Por Mauricio Polchi

“Bueno, resulta que yo fui una de las contagiadas”, dice el mensaje de whatsapp que Roxana envió el pasado 5 de julio. La primera escucha te deja en shock. La segunda, aturde. “Hola Mauri, soy Roxana de la olla colectiva ‘Nosotros la luchamos’, tú me entrevistaste y yo te dije cuál era la preocupación como mamás del barrio. Te cuento que di positivo y ahora estoy sin mi familia y aislada en un hotel”, explica, con una voz pausada y serena que sale desde el celular.

Unos días antes, esa misma mujer había denunciado ante la prensa la ausencia del gobierno de la Ciudad en el barrio Rodrigo Bueno. La posibilidad de contagio estaba latente. “Me dio fiebre, estuve entre 5 y 6 días con más de 39 grados, un dolor de músculos y hueso muy feo, la cabeza me explotaba, no sentía el olor, no sentía nada. Entonces me tuve que ir a hacer el testeo y me confirmaron el contagio. Igualmente, yo sigo preocupada porque me comunico con mis vecinos y me cuentan que todo sigue igual y no están testeando casa por casa”.

Por esas horas, en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmaba que ya se había perforado la barrera de los 100 muertos en las villas de la Ciudad. Sobre un total de 700 fallecidas y fallecidos en todo el distrito, 105 pertenecen a los denominados barrios populares. “Este virus vino a demostrar toda la inequidad que la sociedad contemporánea tiene”, reconoció Quirós, a pesar de las críticas.

Muchas de las víctimas son referentes de los comedores y merenderos que alimentan a miles de personas de lunes a lunes. El caso más emblemático es el de Ramona Medina, de la Villa 31 de Retiro y parte de La Garganta Poderosa. El más reciente, el de Rossio Roxana Choque, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en el Bajo Flores. Entre otros y otras, a esa lista de pérdidas dolorosas se agregan los nombres de Víctor “El Oso” Giracoy, del histórico comedor Estrella de Belén (Villa 31); Agustín Navarro, militante de la Mesa por la Urbanización y Barrios de Pie (Villa 31); Víctor Ávila de Juegotecas Barriales – Puerto Pibes (Villa 31); Pedro Condorí, de la Corriente Nacional de la Militancia (Villa 31); y Carmen Canaviri, del merendero “Lucecitas del Sur” de Barrios de Pie (Villa 1-11-14).

Por este motivo, desde hace varios meses, las agrupaciones sociales le reclaman a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta que ese sector sea designado formalmente como trabajadores y trabajadoras esenciales. Están en la primera línea de contención del hambre, producto de la pandemia y apenas se les reconoce como “voluntarios”. No reciben ninguna remuneración, y dejan la vida en cada plato que preparan y reparten.

La Rodrigo Bueno: “Nos sentimos abandonados”

En la entrada del barrio hay un mural con los rostros de Héctor Lavoe y el Potro Rodrigo. La obra está muy bien hecha, y ellos se lucen de forma permanente. Esa postal, con los íconos de la cultura popular retratados en el ingreso, es una verdadera síntesis del ritmo musical que resuena en los pasillos de la villa. Los callejones internos son una especie de conductos que se trenzan como en un laberinto. Entre escalones y subidas, en esos ajustados pasadizos que sirven para transitar el corazón del lugar, es imposible sostener la cuarentena y el distanciamiento social. Además, a pesar de las restricciones por el aislamiento que rige en el área metropolitana, los comercios, todos sencillos, todos dispares, mantienen sus puertas abiertas y el movimiento es constante. Según el censo residían alrededor de 1800 personas en 2010. Sin embargo, otras estimaciones señalan que ya había más de 3000 en ese mismo periodo.

“Nos sentimos abandonados”, había alertado la propia Roxana Hurtado el pasado 17 de junio, ante la falta de protocolos sanitarios para la población del lugar. Todavía no tenía Covid, pero igual Roxana exponía “la falta de información oficial” que derivó en un brote local que ya tienen más de 120 casos positivos. Ella, junto a un grupo de vecinos y vecinas, cada fin de semana entrega viandas para más de 100 personas. “Lo hacemos de forma solidaria, con cosas que juntamos entre nosotros y las preparamos con mucho amor”.

Ubicado en el fondo de la Costanera Sur, en un espacio que hoy pertenece a la Reserva Ecológica, en el barrio Rodrigo Bueno predominan las casas precarias y humildes, en un fuerte contraste con las lujosas y gigantescas torres de Puerto Madero, que a pocos metros de ahí se elevan como rascacielos de cristal.

Bajo Flores: “Somos esenciales. Reconozcan nuestras tareas”

Unidas entre sí, las banderas de Paraguay, Perú y Bolivia, cuelgan de los árboles que hay en la rotonda de Riestra y Perito Moreno, al filo de la cancha de San Lorenzo, en el barrio. Es 9 de Julio y en el Día de la Independencia Argentina, las y los habitantes de la Villa 1-11-14 llevan adelante otra  jornada de ollas populares. Quienes organizan el encuentro usan tapabocas, limpian el ambiente, se higienizan con alcohol en gel y tratan de mantener el distanciamiento. Desde todos los rincones (del también llamado barrio Padre Ricciardeli) salen hombres y mujeres con sus hijas e hijos, que cargan tapers o cazuelas para llevarse un guiso caliente a sus hogares.

“La situación se encrudeció porque la pandemia resaltó las necesidades de los vecinos. La falta de laburo, de agua, vivienda”, explica Ana Gamarra, del FOL. Solamente en el Bajo Flores, esa agrupación entrega más de 3 mil porciones por día. “Hay situaciones muy graves, tratamos de darle de comer a todos los que podamos, pero las raciones no alcanzan. Incluso, muchas veces nosotras y nosotros tenemos que hacer donaciones. En esta época he conocido lugares del barrio que no sabía que existían, llegamos donde no llega nadie, y menos el gobierno”, asegura Ana, mientras coordina la jornada en la placita de la rotonda. También participan sus compañeras de Barrios de Pie y la CTA Capital.

Es jueves feriado, hace frío, y mientras asoma el sol del invierno, por cuarto jueves consecutivo se monta una acción de protesta para visibilizar las tareas que las mujeres desempeñan en los comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. “Somos esenciales. Por el reconocimiento de nuestras tareas. Larreta, hacete cargo”, se lee en una de las ollas, que tiene una cartulina verde pegada a mano.

“Las trabajadoras comunitarias garantizamos el cuidado en nuestros territorios, con el cuidado sanitario, el de nuestras infancias, de los adultos mayores. Y esa labor no es jerarquizada ni reconocida económicamente, por eso pedimos políticas públicas que respeten la igualdad de derechos”, remarcó María Eva Koutsovitis, del Frente Salvador Herrera.

La desigualdad a la luz del COVID

Producto de la pandemia, el golpe sobre la economía será muy duro para todos los sectores. Para las clases bajas, el 2020 será devastador. Todos los indicadores anticipan que la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a empeorar. A casi 4 meses del aislamiento obligatorio –y con las últimas semanas en una fase de retroceso en CABA y provincia de Buenos Aires, según acordaron en la Quinta de Olivos Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof– ya hay varios números que dan cuenta de esa dramática situación: 18.400 empresas de todo el país y rubros cerraron en dos meses; 285 mil trabajadoras y trabajadores registrados perdieron su empleo entre abril y mayo, y un crecimiento exponencial de personas que pasaron a pedir ayuda estatal.

Solo en CABA, la situación es aún más desesperante: la asistencia alimentaria en comedores porteños aumentó un 200% en apenas tres meses. Pero los informes de las organizaciones sociales aseguran que la realidad es más compleja. En este tiempo, las y los representantes de esas agrupaciones políticas mantuvieron reuniones con funcionarios para dialogar sobre un plan de emergencia que proyecte un aporte para quienes, de forma gratuita y solidaria, sostienen esos espacios. Pidieron insumos y herramientas sanitarias para esos lugares. Del salario, solo hubo amagues.

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Podríamos relatar el hecho, paso por paso, con sus causas y evidentes consecuencias. Podríamos sumarlo a la larga lista de los niños y niñas pobres que mueren y sólo suman a la estadística. Sin embargo, este hecho obliga a poner el foco sobre los responsables de los padecimientos que se viven día a día en las villas de la ciudad de Buenos Aires.

El barrio Rodrigo Bueno nació a comienzos de la década del ´80 y, desde entonces, afronta decenas de luchas por su reconocimiento, por sus derechos y por las vidas de sus habitantes. La muerte de Gastón es la conclusión del accionar de todos los poderes del Estado actuando en contra de sus habitantes.

Un gobierno bien conocido

La gestión de Mauricio Macri al frente de la ciudad es una de las más cuestionadas en términos de garantías de derechos para los ciudadanos de las villas, al menos, desde la vuelta de la democracia. El PRO ha reproducido, sin miramientos, un enlatado de políticas neoliberales que favorecen a los grandes empresarios. A esto le sumó cada vez que pudo operativos de represión y control como gestión de conflictos. Ejemplo de esto fue la difunta UCEP o cuando las topadoras desalojaron a los habitantes del barrio Papa Francisco, reeditando así la intendencia de Domínguez de los ´90.

Sobre el actual poder ejecutivo, con la complicidad de varios bloques opositores en la Legislatura, recae la responsabilidad de que no se cumpla con la Constitución de la Ciudad, específicamente en su artículo 31, que pone el foco y garantiza la vivienda digna para los más vulnerados. Así como tampoco se cumple con lo que ordena la Ley 148 de 1998, que otorga un marco de regulación para urbanizar todas las villas de la ciudad.

En lo que hace al barrio Rodrigo Bueno, la gestión del PRO evitó cumplir con la sentencia de la jueza Elena Liberatori quien en 2011, ordenó la urbanización del barrio. En diálogo con FM Che Barracas, el ex diputado y actual integrante del Colectivo por la Igualdad, Facundo Di Filippo, se expresó respecto de esto y aseguró que es una de las únicas villas que “tiene una causa judicial por procesos de urbanización, con un fallo a favor” de la justicia. Cuando el gobierno porteño apeló, la “Cámara en lo Contencioso administrativo le dio la razón al Estado con una serie de argumentos retrógrados en cuanto a la imposibilidad de llevar el proceso de urbanización”. Esto visibilizó una “responsabilidad política por parte del poder judicial y una responsabilidad política por parte de la Legislatura porteña”, porque los proyectos de urbanización presentados “no han sido debatidos” y obviamente está “la responsabilidad política del ejecutivo de la Ciudad”.

En estas adversidades, los ciudadanos que menos tienen salen a demostrar que en las villas se vive humildemente pero que también se trabaja y se estudia, desmintiendo a los grandes medios masivos de comunicación. El esfuerzo parece doblegarse cuando se encuentran con la historia de un Gastón, un pibe que salió como todos los días a jugar con sus amigos y que encuentra la muerte tras caer en un pozo ciego. Se encuentran con que una vez más, la demora del SAME y el inaccionar de las fuerzas de seguridad, jugó en contra: por error, omisión, inacción o decisión, no hubo tiempo para salvarle la vida. Y como si esto fuera poco, la precaria infraestructura del barrio producto de la falta de urbanización, termina dando por tierra todas las chances. Según Di Filippo, la muerte de Gastón “refleja crudamente y en un solo hecho un Estado ausente, comprueba y reafirma qué poco le interesa a la gestión actual” el avance de los “procesos de reivindicación de derechos y urbanización”, que en cambio, privilegia el “maquillaje y la estética en los barrios de la Ciudad”.

En paralelo a este escenario, el modelo de ciudad macrista atado al desarrollo inmobiliario exclusivo, sella una y otra vez acuerdos especulativos con la vivienda. Mientras el 26 % de los hogares en la ciudad están vacíos, más de 200 mil personas viven en villas y alrededor de otras 10 mil se encuentran en situación de calle. Sin embargo, el ejecutivo porteño a través de sus legisladores y de los pactos con los bloques opositores, impulsó leyes como el Plan Maestro de la Comuna 8 que promueve acuerdos comerciales a merced de la lucha por la vivienda en los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. O el ejemplo de los negocios con IRSA para ejecutar proyectos inmobiliarios en la Villa Olímpica, que puso en riesgo la existencia del barrio Rodrigo Bueno y solo se detuvo con la organización de sus vecinos y de la movilización de organizaciones sociales comprometidas. Di Filippo aseguró que “el objetivo del PRO es tener ciudadanos con una renta alta” y esto “solo satisface al Estado y a la especulación inmobiliaria”. El ex diputado afirmó que es necesario de cara a un escenario electoral, debatir en términos “políticos y culturales, qué Ciudad queremos los porteños y las porteñas”.

Una solución: urbanización

Así como pareciera que este hecho conforma, como uno más, el relato de la larga lista de muertes que hay en los barrios marginales, producto del gatillo fácil, las zonas liberadas para el narcotráfico, los problemas estructurales como la falta de servicios y sus instalaciones precarias, también deben sumarse las decenas de acciones y decisiones que el jefe de gobierno porteño ha tomado para que esto parezca una historia sin fin.

Gastón ese día se había levantado, había ido a la escuela y luego fue a jugar con sus amigos. Los indicios para evitar este tipo de muertes tienen un solo desenlace e indican que ya es tiempo de urbanizar al barrio Rodrigo Bueno, así como a todas las villas de la Ciudad.

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