Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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Por Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

“Tiktoker” y “evista”. A Dimelza Rodríguez Quinsamolle la abrazan las etiquetas, pero no así los análisis solidarios sobre la persecución que sufrió por parte de los poderes en Bolivia. Comunicadora y funcionaria de la Asamblea Legislativa de Cochabamba, la joven estuvo varias horas desaparecida bajo custodia policial y fue acusada de delitos graves por el poder judicial tras dos detenciones en noviembre de 2024 y en junio de 2025 mientras cubría bloqueos indígena- campesinos.

Con más de 97 mil seguidores en la red social TikTok, “la evista radical” como se identifica, cuenta con miles de reproducciones en sus contenidos. Desde allí, denunció a través de videos cortos el ataque contra el derecho a la protesta y a la libertad de prensa y expresión durante el gobierno de Luis Arce que llega a su fin enfrentando denuncias por ejercicio de autoritarismo tras haber pactado con varios de los sectores acusados de golpistas durante la interrupción democrática en 2019.   

Profundamente comprometida por la situación de crisis económica y política que atraviesa el país, fue detenida por apoyar a quienes realizaban un bloqueo y exigían al gobierno por mejoras en las condiciones de vida. Además, se manifestó públicamente en protesta al denunciar que la máxima representación política histórica, Evo Morales Ayma, había sido proscripto de las boletas. Dialogamos con Dimelza, comunicadora popular, quien afirma que a pesar de la represión, los sectores y movimientos populares en Bolivia ya decidieron qué votarán en las urnas.

¿Cómo llega Bolivia a estas elecciones presidenciales y cuál es el ánimo de las comunidades en Cochabamba?

Estas elecciones son muy diferentes a las demás porque en las encuestas se ha visto que el voto nulo, en blanco y el voto indeciso cuentan con mayor porcentaje que los candidatos en las papeletas. Es que los sectores populares ya se han manifestado en rechazo a estas elecciones, indicando que el candidato que les representa, Evo Morales Ayma, no estaría y por esa razón no van a acudir a las votaciones y se está promocionando e impulsando el voto nulo; y como en ninguna otra época electoral, se han abierto casas de campaña a favor de esta expresión.

Es increíble lo que genera el liderazgo de Evo Morales Ayma, que los sectores populares y el movimiento indígena se han manifestado de manera contundente y multitudinaria en rechazo a estas elecciones y que su voto va a ser por el nulo como una manera de protesta en contra de los candidatos y del gobierno que de manera ilegal ha proscrito a Evo, al partido que nos representaba después de arrebatarnos la sigla, y a todos los partidos políticos que han intentado acercarse a él. 

Por tanto, estas elecciones carecen de legitimidad y la democracia no está presente. Es un escenario muy diferente al de las anteriores porque vivimos en un Estado dictatorial donde ya no existe el estado de derecho y el movimiento indígena, si bien quieren que votemos o participemos, no tenemos representación como la época neoliberal en los años ochenta o noventa. Eso significa que nuevamente el campesinado está siendo sometido a candidatos que no lo representan.

¿Cómo llega a su fin el gobierno de Luis Arce?

El gobierno de Luis Arce Catacora llega al fin como cualquier otro quien ha traicionado al movimiento indígena, a Evo Morales Ayma y por eso, tiene el rechazo del pueblo boliviano, incluso de aquellos que no son afines; porque este gobierno nos ha sumergido en la crisis económica, en el desabastecimiento de combustible, en la decadencia del dólar. Entonces, es el fin completamente del gobierno, especialmente de él y de todos los que han sido parte ya que han destruido en realidad el legado y la importancia de los 14 años de gobierno de Evo.

Con las candidaturas confirmadas, ¿es posible asegurar la continuidad del ciclo progresista en el país? ¿Por qué?

Ningún candidato que está en las papeletas representa a la izquierda. Incluso Andrónico Rodríguez, por más que haya salido del movimiento indígena, no es parte. Ha traicionado el legado, los principios del movimiento indígena y la izquierda; entonces, no representa a la izquierda porque pactó con la derecha. Ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda; entonces, si alguno de ellos ganara en las elecciones, no tendríamos representación aquí en Bolivia.

¿En qué contexto fuiste detenida, cuánto tiempo y de qué se te acusa? 

La primera detención, bueno, aprehensión en realidad, como se le conoce en el término jurídico, fue en noviembre de 2024 cuando estaba cubriendo los bloqueos en Parotani (Cochabamba), después de que el gobierno había intervenido y se llevaron varios presos políticos a la ciudad de La Paz. Cuando nos indicaron de que había muertos o fallecidos, me trasladé a Parotani y había un seguimiento hacia mi persona por parte de inteligencia del Ministerio de Gobierno, de los videos que publicaba en redes sociales, precisamente la plataforma de Tik Tok ya estaba identificada; de hecho, varios compañeros me comentaron que me cuide, que me estaban haciendo seguimientos o una persecución política. 

Mi aprehensión fue bajo sin ningún fundamento jurídico porque simplemente estaba con mi celular. Sin ninguna orden de aprehensión, los funcionarios policiales arremetieron contra mi persona y me detuvieron en la patrulla aproximadamente unas seis horas antes de trasladarme, pese a que querían llevarme a la ciudad de La Paz. Ha sido completamente ilegal, me querían dar detención preventiva a la fuerza y me han imputado formalmente por cinco delitos que no corresponden. Mi abogado me informó que hasta querían imputarme por terrorismo. 

¿Crees que tuvo que ver con las coberturas que realizas a la protesta social?

Si. Todo por publicar en las redes sociales lo que los medios de prensa no publican, lo que calla el gobierno, lo que quiere ocultar. Al hacer denuncias constantes en contra de este gobierno neoliberal, se ha hecho seguimiento tanto a mi persona como a otros tanto dirigentes o medios de prensa como la radio KawsaChun Coca y otros que informan lo que está pasando. Pero pude salir con medidas sustitutivas aunque me han imputado cinco delitos que no corresponden; instigación pública y delinquir y entre otros. Mucho para una persona que solo estaba grabando con su celular y que se le ha aprendido en condiciones no respaldadas jurídicamente. 

La segunda aprehensión fue en Tarata (Cochabamba) y hay videos de esta detención que pueden evidenciar que he sufrido una agresión por comunarios disfrazados, o sea, parapoliciales que se encontraban para desbloquear la protesta en contra de la crisis económica, pidiendo soluciones al gobierno. Uno de ellos me reconoce por mi afinidad política y empiezan a agredirme y la policía, en vez de detener a estas personas, me detienen a mí. Esta vez, estuve en calidad de detenida y mi proceso está abierto por un delito relacionado a la instigación pública. Pero tampoco corresponde. No estaba en los bloqueos, había llevado apoyo en comida, ollas comunes para los hermanos y las hermanas que sí estaban. En ambas aprehensiones mis celulares han sido secuestrados. O sea que sí, tiene mucho que ver con las coberturas que he realizado en las protestas sociales. Es parte de una persecución política a quienes estamos protestando en contra de este gobierno.

¿Cómo está tu situación judicial?

Actualmente, mi primer proceso está aún en investigación. Mientras, se me había prohibido completamente dirigirme a mis redes sociales, se me había coartado el derecho de expresarme y se me ha prohibido hacer videos y publicarlos. Esto lo cumplí por aproximadamente tres meses y frente a todo lo que sigue pasando, volví a usar mis redes sociales como manera de protesta. Entonces, continúa el proceso legal en etapa de investigación, el segundo también en esa misma etapa.

¿Existe una persecución por parte del actual gobierno hacia mujeres periodistas o mujeres de pollera en Bolivia?

Sí, existe una persecución contra las mujeres, contra el movimiento indígena, las mujeres de pollera, contra todos aquellos que están en contra de ese gobierno. En estos cinco años de gobierno de Luis Arce Catacora, se ha visto una persecución como en los años 90. Es una persecución constante, ha habido mujeres detenidas, tenemos actualmente dirigentes y presos políticos en La Paz. Esa es la situación en Bolivia, una coyuntura de persecución, aprehensiones y detenciones ilegales; de cortarnos el derecho a la libertad de expresión, de proscribir a nuestro candidato Evo Morales Ayma, y el peor incluso, de que se nos ha robado una sigla política y se nos está impidiendo participar en las elecciones del próximo 17 de agosto.

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Por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink | Fotos: Lizbeth Hernández, Mariano Dalaison y Pepe Mateos

En cada crisis, en cada represión, en cada escenario de injusticia, la pregunta es la misma: ¿quiénes nos cuidan? Y, al mismo tiempo, ¿quiénes son los que ejercen la violencia?

Nos quieren hacer creer que la violencia está del lado de quienes protestan, de quienes cortan una calle, de quienes cubren sus rostros, de quienes llevan una bandera de su club. Pero los hechos muestran otra cosa: la violencia es estatal. El cuidado es popular.

El miércoles, en la Plaza Congreso, lo vimos con brutal claridad. La represión feroz desatada contra jubiladas y jubilados que se movilizan contra el ajuste se convirtió en una cacería indiscriminada. Pero no estaban solos ni solas. Hinchas de distintos clubes de fútbol llegaron para sostener la lucha, para gritar junto a ellas y ellos que una jubilación de 290 mil no alcanza para vivir. Antes de que la marcha pudiera siquiera consolidarse, la policía arremetió con gases, palos y balas de goma.

En medio de ese humo, en medio de la brutalidad, hubo quienes se quedaron, quienes pusieron el cuerpo para resistir y cuidar. Son los conocidos de siempre.

Nos repiten que los encapuchados son los violentos, que los piqueteros generan caos, que las hinchadas son el problema. Pero quienes estaban reprimiendo no eran ellos. Eran las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. Eran las mismas que en cada movilización cargan contra el pueblo, las mismas que golpearon a una mujer de 87 años y la dejaron tirada, las mismas que dejaron en coma a un fotógrafo con una granada de gas lacrimógeno.

Es urgente disputar la narrativa. Porque la violencia no está de este lado. Porque quienes cuidan son les que ponen el cuerpo.

Genealogía del cuidado: de Fuentealba a Darío y Maxi

Pablo Grillo hoy podría estar muerto, aunque su pronóstico continúa incierto. Le dispararon una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, como a Carlos Fuentealba en 2007. Pero sobrevivió porque alguien corrió a auxiliarlo en los primeros segundos. Un encapuchado lo sacó de la línea de fuego, lo estabilizó, sostuvo su cabeza y acompañó hasta que pudiera recibir atención médica en el hospital Ramos Mejía.

Lo registró Pepe Mateos, el mismo fotógrafo que en 2002 capturó la imagen de Darío Santillán quedándose junto a Maximiliano Kosteki, en plena masacre de Avellaneda. La policía los cazaba; Darío no huyó. Se quedó para intentar salvar a Maxi y lo mataron por eso.

Sus manos intentando parar las balas son íconos de toda una generación militante.

Nos repiten que los encapuchados son violentos, pero en los momentos críticos son quienes ponen el cuerpo. Nos dijeron por más de tres décadas que los movimientos piqueteros eran el problema, cuando fueron y son quienes organizan la resistencia contra el hambre y la miseria. Nos quieren convencer de que las hinchadas son el enemigo, cuando son quienes estuvieron ahí el miércoles, defendiendo a las y los jubilados, enfrentando la represión.

La policía dispara. La calle cuida.

Así en la plaza como en el tablón

Imaginemos que María Elena Walsh nos susurra al oído una canción: “Vamos a ver cómo es el reino del revés”, mientras volvemos a ver, en un loop obsesivo, las imágenes de la represión de ayer. Ahora dejemos de imaginar, porque ya estamos ahí.

La jornada de protesta prometía ser masiva. La convocatoria de hinchas, que comenzó con Chacarita el miércoles pasado, creció con fuerza. La presencia de distintos clubes anunciaba una foto histórica: hinchas de equipos rivales, juntos, defendiendo a las jubiladas y los jubilados. Pero el gobierno decidió que esa imagen no debía existir. Como tantas veces en la historia, el operativo represivo fue preventivo: romper, pegar y dispersar antes de que la protesta se consolidara.

Con la tragedia de Bahía Blanca aún resonando y la solidaridad de todo el país volcada en las calles, se hubiera pensado que el gobierno evitaría otro escándalo generado motu proprio. Pero adictos a la atención eligieron la represión. Y, con la complicidad de las empresas de comunicación, instalaron un escenario de combate contra un enemigo fabricado: “los barrabravas”.

Argentina es un país donde el fútbol mueve multitudes, donde las hinchadas son comunidades enteras. Es cierto que las barras bravas se vinculan con los poderes políticos y policiales, que controlan negocios turbios y que, incluso, han sido infiltradas por el narcotráfico. Pero la hincha y el hincha son otra cosa.

Y de eso se pobló la plaza y las inmediaciones del Congreso ayer: de amor a la camiseta, de deseo de comunidad y de tolerancia. Pero también de quienes saben, desde siempre, lo que es la represión. Porque la violencia policial en el fútbol no es nueva. Desde la “maldita policía” de los 90, que armaba cordones montados para bastonear al azar, hasta el asesinato de hinchas en las tribunas mientras inventaban junto a sus socios políticos un enfrentamiento entre equipos.

Hoy, con el público visitante prohibido, la represión sigue en los estadios, contra hinchas y familias que solo quieren ver un partido. Por eso, ¿cómo no iban a estar en la plaza defendiendo a las jubiladas y jubilados si conocen en carne propia la violencia policial?

Las genealogías de resistencia y solidaridad se entretejieron ayer. Cantaron y se abrazaron más allá de sus camisetas solo un rato. Hasta que todo fue humo, gas pimienta y cacería despiadada.

¿Y si las capuchas fueran feministas?

Las capuchas tienen una historia. Nos quieren hacer creer que son sinónimo de delito, de caos, de peligro. Pero, en realidad, son símbolo de resistencia y protección.

Encapuchadas fueron las que resistieron al terrorismo de Estado, en la clandestinidad, en las brigadas internacionalistas. Encapuchadas fueron las trabajadoras que tuvieron que ocultarse para no ser despedidas por sus ideas políticas. Encapuchadas fueron las Madres y Abuelas que se cubrían para seguir buscando a sus hijxs sin ser identificadas.

Encapuchadas son las que sostienen los cordones de autocuidado en las marchas feministas, las que organizan la seguridad en las manifestaciones, las que enfrentan la represión protegiendo a otras. Las que trascienden fronteras.

Nos dicen que la capucha es violencia, pero el miércoles, como tantas veces, la capucha fue cuidado.

Lo que pasó en la Plaza Congreso no fue un hecho aislado. Es parte de una historia más grande, de una disputa por el sentido de la violencia y el sentido del cuidado. Quedó claro: quienes luchan son quienes sostienen la vida.

Que en este país, la policía nos mata y la calle nos salva.

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Por Pablo Flores Fotos Mariano Dalaison @dalaison.foto

Quizás la expresión más elevada de la crueldad del ajuste es la situación que viven los jubilados y jubiladas. Estos son el sector que, a partir de la licuación de sus ingresos, sostienen el superávit fiscal tan celebrado por el gobierno nacional.  El sobrante fiscal es “a costa de congelar los ingresos de personas que no tienen muchas alternativas para genera otros nuevos y para quienes el ajuste pasa por sus cuerpos y esperanza de vida”, sobre todo por sus cuerpos a fuerza de garrote y gases como cada miércoles por la tarde cuando se movilizan al Congreso. 

 Durante varios miércoles vimos por los medios de comunicación y las redes sociales cómo los jubilados son paliados y gaseados por ejercer el derecho a la protesta. Pero cuando hace pocas semanas, se lo vio a Carlos, hincha de Chacarita, con la camiseta de su club siendo golpeado por la policía, creció la bronca en un sector particular: los hinchas del fútbol argentino. Primero se sumaron un grupo de hinchas de Chacarita para defender a los jubilados de la represión. Ver a estos hinchas siendo reprimidos por defender a la población más vulnerable y sobre los cuales cae el ajuste de Milei, generó una respuesta inmediata. Al otro día empezaron a circular flyers de hinchas de otros clubes convocando a la siguiente movilización. Con el paso de los días parecía que se estaba gestando una gran movilización de hinchas del fútbol argentino para cuidar a los jubilados. 

¿Cuánto puede movilizar la camiseta de un equipo de fútbol?

 En nuestro país el fútbol es uno de los espacios más populares. Inclusive puede ser entendido como un termómetro social. En las identidades futboleras quizás aún podemos encontrar emociones y sentimientos contrarios a la crueldad. La naturalización de que caguen a palos a los jubilados se corta desde un ámbito tan complejo como es el fútbol. Sin embargo, lo que en un principio nos llamó la atención encuentra fundamentos en una realidad objetiva. Dentro de la espontaneidad existe algo que se llama organización. Y los clubes son espacios donde la organización popular encuentra sustento: peñas de hinchas, agrupaciones antifascistas, comisiones y departamentos de derechos humanos y colectivos populares que se referencian en los clubes de fútbol, es decir, la dinámica de la vida social de estos, son el soporte previo para este tipo de movilización pueda ser posible. En este proceso también se inscriben los tres espacios que tratan de funcionar como articulación: la coordinadora de hinchas, la del futbol feminista y la de derechos humanos del futbol argentino. 

 Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Es un sector de la clase trabajadora que, quizás con poca experiencia, quiere manifestar su descontento. Una respuesta inédita pero esperable para una país que se caracteriza, justamente, por la enorme cantidad de episodios de resistencia que pasaron a la historia y de expresiones organizativas distintivas. Una vez más, la anomalía argentina. 

 Hinchas y no barras

 El principal argumento que utilizaron desde el gobierno y los medios de comunicación cómplices de su política de ajuste y represión, como Clarín y La Nación, para descalificar y desmovilizar, fue la de sostener que detrás de la convocatoria estaban las barras bravas de los clubes de fútbol con sus vinculaciones políticas, municipios y dirigentes del peronismo. La deplorable nota de opinión de Gonzalo Abascal en el diario Clarín es la síntesis periodística de este argumento. Allí, el principal editor del diario, amparado en información falsa, tergiversada y con errores, sostiene que “la movida en redes sociales utiliza la pasión por los clubes para llamar a marchar en el Congreso. La identidad futbolística para esconder la pertenencia política”. 

Quien alguna vez haya transitado un estadio de fútbol y una tribuna, conoce cómo se manejan las barras bravas. La mayoría de ellas tiene vínculos con diferentes sectores internos del peronismo. El ojo del hincha puede reconocer cuando las acciones son comandadas por las barras o son expresiones espontáneas de las mayorías de hinchas que no forman parte de esos colectivos. 

 El argumento de la utilización de la camiseta para hacer política es un intento en vano de querer quitarle peso a lo sustantivo del hecho: sectores plebeyos, desorganizados y despolitizados se sumaron a una resistencia concreta contra la crueldad del ajuste. En las calles del Congreso se veían rostros de cientos de pibes y pibas, con las camisetas de sus diferentes equipos, mostrando su bronca contra la represión de las fuerzas del Estado al grito de “Hay que ser muy cagón para pegarle a jubilado”. 

Todas las camisetas contra la represión

Los días previos a la concentración estuvieron cargados de mensajes de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que hacía imaginar un escenario represivo. Con el intento de evitar algún grado de masividad, estos mensajes generaron el efecto contrario. Desde temprano los hinchas se iban acercando con sus camisetas y banderas para defender a los jubilados.  Por la calle Entre Rios, lado sur, estaban cientos de hinchas, todos juntos mezclados con sus colores resistiendo ante el impedimento, por parte de las fuerzas represivas, de ingresar a la plaza del Congreso. 

 Las calles del Congreso se convirtieron en una tribuna. Y como a veces, los hinchas pueden mostrar su reacción, como cada fin de semana cuando la policía reprime en los estadios, la tribuna de Congreso respondió con resistencia. A las balas de goma y los gases de la policía, los hinchas aguantaron con piedras. Porque toda violencia ejercida desde arriba encuentra su legítimo acto de defensa desde abajo. 

Pequeñas notas del panorama que se abre

 El primer dato distintivo de la jornada fue la brutalidad de las fuerzas represivas del estado que participaron del operativo definido y decidido por Bullrich. La política de orden va a ser compleja de derrotar si las movilizaciones no se dan en forma masiva y organizada. 

 La represión a un supuesto enemigo interno es una política de estado y va de la mano de la aplicación de su programa económico que todavía no encuentra rumbo. En este sentido es preciso poner el foco en el momento de debilidad política del gobierno. La reacción a los dichos en Davos que se materializó en la marcha antifascista del 1F, la criptoestafa, el rechazo y repudio en Bahía Blanca en el marco de las inundaciones, y ahora, la represión en Congreso, puede potenciar un aumento del descontento popular. 

 Es en este marco donde se debe ubicar “la marcha de los hinchas”. Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Muchos de ellos provienen de los sectores populares. Es muy probable que formen parte de la enorme cantidad de trabajadores precarizados. La movilización de “las personas sueltas” son las acciones a reivindicar. Cuando salen a la calle estos sectores, los gobiernos empiezan a profundizar su pérdida de credibilidad. 

 La movilización, la represión, la resistencia y el saldo de heridos y detenidos podría abrir un nuevo panorama. A su vez funcionó como un doble mensaje para la superestructura. Uno es directamente para el gobierno. Se incorporan nuevos sujetos desorganizados con sus prácticas naturales de resistencia. El otro es para las centrales sindicales. Se está haciendo una experiencia contra este gobierno en relación a la crueldad del ajuste y la represión. A medida que este proceso se acelere, las organizaciones que representan a los trabajadores tendrán que motorizar las próximas acciones para ganar masividad. 

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Por Nadia Fink y Martín Azcurra

“Si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también”

Es vísperas de Navidad. Jésica Pla enciende la tele y ve a su abuela en el noticiero.

–Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo personalmente, mi vida no es nada, me voy a ahorcar en Plaza de Mayo.

–¿Por qué tan extrema? –se asusta el periodista.

–Porque no le quiero dejar a mis hijos y a los compañeros de los jubilados, a los hijos de los jubilados y a los nietos de los jubilados, lo que fomentamos nosotros. Porque eso lo fomentamos nosotros, los dejamos avanzar y avanzar, y acá están las circunstancias.

–¿Está cansada de luchar?

–No, no estoy cansada. Pero para que vea que tenemos galla, los jubilados vamos a hacer lo que voy a hacer.

Jésica se asustó y corrió a verla. Sabía que Norma, su abuela, era capaz de todo.

La década de 1980 terminaba con una inflación inédita, que no paraba de crecer, un récord de paros generales de la CGT y docentes que marchaban y paraban por todo el país. En los barrios, también se estaba viviendo otra realidad. Y en medio de ese panorama, surgió una figura inesperada que iba a cambiar el tono de las luchas, salida de un sujeto político negado por la sociedad y la historia: una jubilada.

Norma Pla aparece en escena en 1991, una viejita enojada que condensa el paso de la resistencia moderada a la acción directa, o al menos una combinación de ambas, un signo que se irá repitiendo a lo largo de la década de 1990, con acciones cada vez más colectivas, y que va a concluir 10 años después en un gran estallido del pueblo indignado.

“No hay plata para nosotros, pero sí para canchas de tenis en Olivos”

En esa época, el flamante presidente, Carlos Menem, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo –a quien más tarde recordaremos, también, como el que estableció el “corralito” que llevó a las clases medias a las calles en 2001–, congelaron la jubilación en 150 pesos. ¡Casi un insulto! Una tímida peregrinación de jubiladas y jubilados empieza a llegar al Congreso. Se juntan los miércoles y piden aumento del mínimo a 450.

Oriunda del barrio obrero San José de Temperley, a Norma Beatriz Guimil de Pla nadie tiene que venir a decirle que la plata no alcanza. Nunca se pudo jubilar a pesar de haber trabajado durante 50 años. Cobra una mísera pensión, de 150 pesos, porque su marido falleció luego de quedar desocupado en los años ochenta. Sus cuatro hijas e hijos tienen un tallercito que apenas les alcanza para ayudarla.

Pero también sabía lo que era el trabajo por monedas. De chiquita, había tenido que dejar la escuela para entrar a la fábrica. Hacía tareas de limpieza y maestranza, y nunca fue registrada. Su padre era Guarda del Tranvía 20, y su madre, empleada doméstica de los Martínez de Hoz. Y aun así no alcanzaba.

Norma empezó a encarnar el sentido común, la perspectiva simple y la palabra directa ante un Gobierno que hacía estragos en la economía de su gente sin que se le alterara el buen semblante. En 1992, Cavallo dijo por televisión que necesitaba 10.000 pesos por mes para vivir y que no todos los argentinos podían pretender ganar lo mismo que un alto funcionario del Estado. Así, en horario central. La jubilada interpeló con sencillez: “Yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación, ¿es mucho? Si el ministro Cavallo dice que 10 mil no le alcanzan ¿Que no hay plata?… No habrá para nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero”.

Y es ahí, en la calle, donde empezó a sentirse viva: megáfono en mano, pancartas al agite, cantitos liberadores, gritos de enojo, charlas con nuevas y nuevos amigues. Tramaban acciones al poder concentrado: movilizaciones al Congreso, al Banco Hipotecario, a la DGI, al Ministerio de Economía… Porque en esa época todavía no quedaba claro dónde estaba el poder real. Se movía de un lado para otro. Una vez llegaron a hacer una choripaneada frente a la embajada de Gran Bretaña, en repudio a la visita del príncipe Andrés.

En Norma, la indignación se volvía rebeldía. Ella rompía todos los moldes. ¡Una viejita que incomodaba al sistema! Su boca casi sin dientes no se callaba nada. Su pensamiento era impecable. En cada comentario o pregunta, interpelaba la incoherencia del neoliberalismo (mucha riqueza en pocas manos), desde la humildad y la ternura. Una especie de Greta Thumberg jubilada. Su discurso tenía la fuerza de la sencillez y de la pobreza digna.

“El legado de mi madre es la lealtad y la empatía con las personas. Ella siempre participaba en cosas políticas pero sociales, como de tesorera de la ENET N° 2, tesorera en una agrupación Scout, y fue una de las fundadoras del club 9 de Julio de San José. Y por eso nosotros, mis tres hermanos y yo, seguimos sus pasos. Y la importancia de luchar por el otro, de ponerse en el lugar de otra persona que está pasando una situación mala, y salir a luchar por eso”, resalta la menor de sus hijas, María Cristina Pla.

Pero había algo más potente todavía. Norma rompía el molde del viejismo, como lo habían hecho las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; mujeres al frente para recuperar derechos. Con su salud tambaleante a cuestas, saltaba vallas, trepaba puertas, hacía huelgas de hambre, tiraba huevos. Las voces más conservadoras estallaban en cada pregunta: ¿Cómo podía ser que una abuelita indefensa estuviera haciendo semejante lío? ¿No tendría que estar en su casa, tejiendo bufandas, rodeada de sus nietos? ¿Cómo podían permitirle caminar bajo la lluvia agitando las pancartas? ¡No era tan indefensa entonces! Algo se rompió y las jubiladas y los jubilados empezaron a ser, entre tanta desigualdad televisada, sujetas y sujetos políticos que incomodaban con sus cuerpos arrugados y sus acciones directas. “Estamos en una sociedad en la que al viejo se lo descarta de todos los ámbitos, pero son lo más valioso: ellos ya pasaron por donde ahora nosotros tenemos que pasar”, reflexiona María Cristina.

El discurso neoliberal mostraba su verdadera naturaleza: no le importa el ser humano. Toda una vida de aportes… había sido una estafa gigante. Porque la privatización de la caja de las jubiladas y jubilados no fue una simple estafa, fue el robo a la vida entera de las personas, en el período de desarrollo económico más importante del país. Cada vez que Norma entregaba su frágil cuerpo a la lucha, el discurso dominante se caía, la serpiente se retorcía.

En esa época, el ministro del interior, Carlos Corach, no tenía ningún inconveniente en mandar a reprimir todos los miércoles en el Congreso. Así que, cada tanto, Norma iba presa por protestar. “Siempre estoy detenida, pero no por ladrona ni por corrupta, sino por decirle la verdad a estos señores que nos están apaleando constantemente, pero la vamos a seguir. Somos más pueblo que milicos, que no se olviden de eso”. Tuvo más de 23 procesos judiciales por tirar huevos y harina al Congreso. Sin embargo, la gestión menemista nunca le habilitó un interlocutor. Ante el silencio, tan violento como una represión, la voz de Norma irrumpe por donde puede. Y en ese hacerse oír, inaugura el método de los escraches, que cinco años después retomará el grupo de H.I.J.O.S de desaparecidas y desaparecidos, contra Bussi, Videla y Galtieri, entre muchos otros. El grupo de acción de Norma realizó innumerables escraches, a diputados, al príncipe Andrés, a Domingo Cavallo y, por supuesto, a Carlos Menem. Una de sus acciones más notorias fue cuando se subió al escenario del Mercado de Abasto y le pidió a Mijail Gorbachov que le dijera al mundo que estaban “cagados de hambre”.

Como otras resistencias de esa época, la memoria de los años noventa se empezó a escribir con ella. Su momento más activo fue cuando permaneció 80 días en el acampe de Plaza Lavalle, por el aumento de las jubilaciones, allá por 1992; una forma de lucha que se iba a repetir en toda la década de resistencia neoliberal, pero que sigue hasta hoy. Cinco años después, las y los docentes iban a realizar una de sus luchas más contundentes e históricas: La Carpa Blanca, que duró 1003 días y contó con la presencia de figuras emblemáticas como León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Diego Maradona, Ernesto Sabato, Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Imanol Arias, y jugadores de la Selección que organizaron un picadito.

Pero a ese acampe de Plaza Lavalle, se acercaban todos los días jubiladas y jubilados de todo el país; al fin tenían un foco donde concentrar toda la atención. Norma le puso todo el corazón a esa acción. “Más de una vez ha traído a dormir a casa a algún jubilado de la Plaza Lavalle… y se ha quedado a vivir durante meses. Me acuerdo del abuelo José, que agujereaba el colchón para guardar panes, por si después no había para comer. Imaginate el hambre que tendría”, recuerda María Cristina.

“No llore, señor ministro”

Corría 1994. Fue uno de esos días en los que Norma ingresó al Congreso con sus compañeras y compañeros, para exigirle una explicación al ministro Cavallo. Allí tuvo lugar una conversación histórica, que se transmitió por televisión.

–Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo, cuando era un niño. Él aportaba como aportó su esposo… –le dice Cavallo, y se queda en silencio mirando hacia abajo, con esa postura que evidencia la vergüenza.

–No llore, señor ministro, no llore. Tenga fuerza para defender a su padre y todo –le responde Norma con respeto y empatía, con la humanidad que el mismo sistema no tenía con ella ni sus compañeras y compañeros.

–Estoy emocionado. Primero porque lo que ustedes dicen es la verdad. Estoy convencido como ustedes. Pero también sé cuál es la realidad sobre la que tenemos que actuar. A pesar de que mi familia no es de muchos recursos –silencio y lágrimas–, yo pude estudiar. Y creo conocer cómo funciona la economía. La economía de un país es como la economía de una familia. Uno puede gastar lo que tiene para gastar –sigue mirando hacia abajo –. Nuestro país es como esas familias ricas que en su momento dilapidaron los recursos que los padres o abuelos habían acumulado. Y llega un momento en que se está muy mal, porque se tienen deudas externas, internas, de todo tipo. A punto tal que no se llega a conocer cuánto se debe. Y no se tiene con qué afrontarlas. Para colmo, todos los mecanismos que se utilizaron para tirar los problemas hacia adelante y que los tenga que resolver algún otro, ya no se pueden seguir utilizando. Es más, sería estafar a todo el mundo, a ustedes, a sus hijos y nietos (…). Se necesitan recursos. Mucha gente dice que no los tenemos porque estamos pagando al exterior. Les aseguro que lo que estamos pagando al exterior es mínimo (y siguen las excusas).

–Usted tiene madre… pero seguro que no está en la Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mejor. Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero págueles a los jubilados. Piense en su Patria. Si lo presionan de afuera salga al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar…–No, la respuesta de Norma no es la respuesta vacía de un político acostumbrado a deshacerse en excusas. No. Lo de ella es una propuesta concreta, la de una vecina que multiplica panes para que coman todas y todos en el barrio, la de una ancestra sabia, y concreta.

Así como el reclamo de una jubilación digna, otro de los pedidos urgentes era la recuperación del PAMI, la obra social más grande de Argentina y Latinoamérica, orientada principalmente a personas jubiladas y pensionadas, la población más vulnerable de la sociedad. En varias oportunidades Norma tomó el edificio de la calle Chacabuco, en conjunto con sus compañeras y compañeros.

Desde 1992, la gestión de Matilde Menéndez inauguró la etapa del PAMI corrupto. Se retiró en 1994 dejando una deuda de 148 millones de dólares. Luego de su salida, fue intervenido por el gobierno, en manos de Carlos Alderete, y posteriormente en una sucesión de autoridades cada una más corrupta que la otra. Cada gestión fue funcional al plan de ajuste menemista que apuntaba a resolver el déficit mediante la inclusión de empresas privadas en la administración y la reducción de personal, a pesar que los gastos de personal fuesen marginales: el 84% del de­sequilibrio se explicaba por pagos de prestaciones médicas y solo 6% por gastos de personal.

Se emitía Polémica en el bar, conducido por Gerardo Sofovich, y Norma Pla fue como invitada. La única mujer en esa mesa donde el machismo estaba a la orden del día.

–Yo quiero que me escuche el ministro de Economía y el señor presidente también, porque nunca pudimos llegar a un diálogo con él –arranca Norma luego de las presentaciones y saludos, y dice en algún pasaje de la charla al conductor–: Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también.

–Está bien, pero… ¿usted está segura de que lleva el diálogo para poder acceder al presidente? Hoy, por ejemplo, en la entrevista que usted tuvo en la radio con el señor (Carlos) Alderete, porque después me quedé conversando con él, dijo que alguno de los diez puntos que usted le entregó son razonables.

–Los diez puntos son razonables.

–Está bien. Usted dice que los diez puntos son razonables, yo le digo que Alderete dice que alguno de esos puntos tendría ­factibilidad. Pero, al mismo tiempo, usted cuestiona la capacidad del presidente de designar a quien a él le parece como interventor en el PAMI…

–Escúcheme… el presidente de la Nación está acostumbrado a mandar decretos o a gobernar por dedo. Vos acá y vos acá, y nosotros no lo vamos a permitir eso, porque PAMI es de los ju-bi-la-dos y de los tra-ba-ja-do-res.

–¿Quién es nosotros, Norma? –la interrumpe Luis Beldi.

–Nosotros… usted también, yo también, y la gente que nos está mirando también.

–¿El PAMI funciona mal?

–Escúcheme, ¿por qué renunció la señora Matilde (Menéndez) si no andaba mal el PAMI? ¿Usted me puede dar pruebas de que el PAMI anda bien?

Norma tenía razón: el PAMI funcionaba mal. Para 1996, la deuda se estimaba en 1.000 millones. En 1997, la intervención de Víctor Alderete se hizo cargo de la “normalización”, reduciendo el personal, de 13.700 empleados a 2.800, y de la transferencia al Estado de las deudas del organismo.

Ella sabía cómo funcionaba el PAMI: era una paciente asidua porque padecía cáncer de mama. Una peluca cubría su cabeza calva, debido a la quimioterapia. Incluso, varias veces interrumpió sus tratamientos para asistir a una marcha. En uno de los escraches al presidente, en el predio de la Rural, la policía la golpeó y le quitó la peluca. Ella apareció frente a las cámaras de TN, gritando “jubiladooooos”, mientras sus compañeros le daban besos en el cachete y le acariciaban la cabeza desnuda.

Por sus métodos de acción directa, escrache y boicot, que ­inauguraron la época que se avecinaba, se convirtió en una referente social, sobre todo para los grupos que empezaban a realizar piquetes en las provincias.

En 1995, la democracia tiene su primer muerto político durante una pueblada. En Tierra del Fuego, la gendarmería asesina al trabajador Víctor Choque con un disparo en su rostro. Norma se entera, pero se encuentra en pleno tratamiento oncológico. Su corazón se indigna. Pudo haber sido ella, o cualquiera de sus compañeras y compañeros. Su cuerpo le pide estar presente. Porque a esa altura, su presencia es un fósforo que enciende cualquier hoguera. Le pide a su hijo que firme un documento donde se hace responsable de su salud, se arregla un poco frente al espejo y parte rumbo a la protesta en la Casa de la Provincia. Pero ese día su cuerpo no aguantó más y se desmayó. Volvió en ambulancia. Su compromiso era enorme, y aun así los medios la seguían tratando como una vieja loca.

Unos meses más tarde, su cuerpo dijo basta. Había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en Plaza Lavalle, el lugar donde permaneció el acampe que quedó en la historia. Hoy una parte de sus restos duermen allí, bajo una placa y una magnolia. Hoy, que se sigue pidiendo vivir con dignidad la época de “jubileo”, hoy que el trabajo del cuidado está siendo cada vez más reconocido, hoy que las mujeres se rescatan de cada lugar que ocuparon en la historia de nuestras luchas; hoy Norma Pla es un nombre y un apellido que se siguen asociando con la dignidad y con el futuro.

Del libro 2001. No me arrepiento de este amor.

Historias y devenires de la rebelión popular.

Ed. Chirimbote, 2021

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Por Marcha, LatFem y FM La Tribu

Miles de personas se concentraron pacíficamente el miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación para manifestar el rechazo al proyecto de Ley de Bases. Desde muy temprano la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dio orden de militarizar la zona. Tal como confirmó el secretario de Seguridad de la Nación, se dispuso de 1200 efectivos de las cinco fuerzas federales que rodearon la Plaza de los dos Congresos. Todo transcurría sin incidentes hasta aproximadamente las tres de la tarde cuando el operativo represivo se desplegó en la esquina de Callao y Rivadavia. Allí comenzaron los primeros disparos, persecuciones y detenciones a manifestantes. Diputados del bloque de Unión por la Patria que intentaban pasar para ingresar al Congreso fueron atacados con gases lacrimógenos en el rostro. El clima de tensión ya estaba instalado. No pasó mucho tiempo para que el inmenso operativo dispuesto por la ministra se ponga en marcha. Un grupo de encapuchados armados irrumpió en la manifestación y prendió fuego un auto del móvil de prensa de Cadena 3 de Córdoba. Orlando Morales, cronista de la emisora, describió la escena y afirmó que todos los agresores tenían la cara tapada, estaban muy cerca del vallado de contención del lado de Avenida Entre Ríos y, si bien estaban mezclados entre las columnas, las organizaciones se abrieron de ellos. Desde ese momento la represión se desató contra los y las manifestantes de forma indiscriminada. Balas de goma, gases lacrimógenos que queman la piel y detenciones arbitrarias se extendieron hasta entrada la noche en las inmediaciones del Congreso hasta la 9 de Julio. 

En paralelo y puertas adentro, corría otra escena donde se dirimían los intereses de los sectores más ricos del país y el poder político de turno. La ley de bases del gobierno se aprobó entre favores por votos, como fue el caso de la senadora Lucía Crexell de Neuquén que salió beneficiada con una embajada de UNESCO en París por 4 años. La senadora que había votado en contra del mega DNU 70/23 cambió de opinión y votó a favor de la Ley de Bases. Aunque con algunos cambios, los aliados del Pro, la UCR y parte del peronismo apoyaron la anhelada ley de La Libertad Avanza, el partido de gobierno.

Ninguna ley que supone bases de libertad debiera ser votada entre tiros y represión. El operativo ordenado por Bullrich y llevado adelante por fuerzas federales avanzó sobre los y las manifestantes, detuvo a más de 30 personas que no representaban una amenaza para la democracia ni para las instituciones. Todas se encuentran privadas de su libertad desde el miércoles 12, a disposición de la justicia federal y acusadas por el fiscal Carlos Stornelli de cometer delitos graves contra el orden público, sedición y el agravante de actos terroristas. Si bien el fiscal pidió la prisión preventiva de los detenidos y detenidas, la jueza María Servini no hizo efectiva esta medida. 

El grupo de personas detenidas que estaba a disposición de la justicia federal fue trasladado al Centro de Detención Federal N° 28 ubicado en Lavalle 1337. Por otra parte, siete mujeres fueron derivadas a la Comisaría 15 en el barrio porteño de Chacarita, dependencia policial de la Ciudad. Allí la ex diputada nacional por el FIT y titular del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Myriam Bregman, se hizo presente y consultada por la situación de las mujeres detenidas afirmó que “es crítica”. Agregó que, “es evidente que hay una puja política entre Patricia Bullrich y su socio el fiscal Stornelli, que están tratando de llevar la causa a la justicia federal” y advirtió que “las compañeras fueron sometidas a tratos inhumanos, crueles, degradantes durante toda la jornada. Hace casi 24 horas que muchas de ellas fueron detenidas y las tienen en un pequeño pasillo. Hace muy pocas horas pudieron empezar a recibir alimentos y medicamentos que les trajeron sus familias, y además, están esposadas. Nadie me puede explicar por qué motivo las tienen esposadas”. La titular del Ceprodh señaló que “la situación es grave y más grave aún, pensando que un fiscal que debería estar siendo investigado por todos los delitos que ha cometido, se arroga la facultad de ser la mano ejecutora de las políticas de Patricia Bullrich”.

Por otra parte, Bregman se refirió a la aprobación de la Ley Bases en el Senado y sostuvo que “es una sesión que con los hechos de corrupción que la rodean no se entiende cómo se realizó. Está totalmente viciada de nulidad. Estos fiscales que están activos para perseguir a manifestantes no se entiende por qué no actuaron cuando está el caso de la senadora de Neuquén, pero durante la propia sesión iban saliendo en el Boletín Oficial las designaciones de amigos de algunos de los senadores que habían hecho para canjear el voto. Por ejemplo, con el senador de Entre Ríos”, señaló la ex diputada del FIT. “Otros senadores que en forma escandalosa ingresaron por Unión por la Patria y terminaron votando los artículos predilectos del gobierno de Milei. Creo que todo es parte de la corrupción y parte de esas prácticas políticas nefastas que se ven en leyes que mueven tanto dinero detrás como estas. La represión y todo lo que ocurrió afuera tiene como un gran objetivo ocultar lo que estaba pasando ahí adentro. Quieren que todos estemos hablando de ahí y no de lo que se votó”, afirmó Bregman. 

Las acusaciones de Stornelli van de la mano del comunicado de la “oficina del presidente”, una cuenta de X que, durante la noche del miércoles se refirió a la movilización como un intento de “golpe de estado” y a los y las manifestantes, integrantes de la ciudadanía, como “terroristas”. Lejos de aplacar la violencia la encendió y alineó el discurso oficial bajo esa premisa. Mientras tanto, puertas adentro del palacio legislativo continuaban los discursos, las chicanas y las complicidades. 

La jueza María Servini deberá resolver la excarcelación y la situación procesal de todas las personas detenidas acusadas de delitos graves. Se esperan las indagatorias en los tribunales de Comodoro Py y que, tal como dicen familiares y allegados, se pueda demostrar que los detenidos y las detenidas no están vinculadas con ningún delito. 

Esta tarde, a las 15, organismos de Derechos Humanos realizarán una conferencia de prensa para informar a los medios y la ciudadanía sobre las detenciones ilegales, los tratos inhumanos y degradantes y la violencia institucional en el marco del operativo de represión del 12 de junio. Será en la sede del Serpaj, Piedras 730, CABA.

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Por Redacción Marcha / Foto de portada: Susi Maresca

En medio de una represión feroz, la “Ley Ómnibus” fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y será tratada el próximo martes 6 de febrero. Este proyecto, reúne los principales objetivos políticos y económicos que piensa impulsar Javier Milei para desmembrar la soberanía popular. Se trata, también, de una ley que privilegia a gran parte de los grupos concentrados del poder económico local y multinacional. Empresas que el Ejecutivo necesita a su lado para impulsar la captura del Estado y un plan de desestabilización.

Febrero de 2024 será recordado entre las fechas más tristes para el Congreso de la Nación así como para todo el pueblo argentino. Allí, una parte de sus legisladores decidió ser cómplice con una serie de medidas que, incluso luego de su votación, aún no se conocen con claridad. Lo que sí se sabe es que entre el conjunto de los artículos negociados se encuentra la privatización de empresas nacionales, la aprobación de reformas más punitivistas para el Código Penal, la restricción de libertad de expresión y del derecho a la protesta, la entrega de los bienes comunes y culturales de los pueblos, la flexibilización laboral y, como quedó demostrado, mucha más represión para quienes se oponen.

Además del PRO, de quiénes ya no esperamos nada. El interbloque denominado “Hacemos Coalición Federal” integrado por legisladores y legisladoras de los partidos “Cambio Federal”, “Republicanos Unidos”, “Coalición Cívica” y “Hacemos por Córdoba”, son quienes avalaron los métodos antidemocráticos impulsados por “La Libertad Avanza” durante los últimos 50 días de su gobierno. Y son, en su mayoría, quienes decidieron frente al balotaje del 19 de noviembre transferirles su caudal electoral que hizo la diferencia en el triunfo de Javier Milei. Estos partidos, que se mostraron muy preocupados por los valores democráticos durante el debate, eligieron colaborar con un gobierno que anhela convertirse en un régimen autoritario. Pero los pueblos no olvidan.

El bloque del Ejecutivo no podría haber logrado los números para la aprobación de esta media sanción ya que no cuenta con un número considerable en el Congreso que le permita realizar aprobaciones automáticas. Y es que “el presidente más votado en la historia” ganó en la segunda vuelta electoral gracias a éstos armados políticos que ahora deambulan desconcertados entre el oficialismo y la oposición. Su única brújula les indica la orientación política necesaria para distanciarse del peronismo, aunque esto signifique avalar negacionistas.

Ciertamente ese “56% electoral” tan aclamado por el Ejecutivo y el paraoficialismo, no se transforma automáticamente en respeto y legitimidad. Por el contrario, la aceptación política se construye con las decisiones de gestión. Decisiones capaces de aliviar el bolsillo y las vidas de quienes habitan los territorios, políticas concretas y directas que evidencien su liderazgo más allá de la lógica de las redes sociales. Este rechazo se pudo ver claramente en el masivo Paro General del pasado 24 de enero, una jornada federal e intersectorial que sorprendió con su nivel de acción y articulación.

La guita no alcanza. El hambre nos pisa los talones y desde el Ejecutivo el gesto es cortar el envío de alimentos a los comedores populares y además reprimir a quienes reclaman ayuda y la restitución de políticas alimentarias. “El esfuerzo” para sacar el país adelante encontrará un límite porque no alcanza para sostener la vida cotidiana: ya sea para comer o para pagar el transporte para ir a trabajar. A medida que veamos desvanecer los salarios (para quienes lo perciben), seguramente veremos desvanecer la legitimidad del gobierno y también, de las fuerzas del cielo. Que serán reemplazadas por las de siempre: las manos obreras. Las del pueblo con conciencia de sí.

Una “Ley Ómnibus” que se debatió durante un mes, que tuvo sesiones informativas y que empezó siendo conformada por 600 artículos que buscaban sentar bases y principios para la reforma del Estado pero que terminó siendo un alegato para la libertad de los grupos concentrados de poder ya que, en lo concreto del tratamiento -o mejor dicho en la negociación para el dictamen de mayoría- quedaron afuera más de 300 de esos postulados.

Un marco de negociaciones teñido de ilegalidad ya que se denunciaron reuniones fuera del parlamento y difusión a discrecionalidad del texto del proyecto de ley a medios y periodistas afines al oficialismo y al paraoficialismo antes que a las y los legisladores de los bloques opositores. En un rol protagónico de una supuesta oposición que en nombre de la “gobernabilidad” ayudó a la sanción más al ejecutivo que el propio presidente y su gabinete.

Un texto que pretende ser gobierno ya que, ¿quién gobierna de esta forma? Una captura del Estado total por parte de los poderosos que se traducirá en destrucción. Unas facultades delegadas para decretar ante la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y no habrá circo de perros o novias alquiladas, reuniones con CEOs o discursos baratos que puedan compensar la desilusión que provocará la crueldad ante el voto que definió el pueblo.

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Por Redacción de RSM

San Pedro Sula, Honduras. Cuatro hombres armados con fusiles de asalto entraron hoy en la casa de la lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

Ofraneh denunció en sus redes sociales el atentado contra la privacidad de la defensora del territorio que tuvo lugar la madrugada de hoy en la comunidad de Vallecito, Colón, en el Atlántico de Honduras. 

Al menos cuatro sujetos fuertemente armados ingresaron en la casa de la coordinadora general de Ofraneh, publicaron representantes de la organización.

Los cuatro individuos que asediaron la casa de Miriam Miranda no pertenecen al pueblo garífuna, denunció el equipo de seguridad de Miranda.

El grupo de seguridad les exigió que se identificaran. Debido a que no respondieron, el equipo los detuvo.

La acción puso en peligro la integridad de Miranda, quien ha liderado frecuentes protestas contra las injusticias que siguen afectando al pueblo garífuna.

Además, en entrevistas para los medios y a través de sus redes sociales, Miranda ha mantenido alzada una voz crítica que molesta a los grupos de poder.

Miranda ha denunciado el plan genocida orquestado desde distintos frentes contra las y los garífunas. También ha señalado que el propio Estado encabeza las acciones de exterminio de los pueblos originarios.

Asimismo, el atentado de hoy “es parte de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna”, denunció hoy Ofraneh en un comunicado.

El plan denunciado por la organización se ejecuta “a través de amenazas, asesinatos… desapariciones forzadas que siguen incrementando los altos niveles de impunidad y racismo”.

Por otra parte, Miranda, en entrevistas para Reportar Sin Miedo, ha denunciado que el propio gobierno de Xiomara Castro está bajo el control de “mafias”.

Aunque Honduras tiene nuevos líderes políticos, Miranda aseguró que nada ha cambiado en la protección de derechos de las comunidades ancestrales.

”Nadie puede decir nada porque hoy día los criminales, las mafias que controlan este país, están en el territorio garífuna. El hecho de que haya un gobierno nuevo no significa que hayan detenido esta mafia que tiene controlado a este país”, dijo en esa ocasión.

Ofraneh exigió en su comunidad que el Estado hondureño garantice el derecho a la vida y la seguridad de Miriam Miranda y le dé todas las condiciones para continuar defendiendo el territorio y la vida del pueblo garífuna.

Entre ataques y protestas

El atentado contra la lideresa se produce mientras el Comité Técnico del Mecanismo de Protección se halla de visita en esta zona del país.

Mientras el atentado tenía lugar en Colón, un grupo de pescadores de varias comunidades garífunas llegaron al Ministerio Público de La Ceiba para denunciar que desde hace días han recibido amenazas de muerte y abusos de autoridad de integrantes de la Fuerza Naval de Honduras.

“Estábamos durmiendo tranquilamente cuando llegaron a la casa encapuchados”, relató un habitante de las comunidades garífunas a los medios de comunicación.

“Abrí la puerta y ya tenía dentro de la casa a dos navales apuntándome directamente. Dijeron que tenían orden de desalojar todas mis pescas, pese a que tenemos el derecho a la pesca para sobrevivir”, agregó.

Asimismo, los “navales” indicaron que las órdenes de despojar al testigo del fruto de su trabajo venían de “arriba”.

En medio de la disputa, uno de los navales lo amenazó diciendo que podía pegarle un tiro en la cabeza. Entretanto, el otro naval lo golpeó con un arma.

Según los pobladores, la mayoría de sus compañeros pescadores han tenido que huir de sus comunidades, ya que en varias ocasiones los integrantes de la Fuerza Naval han dejado a los pescadores nadando en mar abierto.

Los pescadores agregaron que les toca estar pendientes de sus compañeros para evitar que mueran por estos abusos.

Reacciones

Desde la cuenta de Guapinol Resiste pidieron que paren el hostigamiento y amenaza contra los pueblos en Honduras por defender sus territorios.

“Desde Guapinol denunciamos el atentado criminal contra Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, y exigimos justicia para ella y el pueblo garífuna. Solidaridad”.

Por su parte, el Bufete Justicia para los Pueblos repudió el intento de atentado criminal contra Mirian Miranda. “Exigimos una investigación inmediata y su protección integral”.

Entretanto, el Centro de Defensa de la Mujer (CDM) se solidarizó con Miranda. “Desde el CDM nos solidarizamos con la compañera Miriam Miranda. Exigimos al Estado de Honduras una investigación inmediata que de, con los responsables de este hecho”.

Para la abogada y defensora de los derechos humanos, Claudia Herrmannsdörfer,  todas las semanas hay ataques contra algún defensor o defensora de derechos humanos. “Hoy le tocó a Miriam Miranda, ¡exigimos garantizar su seguridad y su vida!”.

Todas semanas hay ataques contra algún defensor o defensora de ddhh; hoy le tocó a Miriam Miranda ¡exigimos garantizar su seguridad y su vida! pic.twitter.com/A0vmIPEEgT

— Claudia Herrmannsdörfer (@claudia_herr_ac) September 19, 2023

Mientras tanto, la hija de Berta Cáceres, Bertha Zúniga Cáceres, manifestó: “Repudiable la violencia y persecución contra el pueblo garífuna. ¡Urgen medidas estructurales para la protección de la integridad de este pueblo que lucha por su territorio! ¡Basta ya!”.

¡#Atentado criminal contra la compañera Miriam Miranda! Repudiable la violencia y persecución contra el pueblo garífuna. ¡Urgen medidas estructurales para la protección de la integridad de este pueblo que lucha por su territorio! ¡Basta ya! https://t.co/tSmHdgra8O

— Bertha ZuCa (@BerthaZuniga1) September 19, 2023

Por su parte, Amnistía Internacional condenó rotundamente el ataque contra le lideresa garífuna.

“Es muy grave la situación que viven las defensoras y los defensores en Honduras. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar todas las medidas necesarias para protegerles y el Ministerio Público investigar los ataques sin demora”.

Recibimos con consternación los reportes de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en #Honduras Jose Ramiro Lara Zavala de @AsonogOficial, y Miriam Miranda de @ofraneh en los últimos días. @XiomaraCastroZ @sedhHonduras @MP_Honduras pic.twitter.com/RJLEvEXSit

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) September 19, 2023

También el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, habló del suceso. “Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos”, publicó.

Condenamos la violencia perpetrada contra la compañera Míriam Miranda y la comunidad que dignamente representa. Se ha activado el mecanismo de protección para garantizar su integridad, sus derechos y su libertad con el apoyo de la @sedhHonduras , la @PoliciaHonduras y la… https://t.co/Li76yq1e9n

— Rodolfo Pastor de Maria y Campos (@rudopastor) September 19, 2023

Por otra parte, el compañero de lucha de Miranda, Rony Castillo, expresó en sus redes: “Basta al genocidio garífuna”.

ATENTADO CONTRA MIRIAN MIRANDA#AltoAlGenocidioContraElPuebloGarifuna pic.twitter.com/SM4E3GcCYD

— Rony Castillo (@castilloronyl) September 19, 2023

En 2022, Honduras registró Global Witness 14 personas defensoras de territorio asesinadas. A la fecha, sólo en 2023, Honduras suma al menos nueve asesinatos de defensores de la tierra, el ambiente y el territorio.

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Por Mayra Latina Luna | Foto: Matías Minahk *

Sobre estos eufemismos se sostiene un proceso de reformas y medidas que el Gobierno de Jujuy viene implementando desde el año 2015. Reformas que se implementan en contra del pueblo jujeño y son regresivas y gravemente lesivas de Derechos Humanos con alto grado de protección en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

La prohibición de los cortes de ruta, cortes de calles y la prohibición de la ocupación de edificios públicos provinciales, siendo estas modalidades legítimas y protegidas por el derecho la protesta, tal como lo recordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado publicado el día 20 de junio implica la limitación del ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, derechos con alto grado de protección y de necesaria garantía para el sostenimiento, promoción y defensa de la democracia.

La CIDH también recordó en su comunicado que resulta necesario tolerar que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación en el desarrollo de la vida cotidiana en relación, por ejemplo, al tráfico y el ejercicio del comercio, e instó al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social. Cabe destacar que el derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 bis y el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Esta no es la primera vez que la CIDH llama la atención a Jujuy, en el año 2017 el Estado Argentino y la Provincia de Jujuy fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia temática sobre “Represión y criminalización de la protesta social en Jujuy” en donde las organizaciones sociales, entre ellas ANDHES, denunciaron hechos de persecución penal, contravencional, represión, uso abusivo de la fuerza e ilegal limitación del derecho a huelga.

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina emitió un comunicado el día 21 de junio donde expresó su preocupación por el uso indebido de la fuerza por parte de efectivos policiales, las detenciones y judicializaciones de manifestantes e instó a las autoridades provinciales y nacionales a investigar “todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy” y exhortando al Gobierno provincial a evitar la escalada de violencia y cualquier retroceso en materia de Derechos Humanos, a la vez que llamó a un diálogo constructivo e intercultural que garantice la participación de los pueblos indígenas.

Además de lo regulado en el artículo N° 67, la reforma sancionada incorpora a la Constitución Provincial el código contravencional puesto en vigencia en 2016, a través del artículo N° 90 : “El Estado organizará un sistema contravencional dirigido a garantizar la convivencia pacífica entre los habitantes de la Provincia(…)”.  Durante el proceso de reforma constitucional express, el día 9 de junio se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 8464/2023, que agrava las multas a los manifestantes dispuestas en el artículo 113 del código contravencional. En su redacción actual, el artículo N° 113 prevé sanción de multa de hasta $8.000.000 y la posibilidad de cesantía e inhabilitación para empleados o funcionarios públicos, a quienes “alteren el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal(…)” habilitando a la fuerza policial a intimar a los manifestantes y dar intervención a la justicia penal. 

Este código contravencional es, desde 2016, la herramienta con la que el Gobierno de Jujuy viene atacando derechos democráticos y constitucionales, reprimiendo y persiguiendo manifestantes. Su incorporación a la Constitución Provincial implica la constitucionalización de la criminalización de la protesta y la vulneración del derecho a huelga.

Estas reformas, que forman parte de un proceso integral y sostenido en el tiempo por el Gobierno de Jujuy desde el año 2015 para la creación en el imaginario colectivo de un “enemigo interno”, implican el empleo de herramientas para el control social de ciertos sectores de la población, mediante la represión y el uso abusivo de la fuerza y se traducen en una grave lesión al principio de progresividad y no regresividad en materia de DDHH, que obliga a los Estados a sancionar leyes que amplíen la protección de los derechos y que en ningún caso afecten o disminuyan la garantía o protección de estos derechos. 

No se trata de una “regulación de la protesta” sino de la persecución penal y policial a manifestantes, con el fin de amedrentar y aleccionar a quienes quieran ejercer su derecho a protestar, criminalizandolos y poniendo en riesgo su integridad física, psíquica y su vida. Esto se evidenció en las violentas represiones y detenciones arbitrarias masivas que sucedieron entre el sábado 17 y el martes 20 de junio, en donde se empleó un uso arbitrario y desproporcionado de las fuerzas policiales, que dejó como saldo más de un centenar de personas detenidas, entre ellas niñas y adolescentes, muchas gravemente heridas.

*Publicada originalmente en Andhes

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Diego es activista y abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y, además, colaborador de Marcha desde hace años. Desde nuestro medio nos solidarizamos con su caso y exigimos se respeten sus derechos como denunciante de un caso de violencia institucional. 

Por Redacción Marcha

En España se está atacando la libertad de prensa y el derecho a la información. El 9 de diciembre se celebra en Guadalajara un juicio que puede ser la puntilla del derecho a denunciar públicamente los abusos del Estado y que puede llevar a un activista contra los desalojos a prisión.

El pasado 26 de marzo de 2019, un grupo de agentes judiciales acudía rodeada de policías locales y nacionales de Guadalajara, a 50 kilómetros al este de Madrid, a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de una entidad religiosa vinculada al Opus Dei, la Sociedad de San Vicente de Paúl, en el popular Barrio del Alamín.

En ella vivían una pareja de jóvenes, de 17 y 19 años y un bebé de pocos meses; la vivienda apenas tenía ventanas, habiendo pasado el invierno sin ellas. El desahucio se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres, a pesar de que formalmente en España existe una obligación de las Administraciones de no ejecutar desahucios sin solución habitacional, tal y como imponen múltiples tratados suscritos por España, y en especial a los que atañen a la protección del menor.

Vecinas y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sorprendidos por la acción, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo, para luego difundir las imágenes en sus redes sociales. Esto no gustó en el poder judicial español, y su respuesta a esta forma de protesta ha sido contundente: el delito no fue dejar a una familia en la calle, el delito fue “perturbar la intimidad” de los agentes judiciales.

La Fiscalía Provincial de Guadalajara solicita para Diego, uno de los activistas de ese barrio, una pena de cuatro años y medio de prisión por fotografiar y difundir las caras de los funcionarios, por un delito de “revelación de secretos”. En una decisión insólita y que trascendió a la prensa nacional como un acto de descarada censura, el Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara ordenó a Twitter borrar una de las fotografías obtenidas en aquel desahucio y prohibió a la PAH, con carácter general, tomar fotografías de desahucios dónde intervenga personal adscrito al poder judicial.

Asimismo, requirió a la red social el listado de activistas que hacían uso de la cuenta de la PAH de Guadalajara, un instrumento de difusión y denuncia que sin duda fue el que sirvió para dar a conocer el caso. Pero lo cierto es que Twitter no entregó esos datos al Juzgado. Consideraba que las actuaciones de los activistas estaban ejercidas en el marco del derecho a la libertad de expresión, y por tanto protegidas por la Constitución de Estados Unidos, lugar donde la empresa tiene su sede. El 13 de junio de 2019, Diego fue llamado a declarar. En un interrogatorio surrealista, la jueza de instrucción, Cristina Vicenta Guerra Pérez, que se había hecho eco de la repercusión de sus medidas, llegó a advertir a nuestro compañero y en presencia de su abogado que “no estaba yendo por buen camino”.

La amenaza de la jueza de instrucción no era una amenaza cualquiera. Diego, aparte de tener una militancia activa en los movimientos sociales de esta ciudad, es abogado de profesión y en muchas ocasiones ha llevado el conflicto social de muchas de las personas que ha defendido hasta el punto de tener un enfrentamiento directo con la Administración y el Poder Judicial.

Diego es abogado defensor de decenas de personas cuyas vidas se han visto truncadas por la represión, por el poder de los bancos o por la falta de recursos y muchas de sus defensas se hacen con expresas renuncias de honorarios, algo que no es muy habitual en el mundo judicial. Porque esta acusación también tiene la función de quitarse de encima a un testigo molesto, que por razón de su oficio, ha conseguido hacer públicos muchos despropósitos de la Administración de Justicia.

El aumento en España de las acusaciones realizadas en virtud del artículo 197 del Código Penal se produce en un contexto en el que el marco para señalar a los responsables de los abusos es cada vez más estrecho. El contexto de crisis económica que partió en 2008 y que se viene agudizando especialmente desde 2018, ha llevado aparejado un incremento de la acción estatal orientada a prevenir movimientos sociales y estados de opinión contrarios a las medidas que hay puestas en marcha.

Y ello conlleva que denunciar el abuso, protestar por él o poner en entredicho la legitimidad de determinados poderes públicos, herramienta indispensable del derecho a la libertad de expresión e información, está siendo cada vez más una actividad de riesgo y peligrosa para quien lo ejerce.

En efecto, ésta ha sido la respuesta de la Administración cuando se denuncia algo como dejar a una familia con un bebé en la calle: aplicar el tipo penal de la llamada “revelación de secretos” a cualquier abuso que las personas puedan documentar y difundir.

Esta grave acusación, que puede llevar a Diego a la cárcel, supone una puerta abierta a que este tipo de abusos se generalicen, como ya está sucediendo. Y es que los delitos de “revelación de secretos” tienen múltiples variables. En noviembre de 2020, Alfonso Galiana, presidente de la Plataforma CentrosDeMenores.es fue condenado a dos años y medio de prisión por denunciar y difundir las imágenes de una contención mecánica -instrumento de tortura, según Naciones Unidas- de un joven recluido en un Centro de Menores de Almería, al sur de España, práctica ejercida por sus vigilantes de seguridad, que sin embargo fueron absueltos por estos hechos.

Al igual que en el caso de Diego, el foco no se puso en las torturas infligidas a los menores, sino en el “derecho a la intimidad” de las personas que aparecían en el vídeo. Pero obviamente el art. 197 del CP es solamente una herramienta, pero no la única, porque el objetivo es la censura, el control de la información, la criminalización de la protesta y el recorte de libertades. En octubre de este año se ha dado a conocer la Sentencia que condena al periodista Fonsi Loaiza a una pena multa de 14 meses más costas -que en caso de impago también pueden llevarle a la cárcel- por responsabilizar a la Policía Municipal de Madrid de la muerte del mantero Mame Mbaye, en 2018, tras una persecución en el barrio de Lavapies de la capital. Y la lista seguirá.

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