Por Redacción Marcha | Foto:  Nazareno Chavez

La gestión de Alberto Fernández inauguró recinto parlamentario con el envío al Congreso de la Ley de Emergencia Económica, proyecto que generó mucha polémica y diversas posturas a favor y en contra al respecto en todo el arco político. 

De este modo, y sin dilaciones, se reavivó el debate sobre el posicionamiento del Estado en relación con tópicos que forman parte del corazón de la recaudación impositiva: jubilaciones, retenciones, impuesto al dólar y ganancias, entre otros hitos. Cada gobierno, tarde o temprano revisa estos pilares y asume su postura al respecto. Lo que nos recuerda que conocemos a un gobierno, no tanto por sus ideas de campaña, sino por la letra chica de sus medidas. Fernández parece tener apuro en no dejar dudas al respecto.

Consultando a diversos especialistas, intentamos desglosar la propuesta en ciernes y volverla comprensible para la mayoría. ¿De qué manera afectará a nuestra economía? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿En qué medida representa un ajuste y cuál es la situación de coyuntura que obliga a llevar a cabo estas medidas? ¿Qué hay en la propuesta de viejas y/o nuevas recetas?

La emergencia fiscal

En primer lugar, cabe decir que el paquete enviado al Congreso implica el reconocimiento de la gravedad de la crisis fiscal y financiera de nuestra economía. El planteo de Alberto Fernández -sostenido luego por el Ministro de Economía- da cuenta de que la Argentina se encuentra en una situación que podemos llamar default técnico, o al borde del default. Esta palabra, tantas veces escuchada desde las empresas de comunicación guarda una relación con otra también famosa: riesgo país, se trata de una serie de conceptos que dan cuenta de la relación entre un país con su acreedor y que comunica una situación de incumplimiento ante un préstamo. En el caso de la Argentina, el mismo se efectuó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A este contexto, se le suma un nivel de déficit fiscal crónico, que podríamos entenderlo como aquella relación en la que el gasto realizado por el Estado supera los ingresos no fiscales y que se ancla también al pago de intereses de deuda. Esta posición da por tierra con el plan de retomar el camino de consumo y de crecimiento a través de la emisión de moneda, que hoy se encontraría sin respaldo y supondría un enorme riesgo.

Este panorama presupone un conjunto de enormes desafíos políticos para el gobierno, que se plantea la necesidad de, en primer lugar, obtener una cantidad de recursos fiscales; y en segundo lugar, a partir de estos, abrir una negociación con el FMI y con los bonistas en ciertas condiciones de credibilidad. A su vez, la gestión se enfrenta al dilema de no confrontar de manera inmediata con la base social que derrotó al macrismo y no romper con la expectativa y el espectro amplio de consenso que se creó sobre su gestión en la sociedad. Parece una ecuación de difícil resolución. 

Retenciones al Agro y Megaminería

La medida de las retenciones –que podemos entender como forma de cobro adelantado de impuestos por parte de las autoridades tributarias sobre los ingresos de determinados contribuyentes- responde a la preocupación por la fuente de divisas.  Sin embargo, más allá de la réplica mediática y la presión generada durante los últimos días por parte de los referentes de la Sociedad Rural, el verdadero aumento de las retenciones realizado, prácticamente, compensa una devaluación. Es decir, que no se trata de un aumento en términos reales sino una recaptura de parte de los ingresos producidos por el fenómeno devaluatorio. 

Por otro lado, cabría señalar que no se está cuestionando ni un ápice del modelo agro exportador, basado en el cultivo de la soja y el uso de agrotóxicos. Al menos hasta ahora, si bien se reconoció el trabajo de las cooperativas y grupos de agricultura familiar, no se expresó la voluntad de avanzar hacia una política de transición agroecológica. Por otro lado, con respecto a la extracción de hidrocarburos no convencionales, que se centra sobretodo en Vaca Muerta y la implementación de megaminería en distintas partes del territorio nacional, encontramos un estímulo fiscal, bajando las retenciones del 12 al 8 %. Este accionar nos habla de una manera de comprender a los bienes comunes como mercancía.

La profundización del modelo extractivista aparece como una de las principales demandas que se realizan desde los organismos financieros hacia los distintos países que toman deuda. Esta es una de las trampas de la deuda adquirida y perfila uno de los escenarios de conflicto social más importantes en los próximos años, frente al rechazo a la minería en varios territorios, que ya se vio reflejado estos días en los reclamos contra la modificación de la Ley. 

El recorte de siempre: derechos laborales y jubilatorios

En relación a las cargas específicas sobre las y los trabajadores activos y pasivos, no se estaría planteando una intervención en ganancias, lo cual implica que, en términos generales, el sector de trabajadoras y trabajadores alcanzados no se modifica de forma que esta carga continuará pesando sobre ellos y ellas. Además, cabe aclarar que, según algunas apreciaciones de especialistas, con un aumento por debajo de la inflación del mínimo no imponible podría inclusive aumentar la carga tributaria y la cantidad de las y los trabajadores alcanzados.

En relación a las jubilaciones, se impone una restricción de la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales que tienen el 82% móvil. Además, el gobierno pone en eje la perspectiva de un cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, dado que el aumento de la inflación impactaría sobre la recomposición de una gran cantidad de jubiladas y jubilados -que algunos calculan en un 29% para el próximo semestre- lo cual sería, según fuentes oficiales, impagable para las arcas fiscales en estas condiciones de recomponer ingresos y egresos. Entonces, la opción primera que aparece es eliminar la movilidad por seis meses, no pagar el 29% y pagar de acuerdo a cómo evolucionan las cuentas fiscales un porcentaje por decreto, para luego crear una comisión que cambie el cálculo de la movilidad. 

En lo inmediato, si bien no está especificado cuál sería el aumento por decreto, es evidente que la intención confesa o inconfesa es no tener una carga fiscal muy grande. Mientras que la compensación a jubiladas y jubilados por decreto contemplaría a quienes perciben desde la jubilación mínima hasta 19 mil pesos (compensación cuyo monto aún se desconoce), quienes perciben una jubilación mayor sin por eso ser ricos ni mucho menos, podrían quedar perjudicados. Es importante señalar la situación de emergencia en la que se encuentra este sector, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la canasta estimada para quienes perciben jubilación y/o pensión, según la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires es de 38 mil pesos. Entonces, si bien la medida protegería a la franja inmediata más vulnerable y se emplea otra serie de medidas como la rebaja de los valores de los medicamentos tras el acuerdo con el sector farmacéutico y las tarjetas de alimentación surgidas tras la mesa del Plan Contra el Hambre, esta medida dejaría sin actualización jubilatoria ni compensaciones a otros por encima de los 19 mil pesos, pero aún por debajo de la canasta básica.

En lo que respecta al impuesto al 30% a las transacciones en dólares y viajes al exterior, se buscaría, por un lado, tener el balance positivo que mantiene el control de cambios y por otro lado, encarecer el turismo en el exterior de tal manera no sea una fuente de hemorragia de divisas.  De este modo, a través del aumento de las retenciones, el dólar turista y la imposición a las transacciones en dólares a los argentinos que viajan al exterior, se lograría una mayor conservación (o una menor pérdida) de divisas, siendo este el objetivo principal del gobierno entrante.

¿Quién paga la crisis?

Si bien en un principio  se hablaba de una recomposición general de los ingresos de las y los trabajadores, el resultado final de este paquete parece ser una recomposición parcial acotada en el tiempo a través de bonos no remunerativos para el sector privado, sin cargas sociales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a por una cantidad limitada de tiempo. Lo mismo sucedería para quienes perciben una jubilación. Es decir, se trata de una política de rescate de muy corto plazo sobre los sectores de ingresos más bajos, mientras se mantiene o empeora la situación de los trabajadores de ingresos medios y altos. Este esquema implica que, en principio, la clase trabajadora en términos generales sigue siendo la principal fuente de financiamiento del déficit fiscal.  Y que las medidas para que sean los sectores de mayor nivel adquisitivo y mayor concentración económica de la sociedad los que contribuyan más a salir de la crisis, al menos no aparecen con toda claridad. 

Entonces, ¿quiénes pagan la crisis?, debería ser la pregunta que permita deslindar propuestas razonables de otras regresivas en un momento crítico,  y que esto permita llevar el lápiz al núcleo reducido de sectores con mayor acumulación de riqueza en un país cuya brecha de desigualdad aumentó drásticamente, al alcanzar la cifra de 40% de pobreza. 

Mientras que las retenciones al agro no escalan en mayor medida para los grandes pooles de siembra del país, la minería obtiene rebajas impositivas, y no se impone ningún tipo de tributación al sector bancario (por citar a uno de los sectores más beneficiados durante la era Macri), resulta por lo menos injusto que la carga del pago a acreedores recaiga principalmente sobre las y los trabajadores, lo que plantearía una solución provisoria e inmediata, que apunta a obtener margen de maniobra y solvencia, sin tocar en profundidad a los grandes capitales, y aplicando un toma y daca en los sectores trabajadores medios y bajos, quitando y compensando, ajustando y reparando, sorteando en zig zag la promesa de gobernabilidad. 

La ley de emergencia pone de manifiesto un panorama complejo que, por un lado, rompe con la expectativa de que la economía de las y los trabajadores mejoraría sustancialmente solo por un cambio de orientación en la nueva gestión, más allá de la difícil situación en la que nos encontramos. Por otra parte, nos recuerda que la organización de la clase trabajadora en sindicatos y frentes continúa siendo una herramienta necesaria de lucha, como así también de reivindicación y negociación en nuestras democracias. Sin esa fortaleza, será difícil pugnar por la conservación de algunos derechos, en una encrucijada al borde del default. 

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El lunes 15 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial la promulgación del Decreto 349/2016 que elimina los derechos de exportación, denominadas retenciones, para los productos provenientes de la actividad minera. Los considerandos del mencionado decreto son una retahíla de cinismo e inexactitudes que alarman.

Entre otras cuestiones, los argumentos giran alrededor de la recomposición de los márgenes de utilidad de las empresas operadoras. Esto implicaría que aumenten las inversiones, que según el Decreto se encuentran retrasadas respecto de países como Chile, Perú, Colombia y Brasil. Esta afirmación es cuestionable, dado que la disminución en el precio de las materias primas mineras afecta a todos los países por igual. La línea conceptual sería la aplicación de la teoría del “derrame”. Cuanto más ganen las empresas, mayor confianza para hacer negocios se genera y la riqueza que acumulan se derrama en el resto de la sociedad mediante mayor actividad económica. Esto nunca sucedió. Al menos no en la medida de dar a nuestro pueblo estándares de vida aceptables. Dado que por más que se genere ese campo fértil para los negocios, las empresas multinacionales no tienen el menor interés de realizar otra actividad económica que no sea la de esquilmación hasta el agotamiento total.

Otro de los argumentos es el sesgo unitario de los derechos de exportación, afirmando que de esta manera se están devolviendo recursos a las provincias. Nos toman por giles. No hay manera de que los U$S 220 millones que aproximadamente dejará de percibir el Estado Nacional no la embolsen directamente las empresas multinacionales que exportan su producción. No hay manera de ver cómo terminará en las provincias, sin ningún tipo de obligación al respecto. Este monto se sumará a todos los beneficios impositivos que ya venían disfrutando.

Estos beneficios existentes, indicados en la Ley de Inversiones Mineras 24.196, incluyen lo siguiente:

– Estabilidad cambiaria por 30 años (Art. 8)
– Importación libre de derechos de maquinarias, equipos, partes, repuestos e insumos mineros (Art. 21). O sea, cero impuesto a la importación. Algo que comúnmente en un país “serio” se denomina contrabando.
– Tope de regalías del 3% (Art. 22). Irrisorio porcentaje sobre el valor de boca de mina.
– Exención de Impuesto sobre los Activos (Art. 17)
– Doble deducción de gastos de exploración, prospección, etc. para Impuesto a las Ganancias (Art. 12)
– Devolución del IVA sobre inversiones en exploraciones (Art. 14 bis).
– Régimen beneficioso de amortización para el Impuesto a las Ganancias para Invesiones de Capital (Art. 13)

Además, exención en el pago de Ingresos Brutos a las provincias sobre las exportaciones. Algunas provincias ofrecen beneficios ampliados. Catamarca, por ejemplo, ofrece la exención del pago de cualquier impuesto provincial (Ingresos Brutos, Sellos, Automotor, e Inmobiliario).

El argumento de la caída de los precios internacionales también contiene imprecisiones. Los proyectos mineros comenzaron a desarrollarse a comienzos del 2003, cuando el oro estaba en U$S 350 x onza (http://goldprice.org/), la plata estaba U$S 155 x kg (http://silverprice.org/) y el cobre alrededor de U$S 1.800 x ton (http://www.infomine.com/investment/metal-prices/copper/all/).

En un contexto de aumento del precio de las materias primas, los minerales aumentaron, junto a las ganancias de las empresas y consecuente recuperación de la inversión inicial, hasta llegar a un pico de U$S 1.830 x onza el oro, U$S 1.450 x kg la plata y U$S 9.800 x ton el cobre en el año 2011.

A partir de ese punto, los precios cayeron en forma sostenida, con alguna recuperación esporádica, llegando hasta los actuales U$S 1.235 x onza, U$S 505 x kg, U$S 4.475 x ton, el oro, la plata y el cobre respectivamente. Este es parte del guión de las multinacionales mineras. La caída de los precios no permiten que sus negocios se desarrollen y, en consecuencia, disminuye la inversión. Sin embargo, los precios aún siguen siendo altos respecto de los del 2003. A pesar de los aumentos de costos, las empresas siguen ganando millones de dólares, como lo refleja el Informe Anual de Barrick Gold del 2014 (http://www.barrick.com/…/ann…/Barrick-Annual-Report-2014.pdf). Veladero, ubicado en la provincia de San Juan, figura con una EBIT (Ganancias antes de intereses e impuestos) de U$S 330 millones en ese año.

La política minera de los últimos 12 años fue indudablemente una continuación de la de los noventa, con la diferencia de que el Estado Nacional se apropió de parte de la renta mediante las retenciones a la exportación. Con esta nueva medida, se ha cerrado el círculo volviendo al inicio, en donde la entrega incondicional de nuestra riqueza viene acompañada de impactos medioambientales y sociales, dejando un paisaje arrasado, agujeros en las montañas, ríos con menos agua y solución cianurada derramada.

*Ingeniero Químico. Consejero por Graduados FIUBA.

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