Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

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Técnicamente, el RIGI implica la creación de un ámbito extraordinario de grandes privilegios para actores
y sectores económicos muy acotados y selectos, y que ya de por sí ostentan una clara posición dominante
de mercado y condiciones objetivas de incidencia no-democrática sobre las decisiones estatales. La
fórmula es: más incentivos para una mayor concentración (económica y de poder).

Producto de la “división internacional del trabajo heredada” desde la Colonia, los sectores económicos
más poderosos son los históricamente vinculados a la explotación de las riquezas naturales de nuestra
geografía. Desde los cueros, el tasajo y la lana a la soja transgénica, la minería a gran escala y los
hidrocarburos no convencionales, del siglo XIX al siglo XXI, la economía del país se ha estructurado sobre
cuadrículas mono-exportadoras de materias primas sujetas al control económico, comercial, tecnológico
y financiero de grandes capitales transnacionales. Los grandes beneficiarios del RIGI son esas mismas
grandes corporaciones del agronegocio, la minería y los hidrocarburos con posiciones oligopólicas en el
mercado mundial y más aún en el interno. Hablamos de tres sectores que concentran el 90 % de las
exportaciones y que están bajo el control de las 200 firmas más grandes que operan en el país; entre ellas, las 50 primeras controlan el 70 % de los saldos comerciales (Cantamutto y Schorr, 2021).

El extractivismo no es una categoría apenas “ambientalista”; es un concepto ecológico-político. Alude a un patrón de poder basado en la concentración oligárquica del control y la capacidad de disposición sobre las energías vitales (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad y fuerza de trabajo) de poblaciones y territorios. Los efectos del extractivismo no sólo tienen que ver con la degradación sistemática de los ecosistemas (que son la base indispensable de la vida); conlleva gravosas consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas. El extractivismo está en la raíz estructural del histórico déficit democrático de nuestra sociedad. Por definición, a mayor concentración de poder, menos democracia. A mayores privilegios, menos derechos.

La (i)racionalidad económica: dólares para hoy; fuga y más deuda para mañana.

Los únicos argumentos esgrimidos para justificar la imposición del RIGI remiten a la doble “necesidad y
urgencia”: de dólares (para pagar las obligaciones externas) y de ingresos fiscales (para presuntamente
controlar la inflación). Esto último raya en lo absurdo y menosprecia la inteligencia de la ciudadanía: lo
que el RIGI de hecho va a crear es un fabuloso entorno de rentabilidad extraordinaria garantizada por la
ecuación fiscal de privilegio que el Estado concede a “grandes inversionistas”. Con esa ecuación, a mayor
actividad económica, no sólo tendremos menos ingresos fiscales en general, sino también mayor
inequidad tributaria: los más grandes pagarán (mucho) menos y el peso fiscal del aparato burocrático
recaerá sobre el resto de la sociedad; y, más que proporcionalmente, sobre los sectores de consumos
básicos.

Ya los subsidios y exenciones fiscales que usufructúan mineras, petroleras y empresas del complejo agro-exportador son inadmisibles y, en lugar de quitarlos, el RIGI viene a ampliarlos. Sólo lo que el Estado dejó de percibir por las exenciones fiscales impuestas por la Ley de Inversiones Mineras fue de 14.563 millones de pesos en el 2022; 28.852 millones en el 2023, y 55.560 millones, según la previsión presupuestaria oficial para el 2024.

La “necesidad de divisas” tampoco es un argumento sostenible. El RIGI extiende y garantiza los
mecanismos de transferencia de divisas que disponen los grandes exportadores: no sólo les otorga la libre disponibilidad de divisas de sus exportaciones (20 % en el primer año; 40 % en el segundo y 100 % en el tercero) sino que deja abierta la puerta para la evasión fiscal y transferencia de excedentes a través de operaciones intra-firma, como los casos de pagos de intereses por créditos que las empresas toman de
sus propias casas matrices y los casos de sobre-facturación de importaciones y/o subfacturación de
exportaciones. Esto es (o debería serlo) ampliamente conocido por los legisladores de la Provincia de
Catamarca, con el antecedente flagrante de evasión fiscal y fuga de capitales comprobada por la AFIP y la Justicia respecto a la Minera Livent (8 millones de dólares en 2018/2019 y más de 13,5 millones de dólares en 2022/2023).

En definitiva, los dólares que ingresen hoy por los “incentivos” del RIGI serán los que alimenten la fuga, la escasez de divisas y la deuda externa de mañana. El ciclo de ingreso especulativo de capitales, crecimiento con endeudamiento, crisis de Balanza de Pagos y nuevas concesiones para realimentar la expansión de la frontera extractivista con nuevos umbrales de concentración económica y pauperización social, es lo que resume la historia de la deuda externa y los flujos de capitales, desde la dictadura a estos cuarenta años de democracia.

Desmantelamiento del tejido productivo y polarización social

La economía política del extractivismo no sólo involucra una espiral de concentración económica. Supone
también una escalada creciente de sobre-simplificación y uniformización de la diversidad biológica, sociocultural y económica de los territorios para reconfigurarlos como grandes plataformas monoculturales de exportación de materias primas. La reprimarización de la matriz productiva y socioterritorial del país fue de la mano del desmantelamiento de las capacidades tecnológicas productivas endógenas, el correlativo deterioro cuantitativo y cualitativo de empleos y salarios; por tanto, de niveles crecientes de fragmentación laboral, dispersión salarial, precarización y pauperización generalizada de la fuerza de trabajo.

A medida que la riqueza geográfica y sociocultural del país se fue transformando en un desierto de soja,
“open pits” y “triángulos del litio”, fracking y gasoductos, el deterioro productivo se convierte en fractura
social. La reprimarizacion de la economía implica un crecimiento estructural de las brechas de desigualdad entre estratos sociales. La concentración económica se traduce en una estructura de clases con minorías cada vez más selectas y cerradas en privilegios patrimoniales de un lado, y, del otro, amplias mayorías libradas a las fuerzas de mercado de la precariedad, la informalidad y salarios por debajo de la línea de pobreza.

Hace más de setenta años -desde Prebisch y Germani, Frank, Cardoso, Furtado, Quijano y una larga y
diversa lista de investigaciones clásicas-, las ciencias sociales latinoamericanas han revelado que el
crecimiento primario-exportador significa el desarrollo del subdesarrollo. Esperar en el siglo XXI que una
fórmula del siglo XIX produzca resultados diferentes, es de una necedad absoluta. Insistir en el “derrame”
no es un argumento que se pueda sostener de buena fe. Una vez más, en Catamarca pasó Alumbrera y la pobreza quedó. Quedó también el open pit, el dique de colas y unos pocos que se enriquecieron espuriamente. La pobreza estructural quedó. Y se profundizó.

No es verdad que las únicas que se benefician con el RIGI son las grandes empresas transnacionales,
aunque sí es cierto que son las principales ganadoras. Junto a ellas, los serviles grupos de poder internos
que hacen sus negocios con tercerizaciones, intermediaciones comerciales, legislativas y políticas,
especulaciones inmobiliarias y financieras, y otros servicios anexos, son también beneficiarios del régimen de privilegios. Por eso, en última instancia, también votan por su sanción.

La ecuación política del RIGI: privilegios para inversores, desprotección para las poblaciones

De Martínez de Hoz a Milei, asistimos a una drástica reconfiguración oligárquica de la sociedad argentina. Cada nueva oleada de transferencia estatal de privilegios a sectores privados ha significado concomitantemente la degradación del sistema republicano de justicia y gobierno. Eso alimenta una crisis crónica de representatividad y el vaciamiento de la legitimidad política. El sistema político se muestra crecientemente incapaz de ofrecer y construir un rumbo histórico, democrático y viable como Nación.

La expansión y profundización de la frontera extractivista está asfixiando las aspiraciones y condiciones
más elementales de una sociedad democrática. No sólo explica el ciclo de endeudamiento y pauperización. Se trata de la “captura del Estado” por parte de actores y sectores dominantes con capacidad de meta-regulación y hasta poder de veto sobre las políticas públicas (Schorr, 2023). En esa escalada, el RIGI constituye un paso extremo hacia la radicalización del déficit democrático. El blindaje de privilegios de los “inversores” tiene como contracara el desmantelamiento de los derechos constitucionales más elementales. Estamos ante un nuevo régimen político de facto, que subordina la ciudadanía al imperio del “inversor”.

El blindaje de privilegios para inversores incluye la renuncia de la propia potestad legislativa para el propio Estado y la denegación de la competencia federal de las provincias. Supone incluso, la propia renuncia a los fueros judiciales propios. Ninguna ley, ni nacional ni provincial podría contradecir ni interferir con las concesiones otorgadas por el RIGI (Art. 163 del Proyecto de Ley Bases). Ningún juez ni fuero del sistema judicial del país podría juzgar o intervenir sobre los titulares beneficiarios del RIGI; cualquier demanda se debe plantear ante instancias de Arbitraje Internacional (CIADI) (Art. 219). Por fin, el RIGI otorga a los inversores prioridad sobre la propia población respecto al suministro, transporte y procesamiento de los insumos para sus proyectos, lo que incluye agua, energía, infraestructuras, servicios públicos, etc. (Art. 191). Se trata, por tanto, de un régimen de transferencias no sólo de riquezas financieras, sino ya de impunidad y de poder de disposición sobre los territorios.

Espiral extractivista y deriva neocolonial

En un mundo atravesado por múltiples tensiones y soterradas confrontaciones geoeconómicas y geopolíticas, donde grandes capitales y grandes potencias se disputan lo que para ellos son “recursos
estratégicos” frente a las múltiples dimensiones de la crisis material, económica y social de un planeta esquilmado, las élites que nos gobiernan han socavado al extremo las bases materiales de la soberanía
política.

La espiral extractivista seguida por la economía argentina desde la dictadura hasta nuestros días, nos ha convertido en un país crecientemente dependiente, vulnerable y a la deriva, sujeto a los intereses de
grandes potencias y grandes conglomerados corporativos del capital. En ese curso, el RIGI representa un
salto de escala extremo y temerario: de Menem a Milei, la entrega fue de la dilapidación y desguace del
capital público vía privatizaciones, a la lisa y llana entrega del territorio como la base más fundamental
del patrimonio público común.

Ante un mundo asediado por las amenazas de guerras por “recursos”, frente a escenarios de crisis
energética y alimentaria, de escasez hídrica, de minerales y de nutrientes, las exorbitantes cuotas de
poder concedidos a los “inversores” para disponer a su antojo de los bienes territoriales del país, nos
coloca en una situación de dependencia y vulnerabilidad extrema; en el umbral de la propia inviabilidad
como país.

Necedad extractivista y ceguera financiera frente al valor de lo real

Por último, pero en primer orden de gravedad: la férrea continuidad del modelo extractivista ha
acentuado la devastación ecológica de los territorios, los procesos de retracción y erosión de la
sociobiodiversidad, y las dinámicas de contaminación, desplazamiento y conflictividad socioambiental.
En un contexto en el que las alteraciones de los equilibrios biosféricos están dando pasos a crecientes y
sucesivos eventos catastróficos y de colapsos locales y regionales, donde la lógica de “explotación de
recursos” está sobrepasando los límites planetarios de bioseguridad humana, el RIGI viene a intensificar
y acelerar la destrucción de territorios habitados. Coloca al país como una zona liberada para el saqueo,
la explotación y la contaminación a gran escala. Mientras la geografía del país se convierte en plataforma
de transferencia de subsidios ecológicos hacia grandes potencias, las poblaciones locales quedan
absolutamente desprotegidas y a merced de “los inversores” (FARN, 2024).

Lo que precisamos es justamente todo lo contrario: cambiar de rumbo radicalmente y re-orientar las
economías hacia el resguardo y el sustento de las poblaciones. La explotación con exclusivos criterios de rentabilidad financiera de los bienes naturales que sustentan la vida (aguas, fuentes de energía, diversidad biológica y genética, minerales, bosques) va absolutamente a contramano del rumbo geológico que -como país y como especie- debiéramos seguir ante el estado crítico de la vida terráquea.

¿Cuánto vale un río, un humedal, en una provincia árida, en tiempos de crisis climática y calentamiento
global? La necedad extractivista ni se lo pregunta. Su ceguera financiera les impide ver el valor de lo real. Su cortoplacismo es socialmente suicida. ¿Cuánto vale un río? No es apenas una pregunta retórica. El presidente Milei ha dicho que, hoy por hoy, no vale nada; y aunque no tenga razón, está en lo cierto. En
una provincia como la nuestra, la transnacional Livent ha secado impunemente una vega principal del río
Trapiche, fundamental para les habitantes de Antofagasta; no sólo eso, continúa operando y ha ampliado
su explotación. ¿Cuánto vale un río?, es una pregunta que revela la desnudez jurídica de las poblaciones;
la vida al desamparo de los nuevos territorios a ser sacrificados en el altar del “progreso”.

* Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur. (IRES, CONICET-UNCA)

Referencias:

Cantamutto, F. y Schorr, M. (2021) “Argentina: las aporías del neodesarrollismo”. https://nuso.org/articulo/argentina-las-aporias-del-neodesarrollismo/
Schorr, M. (2023) “Democracia, economía y captura del Estado”. https://nuso.org/articulo/308-democracia-economia-captura-del-estado/
FARN (2024) “Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente”. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/FARN_RIGI.pdf

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Por la Unión de Asambleas de Comunidades | Foto: Alumbrar – Minga

El RIGI beneficia a grandes inversiones a las que considera “de interés nacional, conducentes a la prosperidad del país y promotoras del desarrollo económico, de la competitividad, del aumento de las exportaciones y de la creación de empleo”. Según la redacción de la ley, se trata de crear un “régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”. 

Los proyectos protegidos por el RIGI, que se aplicará a inversiones de al menos 200 millones de dólares por 30 años, se enmarcan en los distintos ejes del extractivismo al que vienen siendo sometidos nuestros territorios: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Y las formas de “protección” se basan en beneficios tributarios -como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% (en lugar de la tasa general del 35%), aduaneros -exención de derechos de importación y de exportación- y cambiarios -excepción de la obligación de liquidar y negociar en el mercado de cambios y libre disponibilidad de divisas-.

Además de estas formas de incentivar y proteger las grandes inversiones extractivas, hay otras que también preservan esos intereses. El Plan de Seguridad Productiva es esa otra cara de la misma moneda. Este plan incluye la creación de la Unidad de Seguridad Productiva bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, cuyo objetivo es garantizar una seguridad especial para esos “proyectos de gran contribución al crecimiento del país” -tal como los incentivados a través del RIGI-, ya sea “por el volumen de su producción, la magnitud de su aporte, la sensibilidad del material derivado o el alto valor de sus productos”. Es el Ministerio de Seguridad o el Poder Ejecutivo los que definirán qué empresas recibirán la atención de esta unidad en función de criterios tan difusos – “evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública”- que es muy amplio su rango de acción. 

La Unidad de Seguridad Productiva es un medio de resguardar inversiones, las que se supone que van a llegar a través de los favores otorgados por el RIGI a los grandes capitales. La propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dejó dudas al respecto: “Se tomó la decisión (…) de implementar esta política (…) sobre todo, tras la aprobación de la Ley Bases que abrirá un nuevo contexto de inversiones”. 

Se trata de blindar las actividades extractivas, a las que no sólo se incentiva y beneficia, sino que también se protegen a través de una entidad dependiente de un ministerio, que no sufre ningún recorte presupuestario porque está claro que es imprescindible para frenar las resistencias territoriales que vienen enfrentando los extractivismos desde hace décadas.  Un ministerio que dejó claro desde la asunción de este gobierno que hostigará, reprimirá,encarcelará y con la justicia como cómplice, juzgará a quienes nos opongamos a él.

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Por Victoria Fernández Almeida* | Fotos: Susi Maresca **

Tanto el proceso de reforma, como la Ley institucionalizan el saqueo y el extractivismo, refuerzan y doblan la apuesta sobre el andamiaje jurídico que se consolidó en los 90 con la modificación del código minero y las leyes mineras. 

El 2023 marcó la vida institucional de la provincia de Jujuy, se desarrolló un proceso de Reforma Constitucional que fue ampliamente denunciado y objetado, por sectores gremiales, indígenas, por mujeres, disidencias y población en general. Las instancias de participación fueron restringidas a sectores afines al oficialismo y fueron meramente declarativas. De manera reiterada se votó en las sesiones de comisiones de que no se diera voz a quienes se acercaban “por una cuestión de tiempos”, alegando que dar espacio para que se manifiesten sólo retrasaría los tiempos de sesión de la convencional. 

Cumplieron con un marco mínimo de legalidad que suele ser una práctica de los gobiernos de tinte autoritario, justificar decisiones políticas con marcos legales que no han sido consensuados democráticamente. Tenían una Ley de necesidad de reforma, tuvieron elecciones de convencionales constituyentes y una convencional sesionando, pero sin un pueblo que avale esta reconfiguración del texto constitucional, siendo claros signos de prácticas antidemocráticas. Durante los dos mandatos el oficialismo jujeño construyó marcos institucionales que fueron el sostén de estas decisiones. 

En el marco del texto constitucional reformado debemos poner especial atención a las reformas introducidas que impactan en lo ambiental. Es diversa y de alguna forma explican ciertos movimientos y acuerdos que está haciendo el gobierno de la provincia de Jujuy actualmente. Señalamos dos puntos para analizar con atención: 

Primero se modificó el artículo 22, titulado de Derecho al ambiente , en el mismo se elimina el inc. 2 que antes disponía como una obligación del estado provincial “eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello que de algún modo afecte o pudiere afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad”, al cual reemplazó por el actual artículo 22 que si bien consagra el derecho de todos los habitantes de la Provincia a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de cuidarlo y protegerlo, ya no menciona la obligación de evitar el daño ambiental sino sólo que él mismo “genera la obligación de recomponer, reparar e indemnizar, según lo establezca la ley” (nuevo art. 22 inc. 2).

Esto en la práctica implicaría la omisión por parte del estado provincial de medidas tendientes a prevenir daños ambientales derivados de diversas actividades y un ir en contra de lo dispuesto en la normativa nacional, tanto del artículo 41 de la Constitución Nacional como de lo consagrado en la Ley General del Ambiente. 

Esta modificación da por sentado un daño y solo dispone las obligaciones luego de producido el daño, cuando sabemos que ciertos daños ambientales no pueden ser reparados, recompuestos y que no hay indemnización que cubra los costos de estos. Pensemos en las zonas de la quebrada en Jujuy, que sufre estrés hídrico, y cuando un acuífero que provee agua a las poblaciones se seca, la recomposición de ese acuífero puede demorar la vida de una persona: no hay indemnización que pague semejante daño. 

En el mismo artículo señala que “El Estado impulsa vínculos cooperativos con la sociedad y con los sectores público, privado y académico para fortalecer abordajes que promuevan el derecho a un ambiente sano y equilibrado, favoreciendo la gobernanza ambiental multinivel, intersectorial y multidisciplinaria” (nuevo artículo 22, inc 5 y 6), estas disposiciones, en este contexto donde la consulta libre, previa e informada y el consentimiento no son garantizados de manera plena, resulta un peligro para las comunidades indígenas locales. Estamos frente a un entramado que busca no sólo garantizar los minerales para las empresas sino que también el manejo del agua. 

Estas modificaciones no son casuales ya que entró en escena en las últimas semanas Mekorot empresa pública israelí de agua, la cual se presenta como empresa líder mundial y que ha posicionado a Israel como potencia hídrica en la OCDE. “El agua es nuestro negocio” dice en la presentación de su página web. 

En cuanto a la incorporación del CAPÍTULO QUINTO denominado NUEVAS DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, aquí se incorpora el artículo 68 que ratifica el dominio de los recursos naturales contenido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, y no solo menciona sobre el aprovechamiento sostenible sino sobre el aprovechamiento económico de esos recursos. Esto sumado a lo contenido en el artículo 69 sobre energías renovables, algo que a todas luces puede resultar necesario en el actual contexto de crisis climática, también puede ser un andamiaje para garantizar el saqueo y la apertura indiscriminada de empresas que depredan los bienes comunes, siendo el estado provincial un granate de estas políticas pro mercado. 

Podemos decir entonces que la reforma constitucionalizó a nivel local el extractivismo, porque estando en Jujuy sabemos que cuando hablamos de recursos naturales y estratégicos nos estamos refiriendo exclusivamente al litio. Aquel mineral que se presenta como un eslabón necesario para transicionar hacia energías renovable y abandonar los combustibles fósiles, en los territorios en su mayoría comunitarios donde se encuentra, su extracción deja innumerables daños, no solo ambientales, sino humanos, ya que volviendo al ejemplo anterior, en una zona de stress hídrico cuando las fuentes que proveen agua se sequen, las poblaciones tendrán que migrar a otras zonas de la provincia.

Muchos análisis se han hecho de la ley bases y del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) y de las implicancias ambientales de esta apertura indiscriminada a grandes empresas. Este régimen promueve la institucionalización del extractivismo, redoblando la apuesta de la normativa nacional sancionada en los 90, transformaciones legislativas que por un lado, limitan la capacidad del Estado para explotar minerales a partir de la modificación del artículo 9 del Código de Minería, y por otro a partir de la actualización de la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 se equiparan los inversionistas nacionales y extranjeros. Por otro lado con la Reforma Constitucional Nacional en 1994, y la incorporación del artículo 124 mediante el cual se determina que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Ante esto nos preguntamos, ¿Es La Rioja la próxima provincia en reforzar andamiajes jurídicos extractivos a través del actual procesos de reforma constitucional que está llevando adelante? ¿Es el reconocimiento del derecho humano al agua una garantía para para todas, o solo para las grandes inversiones?

* Coordinadora del área DESCA (Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales) de ANDHES. Abogada, investigadora becaria del CONICET

**Proyecto fotoperiodístico “La ruta del litio: voces del agua”

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