Con movilizaciones y ruidazos se expresó la población en distinas ciudades del país contra tarifazos y la inflación más alta de los últimos 27 años.

La inflación no es noticia

El INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. A principios de año, el macrismo había pronosticado una suba de precios del 10%. El aumento de precios está lejos de detenerse y las consultoras privadas aseguran que enero tendrá un aumento del índice de precios de 2,5%. La suba está vinculada a los tarifazos que el Gobierno autorizó para los primeros meses del año.

Para el mes de diciembre los aumentos más fuertes fueron en los rubros Comunicación (7,7%), por subas de telefonía móvil,  y Salud (5,2%), por incrementos autorizados en las cuotas de prepagas y en medicamentos.

Sin embargo para  los diarios La Nación y Clarín esta noticia resultó poco relevante ya que fue volcada en las páginas 14 y 10, respectivamente. El diario Clarín titulaba: “La inflación aflojó en diciembre a 2,6%”.

La Ley de Presupuesto estima para el 2019 una inflación del 23%, pese a lo cual las y los economistas, según el relevamiento de expectativas del mercado del BCRA, esperan que llegue al 28,7%.

Atrás quedó el augurio de las autoridades del Banco Central, que auguraban una inflación de un dígito en 2019, en una conferencia de prensa allá por fines del 2017. Ni hablar que en la campaña de 2015 el presidente Mauricio Macri prometió que la inflación “sería lo más fácil del mundo de resolver”.

Rosario dice Basta de Tarifazos

Una multitud participó en Rosario de la Marcha de las Antorchas contra los aumentos de tarifas. La movilización, convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que contó también con la presencia de muchos ciudadanos de a pie, partió desde la sede de la ANSES,  en La Rioja y Sarmiento, y finalizó en la Plaza San Martín donde se leyó un documento que advierte que el incremento tarifario forma parte de “un brutal ajuste que no es producto de tormenta alguna sino de decisiones premeditadas”.

La Marcha de las Antorchas se realizó en el marco del plan de lucha nacional que comenzó la semana pasada en Buenos Aires, continuará el próximo jueves en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y cerrará el 7 de febrero en Mendoza. En ese contexto, organizaciones sociales, políticas, barriales y de consumidores, coparon el centro de Rosario. La multitud portaba pancartas que exigían “basta de tarifazos, despidos y ajustes”, “si pagamos no comemos”, “luz, gas y agua no son negocios, son derechos” y “la patria está de duelo”. Un volante que repartían los organizadores precisaba que “entre diciembre de 2015 y enero de 2019, los salarios y las jubilaciones subieron un 110 % promedio, mientras que el agua subió un 350 %, la luz 750 %, el gas 3700 % y el transporte un 300 %. ¡Calculá cuánto perdiste!”. Pasadas las 18.30hs., y bajo una bandera que decía “Rosario dice No Al Tarifazo”, miles de personas comenzaron a movilizarse y a poco de andar se escuchó fuerte el canto contra el presidente Macri.  La movilización también estuvo integrada por distintos gremios y organizaciones como:  Coad, HIJOS, Feser, Municipales, Siprus, Peajes, Comercio, Dragado y Balizamiento, Judiciales, Sadop, La Bancaria, Amsafé Rosario, Sitratel.

Un documento fue leído en la Plaza San Martín por las dirigentes Stella Hernández del Sindicato de Prensa; Yamile Baclini de Municipales; Claudia Indiviglia de 21F y Nancy Santamaría de la Multisectorial contra los tarifazos. Dijeron que “trabajadores públicos y privados, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios y empresarias, universitarios y universitarias, profesionales, estudiantes, docentes, clubes, fabricas recuperadas, sindicatos, movimientos sociales, pymes, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidoras, y espacios políticos, reunidos en Rosario decimos Basta de Tarifazos”.

El ex triunviro de la CGT y secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Juan Carlos Schmid,  también estuvo presente en la movilización en rechazo al aumento de tarifas en los servicios públicos convocada por el Frente Sindical por el Modelo Nacional (FRESIMONA) en Rosario.

Schmid expresó que “hay condiciones para lanzar un nuevo paro general, pero la fragmentación sindical y política dificulta su concreción”. Para concluir afirmó que “el creciente reclamo de los trabajadores en la calle debe tener una traducción en el proceso electoral, con el cambio de la política económica”.

Movilizaciones contra los tarifazos 

El pasado viernes 18, por cuarta semana consecutiva, se convocó a un #Ruidazo contra la suba de tarifas. El mismo tuvo eco en distintas esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y otras  localidades del país.

Miles de personas volvieron a reclamar contra las subas en los servicios públicos esenciales como la luz, el gas y el transporte.

La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas se sumó al Ruidazo en  Acoyte y Rivadavia para protestar contra el cierre de 14 escuelas nocturnas que dispuso el gobierno de Rodríguez Larreta, en la CABA.

Paro y quite de colaboración

Mientras tanto, los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizaron tareas en reclamo de “un definitivo acuerdo paritario”, informó el secretario de prensa de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Ricardo Sironi.

Los delegados y delegadas gremiales decidieron profundizar el quite de colaboración y no realizar horas extras, y ratificaron la huelga general para el miércoles pasado, luego de varias acciones de protesta que llevan adelante desde hace semanas, en reclamo de “una mejora salarial”.

“Las empresas se niegan a efectuar la recomposición de los haberes convenida en la paritaria de 2018, por lo que la Asamblea General de representantes y la conducción de la Apsee ratificaron la huelga general”, señaló a la prensa, mediante un comunicado, el titular de la organización, Carlos Minucci.

Source

El año se inició con movilizaciones programadas para resistir los tarifazos anunciados para 2019. También trabajadores y trabajadoras de la tierra realizan feriazos contra las políticas para el sector.

Contra los tarifazos

Por tercer viernes consecutivo, las esquinas de las 15 comunas porteñas y otras en el Conurbano bonaerense fueron el lugar para rechazar la política de tarifazos de servicios públicos esenciales, con palmas, cacerolas y cantos.

“Porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano” porque “las tarifas no pueden aumentar más que nuestros salarios”, reclamaba la convocatoria al “Ruidazo” hecha en la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero, que convocó a miles de vecinos a través de las redes.

Este 2019 se inició con un fuerte incremento en los servicios, que tal como anunció el gobierno, serán en los primeros cuatro meses del año. Este sábado 12 el transporte colectivo subió un 38,5%, también acompañado por el boleto de ferrocarril, mientras el subte aumenta este día 15 de enero.

Los servicios públicos también aumentarán en promedio un 50%, el servicio de agua pegará un incremento del 48,5%, mientras que la luz y el gas aumentarán en torno al 55%. A esto se le suma, entre otras subas, peajes y prepagas. En febrero llegará el subte a $ 16.50, en tanto en abril de 2019 costará $ 21. Esto representa un aumento del 180% en un año. Entre 2016 y abril de 2018, el gas se ha incrementado 1.261 %, el agua sin medidor 956 % y la electricidad 1.435 %, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los tarifazos en los servicios públicos no son garantía de la prestación de los servicios, que continúan siendo deficientes, tal como lo evidencian por ejemplo los prolongados cortes de luz a los que se somete a la población, sobretodo en las áreas comprendidas por Edesur.

La marcha de antorchas para resistir al tarifazo, que tuvo una desbordante convocatoria, atravesó la Ciudad el jueves 10 de enero. Representantes de las organizaciones convocantes, con mayor visibilidad como Pablo Moyano (secretario adjunto de Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma) junto a otras, finalizaron el acto al pie del Congreso.  “No damos por agotada, con esta proclama, la protesta contra el tarifazo y el ajuste brutal. Al contrario, llamamos a realizar marchas en todo el país”, expresa el documento consensuado que firman la CTA de los Trabajadores, el Movimiento 21F (moyanismo), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (del que forma parte el gremio mecánico SMATA), la CTA Autónoma y las 62 Organizaciones.

“Que quede claro: no nos resignamos ni levantamos bandera blanca y seguiremos en las calles movilizados hasta derrotar la política de hambre y el ajuste. Decimos no a la Reforma Laboral. Decimos no a la Reforma Previsional. Decimos no al tarifazo. Basta de atropellos contra el pueblo argentino”, decía el último párrafo de la declaración conjunta.

Al finalizar la lectura del documento, mientras confluían trabajadores y trabajadoras de la educación de CABA, junto a simpatizantes de la oposición, se repitieron dos consignas: “Las escuelas no se cierran” y “paro, paro, paro/paro general”, que muestran también el fastidio con el rol de la conducción de la CGT.

El Frente de Izquierda también se movilizó con sus propias banderas, con críticas a los límites de la convocatoria y expresando la necesidad de un programa que enfrente los tarifazos, y que plantee una salida de fondo para el conjunto de los servicios públicos. En ese sentido proponen medidas como la estatización de los servicios bajo gestión de trabajadores y trabajadoras que junto al control de los usuarios y usuarias populares, garanticen un servicio de calidad con tarifas accesibles en todos los servicios públicos.

Las protestas contra los tarifazos se repetirán cada jueves en diferentes puntos del país y hasta el 7 de febrero. En enero el próximo 17 en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y el 7 de febrero en Mendoza.

Feriazos  

Pequeños productores y productoras nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaron este jueves un nuevo feriazo bajo la consigna “Pagá menos, comé mejor y apoyá a los trabajadores de la tierra”, en Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera.

La iniciativa busca instalar en la opinión pública la crisis que atraviesa el sector y poner en evidencia las diferencias que existen entre los precios que se pagan en los supermercados y verdulerías y la escasa retribución que el pequeño productor recibe en su quinta.

La organización advirtió también que la devaluación, los altos costos de producción y los aumentos en los servicios están “ahogando” a los pequeños productores. Los trabajadores de la tierra producen más del 80 % de las verduras que se consumen en Buenos Aires y zonas aledañas.

En la misma línea los productores reclaman por la falta de políticas públicas para el sector y cuestionan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. Se trata de un sistema que le permitía al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permitía acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos, circuitos de comercio formal mientras garantizaba el acceso a la salud y el aporte al sistema previsional para garantizarles una mínima prestación para su vejez.

También reclaman por el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1.450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 despidieron a más de 910 personas,  más del 62 %. El impacto del recorte fue aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 %. A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 %, en su mayoría despedidos y despedidas en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales.

El apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser visto como un gasto y además muestra como las políticas públicas son diseñadas por estos organismos fuera de nuestro país. El feriazo continuará el proximo viernes en la Plaza Retiro.

Source

Tras el segundo ruidazo nacional del jueves 4 de agosto, el sábado se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA una intensa jornada de audiencia pública por el tarifazo.

“El gobierno se llena la boca hablando de diálogo, pero no ha convocado a ninguno de los sectores afectados para analizar la situación”, se señaló desde la apertura del evento convocado por la Multisectorial de CABA. El argumento es tan sencillo que sorprende: Cambiemos no ha convocado a las audiencias públicas estipuladas en las leyes de regulación de los servicios, impidiendo que los diferentes actores afectados puedan expresarse pero también que el propio gobierno explique sus razones. De esta manera, aún cuando las audiencias estipuladas no son vinculantes, Cambiemos prefiere resolver tras bambalinas, evitando exponerse.

Por eso, las organizaciones que integran la Multisectorial resolvieron autoconvocar una audiencia para analizar diferentes ángulos del problema y sopesar un diagnóstico. Se demuestra a la vez, de esta manera, que no hace falta más que voluntad política para poner al pueblo a deliberar. Y, como resaltó más tarde Humberto Rodríguez de ATE Capital, no es menor que el pueblo se aproveche de la universidad para pensar sus problemas.

Tras la apertura, un panel de expertos dio algunos elementos para analizar el problema. Leonardo Pérez Martínez, de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Energía, explicó el desmantelamiento que se lleva a cabo en esa dependencia, orientándola como si fuera un mero instrumento técnico. Todo problema social generado por sus políticas, señalan, debe ser tratado por el Ministerio de Desarrollo Social, pretendiendo así disociar de manera explícita todo vínculo entre el proyecto económico y sus resultados sociales. Esta misma lógica subyace a los filtros administrativos que impiden el acceso a la tarifa social, que van desde simples demoras, derivaciones de trámites hacia las empresas, falta de atención de reclamos y requisitos difíciles de cumplir como tener igual domicilio fiscal y real, a donde llegue la factura (cuando la mayoría de los afectados no son propietarios de la vivienda que habitan).

Derribando mitos

Por su parte, Ignacio Sabbatella, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, desmontó con datos duros el diagnóstico de “crisis energética”, mostrando que no solo la demanda de energía creció en los últimos años, sino también la producción, en especial de la mano de YPF. Aún con problemas, la propia caída de los precios internacionales del petróleo provocarían un ahorro en el costo de las importaciones. Ocurre que el aumento de los precios en boca de pozo estaban dirigidos a mejorar la posición de las empresas productoras, que recibieron una transferencia de ingresos en torno a los 3.000 millones de dólares por esta vía. “No nos interesa el autoabastecimiento ni la soberanía”, habría explicado semanas atrás el secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio, Darío Redondo.

Contra lo que pudiera arguirse respecto de la energía, los subsidios al transporte no provocan mayor consumo, y aún cuando lo hacen, generan un bien público en términos de reducción de la congestión de tránsito, menor impacto ambiental e impulso a pequeños comerciantes, explicó Gustavo Lipovich del Instituto de Geografía de la UBA. Los argumentos de la supuesta racionalización buscada por el gobierno, pues, no aplicarían a este caso, y sin embargo, también aumentaron las tarifas de transporte. Finalmente, el ex funcionario y docente de la FLACSO, Nicolás Arceo, insistió en que este aumento se suma a los de agua (que promediaron el 220%), luz (400% promedio de suba para hogares y 500% para usuarios no residenciales) y gas (190% promedio de aumento en hogares y 600% en industrias y comercios), todo lo cual incrementa la tasa de inflación, reduciendo los salarios reales. Estos aumentos inflacionarios no han logrado reducir el déficit ni resuelven un problema de falta de provisión de los servicios, por lo que no se pueden interpretar sino como una enorme transferencia de ingresos hacia estos sectores.

La audiencia continuó con la participación del equipo legal de la Multisectorial, que comentó sobre los amparos ya presentados y los fallos sobre luz y gas con jurisdicción nacional. No se trata de unos pocos reclamos, pues más de 40 tribunales se han expedido contra el tarifazo en distintos niveles, lo que permite insistir con que el mismo “no es legítimo ni es legal”. Según comentaron Mariela y Ataliva, los argumentos para la suba no se sostienen ni por sus fundamentos ni por su coherencia, tal como la mesa de expertos dejó en claro. Al mismo tiempo, se vulnera el principio constitucional, reconocido en tratados internacionales, por el cual no se puede retroceder en derechos sociales ganados. No solo la falta de audiencia pública es el argumento, que sería solo procedimental. Se trata de cuestionar el carácter confiscatorio del aumento, que pone en riesgo el acceso a servicios básicos como agua o luz, considerado un derecho. Estos argumentos fueron enfatizados por el juez Arias, presente por la tarde.

Incluso más, debido al impacto en las cuentas de las cooperativas, recuperadas e incluso PyMEs representadas, que ponen en duda la continuidad económica por un problema de costos, se pone en riesgo el derecho al trabajo. Así, el aumento generalizado y sin justificación de las tarifas no es sostenible por esta razón. Por ejemplo, desde la cooperativa gráfica Patricios, explicaron que el aumento de servicios que los afecta equivale a 25 salarios mínimos o 14 salarios de convenio: pagar implicaría perder compañeros y compañeras en la cooperativa. La devaluación y la apertura a las importaciones van en un mismo sentido, apuntando a un modelo económico y no una medida aislada.

La audiencia continuó con exposiciones de sectores afectados y la participación de algunos referentes políticos, además de la persistente participación del público. Quedó así demostrado el interés popular de partipar, informarse y explicar su situación. Un gobierno cegado por su programa no parece estar dispuesto a escuchar, ni siquiera por sostener una pantomima. La acción en la unidad y el llamado a la Marcha Federal fueron el marco del cierre de esta actividad de fuerte contenido político y social.

Source