Por Nadia Fink

Daniel Solano era un pibe joven, un laburante, que había llegado desde su Tartagal natal a Río Negro para trabajar en la cosecha de manzanas. Allí padeció desde adentro la explotación extrema, la discriminación, las condiciones de hacinamiento, las políticas de las grandes empresas fruteras que no se cansan de estafar a los trabajadores golondrinas. Pero Daniel sí se cansó, protestó, habló con sus compañeros, intentó organizar el reclamo. Le tendieron una trampa, se lo llevaron una noche y nunca más apareció. Un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo, es la punta del ovillo de una desaparición más en democracia. En Choele Choel sigue el acampe (antes de familiares, ahora de personas que se solidarizaron con la causa), los policías siguen sueltos (y portando armas), los trabajadores siguen padeciendo las condiciones en cada cosecha, los empresarios siguen contanto billetes. Pero falta Daniel. Y, también, Gualberto, su papá.

“He recalcado en todo este tiempo el pedido de mi tío Gualberto. Cuando él decía: ‘Dónde está mi chango?’, ‘¿Dónde habrán dejado mi chango?’, ‘¿Dónde está Daniel?’, ‘¿Dónde está el Nene?’, como le sabíamos decir todos”. Quien habla es Romina, prima de Daniel y vocera de la familia desde Tartagal. Y su simple pedido apunta a la pregunta del título: la justicia que se demora diez años, ¿es justicia? Gualberto llegó a Choele unos días después del 5 y se quedó a vivir allí durante años. La última vez que lo vimos fue en mayo de 2016: en ese entonces el frío empezaba a sentirse y el calentaba la pava para unos mates en la piecita destinada a las donaciones de Cáritas donde estaba alojado en la parroquia a cargo del cura Cristian Bonin. Gualberto falleció el 3 de abril de 2018 esperando llevarse el cuerpo de su hijo. Cristian dejó los hábitos y se fue a vivir a Viedma. Al padre de Daniel, la justicia no le llegó.

Hecha la ley, hecha la trampa

Si bien la causa tuvo sus idas y vueltas de la justicia Federal a la provincial, es importante destacar que los siete policías estuvieron detenidos y que posteriormente fueron excarcelados, pero aún siguen procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa y que desvirtuó elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.

El querellante de la causa era Gualberto, por lo tanto, con su muerte empezaron a jugarse las trampas que el poder judicial podía utilizar. Así nos cuenta Cristian: “Las contrapartes, los abogados de los policías asesinos, trataron de disolver la presencia de la querella en el juicio. Porque la querella es la familia, es Gualberto Solano, con los abogados particulares. Al morir se logró hacer que se constituyera como querellante el abuelo de Daniel, Manuel Solano, como familiar en línea directa. Y, por supuesto, siguen acompañando Sergio y Leandro [Heredia y Aparicio, respectivamente, abogados de la familias desde fines de 2011 hasta la fecha]”.

Así el juicio siguió adelante y ell 1 de agosto de 2018, la Cámara Segunda de Roca condenó a los policías. El 23 de diciembre del 2018, el Superior Tribunal de Justicia –el máximo órgano judicial de la provincia de Río Negro– ratificó el fallo de la Cámara Segunda. Pero fue entonces que los abogados de la policía interpusieron un recurso de queja a ese fallo del Superior Tribunal de Justicia, que fue denegado por el Superior Tribunal de Justicia. Por eso sólo les quedó la instancia de la Corte Suprema. Una causa con tantas pruebas y tantas instancias condenatorias, ¿puede seguir siendo rechazada por los culpables? ¿Acaso es justicia?

Migrar para buscar laburo

“No solo son estos siete policías los responsables del asesinato y la desaparición de Daniel, sino que hay más actores, cómplices. Como, también, la misma empresa, los dueños de la empresa, que son responsables de lo que le pasó”, denuncia Romina.

Y es que el entramado es mucho mayor si entran en juego las empresas que intervinieron en el traslado de Daniel y sus 69 compañeros que subieron al micro para trabajar en la cosecha de manzanas. El reclutamiento se hizo desde Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. La estadía de los trabajadores sucedería en las “gamelas”, una especie de carpas donde dormían apiñados. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Allí, muy cerca de la casa natal del periodista Rodolfo Walsh.

El cobro del primer sueldo resulta el momento más crítico: los descuentos son excesivos y muchos no pueden girar el dinero a sus casas; el ciclo es inevitable: trabajan, no les pagan, son discriminados, son maltratados, muchos optan por el alcohol ante una situación sin salida. El grupo BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), entonces, tiene su accionar justificado. La tropa de élite es tristemente conocida en Río Negro por su intervención en las matanzas durante las represiones de Bariloche, que derivaron del asesinato de Diego Bonefoi en 2010. El grupo que, como detentan sus siglas, es entrenado para estar en eventos multitudinarios y en manifestaciones, se encarga de custodiar a los trabajadores de las gamelas.

De esas complicidades habla Romina, de esa connivencia entre el poder económico, político y judicial. También, de la estafa que cada mes y cada año aplicaban a esos mismos trabajadores cuando cobraban su primer sueldo: descuentos por montones hacían que cobraran un cuarto del sueldo acordado. Esa fue la osadía que cometió Daniel: no callarse, amenazar con una huelga el lunes siguiente aquel viernes 4 de noviembre. Y los capos de la empresa Agrocosecha ya lo conocían: a Solano lo querían todos. Por eso, veinte minutos después de que entrara al boliche “Macuba” lo nombraron y lo señalaron desde la cabina. Así, las fuerzas policiales (sí, que también eran custodia en el boliche Macuba) lo empujaron hasta la vereda y lo llevaron hacia la esquina. En el fondo de la calle lateral lo subieron a un patrullero. Desde ese momento está desaparecido.

“Mi abuelo sigue esperando que entreguen el cuerpo de su nieto”

Esta historia que aún espera un fallo favorable de la Corte Suprema, cuenta desde el principio con una red enorme de solidaridades para romper la complicidad y el silencio de un lugar pequeño y tan lleno de poderes; en principio de quienes dieron sus testimonios para reconstruir los detalles luego de la desaparición de Daniel. Así lo cuenta Bonin: “ Cada pedacito de verdad observada es sustancial, porque eso arma el cuadro del evento. Hay personas que vieron momentitos, instantes y hay otras que pudieron ver el caudal de violencia de los siete esbirros de Daniel y que tuvieron el valor, el coraje, la audacia de no secuestrar –y menos desaparecer– ese pedacito de verdad que les tocó ver. Sino que, por el contrario, lo comprometieron con la causa, asumiendo los riesgos que se inauguran cuando uno tiene para compartir verdades que chocan de frente con los intereses corruptos de la Policía, del Poder Judicial y de otros sectores que suelen ser favorecedores de la impunidad”.

Pero también está la red que conformaron personas de la zona y que se comprometieron con Gualberto, con su familia, con la memoria de Daniel, con la justicia que nace del barro y no de los pedestales. De esa red es parte Cristian, y quiere nombrarles: “Algo interesante es el equipito que se fue conformando de personas muy distintas. Está Euge Rosi que, actualmente, está viviendo en Río Colorado. Jessica Visoqui, en Bahía Blanca; Nadia París, desde la zona de Neuquén; Marce Torres y Pablo desde Choele, con otros compañeros y compañeras; Olga Uso, también, desde acá, desde Viedma”.  Y menciona el término “nueva forma de ser querella” cuando las distancias son tantas y cuando las personas van quedando en el camino: “Son las personas que, desde distintos puntos, nos mantuvimos muy unidos para fortalecer denuncias, para amplificar la voz de la familia Solano, para pensar juntos estrategias y recursos orientados por los abogados, en conversación con ellos y con la familia”.

¿Y qué pasa con los tiempos de la justicia? Insistimos porque, claro, ya hemos hablado tanto durante estos diez años que lo repetimos porque no sabemos si nos escuchan, si nos entienden, si cada palabra rebota contra un muro imposible de traspasar. Romina habla de esos tiempos: “Lamentablemente, como digo y como decimos todos, la Justicia es muy tardía. Muchas veces se llevan por delante a otras personas también, porque las fuerzas se agotan. Las fuerzas se ve muy débil, la salud ya no es la misma cuando sos joven. Por ejemplo, lo que pasó con mi tío Gualberto, que esa fortaleza se fue debilitando por el dolor que sentía, por ese dolor que él tenía. Aunque muchas veces nos demostró, a cada uno de nosotros como familia, sentirse fuerte. Pero en la soledad, en el silencio, en la habitación, cuando se encontraba él solo, no se daba cuenta de cuánto dolor tenía él”. Ahora el que espera es Manuel. Que la justicia actúe (por fin), que los policías sean condenados, que se responsabilice a los cómplices (porque siguen viajando, cada años, trabajadores temporarios), que los asesinos hablen, que la familia pueda llevarse el cuerpo de Daniel a Tartagal para “tener un lugar donde ponerle una flor”.

Source

Por Vivian Palmbaum | Foto Argentina Municipal

Las comunidades mapuches continúan siendo amenazadas por desalojos judiciales, a pesar de estar en plena vigencia la prorroga de la Ley 26.160 que limita estas iniciativas, mientras continúa la regularización de los dominios territoriales. La tierra para ellos es indisociable de su vida misma. Por esta razón la Coordinadora hace pocos días hizo un llamado a las comunidades a resistir las órdenes de desalojo. Los territorios en disputa coinciden con la voracidad corporativa y la explotación de recursos hidrocarburíferos. Entrevistamos a Luis Pilquiman integrante del Parlamento Mapuche e integrante de la Mesa Coordinadora por la zona andina. Fue elegido hace poco menos de dos meses como delegado de la zona andina al Consejo de Participación Indígena, que es una instancia de participación del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Las noticias que afectan a la comunidad mapuche son silenciadas y solo adquieren difusión cuando oponen acciones de resistencia. “La mapur (tierra) para el pueblo Mapuche no es sólo la materia que se pisa, la definimos como vida, espiritualidad e historia. El che (persona) adquiere un vínculo con la mapu, le da su origen- tuwun, esa fuerza surge de los elementos naturales más sobresalientes de ese lugar, de ahí adquiere características personales, su nombre y otros que hacen a la persona, entendemos que cuando morimos nuestro pülli (espíritu) vuelve a su origen”. Asi lo explica Pilquiman.

La Coordinadora llama a las comunidades a resistir las ordenes de desalojo. Señalan que “en un hecho de gravedad institucional inusitada la justicia rionegrina pretende desalojar comunidades Mapuche en plena vigencia de la Ley Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, Ley Nacional 26.160, prorrogada por ley 27.400 que expresamente en su artículo 2º suspende cualquier sentencia que implique el desalojo de una comunidad mientras se realiza el relevamiento”.

El relevamiento territorial que impulsaba la Ley, que debía dar inicio al proceso para regularizar el dominio de las tierras a las comunidades originarias, está inconcluso o en algunas casos nunca comenzó. Tal como expresan desde la Mesa Coordinadora de la Comunidad Mapuche Tehuelche, en la provincia de Rio Negro se ha iniciado el 1º de agosto pasado, en la Comunidad Pino Quiñe, luego de estar en suspenso por más de 10 años.

Poder Judicial versus la ley

La Coordinadora está alerta por órdenes de desalojo sobre cuatro comunidades al mismo tiempo. Mientras la Ley desde el año 2017 establece la prorroga sobre posibles desalojos la justicia rionegrina avanza en contrario. En esta situación se encuentra la Comunidad Pino Quiñe en el paraje La Japonesa, en la costa del río Colorado,  con una orden de desalojo del Juzgado 31 de Choele Choel  a cargo de la Dra. Natalia Costanzo; la Comunidad Newen Kurruf en cercanías de Catriel con una orden emanada del Juzgado N° 1 de Cipolletti a cargo del Dr. Diego de Vergilio; la Comunidad Buenuleo con orden de desalojo impuesta por el Juez Sergio Pichetto.

Luis Pilquiman expresa que “llama la atención que se den estas órdenes de desalojo simultáneamente,  en este contexto político nacional próximo a un cambio de gobierno”.

En el comunicado la Coordinadora Mapuche expresa que pidieron una reunión con carácter urgente al Superior Tribunal de Justicia el 25 de septiembre “para saber si es que el derecho indígena tiene vigencia dentro del territorio de Río Negro”. Porque teniendo en cuenta “lo sucedido en la comunidad Lafken Winkul Mapu, con la muerte del peñi Rafael Nahuel en un desalojo comunitario, es incomprensible la actuación de Poder Judicial ante hechos que pueden traer consecuencias irreparables”.

En el día de hoy además desde la Lof Lafken winkul Mapu,  del territorio Relmu Lafken,  conocido como Lago Mascardi, enviaron una nota al gobernador  Alberto Weretilneck pidiendo una reunión. Exigen la solución política e inmediata al conflicto territorial de nuestra Comunidad, entendiendo que es Territorio Ancestral Mapuche y que se encuentra en disputa con Parques Nacionales, institución que fue creada sobre la sangre de nuestra gente, luego de la ya reconocida campaña del desierto. Son enfáticos al expresar la criminalización y estigmatización que recae sobre las comunidades mapuches que “fue alimentada por sus lamentables dichos racistas que son de público conocimiento, del cual también fueron cómplices los medios de comunicación hegemónicos serviles al Estado” y suman a la lista de responsabilidades a la ministra Bullrich y al presidente Macri, sus funcionarios y los jueces que  “muestran en sus discursos al Pueblo Mapuche como terroristas, usurpadores, delincuentes entre otros,  desviando el eje principal en discusión que es la propiedad de las tierras”.

Pilquiman cuenta que la comunidad Lofche Buenuleo, tiene su carpeta próxima a ser terminada, tiene un dictamen jurídico, antropológico y catastral, con una cartografía en donde estaría prácticamente concluido el relevamiento y la justicia sigue sin reconocerlo. Hay otros jueces que por el proceso de la ley 26.160 han tomado la fecha inicial de los relevamientos para suspender los desalojos. Sin embargo, en este caso la justicia no lo está tomando.

La realidad que Pilquiman pone en primer plano son las implicaciones que tienen las ocupaciones porque están en territorios bastante conflictivos como es el caso de la zona de Pino Quiñe que  está próxima a lo que llaman la cola de Vaca Muerta. También Newen Kurruf está en medio de pozos petroleros. “Esas son las situaciones en que están las comunidades, entonces la acción de la justicia genera sospecha. Entendemos que el marco legal lo dan los derechos indígenas,  la Constitución Nacional,  el Convenio 169, la ley provincial 2287 y la ley 26.160 de relevamiento territorial, ese marco jurídico no se ha tenido en cuenta en el momento de los fallos judiciales, por lo tanto parece que son parcializados y sobre todo desconoce el derecho indígena”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los derechos indígenas que rige en Argentina desde el 3 de julio de 2001 y reconoce “las  aspiraciones  de   esos  Pueblos  (Indígenas)  a  asumir  el  control  de  sus  propias  instituciones  y  formas  de  vida  y  de  su  desarrollo  económico  y  a  mantener  y  fortalecer  sus  identidades,  lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.

Pilquiman reconoce que detrás de cada órden de desalojo descubrieron que hay un nuevo Código Procesal Penal en la provincia “que es muy express, que favorece a los que tienen abogados y tienen recursos. A los que no tenemos los medios sea comunidades mapuches o cualquier vecino que sobrevive en este país, está condenado a ser desalojado, preso por la justicia rionegrina”. Sorprende que un código provincial pueda tener preeminencia por sobre lo que establece la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

La Constitución Nacional,  en la reforma realizada en el año 1994, reconoce la legitimidad del derecho indígena. En el artículo 17 de la Carta Magna, en su inciso 17, expresa: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Rafael Nahuel presente junto a las víctimas de gatillo fácil

Las comunidades mapuche aún tienen en la memoria que en noviembre del 2017 el Weichafe Rafael Nahuel fue fusilado por la espalda por un disparo efectuado por el prefecto Javier Pintos, perteneciente al grupo especial de Prefectura Naval Argentina (grupo Albatros) luego de una brutal cacería. Además, como son parte de la comunidad en la que viven e interactúan, reconocen que “de la misma manera que se violenta y reprime a las Comunidades Mapuche, también es la realidad que sufren muchos hermanos de nuestro pueblo que viven hacinados en los barrios más marginados de Bariloche y otras ciudades de la provincia producto de los despojos territoriales históricos, donde el  gatillo fácil se esta naturalizando”.

Lee más :

Prorrogar una ley imprescindible contra los desalojos de comunidades indígenas

Ley de Emergencia Territorial Indígena: crónica de una prórroga ineludible

Source

Gendarmería reprimió y detuvo a estudiantes y docentes que realizaban una medida de protesta pacífica en la Universidad Nacional de Rio Negro contra el ajuste que sufre el claustro. 

A 35 años del inicio del período democrático más extenso de nuestra historia como país, y en el Día Mundial de los Derechos Humanos, Gendarmería desalojó de forma violenta una toma pacífica del vicerrectorado de la Universidad  Nacional de Rio Negro, UNRN,  en General Roca. El violento operativo se inició a las 6 de la mañana y  tuvo como resultado la detención de seis mujeres y dos hombres.

El desalojo de la medida de protesta pacífica se realizó con un gran despliegue de las fuerzas de seguridad.   Con 13 camiones hidrantes, Unimog,   gases lacrimógenos y balas de goma, intenta ser el corolario del conflicto. El 14 de septiembre pasado, un grupo de estudiantes y docentes  que conformaron la Asamblea Interclaustro en Lucha,  decidieron tomar el vicerrectorado de la Universidad como medida de protesta, en el marco de inmensos recortes presupuestarios que afectan a todas las universidades nacionales, y a la educación en general.  En ese momento en respuesta a la medida, las autoridades de  la institución resolvieron  iniciarles una causa penal, lo que redundó en la profundización de las medidas de lucha.

“Esta toma se prolonga en el tiempo debido a la denuncia federal del rector Carlos Arzone a compañeras que continúan procesadas por delito agravado.  Es en este contexto que hoy nuevamente las autoridades en conjunto con las fuerzas represivas,  en el dia de la “democracia” y los derechos humanos desalojan, reprimen y detienen a docentes y estudiantes que permanecían en la toma”, explicó un estudiante de la UNRN en diálogo con la Radio Comunitaria La Revuelta.

Por su parte el periodista Carlos Castillo,  de Radio Antena Libre,  presente en el lugar,  expresó que “tenemos un despliegue policial impresionante, nunca visto antes para esta ciudad.  También relató que “fue detenido Fernando Larrubia, abogado de dos compañeras docentes, que se acercó al lugar ante esta situación” y así relataba el episodio: “el abogado de una de las docentes que estaba en la toma quiso cruzar al edificio para constatar el estado de salud de las personas. Lo retuvieron, se generó forcejeo y lo detuvieron. Una situación muy violenta que se disolvió por el gas pimienta que tiraron”.

Desde el gremio docente rionegrino, UnTER, repudiaron la militarización de la alta casa de estudios y expresaron que: “En el día Internacional de los Derechos Humanos, se produce un desalojo y militarizan la ciudad desde las 5 de la mañana, usan el carro hidrante y balas de goma, para dispersar a las personas que se acercaron preocupadas por el despliegue militar y agreden a la prensa. Rechazamos éste operativo excesivo, y expresamos nuestra preocupación por la integridad física de las personas detenidas.  A cien años de la Reforma Universitaria de autonomía, libertad de cátedra y cogobierno recordamos la frase del Manifiesto Liminar ‘los dolores que nos quedan son las libertades que faltan’. En un contexto de recorte presupuestario las y los docentes nos manifestamos en defensa de la educación pública”.

Con historia

En la provincia ha avanzado de manera exponencial la criminalización de la protesta, que desde siempre se ha ensañado con los pueblos originarios y que intenta aleccionar, por la fuerza de los palos y con los jueces de turno, a quienes levantan la voz contra las medidas de recorte. Tal como sostuvieron desde CORREPI, el desalojo con represión y violencia “muestran una vez más la impunidad de la avanzada represiva contra los sectores que se organizan contra las medidas de ajuste de los gobiernos provinciales, funcionales al gobierno nacional”.

Bien vale recordar que fue en Rio Negro donde se llevó a juicio a la docente Marina Schifrin, cuando protestaba junto a otras personas por salario digno en Bariloche en 1996; es también la provincia donde aún está fresco el recuerdo de Diego Bonefoi, el jóven de 15 años baleado en la nuca por el cabo Sergio Colombil;  la  misma provincia donde actualmente son legales las detenciones a menores de 18 años sin dar aviso a los padres y sin intervenciones de unidades judiciales específicas para niñez y adolescencia. La provincia donde el Grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel, cuyos responsables aún están impunes. Como parte de una extensa lista,  con víctimas como el trabajador desaparecido Daniel Solano, cuyos responsables siempre son las fuerzas que debieran cuidarnos.

Las y los detenidos  en el operativo en la UNRN fueron trasladados al Juzgado Federal de Fiske Menuco, General Roca, y según informó la Coordinadora contra la Represión Policía e Institucional, “la abogada Jorgelina Montero intentó tomar vista de las y los detenidos y ver su estado de salud, lo cual le fue negado por el mismo juez que impulsó el desalojo de la toma”.

Viralizada la noticia de la represión, organizaciones de DDHH, sindicatos y organizaciones sociales instaron a denunciar y exigir la liberación de las y los detenidos, que se encuentran en  el Juzgado Federal de Fiske Menuco, General RocaMaria . Las y los detenidos son: José Urruchua, Victoria Naffa, Virginia Naffa, Gloria Rojas, Samara Martín Coen, Manuela Farias, Lucas Pinos, Malen Irahola y Fernando Larrubia.

El conflicto de la Universidad Nacional de Río Negro no es más que una muestra más del tendal de víctimas institucionales del plan de ajuste  que recién empieza a cobrar notoriedad en los medios masivos con el accionar de las fuerzas de inseguridad.   La foto del conflicto comienza a ser visibilizado por  imágenes que muestran  las balas sonando y los gendarmes avanzando,  que reprimen a trabajadores y sectores populares que pese a todo se siguen organizando para resistir.

Source

Finalizaron las audiencias testimoniales en el Juicio oral y público por la responsabilidad de los siete policías implicados en la desaparición y homicidio de Daniel Solano. Conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados querellantes.

Las audiencias contra los siete policías comenzaron el 22 de febrero en los Tribunales de General Roca, provincia de Río Negro, ayer hubo indagatorias y la semana que viene serán los alegatos.

Daniel Solano era el trabajador que había llegado desde su Salta natal por tercer año consecutivo a trabajar en la cosecha de manzanas para Agrocosecha, una falsa cooperativa que tercerizaba su trabajo para la multinacional Univeg Expofrut en Lamarque, Río Negro. Daniel había reclamado por el mísero pago del viernes y el sábado siguiente, 5 de noviembre de 2011, al menos siete policías lo sacaron del boliche Macuba, lo golpearon, y lo llevaron inconsciente en dos autos.

El 19 de octubre de 2012, la Cámara Criminal Tercera de General Roca los había procesado con prisiones preventivas: a Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; a Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” y al oficial inspector Héctor César Martínez en carácter de partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Sin embargo, estuvieron detenidos menos de cuatro años y hoy continúan en actividad y portando armas.

En el camino, su padre, Gualberto Solano, llegó a los pocos días y se quedó soportando el frío y esperando por una justicia que le fue esquiva: murió el 3 de abril pasado.

En la localidad de General Roca (Fiske Menuco, como la llaman sus habitantes), conversamos con Leandro Aparicio, uno de los abogados que lleva adelante la causa, sobre las novedades de las audiencias y las expectativas en que el poder judicial esté a la altura de las circunstancias.

–¿Qué balance hacen después de todos estos meses de audiencias?

Entiendo que ya hemos puesto toda la carne al asador;  habló el 95% de los testigos que han visto específicamente la sacada de Daniel del boliche hasta la camioneta, que eso es invariablemente lo que nos han dicho que tenemos que hacer referencia al objeto del juicio. Al revés que la Cenicienta, que termina a las 12 de la noche, nosotros empezamos después de las 12 de la noche para la Fiscalía y para el Juzgado; o sea que nosotros no podemos mirar para atrás: no podemos mirar para AgroCosecha, para las gamelas ni para ExpoFrut, tampoco el encubrimiento policial: en este juicio únicamente se ventila que en el homicidio están imputados esos siete policías, las otras causas están todas paralizadas.

Con lo que pudimos filmar en las audiencias, podemos tener una instancia internacional en la comisión para probar lo que está pasando acá, una cosa que no sólo diga y que quede muerta en un expediente. Así que por un lado estamos satisfechos de que se haya probado y ratificado lo que se dijo en primera instancia, por lo que se permitió detener en 2012 a estas siete personas, que sólo estuvieron detenidas tres años y medio, y que, no olvidemos, son policías, tienen armas y cobran sueldo.

–¿Cuáles consideran que fueron los testimonios más relevantes?

–El de Susana Solano, hermana de Daniel, fue muy importante, porque ella relata el rol de la empresa, de los patrones de Daniel, que la trajeron a ella desde Córdoba, que le dieron la plata, que le pusieron los abogados, hasta que llegó Sergio Heredia (el otro abogado, oriundo de Salta) y se pudrió todo: los echaron de la casa y no les dieron más apoyo.

Pudimos ver el rol de Martínez, que comandaba la brigada que investigó al principio, que estuvo detenido y está imputado y que sacó a Daniel del boliche, que le decía a Susana: “Todas las pruebas que te lleguen a dar me las tenés que dar a mí”.

El día que vinieron a declarar desde Salta Maira y Romina, primas de Daniel, fue también muy fuerte porque Barrera, otro de los imputados, las miró, se les burló, y al fotógrafo y periodista Gustavo Figueroa lo amenazó de muerte.

La satisfacción que tenemos es que probamos todo. Llegamos hasta donde pudimos con el cuerpo, el Jagüel (donde según testigos habían arrojado el cuerpo de Daniel) fue adulterado: tenemos los dos videos de agosto de 2015 y luego de 2018 y un pozo que estaba tapado, atado con alambre, pero no podía entrar nadie, estaba totalmente alterado… así que nos queda seguir insistiendo con eso. En la última conversación que tuvimos, el padre de Cristian (Bonin), Gualberto, Sergio y yo, nos dividimos en comisiones. Gualberto dijo que no quería venir acá, le dolía mucho venir al juicio, tener a estos tipos en frente, ver sus caras. Entonces él y Cristian se iban a hacer cargo del Jagüel y nosotros íbamos a estar acá en el juicio. No se pudo dar, fue muy duro que se muera Gualberto en el camino.

–¿Cómo sigue el Juicio y qué planes tienen a futuro como querella?

–Quedan los alegatos, que van a ser largos, pueden durar 3 o 5 días. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos darán para hablar por día. Y después de esta sentencia, quedan las otras causas que ya veremos la estrategia. Por lo pronto lo que vamos a hacer después va a ser el tema del Jagüel, vaciarlo. Y después tenemos ya los resortes para denunciar a la provincia de Río Negro, aunque hagan cosas para desgastarnos.

Source

La hazaña del “Depo”, el club del pueblo de las 1.300 personas, trasciende a un campo de juego. Mística, honor, coraje y dedicación se conjugaron para darle al cuento de hadas real, un final feliz. En junio pasado la “Máquina azul y blanca” disputaba por primera vez un torneo de AFA y un cronista registró partido y ascenso con el corazón latiendo fuerte.

Ignorados y condenados a perder, a no existir. Ese es lugar que la historia le destina al pequeño, donde el más fuerte impone su ley a gusto y placer. Y el fútbol, como creación humana, no puede escapar a ese destino. Los denominados puntos perdidos en el mapa, registrados únicamente por la Santísima Trinidad, no tienen lugar en el banquete.

Pero en una conducta tan humana como la desigualdad, está el pequeño que se anima a desafiar al orden establecido. Y ocasionalmente, triunfa. Ese es Río Pico, el pueblo de 1.300 habitantes del Interior profundo de la Patagonia que conquistó su sueño y avanzó a la futura fase previa del Federal B. Un debutante absoluto en el fútbol oficial, afiliado hace ocho meses a la Liga del Oeste, clasificó a un torneo organizado por la AFA. La nota inicial de Jornada el 10 de mayo pasado sobre el club, “Pueblo pequeño, ilusión gigante”, resultó ser una profecía.

La utopía concretada

Río Pico es un soplo de aire fresco. Es un regreso a las fuentes de este deporte, es un grito de rebeldía ante la mugre. El “Depo” encarna los mejores valores de este juego. La transa y la prostitución, como diría Alejandro Lerner, resultan cansadoras. Río Pico representa lo contrario. El futbolero está hastiado de la rosca y de manejos sombríos. Por eso, la “Máquina Azul y Blanca” enamora y se convirtió en un fenómeno social que trascendió a un campo de juego. Es el triunfo de la utopía ante la realidad.

Juego pulcro al margen, Río Pico es sinónimo de pureza, mística, coraje y dedicación. Pero también de inclusión. El arquero Maximiliano Recalde es un símbolo de ello. Se radicó en el pueblo, según sus palabras, para cambiar la “mala vida” que llevaba en Buenos Aires.

En el último tramo del partido del domingo, Recalde atajó tres mano a mano a Independiente, mientras el “Depo” buscaba la igualdad que logró sobre la hora.

Posteriormente, detuvo el primer penal de la serie, aquel que abrió el último paso hacia la gloria. Recalde se consagró como heredero del abuelo riopiquense de Sergio Romero, quien militó en el club hace décadas. Por ello mismo, Recalde, al igual que todo el plantel, cuerpo técnico y dirigentes, se ganó a futuro el nombre de una calle, de una escuela o de un hospital.

El subsuelo de la Patria sublevado

Al igual que en Juventud Unida de Gobernador Costa o Río Mayo, por citar dos ejemplos, la identificación entre pueblo y club es total. Alrededor de 700 riopiquenses (según estimaciones que bien podrían quedar cortas) abarrotaron el Dante Aristeo Brozzi, sede de la vuelta del partido del domingo. Literalmente, más la mitad del pueblo se trasladó al recinto esquelense e invirtió la localía birlada por una maniobra de escritorio. Otros tantos viajaron desde la costa chubutense y de otros rincones de la cordillera. La otra porción de la comunidad siguió las acciones a la distancia, en diversos puntos de la Argentina.

Por ende, no extraña la magnitud de los festejos, que se prolongaron hasta la madrugada del lunes. El inicio fue el regreso de la caravana que acompañó al equipo y el plantel mismo, que iluminó las Rutas 40 y 19 de regreso a casa. Se trató de una luz similar a la ocurrida el anterior fin de semana. En ese momento, la comunidad agotó neumáticos y cajones de madera para hacer fuego, con el afán de evitar el congelamiento de su cancha y poder jugar allí la final de vuelta. Dicho esfuerzo, tuvo su recompensa el domingo. El subsuelo de la Patria sublevado, los ignorados, los sometidos, de vez en cuando, osan desafiar el statu quo y dar un grito estridente. ¿La misión? Decir que existen, que viven, que laten, que rugen, que sueñan. Río Pico hizo eso. Gritó bien fuerte para recordarle a quien debe, que está lejos de ser un punto perdido en el mapa. Y que la pureza y las utopías están bien vivas.

Source

En la ciudad de Viedma y en otras ciudades de la provincia de Río Negro, cientos de personas marcharon contra la instalación de una planta nuclear. La respuesta del gobierno: cambiar el lugar de instalación a Sierra Grande.

Cientos de personas marcharon ayer por las calles de Viedma. Para una ciudad de 50 mil habitantes, ver más de cuatro cuadras desbordadas por una marea humana que caminaba en silencio fue impactante. La movilización fue simultánea en otras ciudades en Río Negro.

La marcha partió desde la plaza Alsina, pasó por la plaza san Martín, donde se realizaron intervenciones artísticas y se detuvo en  la Legislatura de Río Negro para reclamar.

Mientras la numerosa movilización recorría Viedma el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, anunció la instalación de la planta en Sierra Grande.

En declaraciones radiales, Weretilneck intentó desarrollar la teoría de los gobiernos nacional y provincial al respecto: “¿Qué es una central nuclear? Porque si no pareciera ser que estamos fabricando una bomba”… ironizó. Y agregó: “Es una usina nuclear, es un lugar donde se genera electricidad, esta electricidad que consumimos todos. Lo que se está siendo es cambiar la fuente de generación de electricidad”.

Sin embargo, desde el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) con sede en la ciudad de Neuquén, realizaron un comunicado en el que describen que “La generación de electricidad a través de la energía nuclear es contaminante, peligrosa, costosa y no es sustentable ni ética”.

Más abajo se explaya sobre los motivos para tales afirmaciones: “Contamina y hace un uso desmesurado del agua dulce en la minería de uranio; es peligrosa en el transporte de los minerales y del uranio enriquecido desde las plantas de tratamiento hasta el reactor y en caso de accidente o fallas de la seguridad (recuerdan los accidentes nucleares de Chernobyl y Fukushima); es costosa comparada con otras energías alternativas de menor impacto ya que por ejemplo en el caso de los parques eólicos, éstos, tienen un cuarto del valor de una central nuclear y generan la misma cantidad de energía; no es sustentable ya que se alimenta de minerales que se estiman que tienen unas décadas más de duración”.

Uno de los puntos más sobresalientes es el que se relaciona con el futuro. Desde OPSur afirman que “no es ética ya que la industria nuclear propone aprovechar la energía producida en esta generación y hacerse cargo del pasivo ambiental a todas las generaciones subsiguientes”.

Por último, afirman, de manera contundente, que “promueve un modelo de desarrollo extractivista que alimenta la voracidad de los mercados y no la continuidad de los sistemas sostenedores de la vida en el planeta”.

Source

En Río Negro, el Consejo de la Magistratura inició sumarios a los camaristas penales Carlos Reussi y Daniela Zágari con acusaciones de mal desempeño de sus funciones en la investigación del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya. Por primera vez se incluyó a un ex fiscal, Ricardo Falca, jubilado en la actualidad.

Natalia Faluggi, como representante del Colegio de Abogados, presentó ayer un extenso informe ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro por el medio del cual se iniciarán sumarios a Carlos Reussi y Daniela Zágari, quienes en el momento del asesinato de Atahualpa actuaron como juez de instrucción y fiscal respectivamente.

Atahualpa Martínez Vinaya fue asesinado el 15 de junio de 2008. Fue encontrado el 16 en un descampado y con un disparo en la espalda, a 5 kilómetros del lugar donde había estado la noche anterior. Había ido al pub Miloka, en Viedma, junto con un amigo, Juan Pablo Guachinchail, quien fue al baño. Cuando regresó, unos minutos después, Atahualpa ya no estaba. Nadie lo vio salir, cuando se trataba de un pibe de 16 años que medía 1, 80 y pesaba unos 100 kilos. Ni los dos patovicas del boliche, ni los dos policías de la puerta. Tampoco, en todos estos años, pudieron encontrarse testigos que cuenten, que hablen de lo que vieron allí. Por eso la denuncia de la madre, Julieta Vinaya, y de su familia apunta a las complicidades entre la Policía y el Poder Judicial.

A partir de allí, comenzaron las irregularidades. Y eso es lo que plantea el informe de Faluggi, así como lo había detallado la comisión legislativa especial (armada en 2015 a partir de un pedido de la familia) que analizó la investigación: tanto Reussi como Zágari no realizaron las primeras tareas urgentes, como resguardar el cuerpo, cercar el descampado, allanar Miloka, el último lugar en el que había estado Atahualpa.

Por otro lado, la familia venía reclamando desde hace años la pericia genética sobre la campera de jean, que fuera secuestrada en uno de los allanamientos como prueba. La pericia fue realizada en septiembre de 2008, pero recién la incorporaron al expediente en el año 2012. El examen señalaba la presencia de rastros de sangre, compatibles con las del joven asesinado. La campera había sido encontrada en la casa de Felipe Carrasco, uno de los imputados, pero dijo que “pertenecía a Carlos Morales Toledo”, otro de los imputados, quien reconoció la prenda como suya. Tanto ellos dos como Melisa Belén Fernández Barrientos fueron los tres sospechosos absueltos “por falta de pruebas” en 2014. La causa fue elevada al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, quien decidió anular el fallo de absolución y reabrir la causa.

Este camino imbricado y sinuoso es el que recorre Laura y familiares, amigas y amigos de Atahualpa –siempre junto a otras y otros familiares de víctimas de violencia policial, de injusticia judicial, o como podamos nombrarlo– desde aquel 2008 en el que decidieron no bajar los brazos hasta conseguir Justicia.

Por eso el pedido de sumario aporta un dato importante: se incluyó ex fiscal Ricardo Falca, quien había reemplazado por unos días a la fiscal Zágari por esos días. A pesar de que en la actualidad está jubilado, podría sentar un precedente para quienes pasan a retiro para salvarse de juicios políticos.

Consultada por Marcha, Laura Vinaya, prima de Atahualpa nos contó: “Para nosotros ayer fue una victoria, si bien no está nada definido nada, porque pudimos escuchar de boca de los Consejeros de la Magistratura cosas que venimos diciendo desde hace años. Entonces, que de algún modo se legitime la palabra de una madre que sabe que hicieron las cosas mal y que no le permitieron aún enterrar a su hijo, es un logro”. Pero además, en este camino colectivo que viene tejiendo con familiares de otras víctimas, detalla: “Es también una posibilidad de ser una primera vez para otros: si logramos que haya una sanción para un fiscal jubilado va a ser todo una victoria. Podría ser un puntapié para otros actos de justicia que todavía están pendientes. La idea de ganar entre tanta pérdida son estos pequeños pero grandes logros de las luchas”.

Si bien el informe de la consejera Faluggi tiene carácter preliminar y aún falta la defensa por parte de las y los acusados, se inició ayer una investigación –que tiene como instructor sumariante al legislador Adrián Casadei– que puede llevar al juicio político a la mandataria y los mandatarios.

Source

El asesinato del policía Lucas Muñoz, un nuevo hecho que conmueve a Río Negro y que devela complicidades policiales, judiciales y políticas que salpican hasta al Gobernador. Frente a la falta de justicia, también hubo marchas y escrache.

Un nuevo hecho pone en primera plana una vez más el accionar de la Policía de la provincia de Río Negro. Esta vez la tragedia recayó sobre un efectivo de la propia fuerza policial, lo que parece mostrar que hay una compleja trama que no solo castiga a los sectores más pobres, tal como venimos contando, sino que recae sobre las propias internas.

El sábado pasado se realizó una nueva marcha en Bariloche en demanda de justicia por el crimen del oficial de policía Lucas Muñoz, y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Báez, que conmocionaron la ciudad en los últimos meses. Participaron familiares, amigos, amigas y vecinos de las víctimas, en la convocatoria que partió desde la Escuela de Arte La Llave y se dirigió por Onelli, Moreno y Mitre hasta llegar al Centro Cívico. A la movilización se sumó un escrache a los polícias implicados en el caso Muñoz, con carteles que aparecieron pegados en las calles céntricas de Bariloche.

Desaparición y asesinato del policía Lucas Muñoz

El viernes 12 de agosto despidieron los restos del oficial de policía Lucas Muñoz en la ciudad de Bariloche, desde donde partió hacia Ramos Mexia, su lugar natal, una localidad de 1000 habitantes, en la provinicia. El jóven policía Lucas Muñoz desapareció el 14 de julio en Bariloche, cuando se dirigía a tomar su guardia en la Comisaría 42. Salió de su casa y no se lo volvió a ver. Frente a su ausencia y la falta de diligencias para ubicarlo, su familia denunciaba que “No hay interés de la jefatura de buscarlo. Son los propios compañeros quienes realizan rastrillajes, se quedan después de hora para seguir sus pasos pero no hay órdenes explícitas de los jefes”.

En el curso de las investigaciones fueron imputados y detenidos policías, por sus implicaciones en el caso, mientras la trama llega hasta las cúpulas policiales y envolvió a varios jefes que fueran apartados. El propio gobernador intervino en el esclarecimiento del caso. La presión familiar se hizo sentir, con marchas, que se iniciaron el día 30 de julio, organizadas en medio del temor de la población por participar. El jueves 12 de agosto, al conmemorarse las 2000 rondas de Madres, en el Centro Cívico de Bariloche, junto a las Abuelas, también se pidió por juicio y castigo a los responsables de la desaparición Lucas. Después de 27 días de búsqueda, el viernes 12 de agosto, finalmente fue hallado sin vida el cuerpo de Lucas Muñoz, en un descampado en las inmediaciones de la Circunvalación de Bariloche, donde pocos días antes se hizo un rastrillaje sin resultados. Desde el colectivo Al Margen denunciaban que: esta vez no “desapareció” un joven por sus ideas, sino al parecer por saber algo del lado oscuro de la policía.

Quizás el caso más resonante mediáticamente fue el de Daniel Solano oriundo de Tartagal, que en noviembre de 2011 desapareció de un boliche. El joven había llegado a Choele Choel a cosechar fruta tras permanecer desaparecido, fue encontrado asesinado. El de Daniel Solano no es un hecho aislado. Hay otros casos de jóvenes desaparecidos y asesinados, en los que existen tramas vinculadas a la trata de personas, la violencia policial, la estafa empresarial y la impunidad judicial y política.

Ninguna casualidad

El abogado Sergio Heredia, que acompaña a la familia Solano por la desaparición y asesinato de Daniel, en declaraciones para Radio Encuentro de Viedma ratificó su postura crítica respecto del rol que viene jugando desde hace mucho tiempo la fuerza de seguridad en la provincia, y fue claro: “No hay que dejar que la policía participe en la investigación del caso Muñoz”. Recordó que el Oficial Daniel Irusta, recientemente detenido en el marco de las acciones judiciales por la desaparición de Lucas Muñoz, fue encubridor principal de los policías que asesinaron a Daniel Solano y de quienes dieron la orden, los dueños de Agrocosecha. Agrega: “Irusta, que debió ser exonerado de la policía, acaba de ser detenido en la causa Muñoz con sospecha de que también haya encubierto el accionar de policías”. El abogado Heredia afirma que la policía es un engranaje fundamental de actividades delictivas, que tiene una protección especial que le otorga la Ley Orgánica que no pudo ser modificada durante el gobierno de Wereltineck y que avala que sucedan estas aberraciones ya que un policía recién puede ser exonerado de la fuerza ante una condena firme. En ese sentido, afirmó: “Los policías tienen en esta provincia una protección que no tienen en otras provincias”

Policía, violencia y algo más

Cada año, miles de trabajadores temporarios viajan a Choele Choel, el pueblo donde nació Rodolfo Walsh, a cosechar fruta. El joven, de Tartagal, Daniel Solano visto por última vez allí en noviembre de 2011, es uno de los tantos que se desplazan a distintas localidades de la provincia.

En la Patagonia la policía tiene permiso para salir de cacería: detienen, golpean, desaparecen y matan a pibes. Sus familias buscan justicia y no la encuentran. Algunas causas judiciales están paralizadas. En otras se han desestimado pruebas contundentes que determinan el olvido del caso. Si no fuera por la lucha de los familiares la impunidad muchas veces sería ley.

Bariloche y RíoNegro aún tiene en el más fresco recuerdo el caso de Diego Bonefoi en donde la Cámara Primera del Crimen condenó a 20 años de prisión al cabo Sergio Colombil por haber baleado en la nuca al chico de 15 años. En este caso los jueces aplicaron una condena fuerte al ex cabo, pero rechazaron el pedido de perpetua de la fiscalía por considerarla inconstitucional, porque no habilita la gradación de la pena, no tiene fines humanitarios, y el condenado es joven. Así evitaron aplicar el artículo del Código Penal que castiga con perpetua a policías que cometieron un crimen semejante al de Bonefoi.

Un reclamo de justicia que se extiende en la provincia

Río Negro parece constituir un peligroso antecedente en materia inseguridad policial con un accionar repetitivo de casos en donde la fuerza se halla involucrada. Hace poco tiempo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia le otorgaba legalidad la práctica sistemática, que se realiza contra los jóvenes de sectores vulnerables, de detener por averiguación de antecedentes. El lunes 15 de agosto se realizó un corte en rutas 3 y 23 en reclamo de justicia y esclarecimiento. Familiares de desaparecidos de la provincia se organizaron para hacer oír el reclamo de justicia en distintos lugares. Con la activa participación de familiares de Lucas Muñoz en el empalme de las rutas 3 y la 23.

Los abogados de la familia del oficial de la policía Lucas David Muñoz, pidieron al fiscal a cargo de la investigación, que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sea citado a declarar dado que creen puede tener información sobre un supuesto “pacto de silencio” entre uniformados.

Sin justicia, con escrache

Un afiche circula en la región con las fotos de Rodrigo Hredil, desaparecido hace un año en Las Grutas, de José Codina desaparecido el 13 de julio pasado en Valcheta y cuyo cuerpo apareció sin vida, de Daniel Solano desaparecido y asesinado en noviembre del 2011, de Lucas Muñoz desaparecido y asesinado en Bariloche y el del taxista de Allen Carlos Painevil desaparecido en el 2012. En algunos casos el reclamo está unido al pedido “por una policía no corrupta y emparentada con el delito”, como claramente sucede con el asesinato de Daniel Solano y de Lucas Muñoz. Y en todos los casos hay un reclamo de una policía y una justicia más eficiente y que responda con celeridad y sin presiones al clamor de “no a la impunidad”.

El último sábado en el centro cívico de Bariloche se realizó una marcha por justicia para Lucas Muñoz y por los femicidios de Micaela Bravo y Natalia Baez. Al mismo tiempo la zona céntrica apareció empapelada con carteles que exhiben los rostros y nombres de los integrantes y exjefes de la Policía de Río Negro imputados por el caso Lucas Muñoz. Los carteles exhiben las fotografías de cada uno de ellos y una breve reseña que explica las razones por las cuales fueron apartados, trasladados y/o detenidos en el caso. En primer lugar aparecen los tres imputados por la desaparición y homicidio del oficial Muñoz: Federico Valenzuela Campos, Néstor Meyreles y Luis Daniel Irusta. Además son señalados Manuel Poblete, ex segundo jefe de la Regional Tercera, Jorge Elizondo ex comisario de la unidad 42º donde se desempeñaba Muñoz y David Paz, ex jefe zonal del departamento de Seguridad Vial

En el país crecen día a día las acciones en donde las fuerzas policiales se hallan involucradas en actos delictivos y represivos, contra los sectores de menores recursos, contra dirigentes y luchadores sociales. Quizas la más brutal expresión fue la represión a los jubilados en el Puente Pueyrredon, hace una semana, o la detención ilegal y arbitraria de la legisladora, para el Parlasur, Milagro Sala, que ha sido repudiado dentro y fuera de nuestro país y hasta por organismos internacionales.

El reclamo de justicia de sectores organizados aparece hoy como la acción más fuerte y contundente para oponerse al accionar mafioso, vestido de uniforme policial, que parece contar con cobertura política y judicial. Mientras tanto el gobierno nacional y sus funcionarios denuncian públicamente ser intimidados y apremiados por acciones incomprobables al tiempo que se comunica un plan contra el narcotráfico, que amenaza con incrementar el descontrol policial.

Source

En el día de ayer se esperaba la indagatoria de 4 militantes del Frente Popular Darío Santillán, sobre los cuales recae una imputación de “coacción agravada”, producto -según el municipio de Cipolletti- de manifestaciones realizadas a principio de año pidiendo comida para abastecer los comedores comunitarios. Se realizaron movilizaciones en varias provincias bajo la consigna “Protestar no es delito” para rechazar la acusación.

Al llegar al juzgado, en la localidad de Cipolletti, los militantes fueron informados de que la jueza se tomó días de licencia, por lo que no pudieron declarar. Sin embargo, lograron mantener una entrevista con el fiscal que instruye en la causa, Martín Pezzetta, para reclamarle que no se criminalice a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos. A esta causa se suma otra por amenazas a otros tres militantes. Allí el diputado Raúl Godoy, la abogada Victoria Naffa y Sabino López -uno de los imputados y referente del Frente Santillán- dialogaron con el fiscal para rechazar las acusaciones a los militantes y se reprogramó la audiencia para el próximo 8 de septiembre.

Los cargos que recaen sobre los 7 luchadores sociales son considerados delitos penales por la legislación argentina y pueden tener sentencias de cárcel efectiva. Sin embargo, a dos meses de registrarse la primera citación poco se sabe del origen de las causas y diversas organizaciones acusan al municipio de Cipoletti de estar ejerciendo persecución política a las 7 personas acusadas. Además, los militantes denunciaron que desde Acción Social se dieron datos para imputar a los imputados, violando datos públicos para armar la causa judicial  que pesa sobre los integrantes del FPDS.

En Chaco, Rio Negro y en Capital Federal diversas organizaciones populares se movilizaron para repudiar el proceso impulsado por el Intendente PRO de Cipolletti, Anibal Tortoriello, contra estos militantes sociales. También realizaron una conferencia de prensa en la entrada de los Tribunales locales donde enfatizaron la importancia de repudiar y denunciar estas persecuciones y armados de causas, frente a algo tan legítimo como el derecho a la protesta para pedir alimentos. En la Capital Federal  se movilizaron a la Casa de la provincia de Rio Negro y cortaron la esquina de Tucumán y Riobamba para visibilizar la denuncia de judicialización de la protesta.

Bajo el título de “Luchar por comida NO es delito”, organizaciones sociales, políticas, de trabajadorxs, y estudiantiles emitieron un comunicado donde declaraban que “Las denuncias e imputaciones que siguen llegando con el pasar de los días marcan un precedente muy grave en términos de disciplinamiento a lxs luchadorxs. Y se dan en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el municipio PRO de la ciudad, a través de sus políticas focalizadas. De esta manera, están depositando en cada uno/a de los trabajadorxs la responsabilidad de que ‘si no hay para comer es culpa de lxs propios trabajadorxs’, sin hacerse cargo de generar políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y proveer de alimentos a quienes nos organizamos y trabajamos para sostener los comedores comunitarios a los que cada vez son más las familias que se acercan arrojados por la falta de trabajo, la inflación y los tarifazos”.

Sabino López, referente del Frente Darío Santillán y uno de los que recibió la notificación con la acusación de “coacción agravada” denunció la persecución: “Como organización realizamos movilizaciones y cortes para denunciar que había un desabastecimiento de las copas de leche y que se estaba incumplimiento con la entrega de alimentos en los comedores. Hubo cortes en el Ministerio de Acción Social, en la municipalidad para rechazar el incumplimiento de la promesa de resolver la situación, ya que a fines de marzo aún no había ninguna repuesta”.

Luego de esos reclamos y de que comenzara a regularizarse la situación llegaron las acusaciones judiciales. “No se puede entender sobre qué actos se realiza tremenda acusación de amenazas y coacción, ya que lo único que buscábamos eran instancias de dialogo, y exigir promesas incumplidas por los funcionarios públicos, a través de cortes y manifestaciones, como manera de reclamar legítimamente por nuestros derechos”, reflexiona Sabino en relación al proceso que están viviendo.

Inicialmente no había claridad sobre qué hechos estaban siendo juzgados por que las acusaciones fueron emitidas en el comienzo de la feria judicial de Río Negro -entre el 11 y el 22 de julio-, “recién cuatro días antes de la primer indagatoria nuestra abogada tendrá acceso, esperamos, a los expedientes”, aclara Sabino López al respecto, y agrega que “no es tiempo suficiente para saber a qué nos atenemos a la indagatoria, y la manera tan rápida en la que llegaron las acusaciones con la feria encima dejan en claro que es una medida de aleccionamiento y no otra cosa”. La abogada a cargo de las causas, la Doctora Victoria Naffa, estuvo al frente de la causa que condenó a cadena perpetua en marzo pasado, al policía Villegas en marzo de este año, por el caso de gatillo fácil, que terminó con la vida del joven Pablo Vera.

Source

La abogada representante de la familia de Pablo Vera da cuenta del camino recorrido hasta llegar a la perpetua y a la prisión preventiva del policía Jorge Villegas. Esta vez, el gatillo fácil, el abuso policial y la connivencia con la Justicia tuvieron que dar un paso al costado.

El 25 de septiembre de 2014 un policía llamado Jorge Villegas disparó con su arma reglamentaria y en la nuca a un joven del barrio Gómez de Fiske Menuco. Pablo Vera había salido a disfrutar esa noche, y en la vuelta hacia su casa pasó enfrente de la casa del efectivo policial que, respondiendo al “olfato policial” propio de su función, cargó su arma reglamentaria y disparó contra él. Así convirtió esa noche en la última de Pablo.

Villegas sabía lo que hacía: era consciente de que había matado a un “pibe chorro” y que la institución policial lo ampararía. Era consciente de que la historia de la justicia rionegrina era la historia de la impunidad judicial-policial. Sabía que la policía había logrado desaparecer a Daniel Solano, que había aniquilado a Atahualpa y a tantos otros. Y sabía que luego del asesinato se iban a empezar a tejer ciertas redes que confluirían en su impunidad.

Lo que no podía saber Villegas es lo que efectivamente sucedió después de esa madrugada. Mató a un joven de los más estigmatizados de la ciudad, muchas veces detenido arbitrariamente, muchas veces golpeado por manos policiales, esas mismas manos que iban a acabar con su vida. Pero pese a todo esto, la familia y los amigos de Pablo no naturalizaban esa violencia, y su asesinato despertó la indignación propia del sentimiento de injusticia, y el dolor de la pérdida fue motor de una larga lucha que empezaba.

Junto con el acompañamiento de organizaciones sociales que fueron acercándose, la familia atravesó cada uno de los obstáculos que la justicia le iba imponiendo: vallas, provocaciones, ninguneos, represión, tortura, criminalización.
Así llegaron al juicio en febrero de este año y lograron una condena a perpetua. Es decir, que por primera vez se condenó a perpetua en la provincia a un efectivo policial que mató con su arma reglamentaria mientras estaba de licencia. La lucha de la familia y el acompañamiento de organizaciones logró que la Justicia reconociera que cuando un policía dispara, el que apunta es el Estado, como decía una bandera de la Coordinadora 13 de Enero en las afueras de Tribunales el día de la lectura de la sentencia.

Reconocer las connivencias policiales

Luego de ese logro teníamos una tarea pendiente: darle carácter estructural al asesinato de Pablo, al asesinato policial de jóvenes pobres. La consigna “no es un policía es toda la institución” nos seguía empujando a que se reconociera esto.

Y en alguna medida fue lo que se logró esta semana con el fallo del Superior Tribunal de Justicia, El mayor órgano judicial de la provincia reconoció no solo que Villegas actuó en cumplimiento de sus funciones, sino también que su pertenencia a la institución policial lo colocaba en peligro de fuga. El STJ tuvo en cuenta la posibilidad de “apoyo y asistencia de camaradas, tanto desde la información hasta medios materiales”. Y reafirmó, como lo hizo la Cámara Criminal III meses atrás, la existencia de “lealtades policiales” que en gran medida se percibieron durante las audiencias del juicio.

La confirmación de la prisión preventiva cobra así un doble sentido. Por un lado reafirma la lucha que venimos dando por Pablo y por la prisión perpetua y efectiva al policía Jorge Villegas. Pero, al mismo tiempo, pone en evidencia que las prácticas violentas de la policía son estructurales, y es la propia institución policial la primera en otorgarle impunidad a estos hechos.

En estos días la Policía de la Provincia de Río Negro atraviesa una de sus mayores crisis institucionales por la desaparición del policía Lucas Muñoz, hecho que pone en evidencia el poder que tiene el propio Estado de desaparecer y aniquilar a quien quiera, incluso a un propio efectivo policial.

El fallo del Superior Tribunal viene entonces a poner en evidencia y reafirmar este entramado de impunidad que envuelve al accionar judicial en la Provincia. Y tenemos claro que sólo fue posible gracias a la lucha que fuimos construyendo en estos últimos años en nuestra ciudad.

Somos conscientes de que es pequeño pero inmenso el logro conseguido en una Provincia donde la impunidad policial es el principio rector. El caso de Daniel Solano, de Atahualpa Martínez Vinaya y de tantos otros pibes asesinados por balas policiales lo demuestra.

La impunidad judicial y el privilegio a las fuerzas policiales seguirán existiendo. Pero sumamos un nuevo precedente que, al igual que la perpetua conseguida en febrero, nos lleva a seguir pronunciando siempre los nombres de quienes murieron por el accionar del Estado.

*Abogada, parte de la Coordinadora 13 de Enero

Source