Por Mónica Menini | Foto: Archivo

Una niña de 12 años en Las Lajitas, provincia de Salta, está embarazada producto de una violación y otra niña de 10 años de Corrientes, que también ha sido sometida al abuso sexual está pariendo por cesárea. En las dos historias, el sistema de protección del Estado aduce que “es decisión de la niña”.

Seguramente hay muchísimas otras situaciones idénticas en el país, pues ya sabemos que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar en Argentina.

Todas las causales legales para abortar entran en juego cuando estamos frente al embarazo de una niña. Porque existe grave abuso sexual, porque el embarazo fruto de una violación es de alto riesgo para su salud física, según la evidencia científica al respecto, y porque es un peligro para su salud mental y social.

En el 80% de las historias, el abuso sexual es intrafamiliar y en el análisis de expedientes judiciales notamos que en un porcentaje del índice restante, el abuso sexual está naturalizado en la familia y/o en la sociedad, pues se dice que “es el novio” y que hubo consentimiento.

Estamos ante la situación de una niña que tiene 10, 11, 12 años y “el novio” abusador tiene 30 años o más en la mayoría de los casos, y por supuesto es delito. A su vez, esos abusos sexuales son mayormente develados en el sistema de salud. Pues otro adulto responsable termina llevando a la niña al centro de salud u hospital cuando la niña refiere el abuso mismo o que se siente descompuesta, o porque “la vieron con pancita”.

El centro de salud u hospital es el que recibe en primera instancia a una niña abusada. Y ahí comienza una nueva victimización. Pues en hospitales de provincias como Salta, Corrientes y en casi todo el país, el sistema de salud no está trabajando de acuerdo al derecho vigente. Nos enteramos por las mujeres adultas que viven en lo que mal se denomina “el interior de la provincia”, que no encuentran respuesta en sus centros de salud cercanos cuando asisten en busca de hacer efectivo el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derecho desde 1921.

Las mujeres adultas que reclaman su derecho y buscan ayuda en los grupos feministas, terminan derivadas a otros hospitales; muchas veces en la capital de las provincias teniendo que trasladarse, incluso en plena pandemia, y vivir la práctica de la ILE lejos de sus familias y amistades.

El sistema de protección de infancia no puede seguir aceptando que esos equipos de salud que niegan el derecho a una persona adulta y que incluso se autodenominan “objetores”, sean quienes aseguran haber dado “consejería en opciones” y que concluyen que “la madre y la niña deciden continuar” con esos embarazos riesgosos. ¿Deciden? ¿Cómo es posible que las adultas que si deciden no tengan acceso y son derivadas a más de 500 km de su centro de vida para acceder a una ILE y las niñas de 12 años, todas, deciden continuar el embarazo?

El sistema de protección de infancia, así como el sistema de salud y de derechos humanos de las provincias hacen oídos sordos a las campañas de #NiñasNoMadres; no existen sumarios por la falta de comunicación interna de los embarazos producto de violación que se encuentran protocolizados, mucho peor cuando ni siquiera existen protocolos.

En definitiva, el camino de la re victimización de las niñas abusadas está institucionalizado, es sistemático; y por lo tanto, es una tortura en manos del Estado que obliga a gestar, parir y criar en la infancia. Es entonces, fuente de toda injustica.

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El chineo es la violación de las niñas indígenas a modo de marcar propiedad sobre sus cuerpos. Fue el legado dejado por los invasores españoles a sus sucesores, los criollos y es un crimen de odio. Una reflexión desde el activismo de mujeres indígenas y los feminismos que nos une y se fortalece.

Por Mónica Menini* | Foto: Colectivo Chakana

Esa es la descripción que mejor sintetiza lo que es y significa el chineo para las mujeres indígenas, creo yo, que no soy antropóloga pero sí descendiente de otras mujeres indígenas que parieron en los Valles Calchaquíes. Lo define una mujer mapuche y le va tanto a una diaguita como a una wichi.

Las condiciones de género de las mujeres indígenas se vienen problematizando desde la idea de la “triple opresión” (concepto que ya tiene algunas décadas dentro del indigenismo mexicano), esto es: que las mujeres indígenas atraviesan una triple subordinación, a diferencia de otras mujeres, por su condición de género (por ser mujeres), por su condición étnica (por ser indígenas) y por su condición de clase (por ser, en su mayoría, mujeres pobres).

La histórica referente wichi Octorina Zamora ha dicho: “Pero no es solo la violencia de género o el abuso contra mujeres y niños. Nos dicen que eso está permitido, pero otros asuntos como el hambre que viven nuestras comunidades también es abuso, y con eso quieren decirnos que la desnutrición es cultural. Todos los problemas que estamos pasando en este sistema, dicen, es cultural: el abuso, el hambre, la falta de territorio, los desmontes”.

Moira Millán se pregunta: ¿Por qué los hombres indígenas no denuncian ni acompañan a las víctimas? La colonización nos ha atravesado letalmente, los hombres indígenas deben elegir entre dos caminos que se bifurcan: la lealtad a su comunidad o la lealtad a su género. La percepción de sí mismo y su valor humano está subjetivizada por la mirada del dominador,
intenta emularlo, elige la lealtad a su género para salvaguardar el único privilegio que el colonizador le otorga, ser hombre.

La antropóloga Mariana Gomez indica que en nuestro país observamos que hay mujeres que están organizadas, que vienen participando en algún espacio social, productivo-económico o político, en la mayoría de los casos vinculadas a organizaciones indígenas, y allí le disputan el liderazgo a los hombres; en otros casos, se organizan a partir de proyectos de ONG y/o del Estado. También existen mujeres que vienen liderando las luchas en sus territorios contra los proyectos extractivistas, como es el caso de varias referentes y líderes mapuche; y algunas mujeres, muy pocas por cierto, comenzaron a ingresar en cargos públicos. Algunas de estas mujeres también vienen participando del movimiento de mujeres más amplio de Argentina.

La expansión territorial del movimiento feminista en el país tuvo entre sus logros estar cada día más cerca de las mujeres más aisladas, rurales, habitantes de comunidades indígenas. En noviembre de 2015, ocurrió una violación en banda a una niña wichi de 12 años, discapacitada, de la comunidad de Alto La Sierra en Santa Victoria Este, en la provincia de
Salta. Producto de aquel “chineo”, se produjo un embarazo que debería haber tenido acceso inmediatamente al aborto legal según el Art. 86 del Código Penal de Argentina, pues entra en una causal permitida de aborto, pero prosiguió hasta el séptimo mes de embarazo cuando se interrumpió en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta.

La niña abusada en aquel “chineo” sumó más vulneraciones aún en el proceso judicial que las que venía arrastrando en su corta vida. El misógino fiscal Cazón fue quien, ni bien se dio a conocer la historia de “Juana”, insistió en que la niña violada había quedado embarazada un mes antes de ser atacada y que ninguna de las ocho personas acusadas sería el “padre” “porque las fechas no daban”. Otra frase de su autoría fue: “si nos ponemos a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más”.

Hacia mayo de 2016, la madre de la niña, Francisca, logró llegar hasta mujeres feministas de Salta en pedido de ayuda. En el proceso de acompañamiento legal y social, el caso se nacionalizó y puso por primera vez el abuso sexual de mujeres indígenas perpetrado por varones criollos en las noticias de los medios hegemónicos, a la vez que visibilizó las diferencias en las oportunidades de acceso a la salud de mujeres indígenas, la discriminación étnica en el proceso judicial, la discriminación basada en género en el mundo que habitan estas jóvenes indígenas y también los puntos de encuentro con otras mujeres “blancas”, urbanas, con liderazgos feministas.

La historia tiene un nombre y se conoce como #JusticiaPorJuana

El viernes 17 de junio de 2016 fue feriado nacional, en conmemoración al día de la muerte de Martín Miguel de Güemes, héroe salteño de la liberación nacional. Ese día la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inició un tuitazo con el hashtag #JusticiaPorJuana, que se sostuvo dentro de los primeros lugares durante casi 9 horas, de acuerdo a las mediciones difundidas por Trendinalia Argentina, que además la ubicó en tercer lugar.

Usuarias y usuarios de la red social replicaron durante toda la tarde el hashtag y también dirigieron cuestionamientos y reclamos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por la falta de atención al caso. Como respuesta, quienes manejan la cuenta de Twitter del mandatario salteño bloquearon a toda persona que se expresara por “Juana”.

En julio de 2016, organizaciones de Derechos Humanos de Argentina presentaron el caso ante la Relatoría de Derechos Humanos de ONU, como caso testigo.

En agosto de 2018 Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina presentó el caso #JusticiaPorJuana en la III Conferencia de Población y Desarrollo desarrollada en Lima en el Evento Causa Abierta. Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presenta y discute casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.

En noviembre de 2018, los 9 hombres criollos que violaron a “Juana” fueron condenados a 17 años de prisión efectiva. ¡Basta de chineo! es desde entonces, un grito que nos une y fortalece.

*Abogada feminista, especialista en género y políticas publicas. Integrante de Católicas Por el Derecho a Decidir Argentina y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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Por Marcelo Musante* / Foto:  La Tinta

“Los ocultan en el monte para que no los atiendan”. “Son comunidades cerradas que no aceptan ayuda”. “Sólo se puede ingresar con la policía”. El domingo se murió un niño wichí en Salta. Uno más. Y el secretario de Salud Pública de la provincia, Antonio de los Ríos, culpa a sus familias y, por extensión, a las comunidades indígenas. Los niños y las niñas wichí mueren por enfermedades curables y por desnutrición, pero antes de eso, comienzan a morir por frases como la del secretario de salud salteño. Frases que reproducen las prácticas de racismo del Estado y producen un tipo de otredad y negatividad sobre las comunidades indígenas que luego tienen consecuencias en los centros de atención de salud, en las escuelas, en el sentido común de la sociedad, en los desalojos.

Se resalta la pertenencia étnica, el hecho de ser wichí, porque las muertes encuentran una de sus causas en su identidad originaria y en las respuestas diferenciales, deficientes, que el Estado brinda por esa condición. Cuando desde el Estado provincial hablan de “esos wichí” que esconden a sus hijos definen una extrañeza, un “otro”, un grupo de personas diferentes de un “nosotros”, blanco y occidental. Y en ese vínculo no hay un reconocimiento de la diferencia intercultural, un reconocerse distintos para escucharse y plantear prácticas de de salud inclusivas, sino que hay un ejercicio del poder que les niega el acceso a atención púbica.

Los niños fallecidos son de comunidades que viven en parajes cercanos a Embarcación, Orán, Santa Victoria Este y Tartagal. Es en el Este de la provincia de Salta. También murió en su casa una mujer embarazada en la comunidad wichí de Misión Santa María, en Santa Victoria Este. Y su bebé fue trasladado al hospital de Tartagal. El gobierno provincial declaró la emergencia socio sanitaria. Pero las pésimas condiciones de vida a las que son sometidas los pueblos indígenas en la región no son una sorpresa para nadie. Denuncias de las propias comunidades, de organizaciones sociales y las propias estadísticas estatales dan cuenta de un violento proceso de invisibilización y negación.

Un proceso que deja al desnudo la falta de acceso a la salud pública y a los derechos básicos; en una de las provincias con mayores denuncias por desmontes indiscriminados y violación a la Ley de Bosques y por el “desarrollo” de un modelo de primarización de la agricultura basado en agrotóxicos en los que las comunidades indígenas son unas de sus principales víctimas.

Víctimas porque son desalojadas para que esas tierras sean privatizadas, por condiciones de explotación laboral (una repetición histórica del trabajo semiesclavo de indígenas en los ingenios salteños y jujeños desde fines del siglo XIX), por envenenamiento por contaminación de agua y suelos y también, por el armado de causas judiciales que terminan con dirigentes wichí presos cuando hacen denuncias públicas.

Justamente, el niño fallecido el domingo era de la comunidad indígena de El Tráfico, en el municipio de Embarcación, donde seis personas de la comunidad estuvieron arbitrariamente detenidas a inicios de enero y denunciaron violencia policial y torturas. Los dueños de esos poderes económicos privados también son responsables civiles de esas muertes en tanto en esos pueblos se transforman en amos y señores de la vida. Y sobre todo, de la muerte.

Cómo afirmaba Michel Foucault, el Estado moderno capitalista tiene la facultad de “hacer vivir y dejar morir”. Y “dejar morir” es una acción, no es un acto de omisión, una muerte sin querer, ni una consecuencia no deseada de un modelo económico y social. Desde el gobierno de la provincia de Salta, ahora a cargo del gobernador Gustavo Sáenz y durante los últimos doce años de Juan Manuel Urtubey, culparon de diversos modos a las comunidades indígenas víctimas.

Pero las comunidades “no se esconden en los montes” como afirmó el secretario de Salud, Antonio de los Ríos. A los montes los habitan. Las comunidades no “son reacias a la atención médica” y por esa razón “ocultan a sus enfermos”. Le temen a un sistema que las discrimina y estigmatiza. A un sistema de salud fantasmal que cuando aparece, lo hace con prácticas violentas, racistas e inconsultas. Las comunidades “no se encierran en su cultura”. Proponen un diálogo para buscar soluciones conjuntas que tengan en cuenta la interculturalidad y no resoluciones paternalistas urgentes, efímeras, unilaterales y forzadas. No es que las comunidades deban entender que “ya no sirve seguir sosteniendo costumbres que las llevan a la muerte” y que por eso “tienen gastroenteritis o se deshidratan”. Hace años que reclaman al gobierno provincial por el acceso a agua potable y no son escuchadas.

Transformar a las víctimas en culpables es una práctica discursiva que no es novedosa. Para las comunidades indígenas fue moneda corriente durante el proceso de conformación del Estado argentino. Sus territorios, y a las familias que los habitaban, “debieron” ser violentados por no encuadrar en el modelo propuesto y ejecutado por las clases dominantes. Fueron culpables de hablar otras lenguas, de sus diversidades étnicas, de sus culturas. Eran el “desorden y pasado” para el proyecto de “orden y progreso” organizado a punta de armas, asesinatos masivos y traslados forzados.

Esas comunidades wichí que hoy sufren las muertes evitables de sus hijos e hijas, algo imperdonable en las condiciones tecnológicas de la salud en el siglo XXI, siguen siendo culpadas por la violencia estatal que se ejerce sobre ellas. Hay muchas muertes más que se dan en las comunidades por las pésimas condiciones de vida y por desnutrición pero cuyas actas de defunción figuran como paro cardiorespiratorio o shock séptico y que funcionan como eufemismos para ocultar las verdaderas causas en las estadísticas oficiales. Para que las prácticas estatales no continúen “dejando morir” a las comunidades indígenas una de las formas es escuchar lo que tienen para decir. La interculturalidad aparece como una práctica llena de posibilidades, pero para eso hay que hacerse cargo del racismo y la discriminación que cruza las relaciones sociales entre los pueblos indígenas y el poder del Estado.

Ahora es momento de la urgencia de las muertes, pero con un Estado que siga teniendo una mirada de no reconocimiento pleno de las comunidades indígenas como sujetos de derecho y sin considerarlas como interlocutoras legítimamente válidas para que sean también parte de qué respuestas dar en la emergencia socio sanitaria, la lista lamentablemente va a seguir creciendo. Ya sea por desnutrición, enfermedades curables y también, además, por violencia física y represiones. Porque también ahí hay una discrecionalidad de la violencia estatal por pertenencia étnica.

El secretario de salud de la provincia de Salta, Antonio de los Ríos, dijo -en medio de todas las muertes de bebés y niños wichí- “que esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichí, que son reacias a la atención médica”. Es una frase que trae el recuerdo de otra que también fue utilizada para estigmatizar. En las palabras del secretario de salud salteño resuenan discursos que dejan entrever que si los que mueren son wichí, es “porque algo habrán hecho”.

*sociólogo

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Se acerca el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, y nos obligamos a hacer balances con el cuerpo aun conmovido porque estamos haciendo historia. Cómo es la organización y el resistir feministas en Tucumán y Salta.

El jardín de las mariposas

La noche del 20 de marzo de 2014 estaba cálida, calma, apacible, en Tafì del Valle, el lugar donde Belén nació y vivió en Tucumán antes de que le quitaran su libertad tras un aborto espontáneo. Soy tucumana desde la panza, dice Belén hoy alejada de su provincia y quien todavía debe proteger su identidad a más de dos años de conseguir su liberación y absolución por un crimen que le plantaron sin pruebas*.

Aquella noche, Belén había cenado pizza con su familia. ¡Cómo voy a olvidarme si es mi comida preferida y esa noche me cambió la vida para siempre!, dice y que de repente la noche se tornó fría, que ruidos y gente hablando, y que luego no entendió más nada.

Tras su liberación, Belén huyó del Tucumán de sus amores a un exilio de cabotaje que continúa hoy y que quizá, alguna vez no muy lejana, los libros de historia argentina entiendan y expliquen en su dimensión política. Porque de la provincia declarada a favor de la vida, la de legisladorxs apañuelados celestes y devotos cristianos, la que se manifestó en contra del aborto legal hasta en casos de violación, la joven de entonces 27 años tuvo que escapar en el anonimato y buscar refugio.

“Los sectores conservadores de Tucumán han sido muy fuertes siempre, antes y después del debate por el aborto en el Congreso”, precisa Noelia Aisama, Integrante de Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. Pero las mariposas habitan también el jardín de la República, y salen con sus pañuelos verde. “Distintas organizaciones provinciales, nacionales e internacionales se manifestaron rápidamente en contra del reciente proyecto que se presentó para obstaculizar el acceso a prácticas de interrupción del embarazo que son legales desde 1921”, señala Noelia como expresión de fortalecimiento del feminismo en su provincia.

Nada será igual en Tucumán tras la experiencia que dejó la Mesa de Libertad para Belén. La provincia que se pronunció a favor de la vida, la misma que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuenta con la tasa de femicidios más alta del país: 1.10 cada 100.000 habitantes. De enero a noviembre de 2018, en la provincia hoy gobernada por Juan Luis Manzur, 16 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Son datos del informe de la Casa del Encuentro que, con ese número, ubica a Tucumán en el cuarto puesto en valores absolutos, antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mal de muchas no consuela a ninguna. La violencia hacia las mujeres y la falta de acceso a salud sexual no se circunscribe a la provincia de Tucumán y es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas. La ONU señala que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

“Tucumán posiblemente sea el único lugar donde las movilizaciones convocadas por la iglesia contra la aprobación del aborto legal fueron más grandes que las protagonizadas por la marea verde. En estas movilizaciones el gobierno provincial, con todos estos partidos, jugo un rol central encabezando las marchas y poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la reacción”, señala Alejandra Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras, Tucumán.

Salta, la hereje

Pegadita a la provincia de Belén está la provincia de Juana, la niña wichi de 12 años que, en 2016, para los mismos meses en que la joven tucumana peleaba por su liberación, luchaba por acceder a la interrupción legal del embarazo. Las autoridades de Salta le negaron a Juana su derecho, y la niña fue forzada a continuar con el embarazo producto de una violación perpetrada por 9 criollos. A Juana también la forzaron a pasar por una cesárea y a adelantar el parto porque el feto era anencefálico.

En ese derrotero de violaciones de los derechos de mujeres y niñas, estrecharon los lazos las agrupaciones por #JusticiaPorJuana, #AbsoluciónDeBelén y la eliminación del Protocolo 1.170, que hasta mayo de 2018 restringió el acceso al aborto no punible y que el gobernador Juan Manuel Urtubey se vio forzado a derogar cuando la marea verde avanzaba en el Congreso y su provincia quedaba expuesta por el caso de otra niña embarazada tras violaciones sistemáticas de su padrastro, y a quien se le negó a la práctica legal. No es poco lo que las salteñas por el derecho de las mujeres lograron entonces en la provincia en que todxs lxs diputadxs senadorxs votarían en contra del aborto legal en la Argentina. Para el mes de agosto, los sectores reaccionarios de ambas provincias también se unieron y lograron que dos mujeres, la senadora María Cristina del Valle Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y la tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez, protagonizaran la campaña antiderechos con acusaciones por venta de órganos de fetos, equiparación con la legalización del homicidio y celebración de los partos forzados en niñas violadas.

“Hubo un amplio sector de la sociedad salteña que estuvo militando a favor del aborto y que no encontró ninguna representación en el Congreso de la Nación. Nunca se había visto que se movilizara esa cantidad de personas en Salta, que tiene una historia de conservadurismo religioso. Se puso en vilo lo que es visto como la salteñidad”, señaló Mónica Menini, abogada feminista salteña, especialista en atención de violencia de género e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la media sanción de la ley en Diputados, se vio con fuerza la embestida del lobby de la iglesia Católica, por un lado, con Fiore a la cabeza en el Senado; y de la iglesia Evangélica, por otro, movilizando feligreses en las calles. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y donde existe una necesidad nace un derecho. Los últimos datos oficiales dicen que la herejía en Salta está a la altura de la falta de acceso a la salud y educación sexual: es la provincia con la tasa más alta de incidencia de egresos hospitalarios por abortos en mujeres menores de 25 años y que con 1764 casos ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 5959.

En la linda, la campaña por el aborto legal que comenzó con los martes verdes y pañuelazos en el mes de marzo continúa al día de hoy. “Desde que comenzó ese activismo, ya no paró. Hay una participación de estudiantes muy fuerte y con mucho protagonismo que continúa en la defensa de la educación sexual integral”, señala Menini.

Para Marta César, Presidenta Multisectorial de Mujeres de Salta, el rechazo del proyecto de legalización del embarazo por el Senado resultó en una avanzada de la ola restauradora de lo peor del patriarcado en su provincia, que busca imponer el modelo tradicional de familia, desconocer que hay otros tipos de familia no-binarias y hetero-normativas, excluir la diversidad sexual y eliminar la educación sexual integral. “Los sectores reaccionarios ahora pretenden imponer un discurso de que ganaron una batalla cultural, de que la sociedad le dijo que no a la legalización del aborto cuando eso es una gran falacia porque fueron 38 los senadores que votaron por el no y 31 votaron por el sí y que representan a millones del país”, enfatiza César y destaca el despliegue de la senadora Fiore para organizar congresos de mujeres provida con hombres como protagonistas: “No entendemos nada. ¿Qué tiene que ver que los hombres vengan a hablar y a designar el mundo por nosotras?”

Las últimas estadísticas del Ministerio de la Nación dicen que la provincia con todes sus legisladores provida y mayoría detractora de la educación sexual integral tiene también la mayor cantidad de víctimas de abusos sexuales del NOA alcanzando los 290 y es la tercera a nivel nacional después de Buenos Aires y Mendoza. Además, según el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina”, llevado a cabo por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, reveló que la situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Linda y hereje, Salta se prepara para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en repudio a quienes votaron las leyes del ajuste y en contra de las mujeres, contra el fundamentalismo religioso, y por la implementación de la ESI y la Ley de Cupo Laboral Trans.

*Algunos datos han sido modificados para preservar la intimidad de la víctima y familiares.

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Se cumplieron cinco meses de resistencia de las y los trabajadores del Ingenio San Isidro, con graves consecuencias para General Güemes y localidades aledañas. La crisis de la industria azucarera ligada al vaciamiento, devaluación, políticas de estado y connivencia judicial.

Este 20 de junio se cumplieron cinco meses de resistencia de las y los trabajadores en el Ingenio San Isidro (Salta). El 20 de enero se encontraron con las puertas cerradas al terminar las vacaciones. La patronal inició un “Procedimiento Preventivo de Crisis” (PPC) que le permitiría abonar el 50 % de las indemnizaciones, de lo cual aún debe 200 millones de pesos.
El PPC está contemplado en la Ley de Empleo 24.013, pero requiere que la empresa demuestre una baja en su actividad no atribuible a su gestión o bien por razones de fuerza mayor o tecnológicas. Ninguno de estos supuestos se cumplió. Las cifras son elocuentes: en la zafra 2016 habían molido 26.000 toneladas de caña, que en la de 2017 habían aumentado a 45.000 toneladas.

El ingenio está a 50 kilómetros de la capital salteña, en la localidad de Campo Santo, dentro del departamento General Güemes. Campo Santo, Güemes y El Bordo son las tres principales concentraciones de ese departamento, donde viven 50.000 ciudadanos.
En el ingenio trabajan 730 operarios y empleados, más 100 camioneros que llevan los productos a ciudades y puertos. Se estima que pierden su sustento 2.500 personas, en forma directa e indirecta. Una tragedia para General Güemes, a lo que se suman cierres de otros establecimientos y el levantamiento del ferrocarril.
Dos diputados del Partido Obrero, uno del PJ y otro del kirchnerismo, presentaron un Proyecto de ley consensuado con el sindicato para que el Estado se haga cargo del establecimiento. En dos opoertunidades la mayoría del PJ se negó a tratarlo. “El Estado no tiene nada que ver con el azúcar”, se lavó las manos el gobernador Urtubey.
Hasta fines de mayo era el tiempo límite para iniciar la zafra 2018, o se perdería esta actividad núcleo. Esta situación además perjudicaría a cañeros independientes que proveen el 80 % de la caña al San Isidro.
Esa situación desesperante explica que el 4 de junio los despedidos tomaran la planta.

La Fiscalía Penal de General Güemes, a cargo de Verónica Simesen, imputó a Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi) y a otras 74 personas que participan de la ocupación del predio del ingenio, por el delito de usurpación.

La jueza de Garantías 8 de Salta, Claudia Puertas, rechazó el pedido de desalojo y restitución del inmueble realizado por la fiscal, por considerar que no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral.

Mariano Cuenca, secretario General del SOEASI-CTA, indicó que si bien consideran que no incurrían en ningún delito sino que solo era un reclamo laboral, decidieron desalojar en pos de arribar a una solución en el conflicto. “Hicimos un impasse para que concreten la venta, de no producirse, el próximo viernes tendremos una asamblea en horas de la tarde donde se va a evaluar cómo continúa esta lucha”, concluyó.

En tanto, la Gerente Corporativa Legal de la Corporación Azucarera del Perú, en su carácter de representante legal de la empresa, decidió dejar sin efecto la acción penal contra las y los trabajadores y ex trabajadores e instó el sobreseimiento de las personas imputadas por la Fiscalía. También aceptó el plazo solicitado para el retiro con actas de constatación respecto del estado del predio y que no existen daños.

Ahora, las y los trabajadores quedarán a la espera de lo prometido por el Grupo Gloria, cuyos representantes aseguraron que para vender la empresa necesitaban el predio desocupado. Conseguido esto, aseguraron que la venta podría concretarse en el lapso de una semana, si bien no hay gran certidumbre al respecto.

Consecuencias de la devaluación

Hasta el momento se habrían presentado 13 oferentes para adquirir el ingenio San Isidro, “de los cuales quedaron cuatro; los cambios en el precio del dólar dejó a dos fuera de competencia y los dos oferentes restantes negociaron hasta el final, pero el grupo Gloria decidió no concretar con ninguno”, aseguró el titular del sindicato azucarero.

“Nuestra propuesta es la expropiación del ingenio San Isidro ante la ausencia de compradores privados que por distintas razones no han aparecido todavía. Somos víctimas de una enorme injusticia, y al Poder Judicial le pedimos que imparta justicia, al Poder Ejecutivo le pedimos que se haga cargo de su responsabilidad de ofrecer seguridad a la sociedad salteña y al Poder Legislativo que legisle en el marco de las leyes vigentes que contemplan la expropiación en aras del bien común”, finalizó el gremialista.

Industria azucarera: crisis y vaciamiento

Todavía no hay fecha de inicio de la zafra en La Esperanza (Jujuy). Fundado en 1883, el Ingenio tiene una larga historia que va desde los vaciamientos empresarios a las tomas obreras de los 90. Se presentó en quiebra en 2008 y a partir de 2010 la firma Benito Roggio Agropecuaria obtuvo la concesión del arrendamiento. En 2013, tras la quiebra, el Gobierno se hizo cargo a través de la Coordinadora de la Unidad para el Cambio Rural de la que formaban parte el mismo Gobierno, los trabajadores y capitales privados.

En la última zafra, su coordinador Jorge Neme dijo que el objetivo era alcanzar 80.000 toneladas contra 62.000 en 2014 y 42.000, en 2013. Anunció también que estaba cerca el día en que La Esperanza pase a manos privadas. Todo esto fue desmentido por el gobernador Gerardo Morales, quien señaló que los aportes privados al Ingenio son “pura mentira” y que la provincia tuvo que invertir 600 millones para que la empresa siguiera funcionando.

Gastón Remy, investigador y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, sostiene que el proceso que inició el actual gobierno es más que un ajuste con un plan salvaje de despidos: “El gobierno provincial a cargo de Gerardo Morales, en junio de 2016, hizo votar en la Legislatura la ley 5.929, por la cual el Estado se hizo cargo de la administración de la quiebra del ingenio que ocurrió hace casi veinte años. Mediante esta ley que viola la propia legislación nacional de concursos y quiebras, con el acuerdo del juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, el gobierno abrió una compulsa de precios, con la que finalmente le adjudicó el ingenio al grupo colombiano Omega Energy. Este proceso completamente ilegal vino a enmendar una venta fallida, al mismo Omega, que el Gobierno anunció a fines de diciembre de 2017.

El sindicato a través de sus abogados presentó un pedido de revocatoria de esta decisión del juez, pero luego decidieron retirarla. El ingenio con estas maniobras fue literalmente regalado a menos de un tercio de su valor de mercado”.

Omega Energy es un grupo petrolero que básicamente opera en Colombia y tiene algunas actividades extractivas y agropecuarias en Nigeria y Estados Unidos. Tiene más de 13 compañías offshore, que se utilizan para evadir impuestos, entre otros delitos, y semejante estructura financiera no se condice con el volumen de facturación anual del grupo y con la escasa capacidad de financiamiento que admiten en su balance contable.

En el caso de ALESA (Agroindustria La Esperanza S.A.) se constituyó con el mínimo de capital exigido por ley en Argentina que son $ 100.000 (U$S 3.500), cuando el compromiso de compra del ingenio La Esperanza alcanzaría los 86 millones de dólares. La presentación de la propuesta para quedarse con el ingenio llevó el patrocinio legal de Mossack Fonseca, el estudio de abogados que se hizo famoso por los Panama Papers.

Gastón Remy señala que: “el gobierno provincial despidió a 338 trabajadores a fines de noviembre pasado. Primero fue con la excusa de que el grupo inversor lo solicitaba. En febrero pudimos constatar que el mismo gobierno ordenó los despidos, a través de la administración colegiada -cuyos integrantes propuso el gobernador- y de la fiscalía de Estado, que finalmente convalidó el juez de la quiebra con el argumento de que para el “Estado era demasiado costoso sostener a 1.000 trabajadores”. Nunca presentaron un estudio productivo ni económico-financiero que demostrara su afirmación, como tampoco cuál fue el criterio para decidir qué trabajadores seguían y cuáles no. Esta información la solicitamos mediante un amparo en la Justicia jujeña a través de los diputados del PTS-Frente de Izquierda (FIT), Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández. La Justicia aún no se expidió. Lo hicimos como parte de la defensa de todos los despedidos como también de nuestros compañeros obreros y candidatos en las últimas elecciones por el PTS-FIT, Silvio “Choper” Egüez y Walter Farfán, ambos despedidos”.

“En el caso del ingenio aparece como director de ALESA, Facundo Fernández de Oliveira, también director de otra empresa propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo), y a su vez director de Recursos Humanos de Radio Nacional y no podemos descartar que actúe en representación del gobierno nacional que también es parte de la quiebra del ingenio. En enero, el mismo titular de Omega, Omar Leal, denunció en el diario El Tribuno de Jujuy que la caída de la venta del ingenio había sido una decisión del gobierno nacional”, sostuvo Remy.

El ingenio actualmente se encuentra dentro de un traspaso al Grupo Omega y se sostienen los 338 despidos. Hubo una tanda de 42 trabajadores reincorporados y todos afirman que el ingenio con este número de personal no puede funcionar. Sin embargo, la empresa estaría empecinada en contratar a los 600 trabajadores que quedaron sin reconocerles la antigüedad ni las categorías.

Dirigentes del gremio azucarero del Ingenio La Esperanza informaron que el juez de la quiebra, Juan Calderón, no hizo lugar al recurso de aclaratoria presentado por el grupo colombiano Omega-Alesa SA , respecto al punto que causó malestar y preocupación en la masa trabajadora, donde expresa que en ningún momento Omega ni Alesa SA, aceptaron mantener el Convenio Colectivo de Trabajo que rige para los empleados del Ingenio La Esperanza y que se aclare que todas las relaciones laborales de las y los empleados se extinguen indefectiblemente y que se celebran contratos completamente nuevos con Alesa SA, manifestando que este pedido es esencial para el mantenimiento de la oferta.

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Participe de la Resistencia Peronista, del Frente Revolucionario Peronista, precursor de la CGT clasista en Salta en los ’70 y parte del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) junto a Agustín Tosco; ayer, 3 de febrero, a los 85 años, falleció Armando Jaime. A continuación una semblanza y entrevista realizada por Mario Hernandez.

Ha llegado el momento que dejó de sufrir tozudamente y con grandes ganas de seguir de pie, un grande del proceso revolucionario, antiimperialista y socialista de la Argentina.
Armando desde mediados de 2016 empezó a ser tratado con un cáncer prostático, lamentablemente ya con metástasis. Fue operado y hasta Junio de 2017 venía llevando una actividad relativamente normal; en ese mes vuelve a ser internado y ya esta vez acompañando a su cáncer una seria complicación renal. Desde casi 3 meses atrás sus riñones dejaron de funcionar y empezó con prácticas de diálisis periódicas que lo llevaron a un deterioro rapidísimo y ayer, 3 de febrero de 2018 a las 05:43 nos dejó.
Armando hace unos días en plena lucidez nos citó y nos pidió expresamente que en su velorio no quiere flores, nos dijo que quiere banderas, pancartas, muy emocionado con un llanto en sus ojos sentenció: “perdón, me voy en el peor momento del país”. En realidad fue un momento muy emotivo ver a un ser humano entero, moral e ideológicamente preparado a dar el paso final.
Participó en la Resistencia Peronista, cuando el movimiento estuvo proscrito, y fue miembro fundador del Frente Revolucionario Peronista. Fue uno de los precursores en Salta de la CGT clasista que enfrentó al sindicalismo burocrático en la década del ’70. Participó de la experiencia del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) junto al dirigente histórico del Cordobazo Agustín Tosco, espacio político que reunió al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el FRP y otras organizaciones de izquierda.
Durante años sufrió la persecución y el ensañamiento de los represores. Tuvo que exiliarse, primero en Latinoamérica y luego en España. Desde el exilio promovió la formación de comités y organizaciones para denunciar el Terrorismo de Estado en el país. Desde los ’80 participó activamente en el Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil Y Popular (MOCEP), desde el que siguió luchando por la liberación nacional y social. Ha sido también un testigo fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaron en la provincia y sus declaraciones han servido para acercarse a la verdad de aquellos años de terror.
Su capacidad de síntesis hasta en sus momentos de salud grave fue siempre muy clara. Hace unos meses (22/08/2017) cuando se realizó un homenaje a su persona, nos dejó unas palabras que hoy se están produciendo por parte del gobierno pro oligárquico y pro imperialista de Macri en Argentina. Decía: “Uno de los peores enemigos que tiene la clase obrera, que tiene el pueblo, que tienen los sectores nacionales, son los grupos como el de Macri y compañía. Cuando pueda va a hacer lo mismo que ha hecho la dictadura militar”.
Sobre este escenario, Jaime resaltó la necesidad de que todos los sectores populares deben ir buscando la unidad y prepararse para luchar en el futuro. Destacó que las luchas “se las organiza”, y que “no se arman solas o espontáneamente. Que no nos encuentren desprevenidos”, advirtió.
En este tramo se dirigió especialmente a la juventud, a la que invitó a “prepararse para la lucha, prepararse para enfrentar a la derecha; prepararse para enfrentar al imperialismo”.
Dijo también que “el imperialismo es un poder económico que no descansa hasta ver a su víctima caída”.
Se refirió a la agresión que sufre Venezuela, destacando que lo que buscan los Estados Unidos es derrocar a un gobierno que es antiimperialista. “Lo hizo en el pasado contra Cuba y fracasó; y tiene que fracasar con Venezuela, tiene que fracasar con Bolivia”; sólo así “la democracia florecerá en América Latina”.

09/10/1932 – 03/02/2018

¡¡¡CAMARADA ARMANDO JAIME PRESENTE!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

* * *

El 23 de mayo de 2014, Gerardo Bavio presentó en Salta Huellas de la Memoria, un libro de los momentos históricos que vivió como dirigente político. Allí estuvo Armando Jaime quien al finalizar la presentación se acercó para invitarme a conversar el día siguiente. Recuerdo que fue después de mi intervención recordando la proclamación de la fórmula presidencial Tosco-Jaime en 1973. El 24 de mayo hicimos la entrevista que aquí reproduzco en medio de una mañana de anécdotas y grapa.

Mario Hernandez: Estamos con un viejo luchador, Armando Jaime. Siempre su figura nos trae el recuerdo de la CGT clasista de Salta en los ‘70. Me gustaría que hagas una reflexión y me cuentes qué te traen al presente los hechos de aquel período.

Armando Jaime: Bueno, de hecho hay diferencias sustanciales en el terreno de la política, durante el Cordobazo vivíamos en dictadura militar, en cambio ahora vivimos una situación de democracia relativa, con algunas fallas, pero democracia al fin, por lo cual nos podemos reunir para manifestarnos, lo que hace una diferencia bastante grande de época. Pero no obstante eso, creo que en este momento, si bien el gobierno ha hecho algunas cosas interesantes como el tema de Derechos Humanos, la Asignación por Hijo y algunas otras medidas, tiene una gran cantidad de falencias que da lugar a una crítica como corresponde.

A veces cuando conversamos con los compañeros hacemos la diferencia entre lo que es un gobierno como el de Evo Morales, o el de Maduro en Venezuela, o en otros lugares, con excepción de Cuba, es decir, todos estos países tienen una relación de producción de carácter capitalista, hablamos de Bolivia, Venezuela, Ecuador, igual que la Argentina, la diferencia es que mientras que esos gobernantes están proponiendo el socialismo como aspiración para sus pueblos y van caminando rumbo a eso, en Argentina el gobierno se declara capitalista nacional. Lo de “nacional” creemos que es relativo, porque transan con los monopolios, por ejemplo, el caso de Chevron, de la megaminería y una cantidad de empresas manejadas por el capital internacional, estas son falencias bastante serias que tiene el gobierno, incluso para llamarse “nacional”. Entonces desde este punto de vista nosotros somos críticos, y consideramos que hay que marchar hacia un movimiento de carácter socialista y revolucionario.

Armando te quiero volver un poquito para atrás, no porque me interese discutir el pasado, sino porque me interesa rescatar algunas cosas que viviste. Después vamos a volver al presente y en particular de Salta porque ha impactado mucho la huelga docente y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Quiero volver a fines de los ´60, conociste a Agustín Tosco, figura emblemática del Cordobazo.

Sí, entonces nosotros trabajábamos mucho con el movimiento sindical acá en Salta y en otros puntos del país y por ese motivo tuvimos una relación desde un punto de vista ideológico y político con Agustín Tosco y con otros dirigentes, y de ahí surgió una amistad que nos unió después políticamente en el Frente Antiimperialista del Socialismo (FAS). Fueron momentos donde nosotros, junto con Tosco y otros compañeros, impulsamos el sindicalismo de clase. En Salta organizamos agrupaciones obreras que nos llevaron a la conformación de la CGT clasista.

¿Cuáles eran las características del clasismo de los ´70?

Bueno, por un lado una posición antiburocrática, planteamos dirigentes que defiendan realmente los intereses de la clase trabajadora, ese era un punto fundamental. Por otro lado, defendíamos la independencia de los sindicatos de los gobiernos y a la vez de los partidos políticos, particularmente de la burguesía.

En el caso de la CGT clasista de Salta, invitamos en forma directa a los distintos partidos de izquierda para que pudiesen participar en los debates, en las discusiones, es decir, que estábamos abiertos a toda la izquierda sin excepción, a pesar de que recibimos críticas de sectarismo, cosa que no es verdad, es decir, podía venir el Partico Comunista o Vanguardia Comunista (maoístas), distintos grupos podían participar independientemente que tuvieran representación sindical, simplemente como grupos políticos.

Hacía referencia a la situación que se ha planteado con los docentes autoconvocados (DUS), ¿hay puntos de contacto entre este proceso que se ha abierto dentro del gremio docente, con aquella historia que estás contando?

Sí, en Salta hay mucha gente de izquierda en la base, que viene como arrastre de aquellos tiempos. La Lista Verde cuando la gobernación Miguel Ragone, en 1973, gana por el apoyo de la izquierda y enfrentando a toda la vieja dirección de derecha que tenía el peronismo, es decir, con un posicionamiento de izquierda. La CGT clasista surge en ese momento porque había un posicionamiento de izquierda en el movimiento obrero de Salta, y también en otros movimientos, como el Movimiento de Aborígenes que nos apoyaban. El arrastre histórico que tenemos en la provincia es lo que ha devenido en un apoyo al Partido Obrero, no es una simple agitación de ese partido, sino que existe en la provincia una base de izquierda que viene de aquellos tiempos y que está aflorando ahora.

Creo que a nivel sindical también se va a ir dando una situación así. El caso de los docentes nos parece un movimiento sumamente importante y lo apoyamos sin condiciones, sin llevar letreros ni pancartas, tenemos una metodología distinta a la de algunos partidos de izquierda, no pretendemos meterle un sello al movimiento, trabajamos, apoyamos, hasta que eso dé algún resultado.

El gobernador Urtubey

Armando, ustedes tienen un gobernador, Urtubey. Siempre que lo menciono hablo de su prontuario que me interesa particularmente porque es uno de los presidenciables, por lo menos es su intención. ¿Cuál es tu visión sobre este político peronista de la provincia de Salta?

Acá en la provincia de Salta, en los días posteriores al Cordobazo, se hizo un “Salteñazo” y, cuando fue ese hecho, un número grande de mujeres irrumpió en el barrio de la aristocracia salteña y tomó el Club “20 de Febrero”. Es un club importante en la historia de Salta porque agrupa a toda la aristocracia salteña, lo que aquí se llama “el cholaje”, o sea, la oligarquía de Salta. A este club pertenece este joven Urtubey, y toda su gestión gubernamental ha estado orientada en favorecer a la oligarquía. Por ejemplo, este gobierno defiende la policía infantil, como forma de contener a los chicos pobres que no tienen hogar y andan en la calle. La solución que les da es la policía infantil que es un criadero de represores, además, no tiene ninguna consistencia didáctica ni pedagógica.

Otra medida que ha tomado de carácter reaccionario, es la enseñanza religiosa en todas las escuelas de la provincia, cosa que ya no existía, la enseñanza era laica. Ha aumentado enormemente la dotación policial, desde policía civil, o sea, espías de la población, a policías uniformados. Tiene toda la provincia preparada para reprimir. Además, es un muchacho joven bastante incapaz como político, es hijo político adoptivo de Juan Carlos Romero, ellos lo llevan a la política, sin militancia, aparece sin nada, nada que ver con Pablo López que sale del Partido Obrero, que es un muchacho que milita entre los trabajadores, en los barrios, sabe lo que es andar en los barriales. Este es un señorito, nunca conoció esas cosas, no tuvo militancia y de golpe aparece como diputado nacional y después el “Club 20” lo impulsa hacia la gobernación, y lo de peronista, es peronista de derecha, nada que ver con el kirchnerismo, que mal que mal tiene algunos amagues que lo diferencian bastante de la derecha. Él puede tener una identidad ideológica con Massa o con Elisa Carrió. Y más aún, no sé si recordás la visita de Mario Vargas Llosa al país, un intelectual al servicio del imperialismo y del gran capital que fue invitado de honor a la provincia, Urtubey lo llevó a los valles a ver los viñedos, eso demuestra claramente el posicionamiento ideológico que tiene. En otra oportunidad lo invitó al ex presidente Fox, de México, a que hable de política, otro tipo de derecha. O sea, él se inscribe en toda la derecha continental, ese es el gobierno que tiene Salta, de ultraderecha y que pertenece a la oligarquía.

Tengo que preguntarte por otro de los referentes del peronismo, ya devaluado, pero en algún momento candidato a vicepresidente de la Nación, Juan Carlos Romero.

Bueno, vos sabés que aquí la familia Romero es una familia que viene de abajo, no viene del tronco oligárquico y se conforma en una burguesía, una nueva burguesía que tiene la provincia, intrépida, que no le interesa nada, no tiene pruritos morales para juntar plata.

La fortuna del padre de Juan Carlos Romero es sumamente dudosa, hay periodistas y revistas internacionales que lo acusan de que tal fortuna surgió del narcotráfico, entre ellas hay un artículo importante de la revista Interviú de España donde citan una finca que tienen ellos, que tiene varias pistas de aterrizaje y donde permanentemente aterrizan aviones, según ellos para trabajos de cultivo. En la provincia de Salta hay muchas pistas de aterrizaje. Por otro lado, en un simposio que hizo una organización católica en Madrid del que yo participé, también se acusaba a Roberto Romero. Algunos disertantes bolivianos decían que Salta era el puente entre Bolivia y el exterior en el tráfico de drogas. Acá hay un periodista que se llama Sergio Poma, que ya falleció, que escribió un libro que se llama El narcopoder, donde denuncia a Roberto Romero y a su familia de estar vinculada a este tipo de negociaciones.

Roberto Romero venía del radicalismo, luego tuvo alguna participación en el frondicismo, en el Partido Justicialista no se lo aceptaba, fue rechazado, en cuanto a la opinión que tenía Miguel Ragone las veces que conversamos, él decía “éste es un tipo peligroso”. Y bueno, de pronto aparecen como peronistas y ¿quién avala la ficha? El juzgado electoral, es decir, él hace una presentación y lo avalan para que sea miembro del Partido Justicialista, y a partir de ahí, con los elementos de derecha que tomaron el gobierno cuando destituyeron a Miguel Ragone, se presenta como candidato a gobernador. Esta es la historia de Romero que no tenía nada que ver con el peronismo.

He estado observando, por información que suele publicar Argenpress.info, una situación de desplazamiento de los pueblos originarios inclusive incendiando sus tierras, favoreciendo el desarrollo y cultivo de la soja en la provincia. ¿Mi apreciación es correcta?

Bueno, acá los pueblos originarios cada día están siendo más arrinconados a zonas desérticas, a tierras inservibles y cada día es menor el apoyo o la ayuda que tienen del gobierno, y alguna ayuda que reciben viene más que todo del gobierno nacional y no del gobierno de la provincia, a través de los Planes Trabajar, de la Asignación por Hijo, algunas pensiones a la vejez, pero en cuanto a la provincia, la actividad hacia los pueblos originarios es prácticamente nula.

Con el asunto del desmonte, de la soja, cada día son expulsados de sus lugares y arrinconados a lugares desérticos donde no hay agua, es tremenda la situación que viven y no hay ninguna preocupación por parte del gobierno, más que declaraciones, por ahí viene una delegación y les dan de comer algo y después se van. Nosotros tenemos mucho contacto con compañeros originarios y discutimos con ellos que el planteo principal tiene que ser la recuperación de sus tierras y luego de eso debe estar la reivindicación cultural.

El gobierno de la provincia de Salta tiene mentalidad colonial, son “colonizados mentales”, le hacen monumentos al asesino de Tupac Amaru, a los Reyes de España, a Isabel la Católica. Viven ensalzando al colonialismo y haciendo racismo, aquí se trata mucho a nuestro pueblo de “negros de mierda” por parte de esta gente que recibe la educación del Club “20 de febrero”, de la aristocracia salteña. Lo mismo que la discriminación que hacen de los pueblos hermanos, como Bolivia por ejemplo, llamándolos “bolitas”. Nosotros siempre hemos defendido la relación y el respeto por nuestros hermanos latinoamericanos. Salta, Jujuy, Potosí, todos tenemos la misma cultura, estamos divididos por países pero culturalmente somos lo mismo.

¿Cuál es el proyecto político de Armando Jaime en el 2014?

Bueno, nosotros impulsamos desde el interior una especie de frente político con organizaciones ligadas a los años ´70, o con conocimiento o que reivindican la lucha de los compañeros caídos durante esos años. Reunimos una veintena de organizaciones, medianas, regulares, otras con más peso y estamos discutiendo la nueva modalidad que se está dando en Latinoamérica que es la participación democrática, que hasta ahora los revolucionarios veníamos negando, sin embargo, ahora pensamos que hay que participar electoralmente pero dentro de principios revolucionarios, no pensando que uno o dos diputados van a cambiar el mundo, no, aquí algo va a cambiar cuando hagamos la revolución y tomemos el poder. Si esto se da por vías legales, en el momento en el que se llega al gobierno comienza otra lucha, como la que está llevando a cabo el gobierno de Evo Morales, o los venezolanos, no es que de la noche a la mañana se va a expropiar todo, son procesos distintos. Si uno llega por la vía armada en 24 horas transformás las cosas porque tomás el poder con la revolución, pero cuando se lo toma por medios evolutivos, cuando llegás al gobierno empieza una lucha feroz, como está pasando ahora con toda esta ofensiva imperialista contra Venezuela, contra Bolivia y también contra el gobierno nuestro, que no tiene un posicionamiento de izquierda pero les pesa, les duele y al imperialismo y a la derecha no les gusta.

¿Querés agregar algo que no te haya preguntado?

Mirá, nosotros pensamos que toda la izquierda y el movimiento de masas en general que aspire al socialismo, a la revolución y que tenga un espíritu latinoamericanista, que no sean dogmáticos y funcionales al poder burgués, tenemos que unirnos, esforzarnos para enfrentar la lucha en los distintos niveles y en este momento es en el nivel de la democracia que tenemos que impulsar y participar legalmente. Esa es una discusión que tenemos en estos niveles de organizaciones más menos de la izquierda latinoamericanista.

Te agradezco mucho la posibilidad que me has dado, ha sido un gusto compartir este diálogo, que espero se repita pronto.

Muchas gracias, nos vamos a estar viendo.

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El ministro de Trabajo de la Nación suspendió en dos oportunidades las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), pero las y los obreros decidieron votar igual y ratificar el mandato de la lista encabezada por Rafael Vargas, que se impuso por casi el 90%.

Tras la intervención del gremio de Canillitas, el Gobierno de Mauricio Macri tiene en la mira al SOEAIL. Las maniobras del trío conformado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el gobernador Gerardo Morales y el empresario genocida Carlos Pedro Blaquier buscan acabar con una de las organizaciones más combativas de Jujuy para imponer salarios de hambre, despedir a discreción y flexibilizar las condiciones de trabajo del sector.

Triaca inició su ofensiva interventora a mediados de junio, cuando suspendió las elecciones del SOEAIL y dejó con mandato vencido a la Comisión Directiva del gremio, encabezada por Rafael Vargas.

Fue entonces que los trabajadores convocaron a una asamblea, prorrogaron el mandato de sus autoridades y ratificaron a la Junta Electoral, que fijó el 6 de julio como nueva fecha para los comicios internos.

Las decisiones de la asamblea fueron desconocidas por la cartera de Triaca, pero la Junta Electoral decidió avanzar igual con la votación al entender que el ministro actuaba con un “afilado autoritarismo que no tiene nada que ver con el principio de legalidad” del organismo a su cargo.

A pesar de todos los obstáculos que puso la empresa para que el acto democrático no se desarrollara, más del 53% de las y los obreros azucareros pudieron llegar a las urnas para darle un contundente triunfo de la Lista Gris de Vargas, que obtuvo el 89,5% de los votos.

“Llevábamos más de dos semanas sin autoridades, con todo lo que eso significa, sobre todo para los 11.000 afiliados que tiene nuestra obra social. Es preocupante cómo el gobierno provincial y el de la nación dejan a todas esas personas en el aire, muchas de las cuales necesitan atención médica, derivaciones, intervenciones y medicación de VIH u oncológica”, dijo el secretario general del SOEAIL.

Vargas explicó que la embestida contra el gremio tiene que ver, por un lado, con el hecho de haberse “constituido como querellante en los casos de delitos de lesa humanidad que involucran a Blaquier”. El dueño del mayor ingenio del país fue la pata civil de la “Noche del Apagón”, cuando la dictadura secuestró a cuatrocientas personas en las localidades de Libertador, Calilegua y El Talar con los camiones y las listas negras aportadas por Ledesma. Desde 1976, 33 de esas víctimas continúan desaparecidas. El empresario fue imputado en 2012, pero tres años más tarde la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó “la falta de mérito”.

El otro motivo de los ataques al SOEAIL son las negociaciones salariales, luego de un 2016 en el que las y los trabajadores lograron resistir la feroz represión de Morales, la judicialización y las multas que le impusieron al gremio por más de 2 millones de pesos.

“Hoy estamos en plena paritaria y la patronal pretende dar un 20% de aumento en negro. Esto no sólo pasa en el Ingenio Ledesma, sino también en La Esperanza, El Tabacal y San Isidro, donde tenemos más de sesenta despedidos. Hay problemas en cada uno de los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, y la pelea es dura porque la patronal tiene el poder político, la Justicia y el Ministerio de Trabajo para echar por tierra todas las mejoras salariales y condiciones de trabajo que hemos conseguido en los últimos años”, remarcó el dirigente.

Sobre una posible intervención, Vargas sostuvo que el SOEAIL continúa en “estado de alerta”, con una “permanencia pacífica día y noche” en la sede del gremio. El objetivo es evitar el mismo atropello que sufrieron los canillitas y otros trabajadores organizados del país.

“La unidad es el único camino posible para vencer el miedo que aplica el Gobierno junto a la patronal”, aseguró al referirse a la situación que se vive en su provincia desde que asumió Morales y encarceló a Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.

“Ver a una referente como Milagro detenida de una forma totalmente arbitraria, sin garantías constitucionales, genera mucho miedo. Los dirigentes sociales, los que defienden a un sindicato, son los principales blancos de los gobernantes”.

El CELS advierte sobre un intento de intervención del sindicato de Ledesma

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó el jueves 6 de julio como veedor del proceso electoral del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA). En su web, el organismo publicó un artículo en el que denuncia “amenazas a la organización de los trabajadores”, describe que existe “un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia” y advierte que el Ministerio de Trabajo de la Nación podría intentar una intervención del SOEAIL.

La organización advierte que “frente al mandato cumplido de los dirigentes y las elecciones suspendidas de manera indefinida, el Ministerio podría ordenar la intervención del sindicato en virtud de una supuesta acefalía creada por sus propias demoras en resolver el expediente”, y recuerda que “así actuó recientemente en los casos de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, del sindicato de judiciales de Mendoza y de vigiladores privados, utilizando el argumento de las “irregularidades eleccionarias”.

En el artículo se ocupan además de la situación de la obra social del SOEAIL, refiriendo que “la empresa Ledesma dejó de retener el porcentaje que corresponde a la obra social, con el propósito de desfinanciarla, y amenazó con solicitar a la Superintendencia de Servicios de Salud que ordene la intervención inmediata de la obra social”. Y agregan: “El conflicto se profundiza, además, en un contexto de negociación de paritarias a nivel nacional”.

A modo de conclusión, el CELS señala: “Los trabajadores del ingenio Ledesma vienen sufriendo distintos mecanismos de criminalización de la protesta y de la organización social”, y recuerda que “durante una protesta en el contexto de la negociación de paritarias de 2016, 80 trabajadores fueron heridos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes por las fuerzas de seguridad provinciales. Luego, el gobernador Gerardo Morales activó la actuación de la justicia penal y contravencional contra el sindicato y contra su secretario general, Rafael Vargas. El sindicato fue multado y ocho dirigentes sindicales, dos asesores legales del sindicato y seis trabajadores fueron criminalizados”.

Ingenio La Esperanza (San Pedro-jujuy)

Con una masiva concurrencia, la Asamblea General convocada el miércoles 19 de julio por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro, Jujuy, (SOEA-CTA), dispuso un paro por tiempo indeterminado a partir del lunes pasado, en respaldo de sus demandas salariales y laborales.

“Fue, y lo sigue siendo, notable la gran preocupación de los trabajadores y la familia azucarera por todos los incumplimientos que se vienen produciendo desde que el Gobierno se hizo cargo del Ingenio La Esperanza”, afirma un comunicado gremial.
“Una vez más la familia dijo presente y es una clara muestra de que nadie nos va a pasar por encima, ni nadie quiere que se queden afuera más de 400 compañeros”, subraya la nota del sindicato enrolado en la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA).

El malestar del sector de los trabajadores del ingenio azucarero está motivado por la falta de certezas respecto del futuro y por el reciente desplante que sufrieron por parte del titular de la cartera de Desarrollo Económico y Producción, según expresó Sergio Juárez, Secretario General del sindicato.

En ese sentido, detalló que el funcionario tuvo tiempo suficiente para llevarles algunas respuestas a las inquietudes planteadas (aguinaldo, indumentaria, etc.) durante la primera reunión y sin embargo no hay novedades al respecto. “Pasamos a un cuarto intermedio para el miércoles y tras cambiar el horario a último momento no se presentó. No se dignó a levantar el teléfono para avisarnos. Es una falta de respeto”, expresó.

Además, Sergio Juárez y Néstor Bautista, Secretario General y Secretario Gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro, Jujuy, respectivamente, fueron citados al Centro Judicial de San Pedro de Jujuy el pasado 14 de julio, para tomar conocimiento de que la causa por la que fueron imputados, “Instigación a cometer delitos”, es llevada a juicio oral y público, lo que podría representar, bajo los términos del artículo 209 del Código Penal Argentino, de 2 a 6 años de prisión”, anuncia un comunicado gremial.

Despidos en el ingenio San Isidro (Salta)

El avance de las empresas contra las y los empleados azucareros del noroeste argentino parece ser contundente. A las presiones que se viven por estas horas en el Ingenio Ledesma y la situación crítica del Ingenio El Tabacal, se le suma el intento de cesantear personal en el ingenio San Isidro.

Según informaron desde el gremio, en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Salta, la multinacional peruana Grupo Gloria, dueña de la firma, anunció que habrá 30 despidos de personal efectivo de San Isidro, más la cesantía de 31 trabajadores eventuales.

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros de San Isidro, (SOEASI), Mariano Cuenca, anunció como respuesta un paro total de actividades para los días 6, 10, 13 y 17 de julio.

En 2014 y 2015 el sindicato del ingenio San Isidro evitó dos intentos de recortar el plantel de trabajadores. De acuerdo a lo que rememora el Soeasi, en aquel momento la compañía pretendió acabar con una centena de empleados en la calle, lo cual fue impedido por la movilización de los trabajadores, acompañada por la comunidad.

El ingenio San Isidro es una de las industrias del rubro que produce más bioetanol que ha resultado en una variante combustible económica y pretendidamente menos nociva para el ambiente. El gobierno de la nación le ha otorgado importancia a través del Plan Belgrano, que expresamente afirma la relevancia de potenciar la elaboración y venta del derivado de la caña. El proceso para generar el combustible está subsidiado por el Estado.

Paralelamente con esa situación promisoria, el documento del sindicato indica que la empresa recientemente erogó 90 millones de pesos en adquisición de nueva maquinaria. Pese a esos síntomas de solvencia económica, pretenden otorgar un 18% de aumento salarial y reabrir negociaciones recién en 2019. Los trabajadores solicitan que sus salarios trepen a 23.000 pesos por lo cual realizaron paros con asistencia a los lugares de trabajo los días 6, 10, 13 y 17 de julio.

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Entrevista a Antonio Elio Brailosvsky, escritor y economista especializado en historia ambiental, quien hace referencia a las inundaciones, la falta de saneamiento del agua y las políticas de Estado al respecto.

– Nos mandaron a rezar nuevamente, esta vez fue el Ministro de Agroindustria frente a las inundaciones a lo largo del país. Esta situación que afecta a Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Chubut y Catamarca, ¿solamente se debe al cambio climático?

– El cambio climático existe pero lo potencian los errores agrarios y urbanísticos. Acabo de ver una nota en un periódico colombiano donde están diciendo: no es que el río se metió en sus casas, sino que ellos metieron sus casas en el río. Mientras se siga construyendo adentro de los lugares de riesgo de desborde de los ríos vamos a seguir teniendo desastres. Aquí, en Colombia y en Perú, países que han tenido enormes desastres por inundaciones y aluviones en las últimas semanas.

– Llama poderosamente la atención cómo es posible que no se hayan desarrollado las obras necesarias en un lugar con la riqueza petrolífera y gasífera como lo es Comodoro Rivadavia.

-Lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador diciendo que va a reconstruir todo en el mismo lugar. Un lugar que se inunda se va a volver a inundar muchísimas veces. Por un lado está el negocio de haber loteado terrenos inundables vendiéndolos para la vivienda, y ahora el negocio de obras públicas que no van a servir para nada porque la fuerza del agua se lleva todo. Hay que pensar en dejar de construir sobre terrenos inundables.

– Con el peligro que significa esa inmensa montaña de barro que es “el chenque” al lado de la ciudad.

-Claro. Por qué seguir negando que hay un problema, insistir en que esto es algo que no va a volver a pasar. Una vez que se metió a la gente adentro de un lugar inundable, se van a volver a inundar.

– En cuanto a deforestación, en 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy y en los últimos 25 años se desmontó una superficie equivalente a la Provincia de Entre Ríos. Esto también se vincula al problema de las inundaciones, entonces, ¿qué paso con la Ley de bosques que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2009?

– El bosque y en general la vegetación natural ayuda con las raíces a desviar el agua de lluvia al subsuelo y las napas, es un mecanismo de recarga de agua subterránea, si no hay bosques y árboles el agua escurre en superficie, hay más agua con la misma cantidad de lluvia y eso inunda.

La Ley de bosques tenía un punto débil, el centro estaba puesto únicamente en el dinero, porque la ley planteaba como único medio de mantenimiento de los bosques un subsidio a los que no destruían el bosque nativo, no planteaba sanciones a los que sí lo hacían, entonces terminó siendo una cosa económica. Además, en el gobierno anterior las partidas para subsidios de la Ley de bosques se desviaron hacia otros lados, especialmente hacia la televisación del fútbol.

En el gobierno actual no sé hacia dónde se desviaron pero tampoco tuvieron un uso importante. Si no hay sanciones, y si talar es negocio porque sirve para plantar soja y si se inunda o se destruye el suelo que se arregle otro, se sigue desmontando. Yo creo que la Ley de bosques funcionó solo para la foto, fue una ley principalmente publicitaria.

– Además la deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en Argentina y un análisis de la Ley ambiental para la Argentina del Banco Mundial, de octubre del año pasado, sitúa la degradación ambiental en el 8.5 del PBI argentino equivalente a 40.000 millones de dólares. En todo el tema de la deforestación para plantar soja los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas.

– Eso pasa con todos los temas ambientales. Siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los demás.

– El pasado 31 de marzo, en el Día nacional del agua, a raíz de la Resolución Nº 1630 de 1970, en Clarín salió un suplemento llamado “Plan de agua saneamiento nacional”. Más adelante en el suplemento señala que el Día mundial del agua se celebra el 22 de marzo, respondiendo a una recomendación de la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. ¿Fuimos unos adelantados los argentinos entonces?

– Siempre es fácil hacer una declaración, el tema es qué gestión se hace después sobre eso. Y la gestión en Argentina sobre el agua es extremadamente débil. No sabemos, porque no hay ningún control sobre qué residuos peligrosos hay en el agua de red, por ejemplo. En gran parte del interior del país se saca el agua de red de napas que están debajo de campos fumigados o de ríos que reciben el agua de fumigación que viene arrastrada por las lluvias hasta los ríos. Yo preferiría menos festejos y más análisis del agua de red y qué se hace para eliminar esos tóxicos.

– En este espacio publicitario al que hago referencia, el pasado 3 de abril, se menciona un Plan nacional del agua que establece como meta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cloacas. Dice que van a instalar 55.000 kilómetros de tuberías para distribuir agua potable, 30.000 para cloacas, que ese volumen de obra generará más de 300.000 puestos de trabajo entre los años 2016 y 2020 y se estima que las inversiones totales para el logro de la cobertura universal y cloacas para ¾ partes de la población alcanzarán una inversión de 21.600 millones de dólares. Este plan ¿existe?

– Esperemos que sí, porque hace falta. Argentina está muy retrasada en cuanto a vecinos más pobres como Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura de la población mayores que los nuestros. Siempre hay planes, esperemos que pongan el dinero y hagan las obras y además controlen que el agua de red sea efectivamente potable.

– Otra cosa que me llamó la atención de esta producción especial referida al Día del agua, dice que avanzan las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, parece que hicieron un recorrido un grupo de periodistas especializados, ejecutivos de Aysa y las empresas contratistas, dicen haber recorrido el predio de Dock Sud donde pudieron comprobar los avances de la obra Riachuelo, proyecto que permitirá incorporar al servicio de redes cloacales a un millón y medio de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4.300.000 habitantes, es decir, que según esta información ha tomado impulso la obra en la cuenca Matanza- Riachuelo.

– Están haciendo obras, la pregunta es si son las mejores posibles y qué riesgo tienen. La obra grande que es el caballito de batalla de Aysa, es un caño que va por debajo del Río de la Plata y trata de mandar lejos toda la contaminación del Riachuelo. Dicen que con tratamiento pero en realidad es un pre tratamiento, una licuadora que disuelve la materia fecal y la traslada adonde no se vea, más lejos. Allí hay dos problemas, por un lado el riesgo de que al mandarla más lejos vaya hacia las tomas del agua, con lo que empeoraríamos la situación; el otro riesgo es que al mandar ese caño de agua del Riachuelo río adentro, cambie la forma de sedimentación del suelo y se empiecen a formar pantanos costeros y si hay pantanos la contaminación va a tardar mucho más en dispersarse.

Estos temas han sido estudiados de manera débil, con lo cual yo no estoy muy conforme con estas obras, la gente tiene la ilusión de que una obra mejora las cosas y no necesariamente es así. Esta es una obra de altísimo riesgo.

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El 5 de noviembre de 2011 desaparecía Daniel Solano en Choele Choel. Una crónica a seis meses de su desaparición y las notas que fuimos realizando ante cada novedad. Nuestra manera de mantener presente esta historia y apoyar el reclamo de Gualberto, su padre, y sus familiares.

Con la reciente novedad en la causa de que la Dra. María Cecilia Constanzo “fue cesanteada por resolución en el sumario administrativo que se tramitaba en la junta disciplinaria y que se inició por una denuncia nuestra ante la Secretaría de Trabajo”, según palabras del abogado de la familia, Sergio Heredia; luego de que la causa fuera rechazada por la justicia Federal y volviera al fuero provincial y charláramos en Choele Choel con Gualberto Solano, después de que rechazaran el descenso al Jagüel (donde se afirma podría estar el cuerpo de Daniel) y en apoyo a la marcha y festival que se realizará hoy en Choele; desandamos el largo pedido de justicia por Daniel. La crónica realizada a los seis meses desde el lugar y todas las notas que fuimos sumando en estos años.

¿Dónde está?

Pareciera que la historia resulta circular, que se repite en tiempos y espacios similares. Y si es circular, si se permite volver a suceder, no es por un destino inexorable de círculos concéntricos, sino porque los perpetuadores del poder, las fuerzas de choque estatales aliadas con el empresariado y la explotación laboral siguen tan vigentes y tan impunes como hace siglos.

Por esas circularidades, esas perpetuaciones, Daniel Solano, un indígena perteneciente a la comunidad Misión Cherenta, de Tartagal, Salta, recorrió 2.300 kilómetros en plan de trabajo y fue secuestrado y desaparecido a manos de la fuerza represora del Estado, muy cerca del monumento a Roca que se erige entre las localidades de Choele Choel y Darwin, en la Patagonia argentina. Ahí, sí, en manos de las fuerzas herederas de los que llevaron adelante la “Campaña del Desierto”. Ahí, bajo la mirada del que todavía se venera en un monumento inmenso y en el billete de mayor valor de nuestra moneda.

Daniel Solano está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue sacado por la policía de Macuba, el boliche de Choele Choel, a las tres de la mañana. Entramados de complicidades entre las empresas frutícolas que explotan el trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces que hacen la vista gorda tiene la historia de Daniel. Y también, la de un pibe de 26 años que reclamó por un sueldo pagado a medias, que viajó en búsqueda de un trabajo digno y que intentó ser solidario hasta el final…

La manzana prohibida

Era la tercera vez que Daniel se subía al colectivo para viajar hacia Río Negro a la temporada de raleo y cosecha de manzanas.

En Tartagal significaba un acontecimiento ir a despedir a los que partían por cuatro meses hacia la lejana Patagonia.

Había que completar el micro con sesenta trabajadores. El puntero de la zona (algo así como un caporal) fue el encargado de hacer el reclutamiento para Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque, hacia donde iban a llegar en unos días los salteños.

Además de la esperanza de un empleo estable por un tiempo, los trabajadores partieron cargando su colchón y sus sábanas: los esperan cuatro meses en unos galpones llamados “gamelas”, con capacidad para apiñar a 200 personas en camas cuchetas, pegadas unas a otras, con un pequeño lugar de duchas y tres inodoros. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero.

Firmaron el contrato durante el viaje por unos mil ochocientos pesos mensuales y con una cláusula para rescindir el contrato en caso de generar disturbios o de tener problemas con la policía. Ante cada frontera provincial, debieron simular ser turistas en vez de obreros frente a los controles. Llegaron, entonces, a la localidad de Lamarque, en el Valle Medio, después de días de viaje con su ropa, sus sábanas y su colchón, pero de dinero, nada. Lo que habían conseguido juntar laburando en changas en sus provincias se había quedado allá, para sus familias. Por eso los cincuenta pesos semanales que les da la patronal son una miseria. No alcanzan para nada y deben pedir fiado en las despensas “habilitadas”; incluso algunos trabajadores sobreviven pescando carpas (peces que son una plaga, duros y desagradables por alimentarse de cualquier cosa).

El cobro del primer sueldo resulta el momento más crítico: los descuentos son excesivos y muchos no pueden girar el dinero a sus casas; el ciclo es inevitable: trabajan, no les pagan, son discriminados, son maltratados, muchos optan por el alcohol ante una situación sin salida. El grupo BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), entonces, tiene su accionar justificado. La tropa de élite es tristemente conocida en Río Negro por su intervención en las matanzas durante las represiones de Bariloche, que derivaron del asesinato de Diego Bonefoi en 2010. El grupo que, como detentan sus siglas, es entrenado para estar en eventos multitudinarios y en manifestaciones, se encarga de custodiar a los trabajadores de las gamelas. Habitantes de Valle Medio cuentan que para entrenarlos deben pasar por situaciones de tortura dispuestas para “endurecerlos”, que los forman en pozos con excrementos, en los que les tiran cosas. La custodia incluye amenazas, que ingresen a cualquier hora en las gamelas, que peguen, pateen y roben libremente. En esas mismas gamelas que están cerca, muy cerca, de la casa natal de Rodolfo Walsh.

Daniel ya había estado allí otras dos veces. Había terminado el secundario y en su ciudad le decían que por qué no se quedaba, que por qué no estudiaba, que por qué no aprovechaba esa posibilidad de haber terminado los estudios. Pero Daniel viajaba, le gustaba cosechar manzanas, conocer otros lugares, estar en contacto con la tierra, ganarse el mango dignamente.

Se subió al colectivo ese septiembre de 2011 y dejaba para su vuelta la titularidad en el arco del Club deportivo Guaraní con el que habían logrado entrar al Torneo del Interior 2012 (Argentino C) y que era el primer equipo indígena en jugar un torneo de la AFA.

Dejaba a su novia María Luisa con la promesa de comunicación constante, lo que confirman los casi 50 mensajitos que se mandaban por día. A sus amigos de toda la vida, Germán y Sara, que no habían podido llegar ese día a llevarle la bolsa de golosinas de su kiosquito; a su padre Guillermo, a su abuela y sus hermanas, sus tíos.

Dejaba sus discos de cuarteto y su comida preferida, las empanadas de su abuela, para su regreso.

Pero el 22 de enero de 2012, el Guaraní debutó ante Coronel Cornejo de Tartagal, en el Torneo del Interior, y Daniel no estuvo en el arco.

Nueva noche fría

El viernes 4 de noviembre de 2011, Agrocosecha pagaba sus primeros sueldos de la temporada. La fila de trabajadores transmitía entusiasmo y expectativa. Pero a medida que regresaban con el dinero en la mano, las caras y los ánimos eran otros. 800 pesos eran lo que recibían en vez de los 1.800 acordados (una estafa redonda si se la piensa en grande: 1.000 pesos por trabajador en un total de 400 serían unos 400.000 de excedente para repartir en una estructura mafiosa).

La tristeza era también silencio, y era miedo. Pero Daniel no se calló. Se enojó, gritó, y amenazó con una huelga para el lunes siguiente. Los capos de la empresa Agrocosecha ya lo conocían: A Solano lo querían todos. Tenía capacidad para captar la atención de sus compañeros y una alegría contagiosa. Lo conocían, y por eso le habían propuesto ser puntero. Le sería fácil. Pero Daniel no había aceptado. No quería saber nada: “No, los vagos después te miran mal porque saben que estás por arriba de ellos. No quiero ser más que nadie”, decía. No. Nada de altos mandos, él quería trabajar nomás.

Sabían que el lunes la huelga se iba a realizar si el reclamo estaba por Daniel Solano. Y Solano sabía quién era su patronal. Y conocía a la custodia. Por eso se quedó el viernes adentro, por eso prefería no salir de las gamelas y exponerse. Pero no sólo el poder es el que traiciona. Algunos compañeros de Daniel lo convencieron de salir a bailar el sábado a la noche, entre ellos el puntero y otro al que varios testigos señalan como el “entregador”.

A veinte minutos de haber entrado, por micrófono lo nombran y lo señalan desde la cabina. Él es Daniel Solano, es ése. Las fuerzas policiales (sí, que también son custodia en el boliche Macuba) lo empujan hasta la vereda y lo llevan hacia la esquina. Daniel se defiende, retrocede, tira piñas al aire.

En el fondo de la calle lateral espera un patrullero. A Daniel lo meten ahí. Fin de la historia.

El cuento de la buena pipa

Siempre las historias circulares. Los moldes en serie de la acción paramilitar: un indio que molesta, patotas armadas, desaparición misteriosa; ensuciar a la víctima.

“Yo me entero allá en Tartagal el lunes 7 a las 11 de la noche. Me avisó la mujer del puntero que Daniel no aparecía. Siempre hablábamos por teléfono, yo lo llamaba seguido. Ahí me fui para Choele a ver qué pasaba”. La peregrinación de Gualberto empezó desde su llagada: Agrocosecha lo recibió con los brazos abiertos para explicarle que Daniel era un “picaflor” y que, seguro, se había escapado por ahí con una noviecita. A Neuquén, se fue para allá, a divertirse. Lo vieron sacando pasaje en la terminal, decían; y subiéndose a un colectivo, completaban, que partía rumbo a Neuquén. En una provincia con los prostíbulos prohibidos, quienes declararon estas afirmaciones fueron proxenetas, prostitutas y familiares de policías.

En enero, Sara contactó en Tartagal al que sería el nuevo abogado de la familia, Sergio Heredia. El 18 de ese mes presentó una denuncia contra 34 personas, entre ellos policías, la jueza Marisa Bosco y el fiscal interviniente Miguel Ángel Flores, empresarios y compañeros de trabajo de Daniel Solano. Una denuncia que parecía sorpresiva para la pequeña ciudad de Choele Choel en enero, pero que fue dando cuenta de la asociación ilícita que hubo entre todos los sectores para llevar a cabo la desaparición de Daniel.

Para esa época, a Gualberto ya lo habían echado de la empresa petrolera de Tartagal en la que había trabajado por más de quince años. Familia y amigos llegaban para dar apoyo y contención, pero todo seguía pareciendo confuso y los organismos estatales mostraban total indiferencia para dar respuestas. Por eso, a tres meses de la desaparición de Daniel, su familia decidió armar un campamento en la plaza que está frente al Juzgado N° 30 de Choele Choel. “Yo quiero que me den una respuesta y me voy. Ya perdí a mi hijo, perdí mi trabajo…”, explicaba Gualberto. Así, la comunidad de Choele empezó a visibilizar la lentitud de la justicia, pero también a solidarizarse y acompañar de diversas maneras: se formó la Comisión de Solidaridad y Apoyo a la Familia Solano, y también empezaron a llegar vecinos a saludar, a preguntar cómo andaba Gualberto, a llevar calabazas recogidas de sus huertas o kilos de pan para sopar en el guiso.

El 5 de mayo se cumplieron seis meses. Gualberto decidió encadenarse a la fiscalía, junto con su hermano Pablo y Julieta, la madre de Atahualpa Martínez Vinaya (ver recuadro), e iniciar una huelga de hambre para solicitar el avance de la causa. También se planeó una jornada cultural en la que Chelo Candia pintó un mural frente a la comisaría, con la colaboración de los vecinos. “Los canas se toparán todos los días, y por mucho tiempo, con esta acusadora mirada de Daniel”, cuenta Chelo sobre el mural que da cuenta de los trabajadores golondrina y las condiciones de explotación, la complicidad policial con los empresarios, y la lucha por la búsqueda de Daniel de familiares y vecinos. Se realizó una marcha, siempre con la fila de niños adelante, de la que también participó Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, quien engripada y todo arengaba desde el megáfono un emocionado “presente” ante el nombre de Daniel o de Luciano.

El rostro de Daniel estaba en las pancartas, en el mural, en el rumor que corría en Choele tras el paso de los caminantes, y también en las voces de sus familiares y amigos que querían contar, que insistían: “Daniel era un buen chico, nacido y crecido en Cherenta”. Mayra es una de las ocho hermanas de Gualberto. Por su edad, es bastante cercana a Daniel, pero por su crianza, y por ser mujer, nunca compartió salidas con su sobrino: “A mi madre, sobre todo, no le gusta que salgamos. Y Gualberto tampoco salió. Siempre adentro nomás, sólo salir a hacer algún trámite”.

Sobre Daniel recuerda que “siempre pasaba a ver a su abuela. Cuando le hacíamos el cumpleaños él estaba presente, en mayo, que estaba de regreso. Este cumpleaños ya no va a ser lo mismo. Cuando estábamos en Tartagal, quedamos asombrados de lo que decían acá: que era un borracho, que le pegaba al padre, cosas que no eran así. Como vivimos cerca de él, lo hubiéramos sabido si era cierto”.

Sara se instaló en Choele desde enero. En Tartagal quedaron su hija de 14 años y su esposo. Cuenta que él la apoya completamente y que siempre fueron muy independientes, “de no cargosearse”. A Daniel lo conoce desde chico porque andaban todo el día con su hermano Germán jugando a la bolita y a la pelota. Su casa era el segundo hogar. Siempre estaba en las fiestas familiares e incluso había llegado la noche del cumpleaños de su hija, el mayo anterior, para cenar con ellos. “Mi hija también pasó a ser amiga de él porque Daniel seguía siendo un adolescente”. Y, claro, con Germán compartían también la barra de amigos que jugaba a la pelota: “Pililo, Pichín, José, Cuchi, el Pintudo (al que llamaban así irónicamente porque era el más feo del grupo)”. A Daniel le decían “el Nene”, aunque contaba con un apodo extraoficial: “Mal panza”, que nunca quisieron explicar pero sobre el que todos decían “porque todo lo que come le hace mal” mientras se reían con complicidad de amigos.

Sara se enoja cuando vuelve al presente: “Me da pena ver a Gualberto. Me da bronca porque todo el tiempo tenés que verles las caras a los mismos que lastimaron a Daniel”.

Gualberto también habla de Daniel: “El único hijo varón, de seis. Su mamá murió cuando él tenía 13 años y mi hija menor, 8 meses; así que siempre trabajó para ayudarnos. Era un muchacho feliz, que siempre tuvo los pies sobre la tierra”.

¿Será justicia?

Con Gualberto encadenado, algunas respuestas fueron llegando: aparecieron las pruebas telefónicas que demostraban que los policías sospechados tuvieron el teléfono luego de su desaparición, se imputó a 22 policías –de los cuales sólo diez fueron separados de sus funciones (y seis están cobrando el 50 por ciento de sueldo) – y se le otorgó una secretaría al juez para que le pueda dar dedicación exclusiva al caso.

Actualmente, la causa cuenta con más de 150 declaraciones testimoniales que avalan la hipótesis de que los responsables directos de la desaparición de Daniel fueron efectivos policiales, pero los tres citados en el mes de junio (Pablo Andrés Albarrán, Diego Vicente Cuello y Pablo Roberto Quidel) no se presentaron a declarar con certificados médicos por problemas psicológicos.

Corren rumores en Choele Choel. El aire está espeso y lleno de presagios. Cerca de la terminal hay un camión estacionado. Alguien cierra la puerta y adentro se ven, claramente, personas sentadas a los costados. La caja se cierra. El camión arranca.

Choele es la localidad más antigua de la Patagonia. Una de las siete localidades que conforman el Valle Medio, resultó el lugar elegido para organizar estratégicamente la “Campaña del desierto”. Un poco más adelante, empezó a poblarse por ser un lugar clave para entrar a la Patagonia y llegar a la pampa húmeda. Cada pueblo del Valle Medio se fue conformando con características bien particulares: algunos centrados en el trabajo rural, pero Choele, como cabecera del Valle Medio, permitió que se asentara y conformara una burguesía comercial conservadora y con trabajos estables y en blanco. Por eso en Choele Choel se compra en cuotas y los empresarios son prósperos. Por eso la idea es que nada cambie, porque así está bien, porque así se benefician siempre los mismos.

Pedro y Mercedes son parte de la Comisión de apoyo. Cada día llegan a dar una mano, a colaborar con la cocinada, a ver cómo está la salud de Gualberto. Habitantes de Choele Choel, involucrados en la lucha cotidiana contra una sociedad conservadora que los señala, nos cuentan el porqué de un apriete contra Daniel: “Esa era una apretada para todos, porque la situación venía rara con la empresa. Con el tema de cobrar la antigüedad, había muchas estafas, y también existen trabajadoras en conflicto por el tema de la salud. Las mujeres que trabajan en la cinta tienen que separar las manzanas para exportación, para el mercado nacional y para descarte. Entonces lo hacen con los brazos sin apoyar y a un ritmo constante; y a los diez años tienen terrible tendinitis y apenas pueden levantar los brazos hasta cierta altura. De esas chicas, la gran mayoría perdió los juicios, una hasta se volvió loca, y es un tema, porque quedan incapacitadas a los 30 años”.

En Choele se levantan los rumores, como la tierra de la Patagonia cuando se arremolina, “que hay un video de la jueza fulana practicándole sexo oral al comisario”, “que ese mismo comisario es el que sacó a Solano del boliche”, “que era el mismísimo comisario que encargado de llevar adelante la investigación por la desaparición de Solano en un principio”.

No es realismo mágico. Ya nos acostumbramos a las verdades que superan cualquier relato ficcionalizado. Sucede en un pueblo de la Patagonia y las mentiras y los secretos intentan cubrirlo. Sucede que la historia se repite y todo vuelve a desfilar ante nuestros ojos. Pasa que nos quieren creer eso de la historia para que pensemos que “así son las cosas” y que, de vez en cuando, a algún indígena le toca morir en nombre del progreso. Del progreso para unos pocos, del progreso para los de siempre, bah. Pero la historia de los que ganan puede ser fracturada, la pintura de la realidad puede saltar como las capas que cubren los entramados siempre que haya un sueño inconcluso, una vida silenciada y personas que luchan para que nada quede como está.

Notas relacionadas: http://www.marcha.org.ar/caso-solano-o-la-persistencia-contra-la-perversion-del-sistema/

• http://www.marcha.org.ar/caso-solano-cuando-los-traidores-no-pueden-mas-que-unos-cuantos/
• http://www.marcha.org.ar/donde-esta-daniel-solano-diario-de-una-causa/
• http://www.marcha.org.ar/el-hambre-de-la-justicia-donde-esta-daniel-solano/
• http://www.marcha.org.ar/un-ano-sin-daniel-solano/
• http://www.marcha.org.ar/solano-desaparicion-e-impunidad-en-rio-negro/

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Acciones, omisiones, declaraciones y silencios de funcionarios de Estado e integrantes del poder judicial evidencian un escándalo político en Salta. Mientras, el feminismo organizado sigue denunciando las múltiples vulneraciones sobre “Juana”, una niña de 12 años de la que se habla hasta en la Cámara de Diputados de la provincia.

Patriarcado, racismo e incompetencia institucional es el combinado que sigue vulnerando a “Juana”, una niña de 12 años, etnia wichi y con una discapacidad intelectual, que vive en Alto la Sierra, Salta, y que en noviembre de 2015 fue violentada sexualmente por al menos ocho varones criollos, y que en tortura institucionalizada, fue obligada a cursar un embarazo durante seis meses que fue interrumpido (paradójicamente) el 3 de junio de 2016, y no porque fuera reconocido su derecho al aborto, sino porque el feto era anencefálico.

Una historia de machismo racista, exclusión económica, abandono político e incapacidad del funcionariado salteño que hoy vuelve a nacionalizarse con la noticia de que el jury de enjuiciamiento, conformado (también y no casualmente) días después del “ni una menos”, al juez Héctor Astigueta y al fiscal del caso Armando Cazón, desestimó que se iniciara un juicio político contra ambos funcionarios. Y con esto, vuelve a caer la posibilidad de legitimar la tan aclamada “justicia”, que en realidad apenas si se podría acercar a la reparación en la historia de desamparo y la subjetividad violentada de “Juana”.

El jury había sido pedido por el juez de la Corte de Salta, Abel Cornejo, y reunido el 18 de agosto para determinar si se avanzaba o no en la investigación, votó por el no. Quienes se expresaron fueron lxs senadorxs Silvina Abilés (Partido de la Victoria) y Jorge Soto (PJ), los integrantes de la Corte Guillermo Catalano y Guillermo Posadas, y el abogado Guillermo López Mirau.

“Buscamos el o los responsables del abuso de una niña”

“Tenemos dos novedades con respecto a ´Juana´”, relató en diálogo con Marcha, Mónica Menini, abogada integrante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta. “Una es que las niñas que estuvieron en el momento en que los varones arrastraban a ´Juana´ de los pelos hacia el monte, momento en que comienza el abuso, pudieron señalar a otro de esos varones que se presentó por el pueblo nuevamente. Es una persona mayor de edad, está imputado en la causa y detenido”, informó.

“Y la segunda es que el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, ha presentado en la causa un informe en el que devela la posibilidad de que el embarazo de ´Juana´ haya sido anterior al momento de la violación”, actualizó Menini, “esto cambia la cuestión en el sentido de que la violación, agravada por ser en banda, además se agrava si es verdad lo que dice el CIF de que ´Juana´ ya cursaba un embarazo”.

Y recordó la abogada, “en todos los casos, como es una persona menor de 13 años, estamos ante una violación y tuvo que haber tenido acceso a un aborto no punible”, y aclaró que “se abrió una nueva causa en busca de el o los responsables de la violación anterior”, aunque también cree Menini que se “está intentando cambiar el foco de la justicia que se está buscando”. Y agregó contundente, “nosotras buscamos el o los responsables del abuso de una niña y no la paternidad de un feto anencefálico”.

“Prácticamente hace un año que sucedió y recién tenemos un informe respecto de otra posible violación a ´Juana´, claramente hay una inacción del poder judicial y del Ministerio Público”, afirmó.

“Tenemos el acompañamiento del pueblo”

Los poderes judicial y ejecutivo salteño, siguen sin avanzar hacia la reparación y #JusticiaPorJuana. Es que en tono de señalar las responsabilidades, por acción u omisión, la lista de vulneraciones sobre “Juana” no se quedan en quienes la violentaron sexualmente sobre su cuerpo territorio. Hay responsabilidades políticas insoportables.

En dos años hubo cuatro pedidos de jury en Salta por vulneraciones del derecho al aborto de niñas violentadas sexualmente. En 2014 fueron sobre el juez Víctor Soria y la asesora de menores Claudia Flores Larsen, quienes hicieron lugar al amparo judicial de una organización anti derechos frenando la interrupción del embarazo de una niña de 12 años; y en 2016 fueron sobre Héctor Astigueta y Armando Cazón por el caso de “Juana”.

“El jury ha sido declarado inadmisible con el voto negativo de los representantes del Senado, entre ellos una mujer, Silvina Abilés, quien también votó como inadmisible uno anterior, hace dos años, en una situación parecida en la que se había negado el derecho al aborto no punible de una niña de 12 años”, señaló Menini.

“Hasta ahora no se ha iniciado ningún sumario contra los funcionarios que debían intervenir”, comunicó Mónica Menini, y enumeró las responsabilidades que le tocan a “los Ministerios de Derechos Humanos y Justicia, de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Discapacidad, incluso el Ministerio de Educación que nunca brindó su derecho a esta niña, aun cuando otro poder, la Cámara de Diputados, dictó un informe que revela inacción e incumplimiento de deberes de funcionario público del Poder Ejecutivo” salteño, a cargo de Juan Manuel Urtubey.

“Esto da lugar a que se abra nuevamente el proceso de jury”, afirmó, en tono de representación del movimiento de mujeres de Salta, intención que también ha logrado llegar hasta las más altas esferas políticas, ya que en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se trató la inadmisibilidad del jury a Astigueta y Cazón, ocasión en la que las y los diputados de todos los bloques partidarios han mostrado la disconformidad con esta decisión y en relación a lo que está sucediendo con los jurys en el poder judicial.

Desde el Foro de Mujeres.. Salta, la organización Católicas por el Derecho a Decidir, y la Campaña… exigieron mediante un comunicado “que se reabra el Jury de enjuiciamiento hacia el juez Dr. Astigueta y el fiscal Dr. Cazón y se amplíe el Jury a la Asesora de Incapaces Dra. Hernández y la defensora en Violencia de Género Dra Magadan por existir prueba nueva que sostiene el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, el mal desempeño y el retardo de justicia”.

“En todo el país se habla de Salta como una zona de nuestro país donde hay mucho conservadurismo, fundamentalismo religioso, enquistado especialmente en el poder”, afirmó la abogada, pero enseguida señaló, “tenemos el acompañamiento del pueblo de Salta, hay un consenso social y una sanción a lo que está sucediendo en historias como las de ´Juana´, en las que además se suma la discriminación étnica y su situación de niña pobre”.

Se espera se abran los sumarios a lxs funcionarixs del Ejecutivo salteño que con su inacción o acción discriminaron y sometieron a “Juana” y su familia a tratos crueles y degradantes. Mientras, el movimiento de mujeres y el feminismo organizado exigirá como bandera y canto de lucha #JusticiaPorJuana. Y sólo por eso, se estará más cerca de la reparación y la no repetición de las violencias machistas para ninguna niña ni mujer más.

*Juana es un seudónimo que utilizamos para preservar su identidad. 

Nota relacionada:

Violentar a la más vulnerable. Patriarcado, racismo e incompetencia institucional  

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