el país para consultar por tratamientos que, cabe aclarar, no se están facilitando ni se están garantizando en ningún otro espacio”.

Aunque el gobierno calificó la medida como un “reordenamiento” y “plan de reestructuración del Hospital Bonaparte”, para las y los trabajadores “el cierre del hospital es casi inminente en la medida en que no se nos dé ninguna respuesta”, afirmó la licenciada Sofía Marino. Además, añadió que “la situación es muy precaria en este momento. Nos encontramos no solamente con el inminente cierre del hospital sino con recortes. 30 profesionales, trabajadores del hospital fueron despedidos, sufrimos recortes salariales y estamos con un 1% de aumento en el último mes que, claramente, no acompaña la situación económica actual”. A esos 30 despidos se suma la pérdida de otros 30 profesionales que debido a las condiciones de precariedad laboral se vieron forzados a irse. Precarización, desfinanciamiento o cierre directo de las instituciones es la política pública del gobierno de Javier Milei en materia de salud pública. Para la comunidad del hospital es muy preocupante la situación de las 37 personas internadas, “no sabemos qué puede pasar con los pacientes. Estamos muy preocupados”, afirmó la psicóloga, “dicen que van a redirigir a los pacientes a distintas instituciones pero no va a ser posible porque son pacientes con alta complejidad que se encuentran en tratamiento psicológico psiquiátrico, algunos están internados y la situación es muy compleja. No tenemos otra respuesta por eso, la respuesta la está dando el pueblo, nosotros como profesionales y los pacientes”. Ante esta situación de deriva para las y los pacientes en situación de internación, los más de 500 adultos y 360 niños, niñas y adolescentes que se atienden en el Hospital Bonaparte, el CELS presentó un Habeas Corpus que el juzgado Criminal y Correccional 44 atendió en el día de hoy y le dió 24 horas al Ministerio de Salud dar explicaciones sobre el cierre de los servicios, el plan para las personas internadas, si serán derivadas y a dónde.   

La llegada de la gente era continua, se sumaban banderas de agrupaciones, asambleas barriales y personas que se atendieron en el Hospital que desde 2016 lleva el nombre de la psicóloga Laura Bonaparte, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Toda la extensión de la calle Combate de los Pozos hasta la Avenida Caseros estaba colmada de apoyo para impedir el cierre del Bonaparte. Llegaron quienes se atendieron en el hospital, quienes tienen o tuvieron familiares o seres queridos internados o en tratamiento. Para Alfredo Fernández Oro, integrante de Jubilados Independientes y ex trabajador estatal, el cierre del Hospital Bonaparte “es algo nefasto. En su rubro es lo mejor que hay. Cerrar la guardia, la internación. No hay otro hospital de excelencia así en la capital. Es parte nuestra el Bonaparte. Como agrupación de jubilados significa mucho acompañar esta lucha también, es un orgullo junto con las asambleas. La salud pública hay que defenderla y tenemos que ser mayoría”, afirmó. 

“Acá respetaron mi pronombre, nada más y nada menos que eso”

En la esquina la Columna Mostri convocó a una asamblea pública, allí se compartieron experiencias vinculadas con el Hospital Bonaparte y el vínculo de la institución con la comunidad LGTBIQ+. Desde el respeto por el pronombre hasta la creación de políticas públicas para darle abordaje al tratamiento de la salud mental y/o a los consumos problemáticos, el hospital desde su creación en 2016 está cerca de las disidencias sexuales. An Millet, trabajador social del Bonaparte, comentó sobre el trabajo para facilitar la accesibilidad a la salud de travestis y mujeres trans con consumos problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires iniciado en 2017 producto de una investigación que, en 2018 creó “el vínculo directo con el Hotel Gondolín y el armado de un equipo interdisciplinario que va todas las semanas, desde ese momento, a atender a las travestis y mujeres trans que viven en el hotel. Esa es una política que se sostiene hasta el día de hoy”. Posteriormente, “en 2019 se abrió el servicio de salud integral que es el que garantiza en este momento los procesos de hormonización y también los tratamientos de manejo del dolor para personas que tienen silicona mal aplicada. En 2020 se hizo un trabajo de adecuación de los formularios y los procesos administrativos para que coincidan con la identidad de género que, si bien, se hizo un primer adecuamiento cuando salió la ley en 2012, en 2020 se llevó adelante de forma más precisa”, dijo An Millet. Desde 2021, el Bonaparte comenzó a articular con una organización Socio Ballroom que es parte de la cultura ballroom de la Ciudad de Buenos Aires, porque empezaron a recibir muchas de situaciones de personas con problemáticas de salud mental o de consumo problemático. El respeto por el pronombre no es ni más ni menos que el trato digno y en muchos casos, una puerta para iniciar un tratamiento de salud mental para personas de un colectivo que supo ganar derechos y que, hoy está en riesgo por el desguace de políticas públicas. Desde su inicio el Hospital Laura Bonaparte acompaña a la comunidad LGTBIQ+, de hecho, cuenta con el 1% del cupo laboral travesti trans antes de la sanción de la ley. Además de llevar el nombre de una madre de Plaza de Mayo, el auditorio lleva el nombre de Diana Sacayán.

Foto de portada: Rocío Prim

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Por Luis Hessel *

Alfredo Moffatt nació el 12 de enero de 1934 en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, la misma ciudad de la que se despidió este 2 de julio de 2023. Solía decir que se especializó en pobres y locos, y como de un tiempo a esta parte la Argentina enloqueció y se empobreció en proporciones abismales, se jactaba de tener un oficio muy solicitado, aunque muchas veces muy mal remunerado.

Recuerdo que cada vez que yo llegaba a su casa lo saludaba con un efusivo ¡Doctor Moffatt!, exagerando un marcado acento neoyorquino al que respondía al instante como quien se alista a su puesto de combate. Porque así lo saludan las enfermeras cada mañana que ingresaba al Maimonides Hospital of Brooklyn, donde trabajó en un programa de psiquiatría comunitaria orientado a la externación de pacientes a partir del modelo que Maxwell Jones implementó en un pequeño hospital rural de Escocia y que se conoció como Comunidad Terapéutica.

A su regreso al país en 1971, volvió a la Escuela de Psicología Social de su mentor, el doctor Enrique Pichón Rivière que lo había adoptado como un “hijo putativo” y a quien cuido hasta el mismo día de su muerte. Durante los 10 años que trabajó junto al célebre psicoanalista comenzó a construir los cimientos de su propio modelo de la psicología social, a la cual denominó Terapia de Crisis.Te puede interesar:   Alfredo Grande: La profecía de “que se vayan todos” fracasó

En la despedida que familiares, amigos y alumnos realizamos en el Salón Cortázar de la Biblioteca Nacional, la psicóloga Alicia Stolkiner recordó con sus palabras la intervención en el V° Congreso de Psiquiatría organizado por la combativa Federación Argentina de Psiquiatras (FAP) en 1972 celebrado en el local del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, frente a un auditorio hegemonizado por la narrativa freudo-marxista de esos años, resaltó la necesidad de crear una Psiquiatría Nacional, que se ponga los guantes de combate frente al dominio de la oligarquía, el imperialismo yanky y la colonización intelectual a la que nos someten desde los centros de estudios del primer mundo. Posiciones que luego presento por escrito en la Revista “Hoy de Servicio Social” y desarrollo ampliamente en su libro más conocido “Psicoterapia del Oprimido. Ideología y técnica de la psiquiatría popular” (1974).

A lo largo de su extensa carrera recorrió la Argentina y trabajó en Brasil dónde su obra alcanzó un importante reconocimiento y contribuyó a la lucha del movimiento por la reforma psiquiátrica que en el año 2001 logró la sanción de la ley 10216 e inspiró transformaciones en la región, como la ley Nacional de Salud Mental Argentina. A fines de 2021, en una de sus últimas apariciones públicas asistió al “V Encuentro Federal de Derechos Humamos”, en el ex centro de torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde fue distinguido por su trayectoria en el campo de la Salud Mental y los Derechos Humanos. Ocasión en la que se conmemoró y se reconocieron los aportes de experiencias como la “Peña Carlos Gardel” (1971-74) pionera en un nuevo tipo de abordaje que articuló la Comunidad Terapéutica con los grupos, las cooperativas de trabajo, el teatro popular, la universidad obrera, el baile y el método “para tratar psicóticos” del Choripidol, que no era otra cosa que el choripan mariposa criollo. Continuada por “El Bancadero” (1982), una mutual de asistencia psicológica en una casona reciclada que asistió a más de 3.500 personas para re elaborar el terror psicológico impuesto durante la dictadura cívico-militar y la crisis del proyecto de vida generada por el desencanto y la decepción del nuevo sistema democrático.Te puede interesar:   Presentamos libro de conversaciones entre Gregorio Baremblitt y Alfredo Grande

Con el proyecto de la “Cooperanza” (1983) volvió al Hospital Borda tras su exilio latinoamericano, donde renovó la propuesta de la Peña e incentivó a la creación de otras propuestas como “Radio La Colifata” (1991), y frente al colapso neoliberal llevó el modelo de “Las Oyitas” (2001) a las villas miseria de La Matanza. Coordinó grupos de asistencia a sobrevivientes y familiares de la tragedia de Cromañon (2004), así como también se recordó sus primeros pasos en la experiencia de comunidad terapéutica realizada en el Hospital José Estévez (1968) de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Wilbur Ricardo Grimson, ahí creo el “Club la Esperanza” donde las internas contaron con un espacio destinado al festejo popular, el baile y el canto, el teatro y un emprendimiento de pastelería como dispositivos de resocialización.

Aún no sabemos el tiempo que será necesario que pase, para que nuevas generaciones (y otras no tantas) descubran la dimensión de su figura y de su obra, que en muchos aspectos igualó y hasta superó a la del propio Pichón Rivière. Su comprensión de los seres humanos, lo comunitario, la salud y la realidad social, lo ubicarán junto a otros grandes pensadores de la historia de los pueblos del tercer mundo, como Paulo Freire, Rodolfo Kusch, Ignacio Martín-Baró, Frantz Fanon y Enrique Dussel.

Y ahora me pregunto qué pasara cuando empecemos a quedarnos solos y nos inunde el frío de los poemas de Juan Gelman y que solo Buenos Aires sabe tener. Mientras escribo estas líneas escucho a Johnny Cash cantando “En lo que me convertí / Mi más dulce amigo / Todos se van / al final”.Te puede interesar:   Franco Basaglia, una praxis liberadora

¿Y nosotros? ¿Ahora que ya no estás?

¿Y Villa Palito? ¿Y los locos?

¿Kafka, Evita y Perón?

Rodrigo, un querido anarko-punk de Laferrere que lo cuidó hasta las últimas horas, me contó que Alfredo ya se había despedido de todos y de todas. “Muchachos, yo ya viví”, dice que fueron tus palabras, sabias, profundas, porque vos ya hace rato venías ensayando, esto de jugar a la muerte, que de tan humano es el juego, que hasta le perdemos el miedo y me recordé esas frases que decían que mientras más grande es mi proyecto, más grande es mi esperanza y esa es la mejor forma de recibir a la muerte. Ahora ella, de seguro, estará tentada, riéndose de este mundo junto a vos.

Gracias maestro por habernos cambiado la vida.

Para Malena Moffatt, los locos y toda la comunidad moffatteana de nuestramérica.

Foto: Biblioteca Nacional

*Publicada originalmente en Contrahegemonia

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Para ello se conformó la Mesa de Accesibilidad Electoral integrada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el INADI, la Cámara Electoral, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Órgano de Revisión de Salud Mental, la Agencia Nacional de Discapacidad y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Por Dario Cavacini / Foto Martin Matilla

Históricamente, las personas en tales condiciones se han encontrado con una serie de obstáculos para el ejercicio de este derecho, tales como las sentencias que restringen, total o parcialmente, la capacidad jurídica y, en consecuencia, se las excluye de los padrones electorales. También, se constituyen como dificultades la falta de información disponible sobre los procesos electorales y las propuestas partidarias, la modalidad de voto, el lugar de votación, etc.  Asimismo, muchas personas permanecen internadas en instituciones alejadas de sus entornos o lugares de origen, lo que genera una enorme dificultad respecto a las lejanías de los lugares de votación donde están empadronados/as. 

La mirada tutelar que todavía se tiene en este campo, impide el reconocimiento de tales personas como sujetos de derechos y genera resistencias por parte de las familias, los equipos de salud, las instituciones y la comunidad en general, que evalúan como innecesaria su participación o bien, la consideran como “voto no calificado”.

La limitación de la capacidad jurídica ha sido utilizada para negar la participación política, especialmente el derecho al voto. La capacidad que tenga una persona de adoptar decisiones, no puede justificar que se les impida ejercer sus derechos. La exclusión del derecho al voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluida la restricción derivada de una evaluación individualizada, constituye una discriminación por motivos de discapacidad.

Las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y tienen derecho a contar con acceso a los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos. La existencia de un diagnóstico y/o de una internación no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño e incapacidad. Las declaraciones judiciales de incapacidad deberán especificar sus funciones y actos que se limitan, nunca pueden ser un todo indisoluble. 

El estado tiene la obligación de garantizar los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás, asegurando la participación plena y efectiva en la vida política y pública, directamente o a través de representantes libremente elegidos/as, incluidos el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidas/os. Por ello, es imprescindible generar entornos de participación plena y efectiva en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones.

Los objetivos de esta campaña federal intentan revertir la histórica situación de vulnerabilidad que sufren estas personas, generando procesos electorales inclusivos y accesibles. Para ello se proponen crear espacios de sensibilización en la comunidad respecto al derecho al voto de diferentes grupos marginados, así como también generar acciones que promuevan el acompañamiento de usuarios y usuarias de cara a las próximas jornadas electorales que tengan lugar en el país. 

En esa línea, se prevén una serie de acciones territoriales que favorezcan el acceso a las personas a ejercer su derecho al voto, tales como la promoción de documentación, la revisión de los padrones e inclusión en los mismos de las personas institucionalizadas y el acompañamiento y apoyo el día mismo de las elecciones.

La verdadera democracia sólo será posible con la inclusión de todas las personas como sujetos políticos en pleno ejercicio de sus derechos, y para ello, las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad deben contar con las condiciones necesarias para ejercer su derecho a votar libremente.

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Por Iván Barrera y Ana Marangoni | Fotos de Darío Cavacini

En notas anteriores, a partir de diversos testimonios estuvimos reconstruyendo el panorama que se atraviesa en el hospital de salud mental José Tiburcio Borda. Pero, ¿qué pasa con la Ley Nacional de Salud Mental y el Proyecto inconcluso de Desmanicomialización? ¿Cuál es el estado de los manicomios en las distintas provincias y qué urgencias de siempre permanecen invisibilizadas?

Para responder, entrevistamos a Celeste Romero, terapista ocupacional, trabajadora del Estado, y que ha sido integrante del Consejo Consultivo honorario de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental; y a Javier Frías, secretario de la Defensoría Civil de Moreno, dentro del Ministerio Público de la Defensa, y ex trabajador de la DNSM, habiendo formando parte del equipo de fiscalización.

– ¿Cuál es la situación de los manicomios a nivel nacional?

Celeste Romero: a nivel nacional hay 42 hospitales psiquiátricos públicos en nuestro país y tantos otros privados. Me atrevería a decir, como una simple trabajadora del sistema de salud, que la situación de todos los manicomios es la misma. Con matices, pero la misma. En hospitales psiquiátricos del interior de las distintas provincias la cantidad de personas es mucho menor que en aquellos de las grandes urbes, llegando incluso a menos de 100. Sin embargo, el manicomio con mucha o poca gente sigue siendo manicomio. Algunos con paredes más pintadas o jardines más bonitos, algunos con actividades culturales y artísticas, otros con pocas iniciativas. Creo que en todos hay trabajadores/as muy valiosos, pero hay un sistema que opera un modo de opresión social, cultural y económica, que todavía atraviesa fuertemente las maneras de atención. Por eso, el manicomio aún sigue vigente en sus prácticas, en el presupuesto que tiene destinado, en la cantidad de trabajadores versus los trabajadores que están en el territorio. En fin, sigue vigente y continúa matando.

Al leer las notas del Borda recordaba otros casos trágicos en manicomios de todo el país, que en su momento han tenido mucha prensa. Hace 4 años se cayó una señora y murió ahogada en un pozo en la Colonia de Salud Mental de Federal, Entre Ríos. Me tocó visitar ese hospital tiempo después: los pozos estaban tapados con restos de muebles viejos, un trabajo hecho por los mismos trabajadores ante la falta de respuesta a una problemática que ponía de manifiesto, una vez más, las condiciones de vida dentro del manicomio. En agosto de 2018, nos enterábamos de un señor que había sido olvidado 47 años dentro de la Colonia Vidal Abal, olvidado por quienes tenían que ocuparse de su tratamiento y su externación. En abril del mismo año, una mujer mató a otra dentro de una institución psiquiátrica privada en donde los primeros en socorrer fueron otros usuarios allí internados. En mayo de 2018 muere un paciente electrocutado cuando intentaba fugarse en el Hospital Alejandro Korn. En 2008, un señor de 51 años perdió la vida por una jauría de perros en el Hospital de Open Doors. En 2005, una red de prostitución en un neuropisquiátrico de CABA. Una y otra vez lo que mata es el manicomio. En la actualidad, tenemos numerosos colectivos donde valiosísimos compañeros y compañeras trabajan y reflexionan en pos de su superación.

Hay una situación de vulneración extrema de derechos que genera la vida en las situaciones totales, sabemos que ninguna institución está pensada para cubrir la totalidad de la vida de la persona, entonces es necesario, a diez años de la sanción de Ley Nacional de Salud Mental, animarnos a innovar, a pensar nuevos modos de acompañar y sostener la vida de las personas.

– El año pasado se realizó un censo a nivel nacional en instituciones de salud mental, ¿qué información se pudo obtener?

C. R.: la realización del Censo fue muy importante, una medida prevista por la Ley Nacional en su Artículo 35 que determina que debe hacerse con regularidad, como máximo cada dos años. Se recabó que 12.600 personas están internadas en instituciones totales. Un aporte valioso para el trabajo cotidiano de las y los trabajadores de los servicios de salud mental, fueron algunas preguntas que hicieron a los derechos de ciudadanía y los principios de libertad. Tomando el último mes como referencia, la primera pregunta tenía que ver con el manejo del dinero y sólo un 69% manifestó percibir algún ingreso y de ese total, sólo un 27,5 % podría administrarlo.

Otro dato, que ahora en tiempos de cuarentena cobra más impacto, es la posibilidad de sostener los vínculos sociales y afectivos durante la internación; sólo un 66% refirió contar con la posibilidad de visitas. Pienso, por ejemplo, en cuántas familias viven lejos del lugar donde su ser querido es internado, pienso también en el principio de territorialidad, en contar con tratamiento cercano a la casa allí donde están los afectos. También de la totalidad de las personas internadas, solo el 41% refirió poder realizar llamadas telefónicas. El 59,9% refirió poder realizar salidas, de los cuales solo el 11% lo hace solo. O sea, tenemos 5040 personas que no salen del psiquiátrico y con un promedio de 12 años de encierro. No salían antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio y no tenemos garantías ciertas si será distinto luego de la pandemia. Esto se da en todo el país, no solo en CABA o en el Borda.

Estos datos nos sirven para reflexionar sobre el trabajo que falta. Pasaron 10 años de la Ley de Salud Mental Nº 26.657 y todos los manicomios siguen en pie, con avances y retrocesos, pero en pie. También, paralelamente han surgido muchas hermosas experiencias en todo el país que dan mucha esperanza. La Ley también ha podido garantizar ciertos espacios de institucionalidad que son una potencia para la implementación de las políticas en Salud Mental. El trabajo del Órgano de revisión Nacional, el Consejo Consultivo Honorario, la CoNISMA, los espacios cada vez más necesarios de usuarixs y familiares. En fin, hay mucho transcurrido y se requiere mucho más para que Argentina sea un país sin manicomios.

Javier Frías: el censo pone en números lo que quienes trabajamos y militamos la salud mental conocemos. Y para quien no conocía esa información, pues ahora la tiene a mano. Actualiza la información de ese gran trabajo que fue “Vidas arrasadas”. Lo que ocurre en salud mental es que aún falta una dirección unívoca sobre cómo superar el manicomio. Unívoca y ágil, porque es lenta. Pensar que la ley se sancionó en el 2010. Recién a los 3 años se reglamentó. Y recién 9 años después se hizo el censo. Así, la meta del 2020 es relativizada. El 2020 no fue un capricho, fue un año que la Organización Panamericana de la Salud fijó como para evidenciar la necesidad que se requiere de un cambio rápido porque la vulneración de derechos en un manicomio es diaria.

Pero por falta de una voluntad unívoca, aún siguen en pie los manicomios, generándose a lo largo de estos años discusiones estériles, como si el cambio debe venir desde adentro de los manicomios o desde afuera, o si primero hay que crear los dispositivos sustitutivos para luego sustituir o viceversa o si primero hay que concientizar a todas las y los trabajadores, vecinxs y comunidad, y luego avanzar, o si un monovalente es igual a manicomio o a neuropsiquiátrico. Los Ministros de Salud y directores afirman y reafirman su compromiso con la Ley, pero luego su aplicación se queda trabada en la coyuntura económica provincial o municipal y las discusiones que mencioné que lo que logran es que la salud mental no traccione y no se genere un espacio verdadero en la agenda política.

Lo peor de todo es que, a falta de la nueva institucionalidad, es decir, falta de la transformación y superación de los manicomios en un nuevo sistema comunitario, ese vacío es llenado por más discursos, esta vez de los gobernantes, que nos dicen que están transformando y convirtiendo los monovalentes en hospitales generales, cuando no es así en absoluto o quienes nos dicen que están vaciando camas o externando masivamente, cuando derivan a los geriátricos o egresan con planes de externación hechos de la medianoche a la mañana. Es tan falso como cierto que ninguno de los 42 hospitales psiquiátricos presentó a la autoridad nacional de aplicación, o sea, a la Dirección Nacional de Salud Mental, el proyecto de externación definitivo que prevé el Decreto reglamentario. Ese artículo tan poco conocido y tan poco utilizado en nuestras discusiones estériles.

Ahora el discurso está refinado, observo a la Directora de Salud Mental Lic. Calmels con un discurso impecable, sin fisuras, pero hay que ver en qué dirección avanzará. Al parecer, va a armar un Plan Provincial de Salud Mental. Esperemos que sea bienaventurado, pero hemos tenido la experiencia a nivel nacional de un Plan Nacional que no tuvo ninguna aplicación concreta.

– En el Borda hay una vulneración permanente de la libertad y lxs internxs no tienen los cuidados necesarios, lo que se agrava en contexto de COVID-19, ¿qué ocurre en los demás hospicios?

C. R.: Esta es una situación que se repite en todo el país. En la mayoría de los manicomios, las personas comparten la ropa, utilizan los mismos elementos de higiene, se comparten toallas. La misma ropa interior que hoy utiliza Juan, mañana la tiene puesta Pedro. Colchones en el piso, camas sin sabanas. Situaciones de contención física y de privación del libre movimiento son moneda corriente, mucho más en personas ancianas. La primera acción en todo hospital psiquiátrico suele ser atar a la persona, antes de cualquier acción terapéutica, lo que constituye un acto gravísimo de violencia y todavía está avalado incluso por la OMS. La presencia de personal policial es cada vez más frecuente dentro de las instituciones: personas esposadas por temor a fugas, pacientes que no salen de las habitaciones o de su sala. Todo esto en el contexto del COVID-19, genera mayores situaciones de vulnerabilidad y también mayor predisposición a contagios.

A pesar de los protocolos y los esfuerzos de la gestión actual para generar resguardos a las personas creo que falta mucho trabajo. Luego de tres meses de cuarentena, estamos viendo los efectos de la falta de acompañamiento de las personas que ya están en su casa. Hay muchos que requieren apoyo para la toma de medicación, y esto se venía dado quizás por dispositivos diurnos. Los que requerían mayores apoyos para la vida autónoma, hoy tienen dificultades serias. Lo mismo quienes se proveían de alimento diario a través de algún dispositivo de salud. Los paradores para personas en situación de calle contienen a muchísimas personas con problemáticas de salud mental que han tenido muchas reinternaciones en hospitales psiquiátricos. Esto se repite en CABA principalmente, pero también en las grandes ciudades de nuestro país. Una vez, un compañero del Consejo Consultivo Honorario decía que el manicomio es como el capitalismo, y como decía el Che: al capitalismo, al igual que al manicomio, “no hay que creerle ni un tantito así”.

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Por Iván Barrera y Ana Paula Marangoni* | Fotos de Darío Cavacini

¿Qué situaciones de abandono viene atravesando el Borda desde antes de la pandemia? ¿Cuál es la situación actual?

El hospital viene teniendo situaciones de abandono desde sus orígenes. Es una institución con un pasado muy negro en relación con los métodos que utilizaban. Antes del chaleco químico, como nosotros llamamos a los medicamentos que se utilizan en los padecimientos mentales (en exceso, porque se sobremedica), se empleaban otros métodos totalmente crueles, tales como el electroshock, los manguerazos de agua fría, atar pacientes a la cama o celdas de aislamiento. Métodos propios de los manicomios de todo el mundo que se trasladaron al José Tiburcio Borda.

Con el comienzo de los grandes laboratorios y de la medicación de forma masiva, comenzaron a aplicar grandes dosis para mantener en un estado catatónico a los usuarios. El Estado de abandono es en todos los sentidos: la comida siempre fue terrible; la ropa que se les da viene de donaciones que por supuesto son usadas, no son a medida y no se adaptan a las personas. Si uno no tenía un aspecto de loco al ingresar, a partir de la ropa y el calzado se transforma en uno. Las condiciones internas son pésimas, a las 19 horas se les da a los usuarios la medicación junto con la cena, y su jornada queda terminada.

El abandono también corresponde a la familia, o a los amigos y conocidos. Es un tema complicado porque es fácil decir que la familia te abandona, pero todas las personas que están en los manicomios públicos son pobres y pertenecen a grupos familiares muy pobres, son familias que viven en el tercer cordón del Gran Buenos Aires o en las villas de la Ciudad. Entonces, trasladarse hasta el hospital hoy por hoy lleva un costo en el pasaje al que tienen que sumarle el llevarle algo al internado, un alimento, gaseosa, cigarrillos. Todo eso involucra un gasto que es muy difícil sobrellevar, más en este tiempo.

A su vez, está el tema de que las familias tienen sacralizado el uniforme blanco del doctor, el cual significa una súper autoridad, una voz autorizada; y si el doctor le dice que va a estar mejor, que ese es el lugar adecuado para ese padecimiento, confían ciegamente. Hace un tiempo, uno de los médicos habló con la madre de un usuario y le dijo que le iban a hacer un tratamiento. Se lo explicó en términos científicos, pero se trataba de sesiones de electroshock, y la madre lo autorizó por desconocimiento total de lo que implicaba.

También está el abandono de la sociedad, la estigmatización. Una persona que está o pasó por un manicomio es considerado un descarte de la sociedad, alguien que no produce, que no sirve para el sistema, que no vota. Está ahí amontonado como un resabio de la sociedad. Eso es estigmatizante.  Cuando uno sale, busca trabajo y se enteran de que pasó por un manicomio es como si llevase un sello en la frente que lo va a llevar por toda la vida. Lo mismo que pasa en las cárceles.

La situación actual no difiere mucho del pasado. Esta solo se agrava por la situación del COVID. Los usuarios internados siempre padecieron una situación de abandono, de confinamiento o aislamiento; paradójicamente, hoy toda la sociedad está viviendo parte de lo que ellos experimentaron siempre. Aislados en un servicio, en un pabellón, en un manicomio, aislados de toda su familia. Ahora es todo más grave porque antes contaban con organizaciones sociales que trabajaban dentro del hospital pero que siempre fueron ajenas al mismo -el cual nos estigmatiza por estar supuestamente en contra de los saberes psiquiátricos; para ellos deberíamos estar presos por uso indebido de la medicina-. El hospital considera que son los únicos que tienen el saber para el tratamiento de padecimientos mentales.

Ahora todo se agrava por las medidas: tener que andar con barbijo, lavarse con alcohol en gel, que es lo que recomienda el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Pero hoy en el Borda no hay esos elementos, no hay barbijos, no hay jabón, no hay alcohol ni en gel ni líquido, no se cuenta con insumos. Esa es otra forma de abandono, que no solo sucede con los usuarios internados, sucede con todos los profesionales que trabajan dentro de los manicomios. La enfermería, las y los médicos, psicólogos, el personal de limpieza, de cocina, no cuentan con los elementos básicos. Un enfermero que debería tener un barbijo cada 2 horas. -que es su tiempo útil-  tiene que usarlo por una jornada de hasta 12 horas. Los elementos de higiene y limpieza los tienen que proveer ellos. Los pedidos han sido constantes por parte de los profesionales y de quienes trabajan en el hospital. La consecuencia inmediata es que el COVID haya entrado en el Borda así como entró en las villas. Estos casos no son solo de usuarios, sino también de médicos, enfermeros y enfermeras.

¿Quiénes son lxs locxs?
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¿Qué responsabilidad tiene o debería tener el gobierno de la ciudad?

El GCBA tiene desde el año 2000 una ley de salud mental que es la 448. Esta ley es de una época donde todavía no había llegado la horda amarilla, en tiempos de Ibarra, era una ley progresista. Fue la primera ley que defendía los derechos de las personas internadas en los manicomios. Nunca se respetó esa ley y nunca se puso en práctica lo que aconsejaba, que era que los derechos de las personas internadas sean respetados y que tuviesen una salida cuando son externados, acorde para su vida. Que tengan vivienda, trabajo, cooperativas.

Cuando asume el macrismo la máxima responsabilidad que tuvo fue el 26 de abril de 2013, cuando a las 5 AM por el portón trasero ingresaron 400 efectivos de la policía metropolitana -hoy Policía de la Ciudad- con enormes topadoras y derribaron el Taller 19. Un taller protegido, en el cual se enseñaban oficios como carpintería y herrería a los internados para que tengan una salida laboral. Había un gran grupo de personas que enseñaba el oficio con mucho cariño, un grupo que fue totalmente disgregado. Entraron con las topadoras y tiraron abajo todo, las computadoras, las maquinarias, todo. Fue una jornada trágica. Todo esto produjo una gran rebelión en las personas que estaban trabajando en ese momento. Llamaron a compañeros, vino muchísima gente y cuando se juntó un número considerable de personas, comenzaron a disparar balas de goma indiscriminadamente y a lanzar gas pimienta y lacrimógeno. Fueron atacados los compañeros internados, periodistas, gente de los gremios, políticos, y un mundo de gente que fue a manifestarse. 4 trabajadoras y 1 trabajador fueron llevados a la comisaría, donde permanecieron 5 horas esposados. Al día de hoy siguen con la causa por desacato a la autoridad.

En cuanto a la alimentación, los beneficios de la población de los manicomios son nulos. El GCBA terceriza todo: la comida la hace una empresa privada, la seguridad es de una empresa privada y la limpieza la hace otra empresa. La responsabilidad del GCBA es cuidar estos ciudadanos. Lo que pasó el viernes 22 cuando una jauría de perros atacó a un interno que terminó falleciendo, es una responsabilidad de la que tiene que responder legalmente el GCBA. El CELS había advertido la existencia de las jaurías y ellos las negaron. Ellos lo evaden fácilmente: se llevan esos perros al Pasteur y ya deben estar encerrados en jaulas o muertos.

La responsabilidad de ellos es total, son los responsables directos. Dentro del Borda había una cárcel hasta el 2010 la cual estaba a cargo del SPF para personas inimputables para la ley, aquellas que no tienen discernimientos. Como es una persona altamente peligrosa para el servicio penal se constituyó esa cárcel, la que se reproduce en el hospital Moyano.  Ellos van a tener que pagar legalmente por la muerte de este usuario. El CELS en el informe Vidas Arrasadas detallaron las violaciones a los derechos humanos que existen: violaciones, vejaciones, torturas, celdas de aislamiento, personas desnudas, personas aisladas sin comida y sin acceso a la luz solar. En el Moyano hubo personas en celdas de aislamiento durante años.

¿Ven un panorama posible para resolver esta situación?

El panorama posible es un poco la desilusión. La ley 26.657, ley nacional que se promulgó en 2010 y se debía comenzar a implementar en 2013 nunca lo hizo por intereses económicos enormes, como son los de los laboratorios y la burocracia sindical ligada a los laboratorios.

Las organizaciones sociales trabajamos en la reinserción de esas personas. Trabajamos para que vuelvan a tener una identidad propia, la identidad que fue borrada, su nombre y apellido fue transformado en una historia clínica. Como dice Alfredo Moffat “los espejos no existen”, están prohibidos, el reloj te lo quitan y el DNI te lo quitan. A eso hay que sumarle la sobremedicación y el padecimiento mental, el cual no mejora, por el contrario, empeora. Hay personal que pone la mejor voluntad, con las mejores intenciones, ayudan a los usuarios como si fueran familiares, festejan los cumpleaños, las fiestas, el fin de año, hacen lo imposible. Gente que gana muy poca plata, que vienen de lugares muy lejanos y en este panorama arriesgan su vida.

El panorama está dado desde la propuesta de las redes en la desmanicomialización, el fin de los manicomios, instituciones tan arcaicas que no deberían existir más. Transformar los centros de atención de padecimientos monovalentes a que todos los hospitales tengan un área de salud mental, como hay un área de traumatología o de ginecología. En los CESAC debería existir una atención primaria. Los hospitales están estallados y boicoteados por el GCBA, con personal muy mal pago, a los que tenés que ir a las 3 de la mañana a buscar un número. Se debe terminar con el manicomio y que las personas tengan otra salida para su externación. No se enseñan profesiones, son liberados a su propia suerte. A partir de los talleres de externos es que solamente vuelven a socializar. Esas personas deben socializar, deben encontrarse en grupos, en colectivos donde socializar.

Las obras artísticas deben salir del hospital al exterior, tienen que tener una estética de excelente calidad. Tienen que llevar una denuncia de lo que está ocurriendo. Nosotros hicimos una obra por tres años en el ex Olimpo y estábamos todos de negro. Cuando nos ovacionaban y se acercaban a nosotros nos preguntaban cuáles eran los locos. La respuesta es “¿Cuál para usted es un loco?”. Esto genera un resquebrajamiento dentro de la estructura, cuando sale esa denuncia. Las denuncias repercuten.

¿Cuáles son las demandas urgentes?

Las demandas urgentes están basadas en el cumplimiento de la Ley 26.657 de Salud Mental. No en sus preceptos legales, sino en la conformación de medios para que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. A través de las casas de medio camino, los alquileres compartidos, pago de hoteles, a través de subsidios habitacionales. No apuntamos sólo a lo individual sino a lo colectivo, que puedan vivir juntas. También un programa de integración comunitaria que el FAB creó junto a compañeros y compañeras del Moyano y gente del MOI que consistía en pasar de vivir en hoteles a Cooperativas de Viviendas de BA y GCBA. Lo importante es que se integren organizaciones sociales, políticas y barriales, que en sus cooperativas de vivienda acepten a personas externadas que no tienen donde vivir. Esto lleva un trabajo muy fino. Cuando en las asambleas les decías a los compañeros de las cooperativas que iba a ir a vivir con ellos unas personas de un manicomio les generaban miedo. Es un miedo ancestral de las personas, ¿los locos van a venir a vivir con nosotros? Que es lo mismo que pasó con las cooperativas de viviendas cuando les otorgaron los lugares y los vecinos se enteraban que iban a vivir ahí. La idea social es que viene gente peligrosa. Hay que romper con esa idea. Los externados que están viviendo en las cooperativas son los más queridos, porque están cumpliendo al día con el pago de las cuotas del Instituto de la Vivienda y con el trabajo voluntario, de ayuda mutua. Ellos lo cumplieron como los mejores.

La demanda urgente es el cumplimento de esta ley que decía que en 2020 no iba a haber más manicomios. El gobierno macrista pasó del Ministerio de Salud a una Secretaría, y la Secretaría de Salud Mental pasó a ser una oficina. Este nuevo gobierno le asignó el título de Secretaría a Salud Mental. También hay que hacer un trabajo de concientización en la población. La ley debe cumplirse completa, más allá de lo bonito que sea. Deben terminarse lo manicomios, que no significa que los trabajadores terminen en la calle. Nadie va a perder el trabajo, va a haber más trabajo. Porque va a estar distribuido en los hospitales y en los centros de salud comunitaria, sumado a grupos de psicólogos, psicólogos sociales, enfermeros, acompañantes terapéuticos, artistas. Eso va a demandar mayor cantidad de trabajadores.

¿Desde el frente de Artistas cómo están viviendo esta coyuntura? ¿Tuvieron conflictos en particular?

El FAB está desde 1984 trabajando en los talleres artísticos, esta es la primera vez que el Subdirector del Hospital nos dice que los talleres nuestros, los de Cooperanza y los demás quedan suspendidos. No podemos hacer talleres ni asambleas. Todos los talleres del FAB están abiertos a todo el público y son totalmente gratuitos. En esta coyuntura tampoco pueden ingresar familiares y amigos. Realmente estamos viviendo este tema muy mal. En el Borda hay talleres de lunes a lunes, es un lugar donde pueden tomar mate, compartir algo, hacer viajes y todo eso lo perdieron los compañeros internados. Quedan más aislados que nunca, y desde el FAB nos sentimos muy mal, no podemos hacer nada. Tuvimos conflictos desde la prohibición y por las violaciones a nuestros espacios físicos. El viernes pasado vi que el candado de la puerta principal de uno de nuestros galpones no estaba y habían reventado la puerta. Cuando entré vi que armarios de los talleres de música y teatro fueron violados. No son pérdidas enormes porque siempre hemos sufridos robos. Todo esto con la ausencia total con las varias compañías de seguridad que trabajan en el hospital. Los vigiladores no están nada preparados. Personas que tal vez están en un banco o en un country la mandan al Borda sin preparación. Hubo agencias que tuvieron que irse porque violentaban a los compañeros internados, les pegaban. No tienen conocimiento y usan la fuerza bruta. Cambiaron las agencias, pero esto es como las comisarias: cuando estalla una bomba en una comisaria sacan un comisario y traen uno con la misma ideología. Nosotros vamos a iniciar las acciones legales correspondientes. El CELS también inició acciones judiciales por el asesinato por la jauría de perros del compañero Jorge. El hospital niega la existencia de todas las organizaciones sociales y sí avala el CC Borda que es dirigido por un psiquiatra, que es un empleado del hospital y del GCBA. Este psiquiatra comanda un CC que considera que son los únicos que pueden manejar el tema artístico. Un psiquiatra se pone en el lugar de un artista y dicen que las obras no tienen que salir al exterior.

*La entrevista se realizó con la colaboración técnica de María Fernanda Domínguez, quien participa en la coordinación del mismo taller en el FAB.

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Por Darío Cavaccini

Durante el pasado 2 de mayo los psiquiatras Franco Rotelli y Benedetto Saraceno (*) participaron del primer del Ciclo de Conversaciones organizado en conjunto por la Conferencia Franco Basaglia Argentina, la radio Fragola Gorizia y la cooperativa social La Collina de Trieste (ambas de Italia) con el apoyo del Departamento de Salud Mental de Trieste y la Universidad de los Estudios de Trieste.   

La actualidad de los sistemas de salud está configurada por un estado de emergencia, en términos formales y materiales. Sin embargo, estas situaciones de emergencia ponen de relieve las dificultades de los sistemas sanitarios en general y de los servicios de salud mental en particular ¿Cómo el amplio campo de la salud mental y no la psiquiatría reacciona frente a este estado de emergencia? ¿Las respuestas tienen que ser homogéneas, globales o bien a nivel regional?

F.R.- No hay políticas nacionales amplias de salud mental en ningún lugar del mundo. Puede haber políticas específicas, de organización y gestión de servicios, pero no hay una política que se ponga al servicio de salvaguardar la salud mental de la población. Tenemos enfrente una situación de coyuntura que afecta y abarca sobre todo a las fragilidades. El Covid-19 no afecta a todo el mundo de la misma manera, entonces tenemos que preguntarnos cómo el virus afecta a cada fragilidad y cómo defendemos o las dejamos atacar aún más. Sabemos que la situación es diferente según grupos diferentes. Los recursos se deben focalizar en los lugares de mayor vulnerabilidad, en términos de prevención, pensando en la complejidad de la situación actual. Nada de eso fue hecho y la consecuencia es que la mitad de los muertos son personas que están en las residencias de ancianos. Estas fragilidades no han sido protegidas. Se ha corrido con respuestas y creación de cuidados intensivos en hospitales que ahora están vacíos, pero esa no puede ser la respuesta prevalente y prioritaria. Es necesario pensar en los determinantes sociales que ayudan a que ese virus haga más o menos daño en las personas. Vemos que ciertos grupos, lugares y condiciones particulares son las más afectadas. Esas complejidades son negadas, lo que hay son respuestas del tipo causa-afecto, simplificadoras de las condiciones materiales que responden a una situación aguda en el hospital a través de los cuidados intensivos.

B.S.- Una emergencia es algo imprevisto, que tiene una duración corta. Mientras que otras situaciones ponen de relieve a los problemas sistémicos, como el de la inmigración, por ejemplo. El virus no debe considerarse una emergencia. Los sistemas deberían estar preparados para la emergencia del virus, no solo en tener camas en hospitales, eso es la respuesta frente al aspecto agudo. El aspecto no agudo, es que este virus viene a interpelar los aspectos sistémicos que deben ser manejados a largo plazo. Todo lo que se refiere al énfasis en el hospital, es el aspecto agudo y se transforma en una tiranía de la emergencia que lleva a pensar que algunos elementos son sistémicos, cuando en realidad se trata de elementos agudos. Hay que pensar en elementos que sean respuesta más allá de la situación aguda. Eso no ha sido hecho en ninguna de las fases que llevamos con este virus. ¿Que se hará después? Se comprarán máscaras, respiradores, etc. Como forma de dar respuesta a una situación aguda, pero ha faltado una respuesta que ponga de relieve el carácter sistémico que deja en evidencia este fenómeno. Con esto me refiero a un sistema de salud cuya organización no fuera basada en el hospital.

Los gobiernos de derecha han parado la inversión en la salud pública, y se ha puesto énfasis en los hospitales privados, lo cual muestra la fragilidad del sistema. La atención primaria incluye respuestas que van más allá de la salud, ahí entran en juego los determinantes sociales, la identificación de los sectores más vulnerables. Todo esto es un sistema que tiene que existir antes de la emergencia. Tenemos que salir de la cultura de la emergencia y entrar en la cultura del sistema. Para ello, son necesarias grandes intervenciones a nivel de los sistemas de salud porque son los fracasos los sistemas los que han generado esta situación. Los 600.000 ancianos en los geriátricos italianos son los nuevos habitantes de los antiguos manicomios. Tenemos que revisar todas las políticas de los ancianos. Las residencias son altamente institucionales. La falta de atención hacia los vulnerables de la psiquiatría, se ha hecho extensivo a la vulnerabilidad de los ancianos cuando están en residencias. Tenemos que tomar el aspecto de las residencias de ancianos con la misma radicalidad con la que se ha tomado el tema de los manicomios en Trieste.

El virus es global, de lo global puede venir algo malo, lo único bueno es a nivel local, como la gente y los servicios se organizan. No es incompatible decir que hay determinados lineamientos para dar respuesta a esta situación que tienen que ser globalizados, es decir reunidos por el gobierno central y su implementación debe ser local. La respuesta debe ser local.

– ¿Se puede pensar en una dimensión amplia de salud centrada en el territorio como respuesta ante la situación actual? 

F.R.- Nosotros hemos imaginado hace 40 años servicios de salud mental descentralizados, es decir en el territorio, que también pueden pensarse para esta situación de pandemia. Eso significa poder penetrar en los barrios teniendo herramientas de control social y no de control policial o de seguridad. Tener mecanismos de protección y seguridad social que sean capaces de entrar en la complejidad socio sanitaria de nuestras comunidades, identificar los mecanismos de contagio, los focos, y todas estas cuestiones para ser capaces de enfrentar esta situación.

Estos dispositivos territoriales sirven para garantizar los trayectos integrales que dan respuesta a la salud y a la salud mental, para sacar a las personas de las residencias e integrarlas comunitariamente. Se trata de un control social democrático que debe ser llevado a cabo por instituciones democráticas para hacer frente al daño que esta epidemia ha generado y a todo el resto de cuestiones que siguen abiertas, para las cuales se siguen dando respuestas reducidas. Si la respuesta, por ejemplo en salud mental, son psicólogos que atienden teléfonos, entonces estamos jodidos.

B.S.- Es como una línea donde, en un extremo hay un hospital con camas, y en el otro hay una persona cuidándose en su casa tratando de ser responsable, y en el medio no hay ningún dispositivo. El individuo tiene que enfrentar el miedo a la muerte o a la policía: es una lógica del miedo. Falta lo que el antropólogo hindú Arjun Appadurai menciona como democracia profunda: aquella que se construye dentro de la comunidad, que viene desde abajo. Eso ha faltado antes de la pandemia. Soy muy crítico que después de la pandemia todo vaya a cambiar, todo eso es basura, lo que va a pasar es la regresión hacia la media, a como estaba antes. Después vamos a tener los mismos enemigos, las mismas batallas y el problema seguirá siendo cómo crear una democracia profunda.

–La microárea es un modelo de lo que es democracia desde abajo, una comunidad que se utiliza a sí misma como recurso, como elemento activo de constructor de salud y no pasivo esperando intervenciones. ¿Cómo pueden pensarse esas estrategias ante la situación actual?

F.R.- Tenemos los recursos lejos de la gente, cuando en realidad, se tienen que articular servicios y mecanismos donde viven las personas, en los municipios, en las organizaciones sociales. Ahí deben intervenir los recursos públicos para que las comunidades puedan producir sus propias riquezas, no hay que quitarles recursos a las comunidades. Cuando hablamos de control social, es relacionado a que la recuperación debe ser en el marco del territorio, como una estrategia para estar cerca de la gente, potenciando sus propios recursos y creando posibilidades de tolerancia. Las microáreas son la capacidad de estar en las pequeñas comunidades y llevar los recursos ahí, para fortalecerlas.

B.S.-  Salud mental en tiempos de pandemia no es un problema clínico si no de organización de servicios, es un problema de salud pública. La respuesta de salud mental no puede ser clínica, ni individual. El problema es cómo retomar la idea de dispositivos democráticos dentro de los cuales el sufrimiento individual pueda tener voz, pero enmarcado en un dispositivo de construcción democrática que incluya una reorganización de servicios fuera del hospital. Eso se aplica para problemáticas de salud en general, no solo de salud mental.

-¿Cuál es la posición que se asume para no renunciar a la desinstitucionalización en los sistemas de salud mental en vista a la crisis que se generará después de la pandemia?

F.R.- Una renta de ciudadanía sin vinculación con el trabajo, que sea universal, que elimine       la pobreza absoluta en nuestras sociedades. Si pudiésemos conseguirla, podríamos decir que el virus no solo ha producido daños en este contexto.

B.S.- Estoy seguro que en los estudios epidemiológicos que se harán en los próximos tres o cuatro años, darán como resultado que el Covid-19 ha afectado más a los pobres que a los ricos. Un determinante social es ser viejo en casa de ancianos, y los viejos que están ahí son pobres, no ricos. Las clases más vulnerables, están más expuestas, mayor conglomeración de gente, transporte público, etc. La pandemia ha sido, en su contagio y difusión, más dura entre los más vulnerables. Los obesos norteamericanos son los que van a morir más y sabemos que esos, son los pobres en EEUU. Hay muchos determinantes sociales que son relacionados con enfermedades preexistentes asociados con la vulnerabilidad. Estoy convencido que hay que hacer epidemiología social que ponga de relieve estos determinantes.

–La reflexión sobre los sistemas, tiene que ser en relación a las instituciones totales, de totalización de los servicios de cuidado, porque si no el riesgo es que la defensa del sistema sanitario se vuelva únicamente en defensa de las urgencias de los hospitales en esta situación ¿Cómo se podrían preservar los sistemas sanitarios territoriales construidos en relación al derecho a la vivienda y la solidaridad social de proximidad?

F.R.- Pensando a la salud más allá de la sanidad, salud en el sentido complejo del término. No creo que el después del virus nos encontrará más fuertes, tenemos que tener mucha fuerza para defender las reformas que se han hecho y tener profundos debates donde las sociedades sean recurso de salud y no solo recipiente de salud.

B.S.- Dos cuestiones me gustaría resaltar. La primera, es que espero que se llegue a un momento en que podremos saber más de este virus, no solamente para pensar a quién hará más daño si no ¿porque el virus ha tenido tanta fuerza y que lo hace tan peligroso en algunos lugares específicos? Por otro lado, qué pasará después con las políticas de psiquiatría. El distanciamiento social es un problema para los servicios de salud mental que han encontrado en la cercanía social la manera de funcionar. El riesgo es que al estar afectada ese punto, se pueda volver a una situación de hospitalocentrismo. El distanciamiento es algo momentáneo, pero hay que pelear contra eso desde hoy mismo. Porque eso conlleva poner en valor el funcionamiento de los servicios sanitarios de cercanía social y afirmando esa importancia, es que se podrá reconstruir los sistemas, teniendo como eje a la cercanía social. 

– ¿Qué peligros pueden observar en relación a la posibilidad de que esta centralidad del sistema sanitario en relación a los hospitales, se acentúe más luego de la pandemia?

F.R.- creo que el virus ha estresado los servicios psiquiátricos del mundo, como han estresado la vida cotidiana y a los servicios sanitarios en general. Sin embargo, donde se han encontrado buenos servicios, se han podido dar respuestas acordes, y cuando no, han dado respuestas absurdas como servicios Covid-19 especializados en salud mental. Hay que reinventar los mecanismos de intervención comunitaria, de atención territorial. Cuando entendamos de dónde viene y a quién afecta, tendremos un ADN reorganizado y sabremos responder de otra forma. Hay una dimensión comunitaria, y hay que afirmarla como respuesta central para este tipo de situaciones, de modo que la salud mental sea abordaba en términos comunitarios. Esta situación es importante para crecer. Después de esta crisis podremos hacernos nuevas preguntas. Ojalá tengamos mayor conciencia del peligro del distanciamiento físico y social y cuán preciosa es la cercanía interpersonal. Incluso puede hacer que los psiquiatras entiendan que esta cercanía es necesaria para la salud mental. Los virus pasan, pero las ideas pueden quedar y si son ideas buenas, importantes, pueden contagiarse.

B.S.- En Trieste, los servicios de salud mental se trasladaron desde el hospital a la comunidad. Quizás nos espere otra transición de la salud mental afuera del sector salud. El problema de la salud mental es un problema tan relevante que tenemos que pensarlo cada día inmerso dentro de un contexto más amplio, donde se ofrezca primero salud en general. La separación entre salud mental y salud general es artificial. Debemos pensar en una salida del sector salud mental hacia el sector del bienestar social, que incluya a la salud general como un hecho más y no dependiente de este sector específicamente. Un lugar donde la sociedad, al construir democracia, construya salud. Eso implica salir de los territorios conocidos por nosotros, basados en el hospital.

Las mismas prácticas que están sucediendo en al ámbito de la medicina, intervenciones especializadas que apuntan hacia el problema alejadas de la vida de las personas, usando tecnología para actuar sobre las fases agudas, puede acontecer también en el ámbito de la salud mental. Donde esas prácticas son especialistas, donde los protocolos entran y construyen instrucciones cotidianas que dejan de lado la complejidad de nuestro trabajo. Quiero compartir mi temor de que eso se quede y estos protocolos queden institucionalizadas como prácticas de salud mental habituales.Sin cercanía social, es muy difícil tener buenos servicios de salud mental en la comunidad, porque eso implica cercanía, afectividad, cuerpos, relaciones, construcciones de democracia y afectividad. Las buenas prácticas no dependen necesariamente de que estén insertas en países ricos, estamos viendo el fracaso en esa materia en países como Estados Unidos, Italia, Francia o Inglaterra y vemos como en países menos desarrollados, las respuestas están siendo las adecuadas. No es una garantía tener mucho dinero inyectado en el sistema de salud para que sean adecuados, no es cuánto se gasta sino cómo se gasta. Ser rico no es una garantía de ser buenos en salud pública. El gasto manicomial es prueba histórica que no es una cuestión de cantidad, porque nada de ese gasto se ha traducido en buena salud mental para los que viven dentro de los manicomios. Hemos aprendido que los sistemas que tienen excelencia clínica no necesariamente tienen excelencia de sistemas. Tendrán médicos clínicos de buena calidad, pero eso no significa buena calidad sistémica. Entre hospital e individuo se necesita una riqueza de dispositivos sociales que nos permitan retomar la propiedad de la salud en manos de los individuos y las comunidades.

Franco Rotelli: Es un psiquiatra italiano que trabajó con Basaglia en la transformación y cierre del manicomio en Trieste entre 1971 y 1979. Desde 1980 dirigió el Servicio de Psiquiatría en dicho lugar y continuó con el trabajo de desinstitucionalización luego del fallecimiento del propio Basaglia. Es uno de los referentes mundiales del campo de la salud mental.

Benedetto Saraceno: Es un neurólogo y psiquiatra italiano, también formado en la escuela de Basaglia. Entre 1996 y 2010 fue Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de OMS. Actualmente es secretario general y profesor en el Instituto Lisboa de salud mental.

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La Red de Psicólogxs Feministas cumple un año y lo festeja con un festival y nuevos desafíos para el ámbito de la salud integral. “Hoy las personas buscan psicólogas que explícitamente se posicionen como feministas”, afirman.

Con pizcas de academia pero también de activismo, la crítica que los feminismos supieron llevar a todos los espacios de la vida social y política para estallar los límites y erradicar la “normalidad heteropatriarcal” también ha llegado al campo de los estudios y la práctica de la psicología. Desde allí, algunas profesionales de la salud creen que es imprescindible desarrollar una perspectiva género- sensible y respetuosa de las subjetividades disidentes.

“Se debe cuestionar estos lugares que parecen fijos: ´lo femenino y lo masculino´ para deconstruir el camino hecho por el patriarcado”, afirman. Por eso, con inquietudes comunes y atentas a las necesidades de quienes integran una sociedad que se moviliza unánime contra la violencia machista, se fundó la “Red de Psicólogxs Feministas”. Un colectivo que pone en escena la importancia de la calidad de vida en la atención a la salud integral de las personas desde una perspectiva feminista.

A un año de su creación dialogamos con Antonella D´Alessio, una de sus coordinadoras.

-¿Hay una corriente feminista dentro de la psicología?

Hay un psicoanálisis con perspectiva de género pero no existe una psicología feminista, desarrollos que se llamen de ese modo. Si hay muchas autoras que hablan desde la psicología teniendo una perspectiva que intenta quebrar, desarmar algunas estructuras clásicas en los supuestos a partir de lo femenino masculino, etc. En Argentina, por ejemplo, la Cátedra de Estudios de Género de Psicología, en la UBA, tiene 28 años, es muy nueva, y es algo muy novedoso, pero si es novedoso para la psicología tener una visión feminista.

A nosotras nos pasa, en cuanto a grupos de colegas, recibimos mucha violencia cuando planteamos que somos una red de psicólogas feministas, porque el psicólogo mas tradicional tiene una idea de neutralidad y objetividad dentro del consultorio, que en realidad no tiene que ver con la ideología de quien atiende sino con cuestiones que tiene que ver con como se trabaja, las historias de lxs consultantes.

-¿Qué une a quienes se definen como “psicólogas feministas”?, ¿una metodología en común?

No existe una metodología común entre quienes somos psicólogas feministas. Nos une el no patologizar la identidad (de género) o la orientación (sexual); no revictimizar, no culpabilizar; y sí tener cierta sutileza en cuanto a mandatos y roles de género, que tienen un peso muy grande en los proyectos de vida de las personas y en la capacidad de esas de hacer o no, de decir o no, de sentir de cierto modo o permitirse ciertas cosas.

Los mandatos juegan mucho en el sufrimiento de las personas, y quienes nos identificamos como psicólogxs feministas podemos identificar esos malestares como parte de algo más grande ya que la construcción del psiquismo no es sólo dentro de la familia (también atravesada por el patriarcado y muy tradicional en cómo debe ser un varón o una mujer), sino en toda la cadena sexo- género- deseo- práctica sexual. Todas cuestiones obvias pero que quizás un psicólogo/a sin esta perspectiva no puede verlas.

-¿Cómo se organizan?

Somos seis las personas que coordinamos, cinco mujeres y un varón. Dentro de quienes integramos la Red hay entre 50 y 70 personas en CABA, Conurbano y algunas provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe y próximamente Neuquén. Nos organizamos a partir de decisiones que se toman en el equipo de coordinación que nos reunimos cada 15 días.

En general la organización tiene que ver con cómo hacemos derivaciones, armamos una planilla y a partir de las demandas de lxs consultantes, buscamos la zona, particularidad. No hacemos preguntas sobre el motivo de la consulta, así como nos llega la pasamos a la psicóloga que va a trabajar con esa persona. Todas las consultas que nos llegan las derivamos.

-¿Cómo participan del movimiento feminista?

Lo hacemos desde varios lugares, estando muy fuerte en las redes sociales y participando en todos los eventos que tienen que ver con salud mental y género, o a veces solamente con salud mental o a veces solamente con género. Hacemos participaciones desde varios lugares, ahora festejamos nuestro cumpleaños con un festival al que convocamos artistas feministas, y tratamos de incorporarnos como cualquier otra agrupación, armando campañas, participando en programas radiales, en proyectos de tesis o documentales.

Participamos cada vez que podemos en la calle, tratamos de visibilizar nuestra agrupación e informar a la gente que existe este espacio, que se crea a partir de darnos cuenta que hay un espacio vacante que es la salud mental feminista, y que hay una demanda muy grande de personas que buscan psicólogas explícitamente feministas. De ahí que se nos ocurre armar la red.

-¿En qué medida las personas que atienden han sido violentadas por el machismo?

Las personas que atendemos muchas veces vienen a partir de situaciones de abuso o violencias patriarcales varias, no solo violencia de género contra las mujeres sino también violencia contra personas trans, contra el colectivo LGBT en general.

Muchas personas vienen porque se identifican como feministas y quieren que su psicóloga también lo sea, las razones son múltiples. Tiene que ver con la necesidad de que, si vamos a proponernos desarmar el patriarcado a nivel social, también tenemos que revisar nuestras estructuras psíquicas y ver cómo el patriarcado, el machismo, la heteronorma, está presente en todas las personas y cómo podemos ir desplazando estas nociones violentas y discriminatorias para hacer de nuestras mentes espacios mas inclusivos. Después poder trasladar eso a los consultorios y las prácticas psicológicas en general.

Algunas trabajamos en consultorios y otras en programas estatales –municipios, ministerios, etc.- y desde todos esos lugares tratamos de incorporar el conocimiento que el feminismo nos ha aportado.

-En general, ¿llegan con críticas sociales sobre el origen de las desigualdades o es un camino que se construye “en terapia”?

Muchas veces las personas llegan con críticas con la construcción de desigualdad patriarcal, otras es algo que se construye, pero son más las veces en las que las personas vienen con un recorrido y buscan psicólogas que explícitamente se posicionen como feministas.

-A un año de la conformación de la Red, ¿cuáles son los próximos desafíos?

Nuestro objetivo es poder crear espacios inclusivos, libres de discriminación y atacar estos malestares que son fruto y consecuencia de las desigualdades sociales basadas en los géneros y las sexualidades.

Para eso, nuestro mayor desafío es poder ofrecer atención gratuita para todas las personas que lo necesiten. Eso todavía no lo podemos hacer más que a pequeña escala, cuando hacemos una consulta terapéutica de alguien que no puede pagar el tratamiento. Nuestra idea es tener un espacio físico donde podamos hacer talleres, capacitaciones, charlas, grupos de estudio, de pares o ayuda mutua y atención. Y para eso falta, pero debemos poder organizarnos para atender la gran demanda. La Red apuesta a su ampliación y pretende llegar a todo el país.

 

El sábado se realizará el Festival feminista para festejar el año de la creación de la “Red de Psicólogxs Feministas”.

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En esta entrevista con Ángel Barraco, Miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, conversamos sobre la preocupante situación de la venta de psicofármacos y la cantidad de internaciones involuntarias y no controladas y la presión de las corporaciones médicas para no perder sus privilegios.

-En el ámbito de la Salud Mental, hay un alerta acerca de las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de modificar la Ley nacional de Salud Mental para trasladar el órgano de revisión de la Ley del Ministerio público de la Defensa al Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación. ¿Cuáles son los motivos que aduce el gobierno nacional para tomar esta decisión que pondría el control en quien debería ser controlado?

A partir de la sanción de la Ley de Salud Mental en el 2010 uno de los grandes aciertos, a mi criterio, fue delinear la creación de un órgano de revisión. Es un organismo independiente que realiza todo un trabajo de seguimiento, relevamiento y fiscalización de lo que es el talón de Aquiles de la Salud mental, que son las internaciones. La Ley persigue un proceso de desmanicomialización en tanto y en cuanto siguen existiendo instituciones, los llamados neuropsiquiátricos donde, aludiendo al Dr. Allen Frances, Argentina es el único país que sigue teniendo este tipo de instituciones.

-Además, un informe sostiene que el 90% de las internaciones son involuntarias. Algo que va en contra de cualquier proceso de desmanicomialización…

Involuntarias y no controladas. Muchas pasan a ser judicializadas con lo que la cuestión se agrava mucho más. Entonces, este órgano de regulación fue creado para que controle tanto en el ámbito público como privado y ahí está la clave.

El órgano de revisión desde su creación hace tres años ha desarrollado una activa tarea e intervino en varios hospitales neuropsiquiátricos, entre ellos el Borda, que generó que el gobierno de la Ciudad fuese a la justicia para tratar de limitar la capacidad de intervención del organismo. También intervino en clínicas privadas, algunas muy renombradas, donde se detectó justamente lo que la Ley apunta que es terminar con las trasgresiones en el término de las internaciones y todo lo que esto genera en detrimento de las personas internadas.

Este órgano está integrado por una Directora que es una ex Jueza de Familia de Mar del Plata, que tiene una sensibilidad poco reconocida en el mundo jurídico, para tratar con temas como éste, la Dra. María Graciela Iglesias. Dejó su ciudad y su puesto como jueza para venir a dirigir este organismo. Venía apoyando de manera muy alabada el mecanismo de control del sistema de internaciones. Al que le molestó desde un principio sobre este órgano de revisión, no fue ni al gobierno macrista ni al anterior, en realidad fue a la corporación médica. Los que están atacando la Ley mediante el intento de modificar la reglamentación, porque como no les da la capacidad política de tumbar la Ley o modificarla, van a lo más directo que es la reglamentación que sí es una actividad propia del Ejecutivo.

La corporación médico psiquiatra presentó hace dos meses ante el Ministro de Salud, un documento de trabajo que apunta a modificar la reglamentación en cuanto a dos cuestiones principales, una es la cuestión de la interdisciplina: lo que le molesta al poder psiquiátrico es haber perdido la hegemonía porque en un equipo interdisciplinario se requieren múltiples saberes. La problemática del padecimiento mental no es solo un problema psiquiátrico y psicológico, sino que está atravesado por todas las cuestiones sociales, culturales y económicas. Desde esta perspectiva, la corporación intenta sacar al órgano de revisión de la Defensoría pública de Nación, que es un mecanismo dentro del ámbito de lo jurídico que le permite tener autonomía ante cualquier presión del poder político y corporativo que está desarrollando el gobierno en el área de Salud y Salud mental.

Este es uno de los ataques, y significaría pegar en la línea de flotación si logran su cometido porque indudablemente lo que pretenden es que no se controle lo que pasa dentro de un manicomio público, como el Borda, el Moyano, el Tobar García.

-En ese sentido, el 22% de las internaciones están relacionadas con menores de edad, ¿qué pasa con ese sector?

Sí. Y es donde hay menos dispositivos. Es una de las grandes falencias el tema de la atención de los chicos y adolescentes. Los que presionaron en realidad, más allá del poder médico que actúa en los hospitales públicos, es el de las clínicas privadas. Por eso la presentación que hicieron al Ministro Lemus fue hecha por la Asociación de Médicos Municipales, acompañados por FEMECA, APSA, la AAP, COMRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina; todo el aparato que por supuesto no incluye a todos los médicos ni a todas las psiquiatras.

Esta es una actitud corporativa que defiende intereses que están totalmente asimilados y subordinados a la industria farmacéutica y al negocio de la internación porque se paga mucho. Las clínicas privadas tienen 2, 3, 4 o 5 estrellas de acuerdo a la hotelería, evidentemente implica una inversión no solo para el Estado sino para cualquier familia que necesitara una atención en estas instituciones. Es muy oneroso.

Como se dio este control, se dio de baja en primer lugar la resolución 1484 que establecía los estándares para la habilitación de las instituciones de Salud mental porque ahí se solicitaba que en 160 días las instituciones públicas y privadas debían adecuar sus instalaciones y su funcionamiento en base a lo que establece la Ley. Como vencía el plazo, lograron dar de baja la resolución. Ahora van por el órgano de revisión, como también han desmantelado el Consejo Consultivo Honorario, del que formo parte.

Ayer tuvimos una reunión autoconvocada porque la autoridad no nos convoca. Es un espacio de consulta y discusión de las políticas públicas de Salud mental. O sea que en realidad se está dando todo un ataque a la Ley de Salud Mental, sin tocar la Ley.

-Hay médicos que toman como modelo a Franco Basaglia, el impulsor de la Ley 1180 en Trieste, Italia, según la cual nadie puede ser internado contra su voluntad y con la que los manicomios de ese país fueron condenados a desaparecer. Pero además, se hacía todo un trabajo de reinserción en la vida social, ¿cómo ven esta experiencia?

Es absolutamente cierto. Hace poco viajó un contingente a Canadá. Lo extraordinario es que el centro de Salud mental no tiene una concepción asistencialista. Hace 15 días ATE organizó una jornada para las enfermeras y trajo a tres desde Trieste. Estuvieron unos días y el día final fuimos a La Plata. Lo extraordinario de los centros de Salud Mental es que los dispositivos están a disposición de los ciudadanos, independientemente de la gravedad del padecimiento.

En lo que respecta al trabajo, desarrollaron emprendimientos sociales. Hay una película italiana que se llama “Sí, se puede”, que da a conocer cómo funciona y cómo fueron creados estos emprendimientos sociales donde los pacientes desarrollan trabajo, ganan su dinero y pueden pagar sus viviendas y sus gastos. Lo más interesante es que sale mucho menos dinero del que estamos gastando con los manicomios. Es mucho más humanitario y más económico. Yo siempre dejé de lado la cuestión economicista porque siempre juega en contra, pero acá juega a favor. En la Ciudad de Buenos Aires, para el presupuesto que se acaba de votar para 2017 los 4 hospitales monovalentes se llevan cerca de 2.000 millones de pesos más otros 250 millones para tratar de enmascararlos de polos de neurociencia.

¿Y qué pasa con los psicofármacos? Porque hay 96 millones de dosis vendidas por año en la Argentina…

Son cifras fabulosas y que van en aumento. Lo que pasa es que estamos ante la emergencia del capitalismo en su máxima expresión. Las farmacias ya no son farmacias. Lograron cerrar el círculo. Ellos fabrican los medicamentos, los distribuyen, porque son los dueños de las principales droguerías, que son las que distribuyen a las farmacias, como Farmacity y todas las demás cadenas que han tirado por la borda al farmacéutico del barrio, ése en quién confiábamos. Ese negocio tiende a desaparecer. Y de ahí el control de las recetas, porque hoy sería muy fácil con todo el avance de los programas de computación poder controlar que la receta del anti psicótico o el anti depresivo quede registrada con el nombre del médico, lo que pasa es que lo tienen para poder disponer de esos datos para beneficios propios no para controlar que más del 50% de los psicofármacos se venden sin receta.

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Un colectivo compuesto por usuarios, estudiantes, trabajadores, profesionales, talleristas, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas, que vienen construyendo y aportando de distintos modos al sostenimiento de la salud mental en la provincia de Córdoba, convocó para este jueves 8 de octubre a movilizarse por las calles de la ciudad. La 2° Marcha por el Derecho a la Salud Mental partirá a las 18 horas desde Colón y General Paz.

(A la memoria de Tato Pavlovsky)

La primera movilización provincial se realizó el 10 de octubre del año pasado, bajo la consigna “Porque hay exclusiones, exigimos derechos”. Desde el espacio organizador de la movilización sostienen que la transformación de la salud mental es centralmente una “cuestión colectiva” que debe ser pública y no estar sujeta a “intereses minúsculos”. También argumentan que es necesario reemplazar el “viejo paradigma” (que excluye a las personas con padecimiento mental en los manicomios y que se ha centrado en la peligrosidad y en la irrecuperabilidad), por otro centrado en la posibilidad de que todos puedan convivir en comunidad y desarrollar proyectos de vida en común. En el documento convocante se hace hincapié en el hecho de que, tanto la ley nacional (Nº 26657), como la ley provincial (N° 9848) sean leyes que “construyen ciudadanía política y social, amplían derechos y garantizan el acceso a los servicios de salud mental”, y caracterizan ambas legislaciones como “un paso de suma importancia en el objetivo de lograr para nuestro país una política de Estado en salud mental”.

Por otra parte, quienes vienen trabajando y reflexionando sobre la situación de la salud mental en la provincia destacan el hecho de que persistan prácticas discriminatorias (y “manicomiales”), y ponen de relieve la “excesiva judicialización” y la “psiquiatrización de la pobreza”, que no hace más que mostrar la ausencia de “dispositivos no manicomiales” y la inexistencia de mecanismos de control autónomos, la carencia de recursos y la vulneración de derechos que, argumentan, “siguen siendo marcas de nuestro sistema de salud mental a pesar de los nuevos marcos normativos”. Por eso explican que desmanicomializar no es más que abrir estas instituciones a la comunidad y crear nuevas formas de acompañar a las personas que padecen determinadas problemáticas, con eje puesto en el respeto por los derechos humanos. “Desmanicomializar no es retiro del Estado para que los privados puedan ampliar sus posibilidades de lucrar”, subrayan, en clara denuncia a una tendencia que crece en la Córdoba actual.

Desmanicomialización

Desde hace 25 años, el núcleo de psicoanalistas reunidos en torno a Topía (primero en versión revista, y desde hace unos años también en libros y Portal web), viene sosteniendo una fructífera reflexión en torno a sus prácticas clínicas, las de otros colegas del país y del mundo, y también, sobre los vínculos existentes (y por gestar) entre el campo de la salud mental y otros campos de la vida social. En 2013, en el marco de su Colección Fichas para el siglo XXI, publicaron Vivir sin manicomios. La experiencia de Trieste, de Franco Rotelli.

En la introducción del libro, Vicente Galli rescata que en la Ley Nacional de Salud Mental argentina (promulgada por el Congreso de la Nación en 2010 y reglamentada luego de un decreto en 2013) en ninguna parte se hable de “enfermedad mental” y “tratamientos”, sino de “padecimiento mental” y “procesos de atención”. Tendiendo algunos puentes con la Reforma Psiquiátrica Italiana (de 1978) y la Argentina, Galli reivindica el abordaje “Comunitario, Colectivo y Territorial” de la salud mental, desde la perspectiva de la “interdisciplinariedad” que –subraya– lejos de borrar o diluir las responsabilidades específicas, las sitúa en una “perspectiva integradora”. Así, partiendo de las tramas colectivas, el eje del trabajo está puesto en “equipos interdisciplinares” y “saberes no disciplinables”. Galli trabaja sobre una metáfora del manicomio que, desde Córdoba, no puede ser más que leída con cierta sugestión. Dice que la lógica manicomial funciona como los lugares lejanos entre sí, y con profundas diferencias socio-culturales. No podemos dejar de pensar, tras leer estas líneas, en la política que el delasotismo ha desarrollado en la provincia durante la última década y media. No sólo con el “cerco” a los jóvenes de los barrios populares que se ha tendido en el centro de la ciudad-capital, sino también por el desplazamiento a las periferias de villas y asentamientos erradicados y la construcción de los barrios-ciudades, que no son más que guetos edificados para separar la pobreza de las “zonas chetas” de la urbe.

Cambiar de paradigma

En Vivir sin manicomios…, Rotelli destaca la importancia de concretar los derechos consagrados en los textos de las leyes. El psiquiatra italiano aborda con claridad el concepto de “desinstitucionalización”. Y hace hincapié en la necesidad de cambiar de paradigma: no solo sobre el hospital y la psiquiatría, sino además sobre la mirada que el propio psiquiatra tiene de sí mismo, y de la locura. El cambio de paradigma, entonces, implica además un cambio en las relaciones de poder. Y también: un abordaje diferente en la agenda de trabajo.

Respecto de la Ley 180 italiana, el autor rescata quince “principios operativos” que, de modo sintético, podríamos resumir en una serie de “énfasis” sobre los que pivotean: énfasis en el sujeto y no en la enfermedad; en una crítica al manicomio; en la necesidad de participación; en la definición de “no neutralidad” de clase de los “aparatos psíquicos”; en las necesidades concretas de los usuarios y la necesidad de combatir el estigma y la exclusión social; en la posibilidad de definir “la libertad” como un espacio en el que es posible imaginar un “encuentro” más allá de la “enfermedad”; en las modalidades colectivas de los tratamientos; en la dimensión afectiva y el respeto por la diversidad; en el valor “terapéutico” de las múltiples prácticas de la vida cotidiana y, finalmente, en el “valor emancipador general” de las prácticas específicas de la salud mental, que pueden ser pensadas como “laboratorios” para políticas más en general, que apuesten a “un cambio radical de las instituciones”.

Por otra parte, Rotelli subraya el necesario doble trabajo de deconstrucción de las estructuras psiquiátricas y la construcción del proyecto, que en el caso de Trieste, encontró en las cooperativas un rol central, por más que en el fondo el autor cuestionara el término, por considerarlo teñido de reminiscencias nostálgicas, cierto “encanto comunitario”, dice. Lo cierto es que en la experiencia que cuenta, y de la que formó parte, los grupos de teatro, video, diseño gráfico, limpieza, venta de productos fabricados por los propios usuarios o talleres como los de teatro, danza, música, cerámica o alfabetización, resultaron de vital importancia para el proceso de desmanicomialización, junto con lo que denomina “contaminación”, es decir, una “trama de intercambios” entre el mundo “normal”, y el otro. Contaminación que parte de la necesidad de cuestionar el “viejo módulo separado” (del médico/psicólogo) para convertir a las experiencias en “laboratorios de producción de relaciones y de conexiones”. “La empresa social comprende no solamente la activación de cooperativas de formación y de trabajo, sino el conjunto de iniciativas culturales, de conexión entre todas las agencias que construyen gradualmente en la ciudad el derecho de ciudadanía”, especifica.

En fin, basado en la experiencia de desmanicomialización desarrollada en Trieste, Franco Rotelli argumenta que el desarrollo de una “empresa social” coincide con la necesidad de implementar una “acción habilitadora” y “rehabilitadora”, es decir, que apueste a la emancipación. Para ello, concluye, son necesarias la fuerza “de los movimientos sociales, un nuevo protagonismo de los pacientes y un largo proceso de autocrítica dentro de las corporaciones profesionales”.

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