Por Vivian Palmbaum e Ivan Barrera

El pasado lunes primero de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención del Grupo Vicentin, gigante del agronegocio, y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario y que su gerencia quede a cargo de YPF Agro.  En el anuncio, Alberto Fernández puso énfasis en que estas acciones contribuyen a la construcción de una soberanía alimentaria. Este punto, que fue nombrado de forma pomposa al pasar, quedó resonando en el medio del anuncio.

Curiosamente al mismo tiempo que se enuncia como una conquista hacia la soberanía alimentaria el interventor designado es Gabriel Delgado, señalado como un defensor del  modelo productivo industrial basado en el uso de transgénicos y las fumigaciones con agrotóxicos. Funcionario del gobierno encabezado por Cristina, en 2015 fue acusado por Monsanto de no reconocer las patentes a las semillas transgénicas.  

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y se definió para enfrentar a las políticas neoliberales.  Según la definición acuñada por la organización, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. 

En esa definición, también se detalla que se debe “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.La necesidad de reformas agrarias, de lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. La participación de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.”

Esta semana desde la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) se organizó un conversatorio sobre soberanía alimentaria en la región. Allí Marco Filardi, abogado ambientalista e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, explicó a qué se refiere la soberanía alimentaria.

“La soberanía alimentaria, paradigma introducido por la Vía Campesina en 1996,  plantea que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos. Es la agroecología en todas sus formas: una agricultura por agricultoras y por agricultores. La soberanía alimentaria aboga por priorizar la producción local para el abastecimiento de las necesidades alimentarias. La finalidad esencial de la agricultura es producir alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar a los pueblos”.

El modelo extractivista es el engranaje principal del mundo globalizado neoliberal  y la base de la división internacional del trabajo. Los países en desarrollo se encargan de proveer de materias primas como semillas, granos, alimentos, maderas, minerales o petróleo a los grandes países industrializados. Este modelo extractivista demanda que cada día se produzca más al menor costo, sin importar la calidad del producto ni las circunstancias en las que se produce, ya sea de quienes producen, de la tierra y los recursos naturales, como de las poblaciones aledañas. El resultado de este modelo está a la vista: tierras arrasadas producto del monocultivo y los pesticidas, poblaciones arrasadas producto de la necesidad de aumentar la cantidad de tierra cultivada, pueblos fumigados por agrotóxicos, napas contaminadas, agua con cianuro y otros metales pesados y una huella ecológica y humana que perdurará finalizado cualquier negocio.

El modelo extractivista evoluciona, se tecnifica y la soberanía alimentaria es un ideal cada vez más lejano. El agronegocio se alimenta de semillas genéticamente modificadas, se lubrica con agrotóxicos y se almacena en silo bolsa esperando las mejores condiciones locales e internacionales para lucrar. La concentración de tierras aumenta año a año, expulsando a campesinos, campesinas, cooperativas y pueblos originarios.

Marco Filardi se refirió a este modelo como un modelo que “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la integridad personal. No está concebido para alimentar a nadie sino para producir dinero concentrado cada vez en menos manos. Al mismo tiempo es un modelo que no alimenta, no solo no alimenta al mundo como ya vimos, sino que es incapaz de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de nuestra propia población. En el contexto de cosechas récord como se anuncia tenemos desnutrición aguda en nuestro país, desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad que afecta al 70% de la población y que comen esos cuerpos también carencias nutricionales.” 

El otro campo

También consultamos a quienes producen alimentos para el pueblo. Ellos y ellas que conforman el otro campo: el que lejos de buscar el lucro de la expansión sojera, trabaja la tierra de forma agroecológica, responsable con el ambiente, con sus trabajadores  y trabajadoras. El campo que no conoce de Hilux último modelo pero sí de autogestión, conformado por pequeños productores y productoras que cultivan la tierra que no es suya y que alimentan a las ciudades. 

Desde Marcha le preguntamos sobre la medida a Rosalía Pellegrini, Secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que aportó la mirada de la organización, respecto a la intervención y su relación con la construcción de soberanía alimentaria. 

“Nosotras y nosotros desde la UTT, al igual que el Foro por un Programa Agrario y Popular pensamos que es una medida que hay que apoyar. Si bien creemos que no hay soberanía alimentaria sin la distribución y el acceso a la tierra por parte de las familias que producimos alimento, no hay soberanía alimentaria sin un esquema de comercialización justo para el que produce y para el que consume, no hay soberanía alimentaria si tampoco hay igualdad de género. La mitad de las que producimos alimentos no tenemos acceso a la tierra y vivimos en condiciones de vulnerabilidad por la violencia machista. Seguimos pensando esto las organizaciones del otro campo. “

“Es real que es un avance en términos de soberanía del modelo agropecuario. No es lo mismo que las organizaciones campesinas peleemos contra Dreyfus y Cargill por un modelo agroalimentario más sano y con el derecho a la alimentación de todos y todas, que pelearsela al Estado. Además entendemos que un montón de productores también medianos, también cooperativas de granos, que dependerán de Vicentin, si es posible en manos del Estado, tendrán la posibilidad de plantear un esquema de producción más sustentable”. Además agregó la necesidad que la estatización se lleve adelante para poder plantear las reglas de juego al interior del modelo de agricultura extensiva. “Saludamos la medida y apoyamos y presionaremos para la posible estatización“. 

Para terminar Rosalia resaltó que “este tipo de intervenciones tiene que ir acompañado por todo este tejido social que venimos reclamando y luchando por soberanía alimentaria”. 

La expropiación de Vicentin significaría que uno de los grandes actores del agronegocio pase del mundo privado y lucrativo al ámbito público. Desde la gerencia estatal se podrá evitar la especulación financiera de los silo bolsa y decidir cuándo exportar y cuándo vender al mercado interno. Pero, ¿cuánto de Soberanía Alimentaria tiene la expropiación de Vicentin? ¿cuántos de los reclamos abiertos por Vía Campesina en su búsqueda por la Soberanía Alimentaria abarca esta expropiación? ¿Se agota un modelo extractivista con la expropiación de una empresa?

Un modelo productivo que nos expropia

En Argentina y en toda Nuestra América hay organizaciones y cooperativas que construyen día a día la Soberanía Alimentaria. Francia Garcia Hermosillo, de la organización Sin Maíz No hay Pais de Mexico nos cuenta como comenzaron a luchar contra un modelo que busca expropiarlos de los cultivos ancestrales como el maíz y así arrebatarles la soberanía y seguridad alimentaria. Allí organizaron la Campaña Sin Maíz No hay País, desde junio de 2007 en vísperas en que se levantaran los aranceles del maíz, al frijol, al azúcar y a la leche en polvo, pero “la principal preocupación era el maíz y el frijol a partir de enero de 2008. Era una preocupación que se vivía en el campo y que no llegaba a los consumidores en las grandes ciudades. Sin Maíz No hay País, Pon a México en tu boca era lo que se pretendía, porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y venía esta embestida contra nuestra alimentación. El maíz es nuestra base, nuestra alimentación, nuestra cuna, nuestra identidad. Consumimos 115 kg. por cada uno de nuestros habitantes al año de este grano básico. En aquel año además de querer sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, buscamos que se prohibieran los granos transgénicos, que se protegieran las semillas nativas y que se generarán esas políticas en defensa del campo, de los campesinos, de la soberanía y de la seguridad alimentaria”.

La Soberanía Alimentaria requiere necesariamente salir de un modelo extractivista concentrado, extranjerizado y especulador a un modelo soberano, con leyes y políticas públicas de acceso y protección de la tierra, de sus trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. 

Un país que anualmente produce alimento para 10 veces su población, pero donde hay niños y niñas con hambre, desnutrición infantil, pueblos fumigados, bebés que nacen con malformaciones y metales pesados en sangre, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos originarios desplazados, escuelas fumigadas, napas contaminadas, tierras arrasadas, es un país que tiene sus recursos muy mal distribuidos y aprovechados, que tiene un modelo que atenta contra la tierra, los seres vivos que la habitan y las personas a las que alimenta. 

El camino hacia la soberanía alimentaria es largo y atenta contra negocios millonarios, contra multinacionales y contra el modelo globalizado. ¿Estaremos en ese camino?

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Por Mauricio Polchi

El conductor tuvo que maniobrar varias veces para encausar el camión y entrar a la Villa 31. Como la calle es angosta, y las casas están al filo del cordón, resulta complicado pasar por ahí. Cuando logró avanzar unos metros, apareció otro problema. El tendido eléctrico, tan saturado como peligroso, estaba muy bajo. Pero las mujeres del barrio levantaron los cables con los palos de escoba que tenían a mano y el camión pudo continuar su camino. Cuando ellas tiraban para arriba, él pasaba por abajo. Así hasta llegar al corazón del barrio donde la gente esperaba por los bolsones de verduras. Con tapabocas, barbijos, distanciamiento social, organización y mucha voluntad, en pocos minutos bajaron toda la mercadería.

“No solo traemos nuestras verduras sino que también intentamos visibilizar lo que está pasando en el barrio. Acá la situación es alarmante, a la pandemia de coronavirus y la epidemia del dengue, se suma la falta de agua potable”, adviertió Rosalía Pellegrini, referente feminista de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra. “Somos productores y productoras de alimentos que tenemos la posibilidad de tener algo para poner en la olla y por eso trajimos las verduras que donaron los  compañeros y las compañeras de Berazategui, La Plata y Florencio Varela”, agregó, mientras descargaba los cajones con lechuga, acelga, radicheta, tomates y kale. En un par de horas, en el popular asentamiento de Retiro y en articulación con el colectivo de La Garganta Poderosa, dejaron unos 20 mil kilos. “La salida es colectiva”, fue la consigna de la UTT para esa jornada.

Eso ocurrió el jueves 7 de mayo. Ese mismo día, el gobierno porteño informó que el total de casos positivos por Coronavirus en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires llegaban a 365. Más de la mitad eran de La 31. Un par de días después, ya serían 851 los contagios. Y entonces las muertes por coronavirus se empezaron a multiplicar en la Villa 31 de Retiro. Al fallecimiento de Ramona Medina, vocera de la Garganta Poderosa quien alertó de varias maneras la situación compleja en la que vivían, se le sumó el de Víctor Giracoy, coordinador del comedor “Estrella de Belén” e histórico referente social de la comunidad.

La salida es colectiva

Desafiando las prohibiciones pero sin romper el protocolo sanitario, el recorrido colaborativo de la UTT había comenzado unos días antes cuando visitaron la revista solidaria Hecho en Bs. As., la olla Dorrego en la Fundación Mercedes Sosa, el Hotel Savalia y los comedores Número 1, Lourdes y Capullitos de La Boca, entre otros sitios. Frente a la falta de respuesta estatal, ellos y ellas garantizan la provisión de alimentos sanos para los sectores más golpeados de la Argentina. La organización nuclea a 16 mil familias con presencia en varias provincias. Producen alimentos agroecológicos, defienden la soberanía de las semillas y proponen acciones directas, como los feriazos o verdurazos. En este contexto, a la pandemia del hambre la enfrentan con lazos solidarios que se replican en distintos territorios.

“2 provincias. 12 localidades. Más de 1.000 familias beneficiadas de cordillera y meseta”, dice el comunicado difundido el 10 de mayo. “Mientras esperamos respuesta de la clase política de Río Negro y Chubut, las y los trabajadores de la tierra ponemos a disposición del pueblo más de 30.000 kilos de alimentos sanos, cooperativos y a precios populares. Estamos distribuyendo en Epuyén, Maitén, Cushamen, Gualjaina, Esquel, Gobernador Costa, Cholila, Lago Puelo, El Bolsón y Rio Colorado”, agrega el texto, que lleva el título: “El campo que alimenta”.

“Nosotrxs proponemos otro modelo agroalimentario, que va en contra de la producción basada en el agronegocio. Sabemos que estos modelos implicaron grandes ganancias para las multinacionales y graves consecuencias para la gente y sus ecosistemas”, reflexiona la Secretaria de Género del movimiento.

El jueves 14 de mayo, el mismo camión que había estado en la Villa 31, ahora aparecía en Plaza Constitución, a metros de la estación ferroviaria del tren Roca. Ahí se repartieron 6 mil kilos, con todos los recaudos y cuidados pertinentes. Los comedores se anotaron previamente en un listado y pasaron a retirar los cajones, como medida para evitar las aglomeraciones y amontonamientos.

“Desde el sindicato Sipreba llevamos adelante, con las compañeras y los compañeros de Télam, una movida solidaria para devolver el apoyo que recibimos por parte de la compañeras del Comedor Sin Fronteras, en el barrio San Blas de la Villa 21-24, y ya llevamos frazadas, alimentos y ahora sumamos el aporte de la UTT”, contó Jerónimo Rojas, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. “Nosotres venimos para sostener las ollas populares en las barriadas y costear la situación crítica, sin romantizar el asistencialismo, y como mujeres y disidencias venimos acá para poner el cuerpo”, agregó Soledad del Frente Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital.

Previo a la crisis sanitaria, la última manifestación fuerte de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra había sido el ya lejano 10 de marzo. En esa oportunidad ofrecieron todo tipo de verduras como forma de rechazo del lock out patronal que impulsaban las patronales agrarias y en respaldo a las medidas redistributivas del gobierno central.. Roxana Marca, llegada desde Florencio Varela, dijo: “Es algo insólito que se quejen de una retención con el país como está”. Por esos días, se discutía la decisión del presidente Alberto Fernández de aumentar las retenciones a las ventas al exterior de soja y sus derivados. El sector de la Mesa de Enlace lanzó una protesta de 96 horas, a través un cese de comercialización de granos.

Sin embargo, la UTT tenía el rumbo claro y hoy lo ratifica en las acciones cotidianas. Como explicó Zulma Molloja, otra referente campesina de la UTT, en aquella oportunidad y aplica para hoy, en medio de la pandemia y la desidia en la que el Gobierno de la Ciudad está dejando a las barriadas populares: “Este es el campo que no para. Estamos en contra de lo que hacen los grandes terratenientes, de los que más tienen y que no quieren aportar lo que deben cuando el país se está muriendo de hambre”. Este es el campo que no  para, agregamos, y el que alimenta al pueblo del que se siente parte.

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Organizaciones campesinas, indígenas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. La medida pone en peligro el acceso a derechos que les permiten tener obra social,  aportes jubilatorios y darle un marco regulatorio a su actividad. Para el 26 de julio convocan a una gran movilización nacional hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La resolución del Ministerio de Agroindustria de la Nación Publicada en el Boletín Oficial del 3 de julio, anuncia la baja del Monotributo Social Agropecuario para el próximo año. Gracias a este beneficio, cincuenta mil personas, agricultores pobres, disponen de cobertura médica y  esperaban acceder algún día al derecho a una jubilación.

Desde 2019 las y los agricultores familiares que están inscriptos en el Monotributo Social Agropecuario deberá familiar deberá pagar el 25%, porción que actualmente cubre el Estado, por la gran vulnerabilidad del sector. Esto implica al día de hoy unos $268 al que debe sumarse, además una proporción de la obra social por los beneficiarios adherentes, lo que en promedio se estima en unos $1500 por grupo familiar.

En la resolución además se establece que los/as actuales agricultores/as y campesinos/as se deben re-empadronar antes del 10 de agosto para conservar, lo que denominan “beneficio” hasta fin de año. Un trámite formal, que requiere que las y  los trabajadores dejen de trabajar para presentarse en el Ministerio y atiendan los tiempos de la burocracia, a la vez que los vuelve a someter a un mecanismo minucioso de control estatal.

Historica conquista

El Monotributo Social Agropecuario se implementó en el año 2009 para proteger a los/as trabajadores/as de la tierra que producen hortalizas, frutas, carne, miel y artesanías para consumo local. Representa la mayor política de inclusión para un sector que históricamente vive vulnerado y excluido de la formalidad económica.

No solo se trata de la posibilidad de un marco regulatorio básico y mínimas condiciones dignas de trabajo. También es una herramienta que les permite emitir facturas para ser proveedores del estado, entre otros. De este modo pueden vender sus productos directamente a instituciones, como por ejemplo para los comedores escolares.

La eliminación de esta categoría del Monotributo Social afecta directamente a pequeños/as productores/as y agricultores/as de todo el país que viven con lo justo. Muchas  de las familias que trabajan la tierra son inmigrantes, descendientes de inmigrantes o pertenecen a comunidades indígenas, otros son agricultores que vienen de otras regiones. Con una economía de subsistencia que viene sufriendo las consecuencias de las condiciones climáticas y las políticas públicas: malas condiciones climáticas,  disminución en las ventas,  aumentos en los costos de insumos,  a precio dólar (semillas, pesticidas, entre otros), de las tarifas eléctricas y del combustible.

Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en el Cinturón Hortícola de La Plata, explicó que el Ministerio de Agroindustria viene faltando a la ley porque niega el acceso a este derecho y agregó que hace más de un año que se ha congelado la inscripción al Monotributo Social Agropecuario ya que no permiten el acceso a nuevos beneficiarios, ni tampoco a familiares de los inscriptos. Esto muestra una situación que se viene agravando para un sector muy vulnerable, desprotegido y al que le impiden el acceso a derechos mínimos.

Desde la UTT ya han presentado Recursos de Amparo en la Justicia Federal en el fuero Contencioso Administrativo para que se reabran las inscripciones. Además presentarán  medidas cautelares para que el Estado no les niegue sus derechos sociales.

Comunicado

A través de un comunicado las organizaciones indigenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina rechazron de conjunto la decisión del Ministerio de Agroindustria de Nación de dar de baja al Monotributo Social Agropecuario (MSA). Un documento firmado por las organizaciones y movimientos campesinos como el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros.

Tal como expresan en el comunicado para el proximo 26 de julio anuncian una gran movilización nacional hacia el Ministerio de Agroindustria de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

Estas organizaciones y movimientos que representan a las y los pequeños productores rurales, de distintas regiones, con economías familiares y de subsistencia,  vienen organizándose hace décadas para luchar por el acceso a los derechos elementales que les den amparo. Organizaciones que luchan por el acceso a la tierra, que les es negado, mientras producen gran parte de lo que consumimos.

“Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y, según FAO, un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo y son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino” expresan en el comunicado.

Tal como expresabamos desde el inicio de la gestión Cambiemos se presentaron graves dificultades para el sector de las agriculturas familiares.  Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra,  se hallaban  desde el minuto cero de la actual gestión, en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que produjeron un fuerte aumento de los insumos dejando al borde de la miseria a las y los productores.

Sin embargo, lejos de resignarse las y los trabajadores de la tierra, productores rurales, campesinos e indígenas, tal como lo vienen haciendo, continúan organizándose para enfrentar al poder de un estado que hoy representa a las corporaciones. Encarecer los insumos, desproteger a las y los más vulnerables, quitarles derechos, parecen estrategias deliberadas para la concentración de la tierra en pocas manos. Lejos de amedrentar a las y los trabajadores de la tierra los ha decidido a organizarse para visibilizar, una vez más,  su lucha con una gran marcha nacional.

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