Por  Pablo Nolasco Flores

La libertad de pagar bajos salarios

La doctrina económica del gobierno de Javier Milei sostiene que todos los precios de la economía deben manejarse con libertad, es decir, por oferta y demanda. Todo el dispositivo de desregulación de la economía que viene sosteniendo el gobierno se apoya en esa premisa y se puede sentir en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras al ir al supermercado, pagar los servicios, utilizar el transporte o pagar una prepaga. 

Casi todos los precios de la economía aumentaron. Casi todos, excepto los salarios. Porque lo que olvidan los dogmáticos libertarios es que el salario es otro de los tantos precios de la economía. Pero, como explicó Karl Marx, hace más de 150 años, el salario es el precio de la mercancía fuerza de trabajo. Y esta mercancía tiene la particularidad de poder producir otras mercancías, por lo tanto, pagarla barato es una de las necesidades del sistema capitalista para su supervivencia.

Techos salariales para que cierren los números

En una entrevista a un medio afín al gobierno, Milei sostuvo la idea de que ningún político puede determinar un precio a mano. En ese sentido, él mismo se preguntó: “¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores y los empleadores?” Su pregunta retórica de nuevo se basaba en el dogma liberal. Sin embargo, el actual accionar del gobierno entra en contradicción con esa idea. 

Hace unas semanas, Luis Caputo, ministro de economía, sostuvo que la secretaría de trabajo no iba a homologar las paritarias que se cierren entre empresarios y trabajadores por encima de la expectativa de la inflación. Esto quiere decir que el Estado iba a intervenir en el precio de la fuerza de trabajo que se define por medio de paritarias libres bajo el fundamento de que eso podría disparar la inflación. Keynesianismo a la inversa.

El festejado superávit fiscal y la leve desaceleración de la inflación en estos dos meses son presentados como números en una hoja de Excel. Sin embargo, detrás de los números hay personas que sufren las penurias de una obsesión técnica. Es fácil lograr que cierren los números si se evita gastar. Pero, no hacerlo implica no satisfacer necesidades. Una familia puede no gastar en alimentos, en los servicios, en el transporte. De seguro que a fin de mes le va a sobrar plata, pero a costa de no cubrir sus necesidades. No obstante, una familia no funciona como la economía de un país. En un país, en lugar de achicar gastos para que cierren los números se pueden ampliar los ingresos por medio de impuestos progresivos (el que más tiene, más paga, como sostenía Adam Smith, el fundador del Liberalismo Económico). El mismo ejercicio puede hacerse con la inflación, su ralentización obedece a la simple cuestión de que las personas están consumiendo menos.  

Dogmas y doctrinas para justificar el ajuste

Uno de los principales problemas que tiene el dogma libertario es sostener que la economía de un país se resuelve por medio de un asiento contable. Es decir, los números tienen que cerrar, estar en equilibrio. Esto no sería un problema si solo se tratara de cuentas. Pero quienes sostienen la economía de un país son personas y la mayor parte de estas son vendedoras de fuerza de trabajo. El “no hay plata” justifica la idea de escasez. Naturaliza que no alcanza para todos. Por eso hay que ajustar y ponerle techo a los salarios. Sin embargo, esa realidad que se intenta hacer pasar como natural se choca con otra que es el enriquecimiento de unos pocos. En el último año la casta económica ha logrado exorbitantes aumentos en sus patrimonios. Solo por nombrar algunos casos,Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, aumentó su fortuna un 28% y se la calcula en unos 6300 millones de dólares, Paolo Rocca, duplicó “la suya”, ascendiendo a 5600 millones de dólares,  y Marcos Bulgheroni triplicó su fortuna, cuyo valor escala los 4900 millones de dólares.

Fundamentar el ajuste bajo los preceptos de la escasez no es una idea novedosa. Forma parte de los fundamentalismos liberales que sueñan con una sociedad sin clases, sin conflictos y luchas por intereses que siempre son contrapuestos. Pero las contradicciones capitalistas hace que el ajuste pueda encontrar límites objetivos y subjetivos. Los primeros están dados por el sostenimiento de la vida material. Sin embargo, esto no se traduce automáticamente en luchas ya que hay elementos subjetivos que pueden funcionar como retardantes en procesos de lucha. Pero, ¿qué tan gruesa es la línea que separa lo objetivo de lo subjetivo en el marco de este ajuste?   

¿Una epidemia de huelgas pidiendo aumentos de salarios?

El sostenimiento en el tiempo del superávit fiscal a fuerza de recortes que impiden el normal funcionamiento de instituciones claves de la sociedad y la desaceleración de la inflación por medio de una baja en el consumo necesita que los trabajadores y trabajadoras no luchen contra el empeoramiento de su vida material. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es el límite social de las cuentas equilibradas a fuerza de un ajuste?

La necesidad que tiene el gobierno de que le cierren los números por medio del ajuste se puede chocar con una realidad objetiva: el conflicto social a partir de pedidos de aumento salarial. La forma que tenemos los trabajadores organizados de manifestar nuestro descontento es por medio de las huelgas. En estas semanas se llevó a cabo un paro en el servicio de transporte de colectivos en el AMBA que se sintió en la calle. De la misma manera se vienen desarrollando los conflictos por el cierre de Télam, los despidos en los organismos estatales, los paros nacionales de docentes producto del ajuste en educación y en otras actividades económicas como en metalúrgicos, docentes universitarios y en algunas empresas de alimentación. En este marco, la CGT convocó al segundo paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, pero con varios días de anticipación. En una de esas el gobierno habilita canales de diálogo. 

¿Será que la línea que separa las condiciones objetivas y subjetivas se está acortando? ¿Estaremos entrando en un proceso de conflictividad ascendente? ¿Qué sucederá cuando los comunes forcejeos de la economía política pongan en tensión las celebradas cuentas del gobierno?

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Newken lleva casi 40 días de paro de trabajadoras y trabajadores de la educación. En una de las provincias con la mayor renta,   proveniente de los hidrocarburos, el sueldo docente inicial está por debajo de la línea de pobreza, mientras se subvenciona la educación privada y la garrafa social parece un bien en extinción. Una lucha de las trabajadoras en defensa de la vida digna.

Vivir en Newken es vivir en una provincia de profundas contradicciones.

Una provincia gobernada desde hace casi 60 años por el MPN (Movimiento Popular Neuquino), un partido provincial de corte conservador y feudal, sin alternancia de ningún tipo, ni siquiera durante los años de la dictadura.

Una provincia con uno de los yacimientos de mayor rentabilidad en el mercado de hidrocarburos no convencionales: Vaca Muerta, que genera ingresos inimaginables para la provincia y, por ende, alianzas políticas criminales en todos los niveles de gobierno. Los informes ambientales denuncian altos grados de explotación y contaminación de suelos, aire y ríos. Este proyecto económico, tan rentable para unos pocos avasalla a las comunidades mapuce en sus territorios ancestrales trayendo muerte y destrucción para toda la población.

Una provincia productora de electricidad, gas y petróleo en la que la gente hace cola para acceder a la garrafa social, a los planes sociales, o ante una oferta de empleo precarizado.

Vivimos en una provincia donde el índice de pobreza supera el 25% y el salario de una maestra que recién se inicia hoy no supera los 15.000 pesos. Es decir, está debajo de la línea de pobreza.

Este contexto provincial no se entiende por fuera de las políticas nacionales de ajuste y precarización de la clase trabajadora, que afectan especialmente a las “mujeres”, que en los sindicatos docentes representan alrededor del 80% del sector. Ni tampoco se entiende por fuera de las políticas represivas necesarias para mantener ese ajuste, que en la Patagonia se traducen en la construcción del enemigo interno declarándola “la zona de mayor conflictividad social”.

También vivimos en una provincia de diversas formas de la resistencia: desde las comunidades mapuce hasta las fábricas recuperadas, las Madres de Plaza de Mayo – filial Alto Valle, el sindicato de las y los trabajadores de la educación, que hace 11 años se vio atravesado por el fusilamiento público de Carlos Fuentealba, cuyos responsables políticos aún están libres e impunes. Tan impunes como para presentar su candidatura a las próximas elecciones para gobernador. Tan impunes como para ser parte del Ministerio de Seguridad del gobierno nacional.

El sindicato ATEN (Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén) este año lleva adelante una huelga que hoy alcanza los 37 días de paro, con un alto grado de acatamiento. El pliego de reivindicaciones va desde el aumento salarial, pasando por el reclamo para que se aumenten las partidas de refrigerio (hoy de poco más de 2 pesos por niñx por día), el pedido de transporte para que lxs niñxs de las zonas rurales puedan llegar a las escuelas, calefacción, techos que no se lluevan, que se quiten los subsidios a las escuelas privadas, en una férrea defensa de la educación pública como un derecho social.

En estos casi 40 días de huelga, como históricamente lo viene haciendo, este sindicato tomó sus decisiones en asambleas con la presencia de miles de compañeras y compañeros, que además garantizaron el desarrollo de las innumerables actividades que se llevaron cabo: desde bloqueos a la casa de gobierno y organismos públicos, volanteadas en calles y rutas, marchas multitudinarias por las ciudades de la provincia, escraches a los funcionarios en todos los actos oficiales. Esta forma del paro activo nos permite encontrarnos, construir y debatir ideas, analizar la realidad, generar lazos solidarios y creativos, organizar fondos de huelga para resistir los descuentos a nuestros salarios (que en algunos casos alcanzaron el 40%), remar por el río en defensa de la educación pública, organizar ferias, festivales, peñas, murgas y bailes populares, realizar clases públicas donde debatimos ideas, analizamos el contexto local y nacional, para seguir construyendo prácticas colectivas que abren los debates, y cuestionan incluso los posicionamientos de las dirigencias.

Somos las mismas maestras las que hacemos tortas fritas en la vereda del consejo provincial de educación para sumar al fondo de huelga, las que organizamos el piquete y cortamos las rutas, y las que debatimos en una asamblea.

Somos las mismas maestras sostén de hogar las que construimos otros modos de hacer política, las que ante la precarización brutal de estos tiempos que corren inventamos otras formas de los vínculos y la materialidad de la vida, las que construimos estrategias de afectividades no neoliberales, las que hacemos estallar las paredes del aula potenciando el encuentro con otras y otros: encuentros que permitan aumentar las posibilidades del hacer y del pensar.

Sólo la lucha traerá justicia. Y justicia, para nosotras y nosotros, es que todas las vidas sean dignas de ser vividas.

[i] “Neuquen” escrito en mapuzugun

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En el panorama sindical de la semana, abrimos con las negociaciones salariares que surgieron luego de la masiva movilización en defensa de la educación pública. El quórum que no sale para la Emergencia laboral y la tregua que el Presidente pide a las empresas privadas.

Luego de la masiva manifestación que se realizó el jueves 12 de mayo en defensa de la Educación y la Universidad Pública, el gobierno convocó este viernes 13 de mayo a una nueva mesa de negociación salarial.

En esta oportunidad el ofrecimiento fue por escrito y consiste en un 18% a cobrar en junio (incluye 2% de jerarquía docente) y un 15% a cobrar en diciembre (más nomenclador y adicional por título). Asimismo, plantea que la vigencia del acuerdo paritario propuesto sea hasta fines de febrero de 2017.

El Congreso de Delegados de la CONADU Histórica, reunido este viernes, analizó la propuesta salarial y resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de mayo, para permitir el tratamiento de la propuesta en las asambleas de las Asociaciones de Base.

También el Secretario General de FEDUBA, gremio de base de CONADU en la UBA, Federico Montero, adelantó que, si bien hay avances en la nueva propuesta, aún faltan elementos y desde FEDUBA la consideran insuficiente.

Una emergencia sin quórum

Tras no conseguir el quórum, se cayó la sesión parlamentaria convocada para tratar la emergencia laboral.

Al respecto, el diputado Néstor Pitrola, presidente del bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero, declaró: “La instalación en la agenda nacional del problema de los despidos se la debemos a grandes luchas: desde Cresta Roja hasta los trabajadores de Tierra del Fuego. Con el fracaso de esta sesión queda claro que el Parlamento es el lugar donde ganan por goleada los lobbys patronales. Estamos llegando al fin de una experiencia de parlamentarización del reclamo de los trabajadores, porque aun aprobándose la semana que viene vendrá el veto de Macri. Lo que queda de este debate parlamentario es que es necesario dar una lucha de conjunto para enfrentar el plan económico que han dictado el capital financiero y los fondos buitre, y que es un ataque cada día mayor a los trabajadores”.

Sin embargo, las tres Confederaciones Generales del Trabajo (CGT) no están dispuestas a tensar la relación; apuestan al Consejo del Salario, en el que el Gobierno, las principales cámaras empresariales y las centrales obreras acordarán la suba del salario mínimo y del seguro de desempleo. El salario mínimo, que es actualmente de $ 6.060, se aumentaría un 30%, mientras que el subsidio al desempleo, congelado en $ 400 desde 2006, se iría a $ 3.000. La cita será el jueves próximo, en la sede del Ministerio de Trabajo.

En las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), en cambio, avanzan en la organización de un paro, sin sus aliados circunstanciales de la CGT.

Las empresas y el marketing

El lunes pasado, el Presidente escenificó una tregua con los empresarios por la caída del empleo –de la que las centrales sindicales no quisieron ser parte–, de la que participaron Techint, Arcor, FIAT, IRSA, AGD, Banco Francés, entre otras 200 empresas y cámaras empresariales. El acuerdo no supone ningún compromiso legal, sino que apela a la buena voluntad de los popes empresariales para no reducir su nómina laboral por 90 días, la mitad de lo que establece el proyecto de Ley de emergencia ocupacional.

Al respecto, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), José Listo, denunció que “los mismos empresarios que firmaron el acuerdo con el gobierno por el empleo, anunciaron un día después suspensiones y cesantías”.

Listo dijo que la empresa TN Platex avisó de la suspensión de sus 450 trabajadores en sus plantas de La Rioja, Tucumán y Chaco y que la empresa Alpargatas “anunció que suspenderá por los próximos siete viernes consecutivos en su planta de La Pampa”.

El sindicalista añadió: “Alpargatas nos notificó también que quiere desprenderse de sus trabajadores eventuales, que suman alrededor de 450”. Además, señaló que esa empresa dijo que implementará también un retiro voluntario para entre 60 y 70 personas, para reducir el personal en sus plantas de La Pampa, San Luis y Catamarca.

También a Techint le duró poco la buena voluntad, ya que pese a firmar el compromiso para no despedir empleados por 90 días, el grupo que comanda Paolo Rocca espera el final de la conciliación obligatoria en su empresa SIAT para echar a quince trabajadores. Además, mantiene conflictos y suspensiones en otras fábricas. Siderca, en Campana, sigue con suspensiones rotativas bajo el amparo de un acta que vence el 12 de junio y un grupo de 130 trabajadores reubicados de sus funciones hacia un área sin tareas específicas. En Siderar, en San Nicolás, hubo despidos masivos en empresas contratistas y préstamo de personal hacia otras fábricas para cubrir el bache de producción. También hubo suspensiones en la fábrica de varillas que el Grupo tiene en San Luis.
Por su parte, la Federación de Trabajadores del Tabaco denunció el lunes en la cartera laboral que la empresa Massalín Particulares despidió a veinte empleados de forma “injustificada”; y los trabajadores portuarios bloquearon el ingreso a Terminal portuaria de Zárate por 50 despidos.

También se conoció que la empresa austríaca KTM despidió a 25 de sus 40 trabajadores y anunció que se va de la localidad de Campana al finalizar su producción. Trasladaría sus instalaciones a Thames y permanecerá con una planta mínima de personal hasta fin de año.

La Asociación Bancaria (AB), por su parte, denunció que “las autoridades del Banco Hipotecario continúan cesanteando trabajadores”, a pesar de haber firmado con el gobierno “un compromiso para no despedir”.

Un comunicado gremial firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, y el secretario nacional de prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, aseguró que “el presidente del Hipotecario, Eduardo Elztain, fue uno de los empresarios que asistió a Gobierno y suscribió un acuerdo para evitar despidos durante 90 días, pero hoy cesanteó a cuatro más”.
La metalúrgica Eitar amaneció el jueves ocupada por sus casi 500 trabajadoras y trabajadores. Los operarios recibieron de parte de la compañía 70 telegramas de despido, los empleados reaccionaron ocupando el edificio, con la consigna de que la empresa revierta la resolución.

Además, los obreros de Acoplados del Oeste fueron notificados de una orden de desalojo que se haría efectiva dentro de 10 días. Hace dos semanas la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetó la ley de expropiación definitiva y abrió la puerta para que la justicia actúe.

Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri firmó el jueves pasado un convenio con McDonald’s para que la firma de comida rápida más famosa del mundo incorpore jóvenes pobres y desocupados: “Este acuerdo establece la capacitación laboral de hasta 5.000 mujeres y hombres de entre 18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo compartido entre la Nación y la empresa”, remarcó un comunicado del Ministerio de Trabajo, donde se agregó que la medida está “en sintonía con el objetivo de alcanzar la pobreza cero en el país en el más corto plazo”.

Los jóvenes tendrán un sueldo mensual de 4.500 pesos, cobertura de salud provista por la Obra Social Elevar y “un certificado de entrenamiento laboral”, entre otras prestaciones. Actualmente, el salario básico es de 6.060 pesos, por tal motivo, este programa laboral dista del objetivo de “generar trabajo de calidad” que el Presidente repite en cada acto que brinda por el país como meta de su gobierno para alcanzar la “pobreza cero”.

A la par, siguen los despidos tanto en el sector público como privado. Se estima que son, hasta el momento, alrededor de 150.000 las argentinas y los argentinos que perdieron su trabajo.

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