Con lo que hay, era de esperar. Eso es lo primero que sale decir sobre el resultado del juicio en Monte Quemado por el asesinato de Cristian Ferreyra.

La sentencia, computa 10 años al asesino material, el que realizó los disparos que terminaron con la vida de Cristian Ferreyra el 16 de noviembre de 2011, Javier Juárez, pero libera al resto de los imputados que fueron señalados por el MoCaSE-VC como autores intelectuales y partícipes secundarios: Jorge Ciccioli, Demetrio “Fabucho” Palomo, Carlos Abregú; Mario René Abregú; Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez. El fallo marca una línea argumental concreta: Juárez mató por motus propio, no existió un grupo armado trabajando en el área y, tal vez lo más relevante, el empresario que lo contrató no tuvo parte en el asesinato. Esta es la apreciación que se desprende de lo que los jueces fallaron en la mañana del 9 de diciembre en Monte Quemado. Deberemos esperar al 2 de febrero para conocer los fundamentos de esa decisión.

Y da bronca. Da bronca pero no por inesperado. Los campesinos de la comunidad de San Antonio, contaban en 2011, la cantidad de veces que habían ido a la comisaría a realizar la denuncia por los cortes de camino, por los matones armados, por el asalto a sus tierras. Pero la apreciación de los policías era, también, que no había grupos armados, ni alambres fuera de lugar. Contaban las veces que habían realizado la denuncia en la dirección de Bosques de la provincia, que validó el desmonte para un terrateniente en una zona reclamada como propia por una comunidad indígena. Pero la apreciación de los funcionarios era, también, que no había territorios indígenas, ni problemas para desmontar. Cuando Cristian se desangraba, no había ambulancia disponible. Cuando Juárez huía, la policía intentaba desentenderse en el tema. No, éste resultado no es inesperado. El resultado del juicio en Monte Quemado era previsible si uno observa el funcionamiento del estado provincial santiagueño, de su poder judicial y de sus lógicas institucionales.

La justicia santiagueña sigue funcionando -como lo hacía antes del Santiagueñazo en 1993, o antes de la intervención de la provincia en 2004- en beneficio de las élites locales. Esas élites agropecuarias que, conformadas en torno a la sociedad rural, a Parano Gelid y a Gerardo Zamora, disponen de la tierra y de quienes las habitan como al inventario de sus estancias. El lucro capitalista, en el carro del modelo productivo de los agronegocios, se ha afirmado como horizonte para la política y la justicia provincial. Condenar a un empresario, con este esquema de poder, se torna impensable. Del mismo modo, reconocer la participación del resto de los imputados implicaría sacar a la luz lo que todo el mundo sabe: que existen bandas parapoliciales en el monte santiagueño, pagados con el dinero sangrante del agronegocio y con el visto bueno de los poderes del Estado, para desalojar a los hombres y mujeres de los montes a través de la amenaza, la extorsión e incluso la muerte.

Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, los jueces del tribunal, forman parte de esa maquinaria que pone como prioridad ese modelo de desarrollo que el movimiento campesino denuncia y que se ha afianzado en Argentina en los últimos 30 años. La condena no implica una derrota para el MoCaSE Vía Campesina, porque lo más importante está hecho: mostrar las implicancias del agronegocio, los métodos que viabiliza y las caras que lo sustentan (a través de sus apreciaciones, desde el agente de la comisaría hasta el juez sostienen un modelo de muerte).

Falta, de todos modos, que se haga justicia, y eso da bronca. Pero la bronca es, también, un motor para la movilización de los pueblos. El tiempo de auge de los empresarios del agro, los funcionarios cómplices y los grupos armados, se está acabando. El juicio ha tenido lugar porque existió una movilización que lo hizo posible. El cambio social está en marcha y la sentencia no lo va a detener. Por Cristian Ferreyra, por Miguel Galván y por el campesinado todo, esas semillas sembradas deberán convertirse en la lucha que acabe con la opresión y la injusticia y haga nacer, finalmente, un mundo nuevo.

Marcha dialogó con Deo Carrizo, integrante del MoCaSE-VC, sobre cuáles fueron las apreciaciones luego de la sentencia desde el movimiento campesino, el dolor, la injusticia y el cómo seguir en lo que fue un proceso social histórico de organización y lucha del campesinado en una provincia que pretende arrancar, con todos sus dispositivos represivos, a los pueblos campesinos de sus propias tierras. Aun así, ese proceso histórico desembocó en un juicio, que sólo hacia el final, dejó un sabor amargo.

–¿Qué fue lo que dijo La Justicia y cómo responde el Movimiento Campesino Indígena frente a la sentencia?

-La Justicia santiagueña, el Tribunal que juzgaba a los asesinos de Cristian Ferreyra, decidió absolver a los cuatro integrantes del grupo armado al mando de Javier Juárez, el asesino, por mandato del empresario Jorge Ciccioli que también ha sido absuelto y dejado en libertad por este caso. Al sicario lo han condenado a diez años de prisión contabilizando los tres que ya lleva. Y que pague las cuotas que la querella le pidió por los daños ocasionados.

A nosotros como organización no nos sorprendió tanto la decisión del Tribunal sabiendo cómo es la lógica aquí. En esa misma lógica este Tribunal primeramente se avocaba a decir que las pruebas debían ser sólo las del día del hecho, después resultó ser que la defensa del acusado traía testigos que hablaban sobre la organización y todo el tiempo hablando de nosotros: que vamos, cortamos alambres, que rompemos topadoras. Y en ese sentido esa definición, a pesar de que también el Fiscal ha pedido condena para el empresario como partícipe secundario, mientras que para el asesino pidió catorce años. Pero bueno el Tribunal ha decidido otra cosa.

Más allá de esto, decimos que es un logro haber llegado hasta aquí. Es histórico puesto que en la provincia y en el resto de nuestro país, hay una impunidad permanente sobre el campesino. El campesinado viene sufriendo esta criminalización y viene sufriendo estos embates y la justicia no está para nada teniendo en cuenta procesos que involucren la identidad, no mira los procesos colectivos que hay en cuanto a la forma de producción y a la forma de vida en comunidad. Cristian era parte de una comunidad de un pueblo originario de Lule Vilela, y ni siquiera se mencionó esto.

–Teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza un juicio a un empresario rural, ¿qué respuestas dió el empresario? ¿Qué rol sigue cumpliendo en la provincia en cuanto al manejo de tierras?

-Sigue siendo un empresario sojero. Iba a plantar soja y maíz en las tierras que tiene más allá de la zona de La Esperanza, una localidad más al norte. Y ahí él estaba. Sentado en el banquillo de los acusados más allá de que estuvo estos tres años en prisión. Lo que él representa es el agronegocio que en nuestra provincia tiene al Ministerio de Promoción como su máximo promotor, incluso de las transnacionales, que se vienen afincando en la localidad en los últimos diez años.

Después de una intervención del gobierno provincial, tenemos la continuidad de un sistema feudal en el siglo XXI. Por ejemplo, los Juárez de este siglo, son los Samora, que ni han intentado resolver parte del conflicto. Han colocado mesas de diálogo pero que son estériles. Tanto el caso de Cristian Ferreyra, como el de Miguel Galván u otras situaciones donde intervinieron grupos armados, o intentos de desalojos por parte de la Justicia, tendría que haber intervenido el gobierno provincial.

–¿Cuál es la situación del Movimiento después de este dictamen del juez y cuál es el plan de lucha a partir de esto?

-Nosotros vamos a continuar con las denuncias, con las movilizaciones, pronto nos esperan las fechas en que se inicia el juicio por Miguel Galván y bueno después seguiremos denunciando. Esto no es una derrota. Para nosotros es un logro llegar hasta aquí. Hubiésemos esperado que la Justicia hubiera tenido otra mirada de la situación. Ha desconocido que este asesinato se ha cometido en el marco de la lucha por la recuperación de las tierras. Pero vamos a seguir, como dice aquella vieja frase que hoy está en el tapete de la democratización de la Justicia, pero una justicia real, sea con inclusión social y diversidad cultural y diversidad de formas de vida que existen en nuestra provincia y en nuestro país. Porque son más de 63 mil familias las que viven hoy por hoy situaciones de violencia permanente con empresarios que pretenden arrebatar y acaparar las tierras.

–En ese sentido, falta mucho por luchar y recorrer. El caso de Cristian nos deja en claro que aunque el condenado sea uno, los responsables son todos los que colaboran con el agronegocio, como el gobierno provincial, y de hecho la Justicia no lo está señalando.

-No, aquí la Justicia no ha señalado responsables políticos. En su momento algunos funcionarios tuvieron que renunciar porque han escondido pruebas que hoy hubiesen comprometido más a Juárez. Él no ha cometido un homicidio en defensa propia. Ha ido a matar a Cristian y a matar a Godoy porque lo estaban estorbando a sus trabajadores, o sea, al resto del grupo armado que pretendía seguir dañando el territorio para ampliar su feudo.

–¿Cómo relacionan este conflicto con la posibilidad de una nueva ley de semillas, impulsada sobre todo por el sector del agronegocio?

-Aquí hay una reserva impresionante de productores que siguen conservando sus propias semillas y que siguen siendo perjudicados, sobre todo los que están lindantes a los grandes sembradíos de soja. Nos fumigan con agrotóxicos que nos perjudican. Hemos tenido pérdidas recientes de hasta un 90 por ciwento de nuestra producción. Así las grandes transnacionales pretenden apropiarse también de las semillas.

–En relación a la recuperación de tierras, ¿en qué estado está el relevamiento que el Estado propuso hacer a través de la Ley 26.160?

-Hay algunas carpetas entregadas por parte de algunas comunidades de pueblos originarios y otras, como a la que pertenecía Cristian, que también han entregado. El 16 tenemos una reunión en la que nosotros vamos a estar planteando cómo se incluyen estas políticas que intentan encaminar el reordenamiento territorial en el marco de una mesa tripartita con el gobierno nacional y provincial. Ahora teniendo algunas novedades en el marco de las presiones que venimos haciendo las organizaciones campesinas.

–Estos conflictos visibilizan una relación conflictiva con el Estado y las empresas del agronegocio, ¿cómo se piensan en una relación futura con el Estado?

-Creemos que hay muchos pendientes. Hay una batalla ideológica que también tenemos que ir haciendo. Mismo con la Justicia. Aquí históricamente se ha tratado al campesinado como algo retrasado, sin embargo, somos un sujeto social importante. Lo hemos demostrado no sólo en nuestra localidad y en nuestra provincia, sino además, en nuestro país. Nos hemos ido organizando para enfrentar esa maraña que se ha tejido en relación a las empresas y al agronegocio, incluso de quienes aún se mantienen con presupuesto del mismo Estado. Poco a poco, estas relaciones tienen que romperse. Esto es una batalla cotidiana. No sólo pensando en legislación que pueda amparar y proteger nuestra producción, sino además, tratando de participar en espacios que podamos incidir.

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La muerte al servicio del progreso

La difusión del progreso es una actividad empresarial que necesita también de intelectuales orgánicos propios. En la zona lo encontró en la figura del maestro, Hugo del Valle, establecido allí hace más de una década. El maestro recibió al empresario Jorge Ciccioli y le brindó herramientas importantes.

En primer lugar, una “propaganda activa” entre los jóvenes que asisten a la escuela N° 330 “San Bernardo”, en la que dicta clases del Valle, respecto de la legitimidad de los derechos posesorios del empresario, facilitada por donaciones y regalos al establecimiento educativo en cuestión. La misma, estipulaba que el campesinado es retraso y los chicos y chicas deberían vivir en la ciudad, no así en el campo. Hugo del Valle es un hombre del desarrollo. Por eso el maestro permitió que se guarden las armas “de seguridad” en una casilla junto a la escuela y aceptó, pese a las denuncias de los padres,, que los sicarios se apropiaran del lugar con amenazas cotidianas a los estudiantes.

El 10 de agosto de 2011 el MoCaSE Vía Campesina presentó una denuncia en la Dirección de Bosques. Se realizó una inspección que concluyó con un informe presentado el 20 de octubre. Allí se negó lo que los pobladores denunciaban: la tala de una superficie mayor a la autorizada y que los territorios afectados pertenecen a la comunidad indígena. Por su parte, las denuncias por amenazas son desestimadas por la policía provincial, que no sólo no las recibe sino que además, amenaza a los portadores con encarcelarlos si siguen presentándose en la comisaría.

Mientras tanto, el plan de Ciccioli avanzó intacto y sus peones instalaron un alambrado. El 16 de noviembre de 2011, los pobladores organizaron una reunión en casa de Darío Godoy para discutir qué hacer.

Cristian, o “Cachito” como se lo conoce en la zona, tenía en ese entonces 23 años y un hijo. Y como otros jóvenes de la zona, era estudiante del grupo del maestro del Valle. Era un activo militante contra el despojo de los territorios y había sido fichado por Javier Juárez, tío de la esposa de Cristian.

Juárez se presentó cuando la reunión en lo de Godoy estaba empezando. Entró con una escopeta en la mano y unas claras intenciones. Alguien le pidió que se vaya y apeló a los niños y niñas presentes. Otro le sacó una foto con un celular. Lo que sucedió después, aunque fue cosa de segundos, fue un disparo a la pierna de Cristian y otro a Darío Godoy que estaba cerca. Sergio Herrera quien participaba en la reunión, se abalanzó sobre Juárez y trató de sacarle el arma. Pero Juarez lo golpeó y gatilló una vez más, sólo que en esa ocasión se trabó. Lo que quedó fue la huida. Cristian se desangró y sin ambulancias que acudieran a los llamados desesperados de sus compañeros, poco tiempo después murió.

A pesar del desgano de la policía provincial, las presiones del MoCaSE V.C. surtieron efecto y Juárez fue detenido poco tiempo después junto con el resto de la banda. Jorge Ciccioli, su empleador, es también detenido, en lo que representa una novedad para el historial de la lucha campesina.

Sin embargo, once meses después, Miguel Galván es asesinado defendiendo la tierra de su familia. El Movimiento Nacional Campesino Indígena ha realizado decenas de movilizaciones en todo el país, pidiendo un freno a los desalojos, así como el fin de las bandas parapoliciales que operan en los territorios. Pero las amenazas se repiten sin cesar, y ni el Estado nacional y provincial, ni el poder judicial, tomaron medidas para detenerlas.
El 12 de septiembre de 2014, el empresario Américo Argentino Argibay realizó amenazas de muerte hacia integrantes del Mocase vía Campesina, frente a inspectores de la Dirección de Bosques. Todas ellas registradas en una filmación. Como mensaje expreso, Argibay mostró un arma a la cámara y realizó un disparo, avisando que “las cosas así, no podían seguir más”.

El juicio oral y público por el asesinato del joven Cristian Ferreyra, es un hecho importante ya que además de juzgar a los autores materiales, se dispone un proceso por primera vez sobre un empresario en condiciones de autor intelectual del hecho. En este sentido, quien fue a buscar a Cristian a su casa y le disparó, debe ser condenado y reconocido por la justicia como un asesino. El empresario que lo contrató y lo guio en sus pasos debe ser condenado como autor intelectual de los hechos. Asimismo, el juicio da la posibilidad de hacer pública la trama de complicidades y encubrimientos que culminaron con el asesinato y que representan una amenaza para las familias campesinas, aún hoy.

Tanto el asesinato de Cristian Ferreyra como las amenazas, los desalojos compulsivos y los desmontes son parte del caso, aunque pensemos que este juicio no resuelve toda la problemática.

En la economía argentina de las últimas décadas, se ha instalado un modelo de agronegocios y para que esto suceda, fue y es necesaria, la presencia de desalojos, despojos y violencias hacia las comunidades y familias rurales de todo el país.

En los últimos diez años, varios procesos judiciales tomaron gran relevancia a partir de las muertes de activistas sociales. El caso de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados por el entramado policial y político de la provincia de Buenos Aires y del Estado nacional, en junio de 2002. El asesinato del docente Carlos Fuentealba por un policía neuquino en una marcha durante 2007. La muerte de Mariano Ferreyra en 2010 a manos de una patota de la Unión Ferroviaria con territorio liberado por la Policía Federal. Y el aún irresuelto y no menos relevante caso de la segunda desaparición forzada en democracia de Jorge Julio López en 2006, el hombre que denunció a un gobierno militar y testificó contra sus represores. Estos procesos muestran la necesidad de un sistema judicial que esté más compenetrado en perseguir y condenar asesinos, que en encarcelar activistas sociales. También muestran la complicidad o la falta del accionar de los Estados provinciales y nacional a la hora de defender derechos cuando se discuten los privilegios del capital o de espacios de poder incuestionable.

La resolución del asesinato de Cristian Ferreyra establece una referencia importante: el juicio tiene lugar porque ha existido una movilización que lo hace posible. Las bandas paramilitares, los Argibay y la Sociedad Rural, estarán pendientes de su resultado. El campo popular, también.

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El 4 de noviembre comenzó, en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, el juicio oral y público por el asesinato del joven campesino, Cristian Ferreyra. A lo largo de un mes se definirá la situación procesal de los seis detenidos e imputados en el caso, Javier Juárez por homicidio simple, amenazas, abuso de armas, lesiones graves y leves; Jorge Ciccioli, por homicidio simple en grado de partícipe secundario, lesiones graves y leves y amenazas; Demetrio “Fabucho” Palomo, acusado por las mismas figuras penales que Ciccioli; por lesiones graves y leves; amenazas y abuso de armas, Carlos Abregú; Mario René Abregú; Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez. En los primeros días de diciembre de este año, se dará el veredicto que determinará la posición de la justicia frente a estos hechos.

Para llegar a las implicancias de este juicio, resulta necesario hacer un repaso de la lucha campesina. El asesinato de Ferreyra no fue un hecho aislado y forma parte del avance de los desmontes ilegales que produce el agronegocio sobre los territorios de las comunidades campesinas. A su muerte, le siguió el asesinato de Miguel Galván en 2012 en el paraje El Simbol y numerosos desalojos ilegítimos de familias que viven y trabajan ancestralmente sus tierras.

La experiencia de la expansión de las fronteras agrícolas para dar paso a la explotación de la soja transgénica, entre otras plantaciones, no sólo se circunscribe al territorio santiagueño. Según datos del MOCASE VC, al menos 63 mil familias campesinas e indígenas se encuentran amenazadas en Argentina.

La lucha contra el agronegocio

Las cosas fueron así: Campo de Mayo, San Antonio y Santa Lucía son tres parajes del departamento Copo. En ellos vive una comunidad indígena del pueblo Lule Vilela, conocida como Ashka Kaicu o también como San Antonio, a la que pertenecía Ferreyra. En 2007, un empresario tucumano llamado Emilio Luque apareció por la zona de Campo de Mayo, exhibiendo un supuesto título de propiedad. Dialogó con las familias de la zona para alambrar 1872 hectáreas de campo. Las medidas del territorio en disputa implicaban alambrar un cementerio, una parte de la ruta provincial 4 y 3 caminos vecinales de la zona. Posteriormente, Luque inició un juicio de prescripción y algunas familias, asesoradas por la ONG INCUPO acuerdan con él acerca de la cesión de sus tierras y de la instalación de un alambrado.

Emilio Luque empleó a un contratista y a peones locales para alambrar y hachar madera del monte nativo. Pero hay dos problemas: no todas las familias del paraje acordaron con Luque y por otro lado, el empresario incumplió los acuerdos establecidos con los que sí aceptaron. Ante esta situación, algunos campesinos comenzaron a organizarse en el MoCaSE Vía Campesina y a rechazar la tala y los alambrados. Frente a esto, el trabajo de los peones de Luque se suspendió y los empleados dejaron la zona. Sin embargo, con el tiempo volvieron.

En febrero de 2011, Luque pareció entender que el trabajo en ese campo lleno de gente le daría más problemas que rentas, por lo que decide venderle el “supuesto” título de propiedad a Jorge Ciccioli, un empresario sojero y ganadero de Santa Fe. Es Ciccioli quien intentará lo que Luque no pudo hacer: alambrar el campo pese a los pobladores disconformes y empezar a toparlo.

Para mayo de ese año, un grupo de familias se nuclearon en el MoCaSE Vía Campesina como comunidad de base San Antonio de la central COPAL. Decidieron cortar los alambrados instalados por el empresario, que impedían la circulación del ganado así como el acceso a caminos vecinales. Para julio, el empresario Ciccioli ingresó una topadora al campo. Fue el preludio para el desmonte total, el paso del monte a un campo pelado preparado para ganadería o soja. La comunidad de base dialogó con su conductor para detener la topadora, que finalmente se retiró del campo.

Tenemos un plan para el desmonte y el “progreso” de la provincia

Luque había gestionado un plan de desmonte con la Dirección de Bosques de la provincia de Santiago del Estero, al mando de Publio Araujo. Es importante aclarar que la ley Provincial de Bosques le pone un límite a la tala y que no la autoriza en zonas ocupadas por comunidades indígenas. Sin embargo, la Dirección de Bosques desconsideró el caso de la comunidad Ashka Kaicu y otorgó el permiso a Emilio Luque que luego fue renovado con el nombre de Jorge Ciccioli. Es este último quien contrató a varias personas de la zona para el trabajo: como hacheros a los hermanos Abregú y como encargado a Fabucho Palomo. Además, para enfrentar el problema con los molestos pobladores contrató a personal “de seguridad” y puso al mando a Javier Juárez, un tipo con fama de pendenciero. Ciccioli estuvo decidido desde un comienzo a no fracasar como Luque en su cruzada por el avance del progreso. Por eso, su dispositivo de seguridad fue provisto de armas de fuego.

Para contextualizar este análisis, resulta importante establecer la coyuntura en la que se asienta el empresariado de la provincia. Durante décadas Santiago del Estero fue una de las provincias más pobres del país. Luego de una efímera prosperidad empresarial a principios del siglo XX, cuando empresas forestales se dedicaron a extraer quebrachos y algarrobos para sostener la ampliación ferroviaria, la provincia se quedó casi sin bosques y sin fuentes de riqueza. Muchos de sus pobladores se dedicaron masivamente a la migración, estacional o permanente, hacia zonas con trabajo. Pero la década del 90 trajo una novedad a los campos argentinos: el desembarco del modelo de los agronegocios. Tecnología para el desmonte y las semillas, así como fertilizantes y pesticidas, capital financiero y trabajo precario, fueron y son una combinación altamente rentable que modificará los patrones de producción de los empresarios del agro. La eterna búsqueda de divisas de Argentina encontró allí una nueva gallina de los huevos de oro.

Los efectos colaterales fueron evaluados como menores: desalojo de campesinos con la consecuente migración a la ciudad y engrosamiento de los cinturones de miseria; poblaciones fumigadas, indirectamente, por el consumo de alimentos fumigados o directamente sobre casas y escuelas, causando la propagación de enfermedades como consecuencia de los agrotóxicos; pérdida de la diversidad natural y ruptura consecuente del equilibrio ecológico de la zona, generando alteraciones en las formas de vida y en los efectos causados por los agentes climáticos. A nivel económico, el crecimiento de los precios de los alimentos que disputa terreno con los productos destinados al mercado externo se sumó a las fuertes pérdidas en el mercado laboral, ya que la industria del agronegocio genera pocos empleos. A nivel político, se fortalecieron las empresas acopiadoras de granos y los grandes productores, así como la posición de entidades como la Sociedad Rural y la CRA.

A la primera pertenece Jorge Ciccioli y es principalmente esta entidad entre otras quienes conforman un espacio de empresarios y funcionarios interesados en el avance del “progreso”. Este espacio, que podríamos llamar de lobby activo, es comandado por Luis “Parano” Gelid, el ministro de la Producción de la provincia, en línea con la posición del ex-gobernador (por estos días ocupa el puesto, nominalmente, su esposa), Gerardo Zamora. El objetivo de dicho espacio político-empresarial, es traer “el desarrollo” a la provincia a través de la creación de infraestructuras que favorezcan la producción, como la ampliación de la red de caminos, así como la creación de facilidades empresarias que promocionen las virtudes de la zona para la llegada de inversiones externas, que permitan, como en este caso, disponer terrenos para la instalación de feed-lots.

La zona de Monte Quemado es una de las pocas áreas de la provincia que escaparon a la tala masiva. En 85 mil hectáreas de bosque, viven cuatro mil familias campesinas indígenas, que producen alimentos de manera tradicional, sin dañar el ambiente y manteniendo las pautas culturales heredadas de sus ancestros. La lógica del desarrollo, tal vez una de las ideologías más arraigadas en Argentina, a izquierda y derecha del espectro político, más allá de sus efectos de insostenibilidad a largo plazo, tiene nombre propio en Santiago del Estero y se ha empeñado en dar una batalla por la apropiación de esos territorios.

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El año pasado la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) acampó en tierras abandonadas del Parque Pereyra Iraola. En ese momento comenzó un plan de lucha que puso sobre la mesa de discusión con las carteras de agricultura -provincial y nacional- la problemática que padecen unas 5 mil familias productoras de verduras, frutas y flores de la zona de Gran La Plata.

Desde las 10 de la mañana, unas 100 familias productoras montaron sobre Plaza de Mayo, y rodeando la pirámide central de ese espacio histórico del centro porteño, más de 30 puestos donde se ofrecía a precios módicos distintos productos frescos de la huerta. “La jaula de acelga o lechuga en la quinta se la llevan a 10 o 12 pesos”, manifestó Juana Castillo, quintera de Berisso. Cada jaula tiene apróximadamente 50 plantas de lechuga. En Coto de Pompeya –por poner solo un ejemplo de los destinos finales de la producción- ese mismo producto se consigue a ese precio por cada unidad. La brecha entre el productor y el consumidor tiene un aumento del 300 al 500% de acuerdo al item.

Como respuesta a ese problema es que la UTT presentó a fines del año pasado la propuesta de Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano. “Busca dar una solución integral al problema que tenemos tanto como productores y como consumidores”, manifestó Rosalía Pellegrini de la UTT.

El proyecto se elevó a funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipal, con el compromiso de la mano de Héctor Espina –Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura- de ser analizado y aplicado. “Aún seguimos sin respuesta. Es una propuesta viable, sustentable, beneficiosa para el conjunto de la sociedad y que puede ser ejecutada con los mismos fondos que ya se destinan en subsidios de emergencia y otras formas”, agregó Rosalía.

La Colonia Agrícola abarca créditos a cooperativas para acceso colectivo a la tierra, consorcio de maquinaria de uso colectivo, técnicas productivas de transición a la agroecología y canales directos de comercialización. A su vez busca que tierras fiscales sean cedidas en comodatos para la producción colectiva, como también puestas en plan de financiamientos para la cesión definitiva a productores.

“Esta problemática tiene que unir a los productores y a los consumidores, porque en definitiva es un desafío para tener una vida digna para todos”, concluyó Rosalía. Mientras una señora aprovechaba y se llevaba tres bolsones de acelga, morrones y cebolla de verdeo.

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Representantes de movimientos agrarios de cinco países latinoamericanos anunciaron en la Ciudad de Buenos Aires el lanzamiento del 6° congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina (CLOC-VC), a celebrarse en Argentina el año próximo entre el 10 y 17 de abril.

El encuentro supondrá el cierre de un año de debates acerca de la situación que atraviesa la lucha campesina y rural a lo largo del continente en la actualidad. El anuncio fue realizado el jueves en el hotel Bauen, donde participaron miembros de organizaciones de Brasil, Cuba, Haití, Chile, Nicaragua y nuestro país.

A partir del 6° cónclave, la CLOC-VC se propone sentar las bases de su accionar para los siguientes cuatro años, surgidas de la deliberación al interior de los movimientos de cada país. Si bien la coyuntura de cada nación presenta sus propias particularidades, el eje principal será la formulación de “propuestas concretas de políticas públicas” en torno a las problemáticas comunes y más importantes del sector: soberanía alimentaria; reforma agraria; biodiversidad y agricultura sostenible; educación y salud; género y condiciones laborales. “Hoy está el desafío de que la CLOC tenga una propuesta de políticas públicas y que incluso podamos interpelar a la CELAC o a la UNASUR, con discusiones también regionales en torno a la cuestión agraria y los bienes naturales, que hemos estado trabajando”, remarcó Diego Montón, referente de la Unión de trabajadores rurales sin tierra (UST) de Mendoza, y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

En ese sentido, el debate sobre “la responsabilidad” de la coordinadora y sus tareas concretas a llevar a cabo en el futuro fue enmarcado en el “horizonte socialista” de la agrupación, ratificado durante el último congreso. Parte de esa responsabilidad fue puntualizada por el referente mendocino al plantear la “necesidad de debatir con todos los sectores de la clase trabajadora y del campo popular qué proyecto de América Latina queremos, y en este proyecto cómo juega la cuestión rural”.

“En primer lugar queremos actualizar nuestra mirada de la coyuntura política y agraria del continente y también del mundo, ya que hoy la globalización nos obliga y permite que podamos hacerlo”, explicó Montón. A veinte años de su constitución, la CLOC nuclea hoy a más de 80 organizaciones de 18 países de Latinoamérica y el Caribe, y forma parte a su vez del movimiento internacional Vía Campesina. De ahí que se pronostique una afluencia “de carácter masivo” al congreso del 2015 en Buenos Aires, para el que se espera una asistencia de más de mil delegados y delegadas desde las cinco regiones que conforman la coordinadora (Cono sur, región andina, Centroamérica, Caribe y México).

El congreso del próximo año reflejará también conclusiones en torno a dos sectores específicos y de gran importancia en la población rural: la juventud y las mujeres, cuya situación será contemplada en el 4° encuentro continental de jóvenes y el 5° de mujeres. Uno de los criterios de representación de la CLOC-VC establece la paridad a nivel del género, es decir, la igualdad numérica entre hombres y mujeres en la representación de las organizaciones y las coordinaciones regionales. En cuanto a la juventud, la propuesta pasa por otorgar mayor relevancia al sector: “Abrir espacios, y reencantar a la gente joven que se ha ido en muchos casos a las ciudades”, subrayó Soledad Alvear, miembro de la Confederación Nacional de Asociaciones Productores Chilenos (CONAPROCH).

Unión en la diversidad

De cara al futuro, y también a la región, el anuncio del Congreso fue enmarcado en el cuadro común al continente. Edgardo García, de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) de Nicaragua se refirió las empresas agrarias transnacionales y llamó a acompañar el “proceso de integración regional que está en marcha” frente a “una posición imperialista que está disparada”.

“Tenemos países agroexportadores o agroindustriales con picos de cosecha y luego desempleo por más de 9 meses, entonces necesitamos procesos de pequeña industria, de transformación de nuestras materias -señaló García-. En esa dirección nosotros proclamamos la reforma agraria popular, que tiene que ver con la posibilidad de incorporar tecnologías, pero a su vez producir con limpieza, con salud. Combatir el analfabetismo. Llevar una política de soberanía alimentaria y de bachillerato técnico al mundo rural, aproximar los servicios a los pobladores de las zonas alejadas. Devolver la vida donde es posible desarrollarla y no quedarnos hacinados en los suburbios”.

Por su parte, la referente de la CONAPROCH hizo hincapié en el eje de la soberanía alimentaria: “Es un tema que tiene que estar presente en cada casa, y no sólo del mundo campesino. Necesitamos unir fuerzas en esta lucha por decidir qué comer y cómo producirlo. Tenemos una suerte de agresión constante con esto de cambiar nuestras culturas alimenticias, de ir terminando con las culturas gastronómicas de nuestros pueblos originarios. Cada vez es más difícil consumir alimentos sanos”.

“Se ha abierto un espacio importante de promoción de las leyes de soberanía alimentaria, y está claro que es sobre las bases de la gestión de las organizaciones campesinas, de trabajadores y consumidores -agregó Leonardo Chirino, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba-. Pero lógicamente hay una contraofensiva. Ustedes pueden ver a las trasnacionales promoviendo todas las leyes sobre las semillas en este momento, y estos son temas continentales. Desde México hasta el sur los parlamentos van tratando el tema de las leyes de semillas, para meter las semillas modificadas y toda la contaminación de la que ellos sacan ganancia. Y expulsan al campesinado de la producción sana”.

Globalizar la lucha, globalizar la esperanza

El congreso de la CLOC en 2015 finalizará el 17 de abril, fecha en la que bajo el título de “Día internacional de la lucha campesina” se conmemora el asesinato, por parte de la Policía Militar de Brasil, de 19 manifestantes del Movimiento Sin Tierra (MST) en 1996, a los que se suman siete desaparecidos y más de 60 heridos durante la misma jornada.

Marina Dos Santos es referente del MST y coordinadora continental de la CLOC – Vía Campesina destaca que ambas organizaciones nacieron al calor de un “proceso de lucha” vinculado a la campaña por los 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, de 1992. “Queremos que este congreso sea un congreso de lucha. Es el desafío que tenemos, realizar luchas de ámbito continental y hasta global”, recalca, e indica que la CLOC busca una presencia constante en los procesos y reclamos locales: “En Colombia tienen un paro general, y ahora estamos construyendo un proceso de paz, en Haití, y Curuguaty (Paraguay)”.

En el plano judicial Dos Santos adelanta que, si bien las legislaciones nacionales dificultan una intervención sistematizada, se está trabajando en la aprobación de una Carta de Derechos Campesinos por parte de la Organización de las Naciones Unidas: “En relación a la ONU sí podemos hacer una denuncia formal. Ahora estamos construyendo a nivel internacional la Carta de Derechos Campesinos, que ya está en la ONU para ser aprobada y estamos haciendo un lobby para que los países voten a favor”.

Más allá de la propuesta, Montón remarca en concreto las campañas de difusión y solidaridad articuladas desde la coordinadora. “Hay cientos de compañeros presos políticos, hay una campaña especial en el sitio web de la coordinadora y una comisión de Derechos Humanos que está dando seguimiento concreto a todas las violaciones y lo que tiene que ver con la criminalización -explica-. Hay distintos planos, el plano de la denuncia con instrumentos jurídicos internacionales pero también la solidaridad y las brigadas que se trasladan a los lugares, que pueden brindar cobertura y pueden romper cercos mediáticos”.

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